Condenan defensores de DH operativo contra la caravana

Arriaga, Chis., Unos 200 policías federales trataron de impedir el paso de la caravana de centroamericanos cuando ingresaba al estado de Oaxaca, para "informarle" acerca de los beneficios de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que regularicen su situación migratoria y se acojan al programa Estás en tu casa para obtener trabajo y educación, entre otros beneficios.

"Esta oportunidad se ha venido construyendo con las cosas que el gobierno considera que reúnen todos los requisitos de lo que ustedes necesitan para tener una estancia en nuestro país", dijo el comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal (PF), Benjamín Grajeda Regalado, a los representantes de los migrantes.

"Para aquellos que decidan ad¬herirse al programa, estamos listos para trasladarlos y tenemos todos los medios para que inicien los trámites. Estamos aquí por una razón humanitaria, pues ya no queremos que esos grupos vulnerables se sigan arriesgando; les pedimos la oportunidad de explicarles de primera mano las dudas que hayan quedado en el aire y quienes estén de acuerdo los acompañaremos para que lleguen a un lugar donde no pasen problemas."

Los centroamericanos partieron a las 3 horas de este sábado de Arriaga, Chiapas, hacia Tapanatepec, Oaxaca, pero en los límites con esta entidad había un retén con unos 200 uniformados.

Un kilómetro antes de llegar al retén –cerca de las 5 horas– detuvieron su marcha mientras representantes de las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos de ambas entidades fungieron como mediadores para transmitir la información de Grajeda Regalado a los representantes de la caravana y viceversa.

Tras el intercambio de mensajes, el comisario de la PF y los representantes de los migrantes dialogaron varios minutos en la carretera.

"Queremos presentarles de primera mano el programa" anunciado por Peña Nieto el viernes, les dijo el jefe policiaco, acompañado por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca, Jacobo Rodríguez. Un representante de la caravana respondió al comisario. "Después de hacer la exhortativa, ¿van a permitir el paso?"

–La instrucción que tenemos es seguir aquí y exhortándolos para esa invitación –dijo el funcionario.

–La respuesta es "no habría paso" –sugirió el vocero migrante.

–No, sólo para aquellos que se quieran sumar [al proyecto presidencial] –confirmó el representante del gobierno.

Arturo Peimbert, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, expresó al responsable del operativo: "No vemos esto como medida viable, no la reconocemos, pero sí privilegiamos la paz, por eso nos ofrecemos para girar un mecanismo que ayude que no se desborden los ánimos".

Ambas partes acordaron un plazo de 20 minutos para que se despejara la carretera y cerca de las 8:05 horas, después de tres de diálogo, se dio paso libre para que continuaran su marcha a Tapanatepec, Oaxaca.

A su llegada a ese municipio, los centroamericanos se concentraron en el parque central y otros en calles aledañas. Muchos, cansados, lastimados de los pies, otros enfermos; de inmediato personas altruistas les ofrecieron comida caliente.

Más tarde informaron que dejarán Tapanatepec a las 4 horas de este domingo, un contingente rumbo a Niltepec y otro a Juchitán.

Por la noche trascendió que los representantes de los desplazados acordaron posponer el viaje de este domingo y continuarlo el lunes, luego de que a un migrante guatemalteco se le atribuyó el intento de robarse un niño, lo que ocasionó que unos 100 centroamericanos intentaran golpearlo. El presunto raptor se ocultó debajo de una banca donde se mantuvo protegido por ciudadanos mexicanos, que lo entregaron a la policía sano y salvo. Al mediodía de hoy definirán el siguiente paso.

Elio Henríquez y Diana Manzo
Corresponsales

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Domingo, 28 Octubre 2018 05:32

La ceremonia de los miércoles

La ceremonia de los miércoles

Cada miércoles por la tarde, delante de la embajada japonesa en Seúl, un puñado de mujeres coreanas de más de noventa años reclama en vano que Japón reconozca lo que hizo con ellas. Cada vez son menos porque, desde que empezó el reclamo, en el año 1991, han ido muriendo casi todas: hoy sólo quedan treinta y cinco sobrevivientes. Por esa razón, desde el año 2011 se han ido erigiendo estatuas de esas mujeres frente a las embajadas japonesas, no sólo en Seúl, sino también en Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, para que su reclamo no cese cuando ellas no estén. ¿Qué hizo Japón, el Japón imperial, con esas mujeres? Las convirtió en esclavas sexuales para su ejército, cuando todas ellas eran menores de edad, entre 1937 y 1945. 

