Gobernemos los algoritmos (para que no nos gobiernen ellos)

 

Desde 2018 el debate sobre los sesgos y efectos perversos de los algoritmos cobra cada día mayor importancia. Fue entonces cuando salió a la luz el caso de la empresa británica Cambridge Analytica, que utilizó datos privados obtenidos de Facebook para intentar influir en las elecciones. Esto nos hizo reflexionar sobre los riesgos de aplicar algoritmos personalizados que explotan las características psicológicas del individuo con fines políticos.

En palabras de Chris Wylie, el exempleado de la empresa que destapó el caso:

Esta experiencia, generalizada pero no compartida, es llamada filter bubble o echo chamber (burbuja de filtro o cámara de eco, en español). El término evidencia cómo las mismas tecnologías que nos conectan también nos aíslan en burbujas informativas que refuerzan determinadas opiniones y nos hacen cada vez más vulnerables a la manipulación.

El caso de Cambridge Analytica forma parte de un conjunto de intentos de manipulación masiva de la opinión pública a través de ingeniería social, que Facebook denomina Information Operation (Operación Información). Es decir, acciones emprendidas por actores organizados (gobiernos u organismos no estatales) para distorsionar los sentimientos políticos de la población, al fin de lograr algún resultado estratégico y geopolítico específico.

 

Capitalismo de vigilancia

 

La psicóloga social Shoshana Zuboff, en su libro The age of surveillance capitalism (La era del capitalismo de vigilancia), nos habla de forma más articulada de algo que ya intuíamos: que la manipulación de opiniones y comportamientos es parte integrante del capitalismo basado en la vigilancia digital.

En este contexto, el dato, sobre todo el de carácter personal, juega un papel clave por dos razones. La primera es que forma parte de la base de la economía digital, el modelo de desarrollo económico más prometedor que tenemos. La segunda, que su análisis permite orientar el comportamiento colectivo, cada vez a mayor escala y de forma más rápida.

Por desgracia, el requisito básico de cada sistema informático que sea capaz de escalar conlleva la amplificación exponencial del riesgo de un posible fallo. La matemática Cathy O’Neil hablaba en 2017 de armas matemáticas de destrucción masiva (Weapons of Math Destruction) para enfatizar la escala, el daño potencial y la opacidad de los sistemas de toma de decisión basados en algoritmos de aprendizaje automático (machine learning).

El profesor de Derecho y experto en inteligencia artificial Frank Pasquale habla del problema de introducir mecanismos de rendición de cuentas (que buscan la equidad y la identificación de responsabilidades) en los procesos automatizados, en lugar de tratar esos procesos como una caja negra. Así, se esconden tras los derechos propietarios de las empresas privadas que los han desarrollado.

Solon Barocas, que investiga las cuestiones éticas y políticas de las inteligencias artificiales, hablaba en 2013 de la “gobernanza de los algoritmos” y de la necesidad de cuestionar estos artefactos y analizar sus efectos desde una perspectiva legal y de políticas públicas.

El congreso FAT*, cuya tercera edición se celebrará en Barcelona en enero de 2020, se ha convertido en el encuentro de referencia para los que quieren abordar cuestiones de transparencia, justicia y rendición de cuentas de los sistemas automatizados.

 

Europa vs. EE UU

 

En Europa, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) nos obliga a garantizar que haya supervisión humana y derecho de apelación de las decisiones tomadas por sistemas automáticos y de perfilado (profiling).

En EE UU, fallos como la incapacidad de algoritmos, entrenados con bases de datos con una sobrerrepresentación de fotos de personas blancas, para identificar a personas de color, también motivan la voluntad de abrir y auditar estos sistemas.

Estos casos, junto a otros más inquietantes en el ámbito jurídico y policial, han sido tomados como ejemplos de la falta de sensibilidad entre los programadores sobre las cuestiones raciales y de género. Así lo argumentan Sarah Myers West, Meredith Whittaker y Kate Crawford en el libro blanco Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI (Sistemas discriminatorios: género, raza y poder en las IA).

