Miércoles, 05 Noviembre 2014 07:15

Revolución urbana y derechos ciudadanos

Revolución urbana y derechos ciudadanos

En la actualidad, los ciudadanos plantean tres problemas de enorme calado para los que demandan solución o, al menos, alternativas: la quiebra de la democracia, la crisis económico-financiera y la falta de participación en las esferas de decisión en asuntos que les competen directamente.


Jordi Borja, profesor y urbanista de larga trayectoria, autor del libro cuyo título encabeza este artículo, plantea una serie de interesantes reflexiones sobre dichos problemas, que conviene tener en cuenta en estos momentos de incertidumbre y búsqueda de vías de salida por parte de una sociedad ávida de una vida mejor y del respeto de sus derechos de ciudadanía.


El autor plantea con lucidez que las instituciones de proximidad (ayuntamientos y comunidades autónomas) son vías de democratización (proximidad, representatividad inmediata) de la vida política, pero claramente insuficientes (por decisiones externas a las propias comunidades locales, opacidad de los poderes económico-financieros que actúan sobre el territorio local, falta de competencias, etc.).
La atribución de competencias de programación de grandes equipamientos y servicios a consorcios intermunicipales, la realización de planeamientos estratégicos metropolitanos, la coordinación de inversiones y la gestión eficiente de servicios podrían ser vías de renovación democrática e innovación política. Sin olvidar que dicha concertación debe combinarse con la descentralización por barrios, porque toda competencia que pueda ejercerse eficazmente a este nivel no hay razón para traspasarla a otro ámbito superior de gobierno y gestión.


Ni tampoco olvidarse que las administraciones a nivel autonómico y estatal deberían estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no de los correspondientes a grandes corporaciones nacionales y multinacionales. Pero para eso deben apoyarse en los movimientos ciudadanos y en sus electores, y no plegarse a intereses espurios. Y también en municipios de tamaño suficiente, que requieren con urgencia su fusión en unidades mayores para prestar eficazmente los servicios a los que por ley están obligados.


Si bien la realidad es tozuda, y se sobrepone a nuestros deseos y voluntades. La manifestación más evidente de la quiebra de la democracia en la ciudad es la falta de derechos de los ciudadanos. El ejercicio pleno del derecho a la vivienda, el propio derecho a la ciudad (a los espacios públicos), al transporte y a la movilidad, al medio ambiente de calidad, a la Justicia y a la seguridad, a los servicios públicos, a las tecnologías de la información y comunicación especialmente en las relaciones con las administraciones públicas... son fundamentales para que podamos hablar con propiedad de democracia urbana.


La crisis económico-financiera se manifiesta en la ciudad con toda su crudeza. Las promociones urbanísticas abandonadas como catedrales en el desierto, la inaccesibilidad a la vivienda y el recurso a los desahucios, el boom inmobiliario y el uso abusivo de la propiedad privada del suelo, la permisividad urbanística y la desposesión de derechos, la "explosión de la ciudad" en fragmentadas y difusas urbanizaciones económica y ambientalmente ruinosas o el despilfarro de recursos básicos (agua, hidrocarburos, electricidad y otras formas de energía) están haciendo de nuestras ciudades espacios económicos ineficientes, especulativos y crecientemente invivibles y desiguales.


Es lo que Borja denomina "revolución urbana" o "proceso de urbanización que no genera necesariamente ciudad", característico de los dos o tres últimos decenios, por el que aumenta la segregación y la exclusión social, se refuerza la dispersión contra la ciudad compacta, se crean mecanismos disgregadores de la ciudad, que dan origen a territorios suburbanos de lo podríamos llamar la anticiudad.


Anticiudad, quizá no se pueda decir mejor, por la inexistencia de espacios y equipamientos públicos, sin comercio y servicios de proximidad, pero con grandes superficies a las que únicamente cabe desplazarse costosamente en coche los fines de semana, y sin lugares de encuentro de los vecinos y ciudadanos en plazas, jardines y centros públicos de carácter social y cultural a los que pueda uno desplazarse a pie.
Los habitantes de la anticiudad son ciudadanos aislados en sus habitáculos residenciales, despersonalizados y desconocidos por los que conviven físicamente al lado, sin posibilidad de hacer comunidades de vecindad basadas en la comunicación, el conocimiento mutuo y la creación de valores compartidos. Esto es lo que ya está pasando en las grandes ciudades españolas en la actualidad, siguiendo los patrones de urbanización norteamericanos; aun cuando sea menos manifiesto, aunque ya apreciables, en ciudades de menor tamaño.


Las autoridades locales han sido "cómplices del proceso" de crisis descrito, pero deberían (tendrían) que dejarlo de serlo. ¿Cómo? El autor nos responde: "Moralizando la economía" (contra la corrupción y la especulación, sanciones ejemplares), priorizando el acceso a la vivienda y la oferta de alquiler, optando por un urbanismo compacto y poli-céntrico, considerando bienes y servicios públicos al agua, la energía, la tierra, el aire, desarrollando los tejidos productivos locales de pequeñas y medianas empresas...