La historia empezó después de la tristemente célebre masacre de Nanking. En diciembre de 1937, luego de que las tropas japonesas arrasaran la capital china, mataran más de trescientos mil civiles y violaran ochenta mil mujeres, el emperador Hirohito se escandalizó con sus altos mandos y ordenó que no se repitieran más “semejantes estigmas para la imagen del Imperio” (cito textualmente). Los altos mandos inventaron entonces las “estaciones de consuelo”, unos burdeles militares que debían cumplir tres funciones: dar satisfacción sexual a las tropas, evitar las violaciones de mujeres locales y reducir la transmisión de enfermedades venéreas, ya que las integrantes de estas “estaciones de consuelo” eran sometidas a revisaciones médicas semanales.


El reclutamiento de “voluntarias” comenzó en 1941, principalmente en Corea. Fueron pueblo por pueblo y aldea por aldea. Amparados en la Ley de Movilización General que regía en todo el imperio, se llevaban las hijas mujeres de todas las familias. Se les decía que viajarían a Japón a colaborar con el ejército imperial cocinando para las tropas, o remendando uniformes, o trabajando de enfermeras. Pero no se las enviaba a Japón sino al frente, donde eran sometidas a un régimen inhumano: vivían apiñadas en las “estaciones de consuelo” sin permiso para salir, mal alimentadas, sometidas a castigos constantes y obligadas a satisfacer las demandas de las tropas, que se incrementaban antes de cada batalla (podían llegar a ser hasta sesenta soldados por noche) porque los japoneses creían que tener sexo antes de combatir los fortificaba y protegía.


El asunto quedó convenientemente silenciado después de la guerra porque los japoneses quemaron todos los registros y, además,porque la gran mayoría de las víctimas murieron (durante la guerra o inmediatamente después, por suicidio o por enfermedades consecuencia de su internación)o no se atrevieron a volver a sus pueblos natales, por falta de recursos o por vergüenza. Recién en 1991, cuatro años después de que se estableciera la democracia en la República de Corea del Sur algunas de las sobrevivientes se atrevieron a contar por primera vez su historia. Una de ellas llamada Kim Hak-sun aceptó relatar su experiencia para un diario coreano: dijo que el calvario no había terminado con el fin de la guerra, que callarlo era casi igual de malo que habérselo confesado a sus familiares porque la escarnecían cada vez que tomaban unas copas. La única solución que veía era unirse, contarlo públicamente. Logró que doscientos cincuenta de sus compañeras se sumaran y comenzaron a juntarse cada miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl, al principio con casi nula repercusión.
El debate acerca de la esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo” gira en torno al modo en que fueron reclutadas sus integrantes. El gobierno japonés sostuvo durante años que no había habido reclutamiento forzoso, que se trataba de “trabajadoras sexuales con licencia para ejercer y cobrar”, una forma de prostitución legal, como la que regía en su propio territorio. Las sobrevivientes no tenían ningún documento que sostuviera su acusación: sólo podían ofrecer el relato de su atroz experiencia. Pero reuniendo uno a uno esos testimonios se pudo establecer que las “mujeres de consuelo” fueron no menos de veinte mil (y se estima que pueden haber llegado hasta ochenta mil). Luego de que la legendaria jurista argentina Carmen Argibay presidiera el Tribunal Internacional de Mujeres para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenó en diciembre de 2000 al ejército nipón por los crímenes cometidos en las “estaciones de consuelo” durante la Segunda Guerra (Argibay publicó poco después un formidable trabajo sobre el tema en el Berkeley Journal of International Law) se creó en Japón el Fondo de Reparación de Mujeres Asiáticas.


Era una iniciativa privada, orquestada por Yoshiko Yamaguchi, ex actriz chino-japonesa devenida diputada en el Parlamento nipón (hablé de ella en otra contratapa: “La Orquídea de Manchuria”). El resarcimiento sólo fue aceptado por 285 de las víctimas en Corea, China, Filipinas y Taiwan: se le entregó a cada una la suma de dos millones de yens (diecisiete mil dólares). Mientras tanto siguieron las marchas de los miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl y de a poco empezaron a repetirse en otras ciudades del sudeste asiático, hasta que en el año 2015 el gobierno japonés aceptó presentar disculpas públicas a las ya ancianas víctimas sobrevivientes, en forma de un nuevo Fondo de Reparación. Lo hicieron a la manera japonesa: con reticencia, afirmando que no habían logrado hallar en los archivos oficiales ninguna prueba concreta de esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo”. El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas decretó este año que la respuesta de Japón no es suficiente.


