Sábado, 25 Agosto 2018 07:46

Ultimo llamado para los sin pasaporte

Ultimo llamado para los sin pasaporte

La acción estuvo coordinada por el gobierno ecuatoriano, que confirmó la existencia de un corredor humanitario para que los venezolanos lleguen a destino de forma segura. A medianoche, empezaron los nuevos requerimientos de pasaportes.

Cientos de exiliados venezolanos viajaron ayer en buses para entrar a Perú antes de medianoche, momento en que empezaron los nuevos requerimientos en materia de pasaportes. La acción estuvo coordinada por el gobierno ecuatoriano, que confirmó ayer la existencia de un corredor humanitario para que los venezolanos lleguen a destino de forma segura. Los migrantes salieron desde varios puntos de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, fronteriza con Colombia, hasta el puente internacional de Huaquillas, en el sur de Ecuador y próximo a Perú. 

“Este corredor humanitario se ha querido establecer para este fin de semana. Nos vamos a quedar hasta que se complete el corredor con los 36 buses que se desplegaron, nosotros vamos a estar aquí hasta que esos buses se desocupen”, aseguró Carlos Basantes, subsecretario de Gestión de Riesgos de Ecuador, quien por la tarde de ayer afirmó que hasta el momento habían salido 23 vehículos con más de 900 personas. “Este es un proceso lento pero destinado a evacuar a todos”, enfatizó. El subsecretario informó que primero salieron 20 colectivos desde un paso fronterizo con Colombia situado en la provincia de Carchi y luego se sumaron otros tres, que salieron de Sucumbíos. “La población que cubrimos en este corredor es población que ya selló todo su registro migratorio y está todo en regla”, agregó Basantes.


Los buses llegaron ayer por la tarde al puente internacional de Huaquillas, en el sur de Ecuador y fronterizo con Perú. El puente fue escenario de tensiones y esperanzas de migrantes que corrían a contra reloj para ingresar a territorio peruano antes que entrase en vigor el requisito de pasaporte, aprobado por Perú la semana pasada. Apenas cruzaron el paso fronterizo, los venezolanos hicieron extensas filas para tramitar la entrada en territorio con sus documentos de identidad. El Centro Binacional de Atención de Frontera (Cebaf) de Huaquillas, administrado por Juan Carlos Peñaherrera, es el encargado de coordinar y ejecutar, junto con diferentes instituciones, un plan de contingencia para atender la aglomeración de venezolanos en la frontera.


“Suponemos que va a venir bastante gente, porque es el último día en que los venezolanos podrán pasar sólo con la cédula, porque a partir de las cero horas del sábado, en Perú ya les pedirán el pasaporte”, informó Peñaherrera. El administrador del centro fronterizo agregó que hace días que llegan buses periódicamente y que ayer esperaban entre 1.500 y 3.000. Para la contingencia el Ministerio de Salud dispuso una atención permanente las 24 horas con siete médicos, mientras que la Cruz Roja Ecuatoriana tiene dos psicólogos y personal para actuar en caso de alguna emergencia. Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) instaló en el lugar carpas para atender a los niños con juegos e incluso funciona como una guardería, en caso de que sus padres tengan que dejarlos por efectuar trámites, según informó Peñaherrera.


Por su parte, el representante del ejecutivo de Huaquillas, Carlos Tamayo, destacó la actitud solidaria de los habitantes de esa jurisdicción que colaboraron ofreciendo comida a los recién llegados. Tamayo destacó la generosidad de la gente y calificó de hermanos a los migrantes del país vecino. En los patios aledaños y en la calles circundante del puesto de migración, muchos venezolanos improvisaron asientos con los bolsos de equipaje para descansar y esperar el turno para tramitar su paso a Perú.


La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó ayer su preocupación ante la salida de los venezolanos hacia los países vecinos, así como a Estados Unidos, Canadá y España. “Esto puede convertirse rápidamente en una crisis”, advirtió Joel Millman, portavoz de la OIM. En una rueda de prensa en Naciones Unidas (ONU), Millan alertó que la situación se parece cada vez más a la crisis de los refugiados en el Mediterráneo. “La comunidad internacional debe empezar a alinear sus prioridades, financiación y medios para gestionar la huida de venezolanos de su país debido a la crisis económica, política y social en la nación andina, así como su posterior acogida”, exhortó. Los máximos responsables de la OIM, William Lacy Swing, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, también exigieron a la comunidad internacional más apoyo con los países latinoamericanos. El portavoz de Acnur, Andrej Mahecic, a su vez subrayó su preocupación por los recientes actos de violencia y manifestaciones xenófobas contra los inmigrantes en algunos países de América latina y el Caribe. “Es peligroso porque aumentan la estigmatización y ponen en riesgo la integración”, explicó.

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Prisioneros de EE.UU. inician huelga nacional por “el fin de la esclavitud moderna”

Prisioneros de todo Estados Unidos se preparan para iniciar una huelga nacional para reivindicar mejores condiciones de vida, mayor acceso a recursos y “el fin de la esclavitud moderna”. Se espera que prisioneros de al menos 17 estados participen en protestas pacíficas coordinadas, huelgas de hambre, interrupciones laborales y boicots a las tiendas de las cárceles, desde hoy hasta el 9 de setiembre, cuando se cumple el 47º aniversario de la revuelta de la prisión de Attica, un hecho ocurrido en 1971, cuando los reclusos tomaron la cárcel para denunciar las condiciones inhumanas que se registraban en las instalaciones y que terminó cuando agentes de la policía estatal armados allanaron la prisión y dispararon indiscriminadamente más de 2.000 cargas de municiones. Finalmente, 39 hombres perdieron la vida: 29 reclusos y diez guardias. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre la huelga de prisiones nacional.

 

21 AGO. 2018 

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Eduardo Esparza, de la serie “Palabra y memoria” (Cortesía del autor)

Los claroscuros en materia de Derechos Humanos, del gobierno que llega hasta el 6 de agosto, son notables. Todo parece indicar que la ausencia en Juan Manuel Santos de un espíritu realmente reformista, y de paz integral, le impidieron romper con lo heredado de su predecesor, del cual fue Ministro de Defensa por varios años, los mismos en que los llamados “falsos positivos” alcanzaron su mayor pico.

En la última etapa de la vida nacional, en aquella donde la guerra ha entrado en lo que pudiera ser su etapa de negociación definitiva, existen cuatro fechas que deben recordarse: el 26 de agosto de 2016, cuando fue suscrito el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno y las Farc; el 2 de octubre de 2016, cuando el No venció al Sí en el plebiscito refrendatario del Acuerdo; el 24 de noviembre del mismo año, al firmarse un nuevo Acuerdo, conocido como el Acuerdo de El Colón aprobado por el Congreso de la República una semana después, el 1 de diciembre.