La publicación está en línea con otros autores como Andrew Selbst, que investiga los efectos legales de los cambios tecnológicos. Pretende llamar la atención sobre la necesidad de contextualizar cualquier discurso sobre desarrollo tecnológico y analizarlo como sistema tecnosocial, como ya hacen los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.

La automatización de procesos de decisión conlleva un gran desafío técnico, legal, de gestión corporativa y moral. Esto ocurre en todas las áreas, que van desde la detección de noticias falsas y fraudes hasta el diagnóstico médico y la encarcelación de sospechosos. Por ello, es necesaria la creación de un espacio de dialogo multidisciplinar.

Los sistemas de inteligencia artificial siempre serán producto de los sesgos, la heurística y los puntos ciegos de los programadores . Abrir un debate sobre qué valores queremos grabar en nuestros sistemas para que la humanidad florezca es responsabilidad de todos.

10/06/2019

Esa masacre detrás del actual pacto social chino

El giro de Deng Xiaoping, —una acumulación basada en el mercado para luego lanzar los cimientos del socialismo chino—, se había materializado desde principios de la década de 1980 con la cancelación de los 60.000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista y ya no igualitaria.

En la noche entre el 3 y el 4 de junio de 1989, el Ejército Popular Chino reprimió con la violencia de los tanques la protesta masiva que desde el 26 de abril y por iniciativa de los estudiantes que querían celebrar la muerte del ex secretario del Partido Comunista Hu Yaobang, se habían instalado y habían estado manifestándose durante semanas en la plaza de Tianannmen.

Fue un baño de sangre, el de los jóvenes estudiantes que habían comenzado la protesta, pero al final la mayoría de las víctimas fueron los trabajadores, las fuentes oficiales hablaron de 300 muertos, pero otras fuentes, tanto internas como externas, hablaron, de forma más veraz, de miles de muertos. Lo que realmente no podía soportar el nuevo liderazgo chino guiado por Deng Xiaoping, el modernizador pro-occidental que había regresado al poder a fines de la década de 1970 después de haber sido derrocado por el movimiento de la Revolución Cultural nacido contra la ocupación de parte del partido de toda la esfera política y contra la «vía capitalista de Deng», era la extensión de la protesta, ahora generalizada en todo el país y precedida, un mes antes, por la sangrienta revuelta de los trabajadores de Changsha.

Tianannmen será el catalizador, símbolo y detonador de esta protesta social. Desde ese momento, hasta el día de hoy, según las mismas fuentes oficiales chinas, las victimas han sido decenas y decenas de miles, como nuestra Angela Pascucci siempre ha recordado.

En 1989, la extensión y radicalidad de la movilización social cuestionó dos principios fundamentales del giro de Deng: por un lado, las modernizaciones (industria, agricultura, defensa, ciencia/tecnología) comenzaron con la expectativa de la innombrable «quinta» modernización, la de la democratización de la política y la sociedad sobre la que había insistido el movimiento del «Muro de la Democracia» ya en 1979, también aquel reprimido por Deng; y, por otro lado, la unidad del Partido Comunista Chino que cuestionó la gran movilización en curso. No se pudo imitar el cambio que Gorbachov, de visita en China justo a mediados mayo, representó en la URSS.

Los ojos de los medios de comunicación internacionales se limitaron a ver la representación en papel maché de la estatua de la libertad, la americana, erigida en Tianannmen por grupos de estudiantes y la pintura arrojada en un único retrato de Mao. Pero había algo más en la plaza. Además de las miles de imágenes de Mao y las banderas rojas, había trabajadores, campesinos inmigrantes, mujeres…, el ágora, la práctica de la democracia para los sujetos golpeados por las reformas de Dengh.

Esta era la total representación del descontento de la nueva China, devastada por un modelo distorsionado que desde principios de la década de 1980 Deng puso en marcha junto con la dirección del partido guiado entonces por Zhao Ziyang, que luego se opondría a la represión de la protesta.

