El rodillo antiabortista de El Salvador se ceba con Imelda Cortez

Una joven, violada por su padrastro desde que era niña, aguarda en una cárcel el comienzo de un juicio ocho veces pospuesto, presuntamente por haber intentado matar a su bebé

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.


Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.


Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba mal lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que estaba enferma. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.


Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.


Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.


Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.


Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.


Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.


En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.


Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).


Según Cejil actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.


Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.

 

Por Jacobo García
México 14 NOV 2018 - 01:55 COT

Publicado enInternacional
Miércoles, 14 Noviembre 2018 05:35

Lo que quiere Gaza

Lo que quiere Gaza

Cuatro años después de que las fuerzas de ocupación israelíes perpetraran una masacre sobre la población de Gaza, la tercera en cinco años, el apartheid israelí insiste en cometer más delitos al atacar a los civiles que protestan pacíficamente todos los viernes y exigen su derecho de retorno autorizado internacionalmente a las ciudades y aldeas de las que fueron limpiados étnicamente en 1948. La última ronda de crímenes de guerra israelíes ha resultado en una nueva masacre, desde el 30 de marzo, cuando se llevó a cabo la primera de una serie de marchas en la parte este de la Franja de Gaza, más de 220 civiles inocentes, entre ellos 34 niños y 5 mujeres, han sido asesinados brutalmente mientras se manifestaban de forma no violenta. Más de 2.000 han sido heridos, algunos muy críticos. (Estadísticas tomadas del Ministerio de Salud de Gaza) 

A medida que nosotros, los palestinos de Gaza, emprendemos nuestro largo camino hacia la libertad, hemos llegado a la conclusión de que ya no podemos confiar en los gobiernos, en cambio, solicitamos que los ciudadanos del mundo se opongan a estos crímenes mortales en curso. El hecho de que las Naciones Unidas y sus numerosas organizaciones no hayan condenado esos crímenes demuestra su complicidad. También hemos llegado a la conclusión de que solo la sociedad civil puede movilizarse para exigir la implementación del derecho internacional y poner fin a la impunidad sin precedentes de Israel. Nuestra inspiración es el movimiento antiapartheid. La intervención de la sociedad civil fue efectiva a fines de la década de 1980 contra el régimen de apartheid de la Sudáfrica blanca. El notable Nelson Mandela antes de su muerte y el arzobispo Desmond Tutu, entre otros activistas contra el apartheid, no solo describieron el control opresivo y violento de Israel sobre los palestinos como apartheid, sino que también se unieron a este llamado para que la sociedad civil del mundo vuelva a intervenir.


De hecho, esperamos que las personas de conciencia y las organizaciones de la sociedad civil presionen a sus gobiernos hasta que Israel se vea obligado a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Funcionó el siglo pasado. Sin la intervención de la comunidad internacional que fue efectiva contra el apartheid en Sudáfrica, Israel continuará con sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.


Necesitamos ser más específicos sobre nuestras demandas. Queremos que las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo intensifiquen la campaña de sanciones contra Israel para obligar a Israel a poner fin a su agresión.


Se ha vuelto absolutamente claro que la conspiración internacional de silencio hacia la escalada del genocidio que se está produciendo contra los dos millones de civiles en Gaza indica complicidad en estos crímenes de guerra.


Ya es hora de que la comunidad internacional exija que el prepotente Estado de Israel, un Estado que ha violado todas las leyes internacionales que uno puede pensar, ponga fin a su sitio medieval en Gaza y compense la destrucción de la vida y la infraestructura que ha causado al pueblo palestino. Pero esto también debe incluirse en un conjunto de demandas que deben realizar todos los grupos de solidaridad con Palestina y todas las organizaciones internacionales de la sociedad civil que aún creen en el Estado de derecho y en los derechos humanos básicos:


- El fin del asedio impuesto a los palestinos de la Franja de Gaza desde 2006 por votar en contra de la solución ficticia de dos estados y los Acuerdos de Oslo.
- La protección de las vidas y bienes civiles, según lo estipulado en el Derecho Internacional Humanitario y la Ley del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Cuarto Convenio de Ginebra.
- Que los refugiados palestinos en la Franja de Gaza reciban apoyo material para hacer frente a las inmensas dificultades que están experimentando a manos de las fuerzas de ocupación de Israel.
- Reparaciones inmediatas y compensación por toda la destrucción llevada a cabo por el ejército en la Franja de Gaza.
- Responsabilizar a los generales y líderes israelíes por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los civiles de Gaza.
- El fin de la ocupación, el apartheid y otros crímenes de guerra cometidos por Israel.


¿Por qué es mucho pedir? ¿Fueron los movimientos contra el apartheid y los derechos civiles demasiado exigentes para pedir el fin de todas las formas de racismo, institucionales y de otro tipo? ¿Y se equivocó la comunidad internacional al escuchar sus llamadas?


Haidar Eid es profesor asociado de literatura poscolonial y posmoderna en la Universidad al-Aqsa de Gaza. Ha escrito ampliamente sobre el conflicto árabe-israelí, incluidos artículos publicados en Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle y Open Democracy. Ha publicado artículos sobre estudios culturales y literatura en varias revistas, entre ellas Nebula, Journal of American Studies en Turquía, Cultural Logic y Journal of Comparative Literature.

Por Haidar Eid
Mondoweiss

Traducido del inglés para Rebelión por J.M.


Fuente: https://mondoweiss.net/2018/11/what-gaza-wants/

Publicado enInternacional
Domingo, 11 Noviembre 2018 08:20

Con el norte bien claro

Con el norte bien claro

Frente a la presión de las autoridades por detenerla, la primera caravana en llegar a Ciudad de México debate cómo seguir. La situación desenmascaró la larga crisis que vive Honduras, donde la violencia, la pobreza y el autoritarismo empujan a la gente a partir, y la migración es el verdadero sostén de la economía nacional.

Ya son cinco los grupos de migrantes que atraviesan México en caravana rumbo a Estados Unidos. Van a pie, “a jalón” de los camiones en la ruta o, cuando pueden pagarlo, en autobús. La Policía Federal dice que son 17 mil personas; 4 mil ya están en la capital mexicana. Es un éxodo.


La sangría de gente es apenas una muestra que permite intuir la profundidad de la crisis hondureña: servicios públicos devastados, salarios de chiste y un presidente impopular que simboliza un sistema opresivo con toda disidencia. “¡Fuera joh!”, gritan los migrantes al marchar, en referencia al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.


En este éxodo viaja gente de las dos ciudades principales de ese país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, de aldeas de las zonas rurales, y trabajadores de campo guatemaltecos. Los salvadoreños también están: se acercaron en grupos más pequeños y en su propia caravana. Hay familias enteras que han sido amenazadas en sus países de origen. Cuando los padres se sienten en peligro, no dejan a sus hijos atrás.


Otros ya estaban en México, pero como su trámite de refugio no avanzaba, las caravanas se transformaron en la manera obvia de subir al norte por un país peligroso, sin tener que pagar los costos del “pollero”, ni las extorsiones de la policía o la “migra”.


En varias oportunidades durante la sucesión actual de marchas migratorias el gobierno federal mostró el garrote, con represión o demoras en la ruta durante las horas más duras del sol mesoamericano. Aunque algunos gobiernos locales ofrecieron ayuda humanitaria, la respuesta solidaria de los pobladores que recibieron a los centroamericanos rebasó a la autoridad, en un despliegue de redes de ayuda y autoorganización como el ocurrido tras el sismo del 19 de setiembre de 2017. Los mexicanos tienen el migrar en la genética, y las respuestas xenófobas se mantienen confinadas a las redes sociales.


