Albert Woodfox, el último de “Los Tres de Angola”, es libre al fin

Albert Woodfox cumplió 69 años el viernes. Ese día también fue liberado de prisión, después de haber estado detenido durante 43 años en confinamiento solitario, más tiempo que ninguna otra persona en la historia de Estados Unidos. En la primera entrevista televisada tras su liberación, brindada a Democracy Now!, Albert Woodfox dijo sobre la coincidencia de fechas: “Es un gran regalo de cumpleaños”. Woodfox es un testimonio vivo del poder de resistencia del espíritu humano cuando se lo somete al castigo cruel e inusual del confinamiento solitario. Su caso también es un importante recordatorio de la injusticia que atraviesa el sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Woodfox era un veinteañero cuando fue enviado a prisión por robo a mano armada en 1971. Fue enviado al centro penitenciario estatal de Louisiana (Louisiana State Penitentiary, en inglés), un complejo carcelario conocido con el nombre de Angola y uno de los más duros de Estados Unidos. La cárcel alberga a 5.000 reclusos y se sitúa en una zona rural de Louisiana, donde antiguamente había una plantación que utilizaba esclavos. Se la denomina popularmente “Angola” porque ese era el país de origen de la mayoría de esos esclavos.

Las condiciones en la prisión Angola en 1971 eran tan violentas y terribles que Woodfox, junto a otro prisionero, Herman Wallace, fundó una de las primeras secciones del partido de las Panteras Negras de Estados Unidos en prisión. En 1972, Woodfox y Wallace fueron acusados de asesinar al guardia de prisión Brent Miller, a pesar de que no había pruebas físicas que vincularan a los hombres con el delito. Una huella dactilar ensangrentada hallada en la escena del crimen, que no coincidía con las huellas dactilares de Wallace ni con las de Woodfox, no fue considerada por las autoridades. Robert King, otro prisionero que se sumó a las Panteras Negras en la cárcel, fue acusado de cometer otro delito dentro de la prisión. Los tres fueron enviados a confinamiento solitario, donde permanecieron durante décadas, siempre afirmando su inocencia.

Cuando hablé con Albert Woodfox apenas días después de su liberación, recordó aquellas primeras épocas en que se estaban organizando dentro de Angola: “Ver a un espíritu humano abatido es lo más triste del mundo. Y eso es básicamente lo que les sucedía a los jóvenes que llegaban a Angola. Decidimos que si realmente creíamos en lo que estábamos intentando hacer, valía la pena adoptar las medidas que fueran necesarias para detener eso”.

Incluso en aquel entonces, “Los tres de Angola”, como se los llamaba, conocían muy bien los posibles efectos del confinamiento solitario. Woodfox recordó durante la entrevista: “Cuando nos colocaron por primera vez en el régimen de aislamiento, en el ’72, a mí, a Herman Wallace y a Robert King, sabíamos que si queríamos tener la mínima posibilidad de mantener la cordura y no permitir que el sistema de cárceles nos abatiera, debíamos seguir centrándonos en la sociedad y no volvernos prisioneros”. Le pregunté a Albert Woodfox qué leía en la cárcel: “Libros de historia, libros sobre Malcolm X, el Dr. Martin Luther King, Frantz Fanon, James Baldwin. Toda la literatura que pudiera conseguir”.

Pronto comenzó a crecer un movimiento a nivel mundial para pedir la liberación de “Los tres de Angola”. Amnistía Internacional y otras organizaciones solicitaron su liberación. Se hicieron muchos documentales sobre el caso. En uno de ellos, la viuda de Brent Miller se sumó al pedido de liberación y afirmó: “Estos hombres, si no son culpables, y creo que no lo son, han vivido una pesadilla durante 36 años”.

Dos impedimentos fundamentales para su liberación fueron el director de la cárcel, Burl Cain, y el fiscal general de Louisiana, James “Buddy” Caldwell. Cain era el responsable de tomar la decisión de mantener a los prisioneros en régimen de confinamiento solitario. En una deposición realizada en 2008 en el en la causa por la liberación de Woodfox, Cain afirmó: “Sé que aún está tratando de ejercer el activismo con las Panteras Negras”. Si bien el juicio contra Woodfox fue anulado en tres ocasiones y un juez federal ordenó su liberación, el fiscal general Caldwell insistió varias veces en que se realizara un nuevo juicio. Cain renunció en diciembre, tras haber sido acusado de violar la ética del estado y afrontar una investigación penal por negocios realizados durante su mandato como director de la cárcel, cargo que ocupó durante más tiempo que ningún otro director en la historia de la cárcel de Angola. El fiscal Caldwell perdió la reelección ante otro republicano, Jeff Landry, que permitió que Woodfox saliera de la cárcel con la condición de que no impugnaría el cargo de homicidio culposo.

Mientras hablaba en el programa Democracy Now!, sentado frente a la cámara, Albert Woodfox entrecerraba los ojos. Los años de confinamiento solitario en una celda de 2 por 2 dañaron su visión. Está orgulloso de su activismo. “Hemos sensibilizado a la población estadounidense, a la población del mundo acerca del problema del confinamiento solitario. Y esto es solo el comienzo. Hemos llegado al punto en que no se trata solo de “Los 3 de Angola”, sino también del confinamiento solitario”.

Robert King fue liberado en 2001. Su condena fue anulada después de haber pasado 29 años en régimen de aislamiento. Herman Wallace fue liberado en 2013, únicamente después de que un juez federal amenazara con enviar a Cain a prisión si se negaba a liberarlo. Wallace murió de cáncer de hígado al día siguiente de ser liberado. El lunes, le preguntamos a Albert Woodfox sobre sus planes para el futuro: “Estuve tanto tiempo encerrado en una cárcel dentro de otra cárcel que tengo que aprender a vivir como una persona libre. Estoy tratando de aprender a ser libre”.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Desaparecer en la cárcel: el horror en La Modelo

La Fiscalía de Colombia investiga más de 100 asesinatos dentro de una prisión de Bogotá


Entraban y nunca más se volvía a saber de ellos. Desde el año 1998 hasta 2003, en la cárcel La Modelo de Bogotá hubo más de 100 desapariciones. Envenenamientos, torturas, palazos. La Fiscalía colombiana ha logrado documentar cuáles fueron las prácticas que se usaron para asesinar a reclusos y visitantes del penal. Carlos Villamil, director de justicia transicional de la entidad, cuenta que en el proceso de verdad al que sometieron a los paramilitares se escucharon testimonios que desempolvaron las investigaciones que se abrieron hace algunos años sobre estos casos. Gracias en parte también a la labor de Jineth Bedoya, periodista colombiana que en el año 2000, cuando elaboraba una investigación sobre este centro y el horror que allí se vivía, fue secuestrada y violada.


“Desde el año 2014, cuando iniciamos un proceso de cierre de los juicios de los desmovilizados del paramilitarismo, hemos oído los relatos de las personas que estuvieron recluidas en La Modelo y que fueron testigos de las atrocidades que ocurrieron en ese lugar”, dice el fiscal. La idea de los paramilitares de controlar las prisiones del país llevó a que en varias de ellas se impusieran y llegaran a tener cárceles dentro de las mismas cárceles, según la teoría de esta institución. “Tenían sus propios espacios para encerrar y torturar a quienes quisieran”. El investigador afirma que con estos testimonios se abre un nuevo capítulo del paramilitarismo, cuyo proceso de desmovilización empezó en 2003.


Según las pesquisas adelantadas, los paramilitares reinaron en varios penales ante el supuesto desconocimiento de las autoridades competentes. ¿Cómo era posible esta impunidad? La Fiscalía asegura que hubo algunas denuncias e investigaciones, como las que llevó a cabo Bedoya, pero al mismo tiempo considera que pudo haber un silencio acordado por el personal de la cárcel. Por miedo o por complicidad. La indagación también apunta a que durante esa época hubo pocos intentos de fuga, debido al interés de los paramilitares de tener el control del penal y trasladar allí la lucha subversiva que sostenían con las FARC. La Modelo tenía en ese momento una capacidad para 1.800 reclusos, pero alcanzó a tener más de 5.000.


Caterine Heyck Puyana, del área de fiscalías especializadas, aseguró que los casos que se han documentado se han basado principalmente en inspecciones a la cárcel, testimonios e investigaciones que en su momento se abrieron. “Se ha conocido que en la cárcel Modelo de Bogotá ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, pero no solo de presos y familiares de presos, sino también de visitantes que eran ajenos al penal”, ha afirmado. “Al parecer no solo habría ocurrido en una sola cárcel del país, pero a La Picota llevaron a un buen número de paramilitares en la etapa de proceso judicial, y podemos evidenciar que allí ocurrió en mayor proporción”, agrega el investigador Villamil.


