"El acceso de la mujer a la ciencia es un problema social"

A su vuelta de la Universidad de Berkeley (EEUU), tras doctorarse en Astronomía, a Silvia Torres (México DF, 1940) le ofrecieron compartir la oficina de su marido, con quien había cursado los mismos méritos académicos. Ella se negó: "Hay momentos en que dices 'me están tratando distinto y no lo voy a aceptar'. Tuve que ser muy decidida. Si me hubiera dejado, quién sabe dónde anduviera. Son detallitos pequeños, a veces no se perciben, pero la acumulación de estos detallitos tiene su peso", recuerda ahora Torres, a pocos meses de convertirse —en 2015— en presidenta de la Unión Astronómica Internacional (UAI), cargo que por primera vez ostentará una mujer latinoamericana.


"Me fui al último rincón, pero quise hacerme mi espacio y demostrar que tenía mis méritos propios por mi trabajo y mi valía", explica. Mientras prepara cómo reestructurar y adaptar a los nuevos tiempos a la UAI, una sociedad científica con más de 10.000 miembros, analiza los obstáculos que frenan el flujo de mujeres a empleos como científicas y a puestos de responsabilidad dentro de su campo. "La mujer, por supuesto, tiene las mismas capacidades, talento, intereses e inteligencia que el hombre. No veo ninguna diferencia inherente, las diferencias son sociales, por lo que la gente que nos rodea espera de nosotras. Y es algo muy difícil de eliminar o subsanar".

Torres habla de que la expectativa de los demás provoca que se vayan perdiendo las mujeres por el camino, en un goteo gradual, hacia el mercado de trabajo. "Es un fenómeno a nivel mundial, sobre todo en las ciencias más duras y las ingenierías. Es un problema social. A la familia, al esposo, a la sociedad, le cuesta aceptar el compromiso que la mujer toma con la ciencia, un compromiso que va mucho más allá del horario formal de trabajo", reflexiona la astrónoma, cuya pasión y empeño se ha concentrado en la composición química de las nebulosas —"un trabajo tranquilo y modesto"—. "Hay muchos pequeños obstáculos que dificultan a la larga alcanzar el mismo resultado que los hombres", resume.

La científica mexicana, que visitó España durante la reciente reunión de la Sociedad Española de Astronomía, también se muestra preocupada con el acceso de los jóvenes a la investigación, a los que pretende incorporar a la Unión respetando la "estabilidad" que garantizan los científicos ya consolidados. "Con la crisis, en España y otros países, se están truncando vocaciones científicas. Lo más grave es que toda la formación que han recibido los jóvenes, si se quedan sin actividad dos o tres años, se desgasta, se atrofia o se olvida y es muy costoso reconstruir la preparación de una persona: muy costoso para la persona y para el país", asegura. "Es un problema muy serio", remacha.


En México, según explica, viven un momento de respiro tras la crisis, "pero no llega a haber un compromiso claro y definitivo" con la ciencia por parte de las autoridades. "El discurso sí es que va a haber más apoyo, y esperamos que así ocurra. Necesitamos ese apoyo y la decisión de las autoridades mexicanas, porque sin ese compromiso las ciencias, y sobre todo las básicas, no salen solas". Torres quiere que ese apoyo se materialice —"es mi meta personal"— con la construcción de un nuevo y mayor telescopio en el Observatorio de San Pedro Mártir, en Baja California.

"Es un momento apasionante para los astrónomos, están pasando tantas cosas y tantos resultados en tantos campos distintos: descubrimientos de planetas parecidos a la Tierra, hallazgos sobre el universo temprano... Es increíble lo que está pasando hoy en día, ni lo imaginábamos hace 10 o 15 años", asegura Torres sobre el momento actual de la astronomía gracias a grandes inversiones y el desarrollo de importantes instrumentos y herramientas de investigación.
Torres, elegida en 2012, es la segunda mujer que accede a la presidencia de la UAI en su escaso siglo de historia, tras Catherine Cesarsky en 2006, y su nombramiento supone la segunda vez que una persona nacida en América Latina accede al puesto, tras el argentino Jorge Sahade 1985.

En Estados Unidos la situación laboral y sindical no es color de rosa, y cada día empeora

Es un hecho que el modelo económico neoliberal -en lo que a garantías y derechos laborales y sindicales se refiere- ha hecho estragos en todo el mundo; tanto que ni el propio Estados Unidos, país donde se "cocinó" y afianzó este modelo, se salva de tales estragos, los cuales se materializan en fenómenos como: congelamiento de salarios desde hace muchos años, incremento del trabajo informal y el empleo precario, persecución y acoso al movimiento sindical, y un sistema fiscal que abiertamente favorece a los ricos y poderosos, entre otros.

Es la conclusión que salta de bulto de la entrevista que esta agencia de información le hizo a Brian Finnegan, Coordinador Global de Derechos Laborales de la AFL-CIO, la principal confederación sindical de Estados Unidos.

El señor Finnegan fue uno de los delegados fraternales del sindicalismo internacional invitado al VI Congreso de la CUT en Santa Marta, y con él sostuvimos esta breve conversación:

Se cree que, a diferencia de lo que sucede en los países del llamado tercer mundo, Estados Unidos es un país sin mayores problemas laborales y sindicales. ¿Es cierta esa apreciación?

Brian Finnegan. No lo es. Hay que reconocer que tenemos muchos problemas laborales y sindicales. Para comenzar, está el tema de los salarios, que es lo que más preocupa al trabajador. Tenemos 40 años con salarios congelados, no hay aumento real desde 1973.

¿Y cómo se define allá el aumento salarial?

No hay una regla como acá en Colombia, donde el aumento salarial se define cada año vinculado a un índice de precios, al IPC. Eso no existe en Estados Unidos. El aumento depende del poder del movimiento sindical para negociar colectivamente a nivel de cada empresa, ni siquiera por sector. En los años 90 tuvimos un aumento del salario mínimo, que quedó en 7 dólares y 25 centavos por hora, que es muy poco. Es un salario de miseria que no da para subsistir una persona en una ciudad, mucho menos una familia. En varios estados y ciudades tenemos salarios mínimos diferenciados, y ahí sí hemos logrado algún avance, se ha podido mejorar ese salario mínimo. Pero como dije, el salario promedio no ha aumentado desde hace 40 años, mientras el lucro de las empresas sí ha subido bastante. Ahora hay proyectos de ley, esfuerzos para lograr que aumente.

¿Y eso qué efecto ha tenido en el frente de la equidad, del bienestar social?

Y eso ha llevado a un aumento fuerte de la desigualdad. Es un proceso que se inició desde los años 80 en Estado Unidos, que cada vez está peor en el tema de la equidad. La concentración de la riqueza allí es más fuerte en comparación con Canadá y muchos países de Europa. Hasta el punto de que algunos ricos están preocupados, porque en el largo plazo eso tampoco les sirve a ellos, puede haber una rebelión o problemas serios.

¿Entonces, ya podemos hablar de que hay lucha de clases en Estados Unidos?

