Migrantes requisados y detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en Los Ebanos, Texas. Imagen: AFP

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado las condiciones “indignas” y “dañinas” en que se encuentran los migrantes y refugiados recluidos en la frontera de los Estados Unidos, pidiendo que los niños nunca sean puestos en detención migratoria o separados de sus familias.

Michelle Bachelet dijo que estaba horrorizada por los campamentos y dijo que varios organismos de derechos humanos de la ONU habían descubierto que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, que está prohibido por el derecho internacional.

Ella habló pocos días después de que un informe interno del gobierno de los Estados Unidos advirtiera sobre un hacinamiento peligroso en muchos de los centros de detención. El informe del gobierno reveló que algunos inmigrantes fueron retenidos en celdas con una capacidad cinco veces menor, y más de la mitad quedaban afuera debido a la falta de espacio.

Según NBC News, solo había cuatro duchas para 756 detenidos. Una celda, diseñada para albergar a 35 personas, se llenó con 155. Y The New York Times describió que una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas estaba llena de cientos de niños que vestían ropa sucia y estaban envueltos en celdas llenas de enfermedades, en base a entrevistas con el personal y los abogados quienes habían visitado el sitio.
Donald Trump calificó la historia como un engaño. "Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados y con malas condiciones de saneamiento", dijo. Bachelet, ex presidenta de Chile, dijo.

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Considere el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe".

Los centros de detención albergan a miles de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Bachelet instó a las autoridades a encontrar alternativas sin custodia para niños y adultos. "Cualquier privación de libertad de los migrantes adultos y refugiados debe ser una medida de último recurso", dijo. “En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre.
“Cuando finalmente creen que están a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Los equipos de la oficina de derechos humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos y abusos contra los migrantes en movimiento, incluido el uso excesivo de la fuerza y la separación familiar. Las políticas introducidas a fines del año pasado requieren que la Patrulla Fronteriza realice controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia de Aduanas y Protección de Fronteras, con especial atención a los niños menores de 10 años.

Bachelet también condenó las acciones contra personas y organizaciones que brindan a los migrantes agua, alimentos, atención médica y refugio. "La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo.

Scott Warren, de 36 años y residente de Arizona, quien brindó ayuda a los migrantes, será procesado nuevamente después de que un jurado el mes pasado no pudo llegar a un veredicto, y enfrenta hasta 20 años de prisión por "proteger" a los hombres de las autoridades estadounidenses.

Por Jane Dalton*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Pagina/12
Traducción: Celita Doyhambéhère

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Médicos y maestros plantan cara al Gobierno de Hernández en Honduras

Tres meses de protestas han dejado seis muertos y más de 80 heridos por la represión contra las manifestaciones

 

Carlos Salinas Maldonado

México 8 JUL 2019 - 17:36 COT

La dermatóloga Ligia Ramos y sus colegas de la Plataforma Por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras hacían el domingo una pausa en las protestas contra el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para analizar los datos de la epidemia de dengue que afecta al país centroamericano. Los médicos culpan al Ejecutivo por la negligencia en el manejo de la emergencia, que ha dejado decenas de muertos, la mayoría niños. Desde hace tres meses el sector de la salud y los maestros se han tomado las calles de Tegucigalpa y otras ciudades importantes del país en contra de un proceso de reformas impulsadas por Hernández que, dicen, pretenden privatizar los servicios públicos. La pausa por la peste de dengue sirve, también, para analizar los pasos a seguir en unas protestas que reclaman la renuncia del mandatario, que fue reelecto en 2017 en unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición. “Continuamos en movilización, pero con más precaución, porque no queremos más muertos y heridos”, afirma Ramos.

La médica hace referencia a las seis víctimas mortales y los más de 80 heridos por la represión que el Gobierno desató contra los manifestantes. Un informe de Amnistía Internacional publicado el viernes denuncia que el Ejecutivo de Hernández hizo uso de “la fuerza excesiva” para reventar las protestas, incluso ordenó el despliegue del Ejército, alegando motivos de seguridad. Los militares ingresaron a la Universidad Nacional violentando su autonomía y dispararon contra estudiantes. Hernández cuenta con la lealtad de las fuerzas militares y la élite económica que prefiere apostar por una estabilidad garantizada por la deriva autoritaria del mandatario. Las protestas, sin embargo, han continuado y analistas consultados en Tegucigalpa temen que el régimen aumente la represión.

La Conferencia Episcopal de Honduras ha afirmado en un comunicado publicado el sábado, que el Estado ha manejado de “forma incorrecta” la crisis, a la vez que acusó al Gobierno de violar la Constitución “cuantas veces convenga”. También señaló a los poderes del Estado de falta de independencia, con un Congreso “que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo”. Los obispos exigen a las autoridades hallar una solución a través del diálogo. Este, sin embargo, se mantiene en la incertidumbre luego que médicos, maestros y estudiantes denunciaran el incumplimiento de nueve puntos que exigieron al Gobierno para sentarse a negociar, entre los que están el regreso de los militares a sus cuarteles, el cese de la represión, juicios justos y apegados a derechos para los detenidos en el marco de las protestas y la presencia de interlocutores extranjeros en la mesa de negociación.

“No hay disposición de negociar”, afirma Ramos. “Hernández impulsa un proyecto de privatización, pero ha encontrado una resistencia muy fuerte del sector salud y del magisterio. Este movimiento comenzó hace dos meses, la lucha ha sido fuerte y ahora la población, que esta en hartazgo porque no tiene garantías mínimas de sus derechos básicos, se ha unido. Por eso el movimiento ha agarrado mayor fuerza y pide la salida de Juan Orlando Hernández”.

Aunque el movimiento de médicos y maestros se ha montado sobre los hombros de los sindicatos organizados, observadores independientes ven difícil la supervivencia de la movilización social que se les unió para exigir la dimisión de Hernández, dada la falta de organización y liderazgo. “No ves un poder acompañando las protestas, como en el caso de Nicaragua, donde una parte de los empresarios y la Iglesia apoyan a los estudiantes que protestaron contra Ortega. La élite lo tiene muy a su favor todavía. Y más cuando cuentan con Estados Unidos como un aliado”, explica Eugenio Soza, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “El ciclo ya va a bajar, pero en el futuro puede haber nuevas olas de protestas por el rechazo a Hernández, un enorme malestar que está listo a que se encienda la llama de nuevo”, asegura en conversación telefónica con EL PAÍS.

Al analista le preocupa la demostración de fuerza del Ejecutivo de Hernández frente a las manifestaciones. Asegura que desde 2009, cuando fue derrocado en un golpe de Estado el expresidente Manuel Zelaya, "las manifestaciones cada vez son más radicales", pero también la respuesta del régimen “ha sido más agresiva”. Antes, dice, no se disparaba abiertamente a quienes protestaban, pero desde el golpe han muerto 117 personas en el marco de la violencia contra las movilizaciones. “Eso demuestra que el régimen está más dispuesto a reprimir”. En su informe del viernes Amnistía Internacional —que documentó las muertes en el marco de la represión a las últimas protestas— afirma que “el uso de las fuerzas militares para controlar las manifestaciones en todo el país ha dejado un saldo profundamente preocupante para los derechos humanos”, con el uso de “armas de fuego y armas menos letales, como gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas. En total, seis personas han perdido la vida en este contexto desde el mes de abril, cuatro de ellas por arma de fuego a manos de las fuerzas de seguridad”.

