Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

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Un informe reservado de la UE denuncia ‘apartheid’ legal en Cisjordania

Los representantes europeos sostienen que Israel somete a los palestinos a “discriminación sistemática”

La adolescente Ahed Tamimi, icono de la resistencia palestina, fue condenada a ocho meses de cárcel por abofetear en 2017 a un militar israelí en su casa de Nabi Saleh, al norte de Ramala, capital administrativa de Cisjordania. El soldado Elor Azaria permaneció entre rejas durante 14 meses tras ser condenado en un consejo de guerra por rematar a un atacante palestino que yacía malherido en la ciudad de Hebrón (sur) en 2016. Tras medio siglo de ocupación, los representantes diplomáticos de los 28 países de la UE constatan la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos en Cisjordania. En un informe confidencial dirigido a los responsables del Servicio Exterior en Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los embajadores en Jerusalén Este y Ramala reclaman que Israel reforme la justicia militar para “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo a la ley internacional”.

Los diplomáticos que suscriben el documento representan a Gobiernos que en ocasiones divergen abiertamente sobre el conflicto israelo-palestino, pero que se han puesto de acuerdo en describir el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como “un régimen dual”. Aunque no figura en el texto la expresión apartheid legal, su contenido da cuenta de una justicia segregada. "El informe es una cartografía de la situación de los derechos en la denominada Área C, de mandato exclusivo israelí y que cubre el 60% del territorio ocupado, con un conjunto de recomendaciones dirigidas a Bruselas endosadas por todos los jefes de misión", precisa una fuente europea en Jerusalén.


A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de “Judea y Samaria”, denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano. Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días. Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los tribunales militares israelíes de 2011, la última disponible.


Documento confidencial


Este documento reservado de la UE, fechado el pasado 31 de julio y pendiente todavía de ser estudiado en Bruselas, examina “la realidad de una cuasipermanente ocupación”. En Cisjordania, más de 2,5 millones de palestinos se ven “privados de sus derechos civiles básicos” y afrontan “numerosas restricciones a su libertad de movimientos”. La economía palestina está sometida, además, a un “sustancial subdesarrollo” desde hace cinco décadas.


Los representantes diplomáticos europeos coinciden en defender la solución de los dos Estados como el mejor camino hacia la paz regional. De común acuerdo admiten también que el esfuerzo de la UE en “el proceso de creación de instituciones estatales y de desarrollo de una economía palestina sostenible”, como prevén los Acuerdos de Oslo de 1993, se está viendo comprometido por las limitaciones legales expuestas en el informe, que también tiene como destinatarios a los Gobiernos de los 28 Estados miembros.


Los 400.000 colonos judíos asentados en Cisjordania solo están sometidos a la ley israelí, de acuerdo con un estatuto personal y extraterritorial. Los 300.000 palestinos residentes en el Área C tienen que responder ante una legislación penal mucho más estricta. Un colono debe comparecer ante el juez civil israelí en un plazo de 24 horas, mientras que un palestino puede ser presentado ante la jurisdicción militar hasta 96 horas más tarde.


En materia de libertades civiles, como libertad de expresión y reunión, o de derechos urbanísticos de construcción, los palestinos también se ven discriminados. Las reuniones de más de 10 personas precisan del permiso del comandante militar, que rara vez se concede. La pena por violar la prohibición se eleva a 10 años de cárcel. "La reunificación familiar, en particular cuando uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad palestina y de un país europeo, también se ve dificultada por las autoridades israelíes", destaca la fuente europea consultada.


Solo el 1,5% de las solicitudes de licencia de obras presentadas por los palestinos en el Área C de Cisjordania fueron otorgadas entre 2010 y 2014. En consecuencia, más de 12.000 construcciones fueron demolidas al ser tachadas de ilegales por los administradores militares de la ocupación. La UE ha financiado directamente 126 planes urbanísticos palestinos en el Área C, de los que solo cinco han sido aprobados por Israel.


“Los palestinos de Cisjordania están sujetos a unos mecanismos [legales] sobre los que no cuentan con ningún derecho de representación”, puntualiza el documento confidencial europeo, “ya que los militares israelíes son una entidad exterior que solo responde ante un Gobierno extranjero”. En junio del año pasado, cerca de 6.000 palestinos (de los que 350 eran menores de edad, como Ahed Tamimi), se encontraban internados en cárceles situadas en territorio israelí como “prisioneros de seguridad”, así llamados por tratarse de casos de “violencia de origen nacionalista”.