Yo diría que sí, pero la tendencia es a negarlo, o a no llamarlo con ese nombre. Pero la gente sí tiene claro que hay conflicto de clases, que los ricos cada vez se benefician más de la riqueza del país. Desde hace unos seis años hay crisis financiera y de empleo, que se supone que ya terminó. Pero la recuperación ha sido para los ricos, porque para los trabajadores, en términos de oferta de empleo, la crisis no ha terminado. Los puestos de trabajo que se han creado son precarios, empleo informal. O sea que en el tema laboral seguimos estando en muy malas condiciones. También es necesario modificar el sistema de impuestos, para que éstos sean más progresistas. En los años 80 y 90 tuvimos una serie de recortes de impuestos a los ricos, y ahora está pasando lo mismo con las empresas, que tienen mil maneras de esconder las ganancias y no pagar impuestos. De modo que con salarios que no aumentan, con incremento del empleo precario, y con un sistema fiscal que beneficia a los ricos, estamos en una situación muy difícil.

Usted habló de informalidad laboral. ¿Cómo se da ésta en Estados Unidos?

De muchas formas, es muy común. Muchas empresas lo hacen, inclusive las más grandes. Acuden a contratar con agencias de empleo que tercerizan el trabajo. Hoy es común que en una empresa por lo menos la mitad de los trabajadores sean subcontratados, y éstos tienen salarios más bajos, menos estabilidad y menos derechos. Son muchas prácticas y gama de cosas, igual que acá en Colombia. Allá no tenemos cooperativas exactamente, ni SAS, pero existe la tercerización, bolsas de empleo. También hay informalidad ilegal. Por ejemplo, casos en el que al trabajador se le paga al día y en efectivo, y de eso no queda ningún registro. En esa situación están sobre todo trabajadores migrantes. Lo más grave es que al trabajador informal lo clasifican como un pequeño empresario cuentapropista.

¿Podríamos decir entonces que la informalidad afecta más a los inmigrantes?

Antes era así, pero el fenómeno está creciendo y está afectando a todo el mundo, no sólo a los inmigrantes. Como dije, las empresas multinacionales en sus fábricas enormes tienen doble forma de contratación: empleo formal por un lado, pero empleo informal por el otro. Trabajadores que realizan el mismo oficio pero ganan muy distinto. Hay una gama muy grande de prácticas para negar o esconder la relación laboral, y poner una distancia entre empleador y trabajador. Por ejemplo, en las universidades los profesores tienen contrato por no más de un semestre, no tienen beneficios, ni seguro de salud, ni jubilación. Solamente enseñan un curso durante 4 meses, y chao.

¿Y qué pasa en el sector de las comidas rápidas? Un sector que ha estado muy agitado, este año ha protagonizado grandes movilizaciones de protesta.

Hay mucha movilización, muchos paros exigiendo un salario digno, que dé para sobrevivir. En una época en el sector de las comidas rápidas trabajaban casi siempre jóvenes, estudiantes que hacían esos trabajos para obtener un ingreso y ayudarse en sus estudios. Ahora esos jóvenes ya son adultos y padres de familia, y siguieron trabajando en comidas rápidas porque no tienen más opciones laborales, tratando de sobrevivir con un salario muy bajo. Por eso es muy necesaria la movilización de esos trabajadores.

¿Qué tan fuerte está el movimiento sindical en Estados Unidos?

Hemos rebajado bastante su fuerza. Desde los años 50 del siglo pasado, que fue el ápice, cuando el 38% de toda la fuerza laboral del país estaba sindicalizada y gozaba de negociación colectiva. En el sector público la sindicalización hoy es del 18%, y en el sector privado bajó al 7%. Así que el promedio de la fuerza laboral asociada a sindicatos es en promedio del 12%. Además en el sector privado hay mucha represión antisindical y despidos de trabajadores. La gente forma un sindicato y lo pueden despedir. Cada año hay 30 mil trabajadores despedidos por ejercer la actividad sindical.

¿Luego eso no es un delito?

Sí, es ilegal, pero lo que es difícil es probarlo, y el sistema de justicia laboral es muy lento en esos procesos, puede demorar hasta 10 años una sentencia. Además esa política antisindical tiene mucho que ver con el partido que esté en el gobierno. Ahora con Obama está funcionando mejor que con Busch antes.

A propósito de Obama, ¿en el sindicalismo hay desencanto con su gobierno, con sus promesas no cumplidas?

Sí. Hay desencanto. Aunque tenemos bien claro que Obama en sus dos mandatos ha sido mejor que el gobierno de Bush, nadie pone en duda eso. En muchas cosas ha sido positivo Obama, pero en muchos sentidos ha sido una decepción.

Publicado 30 de septiembre de 2014.

Publicado enSociedad
Jueves, 25 Septiembre 2014 06:20

La agenda originaria

La agenda originaria

Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. "Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente", afirmó Cayuqueo.


Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas"(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.

Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: "Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".


Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. "El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado", resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de "convención" (de cumplimiento vinculante)

.
Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. "Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina", afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: "En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas".

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.


El apartado veinte del documento aprobado insiste: "Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios". El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: "Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables".


Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un "plan de acción" para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure "aumentar la coherencia" para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.

 

Documento final de la reunión plenaria de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

 

Publicado enInternacional
Lunes, 22 Septiembre 2014 08:15

Con el muro parece que no alcanza

Con el muro parece que no alcanza

El muro de Berlín cayó hace 25 años, la Guerra Fría terminó con él, pero la muralla antiinmigrantes en Estados Unidos se agranda cada vez más y la frontera con México se recalienta. La idea de ampliar y hacer más sofisticado el sistema de control en los 3.200 kilómetros que separan a los dos países es un tema que se repite. A una propuesta reciente del legislador republicano Mark Sanford para tapiar toda la frontera, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Jeh Johnson, le respondió la semana pasada: "Si construyo un muro de 15 pies de altura, alguien va a construir una escalera de 16 pies". Como fuere, su área contrató este año por 145 millones de dólares a una filial de Elbit Systems –la empresa israelí que levantó el muro en Cisjordania y aisló a la población palestina– para que refuerce y vigile el perímetro que tanto preocupa al gobierno de Barack Obama.

La adquisición de tecnología a uno de los mayores fabricantes internacionales de productos electrónicos de defensa se veía venir. El antecedente de Elbit en Cisjordania, cuya casa matriz está en Haifa y emplea a 11 mil personas en el mundo, pesó para monitorear la extensa frontera. La información del contrato fue publicada en marzo por el diario sobre temas de seguridad de EE.UU., Homeland Security News Fire, y replicada en muy pocos medios de Latinoamérica. El sistema que empleará la compañía se denomina Proyecto Torre Fija Integrada (IFT, por sus siglas en inglés), y está equipado con cámaras de alta sensibilidad y radares.


Según publicó la agencia de noticias Bloomberg en aquel momento, el contrato inicial de Elbit podría ampliarse a "1000 millones de dólares si la legislación para reescribir las leyes de inmigración de los EE.UU. es aprobada por el Congreso y ayuda a financiar la expansión del proyecto en el suroeste del país". La primera contratación había quedado en manos de la empresa Boeing, allá por 2006. Pero el sistema de vigilancia electrónico resultó demasiado oneroso. Por cubrir apenas 85 kilómetros de los 3200 de fronteras comunes con México, los contribuyentes en Estados Unidos pagaron un billón de dólares.