El Gobierno de Hernández, afirma el analista Soza, “se sostiene porque tiene un excesivo control de las instituciones, las fuerzas armadas y la Policía, pero además cuenta con el poder mediático, empresarial y el apoyo de Estados Unidos, porque Honduras es de los países donde las élites están más subordinados a la embajada estadounidense, que ha permitido que Hernández llegue hasta donde está”. A pesar de ese contexto difícil, la médica Ramos asegura que continuarán con la presión en la calle. “La Plataforma es un proyecto para largo plazo, porque el objetivo es luchar por la calidad de la educación y salud pública en Honduras”.

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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Sábado, 06 Julio 2019 06:51

"Incomprensible y sin rigor científico"

"Incomprensible y sin rigor científico"

El gobierno de Maduro señaló que no consideraron sus argumentos e ignora el efecto del bloqueo económico. Acto de la oposición y marcha al comando militar.

La existencia de dos gobiernos en Venezuela es una ficción que se ha evaporado a nivel internacional. Solo la mantiene la administración de Donald Trump y algunos gobiernos de derecha de América Latina. El presidente Vladimir Putin, de visita en el Vaticano, afirmó al respecto que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente encargado ante Dios, pero “Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos”. Guaidó ya no es lo que nunca fue.

En términos nacionales la ficción nunca cobró la forma necesaria para simular gobierno: en casi seis meses Guaidó no logró autoridad, ni mando, ni territorio. No significa que la ficción se haya detenido: el 5 de julio, día de la firma del acta de Independencia de Venezuela, Guaidó encabezó un acto en la Asamblea Nacional, en simulación de gobierno, y luego una movilización hasta las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El día estuvo marcado en la madrugada por el informe leído en la mañana por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Ginebra. Allí expuso las conclusiones de un reporte que reconoce a un solo gobierno que, a su vez, señala como responsable, entre otras cosas, de una situación de crisis de salud, alimentación, migración, con graves falencias en el acceso a la justicia y garantía de derechos humanos.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico con grandes errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa 82 por ciento de las opiniones vertidas en el informe”, expresó en Ginebra William Castillo, viceministro de asuntos exteriores.

Castillo también destacó la omisión del informe acerca de las causantes del cuadro económico: “Ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral que el bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio para abordarlos debe considerar las causas estructurales”.

La celebración del 208 aniversario de la independencia estuvo marcada por un acto en la Asamblea Nacional Constituyente, con un discurso del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien explicó el tipo de “agresión multiforme” a la cual está sometida Venezuela, y ratificó el mando de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fanb.

El presidente, por su parte, encabezó el desfile militar en Caracas, donde ratificó el llamado al diálogo y a la paz: “con la buena voluntad, la capacidad política de negociación lo lograremos. Todos tenemos que ceder una parte para llegar a acuerdos y yo llamo al diálogo porque creo y amo a Venezuela”.

El nuevo llamado al dialogo del presidente se dio en un escenario donde, públicamente, las diferentes fracciones más visibles de la derecha venezolana han anunciado que no volverán a acudir a ninguna instancia de acercamiento con el gobierno. Guaidó lo ratificó al finalizar la movilización del viernes ante la Dgcim: “se acabó el debate, el informe de Bachelet confirma que esto es una dictadura”. El autoproclamado no dio detalles acerca de cómo sería una salida sin diálogo, y anunció próximas movilizaciones sin dar detalles.

Las vías para el plan sin diálogo fueron demostradas en los últimos meses y semanas, tanto con el intento de acción militar del 30 de abril en la madrugada, como con las tramas de ex militares, comisarios y mercenarios que fue develada por el gobierno. Los videos grabados a través de infiltraciones hechas por los servicios de inteligencia, dejaron ver a través de los mismos actores del plan, cómo pensaban asesinar al presidente, al círculo de gobierno, y realizar asaltos militares a puntos estratégicos militares y políticos. Esto no resulta nuevo en un conflicto donde hace menos de un año sectores de la oposición intentaron asesinar al presidente a través de drones con explosivos en un desfile militar en Caracas.

La ficción de dos presidentes ya casi no existe internacionalmente. El conflicto sin embargo recrudece en sus preparativos para nuevos asaltos. La derecha anunció que el informe de Bachelet -que desconoce toda dimensión violenta de la oposición aun habiéndose reunido con víctimas, como la madre de un joven quemado vivo por ser acusado de chavista- es una validación para romper diálogo y un punto de apoyo para buscar nuevas acciones de fuerza.

En cuanto al bloqueo, mencionado de manera soslayada por el informe, Estados Unidos ha anunciado que continuará incrementando sus ataques, tanto a Venezuela como a sus aliados. La última medida unilateral de fuerza tuvo lugar el jueves con la sanción a la empresa cubana Cubametales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por comerciar petróleo con Venezuela. Esta medida se suma a lista de, entre otras acciones, robos de activos, bloqueos de cuentas, sanciones a empresas, que comenzó años atrás y durante este 2019 se incrementó mes a mes ante el silencio de gobiernos y organismos internacionales.

 El clima político transcurre complejo en Venezuela. Las posibles formas de resolución aún no aparecen sobre la mesa, y los hechos de esta semana han vuelto a alejar lo que se había logrado acercar públicamente entre las partes.

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El 10% de los trabajadores del planeta concentra casi el 50% del dinero que se paga en sueldos

La OIT estudia la distribución salarial y denuncia que el 20% de los trabajadores con menos ingresos perciben menos del 1% de los ingresos laborales globales

 

 

La desigualdad en el mundo no solo llega por el patrimonio o la riqueza heredada. También la distribución de sueldos es muy poco equitativa en todo el mundo, según el último informe presentado este jueves por la Organización Mundial del Trabajo (OIT). El 10% de los trabajadores del planeta perciben 48,9% de la remuneración mundial. Al otro lado se sitúa el 20% de los trabajadores con ingresos más bajos –cerca 650 millones de personas– que perciben menos del 1% de la bolsa mundial de ingresos laborales, "una cifra que apenas ha cambiado a lo largo de los últimos 13 años", según el estudio. A nivel mundial, además, si se distribuyen los asalariados en tres grandes grupos (salarios bajos, medios y altos), solo el grupo de los sueldos elevados mejora su situación entre 2004 y 2017, mientras que la clase media y baja ven recortados sus ingresos salariales.

El organismo destaca en su extenso análisis que existen algunos datos positivos, pero que en muchos casos son efecto de nuevos tipos de brechas: mientras la distancia media entre países ricos y pobres baja por el avance de economías como la china, la brecha de las remuneraciones dentro de un mismo país crece porque se polarizan los sueldos.

El estudio, señala la OIT, "muestra que en general la desigualdad de los ingresos laborales a escala mundial ha disminuido desde 2004". "Sin embargo, esto no se debe a una reducción de la desigualdad en los países; en realidad la desigualdad de remuneración a nivel nacional está aumentando. Más bien, es consecuencia de la creciente prosperidad en las economías emergentes, específicamente China e India. En general, señalan las conclusiones, la desigualdad del ingreso sigue siendo un problema extendido en el mundo del trabajo", denuncia.

El informe que elabora la OIT (bajo el título The Labour Income Share and Distribution) contiene datos de 189 países y se basa en la mayor colección mundial de datos armonizados procedentes de estudios sobre la fuerza de trabajo. Según la organización, permite por primera vez analizar cifras comparables a escala internacional del porcentaje del PIB que va a los trabajadores y su posterior distribución por países y regiones.

Menos masa salarial para la clase media

"El informe constata que a nivel mundial la proporción del ingreso nacional que va a los trabajadores está disminuyendo, pasando de 53,7% en 2004 a 51,4% en 2017", señala la OIT. Al analizar la distribución del salario medio entre los países, asegura que la parte recibida por la clase media (el grupo conformado por el 60% de los trabajadores de nivel medio) descendió entre 2004 y 2017, pasando de recibir el 44,8% al 43% del dinero. Al mismo tiempo, la proporción recibida por el 20% de las personas mejor remuneradas aumentó, de 51,3% a 53,5%.  