Diplomáticos en Jerusalén y Ramala


El informe de los diplomáticos de la UE en Jerusalén y Ramala considera que Israel viola la legislación internacional al desplazar a los presos y detenidos fuera de Cisjordania, al tiempo que dificulta el derecho de visita de sus familiares.


Para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos. Las investigaciones de la policía israelí del “distrito de Judea y Samaria” solo desembocan en acusaciones formales contra colonos judíos en un 8% de los casos de ataques contra palestinos o daños a sus propiedades.


El número de “delitos nacionalistas” cometidos por habitantes de los asentamientos contra palestinos en Cisjordania se multiplicó por tres el año pasado, cuando se registraron 482 incidentes de este tipo, respecto a 2017, en el que se contabilizaron 140 casos, según el diario Haaretz. En los dos años anteriores se había producido una reducción de estos ataques tras el impacto que produjo en 2015 la muerte de un niño de 18 meses, quemado vivo, y de sus padres a consecuencia de un ataque en Duma, localidad situada al noreste de Ramala. Dos jóvenes colonos siguen pendientes de juicio por este atentado incendiario.

 

Por JUAN CARLOS SANZ
Jerusalén 1 FEB 2019 - 12:22 COT

 

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El “Choque de Civilizaciones”: coartada de la extrema derecha de Oriente y Occidente

No paran de enjaularnos con muros visibles construidos de ladrillo, alambre con concertinas, cercos electrificados, y/o hechos de miedo y odio hacia “el otro”. Nuestros mandatarios supremacistas así pretenden controlar a los “súbditos” evitando una ciudadanía universal y libre, bajo el pretexto de mantener la pureza de su “tribu” que siempre tiene valores superiores a otras: ¿Podrán acabar con las migraciones, uno de los principales factores del progreso del ser humano como especie?

Angela Merkel, presionada por el avance de la ultraderecha, afirma que el modelo alemán de integración de millones de los “no germanos” ha fracasado. Nadie les pidió portarse como un alemán cuando en la posguerra reconstruían una Alemania hecha escombros. ¿A dónde regresarían los kurdos de Turquía –por ejemplo– cuyos hogares han sido demolidos por los tanques Leopard “Made in Germany” conducidos por el régimen fascista de Erdogan? ¿O los afganos que deporta Europa mientras la OTAN participa en la masacre y saqueo de este pueblo? El presidente de la República Alemana, Horst Köhler tuvo que dimitir en 2010 (hecho inaudito en este país) al confesar que las tropas alemanas estaban en Afganistán por intereses económicos: ¡ni para liberar a sus mujeres del burka ni luchar contra Al Qaeda!


Nula autoridad moral les queda a quienes acusan a los inmigrantes de no respetar “los valores fundamentales” del occidente: ellos mismos los han arrastrado por las mazmorras de Abu Ghraib y de Guantánamo. No hay ni hay rastro de luces ni humanismo en el “trabajo” de miles de mercenarios occidentales y orientales, sin papeles y armados hasta los dientes, “emigrados” a otras tierras para saquearlas.


Las tres claves de una doctrina bélica

“Dios me ha dicho, George, ve y lucha contra los terroristas en Afganistán. Y yo lo hice. Y Dios me dijo, George, pon fin a la tiranía en Irak”, había justificado un iluminado George Bush la matanza de ambas naciones, quien tocado por la gracia divina iniciaba sus jornadas arrodillándose para rezar, y abría las reuniones de su gabinete con una plegaria. Pero, la realidad era otra.

1. La OTAN había perdido su razón de ser con la disolución del Pacto de Varsovia y el fin de la Unión Soviética, y el mundo exigía la canalización de sus ingentes presupuestos militares hacia la eliminación de la vergonzosa pobreza que azota a la mitad de la humanidad en el Primero, Segundo y Tercer mundo. Sin embargo, la minoría del 6% de la población mundial que posee el 59% de la riqueza total del planeta (y que en su 98% vive en el Norte), y quien en los tres mundos controla las armas, la banca y la política no iban a renunciar a su estatus: fabricó otros enemigos: los “musulmanes bárbaros” y el “Occidente corrupto”. “No es momento para poner en peligro la capacidad que tiene Norteamérica de proteger sus intereses vitales», advirtió George H. W. Bush al Congreso. “Que los recortes presupuestarios amenacen nuestro margen de maniobra es algo que no aceptaré nunca”.