La periodista Bedoya ha asegurado que en el desarrollo de su trabajo encontró testimonios que darían cuenta de que allí hubo personas desmembradas que después fueron arrojadas a las cañerías de la cárcel. La periodista ha descrito el penal como “la oficina desde donde se manejaba la criminalidad más grande del país. Allí además de los jefes paramilitares más poderosos y de la delincuencia organizada, todavía había rezagos del Cartel del Norte del Valle y entre todos se disputaban el poder”. Varios paramilitares en sus testimonios a las autoridades reiteran el horror que en La Modelo se vivió. La revista Semana reveló uno de esos relatos. En él, un exparamilitar cuenta cómo eliminaban a las personas. “Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (residuos de comida)”, publicó la revista.


La Fiscalía espera avanzar en la investigación hasta determinar las identidades de las víctimas y hacer justicia. “Los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo deben ser analizados en profundidad por la Fiscalía desde su responsabilidad penal, pero también ameritan una reflexión profunda de la sociedad colombiana”, señaló la fiscal Caterina Heyck.

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Guerra del agua de las castas en India: cortan abasto en Delhi

India, la fascinante civilización milenaria que he visitado varias ocasiones, es una camuflada superpotencia nuclear que pertenece a los BRICS –que Estados Unidos y Gran Bretaña anhelan aniquilar– y ostenta un impactante tercer lugar en el ranking del PIB global –detrás de China y Estados Unidos, ¡y antes de Japón y Alemania! (https://goo.gl/5vblqO)–, con uno de los mayores crecimientos en medio de la deflación mundial, pero que exhibe, en forma paradójica, una preo¬cupante vulnerabilidad debido a su carencia y pésimo reparto regional del agua.


El rotativo británico The Guardian titula que Delhi, la capital de India, enfrenta una crisis de racionamiento del agua con cierre de escuelas debido a las protestas de las castas que sacuden al estado de Haryana: la casta rural jat encabeza las protestas, exige cuotas para los muy buscados puestos gubernamentales y de las universidades (http://goo.gl/twRdgk).


Pese al vigoroso crecimiento económico de India, la casta rural jat se queja de no encontrar empleo debido a las cuotas comunitarias. Curiosamente, el estado contestatario es gobernado por el partido Janata Bharatiya, al que pertenece el primer ministro Narendra Modi, cuando la lucha por el empleo, traducida en una guerra urbana del agua, rebasa la afiliación partidista.


The Guardian comenta que India reserva lugares para las castas inferiores (sic) para encauzar a las víctimas de la peor discriminación, lo cual provoca resentimiento en las otras comunidades, que se sienten despojadas.


Lo que llama la atención es el conocimiento estratégico del abasto de agua del estado Haryana a la capital Delhi, lo cual, de hecho, la coloca a merced de la sed y paraliza las funciones de los tres poderes de la federación india.


La casta rural jat –mayor comunidad en Haryana, con casi 8 millones de miembros, consagrados en forma tradicional a la agricultura– exige mayor acceso a los empleos del gobierno, pero destruye la infraestructura acuífera del estado Haryana, que ha arrojado un saldo de 12 muertos y 150 heridos.


Haryana rodea tres de los cuatro lados de la capital Delhi, a la que alimenta con 60 por ciento de su agua, y es uno de los estados más prósperos, con el segundo ingreso más alto per cápita (mil 900 dólares), con abundantes millonarios (crorepatis).


Siete plantas de tratamiento de agua fueron cerradas, lo cual afectó el abasto de dos terceras partes de Delhi, que cuenta con 25.7 millones de habitantes y es, por cierto, la ciudad más contaminada del planeta, que causa la muerte de 11 mil personas cada año.


Haryana –44 mil 212 kilómetros cuadrados, un poco menos que Quintana Roo, con 25.3 millones y cuya capital Chandigarh (un millón de habitantes) es compartida también con el legendario estado de Punjab– es el mayor receptor de inversiones en India y una de sus regiones más desarrolladas, tanto por su industria manufacturera como por su agricultura.


Faridabad (1.5 millones de habitantes), que colinda con Delhi, es la mayor ciudad industrial estatal.


El abastecimiento del agua –alterado cuando los manifestantes forzaron el cierre de un canal en Haryana que lleva el agua a las plantas de tratamiento de la capital– debe ser restablecido después de que las fuerzas de seguridad tomaron control del canal Munak, lo cual repercutió en el suministro de verduras y leche (http://goo.gl/9FWU58). BBC reporta que 10 millones se han quedado sin agua en Delhi durante cuatro días (http://goo.gl/OrcWW4).


El relevante río Yamuna, que nutre cinco cuencas de cinco estados, donde destaca Delhi, es alimentado por un glaciar del Himalaya, tributario del Ganges, máximo río sagrado del hinduismo.


En la mitología hindú, Yamuna es hermana de Yama, el dios de la muerte, e hija del dios sol Surya.


El célebre mausoleo Taj Mahal se encuentra en la ribera del río Yamuna, en la ciudad de Agra.


La más reciente protesta violenta de las castas se escenificó en el estado occidental de Gujarat –31 millones de habitantes y 196 mil kilómetros cuadrados, mayor que Sonora, y segundo estado más industrializado de India detrás de Maharastra (110 millones de habitantes), cuya capital, Mumbai (18 millones de habitantes), es el centro financiero del país, cuando en 2015 la casta patidar/patel exigió el mismo trato otorgado a las castas inferiores, clasificadas por el gobierno como clases atrasadas (OBC, por sus siglas en inglés).


Según The Telegraph, se despliega una inconvencional lucha de clases cuando los puestos gubernamentales y escuelas gratuitas son asignadas a las castas inferiores bajo el sistema de reservación de acción afirmativa para contrarrestar la discriminación arraigada.


Hoy “hasta 50 por ciento de tales posiciones están delimitadas a los dalits (previamente conocidos como intocables)”, poblaciones tribales y grupos sociales designados en su conjunto como OBC, entre cuyas filas se encuentra el primer ministro Modi, hijo de un vendedor de té (http://goo.gl/Fua8ep).


Los supraprivilegios no han sido fáciles de eliminar, como sucedió con la casta pudiente de los patidar/patel, cuando justamente el éxito económico de Gujarat propulsó al primer ministro Modi al olimpo geoestratégico.


La proyección geoestratégica de India le obliga a crear un equilibrio entre el anhelado sistema de reserva y la meritocracia, cuando necesita de sus mejores cuadros para competir a escala global. Esa es justamente la tarea armónica y artística de un gobierno capaz que avanza en todas las esferas del conocimiento y del bien común, que incluye el agua, que, además de ser sagrada para la grandiosa población de India, subsume su talón de Aquiles, como lo exhibieron las revueltas en Hiryana, cuyo primer acto de sublevación consistió en dejar sin el líquido vital a la capital Delhi.


Las guerras globales del agua (http://goo.gl/IKoj2l) son estratificadas en varios niveles desde los municipios/capitales de estados y federaciones pasando por regiones hasta transfronteras interestatales y de países (http://goo.gl/Rgt0WK).


Mucho me temo que los alquimistas neoliberales de la privatización a ultranza del agua no tomen en consideración la chispa de fuego que pueden prender en la Bolivia mexicana, donde habitan alrededor de 15 millones y que abarca a Iztapalapa, la mayor zona poblada de la Ciudad de México, que colinda con la zona sedienta urbana de Ciudad Neza/Ixtapaluca/Chimalhuacán /Chalco/Texcoco del estado de México (http://goo.gl/gaOPH6). ¿Una India en México?


Un daño colateral de consecuencia inesperada del proyecto del acueducto Monterrey VI es la alienación laboral/siquiátrica y la enajenación catastral de la agricultura del “México neoliberal itamita” que todavía ostenta alrededor de 35 millones de campesinos con un salario de 80 dólares al mes, ya que desviaría el río Pánuco de los castrados estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.


El polémico acueducto Monterrey VI forma parte de la seguridad nacional energética de Norteamérica (http://goo.gl/2W2uH0), un proyecto de Estados Unidos, donde el fracking (fracturación hidráulica) epitomiza la bisagra de las privatizaciones conjuntas del petróleo y el agua para el noreste de México, que ostenta la tercera reserva mundial del shale gas (gas esquisto).


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Miércoles, 10 Febrero 2016 06:43

Un peritaje sepulta la historia oficial

Un peritaje sepulta la historia oficial

El Equipo Argentino de Antropología Forense concluyó que "no es posible" que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero municipal de la localidad de Iguala, estado de Guerrero, tal como había anunciado el procurador mexicano.