Ahora, el funcionario Johnson declaró contra aquel desembolso y la propia ampliación del muro, que como todos los que se mantienen hasta hoy, manchan la conciencia de los pueblos: "Mi recomendación es que el uso más eficiente y efectivo de nuestros recursos es una estrategia basada en riesgos. No creo que construir un muro en toda la frontera suroeste sea un uso apropiado de recursos de los contribuyentes".
Elbit, pese a estas declaraciones del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., avanza con su sistema de vigilancia en la frontera llamado IFT. Pero asimismo, continúa con sus recomendaciones a aquel organismo para que diversifique sus controles antiinmigrantes.


Le ha ofrecido una combinación de sensores de radar, sensores electro-ópticos, sensores de tierra sin supervisión, vehículos de tierra con o sin tripulación y lo que sería la vedette de un futuro contrato ampliado, los drones. Esos mismos aparatos que usados con fines bélicos, causaron estragos en la Franja de Gaza durante los últimos bombardeos de Israel. En Australia, el 15 de agosto pasado, un grupo de manifestantes pro-palestinos se subió al techo de una filial de Elbit Systems en Melbourne, con un enorme cartel que denunciaba: "Los drones de Elbit matan niños en Gaza". Seis de ellos terminaron presos.


El poder expansivo de la empresa no se ha detenido, pese a que entidades financieras como el Deutsche Bank, el Fondo Noruego de Pensiones, y Folksam (el mayor administrador de activos en Suecia) decidieron excluirla de sus inversiones o las vendieron, por el trabajo que cumplió en el muro de Cisjordania, declarado ilegal en julio de 2004 por decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Israel nunca acató ese fallo no vinculante.


Al Departamento que dirige Johnson poco podían importarle esos antecedentes de la compañía creada en 1966, que tiene varias subsidiarias y provee elementos de defensa electrónica, como también construye sofisticadas cercas de seguridad antiinmigrantes. Sólo en Estados Unidos, por medio de su vinculada Elbit Systems of América (ESA), tiene fábricas en Forth Worth, Texas; Talladega, Alabama; Merrimack, New Hampshire; Tallahassee, Florida; McLean, Virginia y San José, California. La tecnología israelí de punta al servicio de su principal socio político y comercial en el mundo.


Johnson, además de los graves problemas que debe resolver en el borde sur de EE.UU., también está empeñado en filmar al personal de Aduanas y Protección de Fronteras con cámaras portátiles que servirán para detectar posibles delitos de sus agentes. Numerosas denuncias de abusos motivaron que también se los vigile, aunque por ahora, no con el celo que se hace en las fronteras.


El sindicato que representa a la mayoría de los 21 mil agentes que patrullan los límites de EE.UU. se quejó por el costo de las cámaras y el efecto que podrían causar en el desempeño de sus afiliados si sus vidas corren peligro. Sin embargo, desde 2010 y hasta febrero de 2013, mataron a 21 inmigrantes. El experimento comenzará en octubre en un estado: Nuevo México. En los últimos veinte años se calcula que 9 mil personas murieron en una de las fronteras más controladas del mundo. Los mexicanos eran mayoría.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Cadena radial Caracol niega reconocimiento a su nuevo sindicato, pero éste sigue adelante

Inconformes por los malos salarios, el no pago de horas extras, el mal trato y acoso laboral, entre otros motivos, en abril de este año un grupo significativo de trabajadores del sistema radial Caracol decidió organizarse en sindicato, como recurso para defender derechos laborales que consideran vulnerados por la empresa.

Sinprisa es el nombre de este nuevo sindicato de industria, que representa trabajadores de las empresas de los grupos Prisa y SER en Colombia, que incluyen la cadena básica de Caracol, La W, Caracol Estéreo, Emisora Mil Veinte, la Voz de Colombia, Los 40 Principales, Tropicana, Oxígeno, Radio Activa, Q'hubo, Bésame, La Vallenata, Ecos de la Montaña, el Grupo Latino de Radio, Promotora de Publicidad Radial, Compañía de Comunicaciones de Colombia, y Serdán, que es la empresa de empleo temporal que Caracol utiliza para contratar trabajadores tercerizados.

Según Alfredo Equidio, vicepresidente de Sinprisa, las condiciones laborales en Caracol se deterioraron ostensiblemente desde cuando los españoles del Grupo Prisa compraron la cadena radial a mediados de la década pasada; en principio con la anuencia de los trabajadores, quienes en buen número ayudaron a la empresa a salir de la crisis que en ese momento tenía, y muchos hasta se rebajaron el salario con la promesa de que una vez superada la crisis se les compensaría el sacrificio.

"Pero fue mentira, no hicieron el aumento prometido. Por el contrario, dañaron más las condiciones de trabajo, echaron gente, y el acoso laboral se incrementó. Por eso creamos el sindicato", dice Equidio.

Es de anotar que en Caracol existe un sindicato de base desde hace más de 30 años: Sintracaracol, pero -dice Equidio- lleva también años "de capa caída", sin garra para defender los intereses de los trabajadores, y apenas tiene 45 afiliados de los 700 empleados directos del sistema Caracol.

Con Sintracaracol hay firmada una convención colectiva que año tras año no mejora nada. "Apenas logra paupérrimos aumentos salariales y una indigna gratificación extra de $50 mil pesos por los buenos resultados del año 2013, no obstante las multimillonarias utilidades que obtuvo la empresa", sostiene Equidio.

Pero la existencia de esta convención colectiva es el principal argumento de la empresa para no reconocer el nuevo sindicato y negarse a negociar su pliego de peticiones, cuando la Corte Constitucional ha reivindicado la autonomía de los sindicatos para la negociación colectiva, independientemente de su tamaño y de que exista otra convención colectiva en la empresa. Es decir, no existe ninguna disposición legal que prohíba a un empleador suscribir más de una convención colectiva.

Y también desde hace muchos años existe en Caracol un Pacto Colectivo que cobija a los no sindicalizados, pero que tampoco ofrece satisfactorias garantías. Precisamente la negativa de la empresa a mejorar este Pacto fue lo que llevó al grupo de trabajadores a dar el saldo y conformar el sindicato, inicialmente con 50 afiliados.

Hoy Sinprisa cuenta con 165 afiliados en las diferentes ciudades del país, un 15% de ellos vinculados a Caracol a través de Serdán, empresa que le provee mano de obra subcontratada para los diferentes oficios: operadores, locutores, personal del aseo y servicios varios, conductores, e incluso periodistas. No pocos de ellos llevan más de 15 años tercerizados, y en condiciones salariales inferiores a las de los trabajadores directos. Mientras el salario mínimo de los directos supera los $700 mil, los tercerizados apenas devengan el mínimo legal. Y tampoco tienen derecho a los auxilios y primas extralegales que se pagan a los directos, los cuales, en opinión del vicepresidente de Sinprisa, son "irrisorios".

Y lo otro es que Serdán es más antisindicalista que la propia Caracol. Se niega rotundamente a aceptar el sindicato, e incluso ya despidió un trabajador por afiliarse a éste, y presiona al resto para que no lo haga.

