Sábado, 23 Marzo 2019 06:00

Las Madres de Mayo

Las Madres de Mayo

¿Cuántas rondas habrán dado las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada durante 43 años? Este jueves 21 de marzo, tres días antes de que se cumpla un aniversario más del día más trágico de sus vidas, una ronda más de madres, familiares y acompañantes volvió a la plaza, como todos los jueves desde el mes de abril de 1977, fecha en la que por primera vez se reunieron 14 mujeres en este lugar para iniciar el camino más doloroso del que tienen memoria: buscar a sus hijos e hijas detenidos y/o desaparecidos en la dictadura más cruenta que ha vivido Argentina.

CON MÁS DE cuatro décadas de lucha, las Madres de Plaza de Mayo son una de las organizaciones más emblemáticas de derechos humanos del mundo. "Muchos abrazos hemos recibido en todo este tiempo", dice Mirta Acuña de Baravalle, una de las 14 fundadoras que aún vive y con sus 94 años a cuestas no deja de asistir a la simbólica ronda.

MIRTA PIDE QUE se le permita no tocar otro tema de la coyuntura nacional que no sea el recuerdo de aquel 24 de marzo de 1976, fecha siniestra en la que un Golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico le arrebató a su hija Ana María Baravalle, secuestrada en agosto de 1976, embarazada de 5 meses.

A LAS MADRES en Argentina se les pidió perdonar a los verdugos de sus 30 mil hijos e hijas. Y al finalizar cada ronda reiteran su negativa: "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos". Hoy, dice Mirta, "estamos aquí para hacer presente ese genocidio". No están solas y agradecen el acompañamiento de cada jueves en la plaza, "pese a las lluvias, vientos, temperaturas que arden y fríos que entumecen".

"DARLES PRESENCIA A los hijos que sacaron de nuestras vidas", es el objetivo de la ronda. Las madres saben que hay mucho camino por recorrer, pues, dice Mirta, "teníamos la ilusión de que la entrega de nuestros hijos no iba a ser en vano, pero se demora mucho la conquista de igualdad y dignidad para todos y todas".

EN ESTOS DÍAS de aniversario del golpe, cierra Mirta: "nos arrinconamos un poco en nuestros propios recuerdos y dolores"; trae, como cada jueves, la memoria de dos de ellos, y cierra con el grito: "30 mil detenidos-desparecidos. Presentes. Ahora y siempre".

www.desinformemonos.org

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Colombia y México suman el 54% de los asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo

Front Line Defenders denuncia un aumento de la violencia contra el activismo en todo el mundo y la doble cara de la Unión Europea, que mira hacia otro lado mientras sus aliados cometen todo tipo de violaciones de los derechos humanos.

Con nueve asesinatos más que en 2017, en el pasado año se alcanzó un nuevo récord en la persecución de defensores de derechos humanos alrededor del mundo, al menos desde que se lleva la cuenta. En 2018, fueron asesinados 321 defensores, según los datos recopilados por Front Line Defenders (FLD) en su último informe.

De los 27 países en los que FLD registró asesinatos de activistas, Colombia se lleva la palma con casi la mitad del total, nada menos que 127 casos. Le siguen a mucha distancia México, Filipinas, Guatemala, Brasil e India. Más de tres cuartas partes de los asesinatos, un 77%, estuvieron motivados por el trabajo de los activistas en la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas. La enorme mayoría de estos crímenes se han realizado “en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados”, denuncian desde FLD. Solo en Colombia y México se produjeron el 54% del total de asesinatos. Y en esta lista no están todos los casos. Es un informe incompleto: solo recoge las denuncias recibidas por Front Line Defenders.

No se tratan de “casos aislados”, señalan desde esta ONG. Los crímenes fueron precedidos de hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos. Según FLD, al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte, y en otro 43% de los asesinatos hubo amenazas generalizadas contra personas o grupo de defensores en la misma área. “En la gran mayoría de los casos”, señalan en el informe, “las personas defensoras no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde que denunciaron las amenazas hasta el momento en que fueron asesinadas”.


Desde esta organización señalan que existe una tendencia hacia una “legislación restrictiva dirigida a sofocar el poderoso trabajo” de estos activistas. Algunos de los casos más graves se han dado en Bangladesh, donde la Ley de Seguridad Digital incluye penas de hasta 14 años por usar medios digitales para “causar daños al Estado”. En la provincia china de Xinjiang, el Gobierno ha legalizado el uso de campos de “reeducación” para la población minoritaria uigur. En Nicaragua, un cambio en la legislación antiterrorista ha permitido detener y acusar a manifestantes por delitos de terrorismo, denuncian desde FLD. En Hungría, el paquete legislativo que ha lanzado el Gobierno —conocido con el nombre de “Stop Soros”— criminaliza la asistencia humanitaria a las personas migrantes, señalan.