El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sepultó aún más la "verdad histórica" sobre la que se ha montado la administración del priísta Enrique Peña Nieto para dar carpetazo a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, luego de ser atacados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ayer, el EAAF presentó un peritaje que desmonta la versión oficial de los hechos y concluye que "no es posible" que hayan sido incinerados ahí los 43 estudiantes, luego de ser asesinados. "No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial", dice el peritaje integral del basurero de Cocula.


Aun cuando el EAAF recomendó no hacer más peritajes en la zona y enfocar la búsqueda de los estudiantes en otras zonas del estado de Guerrero, la PGR respondió ayer mismo que realizará un nuevo estudio de dinámica de fuego, dijo que el caso "no está cerrado" y anunció una nueva reunión, el próximo 18 de febrero, con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.


Mientras, 43 estudiantes siguen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías de Iguala, un municipio del estado de Guerrero a 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Al menos siete personas fueron asesinadas en el lugar. Un centenar de personas han sido detenidas desde entonces, incluyendo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, cuya familia estaría vinculada al cártel de Guerreros Unidos. El gobierno de Peña Nieto sostiene que los estudiantes fueron quemados ahí y sus restos lanzados al río San Juan, según "confesiones" de los "autores materiales" del crimen.


Durante poco más de un año, el EAAF realizó un peritaje para resolver si es científicamente posible que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo sostiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace un año. Luego de estudiar imágenes satelitales desde 2010 y de analizar capas de suelo del lugar, encontraron que es imposible producir un fuego de las proporciones necesarias para incinerar 43 cadáveres. Incluso las "pruebas" de la PGR, fundadas en declaraciones de los supuestos perpetradores, es tan contradictoria que en el EAAF "no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada" por la PGR. En el peritaje integral del EAAF participó un equipo interdisciplinario de 26 peritos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetista y especialistas en trauma óseo. Dichos especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá.


El estudio incorporó un informe de sitio y un informe de laboratorio. La conclusión es que la evidencia científica y la evidencia testimonial no son consistentes. Por tanto, el EAAF "no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría General de la República", dijo ayer Miguel Nieva en conferencia de prensa. Hace poco más de un año, el entonces procurador General de la República Jesús Murillo Karam había presentado su "verdad histórica": los estudiantes normalistas fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel "Guerreros Unidos"


Murillo Karam dijo entonces que las investigaciones, "sin lugar a dudas, llevan a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy", dijo en conferencia de prensa el 27 de enero de 2015. Poco después, el procurador Murillo Karam fue removido del cargo por el presidente Peña Nieto


Previamente, el 6 de septiembre de 2015, un informe de 550 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, e incluso aseguró que ni siquiera hay evidencia de que hubiese un fuego de la magnitud que presumió el gobierno mexicano. "Ese evento, tal y como ha sido descrito, no pasó."

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Domingo, 07 Febrero 2016 05:51

Día de furia antiinmigrante

Día de furia antiinmigrante

En Dresde, cuna del movimiento islamófobo Pegida, más de ocho mil personas se manifestaron a orillas del río Elba, en contra de "la inmigración masiva y la islamización". En Calais atacaron a grupos de migrantes y a un centro de refugiados.

 

Miles de personas participaron en manifestaciones antiinmigrantes en varias ciudades de Europa, en el marco de una jornada organizada por el movimiento islamófobo Pegida plagada de incidentes. Las dos principales manifestaciones tuvieron en la ciudad alemana de Dresde, cuna del Pegida, donde se concentraron más de 8000 personas, y en Praga, con la asistencia de unos 5000 participantes.


Durante la jornada, se produjeron varios choques entre la policía y los manifestantes. Una veintena de personas fueron detenidas en Calais, en el norte de Francia, durante una concentración hostil a los refugiados que había sido prohibida por las autoridades locales. Tras los arrestos, el director del gabinete de la Prefectura, Etienne Desplanques, subrayó que la intervención policial fue un mensaje para los colectivos extremistas. "Calais no tiene la intención de convertirse en su terreno de juego". Varios miles de inmigrantes viven en las cercanías de la ciudad francesa, con la esperanza de poderse colarse en los trenes o en los barcos que la conectan con el Reino Unido, muchos de ellos en un campamento conocido como La Jungla.


En Praga, en tanto, una contramarcha de 2200 personas salieron a la calle para protestar contra Pegida. La policía intervino cuando una marcha a favor de los refugiados fue atacada por una veintena de individuos que lanzaron botellas y cascotes. Más tarde, unos 20 enmascarados arrojaron cócteles molotov contra un local en el que se recogían donaciones para ayudar a los refugiados. La policía informó que tuvo que ser evacuado y hay un herido por un corte de un vidrio.


En la capital holandesa, donde se congregaron cerca de mil personas, las fuerzas de seguridad antidisturbios detuvieron a una docena de manifestantes pro y anti Pegida, luego de que transcurrieran varios enfrentamientos con la policía en el centro de la ciudad. También se registraron disturbios en Dublín.


Otras concentraciones se desarrollaron en un ambiente más calmo, como en Varsovia, Bratislava, Graz (sur de Australia) o Birmingham, segunda ciudad en número de habitantes del Reino Unido. Paralelamente, hubo manifestaciones hostiles al movimiento islamófobo en la mayoría de estas ciudades.


El Pegida, abreviatura de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, movimiento de extrema derecha nacido en Alemania durante el otoño europeo de 2014, convocó el 23 de enero a manifestarse en 14 de países de Europa ayer bajo el lema Fortaleza Europa.


En Dresde, los simpatizantes de este movimiento se citaron a primera hora de la tarde sobre las orillas del Elba, el río que atraviesa la capital de Sajonia, para protestar contra "la inmigración masiva y la islamización". Bajo un cielo despejado fueron rodeados por un importante dispositivo policial, en el que se desplegaron más de mil agentes y vehículos hidrantes. Las autoridades locales rechazan tradicionalmente estimar el número de participantes en este tipo de manifestaciones. Pero un programa desarrollado por la universidad local para el conteo de muchedumbres señaló que había más de 8000 manifestantes sobre el final de la jornada. La concentración transcurrió con calma, los asistentes agitaron banderas y desplegaron pancartas hostiles a la canciller alemana Angela Merkel, actualmente en el centro de las críticas por su política de brazos abiertos a los inmigrantes.


Simultáneamente, varios centenares de personas desfilaron a comienzos de la tarde contra Pegida, llamando a la tolerancia en una ciudad en la que viven pocos extranjeros pero que, sin embargo, se convirtió en un símbolo de la xenofobia en Alemania. Según el programa de la universidad ya mencionado, la principal concentración anti Pegida en el centro de Dresde reunió a alrededor de 3500 personas. Las pancartas de estos opositores exhibían frases tales como "No hay lugar para los nazis" o "No tenemos necesidad de xenofobia, ni de demagogia, ni de Pegida".


Mientras las manifestaciones se desarrollaban, Alemania y Francia llamaron ayer a una pronta puesta en marcha para controlar el flujo de refugiados a Europa porque la crisis migratoria pone en peligro la permanencia del espacio de libre de circulación de Schengen. La canciller alemana advirtió de que la supervivencia de la zona europea de circulación depende de la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE). La solución también pasa, subrayó la canciller, por que todos los socios europeos se comprometan a aceptar contingentes legales de refugiados, una propuesta alemana que generó un intenso rechazo en algunas capitales europeas.


La preocupación es que entre los solicitantes de asilo puedan colarse personas que buscan cometer atentados en Europa. Según datos del Ministerio del Interior francés, en los dos últimos años los servicios de información de Ginebra permitieron el paso por su territorio de 50 supuestos jihadistas que habían sido identificados y seguidos como tal por Francia.

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El terror generado por el agua contaminada de Flint

Menos de un mes después de los atentados del 11 de septiembre, un alto funcionario del FBI, Ronald Dick, le dijo al Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes: "Debido a la importancia crucial del agua para todas las formas de vida... el FBI considera un peligro grave amenazar con atacar el suministro de agua". En 2003, un artículo de United Press International informaba que un agente de al-Qaeda "(no descarta) utilizar gas sarín y envenenar el agua potable de Estados Unidos y ciudades de Occidente". El ataque contra el suministro de agua que los terroristas no lograron realizar, lo realizó con éxito el estado de Michigan. Los hogares y oficinas de la ciudad de Flint han estado abastecidos con agua contaminada con plomo desde 2014, lo que ha provocado enfermedades generalizadas y posible daño cerebral permanente a los habitantes más jóvenes.