Según encuestas recientes, el 70 porciento de la población coreana cree que el asunto de las “estaciones de consuelo” sigue sin resolución, mientras que el 50 porciento de la población japonesa considera que quedó finiquitado en 2015. Lo que hace falta, sostienen mientras tanto las últimas sobrevivientes, es un museo y un centro de investigaciones que nuclee todos los testimonios y documentos posibles antes de que ellas mueran: para que sea el mundo y no sólo ellas quienes pidan explicaciones al Japón. Así las cosas, en los últimos meses sucedió un hecho minúsculo que quizá tenga enormes consecuencias en esa dirección: la coreana-canadiense Emily Jungmin Yoon publicó un extraordinario libro de poemas en inglés, titulado A Cruelty Special to Our Species (“Una crueldad especial para nuestra especie”), en el que utiliza las voces de las sobrevivientes, sus testimonios, para dar a conocer al mundo los detalles y los alcances de aquella aberración.


Ya en el primer poema, titulado “Una desgracia habitual”, Yoon dice: “Han pasado setenta años ya y nadie sabe / nadie dice que éramos niñas / y esclavas / y cuán habitual era esa desgracia”. Cuenta Yoon que, cuando llegó a América, descubrió que nadie conocía la historia de las “estaciones de consuelo” y que muchas veces, hablando con canadienses y norteamericanos, le preguntaban qué pasaba entre Japón y Corea, ¿tan diferentes eran? Ella contesta así en su libro:”Hace muchos muchos años que en Japón / usan la frase jûgoen gojissen para decir coreanos / Una crueldad especial con nuestra especie / porque jûgo suena a morir en coreano / y goji suena a mentir en coreano”. Yoon dice que se decidió a terminar y publicar su libro cuando leyó que, de aquellas cuarenta mil o doscientas mil esclavas sexuales, sólo quedaban treinta y cinco sobrevivientes. Sus poemas, como esas estatuas que hay frente a las embajadas japonesas en Seúl, Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, seguirán hablándole al mundo cuando ya no quede ni una sola de esas ancianas para asistir a la ceremonia de los miércoles.

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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El plan para matar a Khashoggi se gestó en Ryad

El periodista fue dirigido a Turquía porque para los conspiradores hubiera sido demasiado arriesgado intentar matarlo en EE.UU.

 Funcionarios de Arabia Saudita le dijeron a Jamal Khashoggi que no podría obtener sus documentos de divorcio en los Estados Unidos para casarse y que debía ir a Turquía, como parte de una estratagema para ponerlo al alcance de un secuestro o eliminación. Según las fuentes diplomáticas y un amigo de Khashoggi, el periodista fue dirigido a las legaciones del Reino en Turquía porque aquellos que estaban conspirando en su contra creían que sería demasiado arriesgado intentar llevar a cabo un ataque en los Estados Unidos, con repercusiones potencialmente muy perjudiciales. Al enterarse inicialmente de que no podría recoger los documentos legales en la embajada de Arabia Saudita en Washington, se le informó a Khashoggi que tenía que obtenerlos en Turquía para su próxima boda con su novia Hatice Cengiz, ya que ella es ciudadana turca y la ceremonia tendría lugar en Turquía.

La inteligencia de los Estados Unidos, según denunciaron varias organizaciones noticiosas, había interceptado que los funcionarios saudíes habían planeado hacer regresar al periodista al Reino y luego arrestarlo. No está claro cuándo se recopiló la información de inteligencia, pero parece que no hubo movimientos para advertir a Khashoggi que estaba en peligro y que se le podría haber tendido una trampa. Se sabe que varios funcionarios cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, le pidieron repetidamente al periodista que regresara al Reino, con ofertas de trabajos lucrativos, que Khashoggi había rechazado. Sus visitas al consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener los documentos, según investigadores turcos, brindaron a los saudíes la oportunidad que buscaban de capturarlo y matarlo.


Un amigo de Khashoggi dijo: “Jamal había estado en la embajada en Washington DC varias veces y se habían ocupado de sus problemas consulares allí. Pensó que podía obtener los documentos que necesitaba de la gente de Washington demostrando que estaba divorciado, un requisito legal para volver a casarse. Creo que le dijeron que era un asunto simple. Pero luego dijeron que necesitaba ir a Turquía para conseguir los papeles.” “En ese momento parecía ser una cuestión de burocracia. Pero ahora, después de lo que sucedió, obviamente hay motivos para sospechar. Seamos realistas, no se hubieran atrevido a hacer en Estados Unidos lo que hicieron en Estambul”.


