Mueren siete palestinos en Gaza por disparos del Ejército israelí


Entre las víctimas hay dos menores de 12 y 14 años alcanzados por munición real

 

Siete palestinos han muerto este viernes por fuego israelí en diferentes protestas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel en las que, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Salud de la Franja, 210 personas fueron hospitalizadas, 90 con heridas de bala. Según esas mismas fuentes, entre las víctimas hay dos niños, Nasser Msabbih de 12 años y Mohamed al-Houm de 14, alcanzados por proyectiles en la cabeza y en el pecho respectivamente

Desde hace seis meses los palestinos se manifiestan los viernes en la valla fronteriza con Israel. Durante toda la semana se han producido altercados entre los militares israelíes y grupos de jóvenes palestinos pero, según un comunicado hecho público el viernes por el Ejército israelí, en la protesta de este viernes han participado unas 20.000 personas que en algunos lugares han alcanzado el perímetro fronterizo y lanzado a los soldados “granadas y artefactos explosivos” además de quemar neumáticos. Unos hechos frente a los que los militares aseguran haber actuado “de acuerdo con los procedimientos operativos estándar”.


El Ejército reconoce haber bombardeado este viernes hasta en dos ocasiones posiciones del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), en una jornada en la que los manifestantes llegaron a derribar una sección de la valla fronteriza y provocaron hasta 16 incendios en el lado israelí. Los incidentes más violentos se produjeron en las inmediaciones del paso fronterizo de Karni, en el noreste de la Franja y en las inmediaciones de Jan Yunes, en el sureste del territorio palestino. Después de semanas de relativa calma —según fuentes palestinas, fruto de una tregua alcanzada entre Israel y Hamás bajo los auspicios de Egipto para evitar una escalada de violencia— los palestinos han vuelto a reeditar las protestas masivas en la frontera, en el marco de la Gran Marcha de Retorno, para reivindicar el derecho a regresar de todos los refugiados palestinos. Al menos 190 manifestantes han muerto desde que comenzasen las protestas el pasado 30 de marzo.


Según varios analistas locales, el rebrote de violencia obedece a los intentos de Hamás de intensificar la presión sobre Israel y Egipto para que terminen con el bloqueo que sufre el territorio mediterráneo palestino desde más de una década. Según los datos hechos públicos esta semana por el Banco Mundial, la economía de Gaza “cae en picado” con más de la mitad de la población en paro, una preocupante cifra que alcanza el 70% entre los jóvenes.


Las medidas de presión de la Autoridad Palestina para doblegar a Hamás y que le entregue el control de la franja de Gaza, en los términos del acuerdo alcanzado hace casi un año, tampoco ayudan. Las idas y venidas de representantes egipcios a Gaza y Ramala para tratar de poner fin a las diferencias entre unos y otros no han dado sus frutos y las advertencias del presidente palestino, Mahmud Abbas, en su discurso del pasado jueves en la Asamblea General de la ONU no han sido bien recibidas por los partidarios de los islamistas. Las palabras del líder palestino —que derivó en Hamás toda la responsabilidad de lo que suceda en Gaza si no cumplen con lo pactado— no fueron bien recibidas en la Franja donde, inmediatamente después del discurso presidencial, surgieron multitudinarias protestas. Jóvenes palestinos que enarbolaban pancartas con las palabras "Abbas no" sobre la imagen del presidente, quemaron la foto del rais en las calles de Gaza y gritaron consignas pidiendo su dimisión.

 

Por Lourdes Baeza
Jerusalén 28 SEP 2018 - 14:56 COT

 

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Jueves, 27 Septiembre 2018 06:11

¿Cómo empezó todo esto?

¿Cómo empezó todo esto?

La Reserva río Indio-río Maíz es parte de la red mundial de áreas protegidas de la Unesco. Son 300 mil hectáreas de selva virgen, y se extiende al sur de Nicaragua entre el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica, y el río Punta Gorda, hacia la costa del Caribe.

Aunque área protegida, se halla en la mira de los llamados colonos, partidas de campesinos a veces, y las más negociantes de tierras, que burlan a las autoridades forestales, o gozan de su protección, para derribar los árboles y convertir el suelo en pastizales. La quema del terreno suele provocar incendios.

Los negociantes se enfrentan a los indígenas que defienden la selva como su hábitat, no pocas veces arrasando sus comunidades y asesinándolos. Y los árboles tumbados representan otro jugoso negocio en las sombras.

El martes 3 de abril de este año comenzó un nuevo incendio, otra vez provocado por los depredadores, aunque el gobierno minimizó la catástrofe. Negar la magnitud de los incendios ha sido una forma de ocultar sus causas, el descuido y la corrupción, algo que no pasa desapercibido ni para los ecologistas ni para los jóvenes en las universidades.

En las fotografías aéreas y los videos, las inmensas columnas de humo se expanden como si se tratara de una poderosa erupción volcánica, visibles por kilómetros a la redonda, prueba de la magnitud del desastre.

