En 2015 aumentó el flujo de migrantes a la isla griega de Samos y sus vecinas Lesbos y Quíos, principales puertos de entrada a Europa. En lo que va del año suman 9 mil.Foto Afp

Ginebra. Más de 32 mil migrantes y refugiados han muerto o desaparecido en rutas migratorias de todo el mundo entre los años 2014 y 2018, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que eleva a casi mil 600 la cifra aproximada de niños fallecidos, el más joven de ellos de apenas 40 días de vida.

 

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM analiza desde 2014 los datos de víctimas en las principales rutas migratorias del planeta, aunque la organización admite las dificultades de realizar una evaluación precisa. Así, sospechan que la cifra oficial podría ser "mucho menor" a la real, pues "muchos cuerpos nunca aparecen o no son identificados".

 

La OIM pusoo el foco en esta ocasión en los niños, a los que sitúa como protagonistas de un informe que admiten impreciso, ya que en el caso de los menores se suma no sólo la dificultad de confirmar su fallecimiento, sino también la ausencia de estadísticas precisas en materia de edad. Aún así, estiman que mil 593 han muerto entre 2014 y 2018.

 

El Mediterráneo ha sido la región mas mortífera para los menores, con 678 víctimas mortales durante estos años, lo que sitúa a esta zona por delante del sudeste asiático (363 niños fallecidos), África subsahariana (149) y el norte de África (144).

 

La OIM estima que, desde 2014, más de 17 mil 900 personas han fallecido en el Mediterráneo, de las cuales hay "casi 12 mil" cadáveres sin recuperar. Sin embargo, también admite que en esta zona hay un cambio de tendencia generalizado, al margen de repuntes como en el caso de España.

 

De esta forma, la organización internacional atribuye el descenso global en el número de migrantes fallecidos o desaparecidos entre 2017 y 2018 –que pasó de 6 mil 279 a 4 mil 734– a la menor afluencia migratoria en la zona mediterránea central, la que conecta Libia con el sur de Italia.

 

El número de migrantes que han intentado llegar a las costas italianas ha pasado en un año de 144 mil 301 a 45 mil 648, según la OIM, que alerta, no obstante, del aumento en la tasa de mortalidad en esta zona. Si en 2017 perdieron la vida 2 por ciento de quienes utilizaron esta ruta, en 2018 incluso la cifra más conservadora sitúa la proporción en el entorno de 3 por ciento.

 

En Asia, la OIM destaca la creciente mortalidad en la ruta que conecta el Cuerno de África con Yemen, aparentemente por el persistente conflicto militar de este último país. De las 53 muertes registradas en 2017 se ha pasado a las 125 de 2018.

 

En el sudeste asiático, la cifra de fallecimientos entre 2014 y 2018 se acerca a los 2 mil 200, entre ellos mil 723 rohinyas que han huido de la pobreza, la violencia y la persecución en el estado birmano de Rajine. Casi un millón de rohinyas están refugiados en Bangladesh, entre ellos más de 700 mil que llegaron tras la ola represiva de agosto de 2017.

Publicado enInternacional
Viernes, 28 Junio 2019 06:15

Hacer el agosto el 28 de junio

Hacer el agosto el 28 de junio

Un año después de las revueltas del 28 de junio de 1969 colectivos y personas anónimas salieron a la calle a manifestarse y conmemorar los disturbios del año anterior. Fue la primera marcha del Orgullo. 50 años después, el sistema se envuelve en la bandera arcoíris y nos mete entre ceja y ceja que ya está todo conseguido, que ya no hay nada por lo que luchar y que ahora solo toca festejar.

 

El 28 de junio de 1969 será una fecha recordada por siempre en todo el mundo porque esa noche un grupo de empresarios gais, apoyado por las instituciones locales y regionales así como por los cuerpos de seguridad, organizaron un desfile de carrozas y marcharon en ambiente festivo por las calles de Nueva York para lanzar al mundo un claro mensaje: «seas como seas, queremos tu dinero». A la fiesta se sumarían, entre otros, marcas de conocidas bebidas alcohólicas, compañías de telecomunicaciones, agencias de viajes, todo tipo de corporaciones transnacionales y el arco político institucional. Diferentes ciudades, y más tarde diferentes estados, se fueron sumando en los años siguientes a tan simpática iniciativa comercial que ha llegado hasta nuestros días.

Una barbaridad semejante es lo que cualquiera que no conozca la historia real puede pensar dentro de diez años sobre el origen del Día Internacional del Orgullo LGTB. Porque en eso es en lo que se está convirtiendo la conmemoración del 28 de junio. Mejor dicho, en eso es en lo que quieren convertir la conmemoración del 28 de junio.

Por si acaso, vamos a recordar de una manera más cercana a la realidad los hechos que ocurrieron esa noche de sábado: la zona de ambiente de Nueva York se vio una vez más acosada por la policía, que solía hacer la ronda por los establecimientos cuyos dueños permitían a sus clientes prácticas tan poco honorables como besarse con alguien del mismo sexo o vestirse con más de tres prendas consideradas del sexo opuesto. Los agentes, a cambio de hacer la vista gorda y no practicar detenciones, solían ser sobornados y se iban con un sueldo extra al siguiente bar, repitiendo la operación.

Esa noche la policía entró al Stonewall Inn, local que hoy calificaríamos de antro, conocido por ser un lugar en el que se solían juntar chaperos, jóvenes sin papeles, trans, travestis y demás personajes de la mala vida, para identificar a alguna loca, darle su escarmiento, y de paso recoger la paga extra de la noche. Se cuenta que antes de cada redada la policía daba el chivatazo al bar, que ponía sobre aviso a la clientela con tiempo suficiente para recuperar ropas y vestirse con decoro, y quien tuviera que huir por no tener identificación pudiera hacerlo. Los dueños, mientras tanto, preparaban el impuesto que pagarían a los agentes para que les dejaran en paz un fin de semana más.

Pero esa noche la policía entró de incógnito y con la sala llena hizo parar la música y encender las luces. El escándalo fue mayúsculo, porque esta vez no habían avisado con antelación. Los agentes estaban dispuestos a identificar y detener a todo aquel que hubiera dentro del local, y las travestis, mariconas, putas e inmigrantes se revolvieron, negándose a la identificación y resistiéndose a ser detenidas. Obligados todos a ponerse en fila para someterse a la identificación, los clientes liberados y los que consiguieron escapar de la redada permanecían fuera del local, y los transeúntes, viendo que algo ocurría, empezaban a sumarse.