El vicepresidente de Sinprisa denuncia igualmente acoso laboral, no solo contra los directivos del sindicato sino del personal en general. Los jefes y mandos medios utilizan "términos absolutamente inaceptables contra los trabajadores, con comentarios tendenciosos y malintencionados, maltrato y acoso laboral", dijo.

Por todos estos hechos el sindicato ya formuló la respectiva querella ante el Ministerio de Trabajo y denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que en el Código Penal la obstrucción o violación del derecho de asociación sindical está tipificado como delito.

Qué piden los trabajadores

El pliego de peticiones lo pasó Sinprisa a la patronal el 19 de abril, tres días después de creado, pero la empresa no se presentó a negociar. En vista de eso el sindicato interpuso acción para tutelar su derecho de asociación sindical, que el juez falló a su favor y obligó a Caracol a sentarse en la mesa de negociación, pero a ésta solo envió un abogado y un empleado sin poder de negociación. Así se agotó la etapa de arreglo directo y la prórroga, sin ningún acuerdo, por lo que la mayoría de los sindicalizados, para dirimir el conflicto, votaron por Tribunal de Arbitramento, que está en trámite.

El pliego de peticiones presentado por Sinprisa propende por mejoras en las actuales condiciones laborales para todos los trabajadores, incluyendo los de nómina tercerizada por Serdán. Pide contratación directa sin intervención de empresas de empleo temporal, especialmente en actividades relacionadas con el objeto social de Caracol.

Incluye capítulos sobre derecho de asociación sindical, estabilidad laboral, salario decente con remuneración mínima vital y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. "Mientras aquí se nos niega un justo y equitativo incremento, el presidente ejecutivo de Prisa recientemente se aumentó su voluminoso sueldo en un 35%, y firmó a su favor un bono de jubilación de 1,2 millones de euros anuales. Todo ello, gracias a las multimillonarias ganancias que producimos los trabajadores en el continente americano", recordó el vicepresidente de Sinprisa.

En lo económico, el pliego exige nivelación salarial, de tal forma que los trabajadores que hacen las mismas funciones, o estén en el mismo nivel jerárquico, devenguen igual salario. También pide que el mínimo en la empresa sea 2 veces el salario mínimo legal vigente, e incrementos en prestaciones como primas de servicios, vacaciones y navidad, licencias por matrimonio, paternidad y maternidad, auxilios de vivienda y educación y alimentación, descansos remunerados de fin de año y Semana Santa, entre otros.

Otro capítulo se refiere a traslados y reubicación del personal, procedimiento para aplicar sanciones, conciliación, manejo y prevención del maltrato y el acoso laboral, tema éste que es álgido en Caracol.

El pliego petitorio completo se puede ver en el enlace:
http://media.wix.com/ugd/98fe63_b610202293604328a1fc581c0e87412b.pdf

Entre tanto, los directivos sindicales adelantan visitas a las diferentes ciudades para convencer a los y las trabajadoras de las diferentes emisoras de Caracol para que se plieguen a la organización sindical, tarea que no es fácil dado que no cuentan con permisos sindicales para hacerla.

El propósito, dice Equidio, es aumentar la membresía sindical y elevar la capacidad y fuerza para las luchas que se ven venir en el inmediato futuro, que incluyen incluso la posibilidad de huelga en la autoproclamada "Primera Cadena Radial de Colombia".

Publicado 19 de septiembre de 2014.

Publicado enColombia
Viernes, 12 Septiembre 2014 06:29

Menos derechos, más vigilancia

Menos derechos, más vigilancia

A trece años de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos sigue empantanado en su lucha contra el jihadismo. Los ataques de 2001 en territorio norteamericano dieron inicio a la llamada "guerra contra el terrorismo", liderada por el entonces presidente George W. Bush. Su sucesor, el demócrata Barack Obama, debe lidiar ahora con el Estado Islámico y la expansión de los grupos jihadistas más radicalizados en Medio Oriente. "La intervención occidental en Irak ha contribuido a crear más anarquía que orden, cuando lo que se pretendía era garantizar una mayor estabilidad en la región. Por políticas y percepciones equivocadas, por falta de conocimiento, se terminó contribuyendo a estimular el caos", aseguró a Página/12 Juan José Vagni, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en el mundo árabe-islámico.

El unilateralismo practicado por Washington y la militarización de su política exterior a partir de la era Bush representan una herencia pesada para Obama, que fracasó en su estrategia de acercamiento con los países de Medio Oriente. "Hubo una gran expectativa con la asunción de Obama, con el famoso discurso de El Cairo, donde afirmó que Estados Unidos y el Islam no estaban en guerra; pero la bomba caliente que tenía en Irak no se iba a solucionar retirando tropas. La retirada anticipada, y no me quiero poner del lado de la derecha republicana más extremista, produjo el surgimiento de estos grupos islamistas y una mayor desestabilización en la zona. Estados Unidos generó un caos que luego tuvo que administrar y cuando no quiso más, se produjo esta situación", indicó Vagni.


La guerra en Afganistán primero y la de Irak más tarde transformaron dramáticamente el escenario en la región. Una de las consecuencias inesperadas fue el enfrentamiento entre las distintas ramas del Islam y el ascenso de Irán como potencia regional. "Ocurre que estos zigzagueos que se producen con Irán lo perfilan como un aliado necesario de Estados Unidos, cuando hace seis meses atrás era el enemigo. Hay una falta de racionalidad en el diseño de políticas y en la perspectiva. Con la intervención de Irak en 2003 se le dio más poder a Irán. La política norteamericana no ha tenido la perspicacia para ver los frágiles equilibrios regionales. Por eso tampoco se cuestiona hoy al régimen de Bashar al Assad. Se prefiere que siga, porque una mayor de-sestabilización de Siria significaría terminar de exacerbar más el caos", sostuvo el experto de la UNC.


Vagni también descartó la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que sirvió a la Casa Blanca para llevar adelante la invasión a Irak. "Lo del Estado Islámico no es un síntoma de eso. Cuestionaría además las nociones de Oriente y Occidente. Vivimos en un mundo mucho más integrado. El mundo árabe-islámico es parte de nuestra civilización y de las problemáticas contemporáneas. No creo en esta diferencia esencialista. El islamismo político en su faceta más violenta, etiquetada bajo rótulos como 'jihadismo', no es producto de la realidad árabe-islámica, sino de una realidad global. Muchos de estos grupos son absolutamente transnacionales, con militantes y voluntarios que vienen del propio corazón del mundo occidental", explicó.

Pero las revueltas que comenzaron entre fines de 2010 y principios de 2011 en el mundo árabe constituyeron otro golpe para los planes de retirada de Washington. Según Vagni, la primavera árabe puso al gobierno de Obama en una disyuntiva: apoyar a los líderes autoritarios o promover la democracia en esas latitudes. "Muchos de los líderes autocráticos que cayeron con la primavera árabe fueron aliados de Estados Unidos en la lucha antiterrorista, como el mismo Khadafi. Esos líderes, que en la retórica interna eran quizás antiestadounidenses, en el plano global colaboraron con la política de Washington. Hoy tenemos un escenario radicalmente distinto, con la emergencia de los países del Golfo, sobre todo Qatar y Arabia Saudita, que están liderando la región. Han contribuido a la desestabilización de Siria, porque son los viejos actores conservadores que están tratando de acabar con la vieja figura del mundo árabe heredada de los '60 y '70", advirtió.