Antes de que la primera caravana saliera de Chiapas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el plan de contención Estás en tu Casa. Según sostuvo en un comunicado la coordinadora de los migrantes centroamericanos en México, la medida no ofrece nada distinto a lo que ya garantiza la legislación vigente, mientras reduce la posibilidad de solicitar refugio a los estados de Chiapas y Oaxaca. La respuesta del éxodo fue seguir caminando.


Los primeros miembros de estas caravanas que pidieron refugio en territorio mexicano fueron recluidos por el Instituto Nacional de Migración (Inm) en la Feria Mesoamericana de Tapachula durante más de dos semanas. El confinamiento duró hasta el 5 de noviembre, cuando se anunció el cierre del predio y se desalojó sin aviso previo ni planificación a unas 2 mil personas, según denunció la Misión de Observación del Éxodo Centroamericano en Chiapas, integrada por diversas organizaciones sociales.


Ahora el gran campo de refugiados está en Ciudad de México. La autoridad local armó lo que llama un “puente humanitario” para coordinar la ayuda, que concentró en un solo punto: el estadio Jesús Martínez, “Palillo”, ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, de la capital mexicana.

Arde Honduras.


La primera vez que esta cronista cubrió la ruta migrante en México, los hondureños ya eran mayoría. Sentado bajo la pequeña línea de sombra del albergue de la ciudad chiapaneca de Palenque, un trabajador de la industria textil hondureña de 33 años trazó en 2015 los motivos que hay detrás de lo que ahora ocurre.


“La gente se ha rebelado en San Pedro, en Tegucigalpa, en Comayagua, pero ellos responden con su Policía Militar para gasear y golpear a las personas y luego hacen que los medios tarifados no publiquen cuando hay manifestaciones contra el gobierno”, explicó.


Recordó el golpe de Estado de 2009 y el posterior estado de sitio que duró seis meses –con toque de queda a partir de las 5 de la tarde–, los escándalos públicos de corrupción que fueron cebando el malestar entre la gente, los bajos salarios que ahogaron a los pocos que tenían trabajo: “1.500 lempiras (60 dólares) a la semana y explotados los siete días”.


“Cuando empezaron los movimientos, muchos nos quejamos. No han querido bloquear las redes sociales porque las usan para intimidarnos. En Facebook no se puede publicar cosas contra el gobierno”, contó el hondureño. Mencionó como ejemplo la persecución al periodista David Romero, quien luego sería condenado a diez años de prisión por difamación, tras revelar un millonario desfalco del oficialismo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.


En aquel entonces el hombre migraba a escondidas, porque el Plan Frontera Sur llevaba un año en pie y la ruta mexicana estaba llena de retenes de la migra. Todos los albergues, en su mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, ya anunciaban que las violaciones a los derechos humanos de la gente en tránsito se habían disparado, debido a la militarización sin pausa de los estados del sureste.
Es en ese marco que debe leerse el avance de las fuerzas armadas mexicanas sobre la frontera con Guatemala que se vio el pasado 19 de octubre en el río Suchiate, cuando ingresó el éxodo actual. Se trata de la culminación de un proceso represivo que ya lleva cuatro años y que busca cerrar la frontera sur de México hasta convertirla en el verdadero muro prometido por el presidente de Estados Unidos (véase Brecha, 26-X-18).


Entre quienes llegaron por estos días a Ciudad de México, una joven de 26 años del departamento hondureño de Yoro denunció lo mismo que aquel obrero: trabajo doméstico con cama –un día libre cada 15– por 1.500 lempiras la quincena. Ella tiene un hijo de 10 años que dejó con su madre y al que tiene que mantener.


“Honduras está atrapada en un círculo vicioso de bajo crecimiento debido a factores como la violencia, el escaso dinamismo de la economía y la debilidad institucional. Hay un agotamiento del sistema político tradicional hondureño, que no responde a las necesidades de la población”, analizó en entrevista con Brecha el economista Noé Pino.


Pino fue presidente del Banco Central de Honduras, ministro de Finanzas y embajador en Washington. Actualmente se desempeña como docente universitario. Según él, la migración que hoy vemos convertida en una situación dramática comenzó tras los efectos del huracán Mitch, en 1998.


La ola migratoria ha quedado registrada en las cifras de expulsión. “Si tomamos en cuenta la última década, Estados Unidos ha estado deportando entre 70 mil y 80 mil hondureños al año”, explicó Pino. “No nos debe extrañar lo que estamos viendo ahora. Se venía dando diariamente”, señaló el economista, y mencionó además que desde los últimos años México deporta una cantidad similar a la de su vecino del norte. Ahí se ve uno de los efectos del Programa Frontera Sur: en un año y medio –entre fines de 2016 y abril de 2018– México deportó a Centroamérica 60 mil niños y adolescentes, sin más proceso que una entrevista.


“Tenemos las cifras de las deportaciones, pero no sabemos cuánta gente se queda irregularmente en Estados Unidos, cuántos logran evadir la deportación”, agregó el experto. Esas personas son clave para Honduras, por el peso que ocupa en su economía el envío de dinero que hacen desde el exterior. “Se calcula que para 2018 vamos a recibir alrededor de 4.600 millones de dólares, lo que hace de las remesas la principal fuente de ingreso por exportaciones. Esto quiere decir, puesto en término muy gruesos y muy duros, que el principal producto de exportación de Honduras son las personas”, sostuvo Pino.


En ese sentido, el periodista y ex diputado opositor Bartolo Fuentes afirmó a Brecha: “Juan Orlando Hernández no tiene ningún interés en detener la migración. Lo que no quiere es que se haga pública, pero a él le gustaría que se fueran 50 mil para bajar la presión en el país”. Fuentes acaba de salir de Honduras por el temor a una detención arbitraria (véase “Persigan al mensajero”). El gobierno hondureño lo señala como el promotor de la caravana, algo que tanto él como otros integrantes del éxodo desmienten.


Cruzar México.


Cuando atravesó el estado de Chiapas la primera de las actuales caravanas, el gobierno federal mandó a su policía y a agentes de Migración para “explicarle” la propuesta del presidente a la cabecera del éxodo. Los retuvo casi cinco horas sobre el asfalto caliente hasta que les permitió el paso. A la segunda caravana también le cerró el camino en el puente binacional Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, mientras la marina impedía el abordaje de la gente a las balsas. Los migrantes armaron un pasamano para cruzar, con sus hijos y sus cosas sobre la cabeza, mientras un helicóptero les volaba encima con el ruido ensordecedor de sus aspas.


En uno de los grupos grandes detenidos en la frontera vino un costarricense de 43 años que relató así a Brecha el cruce: “Salimos como 400 personas en una caravana de (la ciudad guatemalteca de) Tecún Umán, pero cinco quilómetros antes de entrar a Tapachula nos emboscaron y nos cayeron Migración y los federales, con cuatro buses adelante, las ‘trocas’ en que andan ellos, los antimotines. Nosotros nos agachamos y vino uno de los antimotines y comenzó a pegarle a un muchacho hondureño”. A ese siguieron otros golpes y “luego ya todo fue un desmadre”. En su mayoría quedaron detenidos. El hombre contó que sólo nueve pudieron escapar tras esconderse en un matorral cercano, y llegaron a Ciudad de México pagando transporte.


Junto a él, una muchacha flaquita comentó que había venido en autobús desde la localidad veracruzana de Acayucan. Por ese viaje pagó unos 600 pesos mexicanos (30 dólares). En conjunto con su hermano también pagaron el boleto de otra muchacha que viaja con un niño. Según dijo, en ese autobús“eran puros hondureños”, y explicó que ellos han pagado el transporte de buena parte de los trayectos que han recorrido.


De esos gastos también habló a Brecha Tomás González Castillo, un fraile que comanda el albergue La 72. “Una comida para 7 mil personas ¿quién la da? Hay una organización colectiva de los pueblos por donde van pasando, eso ya es un gasto enorme. Ahora, multiplícalo por dos o tres comidas al día. Es mucho dinero”, subrayó el sacerdote.