Uno de los que más insistió en tratar de persuadir al periodista para que regresara a Arabia Saudita fue Saud al-Qahtani, un cercano confidente del príncipe heredero, quien le hizo a Khashoggi una serie de ofertas lucrativas en un intento por devolverlo al Reino, incluyendo una posición de alto nivel del gobierno y un alto cargo en la administración pública. En repetidas ocasiones tranquilizó a Khashoggi, según múltiples fuentes, diciéndole que no tenía nada que temer al volver a casa. Posteriormente, se afirmó que al-Qahtani dirigió el secuestro, la tortura y el asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul a través de Skype, supuestamente diciéndole al equipo enviado que matara a Khashoggi y “me trajera la cabeza del perro”.


Al-Qahtani había lanzado ataques vitriólicos y sostenidos a través de las redes sociales contra los supuestos enemigos del Reino, y había declarado que “pagarían el precio” por la traición. El gobierno saudí afirmó que al-Qahtani fue despedido después del asesinato de Khashoggi, junto con otro alto funcionario. Otros 18 fueron arrestados. Se informó que al-Qahtani había dirigido el interrogatorio del primer ministro libanés, Saad Hariri, cuando fue detenido en Arabia Saudita el año pasado después de haber sido atraído al país para reunirse con el príncipe heredero. El interrogatorio, según se afirmó, fue acompañado de abuso verbal y físico. Hariri fue liberado y regresó a Beirut solo después de la intervención del presidente francés Emmanuel Macron. Al-Qahtani afirmó que tenía todo el apoyo de la familia real saudí. “¿Crees que tomo decisiones sin orientación? Soy un empleado y un fiel ejecutor de las órdenes de mi señor el rey y mi señor el príncipe heredero”, tuiteó el verano pasado.


Kim Sengupta: De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Jueves, 25 Octubre 2018 06:08

EU y el éxodo centroamericano

EU y el éxodo centroamericano

El éxodo de centroamericanos, principalmente hacia Estados Unidos, ha sido visibilizado por la actual caravana que atraviesa México, pero es un fenómeno de larga data. En 2017 la Organización Internacional de Migraciones, agencia de la ONU, informó que 450 mil migrantes, predominantemente centroamericanos, cruzan anualmente México rumbo al país del norte. Este fenómeno comenzó a tomar auge en los años 80 del siglo pasado a consecuencia del masivo apoyo de Washington a los ejércitos y fuerzas represivas de El Salvador y Guatemala en su cruenta guerra contra los movimientos de liberación de esos países que, junto a Honduras, fueron muy afectados. La guerra originó, sobre todo en El Salvador, un gran flujo de refugiados, entre ellos miles de jóvenes huérfanos, rumbo a la potencia norteña.

No era la primera ni la última ocasión en que el imperialismo estadunidense intervenía en los países centroamericanos. Desde principios del siglo XX Washington envió decenas de veces los marines a imponer sus deseos a esa región de nuestra América. Es conocida la heroica gesta de Augusto César Sandino y su "pequeño ejército loco" contra la intervención militar yanqui del primer cuarto del siglo XX en Nicaragua. Décadas después, ese país y el gobierno de Frente Sandinista de Liberación sufrirían una implacable y sangrienta agresión del gobierno de Ronald Reagan. Un ejército contrarrevolucionario organizado y armado ilegalmente por Estados Unidos era abastecido por aire desde Honduras en un operativo de la CIA, el Irán-Contras, implementado desde allí por terroristas de origen cubano. Los aviones venían cargados de armas desde territorio estadunidense y regresaban con drogas a ese país. A la vez, esa agencia articuló los escuadrones de la muerte que, a costa de graves violaciones a los derechos humanos, mantuvieron a raya a los revolucionarios hondureños. En 1989, George Bush padre ordenó la artera invasión de Panamá que costó la vida de 3 mil personas.

En 2009, desde la base militar de Soto Cano, en Honduras, donde radica la fuerza de tarea Bravo, del Comando Sur de Estados Unidos, éste digitó el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Esa acción tiene mucho que ver con los hechos que han conducido a la migración masiva de centroamericanos. Zelaya ingresó al ALBA y estableció una fluida relación de cooperación con la Venezuela chavista. Logró que la OEA levantara la exclusión de Cuba en una asamblea general del organismo celebrada en su país e intentaba organizar una asamblea constituyente para transferir al pueblo hondureño el control de su soberanía nacional y de sus recursos naturales. Nada de esto era tolerable para Washington, que no sólo ordenó el golpe, sino que hizo cuanto estuvo a su alcance para consolidarlo. Desde entonces todas las elecciones en Honduras han sido fraudulentas, incluyendo la que aupó al actual gobernante Juan Orlando Hernández. Zelaya, aliado a la Nicaragua de Daniel Ortega, habría sido un obstáculo para los planes de saqueo y expansión territorial a través de las trasnacionales mineras y las Zonas Económicas Especiales.