Con la primera fecha culminaba un proceso de cerca de seis años de negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno, concretando la promesa de Santos al momento de su reelección, de hacer realidad la paz en Colombia. Con la segunda realza la incapacidad de Santos para medir el poder del uribismo en la vida cotidiana del país; con la tercera sobresale la complacencia de todo el establecimiento con la derrota política, además de la militar, propinada al campesinado alzado en armas, y con la cuarta sale a la luz la farsa santista al no actuar con sus mayorías en el legislativo para neutralizar parte o todo aquello que desdecía de lo firmado originalmente en La Habana, como gesto de ética y de palabra empeñada, de honor y fidelidad con la lucha por una paz efectiva.


Del espíritu original del Acuerdo y algo más


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 22 de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe sobre Colombia durante el Examen Periódico Universal, EPU, dijo: “El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Hasta ahora, el logro del Acuerdo con las Farc es formal más no real: la guerra y la desigualdad social continúa en nuestro país.


Hasta hacerlos morder el polvo. Ese parece ser el propósito de los sectores dominantes con respecto a las Farc. Veamos. Producto del Acuerdo fueron creados varios mecanismos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que a pesar de los críticos, ha sido una valiosa contribución al derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo no se había logrado que una organización guerrillera, al pactar la paz, aceptara someterse a la justicia; tampoco que el Estado se comprometiera a crear un mecanismo y un procedimiento para el juzgamiento expedito y restaurativo de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por sus propios agentes.


Por desfortuna, el Acuerdo inicial de La Habana fue hecho trizas por el Acuerdo del Teatro Colón, el Congreso y la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la JEP, primero, al excluir de su conocimiento a los civiles y a los agentes estatales que no fueran miembros de la Fuerza Pública, los llamados “terceros”, y segundo, convertirlo en un Tribunal contra la guerrilla, lo que es inconstitucional, al crear una Sala Especial para los militares y dejarlos en el limbo durante 6 meses. Esto a pesar que los militares activos estuvieron de acuerdo con la JEP a través del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares.


Unos cambios que pueden tener consecuencias en el mediano plazo, pues tales enmendaduras pueden dejarles expuestos a la acción de la Corte Penal Internacional, CPI, a la vez que socavan a la verdad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados por la JEP. Según informaciones de prensa se han acogido a esa jurisdicción los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uzcátegui, Henry William Torres Escalante, y Mario Montoya, y otros estudian la posibilidad de hacerlo como Jesús Armando Arias Cabrales –todos acusados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos–.


Con las modificaciones también quedan desconocidos los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, lo cual contradice un pilar fundamental del Acuerdo: la centralidad de las víctimas; aplaza y, eventualmente, deniega el derecho de ellas a la justicia. La CPI puede considerar inválida esta norma, lo que le abriría las puertas para actuar, al no existir una justicia genuina en Colombia, según lo previsto en los artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma, cuando se considere que un Estado haya investigado o juzgado a una persona a través de procedimientos orientados a dejarla impune.


Por otro lado, se quiere convertir a la JEP en una notaria en materia de extradición, lo cual es violatorio de la Constitución, al reducir y limitar su función en el procedimiento a “determinar la fecha de la conducta”. Lo anterior, a pesar de que el Acto Legislativo 01 de 2017 dejó claro que su mandato es el de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” (c.m.). Limitar su rol a “determinar” la fecha, dejaría por fuera las otras dos atribuciones de “evaluar” y “decidir”. Esta norma tiene nombre propio: el ex guerrillero Jesús Santrich y fue adoptada con el propósito de forzar su extradición. ¿Complacencia de todo el establecimiento?


Pasados casi dos años de la firma del Acuerdo es evidente que en Colombia transitaríamos hacia una mejoría evidente en lo referido a la totalidad que implican los derechos humanos, pero en la acción desplegada desde el mismo poder contra el importante logro de desmontar la parte más sustancial de la guerra lo abierto es lo contrario, como queda claro con la ola de líderes sociales asesinados, al igual que de exguerrilleros farianos, así como de familiares de estos.


Todo lleva a reclamar el cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz. Hay con que proceder: los organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato fue reforzado por el Acuerdo para hacerle seguimiento a la paz, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, Cidh que firmó un convenio con el gobierno colombiano para tal fin, así como la CPI, entre otros, deben vigilar para que las obligaciones contenidas en el Acuerdo se cumplan. Así que estos organismos tienen mucho trabajo por hacer, y requieren para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.


La violencia sociopolítica


A pesar del fin del conflicto armado con las Farc, al menos en lo formal, continúa la violencia sociopolítica. El paramilitarismo sigue existiendo, y con poder creciente. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006 no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes; y sus mandos medios y diversas estructuras continuaron con su accionar delincuencial a lo largo de los años 2011-2018, cuando el “gobierno de la paz” decía estar actuando. A su par, sus financiadores y los políticos y empresarios beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados, aumentando su capacidad militar y control territorial, a pesar de los mecanismos para su desmonte.


En paralelo, continúa el accionar el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las disidencias de las Farc, y otros con diversas denominaciones, todos ellos expandidos territorialmente y reconfigurados. El Estado continúa sin hacer presencia en varias regiones del país y persiste la indiferencia de un sector de la sociedad en las grandes ciudades frente a la guerra.


Según el informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal, EPU 2013-2017, durante estos años, que cubren un buen segmento del gobierno Santos, aumentaron los homicidios, las desapariciones y los desplazamiento forzados, tortura, amenazas y violencia sexual. El desplazamiento forzado persiste y el número total de víctimas sigue en espiral. A pesar de toda la promesa gubernamental, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de desplazamiento forzado. La Corte Constitucional mantiene vigente el “Estado de Cosas Inconstitucional” en la materia después de trece años. El Acuerdo ordena fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la Defensoría, como mecanismo de prevención del desplazamiento forzado y otras violaciones, desafío pendiente.


Las defensoras/es de derechos humanos


El patrón y la grave situación de ausencia de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia son pan de cada día. La indiferencia social de una parte de la población hacia dicha labor persiste, aunque la sociedad comienza a despertar, como lo evidencia la luz desprendida por el “Velatón Nacional” que llenó de solidaridad diversas plazas del país y del exterior el pasado 6 de julio, luz en demanda de colocarle final a los asesinatos y amenazas sufridas por los liderazgos sociales existentes en el país, así como de superar la impunidad que encubre los cientos de crímenes ejecutados contra ellos.


Estamos ante cifras que no son menores. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14) –departamentos donde existen importantes procesos de organización social. Pero también operan grupos paramilitares, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas. Existen cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico y actividades extractivas legales.


Las cifras de asesinatos de defensoras/es de derechos humanos varían en montos y periodos con tendencia al alza. Para la Defensoría, desde la suscripción del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el 1 de julio de 2018, el número asciende a 311 defensoras asesinados. Según el programa “Somos Defensores”, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo en 2017. Por su parte y según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos.


La Cidh el 19 de julio de 2018, expresó su alarma y condenó esta secuencia de asesinatos. Reiteró su llamado al Estado de tomar medidas urgentes para proteger a las defensoras/es y llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.