La primera protesta se dio el miércoles 4 de abril en León, cuando los estudiantes encabezaron una marcha que fue atacada, como de costumbre, por las turbas del gobierno. Al día siguiente unos 300 estudiantes intentaron salir de la Universidad Centroamericana en Managua hacia la Asamblea Nacional, llevando pancartas donde se leía SOS INDIO MAÍZ, ORTEGA NEGLIGENTE, DESASTRE ECOLÓGICO. Pero la Juventud Sandinista organizó una "caminata ambiental" y les salió al paso; entonces cambiaron el rumbo, pero de todos modos se hallaron con un contingente de antimotines que los obligó a replegarse de regreso a la universidad.

El régimen dejaba en claro una vez más su intolerancia cerrada ante cualquier protesta, aunque fuera en defensa de la naturaleza: "las calles son del pueblo", había sido la consigna convertida en regla por años, y esto quería decir, las calles son de las organizaciones del partido en el poder. Un monopolio impuesto a la fuerza con el respaldo policial.

El miércoles 11 de abril, una leve lluvia empezó a caer sobre la selva, y ayudó a amainar el fuego, que terminó por extinguirse. Pero el daño a la reserva era irreversible. Y las tierras quemadas, quedaban otra vez listas para ser convertidas en fincas de ganado.

En el estado de felicidad perpetua que ofrece la filosofía del socialismo esotérico del régimen, las causas nobles, como defender la integridad de una reserva ecológica, venían a resultar causas prohibidas. O respaldar a los jubilados en sus reclamos. Eso quedó patente a los pocos días, cuando se reformó la ley de la seguridad social para gravar con un impuesto de 5 por ciento las pensiones.

El miércoles 18 de abril un grupo de ancianos salió a protestar en León contra el decreto que los esquilmaba, pero cuando llegaron al lugar acordado ya estaban allí las fuerzas de choque. Uno de los viejos, que porta una pancarta, fue derribado al pavimento, y en el video que se hizo viral entonces puede advertirse como uno de los esbirros lo aprisiona del cuello mientras otro lo empuja con violencia.

Sus compañeros de la marcha lo ayudan a levantarse, lo defienden, y los reclamos contra los agresores suben de tono. Si la intención era agredirlo en el suelo y arrebatarle la pancarta, ya no pudieron hacerlo. Se levantó con ella en las manos.

La escena de un anciano jubilado que cae al suelo agredido por agentes del régimen queda registrada en un teléfono celular, y de pronto está en miles de pantallas de teléfonos celulares en todo el país.

Esa misma tarde, unas 300 personas, entre ellos decenas de universitarios que acompañan a más jubilados, se congregan a protestar en las afueras del centro comercial Camino de Oriente en Managua. Todos se han citado allí por medio de las redes, con lo que surgirá una palabra desde entonces clave: autoconvocados.

Las fuerzas de choque, ahora multiplicadas, vuelven a aparecer agrediendo indiscriminadamente a los manifestantes. Ese 18 de abril se volverá una fecha histórica, porque es cuando estalla la rebelión desarmada que en los días siguientes tendrá un terrible saldo de muertos, porque la policía y las fuerzas de choque pasan a disparar indiscriminadamente con armas de fuego.

Pronto aparecerán los francotiradores, y los paramilitares encapuchados con fusiles de guerra, hasta que en los siguientes 100 días el número de muertos alcanzará más de 400.

El incendio criminal de una selva. Un anciano derribado que a pesar de todo no suelta el cartelón donde reclama por su pensión cercenada. Puertas de escape a una larga acumulación de agravios.

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Lunes, 17 Septiembre 2018 05:45

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

Catalogado como “presidente de los ricos”, el líder francés se dedica ahora a los pobres con un ingreso universal de actividad, un subsidio aún por definirse, entre otras medidas dirigidas a los sectores más vulnerables.

Macron paga en los sondeos tanto los magros resultados de su política como sus intervenciones displicentes.


La nueva súper producción política del presidente francés Emmanuel Macron está en pleno rodaje. Luego de que, apenas inició su mandato en 2017, fue catalogado como “el presidente de los ricos”, el jefe del Estado se dedica ahora a los pobres con una serie de disposiciones destinadas a combatir las crecientes carencias de la sociedad. En plena pérdida de popularidad el macronismo sale a corregir una inusual sinfonía de sarcasmos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde su ya famoso “los galos son refractarios a los cambios”, pasando por las ayudas sociales “cuestan una guita monstruosa” o su última salida ante un desempleado a quien le dijo “cruzo la calle y encuentro un trabajo”, Macron ha concentrado sus intervenciones con posiciones antagónicas hacia los pobres y hasta culpabilizado a los excluidos del sistema. Ayer, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) se preguntó “Macron invita a seis millones de personas a cruzar la calle para encontrar un trabajo. Para él, los desocupados son culpables de su desempleo. ¿Dónde vive este hombre?”. Como lo recuerda un editorial publicado este fin de semana por el matutino Libération, nunca ha dicho una palabra sobre los directores de empresas “que cobran millones en indemnizaciones cuando se van mientras sus resultados son malos, los banqueros que especulan sobre el volcán”.