Cuando se baja al detalle por países, las desigualdades llegan a dispararse a niveles astronómicos. El caso más destacado es el de Níger: el 10% de los trabajadores mejor pagados de ese país se llevan el 89% de los que se genera en sueldos. Mientras, el 10% más pobre se reparte el 0,04%. Le siguen Liberia (82,2% para los ricos y 0,05% para los pobres) y República Centroafricana (78,6% y 0,04%). En el lado contrario se sitúa Eslovaquia: el 10% más rico acapara el 23% de los ingresos salariales. Allí el 10% más pobre se reparte el 3,88%. Le siguen Eslovenia (23,2% para los ricos y 3,12% para los pobres) y Finlandia (23,4% y 2,89%).

"Los datos muestran que en términos relativos, el incremento de los salarios laborales más altos está asociado con pérdidas para todos los demás. Ambos, los trabajadores de la clase media y los que perciben los ingresos más bajos, están viendo disminuir parte de sus ingresos", asegura Steven Kapsos, jefe de la unidad de producción y análisis de datos de la OIT. "Sin embargo, cuando la parte de los ingresos laborales de los trabajadores de ingresos medios y bajos aumenta, las ganancias tienden a ser distribuidas de manera más amplia, beneficiando a todos los trabajadores, a excepción de los que reciben los salarios más altos", añade.

Trabajar tres siglos para tener un salario de rico

La OIT también concluye con su análisis de datos que los países más pobres tienden a registrar niveles de desigualdad salarial mucho más altos, "lo cual exacerba las dificultades de las poblaciones más vulnerables". En el África subsahariana, el 50% de los trabajadores en el nivel más bajo de la escala reciben solo 3,3% de los ingresos laborales, mientras que en la Unión Europea reciben 22,9% del ingreso total pagado a los trabajadores, según destaca.

"La mayoría de los trabajadores del mundo subsiste con un salario notablemente bajo y para muchos tener un empleo no significa ganar lo suficiente para vivir. A nivel mundial, el salario promedio de los trabajadores en la mitad inferior de la distribución de los ingresos es de apenas 198 dólares mensuales (175,45 euros) y el 10% más pobre tendría que trabajar tres siglos para ganar lo mismo que gana el 10% más rico en un año", destaca a modo de ejemplo Roger Gomis, economista del Departamento de Estadística de la OIT. 

Por Cristina Delgado

Madrid 4 JUL 2019 - 14:48 COT

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El periodista Ekaitz Cancela en una calle del barrio de Maravillas, Madrid.

 El periodista Ekaitz Cancela publica su segundo libro en el que describe el sueño de la nueva era tecnológica como una pesadilla en la que el periodismo y los medios de comunicación se convierten en meras herramientas (en peligro de extinción) de la nueva oligarquía mundial de Silicon Valley. 

 

 

Mientras gran parte de la izquierda mundial sigue hablando de recuperar los medios de producción fordistas y señalando a los viejos poderes capitalistas, las nuevas élites de Silicon Valley copan el oligopolio del nuevo petroleo del Siglo XXI: los datos. La digitalización está modificando las relaciones humanas y económicas, pero no está liberando a la sociedad de los viejos yugos que sigue soportando, más bien al contrario.

Según Ekaitz Cancela (Barakaldo, 1993), las élites de Palo Alto, impulsadas por una enorme inversión pública estadounidense que arrancó en la Guerra Fría, se han convertido en los nuevos amos del mundo bajo una apariencia “guay”, pero con métodos de control ciudadano que ni los gobiernos más totalitarios hubieran soñado nunca.

En la primera página de Despertar del sueño tecnológico (AKAL, 2019), como si fuera una carta de presentación para el lector, se nombra a Karl Marx, Friedrich Engels, Walter Benjamin y al activista e intelectual bielorruso Evgeny Morozov. A lo largo del texto, Cancela desnuda esa falsa imagen de democracia tecnológica e intenta despertar, con algún bofetón que otro, del sueño tecnológico en el que vive uno de los primeros sectores que ha sido adalid de la libertad, pero que ha sido el primero, según el autor, en sucumbir al poder y dominio del imperio GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple): el periodismo.

Los dueños de la "nueva imprenta digital" ya no se conforman con vender publicidad y requieren el "feedback" de los "usuarios", es decir, obtener el mayor número de datos de cada ser humano para poder mercantilizar cada esfera de nuestra vida, y los medios de comunicación se han convertido en una de sus principales herramientas.

Leyendo tu libro he pasado por varias ocasiones en las que me han entrado ganas de abandonar el periodismo.


El libro trata de datar la muerte del periodismo, seguramente de tu periodismo, como reflejo o expresión de una transformación muy grande en la estructura económica que, por un lado, está acabando con los trabajadores porque son entendidos como un coste que se pueden ahorrar gracias a la tecnología, y en segundo lugar por una enorme descualificación de la fuerza de trabajo periodística, que va de la mano del capital y que la convierte en simple mercancía.

Lo que veo de bueno en esta situación es, en primer lugar, que entender este cambio nos da alternativas para intentar cambiar el modelo económico actual. En segundo lugar, que el periodismo, o la manera de hacerlo, que no venga de una empresa privada, sino de una institución social pública, como lo puede ser un ayuntamiento o un distrito de barrio.

O sea, para que no tengan que responder a la exigencias de un dueño capitalista, como ha sido históricamente en el periodismo, sino para que sean los propios periodistas los que seleccionen y entiendan esa información pública y, de una manera muy participativa y directa, le pregunten a la comunidad qué información desean conocer y qué temas quieren que se investiguen, en qué queréis que nos centremos.

Y, a cambio, qué tipo de sistema institucional público vamos a diseñar para que esas personas que digieren toda la información para presentarla a la comunidad, igual que el que se dedica a arreglar una farola o cualquier otro servicio público, y qué tipo de servicio público vamos a tener bajo otro sistema económico diferente.

El Salto es un medio cooperativista que intenta escapar de todas esas lógicas capitalistas, pero al final estamos vendidos a Facebook y Google, ya que la gran mayoría de nuestras visitas nos entran por esos medios. ¿Qué puede hacer un medio como este para sobrevivir en ese abismo que describe tu libro?


Yo creo que absolutamente nada. La capacidad que tiene El Salto es la de seguir batallando, la misma capacidad que tiene todo el mundo. Es decir, el sistema capitalista está muy asentado, todas sus dinámicas y lógicas culturales posmodernas están muy extendidas y se pueden ver en gran parte de todos los grandes medios de comunicación patrios, la simplificación de la realidad en titulares virales va en contra de los medios que buscan un pensamiento y crítica más compleja desde la izquierda. Eso deja a El Salto en la posición de que lo único que puede hacer es seguir batallando, pero, por supuesto, cambiar el sistema económico no es una tarea que pueda hacer un medio como este, o por lo menos no él solo.

Es lo que trata de decir el libro: se requiere que la sociedad civil en estrecha alianza con la inteligencia técnica, compuesta por ingenieros, científicos de datos, etc., puedan diseñar soluciones y formas de entender la coordinación y la vida social de una manera muy distinta a la que promueven los mercados, basada en la competencia y en un sistema de precios. El Salto experimenta una enorme competencia a causa del enorme número de medios aparentemente progresistas que hay hoy, y por sí mismo no va a poder cambiar las dinámicas, eso está claro.

