“Lo personal fue transformado, pero no lo político”

La destacada investigadora feminista Rita Segato ha propuesto una nueva mirada teórica para entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multidisciplinaria que combina los estudios de género y decoloniales, así como la antropología. Gracias al Fondo Cátedras para Profesores Visitantes de Posgrado 2018, llegó a la PUCP a realizar diversas actividades.

 

¿Cuáles son los vínculos entre esta fase apocalíptica del capitalismo, que usted propone, y la violencia creciente contra las mujeres?

Este brote feminicida en nuestros países es un síntoma de la época. Por un lado, todas estas medidas que hemos conseguido que los Estados consideren para frenar el feminicidio y los crímenes de género no han sido eficaces: estas formas de violencia continúan ocurriendo, además están en aumento. Por otro lado, la concentración de la riqueza ha llegado a tal extremo que debemos empezar a hablar de un mundo de dueños y que provoca inevitablemente la falencia institucional. Hoy hay una hipertrofia de esta ‘dueñidad’, que precariza la vida de mucha gente. Y, en el caso de los hombres, vulnera lo que tienen que mostrar al mundo, específicamente a los ojos de otros hombres, como su potencia y carácter de dominio sobre los territorios que considera suyos (su casa, su mujer, su familia). La respuesta a esa vulneración es la violencia masculina. Para expresar su masculinidad, a muchos hombres hoy solo les queda la violencia y en su forma extrema.

Lo que usted dice se puede ver en Perú. En Madre de Dios, hay mucha explotación minera, sobre todo ilegal, y trata de personas.¿Por qué los lugares de explotación minera, de hidrocarburos o de grandes obras están acompañados siempre por la instalación de burdeles y trata?

La explicación del sentido común es que ahí hay muchos hombres solos, que necesitan remedios para su libido desatada. Yo no creo mucho en esto. Porque la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad’ y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles. Hay un doble efecto. Y ese consumidor deshumanizado es la mano de obra que hoy las grandes empresas necesitan.

Usted dice que esta precarización, fruto del capitalismo, empuja a estos hombres a ser más violentos. ¿Podríamos decir que es a raíz de la colonialidad que estamos como estamos?

Mis análisis y resultados me llevan a decir que es imposible pensar en sociedades humanas sin algún nivel de asimetría patriarcal. Pero el patriarcado precolonial, o en medios comunales, es muy distinto al que hoy conocemos, moderno y poscolonial.Y como Aníbal Quijano, a quien considero mi maestro y el sociólogo más importante del mundo en el último cuarto del siglo pasado, pienso que la colonialidad establece un nuevo patrón de trabajo y de relaciones sociales, que funda nuestras ideas sobre progreso, desarrollo, modernidad, capital y subsiste hasta ahora. En esta época, se ha ido agravando y ha entrado en una de sus fases más destructivas.

Por un lado, se alcanzó el voto universal, y hoy se lucha por paridad y alternancia; por otro lado, las cifras de agresiones sexuales y feminicidios aumentan. ¿Qué piensa de estas políticas de igualdad dentro del sistema dominante?

Creo que la lucha es en todos los frentes. No es que debamos abandonar el campo estatal. Hasta ahora no hemos visto muchos frutos de esa tendencia del feminismo que pretende ocupar espacios de poder, pero no es para que desaparezca. Pensamos que entramos al Estado y lo capturamos, pero acaba capturándonos y nos masculiniza. Impone su patrón político. En los 60 y 70, dijimos que lo personal es político y transformamos completamente lo personal. Las mujeres intentamos, con mucha imaginación, transformar nuestros afectos, nuestra sexualidad, nos profesionalizamos, es decir nos transformamos a nosotras. Lo personal fue transformado, pero no lo político. Y creo que esa es la principal característica de nuestro tiempo: ahora comienza la transformación de lo político. ¿Es suficiente entrar al Estado?

Por Suny Sime
Punto.edu

 

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“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

La afrocolombiana Francia Márquez, premiada por plantar cara a la minería en Colombia, recorre Europa para denunciar el impacto de las políticas extractivas en su país


De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.


Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.


El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras", dice.


Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.


Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.


El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.


En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.


Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.


El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.


A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.


El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.


En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.


La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.


Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Por Iñaki Makazaga
Bilbao 1 NOV 2018 - 18:00 COT

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EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

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Una foto, 30 años y miles de muertos después: "Es una pena que nos hayamos insensibilizado ante la muerte de migrantes"

El periodista gaditano Ildefonso Sena retrató hace tres décadas la primera tragedia de la inmigración en el Estrecho. En esta entrevista, el reportero repasa lo que supuso aquella foto que enseñó a España y a Europa la primera imagen de un drama que no había hecho más que empezar.