“Presidente de los ricos” cuya retórica envuelve “un desprecio de casta”, Macron paga en los sondeos tanto los delgados resultados de su política como sus intervenciones displicentes. Con los meses ha logrado que su perfil sea el de un hombre “indolente” ante el sufrimiento social y no el del centrista extremo que arropa a todo un país. El plan contra la pobreza desplegado ahora constituye la primera ofensiva en ese campo en un momento delicado donde la caída en los sondeos de opinión, las denuncias contra varios ministros y el enfrentamiento con la prensa han enturbiado su gestión. Macron se presentó como el promotor de un “Nuevo Estado de bienestar” que busca desmontar el círculo de “la fatalidad social”. El eje de la iniciativa gira en torno a la capacitación, la infancia, la juventud, la manera de renovar los circuitos del reparto de los subsidios y, sobre todo, una idea hurtada a los socialistas (fue presentada en la campaña electoral de 2017 por el candidato socialista a la presidencia, Benoît Hamon): la instauración de una suerte de “ingreso universal de actividad”. Se trata de un subsidio aún por definirse que garantice un ingreso mínimo y ayuda sociales a todas las personas. Su plan, como casi todo lo que hace, es una pincelada del social reformismo tan defendido por los social demócratas y otra inspirada de la filosofía social de la derecha. La palabra “universal” toca el corazón de la izquierda. El hoy analista y ex director del vespertino Le Monde, Jean-Marie Colombani, comentó en los medios la “habilidad” de Macron cuando “evoca un slogan de la izquierda y una realidad que evoca reivindicaciones clásicas de la derecha”.


La situación social francesa privilegiada en comparación con sus vecinos. Por un lado, es el país del Viejo Continente que consagra más recursos que ningún otro a los respaldos sociales con un 32,1% del Producto Interno Bruto mientras que su porcentaje de pobreza llega al 13 6?%. En el seno de la Unión Europea Francia es, sin lugar a dudas, el país con políticas de redistribución e igualdad más profundas. En este contexto, la red imponente de subsidios sociales respalda a los cerca de nueve millones de personas que viven con ingresos por debajo del promedio nacional (1.150 dólares).


Como lo señaló el mandatario, su dispositivo no consiste en “ayudar a los pobres a vivir mejor en la pobreza, sino ayudarlos, acompañarlos para que salgan de ella”. En síntesis, según su idea, no se busca que sean menos pobres sino que haya menos pobres. El costo de las medidas macronistas asciende a unos 8000 millones de euros. No cambia tanto el monto sino la forma en que se encamina el problema. Por ejemplo, el ingreso universal de actividad estará condicionado por “derechos y deberes suplementarios”. Con ello se apunta a romper el círculo de la dependencia inactiva permanente en la que suelen caer muchas de las personas que se benefician con los subsidios. Ya hay en Europa un modelo de reforma semejante: hace más de diez años, tanto el ex primer ministro británico Tony Blair como el canciller alemán Gerhard Schröder emprendieron transformaciones similares con la misma mezcla de social reformismo y liberalismo atenuado. La proyección pública de “Macron presidente de los pobres” recién acaba de comenzar. El jefe del Estado aún arrastra la etiqueta de la película que el mismo diseñó como “Macron presidente de los ricos”.
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Domingo, 16 Septiembre 2018 05:44

Almagro amenazó con invadir Venezuela

Almagro viajó a Cúcuta, Colombia, para dialogar con los emigrantes venezolanos.

En respuesta, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro, por lo que consideró como acciones intervencionistas. A su vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que no descarta una intervención militar en Venezuela, ante la crisis social y política que vive el país. En respuesta, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro por lo que consideró como acciones intervencionistas. A pocas horas de conocerse las declaraciones del secretario, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.


En rueda de prensa del lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, que separa la frontera con Venezuela, Almagro aseveró que no descarta ninguna opción para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. “Las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero no se pueden descartar otras”, afirmó. Ante esas declaraciones, Rodríguez respondió que Almagro, busca revivir las peores épocas de intervención imperialista en la región. “Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra Región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA”, aseveró la vicepresidenta de Venezuela y afirmó que denunciará ante la ONU, y otras instancia internacionales, “la forma vulgar y grotesca que ostenta la dirección la Secretaría General del órgano internacional”.


El secretario de la OEA viajó ayer a la cuidad fronteriza de Cúcuta (este de Colombia) para dialogar con los miles de venezolanos que emigran a diario en búsqueda de mejores condiciones de vida. “Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra su población, está incurriendo en violaciones de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, está impulsando un éxodo inducido”, consideró Almagro ante las preguntas de periodistas. El secretario, que estuvo acompañado en su rueda de prensa por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. “Un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta, incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente; en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo”, afirmó. A renglón seguido declaró no haber visto nunca un gobierno tan inmoral que se niegue a aceptar la ayuda internacional, en medio de lo que definió como una crisis humanitaria. “Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela”, subrayó, mientras emigrantes venezolanos se acercaban a escucharlo. El secretario general de la OEA evaluó que Venezuela no es una república democrática, por lo que sugirió la inminencia de una ayuda de la comunidad internacional, en especial financiera, para contribuir a frenar el éxodo de ciudadanos a otros países de Sudamérica. “La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto, la comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado”, concluyó.