La génesis de la actual e incontenible corriente migratoria fue la aplicación a rajatabla en Centroamérica de las políticas neoliberales diseñadas por el llamado Consenso de Washington, que se han hecho cada vez más cruentas e insostenibles. Los pueblos de América Latina y el Caribe están siendo sometidos a una segunda reconquista y recolonización, por medio de las grandes empresas y la militarización impulsada por Estados Unidos, que incluye la presencia de bases militares en nuestros países. Gobiernos satélites del imperialismo brindan todas las facilidades a las trasnacionales en sus planes expansionistas de acelerada depredación de los recursos naturales y superexplotación de la fuerza de trabajo. Todo ello mediante el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, reprimidas, cuando se rebelan, no sólo por los cuerpos de seguridad. También, con frecuencia, por el llamado crimen organizado, que resulta muy recompensado a cambio. Unido a esto, la ruptura de cadenas productivas que ha conducido a la desindustrialización y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Esta agresión neoliberal a las formas previas de organización productiva capitalista, con el consiguiente desempleo y quiebra del tejido social es la causa mayor del creciente desplazamiento y éxodo forzado de millones de personas hacia Estados Unidos. Pero la agrava considerablemente el auge imparable de las organizaciones criminales y la brutal violencia que ejercen contra pueblos y comunidades, cuyo mapa de actuación se superpone al de los megaproyectos del neoliberalismo .

No es en Caracas, es en Washington, donde hace tiempo se viene gestando la tragedia migratoria de Centroamérica y México.

Twitter: @aguerraguerra

 

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251
Mustafá al Madani sale del consulado vestido con la ropa que llevaba puesta Khashoggi cuando ingresó.

El asesinato del periodista Khashoggi en el consulado saudita de Estambul puso en entredicho uno de los planes más ambiciosos del príncipe Salman, el Davos del Desierto, con la mira en transformar la economía del país.


Algunos países reaccionaron de inmediato y con firmeza, Alemania; otros cambiaron sus posiciones según los días, Estados Unidos; algunos, en Occidente, se sumaron a Alemania con algún atraso, Francia y Gran Bretaña, y otros, como España, asumieron unas de las posiciones más cobardes que se conozcan sólo porque le vendieron muchos millones de dólares en armas a Arabia Saudita y no convenía protestar muy alto para no perder el negocio. El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul ofreció todo el abanico hecho de cinismo, oportunismo político, diplomacia de los intereses y posturas asustadizas que suele agitarse en algunas crisis donde quien la provoca es un socio necesario.


Las condiciones en las que murió Jamal Khashoggi así como el rápido descubrimiento del comando de espías sauditas que intervino en la desaparición del periodista llevaron a que este caso se convirtiera en uno de los escándalos más costosos para su imagen y sus negocios a los que se haya enfrentado hasta ahora Arabia Saudita. El crimen del periodista pone a prueba la legitimidad del príncipe heredero saudí Mohammed Ben Salman, alias “MBS”, y también la lealtad de Occidente con sus retóricas democráticas. La crisis, desde ya, puso en entredicho uno de los proyectos más ambiciosos de Salman y detrás del cual las grandes empresas tecnológicas del mundo se frotaban las manos como lobos hambrientos ante su cercana presa. Riad había invitado a los directivos de las empresas de altas tecnologías a una cumbre que debía celebrarse entre el 23 y el 25 de octubre. Se trata del llamado “Davos del desierto” dedicado a avanzar en el proyecto Visión 2030. Este plan de desarrollo presentado hace dos años tenía como objetivo transformar completamente la economía saudí. Mohammed Ben Salman pretende que Arabia Saudita, primer exportador de petróleo del mundo, se vuelva un mastodonte de los servicios y de las tecnologías digitales. En ese plan Visión 2030 entraba la construcción de “Neón”, una ciudad futurista tan grande como Bélgica y cuya construcción está cifrada en 500 mil millones de dólares.