Se ha vendido mucho la idea de la “democratización de la tecnología y los medios” con frases como “con un poco de inversión, ahora te puedes montar un medio de comunicación”. ¿Lo ves así?


Es falso. La información siempre ha estado concentrada. Desde la Ilustración han sido los periódicos y los editores los que han sido, de algún modo, los guardianes de la esfera pública. Internet no ha hecho que esa información sea propiedad, no de los periódicos, sino de la ciudadanía. Lo que ha hecho es convertir toda esa información en una materia prima que aprovechan tres o cuatro capitalistas. Eso es lo que ha hecho internet, no ha democratizado, sino que ha creado un nuevo medio de producción donde los costes son mucho más bajos y los procesos más baratos, pero solo lo aprovechan esas tres o cuatro empresas. Está en manos de Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple.

Mi tesis va justo en contra de la idea de que esto se nos haya democratizado, porque el capitalismo y la democracia son dos lógicas totalmente distintas, pero que hasta ahora habían sobrevivido y se han mantenido en estrecha alianza. Pero en este nuevo paso, donde la información y los datos están en tan pocas manos, vemos que la democracia está en jaque porque esos datos son la columna vertebral de la democracia. El capital lo que está haciendo es centralizarlo, favorecido por las tecnologías de la información al servicio del capital. Por eso hay una derrota en la democracia liberal frente al capitalismo.

Has hablado de esas cinco grandes empresas. Cuesta creer que la gran oligarquía financiera, sumada a empresas como VISA o Mastercard, vayan a ceder su poder hegemónico mundial ante esta nueva élite tecnológica. ¿Cederán, lucharán o colaborarán?


Esa es una de las grandes preguntas. Lo que vemos es que en los últimos diez años de crisis es que Silicon Valley emerge como una forma de legitimar este sistema. No es otra cosa que un laboratorio de pruebas con las lógicas neoliberales que nos han llevado a esta gran crisis global.

Te pongo un ejemplo. Solo tienes que fijarte en las personas que componen los accionariados de Silicon Valley para ver que son fondos de inversión. Es gente que está ganando una gran cantidad de dinero solo porque estas empresas tecnológicas tienen una enorme capitalización bursátil. Lo podemos ver en casos como el de Uber, la cual es absolutamente deficitaria, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de pérdidas en dos años, pero aún así los grandes fondos de inversión siguen invirtiendo en ellas.

Podemos ver tres formas o patas. La primera es en la que las empresas son rentables, como el caso del fondo público de pensiones de Noruega que paga las pensiones a los jubilados gracias a lo que gana invirtiendo en Apple. De tal forma que Apple explota a niños en el sudeste asiático para que el Gobierno noruego pueda pagar las pensiones y el capital financiero sale beneficiado en todo el proceso.

La segunda es que esta industria tecnológica pudo ser el refugio del capital financiero tras la crisis y cuando las tasas del retorno de las inversiones eran muy bajas. El dinero necesita fluir y da igual si se hace invirtiendo en empresas deficitarias, como son muchas de estas tecnológicas, porque si no fluye ese dinero el sistema cae.

En tercer lugar, como el gran banco de pruebas del neoliberalismo. El ejemplo está en los movimientos recientes de Facebook, donde ha firmado grandes acuerdos en los que se incluye a Mastercard, Visa o PayPal. El gran capitalismo financiero está viendo en Facebook una oportunidad para financiar cada vez más ámbitos de nuestras vidas.

Facebook ha anunciado hace bien poco su propia criptomoneda, ¿es este movimiento un nuevo asalto de esa oligarquía de Silicon Valey a los bancos centrales? ¿Están atacando a una de las principales herramientas de las grandes élites financieras?


No es un ataque al sistema neoliberal o al sistema financiero de los bancos centrales, es una manera de mantenerlo a flote. Me explico. Facebook ya hace las labores de banco central. solo que no quiere y ni va a tratar de hacer las labores de un intermediario financiero. Lo que quiere hacer Facebook es crear una moneda respaldada en un sistema de crédito muy intensivo en datos.

Esto es lo que va a permitir a Facebook convertirse en un banco central, pero no de capital financiero o monetario, sino de capital social. En la medida en que Facebook tiene información de cómo se comportan todas las personas en una sociedad, puede ser muy eficiente a la hora de decirle a un banco cuales pueden ser sus capacidades de endeudamiento o cuándo se le ofrece un alquiler por Airbnb. Se le puede decir hasta cuánto puede pagar o cualquier otro dato que se necesite sobre la persona.

Ahí es donde se cruzan con las políticas del Banco Central Europeo y la Troika, que dicen: “lo que necesitamos es que los salarios sigan estancados y la gente no puede ahorrar”. Entonces llega Facebook y muestra el camino para exprimir un poco más a la gente y convertir al individuo en algo alejado de toda concepción social. Ahí es donde entra Facebook. Es la dopamina o viagra de un sistema financiero en plena crisis. No está muerto, pero sí en plena crisis y necesita, por un lado, un nuevo medio de producción y, por otro lado, la legitimidad que ha perdido. Los bancos centrales no son guays, pero Facebook lo utilizan 2.000 millones de personas.

¿Cómo podemos revertir o luchar contra este oligopolio, el GAFA?


Lo primero requiere una labor muy inteligente de teoría económica. Es decir, buena parte de las iniciativas que vienen de los progresistas alemanes o de los países progresistas europeos y estadounidenses, concretamente el demócrata, se basan en una concepción de la competencia muy pobre. Si estas empresas tienen el oligopolio sobre algo es sobre los medios de producción de feedback. Sobre todo el intercambio de información peer to peer, persona a persona. Ese es el gran monopolio, no solo sobre la publicidad. Entonces, una de las principales maneras para atacar a este monopolio, una vez lo hemos comprendido, es pensar formas de gestionar ese feedback de una manera que escape a las lógicas de los mercados, es decir, que no estén sujetos a las lógicas de competencia y que estén excluidos del sistema de precios.

Después podemos pensar en la manera que podemos utilizar este feedback para ver cómo podemos cambiar nuestra economía. Porque o utilizamos esta tecnología para automatizar la planificación que antes estaba en el Estado, o veremos que una empresa como Facebook eliminará ese poder central de los Estados, ocupará ese lugar y automatizará el neoliberalismo de algún modo, que es lo que propone Facebook.

Danos un ejemplo más terrenal. ¿Qué primer paso daría Ekaiz Cancela para combatir ese monopolio?


Conseguir el Estado.

¿Y una vez lo tengas?


Bueno, en España sería complicado, pero a nivel europeo ese estado debería ir a Bruselas y decir: “Hola, comisionada de Competencia, Margrethe Vestarger, te has hecho famosa poniendo multas a Google por un monopolio que no es tal”. Lo primero sería rediseñar las políticas europeas de competencia y empezar a grabar a las empresas por el control que tienen sobre los datos de los ciudadanos. Y se me ocurre una medida muy básica: con todos estos datos que se crean en Europa y van a Estados Unidos, se debe crear una copia en Europa. Luego, si quieren, que vayan a Estados Unidos, pero con esa copia ya tendremos una enorme cantidad de datos con la que podremos empezar a diseñar nuestras economías de una manera diferente.

Además, desde España se puede plantear no solo una política en torno a la tecnología, sino una política industrial del presente. Esta política ¿cómo puede usar la tecnología? Pues se tiene que analizar que tenemos unas industrias que ya no son centrales en nuestra economía. Grandes empresas, como Telefónica, han tenido que firmar acuerdos para usar servicios tecnológicos con otras empresas, como Microsoft, Google o Amazon, para convertirse en intermediarios con otras empresas de esos servicios tecnológicos. Es decir, nuestras empresas son consumidoras de servicios digitales extranjeros, no tienen la tecnología. Esa tecnología se les cede para que la usen a través de Google o se hace por medio de transferencias tecnológicas. Esa ha sido la política industrial desde el franquismo, no ha cambiado, aunque hubiera planes.