Desde la red social Twitter, el presidente de Bolivia manifestó el repudio a la sugerencia de Almagro de intervenir militarmente el país centroamericano. “Así confirma que dejó de ser secretario general de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Donald Trump. Atentar contra Venezuela es atentar contra AmericaLatina”, denunció Morales. No es la primera vez que el mandatario boliviano acusa al secretario de la OEA de coincidir con las propuestas de Trump.
Cerca de 2,3 millones de venezolanos huyeron de su país en los últimos años, según informó la ONU, que atribuyó las causas a la falta de alimentos y medicinas. La mayor parte de estos exiliados se dirigieron a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, lo que provocó medidas proteccionistas de esos países hacia los migrantes, como por ejemplo, el pedido de pasaportes para realizar el ingreso. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que en Venezuela más de 100.000 pacientes del VIH-sida están en riesgo por falta de acceso a los medicamentos necesarios y que han vuelto enfermedades previamente erradicadas como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria. En un intento de repatriar a sus ciudadanos exiliados, Maduro lanzó el Plan Vuelta a la Patria, con el que ya volvieron, según el gobierno, casi 3000 venezolanos en micros y aviones que salen desde los países que los alojan. Para ello, Venezuela actúa junto a la Organización Internacional para las Migraciones.

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:55

Cerca del golpe

Marcha organizada por el Comité de Desarrollo Campesino en Ciudad de Guatemala el 12 de setiembre exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renovación del mandato de la misión anticorrupción de la Onu

Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga la corrupción, persisitó en sus acusaciones contra el presidente Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de la agencia de la ONU y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el comisionado.

 

Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de “repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.


Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.


Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga, y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la CICIG –presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ABOGADO NO GRATO.

Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la CICIG y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha sido seriamente erosionada por una CICIG que ha obligado a un sector importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por financiar ilícitamente a los partidos políticos.


Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.

PUESTA EN ESCENA.


Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por televisión que había notificado al secretario general de la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG en Guatemala. Sus argumentos no sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal selectiva”con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el “terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del Ejército guatemalteco, helicópteros y jeepsrodearon la sede de la CICIG y tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982, de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el poder en el país.


Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje de trabajo ya planificado del jefe de la CICIG a Estados Unidos, el presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el regreso del colombiano a Guatemala.

CON EL APOYO DE WASHINGTON.

La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y promotores financieros de la labor de la CICIG, y en febrero de este año el embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.


La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la ONU en Guatemala indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la CICIG. Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante por una CICIG “reformada”.


Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos de la Corte que él considere “ilegales”.

 

CRECIENTE HOSTILIDAD.


En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la CICIG. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y garantizados los derechos de las grandes mayorías.


En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

 

Por Roberto García
14 septiembre,

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Un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional

Bernie Sanders hace un llamamiento global a la reacción contra la regresión en muchos países hacia una nueva derecha nacionalista

Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos


Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta, a nivel económico, social y medioambiental.


En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restante, estamos siendo testigos del ascenso de un nuevo eje autoritario.


Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves: son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son intolerantes con las minorías étnicas y religiosas, y creen que el gobierno debería beneficiar sus propios intereses económicos. Estos líderes también están profundamente conectados a una red de oligarcas multimillonarios que ven el mundo como su juguete económico.
Los que creemos en la democracia, los que creemos que un gobierno debe rendirle cuentas a su pueblo, tenemos que comprender la magnitud de este desafío si de verdad queremos enfrentarnos a él.


A estas alturas, tiene que quedar claro que Donald Trump y el movimiento de derechas que lo respalda no es un fenómeno único de los Estados Unidos. En todo el mundo, en Europa, en Rusia, en Oriente Medio, en Asia y en otros sitios estamos viendo movimientos liderados por demagogos que explotan los miedos, los prejuicios y los reclamos de la gente para llegar al poder y aferrarse a él.


Esta tendencia desde luego no comenzó con Trump, pero no cabe duda de que los líderes autoritarios del mundo se han inspirado en el hecho de que el líder de la democracia más antigua y más poderosa parece encantado de destruir normas democráticas.


Hace tres años, quién hubiera imaginado que Estados Unidos se plantaría neutral ante un conflicto entre Canadá, nuestro vecino democrático y segundo socio comercial, y Arabia Saudí, una monarquía y estado clientelar que trata a sus mujeres como ciudadanas de tercera clase? También es difícil de imaginar que el gobierno de Netanyahu de Israel hubiera aprobado la reciente "ley de Nación Estado", que básicamente denomina como ciudadanos de segunda clase a los residentes de Israel no judíos, si Benjamin Netanyahu no supiera que tiene el respaldo de Trump.


Todo esto no es exactamente un secreto. Mientras Estados Unidos continúa alejándose cada vez más de sus aliados democráticos de toda la vida, el embajador de Estados Unidos en Alemania hace poco dejó en claro el apoyo del gobierno de Trump a los partidos de extrema derecha de Europa.


Además de la hostilidad de Trump hacia las instituciones democráticas, tenemos un presidente multimillonario que, de una forma sin precedentes, ha integrado descaradamente sus propios intereses económicos y los de sus socios a las políticas de gobierno.


