Lunes, 17 Diciembre 2018 06:20

Angelitos

Claudia Maquín, madre de Jakelin, la niña guatemalteca de siete años que murió estando bajo custodia del gobierno estadunidense.Foto Ap

“Ya se murió el angelito/ Y no quisiera llorar…”

Jakelin tenía siete años cuando murió, mientras ella, su padre y decenas de otros migrantes estaban bajo la custodia de las autoridades de protección fronteriza. Nos enteramos hasta el pasado jueves –porque unos periodistas del Washington Post preguntaron– aunque murió casi una semana antes y nadie dijo nada. Aún no se saben exactamente las causas; el informe preliminar era que se deshidrató y no había comido en días, algo que ahora disputa su familia. Pero el hecho es que murió en manos del régimen de Trump.

Las autoridades se lavaron las manos y le echaron la culpa a su familia y a todos los migrantes. La secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, declaró: "este es sólo un ejemplo muy triste de los peligros de este viaje. La familia optó por ingresar ilegalmente".

Mientras tanto, aproximadamente 14 mil 700 menores de edad que migraron no acompañados a este país siguen detenidos en la red de más de 100 albergues administrados por el gobierno estadunidense. Entre ellos, permanecen por lo menos 100 (y tal vez el doble) de los miles que fueron separados de su padres y enjaulados a lo largo de más de un año por órdenes de Trump. "Es un campo de niños prisioneros", denunció el senador Jeff Merkley este fin de semana al intentar visitar un centro de detención provisional en Tornillo, Texas.

A finales de noviembre, cerca de Tijuana, niños –algunos en pañales– se estaban asfixiando con el gas lacrimógeno que lanzaron agentes fronterizos estadunidenses al lado mexicano.

Al otro lado del mundo, en Yemen, se estima que han muerto de hambre más de 85 mil niños menores de cinco años de edad en el peor desastre humanitario en el mundo hoy día; eso, sin contar a los más de mil 200 de niños que han muerto por bombas Made in USA y balas de una guerra encabezada por Arabia Saudita con el apoyo de Washington.

A la vez, al otro lado del Atlántico, otra menor de edad, la sueca Greta Thunberg, de 15 años, tomó el micrófono ante los representantes de casi 200 países en la conferencia mundial sobre cambio climático en Polonia –incluyendo los de Estados Unidos que oficialmente ha rechazado el consenso científico sobre el cambio climático y promueve mayor producción de hidrocarburos– y declaró: "ustedes dicen que aman a sus hijos más que todo, y aun así les están robando su futuro ante sus propios ojos" por no hacer lo necesario para frenar el cambio climático. "Nos han ignorado en el pasado, nos ignorarán otra vez", pronosticó. Y concluyó que los representantes del mundo reunidos ahí sólo repiten "las mismas ideas malas que nos llevaron a este desastre", y los acusó: "ustedes no son suficientemente maduros como para decir las cosas tal como son".

¿Quién tiene la culpa, quiénes son los responsables por Jakelin, por tolerar ver a niños en jaulas, por los niños sin nombre de Yemen, por los niños que todos los días reciben noticias de que tal vez se aproxima el fin del mundo por la falta de respuesta de los adultos a la crisis ecológica tan documentada?

Un gran músico sirio, el clarinetista Kinan Azmeh, quien trabaja con Yo Yo Ma en su proyecto de la Ruta de la Seda, comentó en el bellísimo documental Música para extranjeros que por momentos le parece absurdo hacer música, ya que eso no puede frenar las balas y las bombas que han destruido a su país, ni resuelve el problema de los refugiados. Igual, algunos periodistas a quienes nos toca reportar sobre todo esto, o escribir una columna como ésta, nos preguntamos lo mismo, ¿para qué?, ya que las palabras, las fotos y los análisis no logran salvar a una niña guatemalteca, a sus compañeros en jaulas en lugar de aulas, a los que soñaban ser doctores o poetas muertos por una bomba en Yemen, o casi todos los niños a quienes les hemos anunciado que tal vez serán los testigos del fin del mundo.

Pero tampoco es opción el silencio.

“Ya se nos fue este angelito/ ¿Quizá cuántos más se irán?… Ya se murió el angelito/ Y no quisiera llorar…” (El angelito, versión de Óscar Chávez).