El giro de Deng Xiaoping, una acumulación basada en el mercado para comenzar entonces las bases del socialismo chino, se había materializado desde principios de los años 80 con el cierre de los 60,000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista que ya no era igualitaria; con el sistema de doble precio, con los mínimos bajo control estatal en lugar del control del mercado de materias primas (antesala de un vasto sistema de corrupción); con, la introducción de «zonas económicas especiales» abiertas a inversiones capitalistas extranjeras; el inicio de las migraciones masivas del orden de cientos de millones de personas a las ciudades «especiales» disponibles para la sobreexplotación de las multinacionales, con el empobrecimiento de la gran China del interior, distorsionando el equilibrio existente entre el campo y la ciudad; la construcción de una nueva clase de súper ricos con la reducción a cero del «tazón de arroz de hierro», el bienestar mínimo pero igual para todos.

Las transformaciones sociales y las contradicciones que se derivarán de ello se refieren a la China de hoy, que se ha convertido en el único país verdaderamente capitalista en la faz del mundo, con ganancias y un alto PIB (un espejismo para Occidente) reinvertido. El pacto social actual en China se basa en la violencia «oculta» ejercida en aquellos días de principios de junio de 1989 en Tianannmen.

Es cierto que el modelo chino de transformación del «socialismo real», que podríamos llamar capitalismo de partido centrado solo en el crecimiento económico, no ha fracasado como la iniciativa de Michail Gorbachov en la URSS con la perestroika, la glasnost y el Congreso de los Diputados del Pueblo que tuvo como objetivo cambiar sólo la esfera política; pero el alto PIB alcanzado, el hiperproductivismo y ahora la siempre importante «Ruta de la Seda», que no compensan al nuevo liderazgo «armonioso» de Xi Jinping de los desastres causados por la destrucción del medio ambiente en China, con el abismo de la desigualdad rampante. y con la búsqueda espasmódica y competitiva de materias primas por el mundo.

La realidad china actual muestra los términos de un desarrollo que para poder existir debe dividir a 1.400 millones de seres humanos de manera desigual y debe destruir y robar los recursos energéticos. Nosotros, a partir de la masacre de Tianannmen, podemos preguntarnos: ¿a qué precio?

09/06/2019

Tommaso de Francesco

veterano periodista romano, es codirector desde 2014, junto a Norma Rangeri, del diario “il manifesto”. Poeta epigramático y satírico, es también autor de novelas y cuentos y compilador de diversas antologías literarias.

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Lunes, 10 Junio 2019 05:43

Corrupción, protesta y represión

Corrupción, protesta y represión

Miles de haitianos se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario fue recientemente acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. La policía reprimió las protestas (foto), en las que un manifestante fue muerto de un tiro.

Antes de la violencia desatada, varios miles de manifestantes marcharon por una de las calles principales de la capital, convocados por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Pero luego todo se desvirtuó. “No podemos ser pacíficos. Mirá: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años. 

La semana pasada, el Tribunal Superior de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción. Los jueces descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de rutas, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico. Antes de su llegada al poder, en 2017, Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 700.000 de dólares para ese proyecto.

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Jueves, 06 Junio 2019 08:42

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enColombia
El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles

Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

 

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuraduría (organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.


Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.


El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.


El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.


“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.


"Sin sanciones ni impedimentos"


Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos públicos".


El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.


Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.


Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en 2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”.


Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia


La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014

Francesco Manetto
Bogotá 4 JUN 2019 - 18:51 COT


El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.


Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.


Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.


Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos


 José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

El País
Bogotá 5 JUN 2019 - 03:01 COT

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si rafifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

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La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque

“Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia” fue la respuesta amenazante del comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times (NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su ‘Plantemiento de Objetivos 2019' [1]. 

El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, se basa en testimonios de altos mandos militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el número de acciones militares y de bajas, con la visión de “no exigir perfección”, lanzar operaciones contando apenas con el “60 o 70 por ciento” de credibilidad o exactitud, y “hacer lo que sea, incluyendo alianzas con grupos criminales armados” [2], evidencia una vez más, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.


Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de “subversivos dados de baja en combate”. Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.


Sigue el margen de error para asesinar civiles


La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las “Cincuenta Órdenes de Comando”, con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para conducir las operaciones militares donde “no exigir la perfección” [5] dejan un margen de error de 40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el manto de ser daños colaterales.


Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.


¿Seguridad y Defensa para quién?


No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” [7], puesto que la visión de seguridad del Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los pobladores y sus comunidades.


Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del incremento de rutas y carteles del narcotráfico.


Régimen de impunidad


La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en temas que son de su competencia como la “Defensa Nacional y la Fuerza Pública” [8], por el contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa Humanidad.


Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].


Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre los que “existen evidencias creíbles” que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados de la década de los 2000 [10].


Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del “Body Count” aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.


¡Sí es posible el cambio!


Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de “hacer lo que sea” para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.


Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.
La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes Comunes y los derechos de los colombianos.

 

Notas
[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf
[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf
[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[6] https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad-%E2%80%93-PDS.pdf
[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976
[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda
[9] https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-con-los-asesinatos-de-civiles/617129
[10] https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

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Domingo, 02 Junio 2019 14:51

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enEdición Nº257
Domingo, 02 Junio 2019 06:02

Recordatorio para periodistas

Los abogados de Chelsea Manning presentaron ayer un documento en el que piden a un juez federal que reconsidere la decisión de enviarla a la cárcel de Alexandria por negarse a declarar sobre el caso Wikileaks.Foto Ap

Ya me estoy cansando de la Ley de Estados Unidos contra el Espionaje. Para el caso, desde hace mucho tiempo me cansé de la saga de Julian Assange y Chelsea Manning. Nadie quiere hablar de sus personalidades porque nadie parece simpatizar mucho con ellos, ni siquiera quienes se han beneficiado periodísticamente de sus revelaciones. Desde el principio me ha preocupado el efecto de Wikileaks, no sobre los brutales gobiernos de Occidente cuyas actividades ha revelado en estremecedor detalle (en especial en Medio Oriente), sino sobre la práctica del periodismo. Cuando a nosotros los escribas nos sirvieron este potaje de Wikileaks, saltamos a él, nadamos en él y salpicamos los muros de la información con nuestros aullidos de horror. Y olvidamos que el verdadero periodismo de investigación se refiere a la persistente búsqueda de la verdad a través de nuestras propias fuentes, en vez de volcar un frasco de secretos enfrente de los lectores, secretos que Assange y compañía –más que nosotros– habían decidido hacer públicos.

¿Por qué, recuerdo haberme preguntado hace casi 10 años, pudimos leer las indiscreciones de tantos árabes y estadunidenses, pero de tan pocos israelíes? ¿Exactamente quién estaba preparando la sopa que nos querían hacer comer? ¿Qué pudo haber quedado fuera del caldo? Sin embargo, los días recientes me han convencido de que existe algo mucho más obvio con respecto al encarcelamiento de Assange y la nueva detención de Manning. Y no tiene nada que ver con traición o con cualquier supuesto daño catastrófico a nuestra seguridad.


En el Washington Post esta semana, hemos leído a Marc Theissen, el ex redactor de discursos de la Casa Blanca que defendió la tortura en la CIA como legal y moralmente justa, decirnos que Assange “no es periodista. Es un espía… Realizó espionaje contra Estados Unidos. Y no se arrepiente del daño que ha causado.” Olvídense entonces de que la locura de Trump ya ha convertido la tortura y las relaciones secretas con los enemigos de su país en un pasatiempo.