Por último, las ciudades permiten —debieran permitir como práctica social habitual— "construir escenarios entre las instituciones y los colectivos ciudadanos para deliberar, negociar, confrontarse, llegar a acuerdos o no". Es fundamental que los cauces de participación de la acción colectiva de los ciudadanos partan de la aceptación de que los conflictos sociales son expresión de la realidad cotidiana de las ciudades, porque en ella coexisten intereses contrapuestos que generan movimientos sociales que tratan —si son genuinos— de influir en las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Sólo así éstos pueden sentirse dueños de su ciudad, escuchados y tenidos en cuenta, artífices de su futuro. Y a los responsables políticos no les vendría nada mal para captar necesidades vecinales, establecer criterios de decisión y elaborar presupuestos.


En conclusión, estas tres reflexiones deberían ser tenidas muy en cuenta por parte de nuestras autoridades territoriales, sobre todo ahora que están preparando sus programas y estrategias de acción de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.



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Sábado, 01 Noviembre 2014 17:53

La violencia en Jerusalén oriental

La violencia en Jerusalén oriental


El historiador judío-uruguayo Gerardo Leibner, residente en Tel Aviv, habla de los ataques constantes de los israelíes a los palestinos. Brecha reproduce a continuación ese mensaje, así como otras dos notas, ambas escritas por israelíes que resisten a la política de su gobierno.


La semana pasada reapareció la violencia en las calles de Jerusalén oriental, luego de que una beba israelí muriera atropellada por un palestino. El joven palestino, que según su familia estaba agotado y se durmió al volante del auto, fue baleado y muerto por la policía israelí. El gobierno uruguayo condenó el supuesto ataque y lo atribuyó a Hamas. El historiador judío-uruguayo Gerardo Leibner, residente en Tel Aviv, le respondió en una carta en la que pone en duda la versión oficial y habla de los ataques constantes de los israelíes a los palestinos. Brecha reproduce a continuación ese mensaje, así como otra nota, también escrita por un israelí que resiste a la política de su gobierno.


La vara con que se mide


Por Gerardo Leibner


Al gobierno uruguayo, algunas aclaraciones.


1) Muy bien por condenar atentados contra la vida de civiles, sin importar su identidad.


2) No hay tal convivencia de judíos y palestinos en la ciudad de Jerusalén. La población palestina en los barrios este de Jerusalén no son ciudadanos de Israel, no tienen garantías ciudadanas, sufren no sólo de discriminación y represión sino que están sometidos a un régimen legal incierto con su derecho de residencia en constante peligro de revocación. Un estudiante palestino nacido y criado en Jerusalén puede perder su derecho a residir en la ciudad sólo por salir durante más de tres años a estudiar en Belén, Ramalah o en el exterior.


3) Ciudadanos israelíes de todo el país son estimulados, con beneficios económicos, a residir en barrios palestinos en Jerusalén oriental. Palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania no pueden ingresar a Jerusalén sin permisos especiales y siempre temporarios.
4) Los barrios palestinos de Jerusalén oriental no son todos pobres pero sufren todos de un maltrato y deterioro intencional por parte de la municipalidad de Jerusalén.


5) La actividad política de partidos palestinos (sean éstos de centro, derecha, religiosos o de izquierda) está prohibida en Jerusalén y es considerada "terrorismo". Hay presos políticos por distribuir volantes, por colgar banderas, hacer pintadas o por "asociación ilícita".


6) Durante los recientes y trágicos meses cientos de trabajadores y transeúntes palestinos fueron agredidos en el centro de la ciudad (por donde deben pasar para trasladarse a sus lugares de trabajo) por grupos de jóvenes nacionalistas judíos que suelen reunirse para linchar árabes al grito de "muerte a los árabes". En la ciudad se van acumulando mucho resentimiento y odio, que no datan de ayer pero que están llegando a niveles desconocidos en las últimas décadas.


La violencia contra civiles es siempre repudiable, pero por condenarla no hay que legitimar la ocupación colonialista de una ciudad. Si todo esto es convivencia entre comunidades, yo estoy en contra de ese tipo de "convivencia".


Vale mencionar, de paso, que en menos de ocho días fueron asesinados dos niños y una niña palestinos en Jerusalén este y Cisjordania. Ninguno cometió ningún atentado terrorista ni participó en ninguna acción armada o violenta, excepto –en algún caso– protestar por la creciente escalada represiva en Jerusalén este y en Cisjordania.


Como testigo cercano de los crímenes que se cometen diariamente y de la actual escalada represiva, afirmo:


• No hay absolutamente ninguna evidencia de que ese hecho haya sido un atentado terrorista ideado o ejecutado por Hamas. Todos los medios que he consultado afirman que fue una acción individual de un joven de 21 que recién había salido de la cárcel y padecía estrés postraumático. Además, el joven fue ejecutado en forma sumaria por las fuerzas israelíes cuando estaba reducido y desarmado, lo cual constituye un crimen condenable.