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

Publicado enColombia
Viernes, 14 Diciembre 2018 05:46

Quedarse para sobrevivir, migrar para vivir

Quedarse para sobrevivir, migrar para vivir

“No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible”. Eduardo Galeano

En una de sus reflexiones, uno de los grandes literatos de América Latina, compara con tristeza la libre naturaleza para migrar que tienen otros seres vivos en este planeta con las dificultades que enfrentan los seres humanos que deciden abandonar el lugar donde viven. Las ciencias sociales han buscado respuestas a este fenómeno y cada región tiene sus propias explicaciones sociales, económicas y políticas. En Guatemala, donde la cantidad de nacionales que migran a Estados Unidos ha aumentado en el último año según reportes de prensa con base en estadísticas recopiladas en agencias de migración regionales,[1] recientemente hemos sido testigos de una caravana poco usual que refleja una realidad de la cual no estamos tan lejos y tiene una explicación de la cual muchos aún son indiferentes.


¿Por qué migramos? ¿Qué hace que un ser humano decida abandonar el lugar donde creció, el campo donde se escapaba y la tienda donde compraba su refacción? En el último Índice de Desarrollo Humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas, El Salvador ocupaba el puesto 121, Guatemala el 127 y Honduras el puesto 133 de 189 países. Este índice mide la esperanza de vida, el acceso a la educación, el servicio de salud, ingresos y desarrollo de los países donde, a nivel latinoamericano, ocupamos los últimos puestos. El fenómeno de la migración, evidente pero a la vez silencioso, ocupo portadas de periódico y comentarios en redes sociales en las últimas semanas desnudando una realidad de la región que nos negamos a enfrentar: las personas están migrando porque sus Estados son incapaces de proveer condiciones y herramientas mínimas para su desarrollo integral con un proyecto de vida digno en sus propios territorios. Una verdad conocida que la sociedad y clase política pareciera dejar a un lado por el individualismo e intereses personales que no corresponden a una visión de país incluyente y participativo.


Las reacciones de rancio nacionalismo, uso de la fuerza e incomprensión no se hicieron esperar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su publicación sobre “Movilidad Humana: Estándares Interamericanos” establece que el ingreso y la estancia irregular de una persona en un Estado no son delitos penales sino faltas administrativas, estamos ante una persona en situación irregular que debe normalizarse en respeto a su dignidad humana. El término de “ilegal” solo refuerza la criminalización de la persona que ejerce su derecho a migrar. Ninguna persona es ilegal ni criminal por buscar oportunidades para el desarrollo de su persona y familia. Aunado a lo anterior, el “Convenio Centroamericano de libre movilidad” establece que para transitar entre nuestros países únicamente es necesario el documento personal de identificación, desbaratando la falacia de que son migrantes “ilegales o indocumentados” y el rechazo a los mismos.


Pareciera que el derecho humano a migrar en la historia de la humanidad solo es válido en épocas de colonización ò invasión y no es así. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos y todas tenemos derecho a transitar libremente dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en cada legislación. Al hablar de las grandes injusticias sociales pareciera que se repite lo obvio, pero aún es necesario visibilizar y recordar lo evidente para humanizar nuestro diario vivir. Es de valientes tomar la decisión de abandonar sus raíces, desplazarse a otro lugar para tener la esperanza de vivir con dignidad. ¿Y sus sueños? ¿Sus metas? ¿Es feliz? ¿Es sencillo? No, migrar no lo es. Algunos deciden renunciar a ello para que su familia los cumpla, otros los ha sustituido con esperanza de un futuro mejor y otros, aun añoran conocer la vida que nos contaban los libros y series de televisión. Por el valor, un abrazo a la distancia.

Por Mario Castillo
13 diciembre 2018


[1] Agencia EFE. El número de inmigrantes del Triángulo Norte creció un 25 % entre 2007 y 2015 https://www.efe.com/efe/america/portada/el-numero-de-inmigrantes-del-triangulo-norte-crecio-un-25-entre-2007-y-2015/20000064-3461269

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Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:14

Los que no pactan y expresan xenofobia

Los que no pactan y expresan xenofobia

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por más de 150 países en Marruecos. Los que se opusieron adujeron que el acuerdo afecta la soberanía, pero son los que más aplican medidas anti-inmigración.