En tanto, la contracara interna de la guerra contra el terrorismo fue el Acta Patriótica, una ley aprobada en octubre de 2001 por la gran mayoría de los legisladores republicanos y demócratas. La legislación recibió cuestionamientos por violar algunos derechos constitucionales, especialmente porque permitía a los servicios de inteligencia espiar a ciudadanos "sospechosos", alegando que la seguridad era prioridad nacional.


"El 9-11 alteró drásticamente los derechos de los estadounidenses, no sólo a través de cambios en la ley, sino mediante cambios en las expectativas. El Acta Patriótica modificó una serie de protecciones legales estatutarias: se rompió el 'muro' entre la recolección de los servicios de inteligencia en el extranjero y las fuerzas de seguridad domésticas. Además se le dio explícitamente al FBI cada vez más autoridad para vigilar. Más sutilmente, el 9-11 desplazó las expectativas de los estadounidenses acerca de la cantidad de vigilancia o control que podía ser tolerada para proteger a la sociedad de otro ataque", dijo a este diario Mark Rumold, abogado por la Universidad de California y experto en libertades civiles digitales de Electronic Frontier Foundation, organización dedicada a la protección de las garantías individuales en la red.
Luego de las filtraciones de Edward Snowden en 2013, Obama prometió revisar los programas de inteligencia y pidió al Congreso reformar el Acta Patriótica para dotar de mayor transparencia el sistema de espionaje de su país. El ex "topo" de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense había revelado una inmensa red de vigilancia que espiaba a millones de personas en todo el mundo. "No hay duda de que algunas partes del Acta Patriótica deben derogarse. La ley fue aprobada en una cultura de miedo que era comprensible, donde parecían necesarias medidas drásticas para proteger al país. A trece años del ataque –señaló Rumold–, es evidente que algunas de esas medidas fueron demasiado lejos."

Publicado enInternacional
Viernes, 12 Septiembre 2014 06:08

Gaza, los niños y las comparaciones adecuadas

Gaza, los niños y las comparaciones adecuadas

Una vez declarado el cese el fuego (26/8/14), los medios ya se olvidaron del asunto y se dedicaron a cubrir otros temas. Igual con razón, pero en muchos casos sólo para perpetuar el silencio que envuelve la tragedia de Gaza. Yo aún no he podido olvidar.


Aún siento la garganta apretada como durante los 51 días de la operación Borde protector, cuando iba buscando las palabras correctas para describir esa masacre (véase La Jornada, 15/8/14).


Aún siento el corazón roto pensando en la suerte de los niños palestinos y tratando de contrarrestar los indignantes intentos de absolver a Israel y culpar a la resistencia palestina por su muerte (véase La Jornada, 29/8/14).
Aún le doy la vuelta a toda una serie de comparaciones –unas más adecuadas que otras– que por sí solas no explican nada, pero a veces ayudan a entender.


Si bien, por ejemplo, comparar a Israel con la Alemania nazi, más que moralmente inaceptable es un grave error histórico (y político), el solo hecho de que hay quienes lo hacen (entre ellos mismos, judíos) es un claro síntoma de que algo está podrido en el Estado de Israel.


Y una de las cosas que justamente reveló Gaza fue la creciente fascistización de Israel (The American Conservative, 6/8/14), tanto a nivel de la sociedad como de las instituciones, denunciada desde hace años por activistas como Michel Warschawski o Uri Avnery, pero igualmente sorprendente.


Algunas comparaciones son productos de la rabia o la desesperación; otras de la observación y el análisis. Hay unas que son fruto de todas estas cosas a la vez.


Imagínense qué tan enojado estuvo John Kerry con Benjamin Netanyahu por boicotear sus esfuerzos de paz para decir que por falta de concesiones reales a los palestinos "Israel se volverá un Estado de apartheid" (The Daily Beast, 27/4/14).


La analogía, que sonó emotiva –y luego fue retirada– es, sin embargo, bien difundida, fundamentada y, según autores como Ben White (Israeli apartheid: a beginner's guide, 2009), refleja bien la realidad.


A unas semanas, Frederik de Klerk, el último presidente sudafricano bajo el apartheid, salió en defensa de Israel diciendo que esta comparación era muy injusta (Israel Muse, 27/5/14).


Pero ya hace unos años otro prominente político sudafricano, Ronnie Kasrils, tras visitar Cisjordania y Gaza, dijo que la segregación allí era "definitivamente peor que el apartheid" (Naomi Klein, et al., The case for sanctions against Israel, 2012).


Imagínense: ahora comparar a Israel con Sudáfrica resulta injusto para... el antiguo régimen blanco de allá. Hasta le dan las ganas a uno de salir en su defensa (¡sic!).

¡No voy a comparar! ¡No voy a comparar...!, fue el grito desesperado de la periodista estadunidense Laura Flanders y su mantra cotidiano en este verano caliente de noticias.

Según la ley de medios en Estados Unidos, no se puede comparar muerte a muerte o masacre a masacre: "No puedes decir, por ejemplo, 'palestino' y luego 'yazidi'. No puedes comparar. No puedes comparar..." (Counterpunch, 15-17/8/14).
De por sí es difícil comparar el asesinato de 512 niños palestinos con algo más: alcanzados por Israel en sus casas, en los hospitales, mientras dormían en las escuelas-refugios de la ONU o se escondían en la playa, cuando ya no había adónde más huir.


Y los 3 mil niños heridos, mil discapacitados, mil 500 huérfanos, 400 mil traumatizados requiriendo atención sicológica y miles de desplazados internos (del lado israelí murió un niño por un proyectil desde Gaza).


¡Desplazados! Si hay alguna figura paradigmática de todo el conflicto marcado desde 1948 por el despojo colonial israelí, es un niño palestino nacido en un campo de refugiados.

Para reflejarlo, Naji al-Ali, dibujante nacido en un campo en Líbano, creó a Handala, un chamaco descalzo, niño-testigo de la brutalidad de la ocupación, símbolo del sufrimiento de todo el pueblo (A child in Palestine, 2010).


Hoy, sin embargo, no eran los dibujos, sino las crudas fotos de niños descuartizados por bombas, que transmitían el mensaje de la cotidianidad política palestina. Censuradas en Israel y en la mayoría de los medios, circulaban a través de Twitter, cuyos usuarios se solidarizaron masivamente con Gaza (Electronic Intifada, 21/8/14).


Ramzy Baroud, investigador británico nacido en un campo de refugiados en Gaza, observó que los trending hashtags #GazaUnderAttack y #GazaResists cambiaron incluso en #GazaHolocaust, usado por gente que nunca se imaginaba hacer este tipo de comparaciones (Counterpunch, 13/8/14).


@Farah_Gazan, una joven palestina que tuitea desde Gaza, se volvió un fenómeno en Twitter. Se autodenomina la moderna Ana Frank. ¿Es adecuada su comparación con aquella joven judía, autora del famoso diario? O, ¿quiénes somos para ponerle nombre(s) al sufrimiento de los jóvenes en Gaza?