El 1 de noviembre de hace 30 años a Ildefonso Sena (Tarifa, 1951) se le atragantó el desayuno. Recuerda que eran las 9 de la mañana cuando snó el teléfono de su casa. Aún con las galletas mojadas en el café, un contacto de la Guardia Civil le avisaba de que había aparecido un cadáver en la playa de los Lances, en Tarifa. “Salí zumbando, masticando las galletas escaleras abajo, cogí una cámara compacta que me había comprado pocos días antes y me encaminé al lugar”, rememora. Al día siguiente, la portada a cinco columnas de El Diario de Cádiz, con su crónica y su foto, hizo que se le atragantara el desayuno a la región y a las redacciones de los medios de todo el país, incluso de alguno del extranjero. El joven reportero gaditano había captado la primera imagen y reconstruido la primera historia trágica de un drama que todavía era muy incipiente: las migraciones a través de la frontera sur de España.


“Cuando llegué había un coche de la Guardia Civil y un agente custodiando la escena”, repite Ildefonso a todos los medios que, estos días, le bombardean a llamadas. “Cómo no voy a atender a los compañeros. Sé que es una semana, luego nadie se acuerda de esto hasta que se cumple otra vez una cifra redonda de años”, confiesa. Además del agente, lo que Sena se encontró y mostró al mundo fue un cadáver en la orilla, “totalmente vestido, cubierto de algas y de arena, con los brazos extendidos y rasgos magrebíes”. A pocos metros había una pequeña embarcación de madera, también varada en la arena. “Nadie sabía qué había pasado. El guardia civil me dijo que el capitán estaba en camino, así que, mientras, me puse a hacer fotos desde distintos ángulos. Siempre con la misma escena: el muerto en la arena, la barca detrás y el cielo gris que había esa mañana”. Hizo diez o veinte fotos, no lo recuerda con exactitud ni tiene forma de comprobarlo. “Los negativos se perdieron en una mudanza de la redacción. Sólo conservo esa imagen y a duras penas gracias a una copia que tenía en papel y que he digitalizado”, afirma nostálgico.


Cuando Ildefonso tenía la instantánea hizo aparición el capitán Manuel Prado. “Llevaba tres días destinado en la compañía”, apunta Sena. Con él iban otras cuatro personas, también de rasgos magrebíes. “¿Hablas francés?”, preguntó el capitán. “Me defiendo”, respondió el periodista. “Pregúntales si tienen alguna relación con la barca y con el muerto”, le pidió Prado. “Me costó un rato hacerles entender que yo no era policía, que era periodista. A estos cuatro marroquíes los habían localizado andando por la carretera en dirección a Cádiz y estaban asustados”, apunta. No era para menos, ya que habían esquivado la muerte hacía pocas horas.


Eran reacios, pero al final, uno de los marroquíes le contó a Sena una historia que califica de “escalofriante”, pero matiza: “Escalofriante en ese tiempo. Después me tocó cubrir muchas más y mucho peores”. En efecto, aquellos cuatro hombres que traía el capitán no eran braceros del tráfico de hachís, como normalmente pensaba la Guardia Civil cuando encontraba a magrebíes andando por las cunetas de Campo de Gibraltar. Eran inmigrantes, “migrantes, como se les llama ahora en los medios”, puntualiza Ildefonso. “El chico me contó que inicialmente eran 23 los hombres que habían zarpado a la media noche desde una playa de Tánger”, añade. Sena estaba ante el primer naufragio de un patera que se documentó en España.


No eran narcos, eran migrantes


A los migrantes les sorprendió un fuerte e inesperado viento de Levante justo a la mitad de ese mortal trayecto de apenas 14 kilómetros donde acaba el océano Atlántico y comienza el mar Mediterráneo. “Se pusieron nerviosos, vieron luces cuando ya estaban a pocos metros de la orilla. Creían que iban a hacer pie y algunos empezaron a saltar al agua. El chico me dijo que todos se tiraron por el mismo lado de la barca y el balanceo la hizo volcar. Todos cayeron al mar”, recuerda.


La de Los Lances no es un playa cualquiera, ilustra el periodista. “A tres metros de la orilla, el agua ya te cubre entero”, ilustra. Entonces comenzaron los gritos de auxilio de los que no sabían nadar. Gritos que “se apagaban cada vez que uno se hundía hasta que se hizo el silencio total”, afirma Sena. “El inmigrante me lo dijo de forma clara: sólo quedamos nosotros cuatro y el muerto. Somos los únicos que sabíamos nadar. Los otros 18 no sabemos dónde están. Seguramente habrán muerto ahogados”, relata el ya jubilado reportero.
Eso mismo escribió aquella mañana del 1 de noviembre de 1988. Metió la crónica mecanografiada en un sobre junto a algunas imágenes que había revelado en el laboratorio que improvisó en su casa y lo mandó todo a Cádiz en un autobús. “Esa era la tecnología de entonces”, comenta.