Pocos minutos después se agolpaban más de 150 personas fuera del Stonewall y las detenidas empezaban a salir esposadas hacia los coches de policía, mientras sobre los agentes empezaba a caer una lluvia de insultos. Los forcejeos de las detenidas iban a más y algunas lograron escapar de los coches de policía, cuando se les sumó la muchedumbre que veía el inicio de la revuelta. Se volcaron coches de policía y más gente llegó a ver qué pasaba. Y lo que pasaba fue que esa noche lo único que iba a cambiar de acera iba a ser el miedo.

La policía, viendo a una masa de más de 500 personas enfurecidas, se atrincheró con rehenes dentro del Stonewall. Fuera se desató la furia de las que eran consideradas mierda por los que sólo cumplen con la ley. Las maricas, tantas veces acalladas, respondieron con el poder de la calle, intentaron reventar el Stonewall con los policías dentro, que salieron pistola en mano. Los disturbios estallaron, se extendieron a las calles aledañas, y se repitieron los días siguientes.

En las siguientes fechas grupos de maricas, bolleras y trans empezaban a organizarse en diferentes colectivos por la liberación sexual y contra el racismo, el patriarcado y el imperialismo. Contra el sistema, al fin y al cabo. Un año después de las revueltas del 28 de junio de 1969 colectivos y personas anónimas salieron a la calle a manifestarse y conmemorar los disturbios del año anterior, en lo que fue la primera marcha del Orgullo. Y hasta hoy.

50 años después nos queda todo por conseguir, porque en 2019 las que tenemos papeles nos podremos casar, sí, pero la policía sigue acosando a quien se prostituye por decisión libre y propia, sigue encerrando en CIEs y deportando inmigrantes por no tener dinero o papeles, sigue identificando a quien está donde no debe, sigue desahuciando a quien okupa o a quien no puede pagarle un alquiler cada mes más alto a un fondo buitre, sigue hostigando a activistas, sigue persiguiendo a quien protesta, lo que sea para cumplir el orden y la ley, que sin importar lo que diga, va a misa. Y si mañana la ley dice que las invertidas volvemos a ser ilegales, la misma policía que hoy se reúne en grupos como Gaylespol aplicará la ley porque es su trabajo y no le queda más remedio.

Por si no fuera bastante, 50 años después el sistema que todo lo capitaliza se envuelve en la bandera arcoíris y nos mete entre ceja y ceja que ya está todo conseguido, que ya no hay nada por lo que luchar y que ahora sólo toca festejar. Y nos propone un Orgullo que no es más que otro macro evento más, en el que las empresas se publicitan y la gente con estatus, abdominales y dinero va a consumir, con mucho orgullo, eso sí. El capitalismo haciendo el agosto el 28 de junio. Adelantado. Abanderado de la aceptación de la diversidad: acepta efectivo, Visa, MasterCard y American Express.

Por suerte, 50 años después de Stonewall, siguen surgiendo colectivos y espacios coordinados entre identidades diversas, bolleras, trans, maricas. Reclamando memoria histórica, reclamando volver a las raíces de esa noche de disturbios y prenderle fuego a este sistema en el que vivimos, que hace negocio con nuestras identidades y cuando no puede exprimirnos más nos tira a la basura. Frente a su mercantilización, nuestra defensa de un mundo nuevo que queremos y por el que lucharon Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson y tantas otras, y que no tiene absolutamente nada que ver ni con el orden, ni con la ley, ni con el dinero, ni con el negocio.

Frente a los gais que dicen que las alborotadoras de Stonewall fueron gente que probablemente no invitaríais a cenar a vuestra casa, las maricas ya hemos puesto platos y sillas de más y estamos esperando a que toquen el timbre.

Porque esto no va solo de con quién follamos. Esto va de las de abajo contra los de arriba.

Publicado enSociedad
La foto que conmueve al mundo: padre e hija murieron al intentar cruzar un río

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. La esposa del hombre y madre de la niña fallecida que logró ser rescatada, Tania Vanessa Ávalos, dijo a las autoridades que el agua se llevó primero a la niña y fue el padre quien intentó agarrarla, pero ambos fueron arrastrados por la corriente del río y desaparecieron.

La imagen desgarradora recordó a la de 2015 cuando un niño sirio de 3 años murió ahogado en las aguas del Mediterráneo. En este caso, ambos están tirados a la vera del río, unidos por la remera del hombre. Se cree que el papá logró alcanzar a la nena en el agua pero que por la fuerte corriente decidió sujetarla por debajo de su remera. Ambos murieron ahogados.

El matrimonio era originario de El Salvador. Óscar Alberto Martínez Ramírez tenía 25 años y la pequeña Valeria, un año y 11 meses. Habían llegado a esta ciudad mexicana para pedir asilo político en Estados Unidos.

Sin embargo, ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo, según señaló la mujer.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por las autoridades de Protección Civil mexicanas. El hallazgo tuvo lugar en las orillas del río, entre unas ramas y a kilómetros del puente internacional de Matamoros que une esta ciudad con Brownsville, Texas.

Enrique Alberto Maciel Cervantes, presidente del Instituto Tamaulipeco del Migrante en Matamoros, lamentó la tragedia y pidió a los migrantes que no se metan a las aguas del río Bravo ya que las compuertas están abiertas y la corriente es muy fuerte. "El río no ayuda; cobra vidas", advirtió.

Miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala ingresaron desde octubre a México en varias caravanas a través la frontera sur con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Ante el aumento del número de migrantes irregulares y de solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó el 30 de mayo pasado con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración. A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.

 Este lunes, el Gobierno de México anunció el despliegue de más de 20.000 efectivos, entre militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional, en las fronteras norte y sur de México.

Publicado enInternacional
Miércoles, 26 Junio 2019 06:54

Un Uruguay de calles desiertas

Un Uruguay de calles desiertas

Contundente paro general por los despidos de Petrobras

El conflicto comenzó hace semanas cuando la empresa brasileña echó a ocho trabajadores diciendo que “necesitaba ajustarse”.

Las calles de Montevideo estuvieron vacías. Ayer, millones de uruguayos adhirieron al paro general convocado por la central obrera PIT-CNT. Los sindicalistas tomaron la decisión como medida de protesta por el retiro de la brasileña Petrobras y en “defensa del empleo”. 

Para el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el paro de ayer es la foto de una gesta de lucha que lleva ya más de 20 días. Según explicó el sindicalista al diario El País Uruguay, el conflicto comenzó hace semanas cuando la empresa brasileña despidió al menos a ocho trabajadores argumentando que la compañía “necesitaba ajustarse”. Pereira también afirmó que Petrobras se negó a firmar la última propuesta del PIT-CNT para solucionar la crisis. Así también lo hizo con el pedido del presidente Tabaré Vázquez de suspender los despidos para poder negociar con mayor tranquilidad. Y a ello se suma una demanda de la patronal, que acogió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que exige la revisión de la ley de negociación colectiva. Un pedido que apunta a desandar las conquistas de la clase trabajadora. 