Una niña de 14 años que sobrevivió Lluvia de verano, Eco de retorno, Nubes de otoño, Invierno caliente, Plomo derretido y fue herida en Borde protector dijo que hubiera preferido morir ya que pasar por otra masacre ( Democracy Now!, 21/8/14).


Sabía lo que decía: en Israel, ya a finales de julio todos hablaban de la siguiente guerra. Según un alto mando militar, de vez en cuando en Gaza –qué bonita comparación– hay que cortar el pasto (destruir la infraestructura y matar un poco de gente).


Gideon Levy, el veterano periodista, una de las pocas voces críticas y la persona más odiada en todo Israel (Haaretz, 27/8/14), describió así la reacción de la gente a la muerte de los niños en Gaza:

Después del primero nadie pestañeó. Después de 50 ni un pequeño temblor. Después de 100 dejaron de contar. Después de 200 culparon a Hamas. Después de 300 a sus padres. Después de 400 inventaban excusas. Hasta los 478 nadie se fijaba en nada, hasta que cayó uno nuestro (...)

Y concluía: Hay que ser sincero: en Israel los niños palestinos son vistos como insectos. Es horroroso, pero no hay otra manera de hablar del ambiente aquí en el verano de 2014 (Haaretz, 24/8/14).


Iba a decir que la deshumanización de los judíos y su presentación –entre otros– como insectos fue un preludio ideológico para el Holocausto, pero...


¡... no voy a comparar! ¡No voy a comparar!

Twitter: @periodistapl

Publicado enInternacional
La negociación colectiva languidece en Colombia

Convocado por la CUT, la CTC y la Escuela Nacional Sindical se lleva a cabo en Bogotá, entre este 10 y 11 de septiembre, la versión anual del Seminario Nacional de Políticas para la Negociación Colectiva, cuyo objeto es revisar cómo está en el país la negociación colectiva, instrumento esencial para la construcción de equidad y democracia y hacer realidad el Diálogo Social que promueve la OIT.

En este seminario se analizarán los obstáculos y avances en la materia, y actualizar y definir las políticas que deberán servir de guía al movimiento sindical. Es de anotar que el análisis se circunscribe a la negociación en el sector privado, por cuanto para el sector público se realiza otro evento de similares características.

Se realiza en un momento en el que la situación de la negociación colectiva en el sector privado no puede ser más precaria. Solo en el 0.4% de las empresas inscritas en la Superintendencia de Sociedades se aplica algún convenio colectivo, y por lo menos en la mitad de ellas la negociación no es libre ni autónoma, y tan solo el 1.5% de los trabajadores están sindicalizados; La tasa de sindicalización en general bordea el 4% y la cobertura de los convenios, restando los trabajadores por cuenta propia, alcanza escasamente el 6%.

Pero lo más grave es que el empresariado, a pesar de las expresiones en términos del respeto a las libertades sindicales, parece estar en campaña para no dejar crecer las organizaciones sindicales nacientes, en contra del derecho a la negociación colectiva. En ese sentido desarrollan una coherente estrategia tendiente a no firmar las convenciones colectivas, negándose a negociar e implementando paralelamente ilegales pactos colectivos y planes de beneficios, y convocando tribunales de arbitramento y auspiciando contratos sindicales.

En los últimos tres años el número de tribunales de arbitramento convocados pasaron de 49 en 2012, a 103 en el 2013, y a 165 en 2014. Pero lo peor no es su incremento sino que por esta vía el conflicto se presta a dilación y se vuelve interminable, acabando con la capacidad de resistencia de los trabajadores, que ante la falta de resultados terminan desistiendo de la labor sindical, que es el objetivo buscado por el empresariado.

En cuanto a los pactos colectivos, en el 2013 se depositaron 204, cifra que supera el histórico anual de 190 durante los últimos 10 años. Y en el 20% de las empresas se negoció de manera simultánea un pliego de peticiones presentado por un sindicato, lo cual indica el uso antisindical que los empresarios le dan a este instrumento. Dichos pactos se han convertido en un "techo" para las negociaciones planteadas por los sindicatos, lo que desmotiva la afiliación sindical y le resta incentivos.

El otro fenómeno es a la gran explosión de contratos sindicales. Éstos no son expresión de la negociación libre sino que, por el contrario, amenazan con convertirse en los contratos de protección patronal (CPP) al estilo de los que funcionan en México. Al revisar la participación de este tipo de contratación, y de las convenciones colectivas con respecto al total de los convenios celebrados en los últimos años, se ve que hay un enorme avance por parte de los contratos sindicales en detrimento de las convenciones colectivas. En el 2010 se suscribieron 50 contratos sindicales (el 9.62% de los convenios totales), mientras que en 2013 su número ascendió a 964 (59.25% del total de los convenios).

En cambio la evolución de las convenciones colectivas no ha tenido la misma suerte. En el 2010 fueron 246 casos (47.31% de incidencia) y aunque en el 2013 su número aumentó a 459, por ser un año de mayor actividad en la negociación, su incidencia fue solo del 28%.

No se practica la negociación articulada

En nuestro país no se practica la negociación colectiva en los términos de la OIT, como se practica en Europa y en algunos países suramericanos como Argentina, Uruguay y Brasil, donde la negociación es de manera centralizada, en acuerdos marco nacionales o sectoriales obligatorios para todas las empresas, que es ideal para mejorar la cobertura de la negociación colectiva y neutralizar la cultura antisindical asumida por la mayoría del empresariado.

Y no es por falta de legislación que en Colombia no se practica, puesto que la OIT ha dispuesto las normas suficientes, y la normatividad interna también contempla este tipo de negociación. La OIT tiene normatizada la negociación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y entre ambos tipos de organizaciones y las autoridades públicas en la negociación colectiva bipartita y tripartita. Al respecto la recomendación N° 163 dice:

"En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional".


Por otro lado, nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 467, recoge la definición que hace la OIT de la siguiente manera: "Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia".

Aquí esta claramente establecida la negociación multinivel en nuestro país. Así las cosas, es estratégico luchar para que se ponga en practica la negociación colectiva de nivel nacional, regional o sectorial, apelando con fuerza a estos instrumentos internacionales, lo mismo que aprovechando los de nuestra normatividad interna. También se debe trabajar por un desarrollo normativo que institucionalice plenamente este tipo de negociación.

Ahora bien, no solo hay que esperar que se posicionen las normas internas necesarias, hay que ir aplicando las normas existentes tanto de carácter internacional como nacional, porque, como lo dijo un vocero empresarial al sindicalismo Europeo en 1990 en el marco de un Diálogo Social: "La legislación no puede hacerse sustituta de la impotencia de los sindicatos. Ustedes deben asumir vuestro papel e imponer por vuestros propios medios una parte de vuestros objetivos sindicales". Por ahí es la cosa.

Son muy conocidos los acuerdos marco nacionales en países como España, Bélgica, Holanda y Portugal; y acuerdos sectoriales en Austria, Alemania, Suiza y Holanda; acuerdos obligatorios para todas las empresas, incluso para aquellas en las que no hay sindicatos y no participan en las negociaciones; éstas por la vía de la extensión, en gracia de un principio del derecho laboral existente en estos países, llamado de "eficacia general automática de los convenios de ámbito superior" .