Seguramente, como lo admiten anónimamente varios empresarios franceses citados por la prensa, el caso de Khashoggi “le da un golpe al atractivo de Arabia Saudita”. Ello se tradujo ya por la anulación de los desplazamientos de decenas de empresarios que rehusaron acudir a la cumbre tecnológica del príncipe hasta que no haya vientos más limpios. Será difícil que el liberalismo renuncie en nombre de los valores a hacer fastuosos negocios con el reino wahabita, tanto más cuando que Jamal Khashoggi era un critico permanente de los delirios autoritarios del príncipe: Visión 2030 era su gran proyecto de modernización del país y el periodista uno de sus más acérrimos enemigos. Según Ankara, entre el comando de 15 personas que viajó a Turquía para ocuparse del periodista, había varios miembros que pertenecían al entorno de seguridad más estrecho del príncipe. La implicación y el objetivo que tenían estas personas al llegar a Turquía es ya inobjetable incluso si las autoridades saudíes, acorraladas por las exigencias, reconocieron que Khashoggi había muerto dentro del consulado saudí de Estambul “después de una pelea con las personas con quienes se encontró allá”. Los “encontrados” allá la tenían en todo caso muy bien pensada.


La CNN difundió imágenes sobradamente explicitas donde se muestra la forma en que el comando intentó engañar a las cámaras de seguridad de la zona para hacer creer que el periodista había salido sano y salvo por la parte de atrás del consulado. En el video de la CNN se ve a uno de los miembros del comando, Mustafá al Madani, saliendo de la representación diplomática vestido con la ropa que llevaba puesta Khashoggi cuando ingresó por el otro lado. Se hace obvio además que los servicios de inteligencia turcos tenían bien vigilados a los diplomáticos saudíes.


Riad no logra desprenderse del escándalo, incluso si hay posturas de países importantes como Estados Unidos que llevan el sello payasesco de Donald Trump y las ambigüedades que imponen los 110 mil millones de dólares que Arabia Saudita le prometió a Trump en contratos armamentistas. Encima, como faltan apenas dos semanas para que entren en vigor las sanciones contra Irán orquestadas por Washington y Riad, es casi seguro que, fuera de algún ademán retórico sin consistencia, no habrá movida norteamericana.


En Europa destaca la postura achicada del gobierno “socialista” español ante la tragedia de Estambul. Los cerca de 2.000 millones de euros en contratos de armas firmados entre Riad y Madrid le cerraron la boca el Ejecutivo del PSOE y… también a ese loro dador de lecciones que es el diario El País. Tan dispuesto siempre a decapitar a los dirigentes progresistas de América Latina y a derribar cualquier iniciativa que venga de la sociedad civil, está vez hizo la venia y se escondió en el cuartel de la libertad de guardar silencio cuando me conviene.

Hay que admitir que Europa ha sido tierna y desigual ante el crimen de Khashoggi. Su postura y sus ambivalencias contrastan con la virulencia y la rapidez con la que actúa cuando se trata de Rusia. La Unión Europea le exigió a Riad “una investigación profunda” sobre la desaparición de Jamal Khashoggi. Eso es todo por el momento. La Unión está muy lejos de contemplar sanciones semejantes a las que adoptó contra Moscú cuando Rusia apareció implicada en el envenenamiento de un agente doble en Londres. Esta tibieza condujo a la canciller alemana Angela Merkel a pedir más firmeza a los europeos exigiéndoles que cesen de vender armas a Riad. Berlín, que tenía un contrato de armas con el reino wahabita por unos 400 millones de euros, decidió suspenderlo hasta que no se aclaren las circunstancias de la muerte del periodista. El ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, advirtió que la medida de Berlín “no tendrá consecuencias positivas si somos únicamente nosotros los que dejamos de exportar y vienen otros países a cubrir ese hueco”. Antes, en un comunicado conjunto, París, Berlín y Londres, habían puesto en tela de juicio la veracidad de la versión saudí sobre la muerte de Jamal Khashoggi. Pero solo Berlín suspendió la venta de las armas. París, otra de las grandes capitales que siempre salen al paso con lecciones de moralidad, no imitó a Alemania. En 2017, Francia subintró armas por 1,38 mil millones de euros. Como las armas norteamericanas, españolas, las francesas sirvieron en la ofensiva que Arabia Saudita junto a sus aliados del Golfo lanzaron en Yemen, donde además de fracasar militarmente cometieron incontables crímenes de guerra: 10.000 muertos, de los cuales, según la ONU, 9500 eran civiles. A nadie le tembló la moral cuando se trató de alimentar esa guerra. No les temblará tampoco ahora por el asesinato de un periodista en la sede de una representación consular a manos de un comando que viajó expresamente con ese propósito.
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La caravana hondureña se multiplica en territorio chiapaneco

Tapachula, Chis., Sin mayores obstáculos porque la policía mexicana sólo amagó en dos ocasiones con impedir su paso, los integrantes de la caravana compuesta por más de 7 mil migrantes centroamericanos, hondureños principalmente, arribaron en grupos dispersos a Tapachula, donde acordaron permanecer por lo menos hasta el próximo martes.