 “Es una medida escalonada y ojalá esto lo ayude a destrabar, nadie puede decir que el paro general resuelve todos los problemas. Lo que sí podemos decir con total tranquilidad es que antes de la medida hicimos todo lo posible para no hacerla, para tratar de resolverlo por la vía de la negociación”, opinó el sindicalista al matutino uruguayo. Por su parte, Alejandro Acosta, dirigente del sindicato Uaoegas, dijo al periódico uruguayo La diaria que Petrobras busca la salida del país “armando todo este lío”. “No es un problema de insuficiencia desde el punto de vista económico, es un problema de posición política”, declaró. La propuesta del sindicato consistía en bajar los costos de 26 puestos de trabajo por un período de ocho meses. Acosta dijo que, además de la situación de Uaoegas que ayer cumplió 15 días de huelga, el paro general fue convocado por la posición general de las cámaras empresariales que afirmó que tienen la intencionalidad política de incidir en el clima de elecciones. Y lo dijo porque este domingo son las internas uruguayas para elegir los candidatos presidenciales que se enfrentarán el próximo 27 de octubre. 

La estatal brasileña anunció su salida de Uruguay y el desprendimiento tanto de su red de gasolineras en el país como del servicio de distribución de gas por cañería. La empresa despidió a empleados de su sector gasífero en medio de una huelga de hambre de trabajadores que reclaman que se quite a la firma la concesión del servicio de distribución de gas natural, que tiene desde 2004. Mientras la empresa alega que su actividad de distribución de gas en Uruguay es deficitaria, los trabajadores denuncian que los recortes de empleos ponen en riesgo el abastecimiento. La firma asegura que acumula 116 millones de dólares en pérdidas en 15 años de operativa en Uruguay.

Publicado enInternacional
La ONU señala el sindicalismo como “fundamental” para la salud mental

 

El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales.

La toria lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la atención de calidad.

Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—. 

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.

Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental

El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.

“Todavía hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.

El informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.

El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.

El informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.

Otro de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.


publicado

2019-06-25 06:10:00

Publicado enSociedad
Lunes, 24 Junio 2019 06:41

Cuba: Los conceptos y los hechos

Cuba: Los conceptos y los hechos

 

“Los hechos no pueden ser destruidos por los conceptos”, afirmaba Boileau, poeta y crítico literario francés que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Le asistía toda la razón; sin embargo, su comentario puede ser glosado con esta observación: los conceptos sí pueden encubrir, al menos por un tiempo, a los hechos.

El caso del profesor René Fidel González García es una demostración evidente de ocultación, tras el flamante concepto de Estado Socialista de Derecho acabado de aprobar a inicios de año en la nueva Constitución, de una cadena de violaciones conscientes y sistemáticas no solo de la legislación cubana, sino también de convenios sindicales internacionales.

Si se hubiera declarado en huelga de hambre, o se hubiera instalado frente al Consejo de Estado u otra instancia con un cartel que denunciara los atropellos cometidos contra su persona, ya sería tendencia en las redes sociales y quizás se hubieran dignado a atenderlo. Pero este doctor en Ciencias del Derecho, comunista por convicción, ha tenido la paciencia de recurrir a los “canales correspondientes”. Aún espera.

Sus demandas de justicia han llegado al Ministerio de Educación Superior, a la Fiscalía General de la República y a la oficina del Presidente Miguel Díaz- Canel. No obstante, todos los plazos que la Constitución establece para que reciba respuesta se han extinguido.

Quien piense que esto se trata de un asunto relativo al ámbito del derecho laboral es muy ingenuo. La sanción aplicada a René Fidel González García, profesor titular hasta hace tres años de la Universidad de Oriente, le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior de su país, de ese modo lo imposibilitan para ejercer influencia directa sobre la educación de los jóvenes que se forman como futuros juristas en Cuba. ¿Qué delito cometió para recibir tan enorme castigo?

La explicación es sencilla. Decía un profesor latinoamericano de antes de la reforma universitaria: “Nuestra misión no consiste en ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos… Nuestro deber es hacer de modo que piensen como nosotros, o a lo menos como nosotros creemos útil decir que pensamos”. Pues bien, la terrible transgresión cometida por René Fidel González García fue desmarcarse totalmente de una postura como esa e intentar preparar a sus estudiantes con un pensamiento crítico, con un sentido de responsabilidad como ciudadanos y como profesionales del Derecho.

Y lo peor, trató de ser ejemplo de lo que preconizaba. Por ello también publicó artículos en sitios de la blogosfera como este propio blog de La Joven Cuba, sus trabajos defendían una opción marxista de gobierno para Cuba, pero resultaban incómodos para la burocracia política.

La pérdida de prestigio que le atribuyen como pretexto para retirarle su categoría docente y aislarlo de la enseñanza superior es un torpe recurso, negado por las declaraciones de sus antiguos alumnos que han reclamado el regreso del maestro y amigo a la docencia. ¿Ante quién perdió prestigio realmente René Fidel González García? Responder esa pregunta es crucial para entender que aquí de lo que se trata es de un ejemplo clarísimo de discriminación laboral por las ideas políticas del sancionado.

Cuando se debatía el proyecto de constitución publiqué el post Disonancia, en el que manifestaba mi preocupación porque, aun cuando el artículo 1 del proyecto reconocía: “Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”; se apreciaba que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación se habían omitido las creencias políticas.

Allí advertía: “Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República”. El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Récords Guinness de la desvergüenza. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes se decía libertad política, quedó escrito así en el documento definitivo de la Constitución: “para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción parece haberle dado ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites. Una de las muchas definiciones de discriminación la considera como: “toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades —como la salud, la alimentación, la educación o el empleo— en favor o en contra de un grupo social y sus miembros, con base en la pertenencia a una determinada categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales”.

En filosofía moral se define la discriminación como un trato o consideración »desventajosa”. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otros por razones arbitrarias. Y arbitrariedad discriminatoria es algo que abunda en el tratamiento que se le ha dado a René Fidel González García.

Estas arbitrariedades desconocen el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, o convenio n.º 111, uno de los ocho acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los Estados partes del convenio se comprometen a promover una legislación que prohíba todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Cuba es miembro de la Federación Sindical Mundial (FSM), que a su vez es fundadora de la OIT. La oficina regional de la FSM para América Latina se encuentra precisamente en La Habana. Debieran tomar nota los directivos de esa organización acerca del modo en que en este país se discrimina a las personas y se les separa de sus empleos por sus opiniones políticas, incluso cuando estas opiniones sean ideológicamente marxistas y comunistas.