• A quienes conocemos de cerca y en directo lo que está ocurriendo, nos resulta sorprendente que, ante la magnitud de la violencia institucional creciente que Israel está llevando a cabo en Jerusalén contra la población palestina (centrada en la mezquita de Al Aqsa pero también en los barrios periféricos), hasta ahora no haya habido mayores respuestas violentas palestinas.


• Es lamentable y peligroso hacer declaraciones oficiales sobre un conflicto prolongado y complejo sin conocer su historia y sobre todo su coyuntura y realidad actuales. Ese desconocimiento convierte al gobierno en objetivo fácil de la propaganda y las presiones sionistas que llevan a hacer declaraciones como la mencionada, desinformada y totalmente fuera de lugar y de contexto.


• Espero leer alguna condena del gobierno uruguayo a los reiterados crímenes cometidos recientemente por las fuerzas israelíes que se han cobrado las vidas de niños y jóvenes palestinos inocentes en estos días. De lo contrario tendremos que concluir que para el gobierno uruguayo, al igual que para el de Israel y sus aliados, la vida de las niñas y niños palestinos no tiene el mismo valor que la de sus pares israelíes.


Arde Jerusalén


Por Michel Warschawski*


Hubo un tiempo en que el Estado de Israel tenía verdaderos líderes políticos. Su capacidad para mentir y ocultar sus verdaderos (y odiosos) objetivos bajo una fachada de moderación y disposición para el compromiso los hizo populares en todo el mundo (occidental). Ellos argumentaban que el verdadero problema era la falta de una contraparte que estuviera dispuesta –como los líderes israelíes supuestamente estaban– a hacer "concesiones dolorosas".


David Ben-Gurion fue ese tipo de gran líder mentiroso, y debido a su capacidad para ocultar los hechos detrás de una cortina de humo de mentiras pudo obtener el apoyo de la comunidad internacional para el establecimiento del Estado de Israel. Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén en 1967, fue capaz de anexionar Jerusalén este y aun así conservar la imagen de político moderado y motivado por la voluntad de trabajar por la plena igualdad entre judíos y árabes en la "ciudad unida".


Los actuales dirigentes de Israel han olvidado casi todo lo que deberían haber aprendido de los padres fundadores, incluyendo la capacidad de mentir. Dicen abiertamente que no están interesados en ningún tipo de compromiso, que desprecian la idea misma de igualdad entre judíos y árabes, y que la judaización de Cisjordania, incluida Jerusalén, es su objetivo estratégico.


Semejante discurso directo hace de la moderación extrema de Majmud Abbas un chiste triste: es él quien no tiene contraparte israelí para algún tipo de compromiso, y sus llamadas a una "vuelta a las negociaciones de paz" son percibidas correctamente como patéticas. Después de años de "esperen y vean", el pueblo palestino ha perdido totalmente la confianza en un acuerdo político entre la Olp e Israel. Los palestinos sólo creen en los actos del gobierno de Israel, y no en las promesas vacías de su presidente.
El gobierno de extrema derecha israelí ha decidido enterrar a Majmud Abbas bajo una serie de provocaciones, principalmente mediante la construcción de nuevas colonias, y no de forma discreta, como el gobierno de Estados Unidos está sugiriendo, sino con anuncios abiertos. Más aun, ha decidido aumentar la provocación apoyando a los activistas de derecha israelíes que invaden la mezquita de Al Aqsa, el sitio más simbólico no sólo para el pueblo palestino sino para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo.


Las últimas provocaciones en Al Aqsa bien pueden haber ido demasiado lejos: en las últimas semanas la población palestina de Jerusalén se encuentra en estado de rebelión, y Jerusalén es una ciudad en guerra; una guerra de baja intensidad pero guerra al fin. Los palestinos manifiestan para defender su lugar sagrado, y están listos para hacer frente a la brutalidad de la policía israelí y detener una nueva agresión. Diariamente cientos de policías armados atacan brutalmente a los jóvenes manifestantes, y el gas lacrimógeno y los helicópteros sobrevuelan permanentemente la ciudad; pero cada día la movilización palestina está ganando más impulso.
Hace unos meses sugerí que la próxima Intifada será en Jerusalén. Netaniahu, Bennett y el alcalde de Jerusalén, Barkat, están haciendo sus mayores esfuerzos para que esta predicción se cumpla. 


* Activista antisionista israelí. Lideró la Liga Comunista Revolucionaria Marxista hasta su desaparición en la década de 1990, y cofundó el Centro de Información Alternativa (Aic). Publicado el sábado 25 por el Aic.

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Viernes, 31 Octubre 2014 06:28

La masacre como forma de dominación

La masacre como forma de dominación

Mientras sostenía el Premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a Fudem (Fuer¬zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: Esto es una guerra. El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren.


En efecto, hay una guerra contra los pueblos. Una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o, simplemente, porque sobran, en el más crudo sentido de que son innecesarios para la acumulación de riqueza.

Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No sólo se asesina. Se decapita y se desmiembra para regar las partes a la vista de la población, como escarmiento y advertencia. Para infundir miedo. Para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas.

No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la Corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la plaza de armas de Cusco.

Amaru fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus dos hijos mayores y de su esposa, además de otros familiares y amigos. Antes de morir fueron torturados, les cortaron la lengua, todo un símbolo de lo que realmente molestaba a los conquistadores. El hijo menor, de sólo 10 años, fue obligado a presenciar la tortura y muerte de toda la familia, para ser luego desterrado a África.


La cabeza de Amaru fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y después en Tinta, sus brazos y piernas fueron enviados a ciudades y pueblos para escarmiento de sus seguidores. Túpac Katari y sus seguidores sufrieron más o menos los mismos tormentos y sus restos fueron también esparcidos por los territorios de lo que hoy es Bolivia. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse del oro y la plata; ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos y las hidroeléctricas. Pero en el fondo, se trata de mantener a los de abajo en silencio, sometidos y quietos.

La masacre es la genealogía que diferencia nuestra historia de la europea. Aquí las formas de disciplinamiento no fueron ni el panóptico ni el satanic mill, la fábrica del diablo de la Revolución Industrial y la explotación capitalista, retratada por el poeta William Blake y analizada con rigor por Karl Polanyi. El cercamiento de campos a partir del siglo XVI en Inglaterra, una revolución de los ricos contra los pobres, es analizada como el quebrantamiento de los viejos derechos y costumbres por los señores y nobles, "utilizando en ocasiones la violencia y casi siempre las presiones y la intimidación" (La gran transformación, La Piqueta, p. 71, subrayado mío).

Aquí la violencia fue, y es, la norma, el modo de eliminar a los rebeldes (como en Santa María de Iquique, Chile, en 1907, cuando fueron masacrados 3 mil 600 mineros en huelga). Es el modo de advertir a los de debajo de que no deben moverse del lugar asignado. Aquí hemos tenido, y tenemos, esclavitud; nada que se parezca al trabajador libre que promovió el desarrollo del capitalismo europeo al robarles las tierras a los campesinos.

Nótese que en las guerras de independencia entre criollos y españoles, los insurgentes apresados por los realistas no fueron torturados. Miguel Hidalgo y José María Morelos, por mencionar destacados rebeldes criollos, fueron juzgados y luego fusilados como se hacía en la época con los prisioneros de guerra. Sólo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Túpac Katari y Túpac Amaru, como todos los indios, negros y mestizos de nuestra América.


No es historia. En el Brasil democrático, la organización Madres de Mayo contabiliza, entre 1990 y 2012, 25 masacres, todas de negros y pardos, como la que dio origen a su militancia: en mayo de 2006, en el contexto de la represión al Primer Comando de la Capital de Sao Paulo (narcos organizados desde las cárceles), fueron asesinados 498 jóvenes pobres, varones de 15 a 25 años, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada por la policía.

El narco es la excusa. Pero el narco no existe. Son los negocios que forman parte de los modos de acumular/robar de la clase dominante. No estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba, y que le llaman democracia: votar un día cada cinco o seis años y dejarse robar/asesinar el resto del tiempo.

Lo peor que podemos hacer es no mirar la realidad de frente, hacer como si la guerra no existiera porque todavía no te han golpeado, porque todavía sobrevivimos. Esto es contra todos y todas. Es cierto que hay una porción que aún pueden expresarse libremente, manifestarse incluso, sin ser aniquilados. Siempre que no se salgan del libreto, que no pongamos en cuestión el modelo. Bien mirado, los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras de independencia, los que pueden esperar una muerte digna, como Hidalgo y Morelos.

Pero el tema es otro. Si queremos de verdad que el mundo cambie, y no usar la resistencia de los de abajo para treparnos arriba, como hicieron los criollos en las repúblicas, no podemos conformarnos con maquillar lo que hay. Se trata de tomar otros rumbos.

Tal vez un buen comienzo sea continuar los pasos de los seguidores de Amaru y Katari. Reconstruir los cuerpos despedazados para reiniciar el camino, allí donde el combate fue interrumpido. Es un momento místico: mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino.

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Viernes, 31 Octubre 2014 05:56

"El sufrimiento no se negocia"

"El sufrimiento no se negocia"

"La confianza no se pide, la confianza se gana", le espetaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos. "El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio", dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.


Luego de más de cinco horas de reunión entre Peña Nieto y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno mexicano avivó la frustración de buena parte de la sociedad al poner el manejo de la crisis de derechos humanos que ha despertado la preocupación internacional por encima de la investigación que esclarezca uno de los mayores casos de desaparición forzada en México en tiempos recientes.


"Le dijimos: 'No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'", dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La dignidad de estos campesinos, víctimas también ellos de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para poner por escrito y firmar la minuta con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos.
Ya avanzada la noche del miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los familiares y los estudiantes normalistas reclamaron que "sigue sin llegar la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano". También fueron claros al condicionar un nuevo encuentro con el gobierno de Peña Nieto para que haya resultados reales en la búsqueda de los estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, desde el 26 de septiembre.