El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado en Marrakech (Marruecos) con el rechazo de 11 países. Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, entre otros, fueron algunos de los que se negaron a firmarlo argumentando que atenta contra sus soberanías. Mientras que Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión. El pacto fue aprobado la noche del lunes por más de 150 países.


“El pacto es incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que esta llevado adelante el presidente Donald Trump”, afirmó Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU. Washington, que negó a sumarse a la iniciativa en diciembre de 2017, fue el principal ausente en los dos días de debate. “Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense leído ante la ONU. El futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, compartió su postura con Estados Unidos y afirmó que Brasil se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. “El gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Mundial de Migraciones que está siendo lanzado en Marrakech, porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, planteó Araújo. “La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”, agregó el futuro jefe del Palacio Itamaraty. La posición del futuro canciller no coincide con la del actual Ministerio de Relaciones Exteriores que participó ayer en la cumbre. La salida de Brasil del pacto sería una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump. Tanto Bolsonaro como Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario estadounidense y su deseo de alinearse con él en materia de política exterior. Además, Bolsonaro anunció su intención de trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hizo Estados Unidos, aunque luego esa medida que molestó a sectores exportadores a los países árabes quedó sin confirmar. Una de sus últimas muestras de simpatía con EE.UU. fue su intención de desinvolucrarse del acuerdo de París contra el cambio climático. Araújo concluyó sus mensajes afirmado que acogerán a los venezolanos que “escapan del régimen de Maduro”. De inmediato Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, otro desertor del acuerdo. “Felicitaciones al nuevo gobierno y al nuevo presidente brasileño. Bien la decisión del gobierno (de Jair) Bolsonaro y el anuncio del futuro ministro de Exteriores Ernesto Araujo de disociarse del Pacto Mundial sobre migración de la ONU. Comparto el espíritu y las motivaciones”, celebró el funcionario italiano que en los últimos meses endureció sus medidas contra la inmigración. En su participación en Marrakech, Salvini afirmó que no suscribirá al acuerdo justificando que la decisión no puede ser tomada sólo por el gobierno sino que debe discutirse en el Parlamento.


En América latina, países como Chile y República Dominicana también se apartaron del pacto. El gobierno de Chile, por su parte, defendió su decisión argumentando que cada país es soberano para fijar sus propias reglas sobre el asunto. “Los migrantes tienen derechos, pero cada país es soberano para fijar sus propias reglas de migración”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

Además agregó que la migración no es un derecho humano. Una declaración que provocó una ola de críticas. La ex presidenta chilena y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lamentó la decisión del gobierno y afirmó que suscribirse al pacto puede ser muy positivo. “Yo lo lamento, pero es una decisión del gobierno actual, y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al pacto global, que creo que puede ser muy positivo”, dijo Bachelet en una conferencia en Madrid. Además recordó que ella misma es bisnieta de una familia francesa que fue acogida por Chile. “La antigua migración fue europea, luego de los países cercanos, Bolivia y Perú, y en los últimos años haitianos, venezolanos, dominicanos y refugiados colombianos”, explicó la ex presidenta que consideró que la migración no es un problema sino un hecho histórico.


El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo, deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU. Las sesión estuvo dirigida por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien frente al rechazo de varios países envió un mensaje conciliador. “El texto garantiza el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional. El texto no es jurídicamente vinculante”, expresó. Destacando los esfuerzos hechos para llegar a este pacto Guterres, exhortó a no sucumbir al miedo a la migración.


Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales de los Estados. “Es un momento histórico porque damos un rostro humano a la emigración”, precisó Espinosa, antes de añadir que los Estados por más poderosos que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos. La mayoría de los oradores que tomaron la palabra a favor del pacto, insistieron en que la soberanía de los estados no se verá afectada.

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Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

Publicado enColombia
Es inmoral e ilegítimo acatar mordazas criminales

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:


En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.


En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.


El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.

Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son:


• El sábado 24 noviembre de 2018 a las 10:40 horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos por el Estado.

• El lunes 26 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto silencio.

• El miércoles 28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.