González Castillo contó que también ingresa gente por la zona donde trabaja, en la frontera del estado de Tabasco que da al Petén guatemalteco: “La mayoría entra por Tapachula, pero hay muchos que por ser rechazados están tomando nuestra ruta, por Tabasco. En el albergue, en diez días llegaron 1.500 personas. Es lo que habitualmente recibimos en un mes. Está migrando todo tipo de gente, pero en su mayoría son de Honduras”.


El fraile fue crítico con las nuevas autoridades que actúan en el tema. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el académico Tonatiuh Guillén estará al frente del Inm y que Andrés Ramírez Silva, un ex funcionario de Acnur, encabezará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. “El Inm está perdido. No creo que una persona pueda componer esto, por mucha voluntad política y buena intención que tenga. Están prometiendo demasiado, y creo que tienen que poner los pies sobre la tierra”, sostuvo González Castillo.


El religioso, un referente en el tema de la movilidad fronteriza, denunció que los propios agentes estatales atacan a los migrantes, les cobran por pasar y los extorsionan ofreciéndoles seguridad.


Pánico en Veracruz.


Desde la noche del sábado 3 de noviembre hasta el momento de publicarse esta nota los miembros de la primera caravana vienen llegando a Ciudad de México con cuentagotas, en contraste con el impulso masivo con que lograron cruzar la frontera guatemalteca.


La situación, que agrava la vulnerabilidad de los migrantes, es en buena medida responsabilidad del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El 2 de noviembre Yunes había prometido 150 camiones para trasladar a los integrantes de la caravana desde la ciudad veracruzana de Sayula de Alemán hasta la capital mexicana. Dos horas más tarde el jerarca negó esa ayuda con el pretexto de que la Ciudad de México no tenía las condiciones para recibirlos.


La Misión de Observación del Éxodo Migrante en Veracruz denunció “la dispersión del éxodo en 300 quilómetros de ruta” de ese estado, “producto de la frustración, el desconcierto y la desesperación” provocadas por la acción del gobernador. Un miembro de esa organización de la sociedad civil relató a Brecha un panorama desolador, de “mucho caos”, luego de que la gente se lanzara a la carretera y recorriera los 70 quilómetros que separan Sayula de Alemán de Ciudad Isla, epicentro de una región de enorme peligro, donde son comunes las desapariciones forzadas y el accionar de las organizaciones criminales.


Los antecedentes violentos de la zona, que comprende el límite entre Veracruz y Oaxaca, por donde pasó la caravana, multiplicaron los titulares de prensa que decían que una parte de la gente había sido “secuestrada por camioneros y entregada al cartel de Los Zetas”. Aunque nadie ha podido confirmar ese extremo, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, alimentó los rumores al afirmar que tiene indicios de que entre 80 y 100 migrantes están desaparecidos. El funcionario dijo basar su denuncia en su propia impresión de lo ocurrido en la ruta y en testimonios que él mismo recogió.


En una entrevista radial (Radio Fórmula, 5-XI-18) Peimbert reconoció no tener cómo contactar a los denunciantes de esas supuestas desapariciones, por lo que no puede comprobar si ya se reencontraron con quienes buscaban. Tampoco ha dado nombres o fotografías de las personas faltantes, lo primero que se hace en casos de desaparición. Desde la Misión de Observación en Veracruz sostuvieron que no hay forma de dar una certeza absoluta del destino de cada uno de los migrantes que pasaron por ese estado.


A pesar de la irresponsabilidad de las autoridades, de haber menguado sus fuerzas tras padecer lluvias, lodazales y decenas de noches durmiendo en el suelo, y de saberse engañada por los gobernantes, la gente se las ha ingeniado para concentrarse por miles en la capital mexicana. La caravana decidirá en asamblea cómo continuar. Dicen que seguirán hacia el norte.


Tierra para todos


Mientras el éxodo se mueve por México, un pequeño grupo de mujeres centroamericanas entró al país por el paso fronterizo entre la localidad chiapaneca de Talismán y la aldea de El Carmen, en el departamento guatemalteco de San Marcos.


Conforman la 14ª Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos en México, que hacen lo que las autoridades no encaran: buscarlos. En este año, tres mujeres (una nicaragüense y dos hondureñas) se reencontraron con sus hijos, con quienes llevaban una década sin contacto.


Es el resultado de la alianza del Movimiento Migrante Mesoamericano (una organización mexicana) con los comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Al llegar a Ciudad de México, durante el Foro Mundial de las Migraciones, las mujeres de esta caravana participaron como la delegación centroamericana en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, y se reunieron con el otro polo migratorio: el que recorre el camino entre África y Europa.


Las mujeres que buscan a aquellos originarios de Túnez, Argelia, Senegal y Mauritania desaparecidos en los pasos hacia Italia y España expresaron su reconocimiento al avance de las centroamericanas para empujar la desidia oficial.


En los 14 años que lleva realizándose, la Caravana de Madres ha encontrado a 301 personas que estaban desaparecidas en México. Cada año las mujeres recaban pistas con un método sencillo: extienden las fotos de los miles que faltan a lo largo de las distintas rutas migratorias que existen en el país, y le piden a la gente de los pueblos que las miren y digan si reconocen a alguien. Así de sencillo.
Luego siguen esas pistas y se las entregan a la autoridad para sus búsquedas oficiales. También preguntan entre los que viven aquí y son de allá si tienen contacto con sus familias, o si desean que ellas las busquen.


Junto a mujeres como Fatma Kasraoui, que busca a su hijo Ramzi Walhasi desde 2011 –desaparecido al migrar junto a otros nueve jóvenes de su barrio tunecino–, y Souad ben Sassi, madre de Bader Msalmi –también desaparecido desde 2011, cuando salió hacia Italia–, llegó Imed Soltani.


A Soltani le faltan dos hermanos, Slim y Bethesen, que tenían 31 y 27 años al desaparecer en marzo de 2011. Además preside la organización La Terre pour Tous, de Túnez. Formalmente el Estado reconoce 504 personas desaparecidas, pero las madres cuentan 2 mil.


Gracias a la traducción de Yu, una de las voluntarias de la cumbre, Soltani dijo a Brecha en francés que son las madres quienes en realidad presiden la organización, y que él ocupa el cargo formalmente.
“Nuestro trabajo es contra las políticas de la Unión Europea y el sistema actual, en que los gobiernos funcionan como el coyote. Al mismo tiempo que empujan a estos jóvenes a salir, les ponen barreras. Son políticas que han construido muros contra las personas que se mueven”, afirmó.


Soltani sostuvo que estas organizaciones de madres de desaparecidos, que se han formalizado en el último año, son una forma de reclamar a los gobiernos por su responsabilidad en la desaparición de migrantes, “mostrarles lo que han ocasionado con sus políticas”.


Su preocupación y la de las madres de su organización son los campos de refugiados en Libia, donde se concentra a los migrantes en condiciones precarias y se busca impedir su salida hacia Europa.
“El problema con Libia es que el gobierno no funciona como tal, sino que hay muchas mafias a cargo. El gobierno de Italia y el de la Unión Europea han trabajado con esas mafias dándoles fondos para que bloqueen el tránsito de la gente”, dijo Soltani.


El propósito de La Terre pour Tous es realizar una caravana que salga de Túnez hasta esos campos de refugiados, como forma de pronunciarse contra estas políticas, según explicó el militante.
“Con esta cumbre mundial pudimos entender que las madres pueden contar unas con otras, que la voz de Túnez puede escucharse en México y la de México en Túnez. La solidaridad y reciprocidad es lo más importante que me llevo”, agregó.
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Con Bartolo Fuentes


Persigan al mensajero


Desde el 12 de octubre, medios y autoridades hondureñas acusan a Bartolo Fuentes de ser el promotor y organizador del éxodo migratorio que ha dejado al descubierto las carencias del gobierno liderado por Juan Orlando Hernández.