El ejemplo más básico es una política que todavía no existe. Que se intentó con Manuel Castells y Felipe González, pero el neoliberalismo no lo permitió. Una política industrial que tenga en cuenta las transformaciones en la estructura económica, que coloque la posición de las estructuras básicas españolas —telecomunicaciones, energéticas, financieras, etc.— y se dé cuenta de que estas empresas han perdido su espacio como sistema central de la economía española.

"El Ibex 35 ha muerto ¡larga vida a Silicon Valley!" Y entender bien cuáles son las dinámicas entre el Ibex 35 y Silicon Valley. Cuando las entiendes bien puedes pensar políticas públicas que puedan romper las primeras y acabar con las segundas. O sea, utilizar el cambio de paradigma que ha supuesto la irrupción de las empresas de Silicon Valley para que el Estado pueda decir: “ahora sí que vamos a tomar el control”.

Pero claro, ya no habrá empresas como la actual Telefónica, que está totalmente privatizada. Por eso una política sencilla para acabar con el capitalismo tecnológico es recuperar las propuestas tradicionales de la izquierda, como nacionalizar los sistemas productivos. No hay ninguna novedad en la manera de atacar al capitalismo digital, solo es recuperar las luchas clásicas de la izquierda pero adaptadas al Siglo XXI.

Volviendo a lo que has comentado sobre la copia de los datos en Europa. ¿Apostarías por una propiedad pública de esos datos, acceso público, soberanía mixta? ¿Cómo sería el modelo que propones para la gestión de esos datos?


El gran tema con los datos es que el concepto de propiedad cambia. La clave es tener acceso y control sobre la estructura. Yo puedo tener propiedad de mis datos y el mundo neoliberal lo que te va a decir es que vayas al mercado con tus datos. Podría ir con todos mis datos de mis estudios a una empresa y decir “estos son mis datos, contrátame”. Pero claro, no harían falta leyes laborales que regulen nada y las medidas de empleo y protección del trabajador desaparecerían. Convertir los datos en una mercancía y ampliar la agenda neoliberal. Esto es lo que están proponiendo los partidos de ultra derecha europeos y estadounidense, como Steve Bannon.

Luego hay otra opción, que es que mis datos sean un bien social, que las estructuras que crean sean un bien público. Es decir, yo con mis datos no puedo hacer nada, por lo que lo que yo decido es que mis datos no sea una empresa la que los explote y se los venda a mi gobierno, sino que todas esas estructuras de los datos estén orientadas a dar un retorno positivo a los ciudadanos.

¿Cómo se puede dar? Pues aquí ya se debería estudiar muy bien cual es la colaboración público-privada y, por supuesto, superar las ideas de Mazzucato, que es la idea de colaboración público-privada que ha comprado gran parte de la izquierda española. Y pensar en cómo fortalecemos una industria pública donde los riesgos estén desplazados al sector privado y los beneficios sean retornados como bien social.

Son todas unas políticas públicas que, por supuesto, requieren tiempo y análisis y mucha capacidad estratégica que no se están teniendo. Estamos perdiendo mucho tiempo, no tenemos margen para pensarlas

Viendo la izquierda que tenemos a nivel nacional y europeo, ¿cuál debería ser el papel de la izquierda? ¿qué le falta?


La izquierda lleva muchos años con una concepción institucional arcaica. Creo que lo que le falta es una concepción de la política distinta y le falta enteder la realidad y el mundo actual tal y como es. La izquierda, la española concretamente, se guía por modelos de hace 30 años. Se sigue guiando por un neoliberalismo tal y como se inició con Thatcher. Pero el neoliberalismo no es solo una ideología, sino que es un proceso que comienza en un punto y se extiende. Entonces lo primero que le falta a la izquierda es el análisis de ese proceso neoliberal, desde que llegó Felipe González hasta que estalló la crisis financia y cuál ha sido la transformación de la economía en estos años. Una vez hecho esto se podría recuperar su papel y plantear políticas distintas.

Para llevar a cabo esto sería conveniente que buena parte de los pensamientos y los debates de la izquierda no estuvieran tan reducidos y restringidos al grupo de teóricos que se ocupa del Estado, o sea, de Podemos y sus intelectuales. Creo que ese proceso debería abrirse a otras corrientes intelectuales que puedan entender la complejidad de los cambios, que son muy difíciles de comprender si nos atenemos a los planteamientos que tienen del Estado gente desde Pablo Iglesias a Carlos Prieto. Creo que es necesaria una innovación política.

En tu libro defiendes en todo momento que esta victoria de la hegemonía tecnológica estadounidense se ha dado gracias a la enorme inversión que hicieron durante la Guerra Fría. Actualmente presenciamos lo que llaman una “guerra comercial” entre Estados Unidos y China con factores tecnológicos de por medio. ¿Nos encontramos en un periodo parecido al de la Guerra Fría?


Los comentaristas occidentales tienden a decir que estamos en una Guerra Fría, porque eso les permite aplicar medidas excepcionales.

¿Militaristas?


Autoritarias, en el caso que sean. La Guerra Fría permitió a Estados Unidos, a través de discursos como la seguridad nacional, desplazar una enorme cantidad de recursos desde lo público al sector privado. Así es como nació Silicon Valley. Después la financiación de la industria tecnológica cayó en manos de los capitalistas de riesgo. Y luego, recayó sobre los fondos de inversión soberanos. Es decir, ahora son los fondos soberanos de los países los que están, en cierto modo, auspiciando el desarrollo tecnológico.

Entonces ahora lo que tenemos es una guerra entre el capital chino, como el que está detrás de empresas como Airbnb; el capital estadounidense, como Goldman Sachs, que está detrás de Uber; Amazon o Alphabet y el capital global, principalmente SoftBank, uno de los fondos de inversión con más dinero del planeta y otros dos millonarios japoneses, básicamente.

Pero hay otra cuestión: la manera en la que Estados Unidos y China han accedido al mercado neoliberal global. Estados Unidos liberalizó y privatizó. China escogió un modelo de capitalismo de Estado donde un poder central controlaba los flujos de capital. Entonces, en este momento donde China ha escogido la soberanía tecnológica, lo que nos encontramos no es otra cosa que un enfrentamiento interestatal en torno al 5G, que no es igual al de Guerra Fría, basado en el terror a la guerra nuclear.

Entonces, ¿qué decantará está lucha? Sencillamente, lo que se hizo durante la II Guerra Mundial: cuando más afectados se ven por la crisis global, le dirán a los aliados que en este caso son las empresas europeas (más que sus gobiernos) las que tiene acuerdos con China que dependen enteramente de Estados Unidos en materia comercial y de seguridad. Huawei es la amenaza competitiva más grande a largo plazo para el dominio yanqui sobre la tecnología inalámbrica.

Como es bastante probable que EE UU no pueda hacerle frente simplemente reduciendo costes, la única opción será adoptar una posición de fuerza y chantaje. Su legitimidad se ha agotado y, aunque no sabemos cuáles serán las peripecias que haga para preservar su hegemonía, Sillicon Valley será central en sus planes de futuro.

Será mucho más fácil que gane esta guerra Estados Unidos, por el enorme poder que tiene, pero yo no descartaría una nueva guerra pacífica. Habrá que esperar a elecciones, porque como salga Trump de la Casa Blanca y entre la corriente más demócrata, puede que veamos una perfecta alianza entre las dos potencias.