2. Los nuevos enemigos serán más temibles que “los rojos”: el “terrorismo islámico” o el “colonialismo occidental” resultaban geográficamente ilocalizables como los fantasmas: el negocio de aparatos de seguridad florece paralelo a los exorcismos hechos en decenas de Guantánamos o directamente decapitando a los poseídos por la contaminante ideología de la modernidad. El nexo de estas élites fue revelado tanto por el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski quien confesó que habia sido él el artífice del terrorismo “islámico”, como por los dirigentes del partido ultraderechista español VOX al reconocer que había sido fundado con el dinero de una secta religiosa paramilitar terrorista.


3. La seudo doctrina del “Choque de Civilizaciones”, promovida por el “orientalista” británico Bernard Lewis y perfeccionada por Samuel Huntington, administrador de la Casa de la Libertad (“Freedom House”), una asociación dirigida por el ex-director de la CIA, James Woolsey, cuenta que:


• Tras el fin de la URSS y el triunfo del capitalismo como el “único” sistema político viable, el principal conflicto del mundo lo protagonizan las ocho civilizaciones -la hindú, budista, confuciana, musulmana, africana, latinoamericana, ortodoxa y occidental-, confundiendo lugares geográficos con las religiones (sistemas de ideas fantásticas y sobrenaturales acerca de la creación), y a estas con las civilizaciones.
• El principal problema del mundo no son las injusticias sociales, sino los conflictos entre culturales diferencias (para que el banquero y sus inquilinos desahuciados recen al mismo dios y se enfrenten a los pobres de otras naciones).
• La religión sustituye a las identidades complejas, y será el principal actor político-social en los países “musulmanes” que en su mayoría estaban siendo gobernados en los años 70 por régimenes semilaicos: Irán, Turquía, Afganistán, Libia, Siria, Irak, son algunos ejemplos.
• La civilización “judeo-cristiano” será encabezada por EEUU. Se incluye a los judíos para que Israel, a pesar de ser una teocracia belicistas ubicada en Oriente Próximo, a parezca en el bando “civilizado”.
• La civilización occidental, encabezada exclusivamente por EEUU, se enfrentará a una alianza formada por la civilización ortodoxa rusa, la confuciana china y la islámica. Da igual que el islam no reconozca el confucionismo como religión y sus fundamentalistas persigan a los budistas, o que los1200 millones de personas nominalmente “musulmanas” (donde los árabes son sólo una pequeña minoría), hablan cientos de lenguas diferentes y pertenecen a cientos de etnias, culturas, historias diferentes y muchas veces contradictorias. Un paquistaní musulmán culturalmente es más cercano a un indio hinduista que a un marroquí mahometano. ¿Cuánto tienen que ver un mejicano, ruso o un copto egipcio cristiano con sus correligionarios en Suecia o en Francia? Y ¿cómo de aliados están los 54 países musulmanes que han sido incapaces de recuperar sus sagrados territorios, ocupados por unos 5 millones de judíos? En realidad, cuando se habla del “mundo islámico” no se piensa en Indonesia o Malasia, sino en Oriente Próximo, que “por casualidad” alberga cerca del 65% de las reservas del petróleo y gas del mundo: es allí a donde se dirigen las tropas civilizadoras de la OTAN. Tampoco se explica cómo el 65% de los latinoamericanos “cristianos” que viven bajo la línea de la pobreza deben aliarse con el 2% de sus compatriotas adoradores de Jesús que concentra el 80% de la riqueza de sus países? ¿Por qué un Donal Trump cristiano persigue a los inmigrantes desheredados de esta misma fe procedentes de América Latina? Esto se llama aporofobia y cualquier otro nombre servirá solo para ocultar esta realidad.

¿Dónde está este choque entre el presidente presbiteriano, la familia islamista de al Saud y un fanático judío como Benjamín Netanyahu, si se han unido contra un Irán islámico?


• EEUU, que representa el progreso humano, arbitrará el conflicto. O sea, que la ONU ya puede echar el cierre. Curiosamente, este “árbitro” es el mismo que no sólo posee unas 10.000 armas nucleares tácticas, sino también es el único país que las ha usado matando a unas 250.000 personas. Llamar a sus intervenciones como “misiones humanitarias” sólo engaña a los indoctos.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, cometidos por Arabia Saudí y ejecutados en el suelo de EEUU, serán la primera manifestación del «choque de civilizaciones», o mejor dicho la prueba que EEUU necesitaba para refrendar su planteamiento maniqueo sobre el Bien Absoluto y el Mal Absoluto.