Además de periodista, Fuentes también fue diputado por el partido Libre, pero sostiene que hace tiempo dejó de tener poder político. En abril pasado se unió en México a la caravana organizada por Pueblo sin Fronteras, una organización de Estados Unidos que logró conseguir asilo en ese país para el 93 por ciento (347 de 401) de quienes marcharon en aquella ocasión.


El grupo asesoró a la gente sobre la ley migratoria estadounidense y disuadió de solicitar refugio a quienes no tenían el perfil para superar la entrevista “de miedo creíble”. Esta se trata de un interrogatorio hecho a cada persona que pide asilo en Estados Unidos, en el que la autoridad migratoria decide si creer o no que el solicitante ha sufrido persecución o torturas en su país de origen, y con base en ello lo acepta o lo deporta.


Fuentes trasmitió la caravana de abril y generó material para un programa de televisión llamado Los migrantes. Por el mismo motivo se sumó al grupo que salió el 12 de octubre desde San Pedro Sula: para trasmitir y acompañar a los que entonces se calculaba serían unos 500 hondureños. Un mes después, se estima que son más de 7 mil los que han entrado a México.


El ex diputado denuncia que sufre una criminalización contradictoria: lo acusan de cobrar a las personas como “coyote” y también de pagarles con dinero extranjero para que migren. Las autoridades –estadounidenses y hondureñas– lo vinculan con George Soros, con el gobierno de Venezuela, con los demócratas de Estados Unidos y con el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, quienes habrían depositado su autoridad en un solo periodista de un departamento del norte del país.


Fuentes salió de Honduras por sugerencia de una organización que protege la libertad de expresión, ante el peligro de ser detenido arbitrariamente. Esta entrevista se hizo en México, durante la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, celebrada entre el 2 y el 4 de noviembre en paralelo con el Foro Social Mundial de las Migraciones.


—¿Cómo fue su detención cuando cubría el inicio del éxodo?


—Fui detenido en Guatemala durante cuatro días en un “albergue de Migración” que está en la zona 5 de la capital guatemalteca. Es una cárcel: me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y mis pertenencias, y me tenían bajo llave. Fui deportado a Honduras el viernes 19 de octubre. No tuve en Guatemala ninguna acusación criminal, la gente de Migración me acompañó hasta Tegucigalpa.
Al llegar al aeropuerto había como ocho oficiales de la policía nacional, y en un momento intentaron evitar que yo saliera. No sé si por temor, porque había mucha gente esperando, entre periodistas y amigos, o realmente querían llevarme detenido, pero lo hicieron al grito de “¡No lo dejen salir!”. Entró la gente y me arrebató, prácticamente, de las manos de la Policía.


—¿Por qué denuncia que se lo acusa sin pruebas?


—Antes de que fuera deportado a Honduras, la canciller de la república (María Dolores Agüero) hizo una conferencia de prensa en la que me menciona seis veces por cosas de las que no soy responsable y que además no son delitos. Me enteré, por otras vías, de que el gobierno llevó un expediente al Ministerio Público para que procediera en mi contra. Pero lo que llevaron fueron artículos de periódico, declaraciones de los mismos funcionarios de gobierno y capturas de pantallas de las redes sociales.


Sin embargo, yo sé que en Honduras la fiscalía no aplica la ley y no actúa con independencia, sino que recibe órdenes de la presidencia. Así tenemos más de cien compañeros que, por estar con una cacerola protestando tras el fraude electoral, están judicializados. No hay necesidad de que le aporten pruebas a un juez, si la fiscalía presenta eso y le dicen “mándelo a la cárcel”, me van a mandar.


—¿Hay arbitrariedades?


—Claro. Me van a tener dos años para después decirme que soy inocente, porque no van a poder probar nada. Para evitar eso salí del país, por recomendación del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Por medio de unos compañeros presentaré una querella contra la canciller Agüero, para que responda por sus declaraciones.


Si los funcionarios se atreven a decir en el tribunal que soy un coyote y un traficante, que se atengan a las consecuencias. Yo jamás le he cobrado a nadie por llevar a otra persona, no he sido coyote. Y si promoví o no la caravana, puede decirse que a lo mejor sí, por mis opiniones. Lo que yo escribí fue: “Migrantes, no se vayan solos”, porque tengo casi 20 años de estar viendo el sufrimiento de la gente. Los matan, los violan, llegan mutilados. El gobierno sólo presenta sus estadísticas, no lo inmuta nada de eso. A uno le toca vivir esos sufrimientos a diario, cuando las madres le preguntan a uno y le cuentan, o cuando están intentando repatriar un cuerpo. Son gente pobre, y les dicen que vayan a Tegucigalpa, cuando la gente no tiene ni para el pasaje.


—¿Va a pedir protección en México?


—Por ahora no pienso solicitar refugio ni asilo. Lo que quiero es regresar a Honduras con la garantía de que no voy a ser perseguido ni mandado a la cárcel. Que pare la campaña de odio que tiene el gobierno de manera directa a través de los medios que ellos pagan, pues. Es una criminalización terrible que pone en riesgo mi vida.


Yo no tengo poder económico, ni siquiera político. Ahora ya no soy funcionario, no soy nada. Pero la verdad es poderosa y la palabra dicha en favor de la justicia pega. Ellos ahora no pueden controlar la circulación de las ideas, porque están las redes sociales. Yo escribí en Facebook y ha servido.


Me siento perseguido, triste de estar lejos de mi familia, me da miedo en determinados momentos, pero no me paraliza. Cuando uno viene a este foro de gente de tantas partes del mundo que está luchando, no es momento de echarse para atrás. A pesar de lo que le toque vivir a uno, hay que ir para adelante. No nos podemos callar estas realidades.

 

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Control y caos. Honduras, entre la expulsión y la esclavitud

Las escenas recorrieron el mundo: miles de familias hondureñas cruzando hacia el norte fueron interceptadas en la frontera con México por fuerzas de robocops con escudos de plástico, toletes y gases lacrimógenos. Mujeres u hombres defendían a sus niños cargándolos mientras enconchaban el cuerpo. La gente arremetía contra las cercas de seguridad. Los presidentes de Honduras y Guatemala pedían su retorno. Donald Trump vociferaba contra la ineptitud de los presidentes centroamericanos y amenazaba cortarles toda ayuda, por permitir que “hordas de delincuentes” amenacen SU frontera.

Días después hubo un segundo envión que en la frontera mexicana enfrentó con palos y piedras las balas de goma, los toletazos y gases. Un tiro en la cabeza mató a un caminante.


El caos fue mayor: que si avanzan, que si los regresan, que si se evaden por el río en lanchas, que si los meten a refugios o a campos de concentración, que si el gobierno mexicano (el que va a entrar, que de algún modo ya funciona), les otorga asilo y les ofrece empleo. Y entonces unos huyen y otros no saben qué hacer. Faltan medicinas, comida, techo, cuidados mínimos para infantes y mayores por igual. Circulan videos de personajes repartiendo dinero para emprender la marcha. Proliferan y se confrontan narrativas.


Hay quien mira la mano de Trump que con esta marcha se posiciona contra las fronteras abiertas y contra la entrada de personas calificadas de subnormales, degeneradas y criminales y promueve descalificación y expulsión en aras de las elecciones internas estadunidenses de noviembre.