Antes, desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto apareció en una cadena nacional con un discurso que apeló a las emociones, no a exponer acciones concretas de su administración ni a demostrar verdadera voluntad política. La intención de la reunión con los familiares de los desaparecidos, dijo ante las cámaras de televisión, "busca generar confianza".


Con un discurso que nuevamente se quedó lejos de las expectativas, Peña Nieto resumió las nuevas promesas hechas durante el encuentro: accedió a buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, asumiendo que siguen vivos, y ya no sólo en fosas clandestinas, como han hecho hasta ahora; incorporar a la investigación de la PGR al equipo de forenses argentinos, que lleva ya varias semanas en México, y aceptar a personas de reconocida calidad moral como coadyuvantes; no dar espacio a la impunidad; respetar los derechos humanos de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y frenar su criminalización, así como reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones; y crear una comisión de seguimiento con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, los propios normalistas de Ayotzinapa y representantes de la sociedad civil, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso sí: para ello ofreció controlar la información de las investigaciones con el fin de evitar filtraciones a los medios.


Los llamados "compromisos" que asumió públicamente Peña Nieto el miércoles es lo mínimo que los familiares de los desaparecidos y amplias capas de la sociedad han reclamado desde hace ya 35 días en decenas de movilizaciones por todo el país y en cerca de medio centenar de ciudades por todo el mundo. Por eso era importante para los familiares que el presidente y sus funcionarios los pusieran por escrito y los firmaran. "Las palabras se las lleva el viento", dijeron.
A tono con esa premisa, Peña Nieto apareció ante las cámaras hablando de sí mismo en tercera persona. Dijo que "el presidente de la República por igual está indignado por estos hechos", y aseguró que su administración "asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias sino (también) a la sociedad mexicana". El presidente fue ridiculizado de inmediato en las redes sociales, donde varios preguntaron si también participará en las siguientes marchas de protesta contra la ineficacia de su propio gobierno.

En realidad, la tónica de la reunión fue el dolor, la angustia, la consternación e indignación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero sobre todo flotó la impaciencia porque aún no los han encontrado.


"Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque (Peña Nieto) quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos", explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y aplasta toda demagogia con una lógica irrebatible: "Para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos. Se los llevaron contra su voluntad, hay gente que sabe dónde están".
Para Melitón Ortega, padre de otro estudiante desaparecido, Peña Nieto "sale contento porque ya hay un acercamiento. No se da cuenta, él o algunas personalidades políticas, de que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio".


Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es un crimen de lesa humanidad", dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro padre que tampoco sabe qué fue de su hijo. Junto con los demás familiares hizo un llamado a la sociedad "a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos".

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue sin responder la pregunta que el país –y el mundo– le plantea desde hace más de un mes: ¿dónde están los 43?

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Paralizados 23 centros de reclusión en doce departamentos

El "Plan reglamento" aplicado desde el pasado 4 de agosto por el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, y las huelgas de hambre declaradas por más de 5 mil reclusos concentrados en las carcelarias de doce departamentos, colocan de nuevo el dedo en la llaga de la crisis carcelaria que desde hace más de 16 años padece el país, y sufren de manera directa quienes terminan encerrados en los llamados "centros de resocialización".


Quemando colchonetas, las docenas de detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata –URI– de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, protestaron este lunes 27 de octubre por el hacinamiento que padecen en el centro de reclusión, debido al congelamiento de traslados y remisiones ocasionado por el "Plan Reglamento" ordenado por sindicato del Inpec.

Un barrido realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 36 regionales en el país, logró establecer que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, han sufrido alguna afectación por la parálisis. Lo que también ha provocado una ola de inconformismo por parte de éstos, desencadenando jornadas de desobediencia civil y huelgas de hambre, como ocurre en los centros de reclusión de Cómbita y La Dorada. Acciones que buscan denunciar públicamente el pésimo tratamiento al régimen de visitas, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención en salud y los problemas de alimentación que padecen, todo lo cual han sido valorado una y otra vez por la Defensoría del Pueblo y por los mismos jueces como una violación sistemática a los derechos humanos.

El caso más reciente que evidencia la constante violación de sus derechos –en verdad el conjunto de la Carta de Derechos Humanos–, puede constatarse con la muerte del recluso José Luis Polo, ocurrida el sábado 25 de octubre como resultado de un tratamiento médico inadecuado. Según los familiares del detenido, Polo ya había ganado varias acciones de tutela que ordenaban su atención médica, ya que padecía una afección pulmonar. Sin embargo, a pesar de los fallos a su favor, no hubo una atención y tratamiento oportuno, por lo que su estado de salud se deterioró y fue solo a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo que fue valorado y diagnosticado con tuberculosis avanzada.