• El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio, allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad, la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y lo ponían en alto riesgo frente a la alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo daño.

• El viernes 30 de noviembre de 2018, en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda. Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su poder.

• El lunes 3 de diciembre de 2018, la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana.

Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de

Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.

Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.

Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!


Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.


Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!


Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.


Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.


Por Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Diciembre 5 de 2018

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Miércoles, 05 Diciembre 2018 05:31

Condenaron a 53 represores

Miguel Krassnoff con esta sentencia suma 700 años de cárcel.

La Justicia chilena impuso sentencias a ex agentes de la DINA por el secuestro, tortura y el asesinato de ocho militantes comunistas.

 La Justicia de Chile condenó ayer a prisión a 53 agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet por su responsabilidad en el secuestro, la aplicación de torturas y el asesinato de ocho militantes del Partido Comunista en 1976. El juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago,


Miguel Vázquez Plaza, impuso penas de entre tres y 20 años de cárcel para los imputados de secuestro calificado y homicidio calificado, según informó el Poder Judicial en un comunicado publicado en su sitio web. Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los imputados, con esta sentencia ya suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
Los condenados prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que según el juez en aquellos años tuvo una evolución operativa y su objetivo pasó a ser la persecución y represión del Partido Comunista.


De acuerdo con la sentencia, las víctimas fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas con el fin de obtener información sobre sus actividades en el partido, así como la identificación posterior de otros miembros de esa agrupación política. Su detención se enmarcó en medio de la operación “Calle Conferencia” y la reconstrucción de la misma fue posible por los relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, y de mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento. “Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o hasta la inconsciencia de las víctimas”, precisó el fallo. La resolución del juez subraya que las víctimas fueron asesinadas por varios agentes de la DINA que utilizaron para ello bolsas de plástico con las que cubrieron sus cabezas hasta asfixiarlas. Las víctimas de los exagentes de la DINA fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López.


Las cifras oficiales estiman que 3.200 personas fueron asesinadas por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet.

 

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Martes, 04 Diciembre 2018 08:21

Triunfo campesino sobre Monsanto/ Bayer

Triunfo campesino sobre Monsanto/ Bayer

El 3 de octubre de 2018 será un día histórico para el reconocimiento de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó por unanimidad la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales”. Aunque el documento fue el resultado de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición desde diversos sectores, entre ellos, el gobierno de Gran Bretaña, uno de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 80% (https://www.cetim.ch/derechos-para-los-campesinos/).


Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los campesinos, algo que resulta desafiante para los emporios alimenticios.


De acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios productivos por parte de los campesinos y, finalmente, significará un instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional lo que implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores del campo (https://www.righttofoodandnutrition.org/files/declaracion_de_las_naciones_unidas_sobre_los_derechos_de_los0acampesinos.pdf).


Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los campesinos y campesinas del mundo en la continua lucha por la afirmación de sus derechos. No obstante lo anterior, ¿por qué la resolución de Ginebra simboliza un duro golpe a las empresas multinacionales como Monsanto-Bayer? Tomando como base los principales puntos de la declaración, el presente documento busca desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios económicos en caso de que a finales de 2018 la Asamblea General de la ONU decida aceptar el contenido total del texto.


El primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos donde hubo 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11 abstenciones –entre las que se destacan los casos de Alemania (casa matriz de Bayern) y Brasil, este último en vilo con el reciente triunfo a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro–. Finalmente, tres Estados se opusieron a la declaración: Australia, Hungría y Gran Bretaña. Este panorama muestra que, a pesar de contar con las mayorías necesarias para la aprobación en la Asamblea en pleno, el camino estará lleno de obstáculos por cuenta de las empresas y gobiernos cuyos negocios estarán comprometidos. Además, debe tomarse en consideración la tendencia mundial del ascenso de gobiernos de derecha, cada vez más radicales, lo que significa una afrenta a los derechos humanos. Sin duda, la democracia está en peligro.


Ahora bien, la declaración comienza con la definición de campesino, entendido como un hombre o mujer que tiene una relación directa y particular con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas dedicadas a dichas labores.

También son campesinos los individuos que por distintas circunstancias no poseen tierra y cuya única alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie de derechos a título individual y colectivo que sugieren la protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la no discriminación por su condición económica y sociocultural (art.2).