No, no creo que esto tenga nada que ver con el uso de la Ley contra el Espionaje, por graves que sean sus implicaciones para los periodistas convencionales o para las organizaciones respetables de noticias, como Thiessen nos ha llamado empalagosamente. Tampoco tiene mucho que ver con los peligros que esas revelaciones plantearon para los agentes que Estados Unidos reclutó en Medio Oriente. Recuerdo bien con cuánta frecuencia los intérpretes iraquíes de las fuerzas armadas estadunidenses nos decían que habían rogado que les dieran visas para ellos y sus familias cuando se vieron bajo amenaza en Irak… y cómo a la mayoría les dijeron que se fueran al diablo. Los británicos tratamos a muchos de nuestros propios traductores iraquíes con similar indiferencia.


Así pues, olvidemos sólo por un momento la matanza de civiles, la crueldad letal de los mercenarios estadunidenses (algunos implicados en tráfico de infantes), el asesinato de personal de Reuters por fuerzas de Estados Unidos en Bagdad, el ejército de inocentes detenidos en Guantánamo, la tortura, las mentiras oficiales, las cifras falsas de bajas, las mentiras de las embajadas, el adiestramiento estadunidense de torturadores en Egipto y todos los demás crímenes revelados por las actividades de Assange y Manning.


Supongamos que lo que revelaron hubiera sido bueno y no malo, que los documentos diplomáticos y militares hubieran ofrecido un ejemplo resplandeciente de un país grandioso y moral, y hubiesen demostrado esos ideales nobles y refulgentes que la tierra de los libres siempre ha postulado. Imaginemos que las fuerzas estadunidenses en Irak hubiesen dado repetidas veces la vida para proteger a civiles, que hubieran denunciado las torturas cometidas por sus aliados, que hubieran tratado a los prisioneros de Abu Ghraib (muchos de ellos completamente inocentes), no con crueldad sexual, sino con respeto y gentileza; que hubieran destruido el poder de los mercenarios y los hubieran enviado encadenados a prisiones estadunidenses; que hubieran reconocido, ofreciendo excusas, los cementerios de hombres, mujeres y niños a los que enviaron prematuramente a la tumba en la guerra de Irak. Incluso fantaseemos por un momento con que los tripulantes de un helicóptero estadunidense que abatieron a 12 civiles en una calle de Bagdad no dispusieron de ellos con sus armas, y que la voz en la radio del helicóptero gritó: ¡Esperen, creo que estos tipos son civiles, y que esa arma tal vez es una cámara de televisión! ¡No disparen!


Como todos sabemos, eso es escapismo. Porque lo que esos cientos de miles de documentos representaron fue la vergüenza de Estados Unidos, de sus políticos, sus soldados, sus torturadores, sus diplomáticos. Incluso hubo un elemento de farsa que, sospecho, enfureció a los Thiessens de este mundo mucho más incluso que la más terrible de las revelaciones. Siempre he recordado la indignación expresada por Hillary Clinton cuando se reveló que había enviado sus esbirros a espiar en Naciones Unidas; sus esclavos del Departamento de Estado tuvieron que estudiar los detalles encriptados de los delegados, sus transacciones con tarjetas de crédito, incluso sus tarjetas de viajero frecuente. Pero ¿quién en este mundo querría desperdiciar su tiempo estudiando las tonterías que surgían de los incompetentes funcionarios de la ONU? ¿O, para el caso, quién en la CIA querría perder el tiempo escuchando las conversaciones privadas de Angela Merkel con Ban Ki Moon?


Uno de los cables que Assange reveló se refiere a la revolución iraní de 1979 y a la afirmación del agregado estadunidense Bruce Laingen de que la psique persa es de un egoísmo abrumador. Interesante, pero estudiantes iraníes se habían tomado el extenuante trabajo de pegar todos los jirones de documentos de la embajada estadunidense en Teherán en los años posteriores a 1979 y ya habían publicado las palabras de Laingen décadas antes de que Wikileaks nos las entregara. Tan vasta fue esa primera remesa de 250 mil documentos –que Hillary denunció como un ataque a la comunidad internacional, sin dejar de decir que eran presuntos documentos (como si pudieran ser falsos)–, que pocos pudieron descubrir qué era nuevo y qué viejo. Por eso el New York Times destacó la cita de Laingen como si fuera un hallazgo extraordinario.