Michigan cuenta con una de las leyes de "manejo de emergencias" más extremas del país, que permite al gobernador nombrar a funcionarios no elegidos para hacerse cargo del gobierno local cuando se considera que esos lugares o instituciones atraviesan una "emergencia económica". El gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, promovió y logró que se aprobaran dos proyectos de ley que fortalecieron esa legislación, que ha utilizado agresivamente para imponer su versión de austeridad fiscal en ciudades como Detroit, Benton Harbor, varios grandes distritos escolares y ahora en el sonado caso de Flint. En todos los casos, excepto en uno, el director de manejo de emergencias asumió el control de ciudades con población mayoritariamente afroestadounidense. El cargo le da amplias facultades por encima de los gobiernos locales electos democráticamente para recortar el presupuesto, vender bienes públicos, anular o renegociar contratos laborales y básicamente gobernar como en una dictadura.

En abril de 2014, Darnell Earley, el cuarto de cinco directores de manejo de emergencias de Flint nombrados por Snyder, decidió unilateralmente cambiar la fuente de agua de Flint del sistema de suministro de Detroit, que utilizaba como fuente el lago Huron desde hacía 50 años, al extremadamente contaminado y corrosivo río Flint. Los habitantes de Flint notaron de inmediato descoloración y mal olor en el agua, además de experimentar una serie de efectos en la salud, como sarpullidos y pérdida del cabello. En octubre de 2014, General Motors decidió que ya no utilizaría el agua de la ciudad de Flint en sus plantas porque estaba corroyendo las piezas de automóviles. Más tarde, se hallaron trihalometanos en el agua, derivados tóxicos del tratamiento de agua. A pesar de ello, funcionarios declararon que el agua era segura para el consumo. Al mismo tiempo, como se reveló en un correo electrónico obtenido más tarde por Progress Michigan, el estado comenzó a enviar refrigeradores con agua potable limpia al edificio de la oficina del estado en Flint, más de un año antes de que el gobernador Snyder admitiera que el agua estaba contaminada.

El persistente activismo de los habitantes de Flint, cuyos hijos se enfermaron, atrajo la participación de investigadores de Virginia Tech especializados en la calidad del agua, que concluyeron que 10.000 habitantes habían sido expuestos a altos niveles de plomo. Fue necesario que investigadores de otro estado, Virginia, viajaran a Michigan para realizar los exámenes exhaustivos necesarios. Más adelante, la Dra. Mona Hanna-Attisha intervino en el proceso. Es directora del programa de residencia en pediatría de la Universidad de Michigan. Descubrió una alarmante vinculación entre el aumento de los niveles de plomo en la sangre de los niños de Flint y la utilización del río Flint como fuente de agua.

"El porcentaje de niños con altos niveles de plomo se duplicó en toda la ciudad y en algunos barrios se triplicó, y estaba directamente correlacionado con los lugares donde los niveles de plomo eran más elevados", nos dijo en el programa Democracy Now!

En lugar de ir tras el problema que identificó la doctora, el estado fue tras ella. "Nos atacaron. Me llamaron 'investigadora deplorable', dijeron que prácticamente estaba provocando histeria colectiva, que estaba inventando números y que las cifras estatales no se correspondían con mis datos. Y como científica, como investigadora, como profesional, verificas una y otra vez. Los números no mentían y lo sabíamos, pero cuando el estado, con un equipo de 50 epidemiólogos, te dice que te equivocas, te cuestionas". En algunas semanas, las autoridades se vieron obligadas a reconocer que la Dra. Mona Hanna-Attisha tenía razón. Poco después comenzó a aparecer junto al gobernador y la acaban de nombrar encargada de una nueva iniciativa de salud pública para ayudar a las personas que fueron expuestas a la contaminación.

Un grupo de habitantes de Flint y sus aliados están exigiendo que se adopten medidas de inmediato para garantizar el suministro de agua limpia y segura a la población de Flint. Muchos están pidiendo que el gobernador Snyder renuncie o incluso que sea arrestado. El FBI y el Departamento de Justicia están investigando si se violó la ley. Esta semana, la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la crisis, durante la cual la congresista de Houston Sheila Jackson Lee comparó el envenenamiento de los habitantes de Flint con el suicidio y homicidio múltiple de 1978 en Jonestown, Guyana. "Mientras estoy aquí hoy, me viene a la memoria Jim Jones dando un brebaje con veneno a niños. Me hace pensar que hay un Jim Jones en Michigan, envenenando a los niños y sus familias". En Guyana, el líder de un culto, Jim Jones, ordenó a sus 900 seguidores, 300 de ellos niños, que tomaran Kool-Aid con cianuro. Las víctimas murieron al instante. En Flint, la tragedia continuará durante décadas.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en Español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Alrededor de 3 mil internos comienzan protesta civil pacífica

Terribles condiciones humanitarias y practicas de corrupción al interior del Inpec obligaron a los presos de La Picota a declararse este 3 de febrero de 2016 en "desobediencia civil pacifica"; decisión que es señal de protesta ante situaciones que desde hace años vulneran su dignidad. Una política carcelaria errada asumida desde siempre por el Estado, con traspies cada vez más inocultables, es la responsable de una catástrofe que amenaza la estabilidad de las 137 prisiones existentes en Colombia, y la vida de quienes permanecen en ellas bajo encierro. Continúa el oprobio, el Estado y la ciudadanía permanecen indolentes frente a semejante situación.

Nuevas noticias de una aterradora infamia llegan desde La Picota, en Bogotá. El oprobioso encarcelamiento al que el Estado colombiano somete a hombres y mujeres que por una u otra razón rompen el ordenamiento institucional, de nuevo se encuentra en el centro del debate. En esta oportunidad son los internos de La Picota, en Bogotá, quienes agobiados por las terribles situaciones de encirro en que transcurren sus vidas decidieron declararse el 3 de febrero en "desobediencia civil pacifica", lo que significa que se abstendrán de comprar cualquier producto, resistiéndose a cualquier intento de encierro (celdas y calabozos) y de conteo por parte de los guardias del Inpec. Pero, ¿Por qué protestan los presos? ¿Se encuentran justificado su proceder?

Contrario a los que pensarían los más acerrimos defensores de las políticas carcelarias del Gobierno, los compatriotas que se encuentran detenidos en los 137 establecimientos carcelarios del país, continúan siendo ciudadanos. Es cierto, les niegan ciertos derechos durante un periodo de tiempo determinado por el "imparcial" y "justo" sistema judicial en Colombia, pero a pesar de esto y para desdén de muchos, siguen siendo acreedores de Derechos Humanos como cualquiera otro connacional que camine por las calles de cualquiera de las ciudades y campos del país. Partiendo de esta idea, es fácil comprender que se encuentra justificada toda acción de protesta cuando estos mismos humanos consideran que sus derechos son desconocidos o vulnerados.

 

El terrible hacinamiento

 

Y es precisamente esto lo que ha ocurrido en las cárceles del país durante las últimas décadas y lo que hoy resalta como política oficial: sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos producto de la abyecta acumulación de miles de compatriotas en los establecimientos carcelarios en todo el país. Después de más de veinte años en crisis profunda, los Establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), siguen albergando muchos más reclusos que aquellos para los que fueron diseñadas sus locativas. Con pésimos accesos a los servicios públicos fundamentales, y ausencia de todo sistema de saneamiento básico, transcurre la vida de miles de estos detenidos, a quienes en decenas de prisiones les niegan hasta el acceso al agua potable y al sistema sanitario, razón por lo que las cárceles están convertidas en verdaderos focos de enfermedades que tampoco reciben un tratamiento oportuno por parte de Caprecom, entidad encargada de la salud de los presos.

Más de 120.000 son los colombianos –hombres y mujeres– que hasta el día de hoy siguen pudriéndose en vida en prisiones con tasa de hacinamiento global del 52 por ciento, mientras los parámetros internacionales de reclusión hablan de "situación critica" cuando el hacinamiento es del 20 por ciento. Poco dice, sin embargo, esta tasa global de hacinamiento: es necesario que el país sepa que existen investigaciones (1) que han permitido determinar que el 54 por ciento de todos los prisioneros del país se encuentran encerrados, sometidos a una real tortura diaria, en cárcels con tasas de hacinamiento que oscilan entre el 50 y el 500 por ciento. Prisiones como la de Riohacha (E.P.M.S.C) y Santa Marta ( E.P.M.S.C) ostentaron durante el 2015 tasas de hacinamiento equivalentes al 483 por ciento y 331 por ciento respectivamente (2).