Las cifras, datos y pronunciamiento parten del presupuesto de reconocer la amplia labor de defensa de los derechos humanos e incluye líderes y lideresas sociales, comunales, personas que trabajan por la paz, que ejercen actividades políticas y lideran procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras. Mientras continúa la matanza, mientras se viola el derecho humano fundamental a la vida, y persisten las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en especial las sistemáticas violaciones contra las defensoras/es que permanecen en la impunidad), no es posible hablar de paz.


La política de seguridad


Estamos ante una política de derechos humanos que demanda cambiar el rol del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, regulando la política de seguridad, en dos aspectos fundamentales: 1) En la misma relación entre la Policía Nacional y Ejército Nacional. Esta última fuerza continúa asumiendo tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social –que el gobierno Duque quiere regular– hasta la lucha contra el crimen organizado, que le corresponde a la Policía. La política del Ministerio de Defensa fue determinada a finales de 2016, cuando decidió no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 2) Con respecto a las actividades de inteligencia estatal, activada de manera ilegal en contra de los magistrados de la Corte Suprema, los políticos de oposición, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de derechos.


Todo esto con retos importantes para el Gobierno, el cual debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía, como lo ha pedido la Oficina del Alto Comisionado en Colombia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con compromisos por cumplir por parte del gobierno, como la depuración de los archivos de inteligencia, compromiso vigente desde 1997 con las Ong de derechos humanos. A su vez, debe hacer públicas las recomendaciones que sobre este tema le formuló en julio del 2017 una Comisión creada por la ley de inteligencia.


La vida, la malvivencia


Aunque nuestra Carta Constitucional retoma todos los derechos humanos, incluyendo todos los convenios firmados por el país en este campo, el país no deja de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. El 29,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza por ingresos lo que en el campo se eleva al 33 en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico son las más afectadas.


La brecha entre lo urbano y lo rural no se cierra. Los territorios habitados mayoritariamente por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Mientras en el 2003 el índice del Gini era de 0,554, en el 2016 es de 0,517248. La reforma tributaria de 2016 no afectó a los más ricos y si a las mayorías nacionales; el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres.
El aspecto que le dio origen al conflicto que ahora pretende cerrarse vía negociada, la tierra, persiste la desigualdad en su tenencia. Para el Censo Nacional Agropecuario, un 40.1 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8 está ocupada por el 69.9 por ciento de unidades productivas con cinco hectáreas o menos.


En ciudad y campo las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto, con un 9,8 por ciento en el total nacional, pero si se detallara por regiones el campo también mostraría mayor afectación. Hay un 54.0 por ciento de desempleo juvenil rural; el 25.6 de los jóvenes del campo no estudian y no trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios. Este nivel de violación de derechos básicos, es aún más notable en departamentos como el Chocó y La Guajira, donde los índices de mortalidad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable.


No es casual, por tanto, que la Oficina del Alto Comisionado en Colombia pida “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Es necesario gozar de vida digna y dejar de malvivir, es un derecho humano fundamental. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

 

*Abogado. Integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, su más reciente libro El Pacto del silencio, ediciones desde abajo, 2017.

 

 

 

 

 

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Sábado, 11 Agosto 2018 09:10

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

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Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: Millones de argentinas y latinoamericanas ansían con esperanza ¡Que sea Ley!

Es un momento histórico importante. Los ojos y el corazón de millones de mujeres argentinas y latinoamericanas estarán puestos este 8A en el recinto del Senado de la Nación Argentina, en el que se debatirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya con media sanción en la Cámara de Diputados.

Una marea de mujeres de todas las edades se apresta a velar en las calles por su derecho a decidir, ataviadas con el mítico pañuelo verde que ya ondea como bandera en toda América Latina.


Una gran cantidad de argumentos fueron expuestos en el debate desarrollado durante las sesiones previas y las previstas para el tratamiento parlamentario de la Ley. La controversia – y como no había sucedido en ningún momento de la gestión macrista en el ejecutivo – transformó el parlamento en un verdadero foro y se constituyó en una extensa muestra de real discusión democrática, con participación de organizaciones y referentes sociales, de académicxs, de activistas, desde diversos ángulos y posturas de la sociedad.


Debate que logró unir adversarios políticos, aspecto imprevisto para un gobierno que hizo lugar a la instalación del tema para distraer y que apuntó a dividir a potenciales aliados para evitar una contundente oposición a su programa antisocial.


La estrategia gubernamental se dirigió a clavar una cuña entre las agrupaciones opositoras de raigambre católica, en particular en el peronismo. El tiro por elevación se dirigió también contra los movimientos sociales de base que la iglesia romana está apoyando para reinstalarse en los sectores populares y recobrar así, al menos en parte, una influencia otrora absoluta, hoy parciamente desplazada por las legiones pentecostales en muchas periferias de la región.


A su vez, el activismo feminista – que desde hace tiempo venía reclamando que ni los espacios conservadores, ni los progresistas, ni siquiera aquellos revolucionarios, colocaron el tema en la agenda política – aprovechó el espacio y el clamor se extendió. Ganó los colegios, los hogares, la plaza pública.


Sacar la cuestión del aborto de su ocultamiento forzado, socializar su realidad cotidiana, develarlo como una problemática social, destacar la desigualdad que expone, todo ello significó en sí mismo una primera gran victoria.


Y ante el debilitamiento de un patriarcado de siglos, una decidida marea feminista encarnó en una porción mayoritaria de la generación joven y generó la presión suficiente. Esto abrió las puertas a la inminente posibilidad de aprobación de una ley que garantice, a todas las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, una adecuada protección médica, el acompañamiento del Estado y la correspondiente equidad que proveen la gratuidad y la legalidad.


La sanción definitiva de la Ley en Argentina – cuya aprobación pionera en la región corresponde a Uruguay – desataría un efecto dominó de proporciones indetenibles en América Latina, masificando el reclamo, colocando el tema entre las prioridades y poniendo en jaque a los gobiernos de todos los signos políticos.


Es probable que todo ya haya sido dicho en las incalculables discusiones sostenidas. Pero en circunstancias tan relevantes como ésta, la historia exige no guardar silencio y sentar posición, dejando de lado toda pretensión de originalidad o exégesis.


Desigualdad social- embarazo adolescente- desigualdad social: un ciclo nefasto


El embarazo no deseado es un motor primario entre las causas de pobreza, de desigualdad de género y de privación de futuro elegido para millones de adolescentes y niñas.


Según cifras actualizadas, en el mundo tan sólo el 52% de las mujeres casadas o en otro tipo de unión es libre de tomar sus propias decisiones respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención sanitaria.


Por otra parte, los embarazos no deseados ocurren con mucha mayor frecuencia en contextos de pauperización y segregación. Los datos son contundentes: En Argentina, por ejemplo, según se informa en una nota del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), nueve de cada diez madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos.


La misma nota señala que “15% de los bebés que nacen al año tiene una madre adolescente menor de 20 años” y que “el 67% de esos embarazos no es intencional o planificado”. En gran parte de los casos, la maternidad a temprana edad va de la mano con el abandono de la escuela: el artículo citado puntualiza que “un 30% de las mujeres de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad”. Con ello, se recortan las posibilidades de formación profesional y se cierra el círculo de pobreza, dependencia económica y desigualdad.