Parte del material no había sido tan obvio antes –la sugerencia de que Siria había permitido que insurgentes antiestadunidenses cruzaran su territorio desde Líbano, por ejemplo, era absolutamente correcta–, pero la evidencia de la fabricación iraní de bombas en el sur de Irak era mucho más dudosa. Esta historia ya había sido alegremente filtrada al New York Times por funcionarios del Pentágono en febrero de 2007, y recalentada en años recientes, pero en su mayor parte era mentira. Desde la guerra Irán-Irak de 1980-88 había equipo militar iraní desperdigado por todo el territorio iraquí y la mayoría de los fabricantes de bombas que lo usaron eran musulmanes sunitas iraquíes.


¿Por qué esperar otros 10 años hasta que el próximo Assange nos envíe otro camión de basura lleno de secretos de Estado?


Pero esto es buscarle tres pies al gato entre el tiradero de papeles. Semejantes paparruchas son insignificantes en comparación con las monstruosas revelaciones de crueldad estadunidense: el relato, por ejemplo, de cómo soldados estadunidenses mataron a casi 700 civiles, entre ellos mujeres embarazadas y enfermos mentales, por acercarse demasiado a sus retenes. Y la instrucción dada a las fuerzas de Estados Unidos –trozo de historia revelado por Chelsea Manning– de no investigar cuando sus aliados militares iraquíes flagelaban a prisioneros con cables pesados, los colgaban de ganchos colocados en el techo, les perforaban las piernas con taladros eléctricos y los asaltaban sexualmente. En la evaluación secreta estadunidense de 119 mil muertos en Irak y Afganistán (que en sí está muy por debajo de la realidad), 66 mil 81 fueron clasificados como no combatientes. ¿Cuál habría sido, me pregunto, la reacción estadunidense al asesinato de 66 mil ciudadanos estadunidenses, 20 veces más que los muertos del 11-S?


Por supuesto, se suponía que no deberíamos saber nada de esto. Y podemos ver por qué no. Lo peor de este material no era secreto porque casualmente se hubiese deslizado hacia una carpeta de la administración militar marcada como confidencial o solo para usted, sino porque representa el encubrimiento de crímenes de Estado a escala masiva.


Los responsables de esas atrocidades deben ser sometidos a juicio, extraditados de dondequiera que se escondan y encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Pero no… vamos a castigar a los que filtraron la información, por lastimeros que nos parezcan sus motivos.


Claro, nosotros los periodistas, los que trabajamos para respetables organizaciones de noticias, podemos preocuparnos por las implicaciones de todo esto para nuestra profesión. Pero sería mucho mejor lanzarnos a la caza de otras verdades, igualmente espantosas para las autoridades. ¿Por qué no averiguar, por ejemplo, lo que Mike Pompeo le dijo en privado a Mohammed bin Salman? ¿Qué promesas tóxicas pudo haber hecho Donald Trump a Netanyahu? ¿Qué relaciones mantiene aún Estados Unidos en secreto con Irán, por qué ha mantenido contacto importante –esporádico, silencioso y encubierto– con elementos del régimen sirio?


Pero aquí la acostumbrada luz preventiva: lo que encontremos mediante el viejo periodismo convencional de pedalear duro, de obtener historias por medio de gargantas profundas o contactos confiables, nos va a revelar –si hacemos nuestro trabajo– exactamente la misma vil mendacidad de nuestros amos que condujo al clamor de odio hacia Assange y Manning y, de hecho, hacia Edward Snowden. No seremos procesados porque la persecución de esos tres sentó un peligroso precedente legal, pero seremos perseguidos por las mismas razones: porque lo que vayamos a revelar demostrará sin remedio que nuestros gobiernos y los de nuestros aliados cometen crímenes de guerra, y los responsables de esas iniquidades intentarán hacernos pagar con una vida tras barrotes por tal indiscreción.


La vergüenza, y el temor de ser llamados a cuentas por lo que nuestras autoridades de seguridad han hecho, no la violación de leyes cometida por los filtradores de información, es de lo que se trata todo esto.