Gobernando desde twitter, Trump colecciona frases: “Pandilleros y otras personas muy malas están mezcladas con la caravana que se dirige a nuestra frontera Sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que emprendan el proceso legal requerido. Esto es una invasión y nuestros militares estarán esperándolos”, es la frase más circulada. “Miro al partido demócrata conducir este asalto a nuestro país (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles vigentes) desde Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes no están haciendo lo necesario para impedir que este flujo de personas, incluidos muchos criminales, entren a México rumbo a Estados Unidos”. Y más: “El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos elementos criminales y DROGAS, que escurren hacia dentro, es más importante para mí, como presidente, que el comercio o el ‘USMCA’. Esperamos que México frene esta embestida en su frontera norte. ¡Es culpa de los demócratas y sus leyes débiles!”.


Hay quien culpó a Maduro, a un contendiente de la izquierda hondureña, y en el paroxismo de la rumorología, Trump comenzó a alegar en sus twitazos que habían aprehendido gente de Medio Oriente en Centroamérica ligada a la caravana.


Con gran responsabilidad, The Guardian rastreó el rumor a una información de Pete Hegseth del programa televisivo Fox and Friends, que afirmó que en Guatemala habían capturado gente del Estado Islámico, según “un discurso del presidente Jimmy Morales al periódico Prensa Libre”, donde declaraba haber capturado cien terroristas. “El secretario de Inteligencia, Mario Duarte, indicó que los detalles de estas capturas son información reservada”. Sam Wolfson, del Guardian, no dejó de anotar que el discurso de Morales “ocurrió el 11 de octubre, días antes que se formara la caravana. No hay otros informes de que miembros de ISIS hayan sido descubiertos en dicho país”. Pero las informaciones fueron retomadas por otras publicaciones, sin especificar detalles, como Judicial Watch, buscando confirmar alguna conexión entre caravana y terroristas. Por eso el link dice: “terroristas-de-isis-capturados-en-guatemala-conforme- avanza-la-caravana-a-eu”. Trump tuvo que reconocer que no tenía mayor evidencia de estos rumores.
El Guardian anota que Trump acusa a los demócratas de estar tras el éxodo hondureño al afirmar: “un montón de dinero fue entregado a la gente para llegar a la frontera en vísperas del día de elecciones”. Se rumora que Soros y sus ONG están inmiscuidos. El periódico hondureño La Tribuna, y hasta el mismísimo padre Solalinde miran la mano de Georges Soros en el éxodo, del mismo modo que antes, se dice, respaldó las llamadas “revoluciones de colores” en Yugoslavia y Medio Oriente.


Sea o no cierta la implicación de Soros, o de los aparatos de inteligencia estadunidenses de Trump con tal de crear la percepción de riesgo si llegaran más demócratas al poder en las elecciones intermedias estadunidenses, lo innegable es el enorme caos, la confusión, devastación, despojo y violencia que sufre el pueblo hondureño desde al menos el siglo XIX, cuando Estados Unidos fijó el destino de la nación como un espacio, primero predado como república bananera por la United Fruit y luego utilizado para confrontar, desestabilizar y corromper cualquier movimiento contrario a los intereses corporativos en la región.


Honduras se transformó en un gran escenario para operaciones encubiertas. Luis Hernández Navarro apunta: “Honduras, escribió Gregorio Selser, es una república alquilada al imperio, es el portaviones estadunidense en América Central. Hoy es, además, un buque insignia de la narcopolítica continental que hace agua”.


Es imprescindible entender que la gente huye de condiciones de violencia, confusión y deshabilitación extremas donde se ha hecho imposible la vida cotidiana, ya no digamos las labores creativas que le permitieran a la población ejercer sus propias estrategias de sobrevivencia. Donde las escenificaciones de movimientos forzados de población, mediante engaños, han sido parte de su historia reciente, como sabemos quienes vivimos la guerra Contra en Honduras que movilizó al exilio a miles de “refugiados” procedentes de Nicaragua, con el fin de vaciar regiones, predar ayuda humanitaria, ejercer controles extremos sobre la población desplazada incluido el reclutamiento forzoso, e intensificar la guerra contra el entonces Estado del sandinismo triunfante.


Hoy en Honduras se impone la siembra de palma aceitera a punta de paramilitares, los cárteles transnacionales se disputan el cultivo y tráfico de drogas y la vida no vale ni siquiera una mirada porque el violento caos cotidiano es la moneda de cambio.


Las cifras oficiales dicen que al año son asesinadas 57 personas por cada 100 mil habitantes: 14 personas diarias. Honduras es uno de los países más violentos del mundo, en particular San Pedro Sula: se dice que la ciudad más violenta del planeta.


Según datos sistematizados por 321.org, en la región la gente vive con menos de 1.9 dólares al día. El 64.3% de su población vive por debajo de la tasa de incidencia de pobreza. El punto más álgido según Philip Alston, el relator de extrema pobreza de la ONU, es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia ONU han fomentado “agresivamente” la privatización de servicios básicos.
Según Alston: “Privatizar la justicia, la protección social, las prisiones, la educación, la sanidad básica y otros bienes públicos esenciales, no se puede hacer a costa de tirar por la ventana la protección de los derechos humanos”. La destrucción y el acaparamiento de la infraestructura cotidiana de la vida es lo que promueven las Zonas Económicas Especiales, enclaves de desvío de poder donde funciona un gobierno privado dentro del Estado nacional y se acaparan paulatina o repentinamente las funciones “normales” de los ámbitos de competencia “legal”.


La expansión frenética y masiva de plantaciones, paramilitarismo, sicariato y deshabilitación impuestos por las corporaciones y el crimen organizado hacen de Honduras un “paraíso de inversión” y un basurero de la vida humana, por el amedrentamiento y la precarización generalizadas. Quienes migran, en este exilio forzoso que parece diseñado para cumplir varios planes a la vez, serán detenidos si logran llegar a Estados Unidos y ahí cumplirán con ser mano de obra esclavizada (un dólar diario) en los centros de detención privados, tan caros al sistema judicial estadunidense.

 

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Ibn al-Sheikh al-Libi: La historia de tortura más importante jamás contada

Es triste decirlo, pero Estados Unidos nos ha enseñado varias cosas sobre el abuso a los detenidos en Abu Ghraib y más allá. Aprendimos también otra lección lamentable en las revelaciones de Ian Cobain y Clara Usiskin del martes, con las que nos pusieron al día de algunos detalles importantes de la historia de tortura más grande que nunca llegó del todo a contarse: la de Ibn al-Sheikh al-Libi.

Desafortunadamente, los disparates motivados por la tortura tienen consecuencias a varios niveles. Una cosa es que la CIA torture a uno de mis clientes para que confiese falsamente un crimen. Pero esa persona sufre en doble sentido: primero por el maltrato, y después por estar encerrado en un agujero negro legal como es la Bahía de Guantánamo, al igual que los 40 hombres que continúan pudriéndose en esa infame prisión estadounidense sobre territorio cubano.

Sin embargo, hay un lado aún más oscuro en tales secretos, y ahí es donde radica la importancia de la investigación de Middle East Eye: porque determinada “inteligencia” conseguida mediante torturas se utiliza para cambiar políticas gubernamentales, incluso para iniciar una guerra.

Hace algunos años, Shaker Aamer, uno de mis clientes de Guantánamo, me contó lo que sabía sobre Libi. Shaker estaba detenido en una jaula en la base aérea de Bagram en Afganistán cuando le trasladaron a la misma celda que Libi. Allí, dijo, creyó ver a un agente británico que estuvo presente durante el tormento.

Poco después, a principios de 2002, vio cómo se llevaban un ataúd. Se supo que Libi iba allí dentro, bien vivo, camino de Egipto, donde a Estados Unidos no le fue difícil conseguir que los secuaces del presidente Hosni Mubarak le hicieran el trabajo sucio aplicándole una picana eléctrica.