Es posible que muchos de los altos dirigentes que no se han molestado en responder las peticiones de justicia de René Fidel González García piensen que con su actitud están prestando un servicio a la defensa de la Patria. Al parecer siguen a Maquiavelo, que retomaba el concepto planteado por Tito Livio en sus discursos, cuando señalaba: “la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida”.

Yo les aseguro que no es así, si la Patria se defiende con ignominia se la ofende. Todos los que no responden a René Fidel González García están ofendiendo a Cuba. Y son muchos los que esperamos respuesta junto a él. Los conceptos ya no pueden encubrir los hechos

 

Por Alina Bárbara López Hernández

(Matanzas, 1965). Doctora en Ciencias Filosóficas. Profesora, ensayista y editora. Trabaja actualmente en Ediciones Matanzas. Es autora de textos sobre el pensamiento político y cultural republicano. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas especializadas, como Temas, Islas, Matanzas, Calibán, Perfiles de la Cultura y Debates Americanos, entre otras. Ganó el concurso de ensayos de la revista Temas en el año 2007 en la modalidad de ciencias sociales con “Crónica de un fracaso anunciado. Los intelectuales de la República y el socialismo soviético”, y el Concurso Nacional de Ensayos Juan Marinello in Memoriam, 2008. Obtuvo mención del concurso de ensayos de Temas en 2012 por: “Con cristales de larga duración: una mirada a la política cultural comunista anterior a 1959”

Fuente:

https://jovencuba.com/2019/06/14/conceptos-y-hechos

16/06/2019

Publicado enInternacional
La carta informe que encabeza un premio Nobel de la Paz ante crímenes de lesa humanidad en Colombia

 

Entre quienes encabezan una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humnos, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes junto a cerca de unas setenta organizaciones y personalidades de una quincena de países, hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia.

A continuación la carta.

https://drive.google.com/file/d/1fEhJWy8un6KegAeH48urEgyXjQAQqlRF/view?usp=sharing

 

Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional

 

Quienes suscriben la presente carta / declaración, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República, Iván Duque, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS; y a TODA la comunidad internacional democrática a que se intensifiquen todas las GESTIONES Y MEDIDAS necesarias para para la prevención y sanción de estos crímenes tal como lo establecen las LEYES EN DICHO PAÍS, así como los acuerdos internacionales suscritos por el mismo.

EXHORTAMOS IGUALMENTE A QUE SE RESPETE O RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO Y SE CUMPLA con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales, que implican además de asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos ARMADOS mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.

Dichos grupos bélicos paramilitares, son asociaciones ilícitas como Aguilas Negras, entre otras bandas criminales, que actúan bajo impunidad y políticas permisivas del estado colombiano, donde el poder judicial ha sido débil y las fuerzas de seguridad mantienen en sus filas a agentes estatales que han violado derechos humanos.

Frente a esta realidad, existe una desatención por parte del Presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

 

Alerta Humanitaria en Colombia

 

Se estima en más de 500 líderes sociales asesinados en los más de dos años que van desde la firma de los supuestos acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con un alto número de asesinatos selectivos durante el periodo del actual Presidente Duque.

Como referencia, según informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ (que se señala al final), se tiene un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 76 denuncias (hasta principios de junio) de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, según nota informativa e informe difundido el 11 de junio y que en su mayoría, involucra a líderes indígenas y afrodescendientes que encabezan la lista de víctimas de violencia en este País., número que se ha incrementado considerablemente.

Los diversos antecedentes difundidos por organizaciones de la sociedad civil se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Presidente Duque a agencias de prensa “Que que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales como el de “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, implementados por La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

 

Algunos de los últimos asesinatos:

 

En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.

El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.

En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.

El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.

La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.

El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.

Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.

 

Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:

 

-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.

-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.

-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuegoen Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.

-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.

-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.

-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.

-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.

-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.

-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.

-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego

-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.

-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.

-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.

La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.

Amenazas de muerte y desplazamientos forzados

Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.

En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoria del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.

La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Uno de los últimos registros sobre esta situación, es la que están viviendo habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio del 2019, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfrentamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.

Los registros del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, según las cuales 145000 personas abandonaron sus hogares huyendo el año el 2018.

Territorios sin Paz, empobrecidos y asediados por transnacionales

En Colombia hay estimaciones que calculan que ha aumentado en más de un millón los pobres, siendo el caso más extremo la Guajira, siendo macabro la cantidad de niños wayúu que han muerto de hambre.

El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Uno de los graves conflictos territoriales que viven comunidades Wayúu en la Guajira, se relaciona con las faenas de la empresa Carbones del Cerrejón. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de más de 30 comunidades wayuu en la Guajira, por la vulneración de sus derechos ocasionada por la desviación del Arroyo Bruno. El desvío de este importante afluente, el arroyo más caudaloso del río Ranchería, se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial de 3.6 kilómetros. No obstante, la Corte Constitucional suspendió dichas obras, debido a que se comprobó que existen graves incertidumbres en la licencia ambiental respecto de los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. La sentencia ordenó que estas incertidumbres deben ser resueltas por la Mesa Interinstitucional para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto y su continuidad.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) que ha venido implementando el Gobierno ha sido un fracaso para garantizar el derecho a la vida e integridad de cientos y miles de Defensores de Derechos Humanos, defensores de territorios, líderes sociales, comunales y periodistas, existiendo un gravísimo aumento de asesinatos selectivos, amenazas y diversas violaciones de derechos humanos en mayo y lo que va de junio de este año.

En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder económico que involucra un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleras, mineras MADERERAS y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres son de larga data.

En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales , intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales, tal cual ha ocurrido por ejemplo a integrantes de comunidades indígenas en Nariño o guardias indígenas de diversos territorios.

El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 para sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos “democráticos y gobernabilidad”, “Justicia y DDHH”, programa de reintegración a la sociedad de ex combatientes” y procesos de “verdad”.

Otros programas de esta agencia sobre estas temáticas se denominan: “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas en el último tiempo, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

Otra situación grave en Colombia, vinculado a crímenes estatales y la responsabilidad de agentes de fuerzas públicas con funciones activas en el estado, según lo denunciado por organizaciones internacionales de DDHH a través de FIDH quienes presentaron en mayo de este año a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI, en particular, las referidas a ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009, quien fue ascendidopor el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Fin a las masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia

Como organizaciones y personas defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un estado de derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas . Señalamos que No puede existir ESTADO DE DERECHO si no se protegen los derechos humanos.

Exigimos la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos. Asimismo, invitamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wayuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

Exigimos al Estado Colombiano y sus instituciones responsables, desmantelar y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Denunciamos la desatención por parte del Presidente Iván Duque de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Solicitamos a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo. Se hace el llamado a establecer y/o revisar medidas de seguridad, atendiendo el tipo de información compartida, velando por la integridad de sus integrantes, en especial aquella frente a cooperantes económicos ligados a intereses de transnacionales. e infiltraciones de agentes públicos y privados.

Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios.

Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Al final, se comparten una serie de fuentes informativas relacionadas con la presente Carta / Comunicación.

Suscriben la presente:

Organizaciones Internacionales

- Word Rainforest Movement (WRM)

- Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI)

- Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

- Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Por Países:

Argentina

- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz

- Nora Cortiñas, (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Mirta Baravalle (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Elia Espen (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Luciano Andrés Valencia, escritor e historiador (Argentina)

- Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir

- Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)

- Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, sede Argentina

- Colectivo Desde El Pie (Argentina)

- Tomas Astelarra, periodista, Argentina

- María Vanda Ianowski, Docente Universidad Nacional del Comahue, Patagonia Argentina

- Poder Popular (Argentina)

- Proyecto CRECER CON ESPERANZA, Gral. Roca, RIO NEGRO, ARGENTINA

- Hermanas de la Misericordia de las Américas, Comunidad de Argentina

- Brasil

- Conselho de Gestão Ka'apor

- Centro de formação saberes Ka'apor

- Guarda de Autodefesa Ka'apor

- Bolivia

- Angela Fabiola Cossio Zambrana, Comunicadora Social e Investigadora en áreas multidisciplinarias.

Catalunya

- AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

- SETEM Catalunya

Chile

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Movimiento por el Agua y Los Territorios, (MAT)

- Red por la Defensa de la Infancia Mapuche

- Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN

- Juana Aguilera, Presidenta Comisión Ética contra la Tortura

- Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Congreso de los Pueblos-Chile

- Alfredo Seguel, Comunicador Social / WallMapu

- Radio Placeres de Valparaíso

- Cooperativa Semilla Austral.

- Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M

- Somos Cerro Blanco

- Convergencia Colombia Internacional- Nodo Chile

- La Paz se Teje en Colombia / Raíces de Resistencia / Chile

- Colombia Humana-Chile

- AGRUPACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL ANTUKULEF., Región de Aysén, Patagonia

- Equipo de Comunicación Mapuche

- México

- Nodo de Derechos Humanos (México)

- Frente del Pueblo, organización Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- LA REALIDAD. ★ Comunicación social.Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- Mariano Estrada, Coordinador General – CLACPI, Palenque, Chiapas, México

- Malely Linares Sánchez, Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- COLPAZ - México

Voceras y voceros del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ:

-Luz Angélica Dueñas Checa

-Diana Patricia Caro Naranjo

-Lady Johanne Rondón Arévalo

-Ana Ximena Quigua Ruiz

-Eliana Cárdenas Méndez

-Luisa Ximena Zárate Cifuentes

-Javier Eduardo Bello Bravo

-Eduardo Correa Senior

-María Isabel Mazo

-Daniel Roberto Leones Reyes

-Leonor Cortés Bolívar

Nicaragua

- Jessica Martínez Cruz feminista autoconvocada

Paraguay

- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI)

- Hipolito Acevei, Dirigente Indígena FAPI (Paraguay)

- Perú

- Hugo Blanco, Revista Lucha Indígena

- Juan Carlos Giles Macedo– SEMBRAR

- Danilo Quijano, periodista, Perú

- Thomas Moore, Antropólogo, Puerto Maldonado, Peru

- Suecia

- Jorge Calbucura, Coordinador Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu / Suecia

- Uruguay

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, sede Montevideo

- USA / EEUU

- Armando Muyolema, profesor, Universidad de Wisconsin, Madison. USA.

- Friends of the peoples of colombia

Venezuela

- Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela / (CEENPROFORDHV).

- Beatriz Bermudez, periodista (Venezuela)

 

*******************************

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Misión y recomendaciones de la CIDH a Colombia (Enero 2019) / https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

- Misión en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos (diciembre 2018) / https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia (11 de junio) / “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”./ https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/intervenciones-de-la-direccion/442-ano-2019/9051-presentacion-en-riohacha-del-informe-anual-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-ddhh-sobre-colombia

- SEPARATA DE ACTUALIZACIÓN al 23 de Mayo de 2019 / Situación líderes/sa y defensores/as DDHH en los territorios (Indepaz) / http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

- Monitor de Violencia Política en Colombia mayo del 2019 (CERAC) / https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia

- Informe DDHH 2019 (enero - abril): Violencia camuflada: la base social en riesgo / https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/690-informe-ddhh-violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo.html

- Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores / https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

- Informe sobre el abandono estatal de los wayúu de la Alta Guajira (DeJusticia) / https://www.dejusticia.org/entregamos-al-estado-una-radiografia-sobre-el-abandono-estatal-de-los-wayuu-de-la-alta-guajira/

- Entidades del Gobierno y Carbones del Cerrejón desacatan directrices y órdenes de la Corte Constitucional sobre la explotación y desvío del arroyo Bruno, el último gran tributario del río Ranchería en La Guajira / https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/interculturalidad/0706191ComunicadoMesaArroyoBrunoFinal_.pdf

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia en el marco de los acuerdos de paz de 2016 / https://rmr.fm/informes-especiales/dio-inicio-en-colombia-la-iii-mision-de-solidaridad-de-via-campesina/

https://rmr.fm/noticias/no-tenemos-confianza-de-que-el-gobierno-colombiano-quiera-cumplir-los-acuerdos-de-paz/

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-no-se-le-puede-negar-al-pueblo-colombiano-el-derecho-a-la-paz/

PRENSA

- “Terror corporativo” está matando en toda Colombia (Real News Network ) / https://youtu.be/e6WKvdnVorw

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento de líderes indígenas y afrodescendientes en Colombia (12 de junio) / https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-onu-alerta-aumento-lideres-indigenas-afrodescendientes-asesinados-colombia-20190612135618.html

- Persecución e intimidación a autoridad indígena de Huellas Caloto. / https://nasaacin.org/boletin-ddhh-persecucion-e-intimidacion-a-autoridad-indigena-de-huellas-caloto/?fbclid=IwAR0qeqofW53_BYibWK7OfKM_KlJCqcAoDJetazcCxVHMVdHR8I1BkKyAYng

- Según el Presidente Duque, asesinatos de líderes sociales disminuyeron en su gobierno / https://www.vanguardia.com/colombia/segun-el-presidente-duque-asesinatos-de-lideres-sociales-disminuyeron-en-su-gobierno-HX1011999

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI / https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-falta-de-voluntad-del-estado-para-juzgar-crimenes-de-lesa

- CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año / https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9047-cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano

- Colombia: Condena internacional por ataques y amenazas contra lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas / https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-comunicado-internacional-de-condena-por-ataques-y-amenazas