Traducción: Jorge Anaya

 

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Migrantes desbordan frontera colombiana con Panamá

Peñita. Más de mil 500 migrantes, entre ellos 250 niños, se hacinan en La Peñita, localidad indígena panameña fronteriza con Colombia, tras sobrevivir el infierno de la selva del Darién, uno de los tramos más peligrosos en su trayecto hacia Estados Unidos, donde abundan mafias criminales. Fue un logro cruzar 575 mil hectáreas de selva y ya se encuentran en la Estación Temporal de Asistencia Humanitaria (ETAH) instalada en este poblado de rudimentarias casas de madera y techos de paja, donde reciben asistencia médica. Con capacidad para unas 100 personas, la ETAH está desbordada. Cerca de 4 mil indocumentados, principalmente de Haití, Cuba, República Democrática del Congo, India, Camerún, Bangladesh y Angola, se encuentran en diferentes centros de acogida de Panamá a la espera de continuar su viaje, primero hacia Costa Rica y luego a Estados Unidos. Con serranías, ríos caudalosos, sin vías de comunicación terrestre y bajo un calor insoportable, los migrantes cruzan el Darién a través de caminos estrechos, muchos de ellos utilizados por narcotraficantes y bandas criminales. La selva es tan densa que a veces no llega la luz del día y todo es oscuridad. Durante los primeros cuatro meses de 2019 por la ruta selvática han pasado al menos 7 mil 724 adultos, el triple que hace un año, y mil 141 menores, el doble que en el mismo periodo de 2018.

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Martes, 28 Mayo 2019 06:56

Trabajo digno, social, duradero

Trabajo digno, social, duradero

Más que cualquier otro parámetro de la realidad humana, el trabajo es la clave que define el futuro de los seres humanos. Y ese futuro es incierto. “El trabajo reviste un valor social: de colaboración, de creación de un mundo común, de relaciones. Por ello cristaliza también las situaciones de desigualdad”. Con este postulado sintetizado por el Ceras (Centro de investigación y de acción sociales), ampliado por le OIT (Organización Internacional del Trabajo) a través del principio de “un trabajo decente” y el imperativo de una ecología integral diseñado por el papa Francisco en su Encíclica Laudato si se llevó a cabo en la Unesco un coloquio internacional sobre el tema “Qué trabajo para una transición ecológica y responsable”. La relación entre el trabajo y la ecología es mucho más profunda de lo que las apariencias de la tecnocultura permiten entrever. Según la OIT, en 2014 “alrededor de 1400 millones de puestos de trabajo –40% del empleo mundial– dependían de los procesos naturales”(ILO, 2018). De allí la trascendencia de un coloquio que contó con la presencia de decenas de expertos y una delegación argentina que presentó un proyecto de innovación y acción social a partir de experiencias de inclusión y de revinculación de los jóvenes sin empleo con el mundo del trabajo. 