La islamofobia, promovida por la extrema derecha europea, identifica a millones de fieles con la derecha oscurantista islámica, minoría antimoderna, misógina, antiextranjera disfrazada de antiimperialista que pide la unión entre los ricos y los pobres para enfrentarse al intruso, al infiel, y tacha de “ambición de prostituirse” al feminismo. También la occidentofobia es la pieza imprescindible en la aplicación del “choque de civilizaciones”.


El “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano” proclama la supremacía de una hiperpotencia que busca dominar el mundo en todas las dimensiones del poder: económico, político, tecnológico, militar, y cultural.


“Diálogo de Civilizaciones” la otra cara de la misma moneda

Lanzado en 2005 por el ex presidente de la teocracia iraní, el ayatolá Mohammad Jatami como el antídoto del Choque de Civilizaciones, fue promocionada por la ONU en 2007 y encabezada por España y Turquía, dos miembros de la OTAN, que proponen una unión entre el Occidente y el mundo musulmán para combatir el terrorismo vía no militar salvando a las instituciones religiosas de ambas partes.

La reunión de los cardenales, obispos, rabinos, muftíes y ayatolás, para discutir sobre el Arca de Noé, mientras disfrutan de unas vacaciones “divinas” pagadas por los contribuyentes en los hoteles de cinco estrellas, dándose besos y abrazos, no sólo no palía esta situación, sino que confirma lo siguiente: que “La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, en beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra” (Paúl Valery).

Que unos 170 millones de niñas y niños –de todas las creencias y religiones- pasan hambre, 140 millones de ellos viven en la calle, 104 millones no van a la escuela, 10 millones son víctimas de la industria sexual y decenas de miles de ellos y ellas mueren cada día de hambre, a estos señores no les quita el sueño: “pagan el pecado de sus padres” dirían.

Estas inútiles y costosas iniciativas, además, mantienen el protagonismo a los amos de turbantes, kipás y birretes, siguen subrayando la fe religiosa de los ciudadanos, en perjuicio de sus reivindicaciones y derechos terrenales.


La barbarie es el patrimonio de toda la humanidad al igual que la sabiduría, la bondad, el progreso y la generosidad. Uno de los principales pasos para construir un mundo decente sería separar la espiritualidad de los creyentes de las instituciones religiosas con el fin de acabar con el poder de los autoproclamados “representantes de los dioses en la Tierra”.

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Dos hombres rescatados en las últimas horas; 170 personas desaparecieron en el mar.

Tres sobrevivientes contaron a los intérpretes que preferían “morir en el mar antes que quedarse en Libia”. Pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y por lo menos tres horas en el agua helada.


El 2019 comenzó con una nueva tragedia en el Mediterráneo. Unas 170 personas desaparecieron en el mar en los últimos días de la semana pasada, según lo contado por los únicos cuatro sobrevivientes. Hay quien acusa ya al gobierno italiano de “genocidio” por sus medidas anti-inmigrantes y amenaza con hacer un nuevo “juicio de Nuremberg” contra el derechista ministro del Interior, Matteo Salvini, donde los nazis fueron procesados por las matanzas de judíos, comunistas y gitanos, entre otros, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.


Y si en pleno invierno europeo se llegó a este número de muertos en el mar, muchos temen que en los meses venideros y sobre todo cuando se acerque el verano, las cosas puedan agravarse y superar la cifra de 2.262 desaparecidos en el Mediterráneo en 2018, según datos difundidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
De los 170 desaparecidos la semana pasada -las cifras pueden no ser exactas porque las únicas fuentes son los sobrevivientes-, 53 murieron en el Mar de Alborán, entre España y Marruecos, y los otros 117 frente a las costas de Libia desde donde habían partido. El único sobreviviente del primer grupo luchó 24 horas contra el agitado mar del invierno europeo y fue rescatado por un pescador que lo llevó a Marruecos donde está siendo curado. Las naves de socorro marroquíes- y españolas, se informó, realizaron repetidas búsquedas pero no encontraron ningún otro sobreviviente.