- Presidente Duque afirma que adición de US$160 millones, por parte de Usaid, permitirá cerrar las brechas en los territorios / https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190513-Presidente-Duque-afirma-adicion-US160-millones-por-parte-de-Usaid-permitira-cerrar-las-brechas-en-los-territorios.aspx

- EE.UU. entrega 160 millones de dólares para implementar la paz en Colombia / https://www.efe.com/efe/usa/portada/ee-uu-entrega-160-millones-de-dolares-para-implementar-la-paz-en-colombia/50000064-3975496

 

Publicado enColombia
Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido. Imagen: AFP

Unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo y el 67 por ciento de los refugiados proviene de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

 

Las personas que en el mundo escapan de guerras, conflictos y persecuciones y que se sienten obligadas a dejar el propio país, fueron hasta fines de 2018 el doble que hace 20 años y 2,3 millones más que en 2017, llegando a 70,8 millones de personas. Se trata de la cifra más alta desde que existe ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, fundado en 1950. Y entre estos casi 71 millones de personas, se encuentran casi 4 millones de venezolanos.

 Según el estudio anual Global Trends (Tendencias Globales), difundido por Acnur en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Refugiado, las cifras son estimadas y no exactas dado que reflejan sólo parcialmente la crisis de Venezuela. “Debemos redoblar nuestra solidaridad con los miles de personas inocentes que se ven obligadas a huir de sus hogares a diario”, declaró desde Ginebra, sede de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados Filippo Grandi. “Pese a la cantidad de gente que escapa, hay grandes muestras de generosidad y solidaridad, especialmente por parte de las propias comunidades que acogen a grandes cantidades de personas refugiadas. Hay una participación sin precedentes de nuevos actores, como exponentes del sector privado y de personas que reflejan el espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados”, señaló. 

Aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre pasado, el Pacto Mundial busca una repartición de responsabilidades más equitativa para quienes acogen y apoyan a las personas refugiadas, el 80 por ciento de las cuales vive en países vecinos a sus lugares de origen. Global Trend calcula además que unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo, que cerca de la mitad de la población mundial de refugiados del 2018 tiene menos de 18 años, y que el número más alto de solicitudes de asilo en 2018 (341.800) fue presentado por venezolanos. Otros datos indican que el 67 por ciento de los refugiados provienen de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido (3,7 millones) seguido de Pakistán (1,4), Uganda (1,2), Sudán (1,1) y Alemania (1,1 millones). Pero el Líbano se confirma como el país que más refugiados a recibido en proporción a su población (uno cada seis).

“El elemento más evidente en todos estos datos es la diferencia entre los países que reciben a los refugiados –comentó ayer Carlota Sami, portavoz de Acnur en Italia, durante la presentación de Global Trends en Roma–. Los que reciben más refugiados son los países que más tendrían necesidad de ayuda porque son más pobres y los que reciben menos, son los países más ricos que tal vez deberían desempeñar un rol más importante en el encontrar soluciones. Las políticas fundadas en el odio y la exclusión, que erigen muros y alambres de púa, no llevan a ninguna solución porque de hecho los números siguen aumentando. Los países deberían ocuparse de encontrar soluciones a los conflictos, a las razones por las que la gente huye.” 

En efecto, según los datos oficiales los países de alto rédito reciben unos 2,7 refugiados cada mil habitantes (Italia 3 refugiados cada mil habitantes), los países de rédito medio  unos 5,8 refugiados cada mil y los países pobres, un tercio de todos los refugiados a nivel mundial. Es así que Turquía, por ser un país limítrofe con Siria, es la nación que más sirios ha recibido. Por su parte Colombia es el país que más venezolanos ha alojado (1.171.600) pero es Perú el que más refugiados venezolanos propiamente dichos, ha aceptado (700) después que solicitaran regularmente asilo y fueran reconocidos como tales. 

“Italia está particularmente preocupada por Venezuela –dijo en la presentación de Global Trends Luigi Vignali, director general para los italianos en el exterior y las políticas migratorias de la cancillería italiana–. En Venezuela viven 143.000 italianos y muchos otros descendientes de italianos. Es un país que está atravesando una profunda crisis y sus refugiados se mueven no sólo a países como Brasil, Ecuador, Colombia sino a también a Europa, España, Italia. Esto confirma la urgencia de una solución para la crisis venezolana”.

Mirvat Sayegh, 27 años, nació en Siria, en Alepo, una de las ciudades más golpeadas por la guerra comenzada en 2011. Durante el conflicto, su familia se trasladó por un periodo a Latakia, una ciudad sobre el mar, “un poco más segura que Alepo”, contó a PáginaI12 en la conferencia de presentación de Global Trends.  “Mi familia partió antes que yo porque yo estaba en la universidad y quería continuar. Estudiaba Literatura inglesa, me faltaban solo dos materias cuando tuve que dejar el país”. Con su familia se trasladó primero al Líbano y luego a Italia.  Pese a la guerra, logró conseguir algunos documentos que certificaban lo que había estudiado. 

Llegó a Roma hace tres años, gracias a un corredor humanitario, es decir tuvo la suerte de llegar a Italia en avión, de modo seguro. Aquí buscó una beca y consiguió una para estudiar en Ferrara (noreste de Italia) “Lengua y literatura moderna”. Ya está en el tercer año. “Me reconocieron algunas materias pero pocas”, dijo.  Mirvat Sayegh habla inglés, árabo, italiano y un poco de francés y español. “Yo hubiera querido ir a estudiar a Estados Unidos pero el problema es que cuando llegué a Italia,  no tenía documentos. Ahora tengo documentos italianos”.

–¿Cuán difícil ha sido vivir como refugiada?

–Para mi familia ha sido mucho más difícil que para mí. Mis padres llegaron a Italia a una edad que nadie les iba a dar trabajo y además no saben bien el idioma.  

–¿Estás contenta de vivir en Italia?

–Trato de estarlo.

–¿Te gustaría volver a Siria?

–Si tuviera que volver a Siria tendría que empezar de nuevo. Sería mucho más difícil recomenzar, me sentiría como una extranjera en mi propio país.

–¿Qué fue lo más difícil que  viviste como refugiada? 

–Lo más difícil que me ha tocado vivir es cómo las personas me ven, cómo me miran. No me miran por lo que soy sino como extranjera. Lo más difícil ha sido comenzar en cada lugar de cero. Mejor diría de menos cero… porque estos años que he pasado yendo de un lugar a otro, pasaron sin que yo aprendiera nada. No había tiempo porque con todas las preocupaciones uno no tiene el ánimo para aprender. Fue muy difícil tratar de trabajar, muy difícil ser considerada una persona normal. Y si te ven siempre como diferente, uno no puede estar al nivel de los demás. 