Leyendo el libro parece que defiendas en varias ocasiones que esta nueva oligarquía puede que nos lleve a escenarios de totalitarismo que sean incluso más duros que otros anteriores, incluso lo comparas con el Holocausto nazi. ¿Cómo explicas al lector de esta entrevista que el “bueno” de Zuckerberg pueda llegar a ser peor que Hitler?


Bueno, a mí lo que me molesta es el capital. Hitler lo que hizo fue negarle a las clases populares o a las clases proletarias su derecho a transformar las relaciones de la propiedad y ponerse a sí mismo en su lugar. Un líder carismático que anuló a las masas para establecer un sistema totalitario que mantuviera las relaciones de propiedad intactas. Eso es lo que ocurrió en la II Guerra Mundial y de hecho los empresarios alemanes estarán muy contentos de que así fuera y no hubiera una revolución comunista. Lo que yo digo es que ahora está ocurriendo un proceso muy similar, no en el sentido de que Zuckerberg sea Hitler, sino en el de que los capitalistas necesitan medidas excepcionales para establecer el orden.

Y esto viene acarreado por la enorme crisis que sufrimos en 2008 y todavía no ha terminado, es decir, las políticas de austeridad y neoliberales que se han implantado en los úlitmos diez años son totalmente autoritarias. No tenemos a Hitler, pero tenemos a gente como Mario Draghi.

Está claro que el mundo ha evolucionado y no hay cámaras de gas, pero es que en la época de Hitler los humanos eran improductivos y eran quemados en esa maquinaria de exterminio, pero ahora mismo los usuarios son extremadamente productivos. No hay un solo humano que no sea productivo. Y ese es el comportamiento autoritario: convertir a todo ser humano en algo dirigido al mercado y a las relaciones del mercado. Eso es autoritario en el sentido en el que empresas como Facebook controlan todos nuestros movimientos, desde la producción al consumo, los dos polos del mercado.

Hay una sociedad civil, pero civilizada por el capital, y para mí eso es autoritario y el capital puede ser más autoritario que cualquier gobierno como el chino. Sus lógicas solo se guían por la rentabilidad y reducir costes, y los costes que reducen esta tecnología son humanos, no productivos. ¿Y qué ocurrirá con esas personas? Expulsarlos de los mercados y de la economía va a necesitar mucha violencia. Probablemente no haya cámaras de gas, pero fíjate en las tasas de suicido anuales, u otros indicadores de males modernos. La violencia policial o los altos índices de personas encarcelados. Puede que no sea la misma violencia de antes, pero la habrá.

Y por último, ya que Google me va a joder el trabajo, ¿sabes si por lo menos ha creado ya alguna aplicación para transcribir entrevistas tan largas como esta?

[Ríe] Seguro que sí.

 

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado


publicado

2019-07-05 07:00:00

Maduro acusó a Bachelet de distorsionar la verdad

El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue rechazado por el gobierno bolivariano.

 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con lo que calificó de graves vulneraciones de derechos en el país caribeño. “Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, se lee en el informe elaborado tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada de Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michele Bachelet. El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue sin embargo, rechazado por el gobierno de Venezuela, al afirmar que está lleno de errores y realizado bajo una visión distorsionada.

El informe destaca que se han documentado, en 2018, 5.287 ejecuciones extrajudiciales, por supuesta resistencia a la autoridad, cometidas en mayor parte, según estiman, por las Fuerzas Especiales (FAES). Además, entre enero y mayo de este año, se han producido otras 1.569. Estas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el gobierno venezolano. Por ello, la alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las FAES.

La ex presidenta de Chile resalta igualmente la responsabilidad de los llamados “colectivos” en el deterioro de la situación venezolana. “Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, afirma. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada, quien visitó el país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio pasado.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con la pulseada entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. El país vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó ayer el gobierno de Maduro. Caracas estimó que la distorsión que denuncian en el informe es resultado de debilidades en la metodología. “Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”. Los 70 comentarios publicados ayer por la cancillería venezolana son respuesta a una primera versión “avanzada no editada” que el órgano de la ONU había remitido a Caracas el 28 de junio.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. El gobierno de Maduro, no obstante, apunta que el 82 por ciento de las entrevistas fueron realizadas en el exterior del país. “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, se defendió Caracas.

El documento denuncia, asimismo que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno. Bachelet también lo acusa de una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, al tiempo que atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al gobierno. El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.

Ya a principios de esta semana, la alta comisionada había pedido una investigación independiente, imparcial y transparente de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

En uno de sus últimos comentarios, el gobierno venezolano le reprocha la Oficina de Derechos Humanos que no mencione el embargo y otras medidas contra el país caribeño que afectan a su economía. “El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada”, se lee.

De lo que se conoce sobre el documento, Bachelet no hace referencia a las medidas económicas contrarias a Caracas, pero sí hace un llamamiento a que todos los involucrados en la crisis, colaboren. "Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", sentencia la alta representante.

Bachelet, asimismo, afirma en su comunicado de ayer que el gobierno de Venezuela se había comprometido a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, como las calificó, tal como el uso de la tortura y el acceso a la justicia. "Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone. Además de la disolución de las FAES y de los colectivos, Bachelet recomienda la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

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La muerte de un capitán sacude a Venezuela

El caso generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada de a ONU.

 

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo impactó en Venezuela. Arévalo, retirado desde hacía diez años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser investigado por su presunta participación en la denominada “Operación vuelvan caras” develada por el ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Había sido detenido el 21 de julio, su muerte ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”, según fue informado por un comunicado oficial del gobierno nacional el 29.

Las razones exactas de la muerte de Arévalo aún no han sido esclarecidas. Las denuncias de su esposa y del abogado apuntan a que fue torturado dentro de las instalaciones de la Dgcim, lo que habría derivado en su fallecimiento. El Fiscal General, Tareck William Saab, informó haber solicitado la detención preventiva de un teniente y un sargento segundo adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de los hechos, imputados por el delito de homicidio preterintencional con causal.

Arévalo, alias “Gonzalo” dentro de la Operación, tenía como tarea apoderarse de quince vehículos blindados del Banco Central de Venezuela para utilizarlos en el asalto al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Palacio de Miraflores. Así fue develado en los videos presentados por Rodríguez, donde el mismo Arévalo, junto a otros implicados, aparecen explicando las acciones paso por paso del golpe que debía darse el 23, 24 y 25 de junio. Rodríguez informó que la trama había sido infiltrada durante catorce meses por la contrainteligencia del gobierno venezolano. Junto a Arévalo fueron detenidos otros tres militares retirados y dos ex comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso del capitán de corbeta generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Acerca de los diálogos, Juan Guaidó afirmó que la delegación opositora, que estuvo reunida días antes con el enviado especial norteamericano para el caso Venezuela, Elliot Abrams, no asistirá al encuentro. El autoproclamado sostuvo que la suspensión se debe a la muerte de Arévalo, y no anunció un posible nuevo acercamiento en el intento de resolución acordada que ya ha tenido dos instancias públicas en Oslo y cuenta con el consenso de la mayoría de los países internacionales involucrados, a excepción central de Estados Unidos.

Nicolás Maduro anunció en cambio el día martes que habrán “buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos con distintos sectores de la oposición venezolana”. Ya había anticipado días antes que habría noticias, indicando así que los acercamientos han seguido su proceso fuera de cámaras.

Respecto a Bachelet, la misma se mostró “profundamente preocupada” por el caso Arévalo, y afirmó: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte (…) urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales”.

La Alta Comisionada había estado en Venezuela la semana anterior, invitada por el gobierno, para reunirse con las diferentes instancias, como ministros, representantes de poderes públicos -Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Defensoría del Pueblo-, y el presidente Maduro, a la vez que con la Asamblea Nacional, Guaidó, y organizaciones de la sociedad civil.