Los otros tres sobrevivientes fueron rescatados por una nave de la Marina italiana y llevados a la isla de Lampedusa- la isla más famosa de Italia, no sólo por ser el territorio italiano más cercano a Libia sino por su solidaridad y atención a los naufragados- para ser atendidos. En realidad la barcaza donde estaban los migrantes en un primer momento había sido detectada por un barco de la Guardia Costera de Libia, que teóricamente era la que debía intervenir porque estaba en sus aguas territoriales. Pero, sin hacer el rescate, la autoridad de la nave dijo que tuvo que cambiar ruta y volver al puerto por una avería. Entonces intervino la Marina italiana que con un helicóptero rescató a los tres sobrevivientes. Ellos - uno de Gambia y dos de Ghana- contaron a los intérpretes, según relató la prensa italiana, que preferían “morir en el mar que quedarse en Libia” donde muy posiblemente sufrieron todo tipo de abusos, malos tratos y violaciones como se sabe que ocurre. Contaron que pasaron al menos 11 horas en la barcaza hasta que empezó a filtrarse el agua y al menos tres horas en el agua helada. Muchos de los integrantes del grupo eran de Sudán, un país africano en una difícil situacion política y económica. Viajaban tambien unas 10 mujeres, una de ellas embarazada, y un bebé de unos dos meses. Y la mayoría no llevaba salvavidas, sólo algunos se lo pueden comprar antes de partir porque los traficantes no los dan. “Y fueron muriendo todos ante nuestros ojos a medida que el agua entraba en la barcaza”, dijo uno de sobrevivientes.


Y ayer, otra barcaza con unos 100 migrantes fue avistada cerca de las costas de Libia y estaría en peligro. Pero la Guardia Costera de Libia, que ha recibido millones de euros de ayuda de la Unión Europea para este trabajo y también barcos italianos, y que debería ocuparse, ni siquiera responde al teléfono de la gente que pide ayuda, según denunció ayer la ONG Sea Watch que el sábado, salvó otras 47 personas en el Mediterráneo.


La situación de los miles de migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa, sobre todo de Africa, ya fue grave en 2018. Y no sólo porque el gobierno italiano, controlado por el derechista ministro Salvini, impuso el cierre de los puertos a los barcos con migrantes diciendo que Europa se tenía que hacer cargo, sino además porque varios de los barcos de rescate de las ONG que navegaban hasta hace algunos meses en el Mediterráneo, como el de Médicos Sin Fronteras, decidieron retirarse a causa de los repetidos obstáculos puestos por Salvini que, entre otras cosas, las acusa de ser cómplices de los traficantes.


El ministro se elogia a sí mismo porque el número de migrantes llegados a Italia bajó (de 119.247 en 2017 a 23.371 en 2018), pero nunca habla de los muertos. Con las cifras a la mano, Acnur llegó a la conclusión de que en 2018 murieron en el mar uno de cada 18 migrantes que realmente llegaron a Italia. En Grecia en cambio, el año pasado se produjo un muerto cada 165 llegadas y en España un muerto cada 73 llegadas.


Para Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “no podemos cerrar los ojos frente al alto número de muertos en el Mediterráneo. Ningún esfuerzo debe ser limitado cuando se trata de salvar vidas que están en peligro en el mar”. La organización de Naciones Unidas hizo además un llamamiento a los estados para que sean revocadas todas las medidas que impiden el accionar en el mar de las ONG y pide a Europa que abra vías legales para los que piden asilo, que escapan de guerras o persecusiones, y así limitar el tráfico de seres humanos.


Curiosamente, la ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, manifestó su dolor frente al caso. “El más profundo dolor por el naufragio en el que han perdido la vida más de 100 personas en el Mediterráneo. Europa no puede seguir sólo mirando”, escribió su Twitter. El gobierno italiano, y particularmente Salvini, acusan a Europa precisamente de lavarse las manos frente a los migrantes que llegan principalmente a Italia, Grecia y España. Pero Grecia y sobre todo España, no han cerrado sus puertos como en cambio decidió Salvini.
Mientras en Milán (norte de Italia) el sábado se dieron cita y desfilaron por las calles los militantes de la ultraderechista Forza Nuova que pedía devolver los migrantes a sus países de origen y “casa y trabajo sólo para los italianos”, en Sicilia, el alcalde progresista de Palermo, Leoluca Orlando, habló de un genocidio. “Continúa el genocidio y digo al ministro Salvini: se hará un segundo proceso de Nuremberg y él no podrá decir que no lo sabía”, como argumentaron en aquel momento muchos nazis cuando se los acusaba por los campos de concentración y las matanzas.


Contra Salvini y la política migratoria del gobierno se levantaron en estos días numerosos diputados y senadores progresistas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Diputados con una larga experiencia precedente en Acnur, diputada Laura Boldrini. “Estamos en una situación de emergencia a nivel de seguridad en varias ciudades italianas, pero el ministro Salvini tiene sólo una cosa en su cabeza: los migrantes. Porque ellos son la ‘gallina de los huevos de oro’ para él. Sin este argumento, Salvini no sería ministro”, dijo.