Doble discurso


También merece la censura de esta ONG el Gobierno militar de Egipto, que ha lanzado una ley de regulación de medios. Según esta norma, cualquier persona que tenga una cuenta de una red social con más de 5.000 seguidores será susceptible de ser vigilada y bloqueada si el Consejo Regulador considera que a través de ellas se publican o difunden “noticias falsas” o que “inciten a que se viole la ley”.

La “creciente hostilidad hacia la agenda de derechos humanos a nivel global”, sostiene FLD ha animado a los regímenes autoritarios de Medio Oriente “a intensificar sus medidas drásticas” contra las personas defensoras de derechos humanos. “Mientras tanto, los Gobiernos occidentales han seguido interesados en desarrollar lazos económicos, militares y de seguridad con los Gobiernos responsables de los peores abusos contra personas defensoras, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”.

Especialmente sangrante es el caso de Egipto, donde la situación para la sociedad civil “es cada vez peor”. Estos abusos no han evitado que este país norteafricano se haya convertido en el tercer destino de las exportaciones mundiales de armamento, después de India y Arabia Saudí.


Ser sindicalista en Egipto también se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según FLD, el régimen del presidente Abdelfatah el Sisi castigó reclamos laborales con “arrestos, desapariciones, palizas y torturas durante las detenciones, intimidación por parte de agentes de la seguridad del Estado, despidos masivos, retención de salarios y prestaciones, y juicios en tribunales militares”.

Todo esto no parece importarle demasiado a los principales gobiernos occidentales. De hecho, la Comisión Europea está estudiando destrabar el apoyo presupuestario a Egipto bajo la revisada Política Europea de Vecindad, suspendida tras el golpe militar en 2013.

También en Arabia Saudí se evidencia el doble discurso de la Unión Europea y el Gobierno español en lo que se refiere a derechos humanos. Mucho se ha hablado sobre la lucha para que las mujeres pudieran conducir en este país islámico, un derecho que conquistaron en junio del pasado año. Pero poco se sabe de la situación de las defensoras de derechos humanos Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, que continúan detenidas tras desempeñar un papel activo en la campaña.

Tras su detención, los medios estatales acusaron a estas activistas de “traición”, “conspiración contra el Reino y la familia real” y “colaboración con agentes extranjeros”. Fueron víctimas, durante la detención, de acoso sexual, descargas eléctricas, flagelación y ahorcamientos, según denuncia FLD. Una de las defensoras intentó suicidarse varias veces.

Por Redacción El Salto

 2019-03-19 06:00:00

 

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Historia de las mujeres en 3.650 millones de olas

La historia del feminismo se ha contado en tres olas, pero esas olas se quedan cortas al intentar abarcar la diversidad de los movimientos de las mujeres en todo el mundo. La humanidad está llena de ejemplos de sororidad.

 

Al menos 50.000 mujeres fueron asesinadas en 2017 por sus parejas, exparejas o familiares, en su mayoría hombres, por el hecho de ser mujeres, según datos de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se practican 25 millones de abortos inseguros. 200 millones de niñas y mujeres son víctimas de la mutilación genital femenina, según UNICEF. Las ganancias ilegales de la trata de personas alcanzaron los 150.000 millones de dólares, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014, de los cuales 90.000 millones corresponderían a la trata con fines de explotación sexual.


Es tan solo una pequeña muestra de algunos de los datos que recoge el Atlas de las mujeres en el mundo, las luchas históricas y los desafíos actuales del feminismo (Clave Intelectual, 2018), y que planea de Argentina al Kurdistán, y de las beguinas del siglo XII a las mujeres iraníes en 2018. Según Lourdes Lucía y Ana Useros, directora y coordinadora de este compendio que sigue el espíritu de los atlas de Le Monde Diplomatique, “en todos los campos y ámbitos de la vida, las normas que rigen cualquier sociedad han establecido un yugo patriarcal que somete, discrimina, ofende y humilla a esa otra mitad de la población”.


Los datos que más duelen son los referidos a las violencias contra las mujeres, pero hay muchos más. El 74,7% de los presidentes y miembros de consejos de las principales compañías que cotizan en las bolsas europeas son hombres. En 2018, las mujeres fueron solo el 21% del total de personas participantes en el Foro Económico Mundial de Davos, la cifra más alta en sus 48 años de existencia. Las mujeres cobran un 24% menos que los hombres según ONU Mujeres y son mayoría en sectores con ingresos más bajos.