Otros estados autoritarios están mucho más adelantados en este proceso cleptocrático. En Rusia, es imposible saber dónde acaban las decisiones de gobierno y dónde comienzan los intereses de Vladimir Putin y su círculo de oligarcas. Ellos operan como una unidad. De igual forma, en Arabia Saudí no existe un debate sobre la separación de intereses porque los recursos naturales del país, valorados en miles de billones de dólares, le pertenecen a la familia real saudita. En Hungría, el líder autoritario de extrema derecha, Viktor Orbán, es un aliado declarado de Putin. En China, el pequeño círculo liderado por Xi Jinping ha acumulado cada vez más poder, por un lado con una política interna que ataca las libertades políticas, y por otro con una política exterior que promueve una versión autoritaria del capitalismo.


Debemos comprender que estos autoritarios son parte de un frente común. Están en contacto entre ellos, comparten estrategias y, en algunos casos de movimientos de derecha europeos y estadounidenses, incluso comparten inversores. Por ejemplo, la familia Mercer, que financia a la tristemente famosa Cambridge Analytica, ha apoyado a Trump y a Breitbart News, que opera en Europa, Estados Unidos e Israel, para avanzar con la misma agenda anti-inmigrantes y anti-musulmana. El megadonante republicano Sheldon Adelson aporta generosamente a causas de derecha tanto en Estados Unidos como en Israel, promoviendo una agenda compartida de intolerancia y conservadurismo en ambos países.


Sin embargo, la verdad es que para oponernos de forma efectiva al autoritarismo de derecha, no podemos simplemente volver al fallido status quo de las últimas décadas. Hoy en Estados Unidos, y en muchos otros países del mundo, las personas trabajan cada vez más horas por sueldos estancados, y les preocupa que sus hijos tengan una calidad de vida peor que la ellos.


Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación trabajen para beneficiar a todo el mundo, no solo a unos pocos. No es aceptable que el 1% de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras el 70% de la población en edad trabajadora solo tiene el 2,7% de la riqueza global.


Los gobiernos del mundo deben unirse para acabar con la ridiculez de los ricos y las corporaciones multinacionales que acumulan casi 18 billones de euros en cuentas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos justos y luego les exigen a sus respectivos gobiernos que impongan una agenda de austeridad a las familias trabajadoras.


No es aceptable que la industria de los combustibles fósiles siga teniendo enormes ingresos mientras las emisiones de carbón destruyen el planeta en el que vivirán nuestros hijos y nietos.


No es aceptable que un puñado de gigantes corporaciones de medios de comunicación multinacionales, propiedad de pequeño grupo de multimillonarios, en gran parte controle el flujo de información del planeta.


No es aceptable que las políticas comerciales que benefician a las multinacionales y perjudican a la clase trabajadora de todo el mundo sean escritas en secreto. No es aceptable que, ya lejos de la Guerra Fría, los países del mundo gasten más de un billón de euros al año en armas de destrucción masiva, mientras millones de niños mueren de enfermedades fácilmente tratables.


Para poder luchar de forma efectiva contra el ascenso de este eje autoritario internacional, necesitamos un movimiento progresista internacional que se movilice tras la visión de una prosperidad compartida, de seguridad y dignidad para todos, que combata la gran desigualdad en el mundo, no sólo económica sino de poder político.


Este movimiento debe estar dispuesto a pensar de forma creativa y audaz sobre el mundo que queremos lograr. Mientras el eje autoritario está derribando el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que lo ven como una limitación a su acceso al poder y a la riqueza, no es suficiente que nosotros simplemente defendamos el orden que existe actualmente.


Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos para construir más apoyo para sus intereses. Debemos aprovechar la oportunidad para reconceptualizar un orden realmente progresista basado en la solidaridad, un orden que reconozca que cada persona del planeta es parte de la humanidad, que todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos, que tengan educación, un trabajo decente, que beban agua limpia, respiren aire limpio y vivan en paz.


Nuestro deber es acercarnos a aquellos en cada rincón del mundo que comparten estos valores y que están luchando por un mundo mejor.


En una era de rebosante riqueza y tecnología, tenemos el potencial de generar una vida decente para todos. Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que podamos para oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo.


Le pedimos a Yanis Varoufakis que comente el artículo Bernie Sanders. Aquí está la respuesta:


Bernie Sanders tiene toda la razón. Los inversores hace tiempo que han formado una "hermandad" internacional para garantizarse rescates internacionales cuando sus pirámides de cartón se derrumban.


Hace poco, fanáticos de la derecha xenófoba también formaron su propia Internacional Nacionalista, llevando a que los pueblos orgullosos luchen entre sí y así ellos puedan controlar las riquezas y el poder político.


Ya es hora de que los demócratas de todo el mundo formen una Internacional Progresista, que luche por los intereses de la mayoría de cada continente, de cada país. Sanders también tiene razón cuando dice que la solución no es volver al status quo cuyo fracaso estrepitoso dio lugar al ascenso de la Internacional Nacionalista.


Nuestra Internacional Progresista debe llevar adelante una visión de prosperidad compartida y ecológica que podemos lograr gracias a la ingenio humano, siempre que la democracia le dé la oportunidad de desarrollarse.


Para eso, debemos hacer más por unirnos. Debemos formar un consejo común que escriba el borrador del New Deal Internacional, un nuevo acuerdo de Bretton Woods progresista.