Debido a la crisis por la que pasa el sistema carcelario, los presos crearon el Movimiento Nacional Carcelario, que también cuenta con un pliego de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se cuenta la instalación de una mesa de concertación como espacio de diálogo en donde garanticen la solución al problema carcelario como conjunto, pero además, donde también existen demandas puntuales como la aprobación del proyecto de ley de rebaja de penas, beneficios administrativos para cada preso, visita semanal de ocho horas y dignificación de las mismas, y solución definitiva e inmediata a las condiciones de salud.

Entre las cárceles más grandes sumadas a esta protesta están La Ternera de Cartagena, La Modelo de Bogotá y Tramacúa, en Valledupar.

Ya desde el 24 de agosto, el defensor del pueblo, Armando Otálora, había efectuado un llamado a las instancias gubernamentales "esta es una ausencia de políticas de Estado, no de este Gobierno, de todos los gobiernos, por eso le hemos planteado al Gobierno Nacional que tiene que acudir a la figura de emergencia social. No podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro lado les estamos maltratando y desconociendo sus derechos".

Escuche la carta de un preso de la cárcel La Picota, miembro del Movimiento Nacional Carcelario:
https://soundcloud.com/zonapublicatv/carta-de-un-preso-de-la-picota-perteneciente-al-movimiento-nacional-carcelario



¿Por qué se reanudó el "Plan Reglamento" del sindicato del Inpec?

El reclamo inició el 17 de mayo de este año, mes en que La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP declaró el "Plan reglamento" de manera 'indefinida', hasta que se cumplieran los cuatro puntos exigidos en su pliego: garantías laborales –como reclasificación–, nivelación salarial y derecho a pensión para determinados funcionarios y el fortalecimiento institucional en temas de vehículos, cursos para los guardias, armas y transporte.

El "Plan reglamento" aplicado por el sindicato del Inpec causó en pocos días el congelamiento del sector judicial; el 28 de mayo el Gobierno firmó el pliego de peticiones, comprometiéndose a cumplir las demandas elevadas por la organización sindical. Sin embargo, luego de meses de incumplimiento, la UTP decidió retomar el "Plan reglamento" en búsqueda de soluciones concretas.


Los cuatro problemas que hoy enfrentan los presos

 

Un acumulado de años. En 1997 un ciudadano alemán recluido en la cárcel de Barranquilla sufrió un grave deterioro en su salud debido a que el centro penitenciario no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La solución del Inpec fue trasladar al recluso a La Picota, donde tampoco existían las condiciones para una persona en silla de ruedas. El agravamiento de su situación obligó a un acuerdo con la Embajada Alemana y trasladarlo a su país natal.


Fue este hecho el que produjo que en 1998, la Corte Constitucional declarara un fallo de tutela sobre las violaciones a los derechos fundamentales que padecían los internos en todos los centros penitenciarios del país. La sentencia T-153 ordenó remediar la situación de forma urgente, debido a que según sus declaraciones "en las cárceles colombianas se vivía un estado de cosas inconstitucionales", sin embargo, luego de 16 años de este fallo, la crisis en los centros de reclusión sigue y se agrava.


Las principales problemáticas que enfrentan los presos, pueden resumirse, según la Defensoría del Pueblo, en cuatro aspectos: la atención en salud, que es precaria, entre otros centros de reclusión en el de Anayanci –Quibdó–, donde desde mayo de 2014 no hay personal médico, no tienen farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes; la infraestructura carcelaria, retomada en un fallo de la Corte donde señala, como ejemplo, que 158 reclusos de La Picota de Bogotá tenían que realizar su visita conyugal, en un mismo día, turnándose en una sola celda; el hacinamiento, en muchas ocasiones superior al 150 y más por ciento; la falta de proyectos de reintegración social, y la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados para que los reclusos puedan volver a integrarse a sus comunidades al finalizar su condena.


Por su parte, el último pronunciamiento del director del Inpec ante la situación que padece el sistema carcelario, fue realzar ante la W Radio la disminución, en lo que va de este año, de un 9 por ciento del hacinamiento en cuestión, agregando que "los sindicados son quienes crean el hacinamiento".


Las peticiones de la UTP y del Movimiento Nacional Carcelario aún están a la espera de ser atendidas. Mientras tanto, y como se ha dicho tantas veces y durante tantos años, el sistema carcelario enfrenta "la mayor crisis carcelaria de la historia", según la afirmación del Defensor del Pueblo.

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Viernes, 24 Octubre 2014 17:04

Un Estado fallido planificado

Un Estado fallido planificado

El Estado mexicano se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narcotráfico y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

 

Familiares de los estudiantes desaparecidos rezan frente a un altar en Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 AFP Yuri Cortez
"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", grita María Ester Contreras, mientras 20 puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.


Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar a militantes, sino de algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para Ibm, secuestrado por el narcotráfico para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. "Le puede tocar a cualquiera", advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno al tema.


Fundem nació en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. "Daños colaterales", los llamó el ex presidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. "Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido", replica Contreras.


PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO. Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad, celebrada en mayo, destaca que "según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013 se contaban 26.121 personas desaparecidas", desde que Calderón declaró la "guerra al narcotráfico" en 2006. En mayo de 2013 Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno mexicano reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).


La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narcotráfico mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9 mil civiles, en tanto el número de víctimas de cárteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16 mil (Russia Today, martes 21). Los cárteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, y después exponerlos para atemorizar a la población. "Con el mismo propósito también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales".


Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones, y desde 2006 los cárteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas (véase también la sección Papelera de Reciclaje, nota de Daniel Gatti). El Estado Islámico asesinó a dos periodistas estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los cárteles mexicanos asesinaron a 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.


La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino por qué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que "desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero", sin obtener la menor repuesta (Proceso, domingo 19).


Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho "ha destapado la cloaca de la narcopolítica" del estado de Guerrero (La Jornada, martes 21). En esa narcopolítica participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centroizquierdista Prd, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

 

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. No tienen local propio y se reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

 

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellos 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.


Controlar la sociedad.

Por su larga experiencia, Vera sostiene que la masacre de Ayotzinapa "es un mensajito al pueblo, es decirnos: 'vean de lo que somos capaces'", como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que participaban en La Otra Campaña zapatista fueron brutalmente reprimidos, con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 mujeres violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos "mensajes" se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado mexicano y dirige un albergue para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y "reventaron por conciencia" (Proceso, domingo 19).


Vera destaca la íntima relación entre los cárteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto, dice, de que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país "son el crimen organizado" y que, por lo tanto, "no estamos en democracia" (Proceso, domingo 12).


Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. "El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca." Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.


Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno es el general Óscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados "arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana" bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara el corresponsal de Brecha en México Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la Dea y "producto de exportación" de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que "7 mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos". No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.


Pero hay más. "El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso", por la cual "involuntariamente" 2 mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico, como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse un bumerán a través de la extensa y porosa frontera entre los dos países, tampoco debería ponerse en duda.

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Martes, 14 Octubre 2014 21:07

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".

"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

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La crisis de Iguala se convierte en una tormenta política en México

La cuenta atrás se ha acelerado en México. El descubrimiento de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala y las nuevas confesiones de sicarios van despejando las últimas dudas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Todo está listo para estallar. Solo falta la confirmación oficial de que los cadáveres calcinados y enterrados de mala manera en las afueras de la pequeña ciudad de Guerrero pertenecen a los alumnos de magisterio detenidos por la Policía Municipal la noche del 26 al 27 de septiembre tras una salvaje persecución que acabó con seis muertos y 17 heridos. Pocos dudan de este desenlace, pero mientras llega, el país asiste a una oleada de consternación sin precedentes en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

A las multitudinarias manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una fortísima marea de solidaridad, han seguido las exigencias de organizaciones internacionales, entre ella la propia ONU , para que se resuelva con celeridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar. Y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas y torpes a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas.

El Gobierno, consciente del terremoto que se avecina, se ha puesto manos a la obra. El pasado lunes el propio Peña Nieto, en un mensaje televisado, se mostró "indignado" por los hechos y anunció que no dejaría el más mínimo resquicio a la impunidad. Acto seguido, envió a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el narco, a tomar el control de Iguala. El mismo camino siguió el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el hombre que capturó a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta. Pero estas medidas no han logrado calmar los ánimos.
El presidente, una figura que en México suele planear por encima de los vendavales cotidianos, ha tenido que insistir otra vez en que los culpables caerán y que nada le torcerá el pulso en su persecución. "Tenemos que ir en profundidad y, paso a paso, llegar hasta los responsables, aquellos que por negligencia o por su actuación permitieron que esto ocurriera y que lamentablemente, de confirmarse, permitieron que perdieran la vida jóvenes estudiantes. Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México", ha declarado Peña Nieto. A sus palabras se han sumado, en rigurosa cadena, las más altas instancias de la seguridad mexicana. Uno tras otro, han intervenido para mostrar el denuedo gubernamental en la resolución del caso.

El volcán, pese a esta movilización oficial, no ha dejado de humear. La onda expansiva generada por la desaparición de los muchachos, de extracción humilde, las imágenes de sus padres destrozados y la cólera de numerosos intelectuales y amplios sectores sociales amenaza con traspasar los diques de contención y alcanzar la fibra más sensible y mimada del Ejecutivo: la economía. Hasta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poco dado a tratar sobre cuestiones de seguridad, ha advertido públicamente que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar la atracción de capital, el principal empeño de esta Administración.