“La intención del atlas era contar lo más objetivamente posible cómo está la situación de las mujeres en el mundo, pero la cosa está de tal manera que no se puede contar esa historia sin incluir las resistencias que genera; el feminismo en este atlas es una consecuencia”, dice Useros.


Ambas reconocen que contar la situación de 3.650 millones de personas, el número de mujeres de una población mundial de más de 7.000 millones, era difícil y que, mientras el libro pasaba por sus fases finales antes de llegar a las librerías, surgirían nuevos movimientos. Un ejemplo de lo que no está: en enero de este año, millones de mujeres formaron un muro humano de 620 kilómetros en India, después de que dos mujeres desafiaran la prohibición centenaria de entrar en un templo en el Estado de Kerala. Lo que sí está: la movilización por el derecho al aborto en Argentina, la organización de las mujeres en el Kurdistán o la huelga feminista de 2018 en España, además de muchos datos e hitos que dibujan un mapa de sororidad global.


Soro... ¿QUÉ? Un concepto no tan nuevo

Tres mujeres se quitan el velo y cantan una canción en el metro de Teherán. Un día antes, una mujer había sido sentenciada a dos años de prisión por quitarse el velo en público. Decenas de feministas reparten silbatos en las principales ciudades de Marruecos en una contra el acoso callejero. Miles de mujeres denuncian la justicia patriarcal que ve “jolgorio” en una violación en España. Aunque el término entró en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en diciembre de 2018, los ejemplos de pactos entre mujeres basados en la “sororidad” son muchos a lo largo de la historia. “La sororidad no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico, ni con instituciones ni con estructuras, sino con un cierto sentimiento que se produce espontáneamente en los sitios más extraños, desde las comunidades de monjas a la cola de la pescadería”, explica Useros.


Useros señala, aludiendo al capítulo “Sororidad, un pacto entre mujeres” que firma la filósofa argentina María Luisa Femenías, que el concepto de fraternidad, que se populariza como “hermano pequeño” de la tríada “libertad, igualdad, fraternidad” de la Revolución francesa, tiene la particularidad de que no se puede articular políticamente —como sí sucede con los otros— y se convierte en un término revolucionario y “poco articulable en términos legales” que, sin embargo, no encontraba su equivalente entre las mujeres. No solo eso, sino que “mientras que la amistad entre mujeres se presenta como natural, la relación entre mujeres habitualmente se muestra como un vínculo plagado de conflictos”, sostiene Femenías.


Para Femenías, aunque los términos fraternidad y sororidad son lógica y lingüísticamente equivalentes, no lo son en su uso político, público, social y jerárquico. La sororidad se refiere así a pactos no necesariamente explícitos, basados en la confianza recíproca, respeto mutuo y la valoración positiva de la otra mujer, rechazando la dependencia emocional, económica, de clase o identitaria de una figura masculina de la que obtener reconocimiento. “La sororidad habilita una sociedad desjerarquizada que, al mismo tiempo, posibilita un cambio fundamental en el modo de entablar las relaciones de género, tendente a la transformación social”, concluye Femenías, que advierte de que “las relaciones humanas son culturales”, por lo que las relaciones que se conforman dependen de las circunstancias sociohistóricas.


Como ejemplo de esa relación, la historia ha dejado a las beguinas, en el siglo XII, una asociación de mujeres cristianas que dedicaban su vida a la ayuda a pobres y enfermos, trabajando para poder mantenerse, mucho antes de que la teoría feminista empezara a poner fechas y nombres a la historia de la organización de las mujeres como movimiento social y político.


¿Cuarta ola? O un feminismo para el 99%

“Puede llamarse cuarta ola o puede llamarse feminismo para el 99%, como lo caracterizan las académicas estadounidenses”, mantienen María Florencia Alcaraz y Agustina Paz Frontera en el capítulo “La generación ni una menos”. Las argentinas lo tienen claro: se ha dado un paso más en la historia del feminismo en el que las mujeres han reforzado su protagonismo y han podido instalar en la agenda política nuevas demandas. Esto que algunas entienden como “cuarta ola” tiene como herramienta fundamental internet y como rasgo característico la masificación del movimiento feminista.


Pero ¿surfeamos ya en la cuarta ola? “Las olas son constructos teóricos y artificiales, que pueden ser saludables para intentar entender, pero que, como todo constructo teórico, está sujeto a limitaciones”, explica Lourdes Lucía. “Una teoría se construye para facilitar la comprensión de un asunto, pero es algo limitado y cambiable”, mantiene.