Este es el cuadro real de una de las principales fuentes de reproducción de miseria y de vulneración de igualdad de oportunidades en toda América Latina y el mundo. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado es un aporte importante a la lucha por superar la exclusión y la postergación de la mujer.


La prohibición mata, la culpa asfixia


Nada nuevo diremos confirmando que muchas muertes podrían ser evitadas brindando un marco legal a procedimientos de aborto que, al desarrollarse de manera clandestina, lo único que garantizan es un alto grado de riesgo para la mujer. Esto se verifica, nuevamente, en los estratos más pobres, en las periferias urbanas y en entornos rurales.


La criminalización de un número significativo de mujeres en una situación comprometida es de por sí un hecho inaceptable. Mucho más si el mismo hecho, en la mayor parte del mundo, está legalmente garantizado.
Por otro lado, la prohibición no detiene ni minimiza el número de abortos. Simplemente los oculta, los exilia, los complica.


Pero hay acaso un arma tan o más letal que se introduce en la argumentación antiabortista, una sustancia invisible que envenena por dentro. Que es infinitamente más dolorosa, que también mata, pero más lentamente. Es la culpa inducida. Es la acusación de asesinato inoculada por una moral acusadora y ciertamente hipócrita, a juzgar por los actos de muchos de los que la defienden y promulgan.


La culpa debilita, atemoriza y justifica el castigo. En definitiva, la culpa es un mecanismo de control. Un instrumento para mantener la sumisión. Por eso es que la culpa la promueven quienes detentan un poder conquistado a base de imposiciones y no desean perderlo. Es tiempo de acabar con el tormento de la culpa. Ella es la verdadera asesina y sus cómplices, quienes la multiplican.


La ley que permita el aborto, en tanto norma democráticamente sancionada, en tanto canon de moralidad social aceptado, en tanto posibilidad de elegir con mayor libertad las propias acciones, es un aporte a la liberación de la culpa y por tanto, de ganar en fortaleza y felicidad interior, lo cual, indudablemente es el objetivo de toda construcción social evolutiva.


La lucha perenne entre lo humano y lo natural


De trasfondo, la pugna que suscita el tema de la interrupción voluntaria de un “hecho natural”, es entre los defensores de un derecho natural, dado, divino e inconmovible y quienes apuestan por el desarrollo humano a partir de la intencionalidad presente en su conciencia y expresada en sus actos. Entre un destino impuesto y un futuro construido desde un impulso interior. Entre un espíritu esclavo y una redención creativa.


Es justo reconocer que el ser humano es – paradójicamente “por su propia naturaleza”- un transgresor, un transformador, un inconforme y un rebelde a las condiciones impuestas por la misma naturaleza. En su respuesta no mecánica ante cualquier acontecimiento, reside su posibilidad de elegir y de cambiar lo dado.

Es la eterna lucha entre la inmovilidad y la intención transformadora, ésta última tarde o temprano, invencible.


Progresión histórica de derechos


Ver en perspectiva histórica aclara el panorama. Si uno observa la progresión histórica en la conquista de derechos, es evidente que el avance de los derechos de las mujeres es indetenible.


Hubo un larguísimo tiempo en que la mujer era apenas un instrumento de procreación, un mero apéndice de la voluntad masculina, que decidía de forma omnímoda sobre la vida de toda mujer a su alrededor. Un tiempo en que no existía divorcio, o que éste requería de la voluntad masculina para realizarse. Un tiempo en que la mujer no podía amar a quien quisiera.


Hubo que luchar con determinación para que la mujer tuviera derecho a votar, a constar como propietaria de tierras, pudiera estudiar o ejercer determinadas profesiones. Para poder ser recibida en todos los ámbitos con deferencia, respeto e igualdad de condiciones. Muchas trabas fueron removidas – aunque aún de forma parcial – para que cada vez más mujeres asuman posiciones decisivas en ámbitos políticos, sindicales o empresariales.


Aunque buena parte de esta flagrante discriminación va siendo dejada atrás, importa recordar lo que sucedió. No solamente para disponerse decididamente a reparar tamaña injusticia, sino también para no interponerse inútilmente ante transformaciones que sin duda ocurrirán. Es más, mirar en perspectiva alienta a convertirse en protagonista de dichos cambios. Las mujeres que hoy empujan el avance de derechos, son heroínas históricas, como lo fueron, sin duda alguna, sus miles de antecesoras.


¡Que sea Ley! Porque así lo requiere el avance de derechos y en definitiva, la historia.

 

06.08.2018 - Córdoba, Argentina - Javier Tolcachier
Pressenza

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Lunes, 06 Agosto 2018 08:22

La lista macabra

La lista macabra

Tiene una larguísima trayectoria de militancia sandinista. Lideró la comisión del Fsln que debía esclarecer el caso de “la piñata”, pero le impidieron indagar. La organización que dirige hoy ha recibido cerca de mil denuncias de violaciones de los derechos humanos desde que estallaron las protestas populares en Nicaragua en abril: sobre asesinados, heridos, torturas, desapariciones, persecuciones… El Cenidh lleva la cuenta de los muertos en la rebelión popular. Ya son al menos 302.

La doctora Vilma Núñez cumple en unos meses 80 años. Hace 60 comenzaba a estudiar derecho en la Universidad de León. El antisomocismo de la infancia se convirtió por más de dos décadas en militancia sandinista y en un compromiso por los derechos humanos que dura hasta hoy.


Eligió el derecho penal y sobre todo defender. Hace 20 años patrocinó a Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo e hijastra del comandante Daniel Ortega, en la acusación contra su padrastro de abuso sexual cuando tenía 11 años. Ese enfrentamiento legal y ético con el “monstruo que creamos en Nicaragua” la apartó definitivamente del Frente Sandinista, según confiesa a Brecha.


Fundó y preside el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), institución que en los últimos meses se ha dedicado a documentar las muertes que se han producido a raíz de las protestas cívicas autoconvocadas que estallaron el 18 de abril pasado, y su represión. Una lista “macabra”, que se completa con dolor, asegura.


Brecha conversó con ella durante su visita de esta semana a Montevideo, en la que presentó en la antesala del Senado el informe de Amnistía Internacional “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”.


—¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Nicaragua?


—Estamos viviendo una realidad que no es nueva. Es una crisis de violación sistemática de los derechos humanos. Pero a su vez es una situación inédita. La novedad radica en la forma que han tomado estas violaciones, su profundidad y magnitud, su prolongación en el tiempo, los métodos empleados y las pocas posibilidades de solución inmediata.


Esta situación, sin embargo, se venía gestando desde que Daniel Ortega llegó por segunda vez al poder y prácticamente empezó a desmontar el Estado de derecho y a destruir la institucionalidad, asumiendo el control total y absoluto de todas las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial hasta los cuerpos militares, como la Policía y el Ejército.