Las corrientes del Estrecho se encargaron de confirmar la tragedia. “En los días siguientes empezaron a aparecer cadáveres por un tubo. Contamos ocho y otro más que llegó a una playa de Ceuta. El resto no apareció nunca”, relata.


Casi 8.000 migrantes muertos en 30 años en el Estrecho


Desde entonces, las aguas del Estrecho no han dejado de escupir los cuerpos de aquellos que no lo lograron y, a veces, de los que lo consiguieron pero tuvieron que volver a jugársela en el mar porque fueron devueltos al lugar del que querían escapar. En ocasiones, como ésta, conocemos sólo una parte de la historia. En otras, alguien se preocupa de poner nombre y apellido a los muertos, de localizar y avisar a sus madres, hijas o hermanos que les vieron partir. A veces pasan sin más en la rueda de titulares del día. Otras veces desatan una tímida reacción de los Gobiernos, como la muerte de Aylán. Otras, sólo un clamor social de rechazo sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, como el caso del niño Samuel.
Ningún organismo oficial lleva la cuenta. Al menos desde hace tanto tiempo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía habla de 8.000 migrantes muertos o desaparecidos intentando llegar a España en los últimos 30 años. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia dependiente de la ONU, lleva su propia cuenta desde el 2014 y cifra en 964 las víctimas desde entonces. Más de la mitad, 564, sólo en lo que va de 2018.


“Esto se ha disparatado y es una pena que nos hayamos insensibilizado. No los periodistas, sino la sociedad en general”, opina el cronista de la primera tragedia documentada en nuestra ruta migratoria. Reconoce que aquella foto, aquella historia, no le impactó. “No sentí pena, trabajé automáticamente. Hasta que poco después lo piensas mejor y te dices que aquel muerto no era el único. Había 18 más, coño, sólo por intentar buscarse una vida mejor”.


La historia conmocionó a la opinión pública, también en Europa, y Tarifa se llenó de periodistas al día siguiente. “Ni España ni Europa habían prestado la menor atención a la inmigración irregular que aún era incipiente en el Estrecho. Apenas se contaban historias de migrantes y no tenían ningún impacto”, recuerda el periodista. Pero tras aquella fotografía, Tarifa se llenó de periodistas, españoles y extranjeros. Sena recuerda al primer corresponsal en llegar. “Coincidí con él en el cuartel de la Guardia Civil, al día siguiente. Era Arturo Pérez Reverte, que entonces trabajaba en Informe Semanal”.


Pocos meses después, la historia se repitió. Varias veces. Y así hasta el día de hoy. “Hasta que me retiré en 2005, he contado muchas historias peores que ésta, cientos de naufragios en estos 30 años, algunos con más muertos. Con mujeres, hombres y niños ahogados aparecidos en la playa. Tantas muertes nos sobrecogen al principio, pero la verdad es que hacemos poco por evitarlas. Los ciudadanos poco podemos hacer y los poderes públicos o no quieren o no pueden. Tampoco parece que haya en Europa voluntad política para atajarlo”, opina Ildefonso, que en su momento viajó a Marruecos para entender el fenómeno estaba gestándose. “Los subsaharianos no empezaron a llegar hasta entrados los años 90. Al principio eran casi todos marroquíes, había algunos argelinos. Todos querían llegar a Francia o a Bélgica”, recuerda.


Pocos cambios


Sena cree que las cosas han cambiado muy poco desde entonces. “Siguen llegando, siguen huyendo y siguen muriendo muchos”, resume. Ildefonso recuerda cómo, tras la foto, muchos vecinos de Algeciras y Tarifa esperaban en las orillas del mar a los que llegaban en patera. "Llevaban mantas, ropa, comida, agua. Algunos los ocultaban en su casas y hubo algunos vecinos que fueron detenidos por esto", rememora. Después hubo un "cambio radical" que Sena no sabe explicar. "Cambió la percepción ciudadana", apunta."


Sí que se alegra de que aquella foto, y todas las que llegaron después, dieron lugar a la creación de equipos de rescate como Salvamento Marítimo o la unidad marítima de Guardia Civil, “que ayudan a salvar mucha vidas”, aunque incide en que también se han puesto en marcha mecanismos e infraestructuras de control de fronteras que antes de esa tragedia no existían. “No van a resolver el problema”, aventura el periodista, que opina lo mismo de los acuerdos bilaterales de devolución que España ha ido firmado con algunos países africanos. “No ha servido para nada y Marruecos utiliza ahora la inmigración para exigir prestaciones económicas a España y a la Unión Europea, pero tampoco tiene la varita mágica. La mayor parte de los que llegan no son marroquíes, sólo pasan por allí”, recuerda.


Ildefonso también incide en que muchos migrantes murieron antes de ver el mar, “en el desierto, donde muy pocos periodistas se han preocupado de investigar”.