Como era de esperar, Libi dijo lo que Estados Unidos quería escuchar: que Sadam Husein era un aliado de Al Qaida. Tiempo después pude presentar pruebas desclasificadas de Guantánamo, donde un detenido allí torturado declaró también que la gente de Sadam estaba desarrollando armas de destrucción masiva.

Cuando Libi dijo todo esto por primera vez, algunos agentes de la CIA expresaron sus dudas, pero eso no impidió que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, echara mano de esa información para su discurso de octubre de 2002, o que el secretario de Estado Colin Powell presentara, en febrero de 2003, su infame discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así pues, la falsa inteligencia extraída por la tortura no solo mantuvo a Libi en prisión, sino que también tuvo un gran peso en la decisión de invadir Iraq poco tiempo después ese mismo año.

Conocemos bien el desastre que siguió, pero ¿qué pasó con la víctima de la tortura? En los primeros cinco años después del 11 de septiembre, puse en marcha un proyecto con el que intenté hacer un seguimiento de lo que sucedía con algunas de las personas más conocidas capturadas en la llamada “Guerra contra el Terror”.

Las prisiones secretas de Estados Unidos

Aunque a la Bahía de Guantánamo se enviaron a 760 prisioneros, durante mucho tiempo no apareció ninguno de los nombres importantes. Escuchábamos rumores confusos de que se encontraban en prisiones secretas estadounidenses dispersas desde Marruecos a Polonia.

Posteriormente, en septiembre de 2006, aparecieron en Guantánamo varios de los “detenidos de alto valor” más famosos, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual del ataque al World Trade Center. Sin embargo, Ibn al-Sheikh al-Libi no figuraba entre los recién llegados.

Más tarde supimos lo que había sucedido: lo habían devuelto a Libia. Ya en marzo de 2004, el primer ministro británico Tony Blair se había reunido en el desierto con Muammar Gaddafi. Y fue a ese país al que entregaron a Libi, donde tuvo que enfrentarse a nuevos abusos. Por un golpe de suerte, pudimos encontrar una manera de enviar y recibir mensajes de él, pero tan pronto como esa puerta de su historia se entreabrió, según Gaddafi, Libi “se suicidó”.

Solo el observador más crédulo podría tragarse eso, pero fue cierto que al pobre hombre le habían metido antes en un ataúd y de allí, en esa ocasión, había pasado a una tumba real. Libi planteaba un problema: si alguna vez se hubiera encontrado con el imperio de la ley, su presencia hubiera sido demasiado embarazosa para personajes poderosos. Y nos habríamos enterado de que Estados Unidos se equivocó en los hechos más básicos: lejos de dirigir un campo de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, Libi ni siquiera había apoyado la campaña mundial de terror de Osama Bin Laden, ya que su objetivo era liberar a su propio país.

Pero lo más importante es que su tortura no solo había llevado (como en otros casos) a un juicio falso en una corte-canguro en la Bahía de Guantánamo, sino a una guerra catastrófica que costó cientos de miles de vidas y hundió más en el caos a Oriente Medio. Tenía que desaparecer y Gaddafi estaba dispuesto a hacer que tal cosa sucediera.

Es verdad que no podemos aprender las lecciones de la historia a menos que sepamos lo que realmente sucedió. Cuando se trata una de mala conducta del gobierno, la luz solar es el desinfectante más grande; sin embargo, hay fuerzas poderosas que desean mantener sus sucios secretos bien escondidos, desde Blair hasta Bush y más allá. De hecho, aunque los británicos manifestaron en ocasiones cierta incomodidad y sugirieron que los semicivilizados estadounidenses se habían salido un poco fuera de madre con sus torturas y entregas extraordinarias, las últimas revelaciones sobre el tratamiento de Libi agregan otro clavo en el ataúd de esa mentira en particular: los británicos sabían exactamente lo que estaba pasando, e incluso trataron de “beneficiarse” enviando sus propias preguntas a la celda de sufrimiento de Libi.

Al final, solo con una investigación judicial completa y transparente, prometida desde hace tanto tiempo, la verdad saldrá a la luz. En cambio, Blair ha dicho que la libertad de información fue lo peor a la hora de enjuiciar de su mandato, porque a él le hubiera gustado que los funcionarios tomaran decisiones en secreto.

Tal vez cuando tengamos todas las revelaciones, puede que incluso él comprenda que suscribirse a la tortura y utilizar la “inteligencia” obtenida por esa vía para iniciar una guerra desastrosa fue un error muchísimo más grave.

Por Clive Stafford Smith
Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Clive Stafford Smith es abogado internacional de los derechos humanos. Ha representado a más de 300 personas que se enfrentan a la pena de muerte en EE. UU. Y aseguró la liberación de 69 prisioneros del campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

 

 

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“Lo personal fue transformado, pero no lo político”

La destacada investigadora feminista Rita Segato ha propuesto una nueva mirada teórica para entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multidisciplinaria que combina los estudios de género y decoloniales, así como la antropología. Gracias al Fondo Cátedras para Profesores Visitantes de Posgrado 2018, llegó a la PUCP a realizar diversas actividades.

 

¿Cuáles son los vínculos entre esta fase apocalíptica del capitalismo, que usted propone, y la violencia creciente contra las mujeres?

Este brote feminicida en nuestros países es un síntoma de la época. Por un lado, todas estas medidas que hemos conseguido que los Estados consideren para frenar el feminicidio y los crímenes de género no han sido eficaces: estas formas de violencia continúan ocurriendo, además están en aumento. Por otro lado, la concentración de la riqueza ha llegado a tal extremo que debemos empezar a hablar de un mundo de dueños y que provoca inevitablemente la falencia institucional. Hoy hay una hipertrofia de esta ‘dueñidad’, que precariza la vida de mucha gente. Y, en el caso de los hombres, vulnera lo que tienen que mostrar al mundo, específicamente a los ojos de otros hombres, como su potencia y carácter de dominio sobre los territorios que considera suyos (su casa, su mujer, su familia). La respuesta a esa vulneración es la violencia masculina. Para expresar su masculinidad, a muchos hombres hoy solo les queda la violencia y en su forma extrema.

Lo que usted dice se puede ver en Perú. En Madre de Dios, hay mucha explotación minera, sobre todo ilegal, y trata de personas.¿Por qué los lugares de explotación minera, de hidrocarburos o de grandes obras están acompañados siempre por la instalación de burdeles y trata?

La explicación del sentido común es que ahí hay muchos hombres solos, que necesitan remedios para su libido desatada. Yo no creo mucho en esto. Porque la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad’ y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles. Hay un doble efecto. Y ese consumidor deshumanizado es la mano de obra que hoy las grandes empresas necesitan.

Usted dice que esta precarización, fruto del capitalismo, empuja a estos hombres a ser más violentos. ¿Podríamos decir que es a raíz de la colonialidad que estamos como estamos?

Mis análisis y resultados me llevan a decir que es imposible pensar en sociedades humanas sin algún nivel de asimetría patriarcal. Pero el patriarcado precolonial, o en medios comunales, es muy distinto al que hoy conocemos, moderno y poscolonial.Y como Aníbal Quijano, a quien considero mi maestro y el sociólogo más importante del mundo en el último cuarto del siglo pasado, pienso que la colonialidad establece un nuevo patrón de trabajo y de relaciones sociales, que funda nuestras ideas sobre progreso, desarrollo, modernidad, capital y subsiste hasta ahora. En esta época, se ha ido agravando y ha entrado en una de sus fases más destructivas.

Por un lado, se alcanzó el voto universal, y hoy se lucha por paridad y alternancia; por otro lado, las cifras de agresiones sexuales y feminicidios aumentan. ¿Qué piensa de estas políticas de igualdad dentro del sistema dominante?