Llegar a Tapachula ha sido un gran paso, pues ya rompimos la barrera y le estamos demostrando a nuestros paisanos que están en Honduras, El Salvador y Guatemala, que ya dejamos la ignorancia y nos rebelamos contra los gobiernos, porque no nos están gobernando, sino aprovechándose de su poder, afirmó Denis Omar Contreras, uno de los representantes de la caravana y miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras que acompaña a los contingentes.

Mañana (lunes) no habrá salida. No nos movemos. Descansen, que venimos cansados. No podemos seguir avanzando, estamos demasiado cansados y deshidratados, dijo mediante un megáfono a los migrantes que la noche del domingo abarrotaron el parque central.

–¿Permanecer el lunes en Tapachula les daría tiempo para recibir eventualmente algunas propuestas del gobierno mexicano? –preguntó un reportero.

–“Exactamente. Nos vamos a reorganizar, porque estamos desorganizados. Esta noche y todo el día de mañana y la noche de mañana no vamos a salir, por el bien de nuestros niños y mujeres. Vamos a ver qué acuerdo traen los gobiernos, como el de Chiapas. A ver qué nos ofrecen, porque México, entre comillas, nos ha abierto las puertas.

Se felicita a la población que no nos ha dejado solos. Pero el gobierno dijo que tenía las puertas abiertas y no se iba dejar presionar por Estados Unidos, y ya ven cómo nos atacó. No querían abrir un pinche candado para dejarnos pasar. Así que nos vinimos a lo güey. México está actuando como Estados Unidos, encerrándonos.

Contreras sostuvo que lo que quiere 70 por ciento de la gente de la caravana es un refugio político, en México o en Estados Unidos. Eso quedó claro. Si México nos abre la puerta y nos da refugio político, nos quedamos aquí, porque podemos hacer nuestra vida y salir adelante dignamente trabajando y echándole ganas.

El primer amago por impedir el paso de los migrantes ocurrió alrededor de las 8:30 horas, cuando apoyados por un helicóptero que sobrevolaba la zona, más de 300 policías federales se apostaron sobre la carretera, a la altura del crucero al poblado de Metapa de Domínguez, pero conforme se acercaba la multitud se replegaron unos 10 kilómetros.

Dos horas después regresaron con su equipo antimotines y gases lacrimógenos en más de 10 autobuses y patrullas para tomar posiciones en la salida de dicha comunidad, pero una vez más se retiraron cuando se acercó la caravana que había hecho un alto para descansar brevemente en la cabecera municipal de Metapa.

A las 12 horas, aproximadamente, el contingente avanzó sin contratiempos y muchos de los centroamericanos que iban subieron en vehículos de particulares que los trasladaron a Tapachula los últimos 10 o 12 kilómetros, lo que ocasionó que el grupo se disgregara y no llegara de manera compacta, aunque la mayoría que se rezagó continuó caminando.

De aquí hasta Nueva York, exclamó un joven hondureño, al tiempo que sus compañeros que iban al frente con una bandera de su país coreaban de manera intercalada: Honduras, Honduras, México, México y Sí se pudo, sí se pudo.

Varias personas, incluso familias, salieron de sus casas a la carretera para ofrecerles agua, alimentos y en algunos casos ropa y chanclas. Suerte, Que Dios los bendiga, les decían.

El primer grupo de medio centenar de indocumentados arribó en vehículos a Tapachula a las 13:30 horas, y paulatinamente fueron llegando los demás en pequeños grupos. A las 20 horas, después de una fuerte lluvia, había en el parque unos 2 mil 500 viajeros, otros estaban dispersos.

A recuperarnos

Denis Omar Contreras, quien desde Tijuana, Baja California, donde radica desde hace cuatro años, viajó a Guatemala en días pasados para apoyar a mis hermanos, manifestó que nuestra decisión es seguir adelante, pero por el momento es descansar, recuperarnos, hidratar a los niños y a ver si continuamos. Todos vamos a decidir, porque somos un equipo, y hasta que el último hermano esté bien nos vamos a mover.

En entrevista, agregó: hondureños, salvadoreños y nicaragüenses decidiremos si dialogamos o si nos aceptan las autoridades de México para que nos den refugio político. Vamos a descansar, porque ya no aguantamos. Venimos a una temperatura de más de 36 grados desde Ciudad Hidalgo.

Expuso que muchos necesitamos refugio, pero lo que hace México es tenernos engañados y termina desesperándonos, porque aquí no hay empleo, no tenemos una vivienda digna. Muchas personas vienen sin un centavo, venimos huyendo, dejamos todo abandonado, casas, familias, todo.