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321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

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ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

Publicado enColombia
Sábado, 12 Enero 2019 06:39

Estrechando el cerco

Estrechando el cerco

A casi nueve meses de iniciada una rebelión nacional, en Nicaragua las aguas no se han aquietado. Más bien todo lo contrario: una nueva fase de la represión ha comenzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) maneja una periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro cercano.


Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país. Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas Ong vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.

El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado,promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de [email protected] l@s nicaragüenses” (todo sic).


Las Ong alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.


A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.


Según ha expresado el Cenidh, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el derecho a la defensa”.

LA PRENSA EN LA MIRA

La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Fsln durante el decenio de la revolución sandinista.


No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.


Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez –liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan detenidos.


Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas salieran del país para asegurar su vida o su libertad.


Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.


En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.


En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo Fsln. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar como intimidación”, dice Chávez.


“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y golpista”, relata.


Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.

PRESIÓN INTERNACIONAL.


El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Cidh, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega.


El Giei, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485 páginas que recoge más de tres millones de twits y 10 mil videos generados por ciudadanos.


El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno “crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.


En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”.


“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mdiante la aplicación de la carta democrática de la Oea, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”.
Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le signifiquen un costo”, afirma la ex militante del Fsln. Y concluye: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”, concluye Téllez.

Por Alejandro Ferrari
11 enero, 2019

 

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Campos hacinados, sucios y sin medicamentos

De a diez en un contenedor, casi sin agua corriente ni sanidad, con chicos solos y sobrevivientes de la tortura sin atención, la situación en los campos genera enfermedades, desesperación y violencia entre las víctimas.

Cientos de mujeres embarazadas, niños no acompañados y sobrevivientes de tortura están “abandonados” en los campos de refugiados en Grecia, dijo Oxfam. El informe de la organización caritativa descubrió que varias madres habían regresado del hospital a vivir en tiendas de campaña cuatro días después de dar a luz por cesárea, y sobrevivientes de violencia sexual y otras experiencias traumáticas se habían agrupado junto con otros refugiados en Moria, un campamento en Lesbos donde las peleas estallan regularmente y alrededor de dos tercios de los residentes dicen que nunca se sienten seguros.

Los refugiados vulnerables “se enfrentan con mayor frecuencia a un hacinamiento severo”, dijo Renata Rendón, jefa de misión de Oxfam en Grecia al diario británico The Independent. “Durante gran parte del año, Moria y otros centros de la Unión Europea en las islas griegas duplicaron su capacidad. Muy a menudo, las personas vulnerables se amontonan en un contenedor si tienen suerte, una tienda improvisada si no, con un máximo de nueve o diez o aun más personas”.


Rendón dijo que los que están en los campamentos “a menudo carecen de suficiente acceso al agua, sanitarios e higiene”, y muchos informan sentirse inseguros. “La gente está en estos campamentos durante largos períodos de tiempo, carecen de información, de intérpretes, por lo que a menudo se sienten muy frustrados, lo que puede llevar a la violencia dentro del campamento”.


Los refugiados también carecen de acceso a la atención médica, lo que según Rendón es “uno de los grandes problemas que surge cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”. Los refugiados no tiene acceso a atención médica, lo que, según Rendón, es “uno de los grandes problemas que surgen cuando estamos hablando de la identificación de personas vulnerables en particular”.


El informe atribuyó la falta crónica de personal y los procesos de selección defectuosos por la falla del sistema destinado a identificar y proteger a los solicitantes de asilo más vulnerables. Como resultado, cientos de los refugiados más vulnerables han sido expulsados y obligados a vivir en Moria, el campamento de la Unión Europea utilizado para registrar y procesar nuevas solicitudes de asilo, que está a casi el doble de su capacidad. “Las condiciones a menudo son peligrosamente superpobladas, escuálidas, antihigiénicas e inseguras para las personas que ya están sufriendo experiencias muy traumáticas, a veces enfermedades de salud mental, a veces discapacidades físicas”, dijo Rendón.


Solo hubo un médico del campamento designado por el gobierno en Lesbos responsable de examinar a aproximadamente 2000 recién llegados cada mes durante gran parte de 2018, señaló el informe, y las evaluaciones médicas se detuvieron en noviembre cuando el médico renunció. El informe encontró una tendencia “particularmente preocupante” de que los adolescentes y sobrevivientes de torturas fueran detenidos después de que las autoridades no los reconocieran como vulnerables.