Creo que la lucha es en todos los frentes. No es que debamos abandonar el campo estatal. Hasta ahora no hemos visto muchos frutos de esa tendencia del feminismo que pretende ocupar espacios de poder, pero no es para que desaparezca. Pensamos que entramos al Estado y lo capturamos, pero acaba capturándonos y nos masculiniza. Impone su patrón político. En los 60 y 70, dijimos que lo personal es político y transformamos completamente lo personal. Las mujeres intentamos, con mucha imaginación, transformar nuestros afectos, nuestra sexualidad, nos profesionalizamos, es decir nos transformamos a nosotras. Lo personal fue transformado, pero no lo político. Y creo que esa es la principal característica de nuestro tiempo: ahora comienza la transformación de lo político. ¿Es suficiente entrar al Estado?

Por Suny Sime
Punto.edu

 

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“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

La afrocolombiana Francia Márquez, premiada por plantar cara a la minería en Colombia, recorre Europa para denunciar el impacto de las políticas extractivas en su país


De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.


Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.


El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras", dice.


Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.


Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.


El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.


En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.


Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.


El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.


A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.


El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.


En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.


La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.


Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Por Iñaki Makazaga
Bilbao 1 NOV 2018 - 18:00 COT

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EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

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Una foto, 30 años y miles de muertos después: "Es una pena que nos hayamos insensibilizado ante la muerte de migrantes"

El periodista gaditano Ildefonso Sena retrató hace tres décadas la primera tragedia de la inmigración en el Estrecho. En esta entrevista, el reportero repasa lo que supuso aquella foto que enseñó a España y a Europa la primera imagen de un drama que no había hecho más que empezar.


El 1 de noviembre de hace 30 años a Ildefonso Sena (Tarifa, 1951) se le atragantó el desayuno. Recuerda que eran las 9 de la mañana cuando snó el teléfono de su casa. Aún con las galletas mojadas en el café, un contacto de la Guardia Civil le avisaba de que había aparecido un cadáver en la playa de los Lances, en Tarifa. “Salí zumbando, masticando las galletas escaleras abajo, cogí una cámara compacta que me había comprado pocos días antes y me encaminé al lugar”, rememora. Al día siguiente, la portada a cinco columnas de El Diario de Cádiz, con su crónica y su foto, hizo que se le atragantara el desayuno a la región y a las redacciones de los medios de todo el país, incluso de alguno del extranjero. El joven reportero gaditano había captado la primera imagen y reconstruido la primera historia trágica de un drama que todavía era muy incipiente: las migraciones a través de la frontera sur de España.


“Cuando llegué había un coche de la Guardia Civil y un agente custodiando la escena”, repite Ildefonso a todos los medios que, estos días, le bombardean a llamadas. “Cómo no voy a atender a los compañeros. Sé que es una semana, luego nadie se acuerda de esto hasta que se cumple otra vez una cifra redonda de años”, confiesa. Además del agente, lo que Sena se encontró y mostró al mundo fue un cadáver en la orilla, “totalmente vestido, cubierto de algas y de arena, con los brazos extendidos y rasgos magrebíes”. A pocos metros había una pequeña embarcación de madera, también varada en la arena. “Nadie sabía qué había pasado. El guardia civil me dijo que el capitán estaba en camino, así que, mientras, me puse a hacer fotos desde distintos ángulos. Siempre con la misma escena: el muerto en la arena, la barca detrás y el cielo gris que había esa mañana”. Hizo diez o veinte fotos, no lo recuerda con exactitud ni tiene forma de comprobarlo. “Los negativos se perdieron en una mudanza de la redacción. Sólo conservo esa imagen y a duras penas gracias a una copia que tenía en papel y que he digitalizado”, afirma nostálgico.


Cuando Ildefonso tenía la instantánea hizo aparición el capitán Manuel Prado. “Llevaba tres días destinado en la compañía”, apunta Sena. Con él iban otras cuatro personas, también de rasgos magrebíes. “¿Hablas francés?”, preguntó el capitán. “Me defiendo”, respondió el periodista. “Pregúntales si tienen alguna relación con la barca y con el muerto”, le pidió Prado. “Me costó un rato hacerles entender que yo no era policía, que era periodista. A estos cuatro marroquíes los habían localizado andando por la carretera en dirección a Cádiz y estaban asustados”, apunta. No era para menos, ya que habían esquivado la muerte hacía pocas horas.


Eran reacios, pero al final, uno de los marroquíes le contó a Sena una historia que califica de “escalofriante”, pero matiza: “Escalofriante en ese tiempo. Después me tocó cubrir muchas más y mucho peores”. En efecto, aquellos cuatro hombres que traía el capitán no eran braceros del tráfico de hachís, como normalmente pensaba la Guardia Civil cuando encontraba a magrebíes andando por las cunetas de Campo de Gibraltar. Eran inmigrantes, “migrantes, como se les llama ahora en los medios”, puntualiza Ildefonso. “El chico me contó que inicialmente eran 23 los hombres que habían zarpado a la media noche desde una playa de Tánger”, añade. Sena estaba ante el primer naufragio de un patera que se documentó en España.


No eran narcos, eran migrantes


A los migrantes les sorprendió un fuerte e inesperado viento de Levante justo a la mitad de ese mortal trayecto de apenas 14 kilómetros donde acaba el océano Atlántico y comienza el mar Mediterráneo. “Se pusieron nerviosos, vieron luces cuando ya estaban a pocos metros de la orilla. Creían que iban a hacer pie y algunos empezaron a saltar al agua. El chico me dijo que todos se tiraron por el mismo lado de la barca y el balanceo la hizo volcar. Todos cayeron al mar”, recuerda.


La de Los Lances no es un playa cualquiera, ilustra el periodista. “A tres metros de la orilla, el agua ya te cubre entero”, ilustra. Entonces comenzaron los gritos de auxilio de los que no sabían nadar. Gritos que “se apagaban cada vez que uno se hundía hasta que se hizo el silencio total”, afirma Sena. “El inmigrante me lo dijo de forma clara: sólo quedamos nosotros cuatro y el muerto. Somos los únicos que sabíamos nadar. Los otros 18 no sabemos dónde están. Seguramente habrán muerto ahogados”, relata el ya jubilado reportero.
Eso mismo escribió aquella mañana del 1 de noviembre de 1988. Metió la crónica mecanografiada en un sobre junto a algunas imágenes que había revelado en el laboratorio que improvisó en su casa y lo mandó todo a Cádiz en un autobús. “Esa era la tecnología de entonces”, comenta.


Las corrientes del Estrecho se encargaron de confirmar la tragedia. “En los días siguientes empezaron a aparecer cadáveres por un tubo. Contamos ocho y otro más que llegó a una playa de Ceuta. El resto no apareció nunca”, relata.


Casi 8.000 migrantes muertos en 30 años en el Estrecho


Desde entonces, las aguas del Estrecho no han dejado de escupir los cuerpos de aquellos que no lo lograron y, a veces, de los que lo consiguieron pero tuvieron que volver a jugársela en el mar porque fueron devueltos al lugar del que querían escapar. En ocasiones, como ésta, conocemos sólo una parte de la historia. En otras, alguien se preocupa de poner nombre y apellido a los muertos, de localizar y avisar a sus madres, hijas o hermanos que les vieron partir. A veces pasan sin más en la rueda de titulares del día. Otras veces desatan una tímida reacción de los Gobiernos, como la muerte de Aylán. Otras, sólo un clamor social de rechazo sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, como el caso del niño Samuel.
Ningún organismo oficial lleva la cuenta. Al menos desde hace tanto tiempo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía habla de 8.000 migrantes muertos o desaparecidos intentando llegar a España en los últimos 30 años. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia dependiente de la ONU, lleva su propia cuenta desde el 2014 y cifra en 964 las víctimas desde entonces. Más de la mitad, 564, sólo en lo que va de 2018.