Tras descartar que los centroamericanos acepten instalarse en un albergue, subrayó: Lo mejor es que estemos en el parque central, que no se dará abasto porque somos más de 7 mil 500 personas. Aparte se quedaron cerca de 2 mil en el puente internacional, ubicado entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, pero como vieron que la caravana ya rompió la barrera se están viniendo.

Señaló que no hubo diálogo con el gobierno mexicano desde que salieron a las 5:30 horas de ayer domingo de Ciudad Hidalgo. Sólo pusieron dos retenes que rompimos sin hacer ningún borlote. Venimos luchando y organizados, entre más caminamos más organizados vamos.

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Lunes, 22 Octubre 2018 06:10

¿Cuál crisis?

¿Cuál crisis?

No hay una crisis migratoria en Estados Unidos.

Tal vez el peor error de políticos en México y América Latina –tanto de derecha como progresistas– es aceptar la narrativa del gobierno estadunidense y responder con promesas de cooperación para buscar soluciones a un problema que no existe. Al aceptar la ficción y participar dentro de ella, se hacen cómplices de un complot político derechista con tintes fascistas aquí.

Veamos: la inmigración indocumentada a Estados Unidos está hoy día en uno de sus puntos más bajos desde 2000, y el año pasado llegó a su nivel más bajo en casi medio siglo. Los cálculos sobre flujos de inmigración indocumentada generalmente se miden con base en el número de detenciones por las autoridades en la frontera con México. En 2000 se registraron aproximadamente un millón 600 mil detenciones, bajaron un poco a mediados de esa década a poco más de un millón, y desde entonces se han desplomado. Durante el gobierno de Obama se registró un promedio de medio millón de detenciones cada año, y en el año fiscal de 2017 fueron sólo 310 mil 531; la cifra más baja desde 1971.

Más aún, en años recientes se ha registrado un influjo neto negativo, es decir, que más mexicanos (aproximadamente un millón) han retornado a su tierra de los que han cruzando al norte de manera indocumentada.

Hoy día, los casi 44 millones de inmigrantes de todas partes que viven en Estados Unidos (una quinta parte de todos los inmigrantes en el mundo) representan 13.5 por ciento de la población nacional, casi el triple del porcentaje de hace medio siglo, pero aún debajo del nivel récord de 14.8 por ciento que representaban en 1890, reporta el Centro Pew. La gran mayoría –76 por ciento– son legales.

El régimen de Trump manipula las estadísticas para generar la idea de una crisis al medir incrementos en estos últimos meses comparados con el punto más bajo en la historia reciente el año pasado o enfocados sobre algún subgrupo (por ejemplo, menores no acompañados), para volverlos dramáticos (como recordaba Mark Twain: hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas).

Ahora, la insistencia de Trump en frenar la embestida de la caravana centroamericana –cuya imagen de una masa humana avanzando hacia Estados Unidos es oro para sus propósitos– tiene mucho que ver con la coyuntura político-electoral en la cual el presidente ha anunciado explícitamente que la retórica antimigrante es clave para la estrategia electoral republicana que busca defender su control de ambas cámaras del Congreso en los comicios intermedios el 6 de noviembre.

La migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos en años recientes es resultado directo de un sistema que margina a millones; uno de los mayores éxitos de este modelo es la exportación de los seres humanos.

Centroamérica y enormes regiones de México son subsidiados –y rescatados– por los inmigrantes. Los mexicanos en Estados Unidos envían entre 24 y 28 mil millones de dólares cada año. En 2017, las remesas a América Latina y el Caribe llegaron a 75 mil millones de dólares. En Honduras y El Salvador, las remesas representan casi 20 por ciento del PIB.

Estados Unidos es el principal promotor de este modelo, y el que impone las condiciones. Cuando países intentan otra ruta, como se ha demostrado en tiempos recientes en America Latina, son calificados de amenazas a la democracia y la libertad. Vale recordar que esto es una visión bipartidista. Por ejemplo, fue Hillary Clinton, como secretaria de Estado, quien apoyó el golpe militar en Honduras contra un presidente demasiado bolivariano que llevó a la instalación del régimen actual y, entre otras consecuencias, cobró la vida de luchadoras sociales como Berta Cáceres.

No hay crisis migratoria. En el contexto trumpiano, los inmigrantes son lo que eran los judíos para los nazis. Cooperar con ese régimen sobre este asunto es complicidad con algo parecido. Los nuevos campos de concentración en Estados Unidos ya están llenos de inmigrantes y sus niños, y todos los días hay redadas y detenciones, mientras en mítines masivos el líder nutre la histeria de odio contra los otros.

Que eso esté sucediendo es la crisis.

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De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

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