“Hay personas de 28 nacionalidades diferentes que a menudo son detenidas inmediatamente después de su llegada, esencialmente debido a su nacionalidad”, dijo Rendón. “Estas personas son detenidas antes de tener la oportunidad de tramitar su solicitud de asilo, antes de que se revise su solicitud de asilo, y el gran problema aquí es que una vez que se son detenidas es mucho más difícil acceder a servicios que ya son difíciles de acceder para personas que no están detenidas”.


Los detenidos son “a menudo retenidos en espacios pequeños con muchos otros jóvenes en condiciones de hacinamiento”, agregó. “Sabemos que la experiencia de la detención puede ser muy traumática, especialmente para las personas que son vulnerables y no han sido identificadas como tales”.


Un solicitante de asilo de 28 años de Camerún fue encerrado durante cinco meses por su nacionalidad a pesar de sus graves problemas de salud mental. El informe dice que nadie verificó su salud física y mental antes de que lo detuvieran, y que no vio a un psicólogo durante un mes. “Teníamos solo dos horas al día cuando se nos permitía salir del contenedor”, dijo. “El resto del tiempo uno está sentado en un espacio pequeño con otros 15 hombres que tienen sus propios problemas”.


Las condiciones en el campamento han disminuido a medida que el invierno trajo fuertes lluvias a Lesbos. Se pronostica que la temperatura durante la próxima semana descenderá y podría nevar. Oxfam está pidiendo al gobierno griego y a los estados miembros de la Unión que desplieguen más médicos y psicólogos y corrijan el sistema de detección “para que las personas vulnerables no caigan por las grietas”, dijo Rendón. La organización benéfica dijo que más personas que buscan asilo deberían ser transferidas a la Grecia continental de manera regular, especialmente a aquellos que son vulnerables.


“Estas circunstancias continuarán hasta que haya un esquema de responsabilidad compartida más justo”, agregó Rendón, “por lo que estamos pidiendo a los estados miembros de la Unión que compartan la responsabilidad de recibir a los solicitantes de asilo”.


Samuel Osborne. De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Las derechas gritan y las izquierdas se hacen las distraídas

La situación que atraviesa Venezuela es dramática y sin salida aparente. La economía está fuera de control y todos los planes para orientarla en alguna dirección han fracasado. Formalmente, Venezuela es una democracia. Hay elecciones, funciona un parlamento y una asamblea constituyente, existen medios de comunicación no alineados con el gobierno y se pueden formular críticas en público. La situación de los derechos humanos no es muy diferente a la que rige en otros países de la región.

Maduro fue reelegido con el 67 por ciento de los votos porque la mayor parte de la oposición decidió no acudir a las urnas, por lo que su partido controla 20 de las 24 gobernaciones, 310 de las 335 alcaldías y la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero es minoritario en el parlamento.


Si las elecciones y la libertad de prensa son los parámetros centrales para medir una democracia, se puede decir que Venezuela está en el límite inferior. Es un régimen en el borde de la legalidad, pero su forma de actuar es completamente ilegítima. Comparada con China y Arabia Saudita (por poner dos dictaduras que nadie cuestiona), es una joya democrática. Incluso si se la compara con Honduras y Guatemala, sale bien parada.


Recordemos que el presidente Jimmy Morales ordenó esta misma semana la salida del país de los funcionarios de las Naciones Unidas y dar por finalizada la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En Honduras hubo un evidente fraude electoral; en las elecciones de noviembre de 2017, y durante las protestas, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 33 manifestantes, según el informe de 50 organizaciones de derechos humanos.


Ni que hablar de México, con más de 200 mil asesinados y 40 mil desaparecidos en una década, con activa participación de las fuerzas armadas. Crímenes como los de Ayotzinapa nunca fueron aclarados, pero sus autores siguen siendo protegidos por el Estado.


Nicaragua es otra cosa. El régimen orteguista, acosado por su propio pueblo, está en las últimas y su caída es cuestión de tiempo. Un pueblo que echó al dictador Anastasio Somoza, poniendo el cuerpo a las balas, no se va a dejar dominar por un violador y una delirante, ambos enamorados del poder.


Lo que indigna es el doble rasero. En carta al papa Francisco, 20 ex presidentes rechazaron el llamado a la concordia del prelado en Venezuela. Algunos de los que firmaron ese mensaje no tienen la menor autoridad moral para sentenciar al régimen venezolano. Los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox estamparon sus rúbricas debajo de un texto que denuncia que el pueblo venezolano sufre “la opresión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”. Viniendo de gobernantes mexicanos, una canallada.