Quizás, opina Sena humildemente, la mejor forma de evitar estas situaciones pase por poner la mirada mucho más allá de la frontera y los puertos españoles. “Los que migran no quieren abandonar sus casas, pero África es un continente que los europeos hemos ido esquilmando durante muchos años. Y, ahora que están huyendo de guerras, del hambre y de la pobreza que Europa ha contribuido a generar, no tenemos voluntad de ayudarles”, lamenta. Reflexiones como ésta le hacen ser “escéptico para con la especie humana”. “No somos nada solidarios como especie ante un problema que no va a parar nunca”, aventura. “La historia de la humanidad es una historia de migraciones, de movimientos de personas en masa durante muchas épocas. Mientras tanto, asistimos a un resurgir de posiciones xenófobas, de extrema derecha, cada vez más numerosas”, opina. “Si no hay voluntad política seguiremos viendo muchas más muertes en todo el Mediterráneo”, concluye.

01/11/2018 11:09 Actualizado: 01/11/2018 11:09


Por JAIRO VARGAS
@JairoExtre

Publicado enInternacional
Miércoles, 31 Octubre 2018 08:13

Palestina y la conciencia del mundo

Palestina y la conciencia del mundo

El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina acordó ayer retirar su reconocimiento al Estado de Israel, otorgado en el contexto del proceso de paz de Oslo de 1993, ante el persistente bloqueo de Tel Aviv a cualquier perspectiva de construcción de un Estado palestino en la franja de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y la Jerusalén oriental, así como la continuación de las agresiones militares, policiales, económicas y judiciales israelíes contra la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el propio Israel.


Asimismo, la autoridad palestina encontró inadmisible que el régimen de Tel Aviv haya proseguido todos estos años con su estrategia de crear asentamientos judíos en los territorios árabes ocupados, lo que en la práctica equivale a un intento de aniquilación demográfica de los palestinos. Hace dos semanas, por ejemplo, la autoridad ocupante aprobó la creación de un nuevo barrio judío en la ciudad palestina de Hebrón, al tiempo que ordenaba la demolición de la aldea árabe de Jan al Ahmar, en la misma Cisjordania.


Cabe recordar que los acuerdos firmados en 1993 con el auspicio del entonces presidente estadunidense Bill Clinton establecían un término de cinco años para la creación del Estado palestino en los territorios ocupados por el ejército israelí en la Guerra de los Seis días (1967), y dejaba para una negociación posterior el estatuto definitivo de Jerusalén (Al Qods, en árabe), ciudad a la que ambas naciones reclaman como su capital.


Sin embargo, 20 años después del vencimiento de ese plazo, la solución de los dos Estados parece más lejana que nunca, debido al emplazamiento de asentamientos judíos en los territorios ocupados, el asesinato de miles de palestinos a manos de las fuerzas armadas ocupantes y el inhumano bloqueo de Gaza.


Un factor adicional que permite entender la exasperación palestina, es la reciente decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo que constituye un reconocimiento a la pretensión israelí de considerar a la segunda de esas ciudades como su capital única e indivisible, a contrapelo de diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. El magnate republicano fue más allá: eliminó los fondos de ayuda destinada a hospitales de Al Qods y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. Asimismo, uno de los pretextos esgrimidos por Washington para retirarse del protocolo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas fue que por medio de ese instrumento los palestinos podrían demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por las violaciones a la legalidad internacional que ha cometido en su respaldo incondicional al régimen de Tel Aviv.


Lo cierto es que la llegada de Trump a la Casa Blanca mató las últimas esperanzas de que la superpotencia vecina conservara alguna disposición a actuar como parte mediadora en el añejo conflicto palestino-israelí y que tuviera una mínima voluntad de dar seguimiento a los acuerdos de Oslo. En tal circunstancia, deja de tener sentido que la autoridad palestina reconozca a un Estado que en lugar de aportar a la paz, en estas dos décadas no ha hecho más que avanzar en la reducción de la población palestina a un conjunto de presos en su propio territorio.


Cabe preguntarse, por último, hasta cuándo la comunidad internacional seguirá asistiendo impávida a esta barbarie que niega los avances de más de un siglo en materia de derechos humanos, colectivos y nacionales.

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Condenan defensores de DH operativo contra la caravana

Arriaga, Chis., Unos 200 policías federales trataron de impedir el paso de la caravana de centroamericanos cuando ingresaba al estado de Oaxaca, para "informarle" acerca de los beneficios de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que regularicen su situación migratoria y se acojan al programa Estás en tu casa para obtener trabajo y educación, entre otros beneficios.

"Esta oportunidad se ha venido construyendo con las cosas que el gobierno considera que reúnen todos los requisitos de lo que ustedes necesitan para tener una estancia en nuestro país", dijo el comisario general de la división de Gendarmería de la Policía Federal (PF), Benjamín Grajeda Regalado, a los representantes de los migrantes.