Al romper la institucionalidad, al no haber mecanismos de protección para los derechos humanos, éstos se han ido deteriorando progresivamente. Hay una política impulsada en ese sentido: como la exclusión de la participación ciudadana y –algo que no se había dado en mucho tiempo– la persecución a los defensores de los derechos humanos, quizás no con las características que adquiere en otros países, pero sí con una obstaculización permanente.


Hay una persecución a toda la sociedad civil, que se manifiesta en obstáculos y limitaciones de todo tipo, además de la represión a determinados sectores en la rebelión que tenemos en el país desde mediados de abril.


—Usted dice que la situación no es nueva. ¿Qué signos la anunciaban?


—En Nicaragua, incluso en la izquierda latinoamericana, se llegó a invisibilizar la situación en la que estábamos. Cuando empezamos a denunciar que nos estábamos acercando a una dictadura institucional me decían: “Te estás volviendo contrarrevolucionaria”. Se tenía idealizada la situación y se pensaba que éramos los mejores, hasta el extremo de acuñar la frase de que Nicaragua era el país más seguro de América, en lugar de decir que tal vez era el país con menos niveles de inseguridad visible. Porque es más difícil luchar contra un enemigo oculto.


Llevo 60 años de militancia y lucha en derechos humanos, desde que era estudiante. Luché contra la dictadura de Somoza, fui presa por esa misma dictadura, y digo que era más fácil luchar contra la guardia asesina de Somoza que mataba en las calles que luchar contra el actual régimen.


—¿Por qué?


—Ahora los métodos son más perversos y sutiles; es más difícil luchar contra estos enemigos ocultos, contra autoridades que disfrazan de legalidad los actos violatorios que cometen. Por ejemplo, ahora en Nicaragua se acaban de dictar dos leyes que pretenden reformar la legislación y tipificar nuevamente la figura del delito de terrorismo, que ya estaba tipificado en el Código Penal con sus características propias, y hacer aparecer como terrorismo todas las acciones y actividades que se pueden dar en medio de estas crisis que se han establecido en el país.


La táctica de Daniel siempre fue cometer una violación de la ley y al rato hacer que apareciera una nueva ley donde eso ya no era una violación sino que estaba amparado en ella.


—Los informes que ha publicado el Cenidh de manera recurrente sobre las víctimas mortales durante la rebelión comenzada el 18 de abril han tenido mucha divulgación en la prensa mundial. ¿Cómo trabajan para establecer el número de muertos y documentar esa información?


—En Nicaragua hay tres organizaciones de derechos humanos. Nosotros vamos más conservadoramente en los números porque tratamos de verificar, es una de las cosas en las que más hemos tenido cuidado. No es cuestión meramente de acumular estos datos macabros con cifras y nombres.


Primero se conoce la noticia. Cuando es difundida en los medios suelen surgir dos situaciones. Una es que los familiares o conocidos se comunican con nosotros y entonces tratamos de ubicar directamente a la víctima. Si no, la empezamos a buscar en los medios, por ejemplo si tiene Whatsapp, Internet, a través de la cédula, del padrón electoral… Cuando ya documentamos esos primeros datos, en los casos en que la familia no llegó directamente a nosotros, empezamos a buscar cómo contactar a la familia, a los amigos, etcétera, hasta tener la certeza.


Hay un margen de error, pero siempre hemos tenido mucho cuidado y por eso nos asustan las cifras de otros lados, de otros colegas.


Cada día que tenemos que incorporar una muerte a la lista es un sufrimiento y una angustia para el que está realizando esta tarea. A la compañera a la que le toca eso a veces le cuesta sentarse en la computadora para ingresar nombres. Es verdaderamente terrible.


—¿De qué depende el margen de error?


—El margen de error, por ejemplo, crece por diversos motivos, especialmente por el miedo. Hay temor, la gente ha comenzado a huir. Después de que se desmontaron los tranques (retenes) y las barricadas hubo prácticamente una cacería humana que ha hecho más difícil la identificación. Por ejemplo, en Monimbó, Masaya, mucha gente huyó. Salieron por las laderas de Laguna de Masaya y no se han encontrado, no sabemos dónde están. Lo mismo ocurrió en Chontales, muchos huyeron para las montañas, y llevaban heridos que no quisieron quedarse en los hospitales. No hay que olvidarse de que el sistema de salud pública también fue instrumentalizado.


—¿Se expide algún certificado de defunción por los muertos?


—No del todo. Porque también estas instancias judiciales y administrativas han sido intervenidas, sobre todo en Managua, y coludieron con el gobierno y recibieron instrucciones. El Instituto de Medicina Legal juega un rol muy importante con sus dictámenes. A una familia, por ejemplo, le entregaron el cadáver en la morgue y le dieron el dictamen médico-legal. Cuando comenzaron a vestirlo para el velorio encontraron una serie de señales que no se correspondían con el dictamen. Nos avisaron, buscamos a un médico patólogo privado y él determinó que había sido muerto por balas.


Hay una estrategia que consiste en impedir que se sepa que las muertes fueron violentas y que fueron probadas. Hay toda una tarea pendiente, que es documentar al máximo, porque se tiene que saber la verdad.
—¿Hay gente armada entre los manifestantes?


—Los muchachos no tienen el arsenal y el tipo de armas que el gobierno está usando, pero definitivamente llevaban piedras, palos, huleras (hondas), y también morteros, que son armas con bombas no de contacto, de fabricación casera, que se arrojan con un disparador mecánico, un tubo donde se pone la punta y tiene un percutor que se jala y el mortero dispara.
Son usados con el propósito de defenderse. Porque no hay que olvidarse de que ha sido una agresión contra un pueblo desarmado que ha tenido que defenderse. No se puede decir que estuvieron ahí esperando que les cayeran las balas encima.


No lo puedo afirmar categóricamente, pero no puedo imaginarme que hayan podido mantener ese nivel de resistencia tan grande y prolongada, en esas condiciones tan difíciles, detrás de las barricadas, sin defenderse. Aunque no con AK, ni armas de ese tipo. Pero sí algo tiene que haber habido.


—¿Ha habido muertos en la Policía y los paramilitares?


—Hay muertos de los dos lados. En esa lista macabra que confeccionamos no hacemos diferencias, está compuesta por todos. En la lista hay 28 muertos del Fsln; son los paramilitares y miembros del partido. Fueron los que quemaron radio Darío; no los mató la resistencia, sino que con la misma bomba incendiaria que lanzaron se quemaron ellos mismos.


En este sentido fue terrible para mí escuchar el mensaje de Daniel Ortega a través de Cnn, en el que dijo que sólo son 195 muertos (según las cifras oficiales en ese momento), aceptando que hay que restarles los 21 policías (que figuran en el conteo de muertos en los enfrentamiento), como si no fueran personas o que fueran de su pertenencia. Aquí no se trata de cifras, sino de personas humanas y cómo los ha matado.
—¿Tomando en cuenta su propia trayectoria en el Fsln, podía imaginar el escenario actual?