Su informe final será leído este viernes 5 de julio. La oposición convocó a una movilización para ese día -que es, a su vez, el aniversario de la firma del acto de independencia- desde la sede de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta la Dgcim. La derecha estará confrontada con su marcada tendencia de pérdida de capacidad de movilización. El anteúltimo llamado de Guaidó en Caracas fue el 11 de mayo y contó con la asistencia de cerca de dos mil personas. El último tuvo lugar durante la visita de Bachelet y no llegó a esa cantidad.

La apuesta de la oposición es trabajar sobre la muerte de Arévalo como punto de apoyo para lograr volver a convocar a las calles a su base social desencantada. No es el único caso que ha generado conmoción: el lunes por la tarde un joven, Rufo Antonio Chacón, perdió ambos ojos ante los perdigones recibidos por un miembro de la policía del estado Táchira -que corresponde a la gobernación opositora, aunque esa policía se encuentra intervenida por el gobierno nacional por denuncias de maltratos a la ciudadanía-. El Fiscal General anunció la detención de dos funcionarios ante ese caso y afirmó que serán “severamente sancionados”.

A los casos Arévalo y Chacón se han sumado acontecimientos como la explosión de una subestación eléctrica en la ciudad de Maracaibo, la falsa denuncia de un motín en el Dgcim, que han dado lugar a un cuadro de río revuelto. Estos hecos ocurren en el contexto de un intento golpista dirigido desde EE.UU. con fachada Guaidó, que tuvo su última operación el pasado 30 de julio, y varias operaciones violentas desmontadas por los servicios de inteligencia. La más reciente, “operación vuelvan caras” contaba, entre otras cosas, con trescientos mercenarios israelíes organizados para asesinar al presidente y dirigentes claves del chavismo, según denunció el ministro Rodríguez.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a Guaidó para ratificarle su apoyo “inquebrantable” y felicitarlo por el próximo 5 de julio como día de la independencia. El tiempo vuelve a ser acelerado en Venezuela.

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Fotografía

La situación de los rescatistas que salen al mar Mediterráneo en busca de barcos precarios sobrecargados de migrantes, en su mayoría libios, está más difícil que nunca. Tras la decisión de Italia de cerrar sus puertos y prohibir la actividad de las organizaciones humanitarias, quienes continúen con los rescates se arriesgan a enfrentar multas, arrestos y largos procesos judiciales. Como ocurrió con la capitana del Sea Watch, Carola Rackete, detenida por “favorecer la inmigración ilegal” y navegar en “zonas prohibidas”, acusación que recibió por rescatar a 40 migrantes y llevarlos al puerto italiano de Lampedusa.

 

 “Salimos al mar a pesar de las sanciones y de las multas y lo hacemos en un contexto absolutamente agresivo y violento. Criminalizan a los migrantes y ahora también a nosotros”, afirma Laura Lanuza, una de las integrantes de Open Arms, otra de las organizaciones de ayuda humanitaria que rescatan migrantes y una de las pocas que quedan en el mar. Open Arms nació en 2015, luego de que se difundiera la foto de un niño de tres años ahogado en las costas del Mediterráneo. Esa imagen, que conmovió al mundo como hace días lo hizo otra de un padre con su pequeña hija muertos los dos en un río de Mexico, hizo que un guardavidas español reuniera algunos amigos rescatistas y se lanzara al mar. En estos cuatro años, la organización creció a partir de donaciones, salió a alta mar 63 veces y rescató a 60 mil personas.

 

La política de puertos cerrados sin embargo puso en duda su trabajo. El barco Open Arms estaba varado hace seis meses en un puerto español por trabas burocráticas. El jueves pasado sus tripulantes decidieron volver al mar sin importar las consecuencias. “Pasamos demasiado tiempo viendo cómo la gente se muere mientras nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados”, cuenta Lanuza, que forma parte de la organización desde los inicios, hoy ya como responsable de comunicación.

 

 

¿Cuál es la situación ahora de los rescatistas?

Desde hace un año cuando decidieron cerrar los puertos de Italia y Malta, cada misión es anómala. Antes teníamos una rutina de trabajo, las misiones eran de 15 días y cuando terminaban volvíamos al puerto para cambiar la tripulación. Ahora el contexto es absolutamente agresivo y violento. Los migrantes son criminalizados y nosotros también. Italia acaba de firmar un decreto que prohíbe la presencia de organizaciones humanitarias en aguas italianas por lo que salir al mar implica desobedecer, algo que traerá multas y sanciones. Llevamos demasiado tiempo esperando a que el Gobierno nos permita volver a salir, demasiado tiempo viendo como la gente se muere y nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados.

 

¿Cómo es el Open Arms?

Es un barco viejo de 1974, en el que tuvimos que invertir. La mayor parte de la tripulación son voluntarios y lo hacemos todo con donaciones. En el barco viajan 19 personas en total entre capitán, marineros, cocineros, socorristas, enfermeros, médicos y dos periodistas. El trabajo es muy difícil, las situaciones que se viven en el mar son muy dramáticas y no siempre acaban bien. Hemos visto a bebés colapsar a bordo, por eso también tenemos apoyo psicológico. Este año llevamos 600 personas ahogadas y es probable que sean muchas más porque no hay testigos. En cuatro años hicimos 63 misiones y rescatamos 60.000 personas entre el mar Egeo y el Mediterráneo.

 

¿Qué pasa una vez que salen al mar?

La situación es muy diversa, las distancias son muy grandes y los barcos muy lentos. Salimos a aguas internacionales atentos al radar y a los prismáticos para poder ver cualquier embarcación en peligro. Lo más normal es localizar una embarcación con los prismáticos o a través del inmarsat, que es un sistema de comunicación satelital, donde avisan si ven a un hombre en el agua o una embarcación sobrecargada. Tenemos dos embarcaciones rápidas con las que nos acercamos y repartimos chalecos salvavidas. De a poco vamos trasladando a la gente al Open Arms. En el barco se les hace un reconocimiento médico, a veces hay casos muy graves. Hay que estar atentos también si huelen a gasolina porque la gasolina mezclada con agua salada provoca quemaduras muy graves. Por lo general suelen llevar el combustible en botellas de plástico que se derraman y hay muchos quemados.

 

¿Cómo es la primera aproximación y en qué estado están los barcos?

Nos acercamos gritando que somos socorristas, que se queden tranquilos, que no los vamos a llevar a Libia. Muchos lo único que repiten es “Libia no, Libia no”. Hay muchísimos niños que viajan solos, en la última misión había unos 40. Son los más vulnerables junto con las mujeres porque muchas están embarazadas y no lo saben, todas han sido violadas. Las embarcaciones flotan de milagro, llevan tres veces más la cantidad de gente que deberían y no son adecuadas para distancias largas. Entre libia y cualquier puerto seguro hay entre tres o cuatro días de viaje. A veces son botes de goma con 160 personas. Están también los wooden boat, los de madera, que son los más peligrosos porque tienen dos pisos y por el nivel de hacinamiento se ahogan con el humo del motor. Una vez que subimos a la gente al barco solicitamos formalmente un puerto seguro para desembarcar a estas personas. Por mucho tiempo fue Italia pero desde que Matteo Salvini (ministro italiano de Interior) cerró los puertos todo se complicó.

 

¿Una vez en el puerto qué pasa?