"Para aquellos que decidan ad¬herirse al programa, estamos listos para trasladarlos y tenemos todos los medios para que inicien los trámites. Estamos aquí por una razón humanitaria, pues ya no queremos que esos grupos vulnerables se sigan arriesgando; les pedimos la oportunidad de explicarles de primera mano las dudas que hayan quedado en el aire y quienes estén de acuerdo los acompañaremos para que lleguen a un lugar donde no pasen problemas."

Los centroamericanos partieron a las 3 horas de este sábado de Arriaga, Chiapas, hacia Tapanatepec, Oaxaca, pero en los límites con esta entidad había un retén con unos 200 uniformados.

Un kilómetro antes de llegar al retén –cerca de las 5 horas– detuvieron su marcha mientras representantes de las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos de ambas entidades fungieron como mediadores para transmitir la información de Grajeda Regalado a los representantes de la caravana y viceversa.

Tras el intercambio de mensajes, el comisario de la PF y los representantes de los migrantes dialogaron varios minutos en la carretera.

"Queremos presentarles de primera mano el programa" anunciado por Peña Nieto el viernes, les dijo el jefe policiaco, acompañado por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca, Jacobo Rodríguez. Un representante de la caravana respondió al comisario. "Después de hacer la exhortativa, ¿van a permitir el paso?"

–La instrucción que tenemos es seguir aquí y exhortándolos para esa invitación –dijo el funcionario.

–La respuesta es "no habría paso" –sugirió el vocero migrante.

–No, sólo para aquellos que se quieran sumar [al proyecto presidencial] –confirmó el representante del gobierno.

Arturo Peimbert, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, expresó al responsable del operativo: "No vemos esto como medida viable, no la reconocemos, pero sí privilegiamos la paz, por eso nos ofrecemos para girar un mecanismo que ayude que no se desborden los ánimos".

Ambas partes acordaron un plazo de 20 minutos para que se despejara la carretera y cerca de las 8:05 horas, después de tres de diálogo, se dio paso libre para que continuaran su marcha a Tapanatepec, Oaxaca.

A su llegada a ese municipio, los centroamericanos se concentraron en el parque central y otros en calles aledañas. Muchos, cansados, lastimados de los pies, otros enfermos; de inmediato personas altruistas les ofrecieron comida caliente.

Más tarde informaron que dejarán Tapanatepec a las 4 horas de este domingo, un contingente rumbo a Niltepec y otro a Juchitán.

Por la noche trascendió que los representantes de los desplazados acordaron posponer el viaje de este domingo y continuarlo el lunes, luego de que a un migrante guatemalteco se le atribuyó el intento de robarse un niño, lo que ocasionó que unos 100 centroamericanos intentaran golpearlo. El presunto raptor se ocultó debajo de una banca donde se mantuvo protegido por ciudadanos mexicanos, que lo entregaron a la policía sano y salvo. Al mediodía de hoy definirán el siguiente paso.

Elio Henríquez y Diana Manzo
Corresponsales

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Domingo, 28 Octubre 2018 05:32

La ceremonia de los miércoles

La ceremonia de los miércoles

Cada miércoles por la tarde, delante de la embajada japonesa en Seúl, un puñado de mujeres coreanas de más de noventa años reclama en vano que Japón reconozca lo que hizo con ellas. Cada vez son menos porque, desde que empezó el reclamo, en el año 1991, han ido muriendo casi todas: hoy sólo quedan treinta y cinco sobrevivientes. Por esa razón, desde el año 2011 se han ido erigiendo estatuas de esas mujeres frente a las embajadas japonesas, no sólo en Seúl, sino también en Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, para que su reclamo no cese cuando ellas no estén. ¿Qué hizo Japón, el Japón imperial, con esas mujeres? Las convirtió en esclavas sexuales para su ejército, cuando todas ellas eran menores de edad, entre 1937 y 1945. 

La historia empezó después de la tristemente célebre masacre de Nanking. En diciembre de 1937, luego de que las tropas japonesas arrasaran la capital china, mataran más de trescientos mil civiles y violaran ochenta mil mujeres, el emperador Hirohito se escandalizó con sus altos mandos y ordenó que no se repitieran más “semejantes estigmas para la imagen del Imperio” (cito textualmente). Los altos mandos inventaron entonces las “estaciones de consuelo”, unos burdeles militares que debían cumplir tres funciones: dar satisfacción sexual a las tropas, evitar las violaciones de mujeres locales y reducir la transmisión de enfermedades venéreas, ya que las integrantes de estas “estaciones de consuelo” eran sometidas a revisaciones médicas semanales.