14/09/2018 - 21:27h

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No hay justicia para los presidiarios que salvan vidas apagando incendios

SAN FRANCISCO — Las pruebas de la virulencia del cambio climático mundial cubren la Tierra, azotando a las comunidades con todo el arsenal de la furia de la naturaleza: huracanes, tornados, tormentas implacables, inundaciones sin precedentes, sequías históricas y abrasadoras olas de calor. En California, los incendios forestales han aumentado drásticamente en cantidad e intensidad, lo que ha llevado al límite de sus capacidades a los escuadrones de bomberos del estado y ha superado el presupuesto estatal de lucha contra incendios. Mientras se registran nuevos incendios forestales a lo largo del estado, miles de personas se han congregado en San Francisco esta semana para participar de la Cumbre Global de Acción Climática convocada por el gobernador Jerry Brown y otras personas profundamente preocupadas por la crisis del cambio climático y la obstinada negación del fenómeno por parte del presidente Donald Trump. Junto a las brigadas de bomberos profesionales, en la primera línea de estos enormes incendios, se encuentran miles de prisioneros de California, trasladados desde sus cárceles para unirse a este peligroso trabajo, todo por un dólar la hora o aún menos.


Democracy Now! viajó al Delta Conservation Camp, una hora al norte de San Francisco, para conocer a los prisioneros que luchan contra estos devastadores incendios forestales. El nombre no denota que es un campamento de reclusos. Existen 44 de estos centros de detención, entre los que se incluyen tres para mujeres y uno para menores, que luchan contra los incendios forestales que azotan California con cada vez mayor frecuencia y ferocidad.


Cerca del 25% de los bomberos que combaten incendios forestales en California son reclusos.


El sargento Steven Reeder, uno de los oficiales correccionales en Delta, declaró en una entrevista para Democracy Now: “Los reclusos bombero son la columna vertebral del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Se les dan las tareas más difíciles en las peores condiciones, 40 grados bajo el sol, con dos capas de ropa, cargando 20 kilos de equipos. Y tienen que cargar toda su comida y agua para una jornada de 24 horas, y luego manejar una herramienta todo el tiempo”.


El gobernador Brown también ha elogiado a los presos que trabajan como bomberos por sus heroicos esfuerzos en la lucha contra el fuego: “Quiero agradecerles personalmente a todos los bomberos que están en la primera línea, a los integrantes del Departamento de Protección contra Incendios de California, así como a la Guardia Nacional y a los miles de presos que también están en la primera línea luchando para proteger vidas y ayudando a que estos incendios culminen rápido”.


Los prisioneros que combaten incendios, con su lamentable salario de un dólar la hora, le hacen ahorrar al estado de California unos 100 millones de dólares al año según las estimaciones oficiales. Sid Turner, comandante de Delta Camp, declaró para Democracy Now: “Creo que deberían ganar más de un dólar la hora. Reciben ese mismo salario desde hace décadas”. Turner admitió que, si se redujera la población carcelaria, el sistema de bomberos se vería en problemas: “California necesita cuadrillas. Si no tuviéramos reclusos para cumplir ese papel, tendríamos que conseguir esa fuerza de trabajo en otra parte”. Y Cal Fire, la agencia de bomberos estatal, se está quedando sin fondos a pasos agigantados.


Marty Vinson, un preso afroestadounidense de 25 años de edad que estuvo en el campamento Delta durante dos meses, habló con Democracy Now! Cuando le preguntamos sobre cuánto ganaba, respondió: “Cuando estás combatiendo un incendio, un dólar la hora. Cuando estás en un día de trabajo normal, un dólar con 45 centavos por día”. Cuando le preguntamos si, como muchos otros, consideraba esas condiciones como trabajo esclavo, se rió nerviosamente, mientras el guardia nos miraba atento, y expresó: “Realmente no quiero llamarlo ‘trabajo esclavo’, pero de alguna manera lo siento así. Tiene que ver con la mentalidad, en qué pensamos al final del día. Sin importar si estamos encarcelados o libres, nos pagan un dólar la hora”.


Prisioneros y exprisioneros han declarado a Democracy Now! que un incentivo fundamental para participar de este peligroso trabajo es obtener una reducción del tiempo de sus condenas. Pueden obtener una reducción de dos días de la pena penitenciaria por cada día en un campamento de bomberos. Cabe destacar que, después de combatir incendios forestales durante años, estos prisioneros no pueden trabajar como bomberos cuando son liberados porque el departamento no admite exdelincuentes en sus filas.


El fin de semana pasado, decenas de miles de personas marcharon en San Francisco como parte de un día mundial de protesta para exigir medidas contra el cambio climático. Un elemento central de este movimiento contemporáneo es el concepto de justicia ambiental, que aborda el impacto diferencial del cambio climático sobre las distintas comunidades en función de la etnia, el estatus económico y el género. Tal vez el ejemplo más claro de eso sean las cuadrillas de bomberos en California, donde miles de prisioneros, en su mayoría personas pobres de color, reciben salarios de esclavo por arriesgar sus vidas combatiendo los voraces incendios, que el cambio climático ha hecho más frecuentes y más intensos.