Invitados por la teóloga Emilce Cuda, especialista en moral social, asesora del Celam, profesora en la Universidad Jaureche, en la UCA e integrante del equipo de investigación del Ceras en la línea “trabajo y ecología”, un grupo de argentinos miembros de Los Cuidadores de la Casa Común y monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, expusieron en París el proyecto con el que trabajan en la Argentina sino una ampliación de los criterios adelantados por la Organización Internacional del Trabajo. La doctora Cuda acota al respecto que “a finales del siglo XX la consigna de la OIT fue un empleo decente. Esto es válido sólo en sociedades de pleno empleo, o en contextos de economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. Cuando nos movemos a otros contextos donde la economía no llegó a esos niveles, ahí no podemos hablar de empleo decente. El problema que tenemos es que en nuestros sistemas no hay empleos, o son marginales. La lucha es entonces por trabajo digno. Allí se cambia la consigna inicial: ahora es trabajo digno, es tierra, techo y trabajo”. Con la base del Laudato si de Francisco, en los dos años de trabajo que consumió la investigación del Ceres se trató de instalar la diferencia entre “trabajo decente y trabajo digno”. En la capital francesa, uno de los testigos y protagonistas de esa articulación fue monseñor Jorge Lugones. Aquí radica la particularidad de la presencia Argentina en París: “se expuso el único proyecto de acción que está funcionando en la Argentina hace tres años con unas 5000 personas incluidas (Emilce Cuda)”. Monseñor Lugones explica que la propuesta presentada en París “tiene como destinatarios los jóvenes en riesgo, en vulnerabilidad psicosocial. En la Argentina tenemos más de un millón de chicas y chicos que ni estudian ni trabajan”. Esa posibilidad de una acción en el terreno es lo que sobresalió en el coloquio de la Unesco mediante un plan activo y probado que incluyó, por ejemplo en Lomas de Zamora, “el encuentro entre empresarios, cámaras de comercio, movimientos sociales, pequeña y mediana industria, sindicatos, universidades hasta la inserción efectiva de los jóvenes en el ámbito del trabajo”.


El punto de apoyo y desarrollo ha sido, explica monseñor Lugones, “el Laudato si. Nosotros implementamos que esa carta del Papa podía ser algo importante para los chicos y chicas que están en vulnerabilidad psicosocial. Los Cuidadores de la Casa Común responden a ese enunciado. Para ser cuidador de La Casa Común hay que cuidarse a si mismo, y hay que intentar también cuidar al otro. Aquí, en París, no he visto ningún ejemplo donde se haya llevado a la práctica el Laudato si de esta manera”. Los Cuidadores de la Casa Común son una emanación del texto papal y su labor se conecta con el eje común de todas las problemáticas que se plantean en todo el planeta, es decir, el desempleo y esa idea algo perversa que, como lo acota Emilce Cuda, conduce a que “algunos quieran corregir la situación del siglo XXI al siglo XX”. Monseñor Lugones recuerda al respecto que “el trabajo decente era para los siglos XIX y XX cuando había trabajo. Hoy no hay trabajo. Cuando más se achica el Estado, más arrasan las políticas neoliberales. En América Latina hay un avance despersonalizante. Ya no se piensa en la persona, se piensa sólo en la ganancia”. Pensar distinto y actuar con otro perfil sobre la realidad, esa es la consigna. “Hablar del trabajo es seguir considerándolo como mercancía. Tenemos que conseguir otro modo de garantizar el trabajo que no tiene que ser necesariamente asalariado en condiciones de explotación, sino remunerado y creativo.

Es preciso también tornar visible al trabajador más que al trabajo. Como dice el Papa, la solución no es economicista sino que se trata claramente de un cambio cultural”, detalla Emilce Cuda. Ignacio Alonso Alasino, coordinador del proyecto global El Futuro del Trabajo en la Comisión Católica para las Migraciones, acentúa que el futuro del trabajo depende mucho de “la transición ecológica hacia una economía que deje de ser del descarte y piense desde un enfoque más humano”. La modificación del horizonte laboral ha trastornado la vida de millones de personas. Nomadismo laboral, trabajos temporales, contratos sin derechos llevan a que “nadie disfrute del trabajo, a que la gente trabaje mucho para ganar muy poco sin siquiera contar con que sus beneficios sociales sean respetados. La falla primera está en el sistema económico”, agrega Alasino. Para salir hacia arriba de este circulo vicioso el diálogo social con todos los actores es central, tanto como la inclusión de la dimensión medioambiental. Durante dos años, la OIT y el Ceras trabajaron en un grupo internacional compuesto por unos 30 actores sociales para elaborar el manifestó “Por un trabajo social, decente y duradero”. El texto toma en cuenta “el futuro del trabajo como parte integrante de la transición ecológica” y sus múltiples derivados, empezando por la evidencia: “la urgencia ecológica es también una cuestión de justicia social”. La Argentina, con sus experiencias de inclusión de los vulnerables, trazó en París un camino para unir lo decente con lo digno.


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