La situación en muchos de los centros carcelarios del país es tal que vulnera hasta las más mínimas condiciones de aquello que denominan dignidad: excrementos que abundan por doquier gracias a la inoperancia de los sistemas sanitarios, instalaciones poco adecuadas para cocinar o alimentarse, inexistencia de agua potable, inexistencia de espacios dedicados al esparcimiento o a la recreación, inexistencia de servicios médicos y ausencia de medicamentos para combatir enfermedades típicas de vida en hacinamiento, etcétera.

Los problemas no solo remiten a la excesiva acumulación de ciudadanos en prisiones; el Conpes 3828 del 2015 sostiene: "Los problemas del sistema penitenciario en Colombia, sin embargo, no pueden ser reducidos a la inexistencia de una oferta suficiente en materia de cupos. Por el contrario, deben ser entendidos de manera integral, es decir, proponiendo soluciones que respondan al agregado de falencias que presenta el sistema, las cuales en parte se derivan de la desarticulación entre la política penitenciaria y la política criminal, y que impiden que mediante la privación de la libertad se cumplan los fines de la pena". A propósito de esto es pertinente señalar que uno de los fines de las penas consiste en "resocializar" a los individuos castigados, labor que es prácticamente imposible cuando solo se cuenta con 544 espacios comunes para alrededor de 120.000 presos distribuidos en 137 prisiones, sin embargo, según datos aportados por el Inpec en su Informe Estadístico, existen 87.476 presos y presas que participan de actividades de trabajo, estudio o enseñanza con miras a la resocialización. Cifras bastante dudosas y fin claramente inalcanzable.

Desde el año 2004 han expedido cuatro Conpes (3277, 3412, 3575 y 3828) que pretendían poner punto final a las terribles condiciones imperantes en las cárceles del país, sin que ninguno de ellos haya logrado su objetivo. Poca voluntad política, problemas técnicos, burocráticos, sobrecostos en los proyectos de construcción y adecuación de cárceles, así como líos jurídicos, son los principales causantes de que año tras año las soluciones hayan sido postergadas mientras los reclusos de las cárceles colombianas siguen pasando sus vidas en condiciones que vulneran la dignidad de todo ser humano. Terrible indolencia.

Son este tipo de condiciones, a las que se enfrentan miles de presidiarios en el país, las mismas que los exponen a graves peligros posibilitando grandes desgracias como la ocurrida el 27 de enero del 2014 en la cárcel Modelo de Barranquilla, en la que 17 presos murieron calcinados luego de que proliferara un voraz incendio generado en el patio B de la prisión (3). Situación similar se vivió en la cárcel El Bosque de la misma ciudad el 6 de junio del 2014 cuando 4 prisioneros perdieron sus vidas en situaciones similares, al presentarse otra conflagración en una cárcel diseñada para albergar 640 internos y que a la fecha del hecho contaba con 1.746 (4).

 

Un asunto de política criminal

 

En 2011 un estudio financiado por el propio Gobierno (5) evidenció que la situación de las cárceles estaba generada por la implementación de una política carcelaria errada. Tal informe caracteriza a la política criminal como inconsistente, por fuera de la constitución, reactiva, sin adecuada fundamentación empírica, falta de perspectiva de derechos humanas, presa del populismo punitivo. El análisis condujo a la conclusión de que muchas de las decisiones tomadas en los últimos años son esencialmente reactivas, sin fundamento empírico alguno, muchas de ellas orientadas a responder a la opinión pública a partir de una retórica que fundamenta la eficiencia de las políticas gubernamentales a partir de la rudeza en el trato de quienese infringen la Ley, pero con insuficientes argumentos técnicos que permitan sostener la utilidad del incremento de las penas o la penalización de determinados comportamientos.

Populismo punitivo. De acuerdo a la Comisión Asesora de Política Criminal, solo entre el 2000 (cuando se reforma el Código Penal a partir de la Ley 59) hasta a 2011, se expidieron 36 Leyes para reformarlo que estaban relacionadas con: el incremento de penas a delitos establecidos, redefiniciones de los causales de agravación punitiva, variación de consecuencias punitivas para determinada clase de delitos, la modificación de beneficios por aceptación de cargos y la modificación de los términos de prescripción de la acción penal. Además de lo anterior, se incrementaron sanciones para 80 delitos y fueron creados 47 nuevos que pretendían salvaguardas los bienes jurídicos del orden económico social, la eficaz y recta impartición de justicia, la administración pública, la libertad, integridad y formación sexual.

En un fallo reciente de la Corte Constitucional en la que figura como ponente la magistrada Gloria Stella Ortiz, señala que " [...] el Gobierno Nacional y el Congreso no han implementado un mecanismo eficaz que permita desarrollar una política criminal sostenida y ha provocado la crisis carcelaria del país" (6). En consecuencia: "Debido a esto, el alto tribunal le ordenó al Gobierno modificar la política carcelaria en Colombia puesto que esta ha sido "reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad" (7). Similares pronunciamientos han hecho organizaciones no gubernamentales, sindicatos y la Corte Suprema de Justicia, sin obtener mayores respuestas del Gobierno que sigue contribuyendo a que se tipifiquen nuevos delitos, se incrementen penas, siendo poco ágil en la estructuración de penas alternativas a la supresión de la libertad en establecimientos carcelarios que son verdaderas mazmorras, antros de padecimientos y nula rehabilitación.

Los presos claman por soluciones que avanzan a paso de tortuga y que quién sabe cuántos años tardarán en llegar.


Comunicado presos de La Picota

Bogotá 3 de Febrero de 2016

 

Todos los internos recluidos en la cárcel de Eron Picota de la ciudad de Bogotá queremos hacer saber a las autoridades pertinentes y a los medios de comunicación que entramos a partir de la fecha en una desobediencia civil pacífica.

Alrededor de 3 mil internos comenzamos protesta civil pacífica la cual consiste en cese de actividades, abstención de compra de productos del expendio, no permitirnos contar ni encerrar.

Lo anterior por los oídos sordos que ha hecho la dirección de esta penitenciaria a las constantes peticiones que hemos hecho los representantes de DDHH para que nos solucione los problemas de corrupción en el manejo y desabastecimiento de los productos del expendío, en los contratos y servicio de alimentación y la falta de atención médica para todos nosotros.

Tuvimos una intoxicación masiva en Diciembre y hace 10 días hubo una nueva intoxicación sin atención y solución. La comida sigue llegando en mal estado, mala preparación, la cantidad no estipulada , parece comida para gatos.

Llevamos un año con irregularidades en el servicio de Expendío, falta de productos, pero sí se encuentran en el mercado negro a precios 300% más costosos que lo habitual. Eso sucede por la corrupción de los guardias.

Los anuncios de la liquidación de caprecom no ha solucionado nada , no hay médicos , no hay medicamentos, no hay atención básica , y la gente sufriendo sin solución alguna.

Para rematar, la corrupción se ha extendido al manejo de las encomiendas de servientrega cobrando para poder ser entregadas a los internos, con matoneo a las familiares que se quejan del maltrato de los guardias en las filas, exactamente igual que los días de visita familiar y femenina. Incluso guardias hacen negocio con algunas señoras para cobrar por los primeros puestos de entrada los días de visita.
La única solución es que los representantes del Ministerio Juticia y Salud, Contraloría , la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Director del inpec y de la USPEC, representantes de los contratistas de alimentos, Senadores Iván Cepeda ,Alberto Castilla, Víctor Correa , Alirio Uribe, Comisión de DDHH del Senado de la República, Organizaciones de Derechos Humanos Corporación Solidaridad Jurídica , Comité de Solidaridad con los Presos Políticos , Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, y CICR, hagan presencia para una reunión con los representantes de DDHH de los internos y Comités de Convivencia de cada Patio.

Advertimos intimidaciones por parte del INPEC a los representantes de DDHH mencionando traslados de seguir adelante con la protesta ,pero sí no hablan de soluciones a los problemas .
Esperamos que no haya agresiones físicas ni verbales , tampoco encalabozamientos para ningún preso de aquí. La protesta es pacífica.
A los medios de comunicación agradecemos ayudarnos con esta situación .
Atentamente.

INTERNOS PATIOS 1 al 16 DE ERON PICOTA

(1) Michael Reed Hurtado. Cárceles o el encierro salvaje. http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8421-las-c%C3%A1rceles,-o-el-encierro-salvaje.html

(2) Inpec. Informe Estadístico. Enero del 2015.

(3) http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incendio-en-carcel-de-barranquilla-un-ano-de-la-tragedia/15156736.