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Jueves, 13 Septiembre 2018 07:24

Vergüenza universal

Vergüenza universal

El coordinador de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) para Palestina, Mahmud Elkkhalif, advirtió ayer sobre la situación catastrófica en la que el gobierno israelí ha colocado a la población de Gaza con el bloqueo económico total, reforzado por dispositivos militares por aire, mar y tierra, el cual se traduce en un "sistema de pobreza organizado", y señaló que el sostenimiento de la economía palestina es imposible si Israel no suspende su política de robo de tierras, pone fin al bloqueo y permite la reunificación económica de Gaza y Cisjordania. A ello debe agregarse las agresiones bélicas en forma, sufridas por los habitantes del primero de esos territorios, que acabaron con "más de 60 por ciento del capital productivo" y los 167 asesinados y los 18 mil heridos por las fuerzas israelíes desde finales de marzo a la fecha.

La desesperada situación en Gaza se agrava por el cese de la asistencia estadunidense a los refugiados, una medida particularmente cruel en las circunstancias de la población de la franja, adoptada en el contexto de acciones como el traslado de la embajada de Washington de Tel Aviv a Jerusalén y la expulsión de la representación palestina en Estados Unidos, lo que puede considerarse la determinación del gobierno de Donald Trump de desconocer la existencia misma de los palestinos.

Una de las implicaciones más desastrosas de la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca ha sido, en efecto, el alineamiento total de Washington con los designios del régimen de Tel Aviv para acelerar el despojo de tierras cisjordanas, terminar de desarticular a las poblaciones árabes de ese territorio ocupado, llevar a los habitantes de Gaza a una situación de total miseria y desamparo, e intensificar los ataques letales en contra de la población –incluidos niños, mujeres y ancianos–, a fin de crear las condiciones para la plena anexión de Cisjordania y Gaza y forzar a los palestinos que queden a la emigración o a la situación de parias dentro de un "Gran Israel".

La aterradora concreción de esa perspectiva implicaría, desde luego, destruir toda posibilidad de construir un Estado palestino en esas regiones y de eliminar, por la vía de los hechos consumados, el derecho de sus habitantes a una patria propia.

Esta política de Estado, que contraviene los más elementales principios del derecho internacional, de la ética y del humanismo, no sólo representa una amenaza para la población palestina; el hecho de que la comunidad internacional asista a su aplicación con toda impunidad sienta un precedente peligrosísimo para los pueblos débiles y vulnerables de todo el orbe e introduce una lógica de barbarie y de la ley de la fuerza en las relaciones internacionales. Es necesario, por ello, que las sociedades del planeta se manifiesten en solidaridad con los palestinos y expresen su repudio inequívoco a prácticas que son una vergüenza universal en pleno siglo XXI.

 

El coordinador de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) para Palestina, Mahmud Elkkhalif, advirtió ayer sobre la situación catastrófica en la que el gobierno israelí ha colocado a la población de Gaza con el bloqueo económico total, reforzado por dispositivos militares por aire, mar y tierra, el cual se traduce en un "sistema de pobreza organizado", y señaló que el sostenimiento de la economía palestina es imposible si Israel no suspende su política de robo de tierras, pone fin al bloqueo y permite la reunificación económica de Gaza y Cisjordania. A ello debe agregarse las agresiones bélicas en forma, sufridas por los habitantes del primero de esos territorios, que acabaron con "más de 60 por ciento del capital productivo" y los 167 asesinados y los 18 mil heridos por las fuerzas israelíes desde finales de marzo a la fecha.

La desesperada situación en Gaza se agrava por el cese de la asistencia estadunidense a los refugiados, una medida particularmente cruel en las circunstancias de la población de la franja, adoptada en el contexto de acciones como el traslado de la embajada de Washington de Tel Aviv a Jerusalén y la expulsión de la representación palestina en Estados Unidos, lo que puede considerarse la determinación del gobierno de Donald Trump de desconocer la existencia misma de los palestinos.

Una de las implicaciones más desastrosas de la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca ha sido, en efecto, el alineamiento total de Washington con los designios del régimen de Tel Aviv para acelerar el despojo de tierras cisjordanas, terminar de desarticular a las poblaciones árabes de ese territorio ocupado, llevar a los habitantes de Gaza a una situación de total miseria y desamparo, e intensificar los ataques letales en contra de la población –incluidos niños, mujeres y ancianos–, a fin de crear las condiciones para la plena anexión de Cisjordania y Gaza y forzar a los palestinos que queden a la emigración o a la situación de parias dentro de un "Gran Israel".

La aterradora concreción de esa perspectiva implicaría, desde luego, destruir toda posibilidad de construir un Estado palestino en esas regiones y de eliminar, por la vía de los hechos consumados, el derecho de sus habitantes a una patria propia.

Esta política de Estado, que contraviene los más elementales principios del derecho internacional, de la ética y del humanismo, no sólo representa una amenaza para la población palestina; el hecho de que la comunidad internacional asista a su aplicación con toda impunidad sienta un precedente peligrosísimo para los pueblos débiles y vulnerables de todo el orbe e introduce una lógica de barbarie y de la ley de la fuerza en las relaciones internacionales. Es necesario, por ello, que las sociedades del planeta se manifiesten en solidaridad con los palestinos y expresen su repudio inequívoco a prácticas que son una vergüenza universal en pleno siglo XXI.