En aplicación de este principio y por la extensión de la aplicación de los convenios de índole superior, se ven cubiertos los trabajadores de las empresas pequeñas y medianas que, como en Colombia, ocupan la mayoría de la fuerza laboral del país. Así se logran coberturas más proporcionales a la tasa de afiliación. En Alemania, por ejemplo, con una densidad sindical del 32% se logra una cobertura del 90%; en Austria, con una densidad del 46% la cobertura llega al 98%, y en España (densidad sindical 11%), se logra cobertura del 68% . Sistema éste que se mantiene pese a la tendencia hacia la descentralización de la negociación, que ha ganado terreno en los últimos años en concordancia con estrategias neoliberales.

Como sabemos, en Colombia la cobertura de la negociación colectiva es casi proporcional a la tasa de afiliación, cercana al 4%. Se debe a la falta de negociaciones nacionales y sectoriales, al igual que a la nula extensión automática a otros trabajadores no sindicalizados, lo que es funcional al modelo neoliberal, como ocurre también en EE.UU, Reino Unido y en la mayoría de países latinoamericanos. El modelo de negociación colectiva en nuestro país es el descentralizado por empresa, y coincide con la represión a los sindicatos, la baja en la tasa de afiliación sindical y el marchitamiento de la negociación colectiva.

El empresariado mantiene de manera exitosa el freno a la negociación colectiva, lo que vuelve también improductivo el Diálogo Social. Algo hay que hacer al respecto, porque la construcción de paz y democracia, lo mismo que la reparación colectiva a las victimas de la violencia antisindical, exigen un replanteamiento de esta actitud.

De tal manera que el reto que tiene el Seminario Nacional de Políticas para la Negociación Colectiva, es avanzar en un proceso que nos lleve a encontrar la manera para revertir la situación.

En materia de soluciones, quiero colocar un punto de discusión para tratar de mejorar la conciencia sobre el asunto, porque parece que al sindicalismo le falta apropiarse más de estos objetivos, colocar en su agenda los avances hacia la centralización de la negociación. Pese a que reconocemos el valor de la unidad, en la práctica somos renuentes a la centralización, a la unificación y a veces nos escudamos en la autonomía para reivindicar derechos de tipo sindical corporativista. Esto se ha manifestado, por ejemplo, cuando se rechazan de plano iniciativas y resquicios legales como la negociación concentrada, o la posibilidad de presentar pliegos unificados y acercar las fechas de las negociaciones planteado en el decreto 089 de 2014.

Al parecer se requiere un mayor compromiso con los principios fundantes del sindicalismo como la unidad y la solidaridad. Así mismo, es necesario recordar que por lo general las normas históricamente han surgido como consecuencia de una practica, por lo que el sindicalismo no puede ceñirse solo a lo que la ley interna prohíbe o permite, sino que debe fortalecerse y ser creativo en sus luchas, dentro del ámbito de la democracia.

Publicado septiembre 9 de 2014.

Publicado enColombia
Con, para y por nuestros cuerpos: una cálida despedida a Sergio Urrego

Desde hace varias semanas las redes sociales, y, en menor grado, diversos medios de comunicación, han sido inundados por la noticia del suicidio de un joven de 16 años llamado Sergio Urrego. Sea cual fuere el espacio informativo consultado, existe la seguridad de que tal hecho se originó en los crecientes hostigamientos experimentados por Sergio debido a su orientación sexual, hostigamientos desplegados en gran parte por su propio colegio. No quisiera relatar aquí una vez más todo lo acontecido, tampoco me gustaría tratar el tema, como ya se ha hecho, a la manera de un asunto de los derechos de la "comunidad LGBTI" o de las "minorías sexuales". Si los lectores y lectoras desean textos escritos desde esas perspectivas pueden encontrarlos con cierta facilidad buscando en la Web, seguramente hallarán en ellos datos incluso complementarios a lo aquí propuesto, no necesariamente antagónicos. Mi intención esta vez es, de la manera más humilde posible, realizar por medio de la palabra un homenaje a un espíritu libertario que, al optar por ponerle fin a su vida, llevó a cabo un último y decisivo acto político. Quisiera que recordáramos a Sergio, en sus días finales, no como aquel joven atormentado y desorientado que no halló otro camino diferente a la muerte, sino como un muchacho alegre que decidió entregar su desbordante vitalidad para que otros y otras conozcamos el valor y real significado de nuestros cuerpos en este mundo terrenal, el único mundo al que Sergio se aferró con pasión por mucho tiempo y con el que se fundió tras suicidarse. Vitalidad fue uno de los principales reclamos de Sergio en una de las cartas que dejó antes de marcharse, y con vitalidad y una adecuada compresión política de lo que pasa con nuestras vidas día a día es que debemos honrarle.


¿Qué pasa, pues, con nuestras vidas?, ¿por qué hay unas vidas que merecen ser aplaudidas y potenciadas y otras a las que se les deja a su suerte o se les aniquila directamente? Sergio, como anarquista integrante de la Unión Libertaria Estudiantil, sabía muy bien que su existencia se encontraba constantemente asediada por todo tipo de instituciones vinculadas entre sí: familia, iglesia, escuela, estado, etcétera. El control que su colegio, el Gimnasio Castillo Campestre, desplegó sobre su sexualidad no es para nada casual. Tampoco se trata de que, meramente, las directivas y demás miembros de la comunidad académica sean conservadores sin remedio. La sexualidad siempre ha sido un asunto del estado y de las demás instituciones mencionadas. La obediente comunidad nacional de ciudadanos necesita constantemente ser forjada, reproducida, con la ayuda de maestros, curas, médicos, padres y demás doctrineros de la misma calaña, y esa necesidad de reproducción conlleva una intervención, gobierno y moldeamiento de los cuerpos. Después de que Sergio le lanzara, implícita o explícitamente, fuertes cuestionamientos al Gimnasio Castillo Campestre, lo único que se le ocurrió a este "centro del saber" fue reaccionar con "ayuda psicosocial" capaz de "remediar las desviaciones" del joven "anarco, ateo y homosexual", como lo llamó la rectora del colegio. El imperativo de la escuela fue, como es típico, tomar el cuerpo "desviado" y, limitándole sus posibilidades, reconducirlo a la heterosexualidad, pues el modelo de ciudadano que normativamente constituye la nación es, entre otros aspectos, heterosexual.