(4) http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asciende-cuatro-el-numero-de-muertos-incendio-carcel-de-articulo-500568

(5)Comisión Asesora de Política Criminal. "Diagnostico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado en Colombia". 2011

(6) http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-impartio-ordenes-al-gobierno-fracaso-politica-criminal/
(7) http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-le-ordeno-al-gobierno-modificar-po-articulo-614569

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Francia deja huérfana a la izquierda popular

Cuando el ministro de Economía dice que "la vida de un empresario puede ser más dura que la de un empleado", la izquierda popular se levanta en vilo, pero la opinión pública aprueba. Lo mismo cuando el gobierno decreta el estado de emergencia.


La izquierda se parece cada vez más a un sueño que se deshace. La frase pronunciada el año pasado por el primer ministro francés Manuel Valls tiene rasgos de profecía. En junio de 2014, Valls había dicho: "La izquierda puede morir (...). Sentimos que hemos llegado al final de algo, tal vez, incluso, al final de un ciclo histórico de nuestro partido". En ese entonces, la frase apareció como una manifestación más del entierro de la izquierda socialista encarnado por la presidencia de François Hollande y la acción gubernamental de su jefe del Ejecutivo. El hombre que en 2012 había ganado las elecciones presidenciales con una retórica de izquierda y militante hizo lo contrario cuando ejerció el poder. Hollande marcó la consulta electoral con una promesa jamás cumplida: "Mi enemigo es la finanza", dijo el entonces candidato. El enemigo no fue tal, todo lo contrario. Pero entre esa retórica, la advertencia de Manuel Valls y la realidad de hoy, algo profundo y decisivo ha cambiado: en Francia se ha producido una drástica mudanza del electorado de izquierda. Ya no es más un Ejecutivo que va por la derecha, sino un electorado que aprueba esa transformación.


La frontera entre una suerte de izquierda de arriba y otra izquierda popular es cada vez más amplia. El antagonismo entre la "izquierda de verdad" y la "falsa izquierda", la izquierda de gobierno y la izquierda innata, radical o histórica, la izquierda que en Francia se llama "los socios traidores" y la izquierda auténticamente social es una brecha profunda, desoladora.

Entre esas izquierda se introdujo lo que los medios califican como "una izquierda de opinión" que descalifica a la otra con su aprobación de medidas por demás discutibles, más acordes con un socialismo liberal que con un socialismo auténtico. Sin embargo, "el pueblo de izquierda" las aprueba. Cuando el actual ministro de Economía, el socio liberal Emmanuel Macron, dice que "la vida de un empresario puede ser más dura que la de un empleado", la izquierda popular se levanta en vilo, pero la opinión pública, incluso en el seno del PS, aprueba. Lo mismo cuando el primer ministro defiende la extensión del Estado de urgencia decretado luego de los atentados del 13 de noviembre, en París. En el campo de la acción gubernamental pura se repite una fractura semejante: las medidas más impopulares del Ejecutivo reciben la bendición del electorado, hasta en el mismísimo PS: que se trate de la reforma del código del trabajo, del retiro de la nacionalidad para los franceses con doble nacionalidad implicados en atentados terroristas, del trabajo en los domingos o de la simplificación de los procedimientos administrativos para los empresarios, todas esas decisiones de corte liberal encuentran un eco mayoritario. Por paradójico que parezca, Manuel Valls y su ministro de Economía son hoy las figuras más populares del país con índices de aprobación que van del 36 por ciento para el primero al 31 por ciento para el segundo. Ambos sobrepasan por muchos puntos a las figuras de la "izquierda auténtica".


La fibra progresista ni siquiera ocupa las calles. A finales de enero, miles de personas desfilaron en Francia contra la vigencia del estado de emergencia y la reforma de la Constitución que incluye la pérdida de la nacionalidad. Sin embargo, las cifras de participación demuestran que fue una minoría la que la salió a manifestar, lejos, muy lejos de lo que la izquierda hubiese movilizado en otros tiempos. La renuncia de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha sido una nueva señal del retroceso de esa "izquierda moral", opuesta a la izquierda intelectual e europeísta que está en poder. Cuando cientos de miles de personas de la derecha católica invadían las calles de París en signo de protesta por la ley sobre el matrimonio igualitario, Taubira defendió ese texto con una vehemencia que le valió una avalancha de insultos y groseras agresiones raciales. Ahora dejó su cargo por estar en contra de la reforma de la Carta Magna y su ingrediente sospechoso, que es haber incluido una de las ideas de la extrema derecha, o sea, la pérdida de la nacionalidad. En un editorial que contrasta con su línea moderada, el vespertino Le Monde escribe que "la falta que François Hollande cometió frente a los valores de la República es una bomba de deflagraciones sucesivas: desgarra su mayoría, pone en estado de ebullición al Partido Socialista e indispone hasta sus mismos aliados. Y, última etapa, provoca la dimisión de Christiane Taubira, quien encarnaba de manera cada vez más sublimal a la izquierda en el seno del Equipo de Manuel Valls".


Hollande y Valls desgarraron a los bloques progresistas. La izquierda es hoy una hermandad de huérfanos. Los miedos, el desempleo galopante, los atentados de enero y noviembre, la crisis de los refugiados y la alucinante progresión de la extrema derecha han incluso trastornado las sensibilidades de la izquierda más genuina. Queda, en el escenario, una calesita de palabras huecas, una retórica menguante que no enciende ninguna llama. Lo que se vive en Francia puede, incluso, extenderse a otros países de Europa. Ni las históricas social democracias del norte de Europa se salvan de la inmoralidad y la renuncia a sus códigos de identidad.


La confiscación de los bienes a los refugiados que llegan a Dinamarca, Suiza o algunos Estados alemanes es una aberración ética y un gesto de inhumanidad pavoroso. Son, sin embargo, las supuestas grandes democracias quienes adoptan esos espantos mientras una mayoría consecuente de las opiniones públicas aplaude como autómata. Donald Trump en los Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, una oprobiosa e ultrajante ola de conservadurismo avanza como una plaga destructora en las democracias ejemplares del mundo. Frente a ello, la izquierda ha perdido el poder de la calle y el otro, aún más decisivo: el de ser capaz de transformar la sociedad, de generar un debate que incite a la reflexión, o sea, a decir no. En vez de ello, se transformó la izquierda. Un segmento considerable de su caudal se puso bajo la protección de un socialismo liberal, oportunista y electoralista, mientras que la izquierda popular vive en un estrecho margen, sin crédito para gobernar, sin recursos para detener la apabullante invasión de un enjambre de pájaros cargados de odios, desprecio racial y retroceso moral y social.


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Lunes, 01 Febrero 2016 08:43

De la Ocde y otros demonios

De la Ocde y otros demonios

La Ocde publicó el pasado 10 de diciembre un estudio acerca del sistema de salud y el 20 de enero otro acerca del mercado laboral y políticas sociales de nuestro país en lo que respecta al 2015. Con estos informes ya son 162 los estudios que desde su conformación en 1961 esta organizació realiza sobre Colombia. El primero, que data de noviembre de 1998, versó sobre la educación vocacional.


En los últimos años estos estudios han evaluado metódicamente los diversos factores de la vida colombiana en el sector financiero, judicial, educativo, etcétera; todo ello con miras a una posible adhesión de nuestro país a dicha organización, para lo cual debe cumplir con decenas y centenares de exigencias, las que han motivado al establecimiento a propiciar la concreción de una serie de reformas en el Estado que de mirarse por separado pueden pasar desapercibidas, pero al detallarlas de conjunto nos puede dejar boquiabiertos e indignados. Podemos encontrar las siguientes características en los estudios mencionados al principio


Qué dice de la salud


Los estudios desarrollados por la Ocde en Colombia la llevan a confirmar que en nuestro país, desde 1990 y hasta la fecha, la cobertura en salud entre los sectores más empobrecidos ha crecido en un 97 por ciento. Crecimiento fundamentado con mayor impacto en las zonas rurales marginadas, lo que se traduce en atención más equitativa.


Para poder profundizar en la calidad de este servicio, la Organización llama la atención sobre la sustentabilidad financiera del mismo, 'recomendando' para lograrlo el control de los precios en los servicios de salud y en las Entidades Promotoras de Salud (Eps) las cuales trabajan más como empresas privadas –sin un compromiso real con los usuarios, los proveedores y los trabajadores–, buscando más el beneficio particular y la acumulación de ganancias que servir como entidades encargadas de ofrecer una prestación eficiente y eficaz de salud, lo que en últimas es su misión.


En igual perspectiva llama a garantizar en los próximos años más exigencia y actuación transparente en las Eps e Ips, enfocadas en un sistema de salud con resultados óptimos para los sectores populares, que sean sostenibles y libres de corrupción. Asimismo, la necesidad de cambiar los sistemas de pagos en cuanto a los primeros niveles de atención se refiere, aumentando la cantidad de especialistas en prevención y en manejo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes y el cáncer, que aquejan a gran cantidad de población.