–¿Cómo podemos  favorecer la integración de los refugiados?

–No considerar a los refugiados como una categoría distinta, sino mirarlos como son, con sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

América latina

En contra del muro

 

El número de víctimas de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe se disparó en el último año según comunicó ayer la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. “El rechazo y los muros no resuelven el problema”, opinó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el italiano Filippo Grandi, durante la conferencia que ofreció en Berlín. La situación en Venezuela fue uno de los temas más abordados en la conferencia de prensa que ofreció Grandi. Según relató, más de cuatro millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015 y de ellos menos de medio millón solicitaron la condición de refugiados. Al respecto precisó que, si bien una minoría de venezolanos que abandonaron su país pidió asilo, la mayoría necesita protección internacional a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos, de medicinas y servicios públicos. “Tenemos una crisis en una región del mundo que hasta hace unos pocos años creíamos que había logrado una relativa estabilidad”, dijo Grandi al aludir principalmente a la región del norte de América Central, en particular a Honduras, Guatemala y Salvador. “En esta región observamos acciones de bandas armadas, que evoca lo que algunos grupos armados, gubernamentales o no, hacen en otros países. Como por ejemplo violar a mujeres para ganar el control de territorio, reclutar niños, ocupar casas”, opinó. Grandi precisó que muchas personas huyen de estos países en diferentes direcciones, que incluyen México y los Estados Unidos, principalmente escapando de la violencia. 

Publicado enInternacional
El big data cambió la política (y el poder y la guerra) para siempre

A medida que ha evolucionado la globalización neoliberal en las últimas décadas, la industria de medios de comunicación se ha afianzado como un poder global tan preponderante (y a veces superior en su capacidad de influencia) como los Estados-nación.

Esta industria ya no actúa como un intermediario o interlocutor entre las distintas tendencias y fuerzas sociales que hacen vida en una sociedad determinada. Ni siquiera lo hace a nombre de los partidos políticos o instituciones clásicas de la democracia representativa contemporánea.

“Su poder, ahora mismo, reside en su capacidad para influir en el poder: el poder de los gobiernos, jueces y legisladores; el poder de la política; el poder de decisión de los ciudadanos”, resalta un artículo de Estefanía Avella y Omar Rincón en la revista Nueva Sociedad.

Ya en el siglo XVIII, los medios de comunicación eran catalogados como el “Cuarto Estado”, por su influencia cada vez más decisiva en los asuntos de gobierno en cierta condición de horizontalidad con los poderes clásicos de la democracia moderna: el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Tres siglos después, esta descripción adquiere un mayor grado de realismo, toda vez que los medios de comunicación pasan a ser un factor central en tiempos electorales y en la definición de las inclinaciones políticas y culturales de la sociedad global.

La industria de medios, de igual forma, no escapa de la concentración y centralización que actualmente vive el sistema capitalista como tendencia general.

Según el brazo comunicacional del Foro Económico de Davos, sólo nueve corporaciones privadas (en su mayoría estadounidenses) controlan el panorama de medios globales televisivos y digitales. Entre las corporaciones más resaltantes se encuentran News Corporation, Time Warner, Disney, Comcast, entre otras, que han copado casi a totalidad el tablero mediático.

La conclusión política de este fenómeno es tan obvia como preocupante: la capacidad de influencia del cartel mediático estadounidense es parcialmente incontenible por parte de las instituciones clásicas del Estado-nación y de la democracia contemporánea, logrando un enorme poder de penetración sobre las expectativas, inclinaciones políticas, gustos y comportamientos culturales de la sociedad global en su conjunto.

***

Pero sin lugar a dudas estamos en una nueva etapa de este fenómeno de mediatización de la vida política y social en general. Se le conoce como Big Data.

“Google es más poderoso de lo que la Iglesia nunca fue”, sentenció Julian Assange en alguna oportunidad. Quien hoy está sufriendo diversas torturas por las razones que todos sabemos, ampliaba esa hipótesis afirmando:

“¿Por qué es más poderoso (refiriéndose a Google)? Porque antaño no era tan fácil que el centro controlase a la periferia, puesto que en la Iglesia existía el Vaticano, pero también representantes locales. En Google todo está mediado por el centro de control, como si solo el Vaticano existiese, como si cada persona tuviese contacto directo con un solo confesionario”.

Las transformaciones científicas y tecnológicas en tiempos recientes que ha experimentado el capitalismo global, han hecho de la información un escenario de batalla estratégico donde se disputan desde intereses políticos locales, hasta grandes tendencias del tablero geopolítico actual.

Allí es donde entra el Big Data, la última gran tecnología de procesamiento de datos informáticos que está cambiando notablemente no sólo las capacidades para influir en el comportamiento político, sino en la filosofía (y aplicación) de la guerra moderna.

En una entrevista realizada por el medio The Clinic al experto en Big Data, Martín Hilbert, éste comentó sobre el uso de esta herramienta por parte de Donald Trump, a partir de la infraestructura de Facebook, Google y otras compañías.

Hilbert afirmó:

“Claro, esos son los datos que Trump usó. Teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en Facebook, se puede predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad, si usas drogas, si tus papás son separados o no. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que tú mismo. Este estudio lo hizo Kosinski en Cambridge, luego un empresario que tomó esto creó Cambridge Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica para la elección”.

Hillbert complementó argumentando que “usaron esa base de datos y esa metodología para crear los perfiles de cada ciudadano que puede votar. Casi 250 millones de perfiles. Obama, que también manipuló mucho a la ciudadanía, en 2012 tenía 16 millones de perfiles, pero acá estaban todos. En promedio, tú tienes unos 5000 puntos de datos de cada estadounidense. Una vez que clasificaron a cada individuo según esos datos, lo empezaron a atacar. Por ejemplo, en el tercer debate con Clinton, Trump planteó un argumento, ya no recuerdo sobre qué asunto. La cosa es que los algoritmos crearon 175 mil versiones de este mensaje –con variaciones en el color, en la imagen, en el subtítulo, en la explicación, etc.– y lo mandaron de manera personalizada”.

Por último, el experto comentó:

“Por ejemplo, si Trump dice estoy por el derecho a tener armas, algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa, porque es gente más miedosa, y otros que son más patriotas la reciben con la imagen de un tipo que va a cazar con su hijo. Es la misma frase de Trump y ahí tienes dos versiones, pero aquí crearon 175 mil. Claro, te lavan el cerebro. No tiene nada que ver con democracia (…) te dicen exactamente lo que quieres escuchar”.

***

Por otro lado, esta tecnología también está cambiando las estructuras de la guerra moderna y su aplicación en el terreno. Como dato material tenemos el lanzamiento del proyecto Jedi (2018), con el cual el Ejército de los Estados Unidos plantea una nueva etapa de “guerra algorítmica”.