En otras palabras, Sergio se negó a que su cuerpo fuera material dócil para ser empleado como futura fuerza de trabajo normalizada. Sergio se negó a que su existencia fuera reducida a la del ciudadano-trabajador arquetípico (heterosexual, creyente en Dios, respetuoso del estado, etcétera). Sergio quería reapropiarse de sus fluidos, de las caricias que compartía y de las relaciones que entablaba. Y como Sergio deseaba demasiado, más de lo que el orden puede soportar, como no "entró en razón" con las "buenas" advertencias de los "profesionales que acudieron a auxiliarlo", entonces se procedió a difamarlo, a debilitar su impulso vital tachándole de acosador sexual y negándole tanto el ingreso a múltiples espacios comosu continuidad en los mismos. Como si fuera poco, acosado por migrañas producto de la guerra entablada contra su cuerpo y por el control de su cuerpo, fue conducido a tomar medicamentos que lo debilitaron aún más. ¡Cómo es posible que una existencia perfectamente saludable y alegre sea despotenciada de esta forma por quienes dicen encargarse de protegerla!Para la inclemente escuela Sergio, en tanto joven, es decir, no habiendo alcanzado la "mayoría de edad", sólo podía exhibir comportamientos "irracionales", irracionalmente anormales, y, antes que ceder un poco de su autoritaria pulsión de gobierno y darle margen al muchacho para que experimentara responsablemente sus deseos vitales, lo que quería de sí y de su cuerpo, prefirió, como coloquialmente decimos, "hacerle la vida imposible", imposibilitar su existencia al punto de que, en un acto final de reapropiación corporal, lo mejor fuera el suicidio. Sergio dispuso, además, como expresa en una carta, que sus órganos fueran donados y que no recitaran oraciones ni le asistieran curas tras su muerte. Si algo le debemos a este ácrata "sin remedio" es, como afirmaba Félix Guattari, luchar por acabar con la masacre del cuerpo, pues:


"Ya no podemos soportar que se nos robe nuestra boca, nuestro ano, nuestro sexo, nuestros nervios, nuestros intestinos, nuestras arterias... para hacer de ellos las piezas y los engranajes de la sucia mecánica de producción del capital, la explotación y la familia.


Ya no podemos soportar que nuestro sistema nervioso sirva de retransmisor al sistema de explotación capitalista, estatal y patriarcal, ni que nuestro cerebro funcione como una máquina de suplicios programada por el poder que nos cerca".

Adiós Sergio,


Iván Darío Ávila Gaitán

Septiembre 08 de 2014.

Publicado enColombia
Martes, 02 Septiembre 2014 19:05

El Salvador: Desafíos de la libertad

El Salvador: Desafíos de la libertad

ALAI AMLATINA, 02/09/2014.- De nuevo hemos entrado en el mes cívico, dedicado a la libertad. Esta vez, se conmemorarán 193 años de independencia. En este marco, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, planteó la necesidad de redefinir el concepto de patria, considerándola como el lugar donde "se respeten los derechos de todos y todas. Un lugar en donde se garanticen los derechos humanos básicos a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda". Sin duda, los derechos humanos son condición de posibilidad para que haya patria libre. Y qué bueno que el Presidente lo haya recordado con vehemencia, porque nos pone ante la necesidad de pensar en los desafíos que tiene la libertad ahora.

 

En los informes del PNUD sobre desarrollo humano, se ha reiterado que este y los derechos humanos tienen una visión y un propósito comunes: velar por la libertad de todos en todas partes. Por eso se habla de la libertad frente a la discriminación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico, o la religión. Se habla de la libertad frente a la necesidad, para disfrutar de un nivel de vida decente. De la libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno. De la libertad ante el temor, las amenazas contra la seguridad personal, la tortura, la detención arbitraria y otros actos violentos. De la libertad ante injusticia y las violaciones al Estado de derecho. De la libertad para participar en la toma de decisiones, expresar opiniones y formar asociaciones. De la libertad, en fin, para tener un trabajo decente que posibilite la vida. La libertad, por ende, es promesa y tarea, cuya consecución implica lucha continua frente a las realidades que la impiden. En El Salvador, eso tiene, entre otras, las siguientes connotaciones.

 

Liberarse de la pobreza y la inequidad. Si bien los informes del PNUD nos consideran un país de desarrollo humano medio —posición 115 entre 187 naciones—, no dejan de ser preocupantes las cifras que se reportan: alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños son pobres; la escolaridad promedio apenas alcanza los 6 años; y la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años en adelante es del 14%. Del total de la población que se enferma, el 40% no recibe servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la población tiene algún seguro de salud. Del total de la población económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones. Estos datos, entre otros, exigen un compromiso ineludible: la lucha contra la pobreza que no solo impide el desarrollo de la gente, sino que causa una muerte lenta a un buen número de salvadoreños, al privarlos de una adecuada alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. La conquista de esta libertad comienza poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las mayorías empobrecidas, liberándolas del desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la exclusión social.

 

Liberarse de la violencia y la inseguridad. El Salvador es el tercer país más violento de Centroamérica, después de Honduras y Guatemala, con un promedio diario de 12 homicidios. La conclusión es grave: la violencia y el delito están dañando directamente el núcleo básico de los derechos humanos: la vida y la integridad física y material de las personas. Asimismo, el incremento de la violencia está asociado a factores estructurales que niegan la libertad: la falta de empleo, una insuficiente movilidad social, la deserción escolar, el crecimiento urbano acelerado y la falta de capacidades del Estado para hacer frente a los altos niveles de inseguridad. Hay aquí dos retos ineludibles, principalmente para el Estado: crear políticas de seguridad que sean integrales y eficaces para frenar la violencia y el delito, y garantizar la atención, protección y reparación a las víctimas de la violencia criminal.

 

Liberarse de la injusticia y la impunidad. En el informe de 2013, Amnistía Internacional hizo los siguientes señalamientos al Estado salvadoreño: (1) Ha persistido la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992); (2) sigue vigente la ley de amnistía de 1993, a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su anulación; (3) se elude el derecho internacional que reclama verdad y justicia en torno a crímenes contra la humanidad; (4) sigue suscitando preocupación la violencia contra mujeres y niñas; y (5) preocupa la situación de impunidad para la violencia de género en el país. Una vez más hay que recordar que sin Estado de derecho y administración de justicia eficaz, la vida ciudadana se torna vulnerable.

 

Libertad para poner a producir todo el potencial humano. Esto implica que las personas deben tener acceso a la igualdad de oportunidades para desplegar su potencial y participar equitativamente en todas las esferas de la sociedad. En este punto, hay que recordar que la Constitución salvadoreña identifica a la persona humana como el origen y fin del Estado; en consecuencia, hay un compromiso político de garantizar, al menos, salud, nutrición y educación por sus efectos positivos, directos o indirectos, en cada ciudadano. Ignacio Ellacuría, con una visión ética-política de más largo plazo, hablaba de una civilización de la pobreza, donde lo cotidiano no sería la privación de lo necesario y fundamental para las mayorías, sino "un estado universal de cosas en donde está garantizada la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios".

 

Liberarse para ser ciudadanos responsables y activos. En el más reciente informe global del PNUD, se sostiene que el bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las libertades que disfrutan y por su capacidad para hacer frente a los acontecimientos adversos, sean de origen natural o social. En este sentido, se habla de la necesidad de construir resiliencia: garantizar que el Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las personas. En otras palabras, permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. Se trata de tener la libertar de vivir la vida y de enfrentar sus circunstancias de manera adecuada. La existencia de una ciudadanía libre y activa supone reforzar las oportunidades, ampliar la acción humana y promover las competencias sociales.

 

Ignacio Ellacuría planteaba que "la independencia de las naciones, como la libertad de las personas, se hace día a día, se conquista hora a hora y se puede perder en cualquier momento". De ahí la importancia de tomar en serio los desafíos que nos presenta la construcción de la libertad en nuestro mundo local y global.

por Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA

Publicado enInternacional