—Hoy el Frente Sandinista existe como sigla registrada en el Consejo Supremo Electoral, pero la verdad es que el frente que formamos una vez con mucha ilusión y convicción ya no existe.
Ya en épocas de la revolución la igualdad que se proclamaba no se veía; había estándares de vida en la dirigencia sandinista que no se correspondían con las limitaciones que vivía la generalidad de la gente en Nicaragua. La derrota no fue tanto política, al perder las elecciones en 1990, sino la debacle ética que representó “la piñata”, que tiene repercusiones hasta ahora.


Muchos dirigentes decidieron irse y dedicarse a cuestiones personales, como terminar sus estudios. Algunos estaban desconformes, pero decidieron no decir nada. Sergio Ramírez fundó en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista (Mrs). En ese momento yo tenía más participación política y no estaba de acuerdo, me parecía que tanto Sergio como Dora María Téllez tenían muchas más posibilidades de hacer cambios dentro del Frente, y opté por luchar dentro.


Una parte importantísima del Frente se fue al Mrs, muchas cabezas pensantes. Algunos nos quedamos dando la batalla internamente. Los únicos comandantes que siguieron fueron Daniel Ortega, Bayardo Arce y Tomás Borge. Pero el que manejaba todo era Daniel.


En 1996 establecieron que iba a haber una consulta popular interna para escoger a los candidatos. Todo eso resultó un engaño después, sin embargo un grupo de compañeros me instaron a asumir el reto de enfrentarme a Daniel Ortega en esa campaña. Le quité un 30 por ciento de votos en el congreso, y lo tomó como una falta de respeto. Yo sabía que no le iba a ganar, era una contribución para abrir espacios.
—¿Se investigó “la piñata”?


—Lo de “la piñata” es lo más terrible que ha pasado. Cuando fue el primer congreso del Frente Sandinista luego de la derrota hubo una gran presión para que se esclareciera, y se vieron obligados a nombrar una comisión de ética. Yo salí electa por unanimidad coordinadora de la comisión, junto a cuatro compañeros más. Fue la frustración más grande de mi vida, no había ninguna posibilidad de investigar. Un día tuve que rendir un informe ante la asamblea sandinista diciendo que no había ninguna posibilidad real de investigación y que ninguno de los dirigentes daba información. Daniel Ortega era uno de los primeros que se oponían a que se conociera cuál era el patrimonio del Frente Sandinista. Me convencí de que lo que decían, que “la piñata” era para poder tener fondos para seguir haciendo la revolución, era pura mentira. Lo que buscaban era el enriquecimiento personal.


—¿Qué la llevó a ser abogada y consagrar su vida a la defensa de los derechos humanos?


—Siempre tiene que haber una motivación personal cuando se defienden los derechos humanos. Soy originaria de un pueblo del centro del país, Acoyapa, departamento de Chontales. Mi padre era dirigente del Partido Conservador, el partido tradicional de oposición a Somoza, y cada vez que había una revuelta en contra de Somoza a mi padre lo encarcelaban. Aquello de ir a buscarlo a la cárcel, de rogarles a los guardias, me fue convirtiendo en antisomocista.


Generé mi conciencia política en la Universidad de León, a la que ingresé en 1958 y que inauguraba la autonomía universitaria. Comencé a vincularme con el movimiento estudiantil cuando fundamos un comité estudiantil por la libertad de los presos políticos universitarios; estaban presos dos profesores universitarios y un estudiante, que era Tomás Borge. Los vinculaban con el ajusticiamiento de Somoza García, allí en León, en 1956.


Soy sobreviviente de la masacre estudiantil de 1959. Luego fundamos lo que se llamó la Generación del 23 de Julio, cuna de la que surgió el Frente Sandinista en 1961. Me vinculé al Frente en 1974, cuando era abogada penalista, defendiendo gratuitamente a todos los reos políticos.


—¿Usted se apartó del Frente Sandinista?


—Yo pensé que con la revolución definitivamente nos habíamos desligado de la atadura con Somoza. Me imaginaba la revolución como un muchacho armado con un fusil en una mano y el estatuto fundamental en la otra, porque ahí se describía la nueva Nicaragua, la nueva Constitución, prácticamente, que abolió la pena de muerte, pregonaba el respeto absoluto a los derechos humanos, etcétera. Era una idealización muy grande y creo que por eso mismo se convirtió en un error.


La razón por la que me separé del Frente fue la denuncia de Zoilamérica Murillo contra Daniel Ortega. Contra la falta de democracia se podía luchar internamente, “la piñata” era una barbaridad, pero pensar y llegar a convencerme de que era un violador de una niña de 11 años no lo podía aceptar.


Y a pesar de que la misma Rosario Murillo intentaba convencerme de que no le creyera, fui la abogada de Zoilamérica y llevé el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso me sacó completamente del partido.


Con todo lo que está pasando creo que tenemos que hacer un examen, una autocrítica, preguntarnos en qué fallamos y de qué somos responsables.


Muchas veces he pensado que hay una deuda pendiente con los 50 mil muertos de la guerra: cuando se terminó la guerra y se perdieron las elecciones no se creó una comisión de la verdad. Eso ha hecho que lleguen a mi mente una serie de cosas que ahora me parecen terribles. Ayer me estaba acordando del caso de un muchacho de aquí, de Uruguay, que murió allá, muerto por la contra. Hijo de una compañera llamada Susana Iglesias. Ese muchacho murió en la guerra, defendiendo la revolución, y la forma como se manejaban las situaciones de los que morían en el Ejército era terrible, los invisibilizaban, los enterraban en fosas comunes para que la gente no se diera cuenta.


Y me acuerdo de que Susana llegó a Nicaragua a buscar a su hijo, hasta que encontró su cadáver en una fosa común y se lo trajo para Uruguay.


¿Por qué no les dimos importancia a esas cosas? Todos decían “viene la invasión”, “nos van a invadir”. Una serie de manejos. Ahora estamos frente a un monstruo que creamos. Todos los sandinistas, sea quien sea, tenemos alguna dosis de responsabilidad.


Vilma Núñez hojea un ejemplar de Brecha que lleva en la tapa una foto de José Mujica con Daniel Ortega (20-VII-18) y encuentra el testimonio de uruguayos que combatieron en la revolución sandinista. “No puedo terminar sin dejar un mensaje al pueblo uruguayo. Un sector del pueblo uruguayo contribuyó muchísimo a lo que fue la revolución nicaragüense. Seguramente esta gente se siente tan traicionada como me siento yo. Nosotros esperamos que incidan ante su gobierno, que también tiene la posibilidad y la autoridad moral para hablar y exigir el respeto a los derechos humanos.


Mujica es la única persona en Latinoamérica que se ha animado a hablar. Estas últimas declaraciones dichas así, con dificultad, las dijo. Y las agradezco profundamente”, finalizó.