El feminismo, entendido como una corriente de acción política que surge cuando las mujeres toman conciencia de la desigualdad, se explica en tres olas. La primera ola identifica esa desigualdad y encamina sus acciones a conseguir la igualdad jurídica y el derecho al voto, que se convirtió en una lucha central a finales del siglo XIX. En la segunda ola se añade que “lo personal es político” y se describe el sistema patriarcal, además de como opresor, como terriblemente violento con las mujeres. La tercera ola, a partir de los años 80 del siglo XX, amplía el sujeto del feminismo y surgen nuevas miradas y preguntas.


“Yo pensaba que seguía tranquilamente haciendo surf en la primera ola”, dice Ana Useros, que considera “prematuro” hablar de una cuarta ola. Desde la tercera, o la cuarta ola, o desde una ola propia, o desde ninguna, millones de mujeres han demostrado en todo el mundo su capacidad de organizarse ante un mismo sistema que encuentra formas propias de adaptarse y tratar de mantener a las mujeres en un segundo plano en todo el mundo. Y han sido las mujeres las que han señalado la misoginia de Jair Bolsonaro en Brasil o la de Donald Trump en Estados Unidos, como han sido también ellas quienes han denunciado el peligro que las extremas derechas representan para los derechos de la mujeres en Polonia o Andalucía.


Por eso, este año la huelga feminista se enfrenta al reto de ser global y de desbordar un día, el emblemático 8 de marzo, para luego seguir. “Iré, iremos a la huelga el 8 de marzo, pero también hay que seguir luchando todos los días del año”, explica Lourdes Lucía.

2019-03-04 06:00:00

Por Patricia Reguero
@Des_bordes

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Reconocer derechos de mujeres, esencial para el desarrollo

Desde principios del siglo XX, marzo ha sido un mes clave para las luchas por los derechos de las mujeres, quienes, a pesar de los persistentes obstáculos, han alcanzado enormes logros en la búsqueda por garantizar su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

En América Latina y el Caribe las mujeres han sido capaces de sobrellevar obstáculos, organizarse y construir una mirada regional, a la vez que han participado activamente en los debates globales. A pesar de todos esos esfuerzos, la desigualdad de género continúa siendo un rasgo estructural de la región.


En nuestros países, la discriminación y la violencia contra las mujeres se mantiene como problemática que se manifiesta en los hogares, en los espacios públicos, en los lugares de estudio y de trabajo y que impacta de manera decisiva en sus posibilidades de generar ingresos propios, emprender, superar la pobreza y desarrollarse profesional y personalmente.
Hoy, en nuestro continente, la pobreza tiene aún rostro de mujer: por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres que no logran traspasar la línea de las privaciones. Un tercio de las latinoamericanas (29 por ciento) no logra generar ingresos y es económicamente dependiente. Además, cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral.


No obstante, más allá de los esfuerzos por reducir la brecha salarial en décadas recientes, las mujeres perciben salarios 16.1 por ciento menores a los de los hombres en la misma condición.


Esta brecha se acentúa en las mujeres con mayores años de estudios.


En materia de autonomía física, el fenómeno extremo del feminicidio ha sido imposible de detener en la región y tampoco muestra señales de disminución, a pesar de los importantes avances normativos y de política pública.


Al menos 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de la región, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal.


La tasa de fecundidad en adolescentes es una de las más altas del mundo, solamente superada en países de África subsahariana. En general, las naciones latinoamericanas y caribeñas poseen una tasa de maternidad en adolescentes que está por encima de 12 por ciento, dato que tiende a ser más expresivo en el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo.


En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, algunos procesos electorales en la región han permitido contar con una mayor presencia de mujeres en los parlamentos. No obstante, las mujeres siguen subrepresentadas en los espacios de toma de decisión.


Los datos más recientes muestran que ellas son solamente la cuarta parte entre los ministros de Estado y que su participación en los gabinetes suele concentrarse en carteras de carácter social y cultural, más que en las referidas a la materia económica.


Además, según los indicadores para el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región cuenta con 29.2 por ciento de concejalas electas en gobiernos a escala local.


En la Cepal tenemos la convicción de que la desigualdad de género, además de ser injusta, es profundamente ineficiente y es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible.