Un punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (http://www.ecologistas.cl/2018/10/13/onu-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-campesinos-y-otros-trabajadores-rurales/). Este concepto que ha sido construido a lo largo de los años por organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y demandas y, al tiempo, significa un temor latente para las multinacionales como Monsanto-Bayern. En efecto, al hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en claro detrimento de los intereses de las grandes empresas cuya motivación es la maximización de las ganancias. Mientras un sistema local promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar monocultivos que generen excedentes para vender a otras regiones del mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los productores locales.


Así mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser “acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”. Esta circunstancia se relaciona con las condiciones en las que viven millones de trabajadores del campo en el mundo quienes debido a su situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse. Todas estas circunstancias han sido documentadas por la activista india Vandana Shiva, una importante voz en medio de la lógica depredadora de Monsanto (https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180127/vandana-shiva-la-revolucion-empieza-en-la-cocina-6573024). A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.


Desde esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y demás empresas que han intentado monopolizar el mercado alimentario mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, los campesinos podrán contar con un valioso instrumento para protegerse de la violencia de estos grupos económicos y lo más importante aún, tendrán autonomía en sus sistemas de producción. En esta misma vía, la resolución plantea que los campesinos tendrán derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza.


Esto es particularmente relevante en un país como Colombia donde el nivel de desigualdad en el campo alcanza el 89,7%. De las más de 114 millones de hectáreas con las que cuenta la nación, el 54% está concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de pertenencia a campesinos es inferior al 20%. Casos como el de Quibdó donde menos del 1% de los propietarios privados es el dueño del 94% del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los campesinos en Colombia (https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-la-propiedad-de-la-tierra-en-colombia-32186). A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto armado. Habrá que esperar unos meses para conocer la orientación del gobierno Duque cuando se realice la votación en la Asamblea General.


Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el “derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los proyectos de empresas como Monsanto-Bayer que han buscado históricamente restringir los canales de producción local y han limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus crímenes en contra de la humanidad. Aunque no siempre se ha salido con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino, luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes químicos de Monsanto (https://www.semana.com/mundo/articulo/monsanto-condenado-a-pagar-usd-289-millones-por-un-herbicida-con-glifosato/579263). La resolución es también una oportunidad para proteger a millones de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y que afectan al medio ambiente.


En tal sentido, los campesinos podrán gozar de nuevas libertades al no estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla (generalmente genéticamente modificada) bajo el temor de ser encarcelado (https://www.elespectador.com/opinion/tener-una-semilla-es-un-delito-la-nueva-dictadura-alimentaria-columna-439703). Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica (art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El paso que acaba de dar el consejo de Derechos Humanos y que se espera tenga un respaldo avasallador en la Asamblea General, es tan sólo una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que buscarán a toda costa evitar la aplicación de lo contenido en la declaración. Es por esa razón que las demandas a favor de la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo debe continuar.

 

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Martes, 04 Diciembre 2018 05:40

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Beirut. Los sauditas saldrán impunes. Mohammed bin Salmán también. Tal vez paguen un precio –nos referiremos a eso más tarde–, pero siguen siendo la "visión de luz" contra la "visión de oscuridad" de Irán, en palabras del más egregio ministro saudiárabe del exterior de la historia.

Por desgracia, todos hemos cometido el mismo error en Medio Oriente: pensar que los chicos malos serán derrocados o castigados por sus crímenes y transgresiones y que los chicos buenos (los que sean) acabarán venciendo.

Jamal Khashoggi fue víctima del crimen más abyecto. Pero en la guerra civil sectaria de Medio Oriente, los sunitas tenían que vencer a los chiítas y los sauditas tienen el dinero, y el presidente estadunidense –para quien el epíteto "demente" es hoy tan irrelevante como obvio– se las ha arreglado para afirmar que los sauditas consideraban a Khashoggi "enemigo del pueblo" y miembro de la Hermandad Musulmana. Aunque, eso sí, su asesinato fue "terrible" y "un crimen horrendo". Bien podría ser, anunció el líder del mundo libre esta semana, que Bin Salmán haya tenido conocimiento del hecho. "¡Tal vez sí y tal vez no!"