La última lista


El último informe general del Cenidh consigna que entre el 18 de abril y el 25 de julio de 2018 hubo 302 fallecidos, entre los que se incluyen tres cadáveres sin identificar que están en el Instituto de Medicina Legal.
De ellos, 12 son mujeres y 290 hombres; 18 son menores de edad, entre los que se encuentran dos infantes de cinco y 14 meses y una niña de 2 años y medio. Hay 35 estudiantes de primaria, secundaria y universidad; 21 policías y 28 personas del Fsln vinculadas al conflicto. Entre los muertos también hay tres extranjeros (un cineasta guatemalteco, un ciudadano estadounidense y una médica brasileña) y un periodista nicaragüense.


Los días en los que hubo más fallecidos fueron el 19 y el 20 de abril, y el 30 de mayo.

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Por una prensa libre: la lucha de Emilio Gutiérrez Soto para obtener asilo en EE.UU.

El periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien tuvo que huir de su país para no ser asesinado, acaba de ser liberado de un centro de detención de inmigrantes en Texas. En diciembre del año pasado fue detenido junto a su hijo Oscar por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por su sigla en inglés), dos meses después de recibir un galardón del Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, evento en el que denunció públicamente el proceso de solicitud de asilo. La semana pasada, un juez federal ordenó la liberación de Emilio y Oscar e indicó que las pruebas sugerían que Emilio había sido blanco del ICE por sus denuncias. El caso de Gutiérrez Soto es representativo de la crueldad de las políticas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes y solicitantes de asilo, así como del desprecio cada vez más violento de Trump hacia la libertad de prensa.

En 2005, Emilio escribió una serie de artículos que documentaban casos de corrupción en el ejército mexicano en su estado natal de Chihuahua. Se negó a dejar de informar sobre estos casos y, en 2008, recibió una llamada urgente de una amiga que había oído que Emilio estaba a punto de ser asesinado. Emilio agarró los documentos necesarios para viajar y huyó a la frontera con Estados Unidos junto con su hijo de 14 años. Emilio y Oscar estuvieron detenidos durante varios meses a su llegada y fueron liberados recién cuando su solicitud de asilo se abrió paso a través de un largo proceso. En declaraciones durante la ceremonia de premiación en el Club Nacional de Prensa en octubre de 2017, Emilio dijo: “En el 99% de los casos de asesinato, desapariciones y exilios es el dolor constante en nuestras familias. Doña Impunidad no nos ha dejado de la mano. Mientras la Justicia, Doña Justicia, se prostituye acompañada del Estado para rematar la libertad de expresión. Quienes buscamos asilo político en países como este nos enfrentamos con la cerrazón de autoridades migratorias que regatean las leyes internacionales”. Dos meses después, él y Oscar fueron nuevamente arrestados.


El director ejecutivo del Club Nacional de Prensa, Bill McCarren, inmediatamente se puso al frente de la campaña de apoyo a Emilio y Oscar. Se dirigió a El Paso con el congresista demócrata Beto O’Rourke para tener una reunión con el ICE. El abogado principal del ICE local, Elias Gastelo, aconsejó a McCarren “bajar el tono”. McCarren lo interpretó como que deberían realizar su campaña de apoyo a Emilio de manera menos visible.


Durante los siete meses que estuvo detenido en una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Emilio vivió de primera mano la cruel política de mano dura del presidente Donald Trump contra los inmigrantes. El miércoles, pocos días después de que el juez federal de distrito David Guaderrama ordenara su liberación, Emilio expresó en una entrevista para Democracy Now!: “La forma de vida dentro de ese campo de concentración es sumamente dura. Lo que busca la autoridad inmigratoria es acabarte psicológicamente, y estamos tratando de reanudar nuestra vida en libertad, en media libertad, prácticamente”. Emilio relató la angustia que compartió con muchos de los padres detenidos con él, separados de sus hijos y sin saber si volverán a verlos. Más de 700 menores aún permanecen detenidos y separados de sus padres y madres tras haber cruzado la frontera con ellos.


Si bien Emilio se muestra optimista tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, sigue siendo crítico hacia el actual gobierno mexicano: “El Consulado de México en El Paso es una agencia totalmente al servicio del ICE. No protege en lo absoluto los intereses de los mexicanos. El cónsul se vanagloria de ser muy amigo de William Joyce, el director de campo del ICE”.


Si bien Emilio y Oscar ya no están detenidos, todavía siguen bajo la supervisión de la seguridad interna del ICE: “Esperemos que en estos días las autoridades migratorias, en concreto el ICE, nos regrese nuestros seguros sociales, los documentos que nos han sido decomisados, que no nos regresaron hace una semana”. Además de recibir el Premio a la Libertad de Prensa “John Aubuchon” del Club Nacional de Prensa, Emilio también fue premiado con una beca Knight-Wallace para el próximo año académico por la Universidad de Michigan. Se lo espera en el campus de Ann Arbor el próximo 27 de agosto, pero existe el temor de que el ICEretrase la devolución de sus documentos a modo de castigo, lo cual le impediría viajar: “Tenemos ese compromiso moral de nuestra parte, particularmente mi hijo y yo, de crear conciencia, de solidaridad entre los humanos como una forma de fortalecer nuestros pueblos, nuestra educación, nuestra conducta social. Tenemos mucho trabajo que realizar aún. Tengo mucho que escribir”.


Emilio Gutiérrez Soto y su hijo Oscar, que ahora tiene 24 años de edad, merecen recibir asilo político. Emilio podría haber sido otra estadística, uno más entre las decenas de periodistas mexicanos asesinados en el cumplimiento del deber. Pero, al huir a Estados Unidos, logró sobrevivir. La perspectiva que desarrolló tras su difícil experiencia es necesaria ante el nacimiento de una nueva era en México y los prejuicios antiinmigrantes que consumen a la Casa Blanca.

Columna03 DE AGOSTO DE 2018
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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La ONU criticó el ajuste de Temer en Brasil

Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior. Además Brasil figura nuevamente en el mapa del hambre, lo que no sucedía desde el 2014.

 

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el área de derechos humanos pidieron a la Administración del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, revisar su programa de austeridad ya que continúa en incremento la mortalidad infantil.

La tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en Brasil en el año 2016, un retroceso alarmante ya que esta se mantenía controlada desde 1990. Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior, que la cifra era de 13,3 por ciento.

Ante esta realidad la ONU resaltó en un comunicado que “las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados sufren de manera desproporcionada el resultado de medidas económicas restrictivas en un país que es considerado un ejemplo de políticas progresivas para reducir la pobreza y promover la inclusión social”, informó la cadena Telesur.


A esta realidad se une la reaparición del hambre en Brasil, país que había salido del mapa de la ONU por este tipo de carencias en el año 2014, gracias a los esfuerzos de los gobiernos de los expresidentes brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.


Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la mortalidad infantil llevaba 26 años de baja sostenida y de pronto aumentó. El ente estatal detalló que las causas de este retroceso en el que pierden la vida infantes se debe a la aparición del virus zika y la crisis económica que vivió el país.


La ONU aseveró que “este aumento es motivo de gran preocupación, especialmente por las restricciones presupuestarias en el sistema de salud pública y en otras políticas sociales, que ponen en duda el compromiso del Estado de garantizar los derechos humanos para todos, especialmente los niños y las mujeres”.