Nosotros protegemos la vida en el mar, nuestra misión termina en el momento en que llegamos a un puerto seguro. A partir de que la gente llega al puerto queda en manos de los países y muchas otras organizaciones que trabajan con los migrantes. De hecho la mayoría de las historias no tienen un final feliz, la solicitud de asilo puede tardar años y puede ser negada, entonces los deportan. No es que nosotros queramos estar en el mar pero estamos cubriendo un vacío en el salvamento.

 

¿Qué recordás de tu primera misión?

Lo primero que sentís cuando estás en medio del mar es que eres tan vulnerable. Mires a donde mires no hay nadie que te pueda ayudar. El primer golpe visual de ver a todas estas personas en embarcaciones más que precarias, que se pueden hundir en cualquier momento, impresiona tanto. Ver el estado en que estas personas llegan al barco… la sensación de pensar que si no llegábamos a tiempo podrían estar muertas es muy brutal.

 

¿Vivieron situaciones violentas?

En la última misión que estuve nos dispararon los guardacostas libios. Libia es un país en guerra donde mandan tres milicias y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Hemos sido tiroteados, secuestrados y perseguidos. La situación no era favorable pero siempre contábamos con la coordinación de la guardia costera italiana, ahora es un espacio sin ley y a nosotros nos transformaron en un objetivo. De las nueve organizaciones con doce barcos que éramos ya no queda ninguna. Nos quieren sacar a todas de allí para que nadie pueda documentar las muertes y nadie pueda decir lo que está pasando. La Unión Europea decidió lavarse las manos y financia a un cuerpo de guardacostas libio que lo que hace es interceptar a la gente que está huyendo y la devuelve en caliente. Algo que es totalmente ilegítimo. Las organizaciones molestamos porque estamos denunciando como la Unión Europea le está pagando a unas milicias para que capturen a la gente y la devuelva a campos de concentración.

 

¿Qué pasa ahora?

Decidimos desobedecer y abandonamos el puerto. Salimos de Nápoles rumbo al Mediterráneo central para proteger la vida allí. Como cualquier otro barco en el mar tenemos la obligación de socorrer. Sabemos que llegarán notificaciones con las sanciones. Si los gobiernos quisieran no se moriría nadie en el mar, estamos absolutamente solos.

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Un informe oficial alerta de la “bomba de relojería” en los centros de detención de inmigrantes de EE UU

La inspección del Gobierno en comisarías fronterizas de Texas denuncia condiciones insalubres, hacinamiento, detención prolongada y peligros para la seguridad

 

 

Ya no es una historia que cuentan unas abogadas. Ya no es una denuncia política de congresistas demócratas. La alerta por las condiciones extremas en las que los inmigrantes permanecen detenidos en las comisarías de la frontera de Estados Unidos lleva ahora la firma del propio Gobierno de Estados Unidos. Un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado este martes alerta de que la situación es “peligrosa” por el hacinamiento de los inmigrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en estos lugares.

“El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribe el inspector general en su presentación al DHS, de quien dependen el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla Fronteriza, el cuerpo policial que vigila la frontera El informe se centra en los sitios de detención de inmigrantes de la zona de Rio Grande, en el sur y este de Texas. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace meses. En el momento de la inspección, que se produjo en la semana del 10 de junio, la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de “bomba de relojería”.

Estos lugares detención son básicamente comisarías, sin condiciones para mantener detenidos durante largos periodos de tiempo. El informe viene acompañado de una serie de fotografías del interior de estos centros que no se ven habitualmente. En las fotos se ven celdas abarrotadas de personas durmiendo en el suelo con mantas mylar. La visita del inspector oficial se produjo en los mismos días que la del grupo de abogados que denunciaron condiciones horribles de los niños en estos centros.

Ante el aumento de llegadas de familias centroamericanas que quieren pedir asilo, el Gobierno asegura que no está preparado y que el sistema está al borde del colapso por falta de recursos. Expertos en inmigración afirman que el Gobierno está bloqueando la gestión a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. En otro informe el pasado mayo, la Inspección denunciaba también el hacinamiento en la zona de El Paso.

En el momento de la visita había 2.669 menores de edad detenidos en estos centros provisionales de la frontera. De ellos, 826, el 31%, llevaban detenidos más de 72 horas, denuncia el informe oficial. Se trata de una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, que están fijados en un precedente judicial de hace dos décadas llamado acuerdo Flores.

Por ejemplo, el informe cita un centro en McAllen, Texas, donde había 1.031 niños no acompañados. 806 de ellos ya habían sido procesados, pero de esos, 165 llevaban más de una semana detenidos. Es decir, ya habían pasado todo el papeleo , pero DHS no los había transferido aún al sistema de servicios sociales. El informe afirma que había 50 niños no acompañados menores de 7 años que llevaban más de dos semanas detenidos esperando a ser transferidos.

En el informe, los propios inspectores del Gobierno corroboran la descripción general que han hecho abogados y activistas sobre las condiciones en las que están detenidos los menores. “En tres de los cinco centros de la Patrulla Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas”, a pesar de que las normas oficiales “requieren que se haga un ‘esfuerzo razonable’ para proveer una ducha a menores que se acercan a las 48 horas de detención”. En los centros “no hay ropa para cambiarse y no hay lavanderías”.

“A pesar de que todos los centros tenían leche en polvo, pañales, toallitas de bebé, zumos y snacks para los niños, vimos que en dos de los centros no les habían dado a los niños una comida caliente hasta la semana de nuestra llegada”. Además, el informe asegura que las condiciones sanitarias obligaban a mantener a algunas familias encerradas en celdas. Un grupo de abogados que visitó estos centros en fechas parecidas denunció que el hacinamiento y la falta de higiene están provocando brotes de gripe y piojos en estos lugares.

En cuanto a los adultos, “observamos un hacinamiento grave y detención prolongada”. En uno de los centros, que no nombra, “algunos adultos estuvieron detenidos en condiciones que solo lees permitían estar de pie durante una semana”. Algunos estuvieron en condiciones de hacinamiento un mes. “El hacinamiento y la detención prolongada suponen un riesgo inmediato para la seguridad de los funcionarios y la de los detenidos”.

La desesperación de los inmigrantes está además creando incidentes de seguridad en estos lugares de detención temporal. Por ejemplo, los inmigrantes atascan los sanitarios con las mantas mylar con calcetines para poder salir de la celda un rato mientras lo arreglan. En un centro, los inmigrantes que habían salido de su celda durante una limpieza se negaron a volver. Los agentes “trajeron al equipo de operaciones especiales para dejar claro que estaba preparado para utilizar la fuerza si era necesario”.

Las normas oficiales requieren que los adultos se puedan duchar pasadas 72 horas. “La mayoría de los adultos no se habían duchado ni una vez a pesar de llevar detenidos un mes”. En algunos sitios, los funcionarios les daban toallitas húmedas para lavarse. “La mayoría de los adultos llevaba la misma ropa con la que llegaron días, semanas e incluso un mes antes”.

"En un centro de la Patrulla Fronteriza tuvimos que acortar nuestra visita porque nuestra presencia estaba alterando una situación ya de por sí difícil", explican los funcionarios a modo de ejemplo. "En concreto, cuando los detenidos nos vieron, empezaron a golpear en las ventanas de las celdas, gritaban y pegaban papeles al cristal en los que decían el tiempo que llevaban detenidos".

Ante el escándalo por el goteo de revelaciones sobre lo que está pasando en la frontera, la semana pasada, el Congreso aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares de recursos para la gestión de la frontera. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca utilizará ese dinero para mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos y agilizar los traslados, como querían los demócratas, o para reforzar a los cuerpos de seguridad y las infraestructuras de detención.

 

Por Pablo Ximénez de Sandoval

 Los Ángeles 3 JUL 2019 - 02:31 COT

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