El relato avanza vacilante, como un viejo jamelgo, y todos trotamos detrás de esa amable y conocida bestia peluda.

Tuvo algo de inevitablemente trágica la más reciente aparición de Adel al Jubair como ministro saudita del exterior en Bahrein, monarquía sunita con una mayoría chiíta en la que el Reino Unido acaba de abrir una nueva base naval junto al cuartel de la Quinta Flota estadunidense. Al Jubair acusó a la prensa –sí, a nosotros, colegas de Khashoggi– de hacer una cobertura "histérica" del asesinato. Fue como si estuviera corriendo la película hacia atrás, hasta la declaración original de inocencia, cuando el reino afirmó que nada tenía que ver con este crimen, que de hecho el periodista había salido vivo del consulado saudita en Estambul y que ellos no tenían idea de qué le había ocurrido. Histeria, cómo no. Cómo se atreven los medios a continuar diciendo que Khashoggi fue asesinado, descuartizado y enterrado en secreto. Y a ver, ¿dónde está el cuerpo?

Si hubo un asesinato, tendría que haber un cuerpo. Y así, en breve, retrocedemos a Estambul y al sultán mismo, a quien, aunque no culpa el buen rey Salmán, sí le gustaría que se encontrara el cuerpo y tal vez –aquí vamos de nuevo– tenga una cinta más de Khashoggi que enviar a los servicios de inteligencia del mundo. Den por seguro que nuestros líderes políticos no se mancharán los oídos escuchándola; Trump se refirió a la grabación original como "una cinta insoportable". El canadiense Trudeau optó por no escucharla. Pero la verdad es que debieron haber puesto el oído en la bocina: escuchar a un periodista árabe decir a sus asesinos que se estaba sofocando habría sido un símbolo bastante acertado de la democracia actual en Medio Oriente.

Sin embargo, Erdogan debe tener otros planes. Y aquí, sospecho, deberíamos desplazarnos un poco al sur de la Puerta Sublime y extender la mirada sobre las planicies de Idlib, la provincia siria en la que hace tiempo se nos dijo que deberíamos esperar –según advertencias de Trump, la ONU, los británicos, Amnistía Internacional y todo dios– una sangrienta invasión infectada de gas por las fuerzas sirias y rusas para destruir por completo a los combatientes islamitas del Isis, Al Nusrah, Al Qaeda y sus compañeros yihadistas, junto con decenas de miles de civiles. Idlib es el basurero donde se pone a los enemigos del régimen sirio. Su única ruta de escape es por la frontera turca… de donde vinieron en un principio.

Pero, como el sultán no quiere verlos regresar, y como Siria y Rusia no le ven sentido a otro baño de sangre cuando la guerra en Siria prácticamente ha concluido –aunque los lectores pueden verificar esta conclusión contra sucesos futuros–, la pregunta relevante sigue siendo: ¿adónde deben ir esos diversos combatientes islamitas sunitas y sus familias? Puesto que su dinero y armas provienen del Golfo sunita y la fe wahabita sunita fue inspirada por el mismo credo que gobierna a la monarquía saudita, ¿qué mejor ubicación para su guerra futura que una de las vastas extensiones de arena de Arabia Saudita? ¿Podría haber un lugar más humano y conveniente para su "reducación" que los ascéticos páramos del gran desierto de Rub al Jali?

Sin duda los sauditas, que según Trump "se retirarían con gusto de Yemen", podrían albergarlos a todos, salvando –una vez más– a Occidente del "terrorismo mundial" mientras se libran de una segunda cinta de Erdogan y del súbito y muy inconveniente descubrimiento de partes del cuerpo de una víctima cuyo deceso tal vez fue conocido –o tal vez no– por Mohammed bin Salmán. Tal vez lo supo o tal vez no, como debemos decir ahora.

Los rusos sin duda lo aprobarían. Los estadunidenses también. Los sauditas de seguro se sacrificarían por todos nosotros asumiendo una carga tan onerosa como sería el aprisionamiento de las legiones del Isis y Nusrah dentro de su propio desierto. Después de todo, esas legiones de crucificadores y verdugos –hablo del Isis, claro– acatarían sin chistar las reglas de la prisión porque sus custodios serían expertos en cortar en público la cabeza con alfanjes a supuestos drogadictos y asesinos de niños, para no mencionar el desmembramiento de un periodista con una sierra cortadora de huesos.