Aseguraron que las decisiones fiscales y financieras que se han tomado en el país durante los últimos años han afectado el disfrute de derechos que el Estado debe velar por preservar como lo son, “la vivienda, el agua, la educación, la seguridad y la salud”. Los expertos detallaron que las condiciones actuales siguen empeorando las desigualdades existentes.


El viernes 27 de julio al menos unos cinco mil campesinos dieron inicio a una caravana en Caetés, la ciudad natal del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para manifestar el rechazo del pueblo por la reaparición del hambre en Brasil.


El país salió del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014, esto debido a las políticas públicas de los exmandatarios Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Con la Caravana contra el Hambre, miles de brasileños denuncian que esta conquista fue amenazada por las medidas neoliberales del gobierno de facto de Michel Temer.


Según datos oficiales, el hambre volvió a crecer en 2017, una realidad que será denunciada por los integrantes de la caravana que recorrerán más de cuatro mil kilómetros en los próximos 14 días.


Cinco mil campesinos y campesinas de diferentes lugares del noreste han llegaron a la ciudad para unirse a la actividad organizada por el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones del Frente Brasil Popular. Marchamos “para denunciar el retorno del hambre, para alertar a la población brasileña, a los poderes Legislativo y Judicial sobre el momento que vive Brasil, nosotros no queremos votar por esa situación de pobreza que ya vivimos”, expresó un manifestante.


En la apertura de la caravana se hicieron presentes familiares del expresidente Lula y se sumaron a las proclamas de miles de brasileños que decían “Lula libre”. “Los que roban y hacen lo que no es correcto están sueltos, el pueblo se está muriendo de hambre y en miseria, en la época de Lula nosotros nunca vimos un presidente tan bueno como él fue”, dijo otra integrante de la caravana.


Jóvenes señalaron que se encuentran en lucha contra el hambre porque desde que Lula salió del poder muchos programas fueron cortados y quienes padecen la situación es la población más desfavorecida.

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Sábado, 04 Agosto 2018 07:01

El dolor es político

El dolor es político

“Pare de sufrir”, decían en los ´90 los pastores de las nuevas iglesias electrónicas o a pedal que surgían como hongos en enormes locales que antes habían sido cines. La convocatoria era sencilla, contundente, más abierta imposible. ¿Quién que sufre no quiere parar de sufrir? Y allí iban, para entrar en el trance de la adoración al pastor los que en ese mismo movimiento de encomendarse a las leyes intrincadas de eso llamado destino, abandonaban en simultáneo la perspectiva política del sufrimiento.


Claro que podemos hablar de angustia existencial, de neurosis, de miedo a la libertad, de fobia a la equidad, de la contingencia de la existencia humana, que es la única especie que tiene conciencia de su propia finitud. Pero quiero especificar a qué tipo de sufrimiento me refiero, porque el capitalismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por privatizar también el sufrimiento que provocan sus políticas.


Vivió en mi casa, cuando mi hija era chica y yo volvía muy tarde del diario, una chica boliviana que era pastora evangelista. Su iglesia no era electrónica ni estaba instalada en un ex cine, pero presencié en poco tiempo cómo la lógica de su vida entró de lleno en la lectura religiosa de cada cosa que le pasaba. Jesús no se le había revelado en un momento cualquiera, sino cuando estaba por quitarse la vida en las vías del tren. Fue un impulso de supervivencia. No quiero interpretar algo tan personal. Lo cierto es que siguió viviendo y consagrada a la lectura de la Biblia en cada momento libre.


Pero esto había empezado antes, cuando ella perdió las ganas de vivir. Hacía tres años que había venido de Bolivia porque era la Bolivia de antes de Evo, y necesitaba mandar dinero para una operación que tenía que hacerse su padre. Dejó allá a un novio al que amaba mucho. Cuando la conocí me dijo que estaba de novia, me habló de él, de sus sueños, de sus proyectos, aunque hacía tres años que no se veían, porque él nunca juntaba la plata para venir a verla, y porque ella cambiaba a dólares casi todo su sueldo y lo mandaba a la casa de sus padres.


Alguna vez me pregunté con escepticismo qué pasaría con ese amor expuesto a tanta distancia. Y poco después ella se enteró que él se había casado con otra mujer. Por eso aquella noche estaba caminando por las vías. Porque se le habían roto todos esos sueños y proyectos, y el motor del esfuerzo de trabajar y vivir tan pobremente para poder pagarle esa operación cardíaca al padre, se cayó. Pero cuando estaba a punto de tirarse, me contó que vio a Jesús. No tengo por qué dudar de eso. La salvó esa visión, aunque a partir de entonces fue una especie de fanática obsesiva que hizo la convivencia muy difícil. Todo era leído en clave divina. Que es lo que hacen superlativamente las nuevas iglesias neopentecostales, entre otras, que ya manejan buena parte de la educación pública en Perú, Colombia, Guatemala y otros países de la región.


El nuevo sujeto, la nueva criatura humana que buscan generar destruyendo la educación pública tiene, desde la base inicial hasta los niveles universitarios más altos, esa impronta. A través de ese tipo de religión o del conocimiento como marketing, buscan parir culturalmente a personas que busquen la explicación de su sufrimiento en motivos totalmente separados de la política.


Cada vez que recuerdo la historia de esa chica boliviana con la que conviví varios años, me pregunto cómo era posible que no pasara por su mente que esa separación fue por razones políticas. Fue por pobreza. Fue por falta de salud pública. Fue por vivir en la periferia del mundo. Fue porque sólo separándose ella podía hacerse cargo de la difícil situación familiar. Y sin embargo, cuando se lo insinuaba, eso no podía ser comprendido. Era Dios el que los había puesto a prueba, y él no la había amado tanto como para esperarla.


El discurso del amor romántico empapelaba la faz de la vida íntima, la más profunda y personal, con misterios insondables, con designios y maldiciones, con embrujos, y la volvía reactiva a advertir que su pobreza era una manera de estar, y no una manera de ser. Y que su angustia tan intensa, finalmente, era el resultado de haber nacido en un país que todavía era colonia, y donde alguien como ella, como casi todxs sus compatriotas, debía emigrar a atender niños extranjeros cuyas madres eran jefas de hogar para pagar, a miles de kilómetros de su hogar, la operación de corazón que necesitaba su padre.


“Pare de sufrir”. Una frase sintética y tan voluminosa en el interior de millones de personas vulnerables, un imperativo en momentos como éste que vivimos ahora. Porque el sufrimiento se ha multiplicado, se ha hecho intenso, insoportable. La actriz Mónica Cabrera subió esta semana a su muro una foto suya encapuchada adentro de su casa. Se muere de frío y no puede pagar el gas. Escribió un texto en un tono diferente al de los videos que sube regularmente. Después de contar su situación, terminaba: “Me están arruinando el último tramo de mi vida”.


El sufrimiento argentino no es resultado de ningún designio, ninguna tormenta, ningún defecto de ningún sufriente. Es un sufrimiento de origen político que nadie le puede pedir a un pueblo que lo acepte como su destino. No es el destino. Es Macri.

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