En este sentido, la Ocde plantea recomendaciones como la transparencia y la atención de las Eps e Ips, llamándolas a innovar en infraestructura y capacitación del personal en el sector rural, pues una de las consecuencias del conflicto armado reposa en el abandono de esta parte de la geografía nacional por parte del Estado.


Y cómo vamos en lo social...


En cuanto a los temas sociales, laborales y de migración, esta organización reconoce que Colombia registra grandes avances en temas de disminución del desempleo y crecimiento económico, atrayendo inmigración desde países vecinos. Pese a esto, aún predominan la economía informal y la subcontratación laboral, con una desigualdad de ingresos que resulta alarmante, con altos índices de extrema pobreza. Preocupación persistente a pesar de que la pobreza extrema disminuyó del 16 al 9 por ciento, a la par que la pobreza multidimensional (que integra aspectos tales como la educación, la salud, acceso a servicios públicos, el trabajo, la vivienda y las condiciones de vida de niños y jóvenes) se redujo de 49 al 25 por ciento entre los años 1993-2013.


En cuanto al mercado laboral, el informe evidencia como problema fundamental para la economía el denominado autoempleo. Los datos son escandalosos: el 52 por ciento de la población trabaja bajo esa modalidad, porcentaje del cual el 83 lo ejerce en el sector informal –sin contar en su mayoría con ningún tipo de seguridad social–; esto sin mencionar el fuerte problema de tercerización laboral, en donde con contratos definidos a 3 o 6 meses se tiene mayor riesgo de volver a caer en el desempleo, con los cual las empresas, a través de bolsas de empleo, evitan pagar primas y prestaciones laborales.


Economía concentrada y desigual. Continuando con su estudio, la Ocde recuerda que el coeficiente de Gini se encuentra actualmente en 0,56 (en donde 0 es una equidad total en nivel de ingresos y 1 su completo acaparamiento). Realidad que tiene como soportes, los bajos niveles de educación –que generan esa brecha sustancial entre desigualdad de ingresos– y pobreza, llevado de la mano de procesos de corrupción y clientelismo con los cuales la redistribución de ingresos es casi nula


Según esta organización, una política para corregir la dualidad del mercado laboral descansa, por ejemplo, en la ley de formalización y generación de empleo del 2010 y la reforma tributaria del 2012. Propone, asimismo, profesionalizar el sector productivo de acuerdo con la fuerza de trabajo disponible, y prestar atención al "elevado salario mínimo", facilitar la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores a la seguridad social, aumento de incentivos para formalizarse y cotizar al sistema de salud, entre otros.


En lo social, la Ocde destaca la crisis de violencia política vivida durante estos últimos años en Colombia, con 20 sindicalistas asesinados entre el 2014 y más de 300 miembros del movimiento social atacados, amenazados y hostigados a lo largo de estos años. Extraño llamado de atención, pues en este aspecto no plantea ninguna 'recomendación', como si fuera un asunto de segundo plano, primando lo económico sobre la crisis social que crece dramáticamente en los últimos dos años.


La crisis de las pensiones...


La Ocde propone un mejoramiento en materia del sistema de pensiones, pues el que existe tiene muy poca cobertura. También asegura que debería eliminarse la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas. Debería, asimismo, aumentarse la tributación de las pensiones, lo cual podría ser una fuente de recursos para mejorar los programas de protección de las personas de la tercera edad. La pensión mínima debería desligarse del salario mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de referencia fundamentarse en un mayor número de años. La edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida.


También 'recomienda' incrementar el gasto público en programas de política social dirigidos a los pobres y vulnerables. Destinar recursos adicionales particularmente a medidas que mejorarían el impacto de las políticas sociales hoy vigentes (por ejemplo, ampliar la cantidad y calidad de los recursos educativos, como complemento de la mayor asistencia escolar generada por Familias en Acción).

¿Cómo vamos?


Durante los últimos años nuestro país ha invertido inmensos recursos para ajustar sus políticas e instituciones a los cánones de la Ocde, pese a lo cual el informe aquí retomado desnuda que aún le falta mucho para clasificar e integrarse a la dinámica mundial de los países desarrollados o en camino de serlo. Ellos los denominan "Los países de las buenas prácticas" a pesar de varios de ellos estar sumidos en tremendas crisis, además de que no pocos de sus dirigentes están incursos en procesos judiciales por corrupción. Pero así y todo, sabiendo que "las buenas prácticas" a las que aluden es la ortodoxia neoliberal, vale la pena adentrarnos un poco en lo arriba tratado. Veamos:


En el caso de la salud, los problemas son más graves que lo recordado por este informe, pues la realidad recuerda de manera sistemática un proceso mucho más rapaz de privatización y negación de este derecho, a lo largo y ancho del territorio nacional.


Casos como la liquidación del Seguro Social y las sistemáticas negligencias de las Eps y del régimen subsidiado que, basadas en una lógica de mercado, reducen por debajo de cuerda el gasto en la atención bajo la excusa de prescripciones médicas; esto de la mano con su metódico desfinanciamiento a lo largo y ancho del país: casos como el del Hospital Universitario del Valle, la Clínica Minerva y la alerta amarilla por la crisis hospitalaria en el Valle del Cauca y Santander, así lo demuestran.


Situaciones como el deceso de Rubiela Chibará el martes 19 de enero en Bogotá (http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28023-llamaron-al-cti-pero-les-enviaron-el-esmad.html) que muere en plena vía producto de un paro cardiaco luego de esperar por meses una cita para una operación de una dolencia del corazón nos demuestra lo retrasados que estamos en el derecho a la salud y a la vida.


Y este es solo un ejemplo. En una ciudad en donde según la Ocde el avance en el sistema de salud es significativo (http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28019-logros-descalabros-y-retos.html), el burgomaestre de turno notifica una reducción del 40 por ciento en esta materia a pesar de que la cantidad de salas de urgencias solo llega a 91 (para una ciudad con aproximadamente 8 millones de habitantes) de las cuales 55 son privadas y las restantes 41 pertenecientes a la red pública de hospitales. Salas, en especial las públicas, con graves problemas de hacinamiento pues tienen una sobreocupación, según la Personería, del 88 por ciento, como lo confirman en exceso los hospitales San Blas y el Tunal con el 305 por ciento, lo que evidencia una desigualdad abismal a la hora del acceso integral a un derecho fundamental como es el de la salud, producto de la dichosa ley 100 de 1993.


Si del sector laboral hablamos, la tase de desempleo hasta noviembre del 2015 se encuentra en 7,3%, disminuyendo un 3,6% en relación a los últimos 9 años, sin embargo, la tercerización laboral hace que muchos sean los trabajos inconsistentes, con contratos de entre 3 y 6 meses, lo que representa para el empleador el no pago de cesantías, pensiones y primas vacacionales, obligando además a asumir ese gasto al empleado y, considerando que tan solo cerca del 35 por ciento de la población en edad para jubilarse recibe una pensión, la situación laboral para las colombianas y los colombianos es precaria. Cerca del 90 por ciento del gasto en pensiones va dirigido al 20 por ciento más acaudalado, y menos del 6 por ciento a los pobres, sumado a esto la imposibilidad, ante este tipo de contratos, de sindicalización y de huelga. Esto si es que llega a contar con un contrato, pues el trabajo informal en el país pesa de manra importante sobre la economía, quedando estos trabajadores informales con un sistema de seguridad social y laboral casi nulo o paupérrimo.


Esta realidad es la que hace necesaria una reforma integral para incrementar la cobertura y conseguir que el sistema laboral sea más equitativo y sostenible, pensando más que en estándares internacionales en la equidad en condiciones de salud y sistemas de seguridad social para todos los ciudadanos, con posibilidades viables de accesibilidad a pensiones, pues actualmente pensionarse es casi un sueño, en parte por la edad necesaria para ello (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y en parte por la cotización de 1.300 semanas de trabajo, lo que equivaldría a 25 años seguidos en un país donde solamente el 33 por ciento de la población paga sus pensiones y cesantías. ¿Qué sucederá cuando la Ocde logre su propósito de incrementar la edad de jubilación, llevando para mujeres incluso hasta los 62 años y para los hombres hasta los 65?