¿Vemos un acuerdo en proceso sobre este tema? La guerra en Yemen llega a su fin (gracias a los vendedores de armas en Occidente que la hicieron posible) y la guerra en Siria llega a su pacífico final con la bendición de Vladimir Putin. De los 450 mil millones de dólares que Arabia Saudita ha prometido gastar en armas en Estados Unidos –ya no hablemos de un pedazo de papel–, 110 mil millones irán a Boeing, Lockheed Martin, Raytheon "y muchos otros grandes contratistas estadunidenses de defensa". La "visión de luz" de Adel al-Jubair –Arabia Saudita, claro– puede ya marchar a la guerra contra la "visión de oscuridad que busca propagar el sectarismo en toda la región", o sea Irán.

Quizá Khashoggi tuvo cierta visión de oscuridad cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza en el consulado saudita el mes pasado, pero en Medio Oriente los chicos buenos no siempre acaban venciendo. Hay que hacer la guerra con Irán. Hay que hacer la guerra contra los chiítas. Israel y Netanyahu –¿advierten cómo esos nombres nos han eludido hasta ahora en nuestro triste recuento?– estarán satisfechos con su alianza "secreta" con los sauditas contra Irán. Boeing y Lockheed Martin florecerán, junto con muchos otros contratistas estadunidenses de defensa. Y el príncipe heredero saudita –a diferencia de Khashoggi– se habrá asegurado una larga vida y un honorable entierro en su vejez. De preferencia en una sola pieza.

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 

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Explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, celebrado en Buenos Aires por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) entre el 19 y el 21 del pasado mes de noviembre, me propuso un reto sorprendente: explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo. Hacer tal explicación ante ocho mil personas es casi una provocación. Pero no eludí el desafío.

Como he escrito, la fórmula del 1 % contra el 99 % no la inventó el movimiento de los indignados de 2011. Está en las páginas finales del diario de Lev Tolstói de 1910. La actualidad de esta fórmula está menos en la figura de Tolstói que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, atravesado por desigualdades entre ricos y pobres que tienen muchas similitudes con las de hace cien años. Ante el reto, decidí comenzar por deconstruir la pregunta. Era una vieja pregunta, una pregunta típica del siglo XX. En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de los movimientos feministas y antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, sino la diferencia. La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo la formulación que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.


En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1 % más rico. ¿No tendría más sentido, o no sería más útil, explicarla al 99 % más pobre? Explicar la igualdad al 1 % es como explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no me entienda; y si me entiende, tal vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. Recordé, a propósito de esto, ese siniestro movimiento de extrema derecha educativo en Brasil, conocido con el engañoso nombre de Escuela sin Partido, que en sus últimos documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl Marx, Paulo Freire, Milton Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la situación de antiguos estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se sienten perseguidos y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y derechos humanos, sospechosos de defender “ideas rojas” o “ideología de género”, la innovación conceptual más reciente de las cloacas autoritarias y neofascistas.


Me pregunté, pues, si no sería más útil y adecuado explicar la igualdad al 99 %. Pero ahí quedé suspendido en mi reflexión: ¿sería, al fin y al cabo, necesaria tal explicación? ¿No sabrán ellos mejor que nadie, y con la prueba de todas las arrugas de la vida, qué es la igualdad y qué es la desigualdad? ¿Necesitarán a alguien que se lo explique? El domingo anterior había pasado una buena parte del día en uno de los barrios más pobres y resistentes de Buenos Aires, el barrio Zavaleta, donde un grupo de activistas produce cooperativamente una revista, La Garganta Poderosa, que va siendo conocida en todos los barrios pobres del continente. Allí pude comprobar cómo para ellos y ellas la igualdad se explica fácilmente por la desigualdad que sufren todos los días en los cuerpos y en la vida. Acompañado a distancia por militares (no policía civil) que controlan la comunidad, pude comprobar que no es igualdad cuando unas voluntarias se organizan para recibir donaciones de alimentos y crear un restaurante comunitario donde los jóvenes comen una comida decente al día. Que no es igualdad cuando casi todos los habitantes tienen un joven pariente, amigo, hijo o nieto asesinado por la policía. Que no es igualdad cuando las inundaciones de las últimas semanas impiden que las cloacas improvisadas aguanten y los niños se despiertan con la cama llena de mierda (pido al editor que no censure esta palabra, ya que cualquier otra solo servirá para suavizar la mala conciencia de quien duerme en carritos Chico). Que no es igualdad cuando alguien en coma diabético muere en calles estrechas mientras unos brazos solidarios lo trasladan al lugar donde la ambulancia lo puede recoger. En Zavaleta, la igualdad se explica bien por la desigualdad, por la violencia policial, por la desvalorización de la vida, por la degradación ontológica de quien allí vive.