Este tipo de guerra consistiría en una sinergia entre datos informáticos en zonas de conflicto, inteligencia artificial militarizada y uso de drones y otros armamentos a distancia, para identificar objetivos y mejorar las operaciones terrestres y aéreas en países denominados “hostiles” a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos.

El uso de la tecnología de datos abre paso a nuevos métodos de guerra y combate militar, donde la superioridad en el manejo de la información y el procesamiento de la misma puede cambiar los equilibrios de poder en la guerra del futuro.

Contrario a los parámetros clásicos de la guerra moderna, los combates del siglo XXI sustituyen los enfrentamientos abiertos por los ataques quirúrgicos, la ventaja técnica del armamento por el manejo informativo de la situación, y los bombardeos a gran escala por la guerra cibernética o digital que pueda socavar la estabilidad y el apresto del Estado víctima.

El uso de la tecnología de datos ha logrado combinar, como en ninguna otra etapa de la historia humana, las fronteras entre espionaje, política y guerra. Sobre ello el exfuncionario de la CIA y la NSA, Edward Snowden, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos tiende a secuestrar y militarizar las innovaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, aprovechándose del deseo humano natural de comunicarse y explotándolo para conseguir poder ilimitado.

Concretamente, Snowden afirmó: “Tomaron nuestra capacidad nuclear y la transformaron en el arma más horrible que el mundo había presenciado”, argumentando que en el siglo XXI se está observando la misma tendencia, pero con las ciencias de la computación: “Su alcance es ilimitado… ¡pero las medidas de su salvaguardia no! (…) Es a través del uso de nuevas plataformas y algoritmos (…) que pueden cambiar nuestro comportamiento. En algunos casos, son capaces de predecir nuestras decisiones, y también pueden empujarlas hacia diferentes resultados”, declaró Snowden.

También afirmó que “tienen cientos y cientos de páginas de jerga legal que no estamos calificados para leer y evaluar y, sin embargo, se consideran vinculantes para nosotros. Y ahora estas instituciones, que son tanto comerciales como gubernamentales, (…) lo han estructurado y afianzado hasta convertirlo en el medio de control social más efectivo en la historia de nuestra especie”.

***

La relación entre los gigantes tecnológicos de Google, Facebook y Amazon con el gobierno de los Estados Unidos es simbiótica desde sus orígenes. Las sanciones recientes contra la empresa de telecomunicaciones china Huawei, y el acompañamiento a la retórica antirrusa luego de las elecciones de 2016, en las que resultó electo Donald Trump, así lo confirman.

Estas corporaciones tecnológicas concentradas forman parte del poder geopolítico estadounidense y están siendo empleadas para sostener la hegemonía (en etapa de crisis frente al ascenso de China y Rusia) del Imperio estadounidense.

Las consecuencias materiales del poder de estas corporaciones no sólo concluye en las labores de espionaje e inteligencia abusiva de la privacidad de los propios ciudadanos estadounidenses, bajo la narrativa de mejorar la “lucha contra el terrorismo”. Va mucho más allá.

En términos geopolíticos, este poder tecnológico se ha instrumentado para bloquear, en el marco de una ofensiva global de censura, el funcionamiento de medios alternativos, propiedad de “Estados rivales” como Rusia e Irán.

Recientemente, las plataformas de Facebook y Youtube censuraron a la estatal rusa Russia Today y las iraníes Press TV e Hispan TV, con el objetivo de reducir su audiencia y contrarrestar las narrativas antihegemónicas que han venido surgiendo en los últimos años desde centros geopolíticos enfrentados a Washington.

***

Pero en lo que corresponde a operaciones políticas e informativas en tiempos electorales, estas grandes empresas también están transformando las herramientas de influencia, captación de votantes y penetración en el electorado, a los fines de solidificar determinadas inclinaciones políticas.

El caso más resaltante y actual de este nuevo fenómeno fue el uso de WhatsApp en la elección presidencial brasileña de 2018, que culminó con la victoria del derechista Jair Bolsonaro.

El signo de esta elección fue la desinformación, por un lado, y el uso del WhatsApp como una notable herramienta para remodelar el comportamiento político y electoral de la sociedad brasileña, por otro.

El medio The Conversation relató cómo funcionó la estrategia: “Usando WhatsApp, un servicio de mensajería propiedad de Facebook, los partidarios de Bolsonaro entregaron una avalancha de desinformación diaria directamente a los teléfonos de millones de brasileños”.

Esto fue desarrollado a tal punto que “incluían fotos ilustradas que retrataban a miembros del Partido de los Trabajadores que celebraban con el comunista Fidel Castro después de la Revolución Cubana, clips de audio manipulados para tergiversar las políticas de Haddad y verificaciones falsas que desacreditaban las auténticas noticias”.

“La estrategia de desinformación fue efectiva porque WhatsApp es una herramienta de comunicación esencial en Brasil, utilizada por 120 millones de sus 210 millones de ciudadanos. Dado que los mensajes de texto de WhatsApp son reenviados y reenviados por amigos y familiares, la información parece más creíble”, apuntó el medio.

***

Sin embargo, el uso de estas nuevas estrategias no deben verse como hechos aislados. Corresponden al portafolio de operaciones políticas y de propaganda de nuevo tipo de la mediatizada derecha alternativa, capitaneada por el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon.

Un artículo del británico The Guardian sobre las estrategias de Bannon, recalcó el uso de plataformas de Big Data como Cambridge Analytica para mejorar la penetración de determinadas ofertas electorales, el empleo de la desinformación para abrumar al adversario y la instrumentación de políticas de identidades audaces, acompañadas de un discurso polémico, disruptivo y de impugnación al orden.

A escala política, son diversas las lecciones que deben extraerse de estos nuevos fenómenos sociales y el uso político que las fuerzas de extrema derecha le han dado en época reciente.

Los canales de comunicación han abandonado los espacios tradicionales (televisión, radio, prensa, etc.) para abrir paso a nuevas tecnologías que ahora se introducen en el consumo masivo de jóvenes.

Siendo así, la estrategia para una comunicación nacional-popular, de orientación crítica y movilizadora, debe hacer un uso creativo de estas herramientas para contrarrestar el vaciamiento político que se propone desde la derecha.

La desconfianza en los medios tradicionales debe asumirse como una realidad. Y ante eso, es prioritario buscar en las nuevas tendencias culturales de la juventud, en sus exigencias y aspiraciones colectivas, los insumos para disputar el sentido común y los contenidos socioculturales e informativos que le dan forma.

Dejar estos espacios vacíos es un error estratégico.

(Tomado de Misión Verdad)

Publicado enSociedad
Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

Publicado enInternacional