Ante la magnánima 'propuesta' de la reforma tributaria en consdieración por el gobierno nacional, en relación al "elevado salario mínimo" que tiene Colombia. De nuevo la Ocde parte de estándares internacionales de sus 34 países afiliados, muchos de los cuales tienen unas condiciones de vida y seguridad social mejores que los países denominados "en vía de desarrollo". Esta reforma tributaria contempla entre otras cosas el mantenimiento del 4 x mil, el fin de la devolución del 2 por ciento en el IVA con pago de tarjetas crédito y débito, el incremento del IVA hasta el 19 por ciento –como paso hacía el 23 por ciento, que incluso llegan a cancelar en algunos países–. Es decir, que las mayoría continúen cargando con el peso tributario a través del consumo diario mientras los más ricos siguen excentos en líneas tan importantes como la especulación en bolsa o la cancelación por renta, la cual pretenden extenderla incluso hasta aquellos que ganan un poco más de dos salarios mínimos.


Mientras todo esto ocurre, en la cotidianidad del país se vive el aumento de la gasolina en 78 pesos –pese al desplome del precio del petróleo–, quedando en 7.896 el galón; un incremento, desde el mes de febrero, en 200 pesos al Transmilenio, 150 pesos al metro de Medellín y se espera el aumento en las tarifas del MIO en Cali; sumado esto al aumento gradual que afectó, durante el año que terminó, al gas natural vehicular en 292 pesos; el incremento al índice de precios al consumidor en 4 décimas, quedando en un 6,8 por ciento, subiendo de manera exorbitante los alimentos y bebidas no alcohólicas de un 0,9 por ciento en el 2013 a un 4,7 por ciento en el 2014, para finalizar en un 10,9 por ciento al finalizar el 2015.


Sumado a todo lo anterior (por si les parece poco) el salario mínimo para el año en curso solo fue incrementado en $ 45,105, quedando en 689,455 a pesar de la recomendación de la Ocde de que sea menor; salario mínimo que no alcanza para que una familia viva ni sobreviva. ¿Cómo será cuando la Ocde logre su propósito de favorecer mucho más a los dueños del capital?


En cuanto a la propuesta de la Ocde de propiciar el reintegro y retorno al mercado laboral criollo de personas especializadas que radican fuera del país –que según la Forbes alcanza el 3.3 por ciento del total de la población colombiana, profesionales en su mayoría–, Colciencias desde el año pasado implementa un plan denominado "Es tiempo de volver" con el cual busca que más de 200 profesionales nacionales, vinculados a universidades como Harvard y Oxford regresen a investigar y con ello potenciar los centros investigativos colombianos. Sin embargo, a pesar de que muchos regresaron junto con cónyuges e hijos, poco les han solucionado para que empiecen a laborar La desazón en lo que impera acá.


En ultimas, dígalo la Ocde o la vecina que hace empanadas en la esquina, nos encontramos en un problema de tamañas proporciones en todas las materias anteriormente mencionadas, por lo cual debemos cuestionarnos sobre qué hacer ante todo ello. Sin tapujo alguno, y ante nuestra precaria realidad, la cual no es necesario que la recuerde una organización internacional: para alcanzar parámetros de vida digna para toda aquella persona que habita el territorio nacional, es indispensable trastocar el actual orden económico y social, auspiciador de concentración de la riqueza y del empobrecimiento de las mayorías nacionales.

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ATRAPadas: sin acceso a abortos legales y seguros

Esta semana, un gran jurado de Houston presentó una acusación que provocó sorpresa. Se le había encomendado la investigación de videos que aparentemente dejaban al descubierto que la organización especializada en planificación familiar y derechos reproductivos Planned Parenthood vendía partes del cuerpo de fetos abortados. El gran jurado no halló actos ilícitos por parte de Planned Parenthood. En cambio, acusó a los productores David Daleiden y Sandra Merritt, de la organización contraria al aborto The Center for Medical Progress, de alterar registros gubernamentales, un delito grave.

 

Por otra parte, esta semana tuvo su presentación pública otro video; en este caso es uno que muestra de manera precisa la amenaza que se cierne sobre los derechos reproductivos de la mujer en todo el país. "TRAPPED" ("Atrapadas", en español) es un conmovedor documental que se estrenó el domingo por la noche en el Festival de Cine de Sundance aquí, en Park City, Utah. El documental evidencia de qué manera la aprobación en varios estados del país de las llamadas "leyes TRAP", que imponen reglamentaciones selectivas sobre los centros de salud que practican abortos, implica un ataque al acceso al aborto legal y seguro para las mujeres estadounidenses. Las "leyes TRAP", sigla que en inglés significa "trampa" o "atrapar", han proliferado desde que el Tea Party arrasara en las legislaturas estatales en 2010 y dicen proteger la salud de las mujeres; sin embargo, provocan en realidad la clausura de clínicas de atención de la salud de la mujer. El estreno de la película a nivel nacional coincidirá con el momento en que el derecho de una mujer a elegir si practicarse o no un aborto se enfrente a un desafío crucial ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el 2 de marzo.

 

Dawn Porter es la galardonada realizadora que escribió, dirigió y produjo "TRAPPED". Mientras se encontraba en Mississippi filmando otra película, Porter se enteró de que en ese estado quedaba una sola clínica donde se practicaban abortos. Decidió entonces acercarse a la clínica, donde encontró al Dr. Willie Parker, obstetra y ginecólogo.

 

Tras la presentación de "TRAPPED" en el Festival de Cine de Sundance, el Dr. Parker expresó en el noticiero de Democracy Now!: "Hace 21 años que soy obstetra y ginecólogo y 25 años que soy médico. Cuando tomé conciencia de que una de cada tres mujeres necesitará asistencia médica para realizarse un aborto a lo largo de su vida reproductiva y que, de forma desproporcionada, las mujeres de bajos recursos y las mujeres de color tendrán dificultades para acceder a dicha atención, se tornó prioritario para mi garantizar el acceso a esos servicios de salud tan importantes, por lo que regresé a mi pueblo natal de Birmingham para brindar asistencia médica en el sur".

 

La película "TRAPPED" sigue al Dr. Parker y a varios otros proveedores de aborto de Alabama, donde se aprobaron leyes TRAP que imponen onerosas modificaciones a las clínicas en que se practican abortos. La mayoría de esas leyes se basan en una legislación modelo redactada por una organización contraria al aborto llamada Americans United for Life. Las mismas obligan a clínicas que proveen el servicio de interrupción del embarazo que funcionan de manera segura y legal a efectuar reformas costosas e innecesarias en sus instalaciones. En muchos casos, las clínicas no pueden financiar la realización de las reformas y se ven obligadas a cerrar sus puertas.

 

En una escena de la película "TRAPPED", se muestra al Dr. Parker con una paciente. Parker le está transmitiendo la información que la ley TRAP de Alabama exige que se les haga saber a las pacientes antes de practicarse un aborto:

"La ley me exige que le diga que al practicarse un aborto, puede incrementarse el riesgo de padecer cáncer de mama. No existe evidencia científica que lo compruebe. El Estado me exige que le informe que al practicarse este procedimiento existen riesgos de complicaciones. Considero que es bueno conocerlo, al riesgo. El Estado me exige que le diga que usted puede presentar hemorragias que podrían poner en riesgo su vida y que puede ser necesario trasladarla a un hospital y recibir una transfusión de sangre. Si usted presentara una hemorragia que solamente pudiera ser contenida mediante la extirpación de su útero, se le practicaría una histerectomía y no podría tener hijos en el futuro. Esos son los riesgos asociados, pero adivine qué. Son exactamente los mismos riesgos asociados a tener un bebé. Lo que quiere decir que no se está enfrentado a ningún riesgo extra en lo que refiere a su salud. Es decir que el aborto es un procedimiento extremadamente seguro".

 

En Texas, la ley TRAP —conocida allí como HB2— fue aprobada en 2013. Antes de la entrada en vigor de dicha ley había 40 clínicas de abortos en funcionamiento en Texas. Quedan diecinueve. Una clínica de San Antonio entabló una demanda judicial en oposición a las restricciones impuestas por la ley HB2. Ese juicio, llamado Whole Woman's Health contra Hellerstedt (anteriormente contra Cole), se presentará el 2 de marzo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo fallo sobre el caso se prevé para el próximo mes de junio.

 

Los videos editados y manipulados con el objetivo de abatir a Planned Parenthood no lograron su cometido y sus creadores se enfrentan a años de prisión. Si bien "TRAPPED" se emitirá en junio en el ciclo de documentales "Independent Lens" de PBS, se pasará también en cines, con proyecciones comunitarias en simultáneo. Dawn Porter espera que su más reciente película logre involucrar, sensibilizar y movilizar a personas de todo el país mientras la Corte Suprema se encuentre examinando este tema crucial en materia de salud.

 

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta, Verónica Gelman y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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