El reclutamiento de “voluntarias” comenzó en 1941, principalmente en Corea. Fueron pueblo por pueblo y aldea por aldea. Amparados en la Ley de Movilización General que regía en todo el imperio, se llevaban las hijas mujeres de todas las familias. Se les decía que viajarían a Japón a colaborar con el ejército imperial cocinando para las tropas, o remendando uniformes, o trabajando de enfermeras. Pero no se las enviaba a Japón sino al frente, donde eran sometidas a un régimen inhumano: vivían apiñadas en las “estaciones de consuelo” sin permiso para salir, mal alimentadas, sometidas a castigos constantes y obligadas a satisfacer las demandas de las tropas, que se incrementaban antes de cada batalla (podían llegar a ser hasta sesenta soldados por noche) porque los japoneses creían que tener sexo antes de combatir los fortificaba y protegía.


El asunto quedó convenientemente silenciado después de la guerra porque los japoneses quemaron todos los registros y, además,porque la gran mayoría de las víctimas murieron (durante la guerra o inmediatamente después, por suicidio o por enfermedades consecuencia de su internación)o no se atrevieron a volver a sus pueblos natales, por falta de recursos o por vergüenza. Recién en 1991, cuatro años después de que se estableciera la democracia en la República de Corea del Sur algunas de las sobrevivientes se atrevieron a contar por primera vez su historia. Una de ellas llamada Kim Hak-sun aceptó relatar su experiencia para un diario coreano: dijo que el calvario no había terminado con el fin de la guerra, que callarlo era casi igual de malo que habérselo confesado a sus familiares porque la escarnecían cada vez que tomaban unas copas. La única solución que veía era unirse, contarlo públicamente. Logró que doscientos cincuenta de sus compañeras se sumaran y comenzaron a juntarse cada miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl, al principio con casi nula repercusión.
El debate acerca de la esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo” gira en torno al modo en que fueron reclutadas sus integrantes. El gobierno japonés sostuvo durante años que no había habido reclutamiento forzoso, que se trataba de “trabajadoras sexuales con licencia para ejercer y cobrar”, una forma de prostitución legal, como la que regía en su propio territorio. Las sobrevivientes no tenían ningún documento que sostuviera su acusación: sólo podían ofrecer el relato de su atroz experiencia. Pero reuniendo uno a uno esos testimonios se pudo establecer que las “mujeres de consuelo” fueron no menos de veinte mil (y se estima que pueden haber llegado hasta ochenta mil). Luego de que la legendaria jurista argentina Carmen Argibay presidiera el Tribunal Internacional de Mujeres para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenó en diciembre de 2000 al ejército nipón por los crímenes cometidos en las “estaciones de consuelo” durante la Segunda Guerra (Argibay publicó poco después un formidable trabajo sobre el tema en el Berkeley Journal of International Law) se creó en Japón el Fondo de Reparación de Mujeres Asiáticas.


Era una iniciativa privada, orquestada por Yoshiko Yamaguchi, ex actriz chino-japonesa devenida diputada en el Parlamento nipón (hablé de ella en otra contratapa: “La Orquídea de Manchuria”). El resarcimiento sólo fue aceptado por 285 de las víctimas en Corea, China, Filipinas y Taiwan: se le entregó a cada una la suma de dos millones de yens (diecisiete mil dólares). Mientras tanto siguieron las marchas de los miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl y de a poco empezaron a repetirse en otras ciudades del sudeste asiático, hasta que en el año 2015 el gobierno japonés aceptó presentar disculpas públicas a las ya ancianas víctimas sobrevivientes, en forma de un nuevo Fondo de Reparación. Lo hicieron a la manera japonesa: con reticencia, afirmando que no habían logrado hallar en los archivos oficiales ninguna prueba concreta de esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo”. El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas decretó este año que la respuesta de Japón no es suficiente.


Según encuestas recientes, el 70 porciento de la población coreana cree que el asunto de las “estaciones de consuelo” sigue sin resolución, mientras que el 50 porciento de la población japonesa considera que quedó finiquitado en 2015. Lo que hace falta, sostienen mientras tanto las últimas sobrevivientes, es un museo y un centro de investigaciones que nuclee todos los testimonios y documentos posibles antes de que ellas mueran: para que sea el mundo y no sólo ellas quienes pidan explicaciones al Japón. Así las cosas, en los últimos meses sucedió un hecho minúsculo que quizá tenga enormes consecuencias en esa dirección: la coreana-canadiense Emily Jungmin Yoon publicó un extraordinario libro de poemas en inglés, titulado A Cruelty Special to Our Species (“Una crueldad especial para nuestra especie”), en el que utiliza las voces de las sobrevivientes, sus testimonios, para dar a conocer al mundo los detalles y los alcances de aquella aberración.