Pero incluso admitiendo que la explicación tiene sentido, la formulación de la invitación padece aún otro error, un error epistemológico. Presupone que hay un conocimiento específico y el único válido para explicar la igualdad, es decir, el conocimiento científico. Ahora bien, esto no es cierto y, en este caso concreto, es particularmente importante aclararlo. La filosofía eurocéntrica –y las epistemologías del Norte que nacieron de ella y dieron origen a la ciencia moderna– se basa en la contradicción entre defender en abstracto la igualdad universal y, al mismo tiempo, justificar que parte de la humanidad no es plenamente humana y, por tanto, no está contemplada en el concepto de igualdad universal, sea ella constituida por esclavos, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, trabajadores sin derechos, castas inferiores. No es preciso mencionar que John Locke, gran patrono de la igualdad, fue dueño de esclavos; o que la eugenesia, “la ciencia más popular” de inicio del siglo XX, demostraba científicamente la inferioridad de los negros, una ciencia que Hitler estudió atentamente en la prisión mientras preparaba Mein Kampf. Por eso, confiar en que las ciencias nacidas de las epistemologías del Norte expliquen adecuadamente la igualdad es lo mismo que escoger al lobo para cuidar a las ovejas. Una metáfora menos chocante será la de pensar que la “ayuda al desarrollo” realmente ayuda a los países en desarrollo. Al contrario de lo que promete, tal ayuda contribuye no al desarrollo de los países, sino a mantenerlos subdesarrollados y dependientes de los más desarrollados.


Las epistemologías del Sur que he venido defendiendo parten de los conocimientos nacidos en las luchas de aquellos y aquellas que vivieron y viven la desigualdad y la discriminación, y resisten contra ellas. Estos conocimientos permiten tratar la igualdad como denuncia de las desigualdades que oculta o considera irrelevantes para contradecirla. Permiten también tratarla como instrumento de lucha contra la desigualdad y la discriminación. Solo para dar un ejemplo: las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado. Se trata de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción. Solo para dar un ejemplo extremo: un trabajador en Brasil que use tarjeta para comprar a crédito llega a pagar una tasa de interés ¡del 326%! Como dice el economista Ladislau Dowbor, el crédito en Brasil no es estímulo: es extorsión. Su naturaleza criminosa es lo que explica el ejército de abogados a su servicio para defenderse de las múltiples violaciones de las leyes y para cambiar las leyes cuando ello sea necesario. Solo así se explica que en Brasil, según datos de Oxfam, seis personas tengan más patrimonio que la mitad más pobre de la población, y que el 5% más rico posea más que el 95% restante.


Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente. Datos de varias agencias internacionales, incluyendo UNICEF, revelan que las políticas neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la disminución de la esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por desnutrición o enfermedades curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una presión enorme sobre los recursos naturales, exigiendo su explotación cada vez más intensiva, con la consecuente expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, la contaminación de las aguas y la desertificación de los territorios. Además, las pocas reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas décadas están siendo violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más grotesco hoy es Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es muy probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose realidad.


A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero global serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con ellos y articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomiendo que comencemos a pensar en la revisión de su redacción (y en un modo totalmente nuevo de participación en tal redacción) para dar cuenta de la nueva criminalidad que en los próximos setenta años continuará impidiendo a la humanidad ser plenamente humana.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 
Artículo enviado a desdeabajo por el autor el 230 de noviembre

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