 

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Hay 12 mil 800 menores migrantes en detención, cifra sin precedente en EU

La detención de niños migrantes alcanzó índices jamás vistos: 2 mil 400 menores estaban detenidos en mayo de 2017, cifra que subió a 12 mil 800 este mes, informó este lunes el diario The New York Times.

El incremento que ha puesto a prueba la capacidad de los refugios, no se debe al aumento de menores entrando por la frontera, sino a una reducción en el número de infantes que son liberados, sugiere una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Trabajadores sociales aseguran que el cuello de botella está poniendo demasiada tensión lo mismo en los menores migrantes que en el sistema que cuida de ellos.

Actualmente, los refugios operan a 90 por ciento de su capacidad; en mayo de 2017 operaban a 30 por ciento.

Muchos cruzaron la frontera sin sus padres y fueron enviados a más de 100 refugios distribuidos principalmente en el suroeste de Estados Unidos.

Los datos recopilados y reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos al Congreso dan cuenta de que a pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para desalentar la migración de centroamericanos, no ha variado el flujo de menores que cruzan la frontera; la única diferencia es que ahora menos familiares y responsables de los menores acuden para hacerse cargo de ellos por miedo a la estricta aplicación de las leyes migratorias, derivada de la política de tolerancia cero dispuesta por Trump.

En tanto, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), advirtió en un informe publicado este miércoles que el muro que la administración de Trump pretende construir en la frontera con México aumentará la cifra de muertes de indocumentados, pero no reducirá el flujo migratorio.

En el informe Muerte, daño, fracaso: Impactos pasados y futuros de los muros en la frontera México-Estados Unidos, la ACLU destacó que la construcción de más bardas fronterizas "sería un tremendo derroche de dólares provenientes de los impuestos, agravaría el daño a las comunidades vecinas y al medio ambiente, y aumentaría la tasa anual de muertes de migrantes".

En tanto, el senador Jeff Merkley, de Oregon, dio a conocer documentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que muestran que la administración Trump desvió 9.8 millones de dólares de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias hacia la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas para incrementar la detención de migrantes.

El senador Merkley calificó el hecho de "escandaloso", y añadió "no fue suficiente con separar a miles de menores de sus padres, el gobierno eligió pagar por este horrendo programa a cambio de disminuir su capacidad de respuesta ante la devastadora temporada de huracanes que se avecina".

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La ONU acusa al Gobierno de Nicaragua de violaciones generalizadas de los derechos humanos

La represión contra los opositores al presidente Daniel Ortega desde el pasado abril es "tan alta" que obliga a los ciudadanos a huir del país

El Gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones de los derechos humanos y ha hecho la vista gorda mientras grupos armados arrestaban a los manifestantes, algunos de los cuales fueron luego violados y torturados bajo custodia, ha dicho en un informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este miércoles. Desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega el pasado 18 de abril hasta el 18 de agosto, se ha generalizado el uso desproporcionado de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión "tan alto" ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista. 

"La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaraguamientras el mundo mira hacia otro lado", ha dicho en un comunicado el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein. En el informe piden que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería considerar la creación de una comisión internacional de investigación o verdad para evitar que la situación empeore. "La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", agregó.

Los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega han sido torturados con pistolas Taser, alambre de púas, golpes con puños y tubos e intento de estrangulamiento. "Algunas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, incluida la violación, y describieron las amenazas de abuso sexual como algo común. Los hombres apresados también mencionaron casos de violación, incluida la violación con rifles y otros objetos ", apunta el informe.


Después de que las protestas comenzaron en abril, las personas asociadas con el partido gobernante sandinista se movilizaron en fuerzas de choque o multitudes para atacar a los manifestantes pacíficos. "Estos tenían garrotes, palos, piedras y cascos", recoge el texto. Las Naciones Unidas también denuncia los grupos armados progubernamentales, entrenados por antiguos miembros de pandillas y soldados retirados. "Estos elementos armados están bien equipados con vehículos, equipo militar y armas, incluso con armas de alto calibre como los rifles de francotirador AK-47 y Dragunov".


Más de 300 personas han muerto y 2.000 han resultado heridas en las manifestaciones que comenzaron entre los estudiantes contra el presidente Ortega. Pese a que el pasado 20 de julio el mandatario dijo en una entrevista televisiva con Euronews que los grupos eran "policías voluntarios" en "misiones especiales" y que operaron encubiertos por razones de seguridad. La oficina de derechos humanos de la ONU ha reunido amplia información (de fuentes confidenciales y abiertas) de que los grupos partidarios del Gobierno actuaron con la aquiescencia (y a menudo de manera conjunta y coordinada) de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, y que actúan con total impunidad", dijo el informe.


Sobre el uso de armas, incluido rifles, entre los manifestantes, la ONU no encontró pruebas de que su violencia hubiera coordinada o planeada. Para la elaboración del informe el organismo internacional ha tenido obstáculos en su trabajo, aunque ha estado en contacto regular con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Ginebra 29 AGO 2018 - 05:37 COT

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