Algo similar puede decirse del colombiano Álvaro Uribe, que presidió un narco-gobierno y acuñó la figura de los “falsos positivos”, con la que las fuerzas armadas justificaron el asesinato de inocentes que hicieron pasar por guerrilleros.


La derecha tiene un problema que la torna poco creíble. Rechaza la pantomima de Nicolás Maduro, pero no aplica el mismo rasero a otras realidades. Tiene razón el periodista venezolano Ociel López cuando se pregunta, ante el movimiento de fichas de las potencias mundiales sobre Venezuela, si “le importa al mundo la legitimidad de Maduro o priman otros intereses”. O apostamos por la soberanía nacional o por la injerencia. Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, acaba de proponer una invasión “humanitaria” para derrocar a Maduro.


La izquierda regional no entra en el debate, pero respalda la represión de Daniel Ortega. Un gobierno disparando sobre su pueblo es una línea roja que nadie, en ninguna circunstancia, debe traspasar. La izquierda está procediendo a un suicidio ético, mucho más grave que la peor desviación política, porque lo hace en aras del poder.

 

Por Raúl Zibechi
11 enero, 2019

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La CIDH exige a EU investigar la muerte de dos niños migrantes



 El organismo señala que las autoridades deben brindar asistencia médica, agua y comida a los indocumentados detenidos


Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este lunes a Estados Unidos que investigue la muerte de los niños guatemaltecos Jakelin Caal Maquin y Felipe Gómez Alonzo, mientras estaban bajo el cuidado de la Patrulla Fronteriza tras ser detenidos con otros migrantes al cruzar sin documentos a territorio estadunidense por la frontera con México.

“La CIDH apremia al gobierno de Estados Unidos a investigar las circunstancias que llevaron a estas muertes y le pide adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la salud de las personas migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción”, precisó el organismo en un comunicado.

Jakelin Caal, de siete años, falleció el 8 de diciembre pasado en un hospital de El Paso, Texas, tras enfermar la víspera en un centro de detención de migrantes. Los servicios de emergencia estadunidenses la atendieron horas después de sentirse mal en el autobús que la trasladó desde donde fue arrestada hasta el centro de detención.

Unas dos semanas después, Gómez Alonzo, de ocho años, murió luego de que médicos de un hospital estadunidense le diagnosticaron gripe y lo dieron de alta tras detenerlo junto a su padre en El Paso, Texas. Luego de la muerte de ambos menores, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, solicitó al Departamento de Defensa el envío de más personal médico a la frontera sur del país para atender un lugar en donde existe “una crisis humanitaria”.

La CIDH agregó que las autoridades estadunidendese deben brindar asistencia médica inmediata, así como agua, alimentación y abrigo a los migrantes cuando se les detiene. Apuntó que el gobierno no puede privar de libertad a niños como medida preventiva del proceso inmigratorio y que deberían disponer de alternativas menos lesivas.

En tanto, miembros del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos criticaron la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de insistir en que un muro en la frontera con México ayudará a reducir la crisis migratoria y reforzará la seguridad.

Durante una visita al sur de Nuevo México, el presidente del caucus, el representante demócrata por el estado de Texas, Joaquín Castro, argumentó que las políticas del gobierno agravan lo que se ha descrito como una crisis humanitaria, y resaltó los casos de los niños guatemaltecos fallecidos.

Xochitl Torres Small, representante demócrata por Nuevo México, comentó durante el recorrido que desde que murieron los dos menores se han hecho algunas mejoras en las estaciones de la Patrulla Fronteriza en esa región, pero se requieren más cambios.

“Aún necesitamos tener equipo médico en todas nuestras instalaciones en las zonas más rurales de la frontera, para asegurarnos de contar con una Patrulla Fronteriza que responda a las circunstancias cambiantes que seguimos observando”, dijo Torres.

El contingente, compuesto exclusivamente de legisladores demócratas, viajó a Alamogordo, comunidad ubicada unos 145 kilómetros al norte de la frontera con México, para ver el lugar en que Felipe Gómez Alonzo y su padre fueron retenidos.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció en Twitter que dará un mensaje al país este martes a las nueve de la noche (hora local) sobre lo que llamó la crisis de seguridad nacional y humanitaria en nuestra frontera sur.

Horas antes, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente viajará el jueves a la frontera con México “para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis” descrita por el mandatario. El destino exacto no fue divulgado.

 

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