“Esto se ha disparatado y es una pena que nos hayamos insensibilizado. No los periodistas, sino la sociedad en general”, opina el cronista de la primera tragedia documentada en nuestra ruta migratoria. Reconoce que aquella foto, aquella historia, no le impactó. “No sentí pena, trabajé automáticamente. Hasta que poco después lo piensas mejor y te dices que aquel muerto no era el único. Había 18 más, coño, sólo por intentar buscarse una vida mejor”.


La historia conmocionó a la opinión pública, también en Europa, y Tarifa se llenó de periodistas al día siguiente. “Ni España ni Europa habían prestado la menor atención a la inmigración irregular que aún era incipiente en el Estrecho. Apenas se contaban historias de migrantes y no tenían ningún impacto”, recuerda el periodista. Pero tras aquella fotografía, Tarifa se llenó de periodistas, españoles y extranjeros. Sena recuerda al primer corresponsal en llegar. “Coincidí con él en el cuartel de la Guardia Civil, al día siguiente. Era Arturo Pérez Reverte, que entonces trabajaba en Informe Semanal”.


Pocos meses después, la historia se repitió. Varias veces. Y así hasta el día de hoy. “Hasta que me retiré en 2005, he contado muchas historias peores que ésta, cientos de naufragios en estos 30 años, algunos con más muertos. Con mujeres, hombres y niños ahogados aparecidos en la playa. Tantas muertes nos sobrecogen al principio, pero la verdad es que hacemos poco por evitarlas. Los ciudadanos poco podemos hacer y los poderes públicos o no quieren o no pueden. Tampoco parece que haya en Europa voluntad política para atajarlo”, opina Ildefonso, que en su momento viajó a Marruecos para entender el fenómeno estaba gestándose. “Los subsaharianos no empezaron a llegar hasta entrados los años 90. Al principio eran casi todos marroquíes, había algunos argelinos. Todos querían llegar a Francia o a Bélgica”, recuerda.


Pocos cambios


Sena cree que las cosas han cambiado muy poco desde entonces. “Siguen llegando, siguen huyendo y siguen muriendo muchos”, resume. Ildefonso recuerda cómo, tras la foto, muchos vecinos de Algeciras y Tarifa esperaban en las orillas del mar a los que llegaban en patera. "Llevaban mantas, ropa, comida, agua. Algunos los ocultaban en su casas y hubo algunos vecinos que fueron detenidos por esto", rememora. Después hubo un "cambio radical" que Sena no sabe explicar. "Cambió la percepción ciudadana", apunta."


Sí que se alegra de que aquella foto, y todas las que llegaron después, dieron lugar a la creación de equipos de rescate como Salvamento Marítimo o la unidad marítima de Guardia Civil, “que ayudan a salvar mucha vidas”, aunque incide en que también se han puesto en marcha mecanismos e infraestructuras de control de fronteras que antes de esa tragedia no existían. “No van a resolver el problema”, aventura el periodista, que opina lo mismo de los acuerdos bilaterales de devolución que España ha ido firmado con algunos países africanos. “No ha servido para nada y Marruecos utiliza ahora la inmigración para exigir prestaciones económicas a España y a la Unión Europea, pero tampoco tiene la varita mágica. La mayor parte de los que llegan no son marroquíes, sólo pasan por allí”, recuerda.


Ildefonso también incide en que muchos migrantes murieron antes de ver el mar, “en el desierto, donde muy pocos periodistas se han preocupado de investigar”.


Quizás, opina Sena humildemente, la mejor forma de evitar estas situaciones pase por poner la mirada mucho más allá de la frontera y los puertos españoles. “Los que migran no quieren abandonar sus casas, pero África es un continente que los europeos hemos ido esquilmando durante muchos años. Y, ahora que están huyendo de guerras, del hambre y de la pobreza que Europa ha contribuido a generar, no tenemos voluntad de ayudarles”, lamenta. Reflexiones como ésta le hacen ser “escéptico para con la especie humana”. “No somos nada solidarios como especie ante un problema que no va a parar nunca”, aventura. “La historia de la humanidad es una historia de migraciones, de movimientos de personas en masa durante muchas épocas. Mientras tanto, asistimos a un resurgir de posiciones xenófobas, de extrema derecha, cada vez más numerosas”, opina. “Si no hay voluntad política seguiremos viendo muchas más muertes en todo el Mediterráneo”, concluye.

01/11/2018 11:09 Actualizado: 01/11/2018 11:09


Por JAIRO VARGAS
@JairoExtre

Publicado enInternacional
Miércoles, 31 Octubre 2018 08:13

Palestina y la conciencia del mundo

Palestina y la conciencia del mundo

El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina acordó ayer retirar su reconocimiento al Estado de Israel, otorgado en el contexto del proceso de paz de Oslo de 1993, ante el persistente bloqueo de Tel Aviv a cualquier perspectiva de construcción de un Estado palestino en la franja de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y la Jerusalén oriental, así como la continuación de las agresiones militares, policiales, económicas y judiciales israelíes contra la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el propio Israel.


Asimismo, la autoridad palestina encontró inadmisible que el régimen de Tel Aviv haya proseguido todos estos años con su estrategia de crear asentamientos judíos en los territorios árabes ocupados, lo que en la práctica equivale a un intento de aniquilación demográfica de los palestinos. Hace dos semanas, por ejemplo, la autoridad ocupante aprobó la creación de un nuevo barrio judío en la ciudad palestina de Hebrón, al tiempo que ordenaba la demolición de la aldea árabe de Jan al Ahmar, en la misma Cisjordania.


Cabe recordar que los acuerdos firmados en 1993 con el auspicio del entonces presidente estadunidense Bill Clinton establecían un término de cinco años para la creación del Estado palestino en los territorios ocupados por el ejército israelí en la Guerra de los Seis días (1967), y dejaba para una negociación posterior el estatuto definitivo de Jerusalén (Al Qods, en árabe), ciudad a la que ambas naciones reclaman como su capital.


Sin embargo, 20 años después del vencimiento de ese plazo, la solución de los dos Estados parece más lejana que nunca, debido al emplazamiento de asentamientos judíos en los territorios ocupados, el asesinato de miles de palestinos a manos de las fuerzas armadas ocupantes y el inhumano bloqueo de Gaza.


Un factor adicional que permite entender la exasperación palestina, es la reciente decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo que constituye un reconocimiento a la pretensión israelí de considerar a la segunda de esas ciudades como su capital única e indivisible, a contrapelo de diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. El magnate republicano fue más allá: eliminó los fondos de ayuda destinada a hospitales de Al Qods y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. Asimismo, uno de los pretextos esgrimidos por Washington para retirarse del protocolo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas fue que por medio de ese instrumento los palestinos podrían demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por las violaciones a la legalidad internacional que ha cometido en su respaldo incondicional al régimen de Tel Aviv.


Lo cierto es que la llegada de Trump a la Casa Blanca mató las últimas esperanzas de que la superpotencia vecina conservara alguna disposición a actuar como parte mediadora en el añejo conflicto palestino-israelí y que tuviera una mínima voluntad de dar seguimiento a los acuerdos de Oslo. En tal circunstancia, deja de tener sentido que la autoridad palestina reconozca a un Estado que en lugar de aportar a la paz, en estas dos décadas no ha hecho más que avanzar en la reducción de la población palestina a un conjunto de presos en su propio territorio.


Cabe preguntarse, por último, hasta cuándo la comunidad internacional seguirá asistiendo impávida a esta barbarie que niega los avances de más de un siglo en materia de derechos humanos, colectivos y nacionales.

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