Ya en el primer poema, titulado “Una desgracia habitual”, Yoon dice: “Han pasado setenta años ya y nadie sabe / nadie dice que éramos niñas / y esclavas / y cuán habitual era esa desgracia”. Cuenta Yoon que, cuando llegó a América, descubrió que nadie conocía la historia de las “estaciones de consuelo” y que muchas veces, hablando con canadienses y norteamericanos, le preguntaban qué pasaba entre Japón y Corea, ¿tan diferentes eran? Ella contesta así en su libro:”Hace muchos muchos años que en Japón / usan la frase jûgoen gojissen para decir coreanos / Una crueldad especial con nuestra especie / porque jûgo suena a morir en coreano / y goji suena a mentir en coreano”. Yoon dice que se decidió a terminar y publicar su libro cuando leyó que, de aquellas cuarenta mil o doscientas mil esclavas sexuales, sólo quedaban treinta y cinco sobrevivientes. Sus poemas, como esas estatuas que hay frente a las embajadas japonesas en Seúl, Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, seguirán hablándole al mundo cuando ya no quede ni una sola de esas ancianas para asistir a la ceremonia de los miércoles.

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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El plan para matar a Khashoggi se gestó en Ryad

El periodista fue dirigido a Turquía porque para los conspiradores hubiera sido demasiado arriesgado intentar matarlo en EE.UU.

 Funcionarios de Arabia Saudita le dijeron a Jamal Khashoggi que no podría obtener sus documentos de divorcio en los Estados Unidos para casarse y que debía ir a Turquía, como parte de una estratagema para ponerlo al alcance de un secuestro o eliminación. Según las fuentes diplomáticas y un amigo de Khashoggi, el periodista fue dirigido a las legaciones del Reino en Turquía porque aquellos que estaban conspirando en su contra creían que sería demasiado arriesgado intentar llevar a cabo un ataque en los Estados Unidos, con repercusiones potencialmente muy perjudiciales. Al enterarse inicialmente de que no podría recoger los documentos legales en la embajada de Arabia Saudita en Washington, se le informó a Khashoggi que tenía que obtenerlos en Turquía para su próxima boda con su novia Hatice Cengiz, ya que ella es ciudadana turca y la ceremonia tendría lugar en Turquía.

La inteligencia de los Estados Unidos, según denunciaron varias organizaciones noticiosas, había interceptado que los funcionarios saudíes habían planeado hacer regresar al periodista al Reino y luego arrestarlo. No está claro cuándo se recopiló la información de inteligencia, pero parece que no hubo movimientos para advertir a Khashoggi que estaba en peligro y que se le podría haber tendido una trampa. Se sabe que varios funcionarios cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, le pidieron repetidamente al periodista que regresara al Reino, con ofertas de trabajos lucrativos, que Khashoggi había rechazado. Sus visitas al consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener los documentos, según investigadores turcos, brindaron a los saudíes la oportunidad que buscaban de capturarlo y matarlo.


Un amigo de Khashoggi dijo: “Jamal había estado en la embajada en Washington DC varias veces y se habían ocupado de sus problemas consulares allí. Pensó que podía obtener los documentos que necesitaba de la gente de Washington demostrando que estaba divorciado, un requisito legal para volver a casarse. Creo que le dijeron que era un asunto simple. Pero luego dijeron que necesitaba ir a Turquía para conseguir los papeles.” “En ese momento parecía ser una cuestión de burocracia. Pero ahora, después de lo que sucedió, obviamente hay motivos para sospechar. Seamos realistas, no se hubieran atrevido a hacer en Estados Unidos lo que hicieron en Estambul”.


Uno de los que más insistió en tratar de persuadir al periodista para que regresara a Arabia Saudita fue Saud al-Qahtani, un cercano confidente del príncipe heredero, quien le hizo a Khashoggi una serie de ofertas lucrativas en un intento por devolverlo al Reino, incluyendo una posición de alto nivel del gobierno y un alto cargo en la administración pública. En repetidas ocasiones tranquilizó a Khashoggi, según múltiples fuentes, diciéndole que no tenía nada que temer al volver a casa. Posteriormente, se afirmó que al-Qahtani dirigió el secuestro, la tortura y el asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul a través de Skype, supuestamente diciéndole al equipo enviado que matara a Khashoggi y “me trajera la cabeza del perro”.


Al-Qahtani había lanzado ataques vitriólicos y sostenidos a través de las redes sociales contra los supuestos enemigos del Reino, y había declarado que “pagarían el precio” por la traición. El gobierno saudí afirmó que al-Qahtani fue despedido después del asesinato de Khashoggi, junto con otro alto funcionario. Otros 18 fueron arrestados. Se informó que al-Qahtani había dirigido el interrogatorio del primer ministro libanés, Saad Hariri, cuando fue detenido en Arabia Saudita el año pasado después de haber sido atraído al país para reunirse con el príncipe heredero. El interrogatorio, según se afirmó, fue acompañado de abuso verbal y físico. Hariri fue liberado y regresó a Beirut solo después de la intervención del presidente francés Emmanuel Macron. Al-Qahtani afirmó que tenía todo el apoyo de la familia real saudí. “¿Crees que tomo decisiones sin orientación? Soy un empleado y un fiel ejecutor de las órdenes de mi señor el rey y mi señor el príncipe heredero”, tuiteó el verano pasado.