El escándalo por el secuestro y más que posible asesinato de los normalistas no nace solo, sino que recoge un malestar previo, difuso, pero amplio, del que ya dio aviso la llamada matanza de Tlatlaya. Una operación militar contra el narco, en la que a finales de junio murieron 22 personas. La sangría se presentó a la opinión pública con una inverosímil versión, que sostenía que las muertes habían sido fruto de un enfrentamiento a tiros. El relato fue avalado, pese a sus innumerables contradicciones, por la escala completa de autoridades encargadas de la investigación oficial. Toda esta defensa saltó por los ares cuando, gracias al testimonio de una superviviente, se descubrió que los militares habían matado a sangre fría a 21 de los supuestos narcos. Este brutal episodio de la guerra sucia, aunque fue sancionado con una fulminante reacción presidencial, que condujo al encarcelamiento de los militares implicados, abundó en la erosión que sufren los responsables de la seguridad. A esta desconfianza se ha añadido la raquítica reacción política en el propio estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre, un dinosaurio de modos caciquiles durante cuyo mandato el territorio ha caído bajo el imperio del narco, convirtiéndose en el más violento de México. Su resistencia a abandonar el cargo ha aumentado la tensión, enlodado a su propio partido, el PRD (izquierda), y catapultado la sensación de que nada ha cambiado.

En esta olla a presión, las investigaciones avanzan con exasperante lentitud. De momento, la procuraduría ha detenido bajo la acusación de homicidio a 34 personas, entre policías municipales y sicarios (indistinguibles en muchos casos). Pero ninguno de los arrestados dejan de ser más que peones de un juego mayor y oscuro. Los autores intelectuales siguen libres. Tanto el alcalde de Iguala como el jefe de la Policía Municipal están en paradero desconocido. En el caso del regidor, cuyos vínculos familiares con el narcotráfico emergen día a día con más claridad, se ha descubierto, para mayor escándalo, que goza de un blindaje judicial, concedido por un magistrado federal a los dos días de los hechos. Esta salvaguarda reafirma su aforamiento e impide detenerle hasta nueva orden. Tampoco ha caído ningún cabecilla del sanguinario cartel de los Guerreros Unidos, la organización que controla Iguala y cuyos sicarios, en connivencia con la Policía Municipal, dieron muerte, según las confesiones de dos detenidos, a los estudiantes, que simplemente se habían apoderado de tres autobuses y reventado un acto de la esposa del alcalde. Una demostración de poder enloquecida y criminal que aún no ha sido sancionada. La cuenta atrás no ha terminado.

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Texas despoja a las mujeres de salud y derechos

SAN ANTONIO— En Texas, es posible medir cuánto han avanzado las mujeres en función del camino que deben recorrer. Una gran cantidad de establecimientos médicos han debido cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros de salud que podrían resultarles necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios que brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo que provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total, el 80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa.


Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente noticia: "Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las armerías de Texas". Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían en armas. Pero en el estado de la estrella solitaria, no todos los derechos nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad fueron establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el histórico fallo emitido en el caso Roe contra Wade.

En 2013, el poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry y el Fiscal General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg Abbott establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos.


Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican abortos como "leyes TRAP", sigla que en inglés significa "trampa". El instituto de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva Guttmacher Institute informó recientemente que "26 estados del país cuentan con leyes o políticas que regulan a los centros médicos que proveen abortos y que exceden lo que resulta necesario para garantizar la seguridad de las pacientes. La totalidad de dichas normativas se aplica a las clínicas en que se practican abortos quirúrgicos".


Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de la organización de planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: "El nuestro es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra aún más al sur y al oeste que nosotros". La clínica de Hons es una de las solo tres que quedan en San Antonio que realizan abortos.

Hons describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que ahora deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto: "Para una mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que tengan o no los documentos en regla... todo ello representa una verdadera carga. Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e íntima, tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy grande. Y más ahora sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos con nuestra red de apoyo para que nos contenga".

El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que defendió el derecho constitucional al aborto ante el tribunal de apelaciones, destacó que el fallo del tribunal hace que "casi un millón de mujeres de Texas se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo para poder ejercer su derecho constitucional a un aborto".
Lindsay Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó: "Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde zonas como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para intentar acceder a este tipo de atención de la salud". Rodriguez agregó: "En su gran mayoría, las personas que se van a ver más afectadas por estas leyes son las personas con menos recursos económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios. Puede que sean personas que, por diversos motivos, se encuentran con más barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no sólo para acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica".


Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia que las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando así la demanda de abortos.
Tras el fallo del tribunal de apelaciones, el Centro de Derechos Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden judicial contra la ley de Texas.


Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en todo el país, el Fiscal General Greg Abbott se enfrenta a su contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más opuestas. En junio de 2013, siendo senadora estatal, Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto durante once horas, demorando así su aprobación, al tiempo que miles de personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo. Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a dos embarazos por motivos de salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de un asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro político. Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la hora de tomar las decisiones más íntimas de nuestras vidas.


________________________________________
Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 10 Octubre 2014 15:55

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

 

La demanda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos recorre todo el país / Foto AFP Ronaldo Schemidt.
Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".


"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.


La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.


El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.


Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".


La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.


Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.


Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.


Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.


Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.


No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.
Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?


Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.


A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.


El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.


Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.


Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.


En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.


Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.


Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.


El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."


Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.


Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.


Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.


1. Revista Proceso, jueves 9.

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