Kim Sengupta: De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Jueves, 25 Octubre 2018 06:08

EU y el éxodo centroamericano

EU y el éxodo centroamericano

El éxodo de centroamericanos, principalmente hacia Estados Unidos, ha sido visibilizado por la actual caravana que atraviesa México, pero es un fenómeno de larga data. En 2017 la Organización Internacional de Migraciones, agencia de la ONU, informó que 450 mil migrantes, predominantemente centroamericanos, cruzan anualmente México rumbo al país del norte. Este fenómeno comenzó a tomar auge en los años 80 del siglo pasado a consecuencia del masivo apoyo de Washington a los ejércitos y fuerzas represivas de El Salvador y Guatemala en su cruenta guerra contra los movimientos de liberación de esos países que, junto a Honduras, fueron muy afectados. La guerra originó, sobre todo en El Salvador, un gran flujo de refugiados, entre ellos miles de jóvenes huérfanos, rumbo a la potencia norteña.

No era la primera ni la última ocasión en que el imperialismo estadunidense intervenía en los países centroamericanos. Desde principios del siglo XX Washington envió decenas de veces los marines a imponer sus deseos a esa región de nuestra América. Es conocida la heroica gesta de Augusto César Sandino y su "pequeño ejército loco" contra la intervención militar yanqui del primer cuarto del siglo XX en Nicaragua. Décadas después, ese país y el gobierno de Frente Sandinista de Liberación sufrirían una implacable y sangrienta agresión del gobierno de Ronald Reagan. Un ejército contrarrevolucionario organizado y armado ilegalmente por Estados Unidos era abastecido por aire desde Honduras en un operativo de la CIA, el Irán-Contras, implementado desde allí por terroristas de origen cubano. Los aviones venían cargados de armas desde territorio estadunidense y regresaban con drogas a ese país. A la vez, esa agencia articuló los escuadrones de la muerte que, a costa de graves violaciones a los derechos humanos, mantuvieron a raya a los revolucionarios hondureños. En 1989, George Bush padre ordenó la artera invasión de Panamá que costó la vida de 3 mil personas.

En 2009, desde la base militar de Soto Cano, en Honduras, donde radica la fuerza de tarea Bravo, del Comando Sur de Estados Unidos, éste digitó el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Esa acción tiene mucho que ver con los hechos que han conducido a la migración masiva de centroamericanos. Zelaya ingresó al ALBA y estableció una fluida relación de cooperación con la Venezuela chavista. Logró que la OEA levantara la exclusión de Cuba en una asamblea general del organismo celebrada en su país e intentaba organizar una asamblea constituyente para transferir al pueblo hondureño el control de su soberanía nacional y de sus recursos naturales. Nada de esto era tolerable para Washington, que no sólo ordenó el golpe, sino que hizo cuanto estuvo a su alcance para consolidarlo. Desde entonces todas las elecciones en Honduras han sido fraudulentas, incluyendo la que aupó al actual gobernante Juan Orlando Hernández. Zelaya, aliado a la Nicaragua de Daniel Ortega, habría sido un obstáculo para los planes de saqueo y expansión territorial a través de las trasnacionales mineras y las Zonas Económicas Especiales.

La génesis de la actual e incontenible corriente migratoria fue la aplicación a rajatabla en Centroamérica de las políticas neoliberales diseñadas por el llamado Consenso de Washington, que se han hecho cada vez más cruentas e insostenibles. Los pueblos de América Latina y el Caribe están siendo sometidos a una segunda reconquista y recolonización, por medio de las grandes empresas y la militarización impulsada por Estados Unidos, que incluye la presencia de bases militares en nuestros países. Gobiernos satélites del imperialismo brindan todas las facilidades a las trasnacionales en sus planes expansionistas de acelerada depredación de los recursos naturales y superexplotación de la fuerza de trabajo. Todo ello mediante el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, reprimidas, cuando se rebelan, no sólo por los cuerpos de seguridad. También, con frecuencia, por el llamado crimen organizado, que resulta muy recompensado a cambio. Unido a esto, la ruptura de cadenas productivas que ha conducido a la desindustrialización y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Esta agresión neoliberal a las formas previas de organización productiva capitalista, con el consiguiente desempleo y quiebra del tejido social es la causa mayor del creciente desplazamiento y éxodo forzado de millones de personas hacia Estados Unidos. Pero la agrava considerablemente el auge imparable de las organizaciones criminales y la brutal violencia que ejercen contra pueblos y comunidades, cuyo mapa de actuación se superpone al de los megaproyectos del neoliberalismo .

No es en Caracas, es en Washington, donde hace tiempo se viene gestando la tragedia migratoria de Centroamérica y México.

Twitter: @aguerraguerra

 

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