Por ello, en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, insistimos en la urgencia de reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Las incesantes fábricas del odio, del miedo y la mentira

Cuando el respetado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, renunció al cargo en 2018, la opinión pública mundial fue manipulada para no prestar atención al hecho y mucho menos evaluar su verdadero significado. Su nombramiento para el cargo en 2014 fue un hito en las relaciones internacionales. Era el primer asiático, árabe y musulmán que ocupaba el cargo y lo desempeñó de manera brillante hasta el momento en que decidió dar un portazo por no querer ceder a las presiones que desfiguraban su cargo, desviándolo de su misión de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos para volverlo cómplice de tales violaciones perpetradas por Estados con peso en el sistema mundial. En su discurso y entrevistas de despedida se mostraba indignado con el modo en que los derechos humanos se venían transformando en parias de las relaciones internacionales, obstaculizados por las estrategias autoritarias y unilaterales de dominio geoestratégico. Reconocía que el ejercicio de su cargo le obligaba a oponerse a la mayoría de los países que habían aprobado su nombramiento bajo pena de traicionar su misión. También llamaba la atención sobre el hecho de que el perfil de la ONU reflejaba fielmente el tipo dominante de relaciones internacionales y que, por ello, tanto podía ser una organización brillante como una organización patética, dando a entender que este último perfil era el que empezaba a regir. Era un grito de alerta sobre los peligros que el mundo corría con el avance de populismos nacionalistas de derecha y de extrema derecha que hace mucho venía señalando. Al denunciar la creciente vulnerabilidad de una buena parte de la población mundial sujeta a graves violaciones de derechos humanos, él mismo se volvió vulnerable y tuvo que abandonar el cargo. El grito de alerta cayó en el silencio de la diplomacia, de los alineamientos y de las conveniencias típicas del internacionalismo patético que había denunciado.

Todo esto ocurrió en el año en que se celebraban los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el que muchos, incluido yo mismo, defendían la necesidad de una nueva declaración, más sólida y más verdaderamente universal. Esta necesidad se mantiene, pero en este momento lo más importante es identificar las fuerzas y los procesos que están bloqueando la declaración actual y la convierten en un documento tan desechable como las poblaciones vulnerables sometidas a las violaciones de los derechos humanos que la declaración pretendía defender. Cabe recordar que esta declaración pretendía mostrar la superioridad moral del capitalismo frente al comunismo. El capitalismo prometía, al igual que el comunismo, el creciente bienestar de poblaciones cada vez mayores, pero lo hacía con respeto a los principios de la Revolución francesa: igualdad, libertad y fraternidad.
Era el único sistema compatible con la democracia y los derechos humanos.


Sin embargo, la ola conservadora y reaccionaria que asola al mundo es totalmente opuesta a la filosofía que presidió la elaboración de la Declaración Universal y constituye una seria amenaza para la democracia. Se basa en la exigencia de una doble disciplina autoritaria y radical que no se puede imponer por procesos democráticos dignos del nombre. Se trata de la disciplina económica y de la disciplina ideológica. La disciplina económica consiste en la imposición de un capitalismo autorregulado, movido exclusivamente por su lógica de incesante acumulación y concentración de la riqueza, libre de restricciones políticas o éticas; en síntesis, el capitalismo que suele designarse como capitalismo salvaje. La disciplina ideológica consiste en la inculcación de una percepción o mentalidad colectiva dominada por la existencia de peligros inminentes e imprevisibles que alcanzan a todos por igual y particularmente a los colectivos más cercanos, ya sean la familia, la comunidad o la nación. Tales peligros crean un miedo inquebrantable del extraño y del futuro, una inseguridad total ante un desconocido avasallador. En tales condiciones, no resta más seguridad que la de regresar al pasado glorioso, el refugio en la abundancia de lo que supuestamente fuimos y tuvimos.

Ambas disciplinas son tan autoritarias que configuran dos guerras no declaradas contra la gran mayoría de la población mundial, las clases populares miserabilizadas y las clases medias empobrecidas. Esta doble guerra exige un vastísimo complejo ideológico-mental propagado por todo el mundo, incluyendo nuestros barrios, nuestras casas y nuestra intimidad. Son tres las fábricas principales de este complejo: la fábrica del odio, la fábrica del miedo y la fábrica de la mentira.

En la fábrica del odio se produce la necesidad de crear enemigos y de producir las armas que los eliminen eficazmente. Los enemigos no son aquellos poderes que el pensamiento crítico izquierdista satanizó: el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Los verdaderos enemigos son aquellos que hasta ahora se disfrazaron de amigos, todos aquellos que inventaron la idea de opresión y movilizaron a los ingenuos (por desgracia, una buena parte de la población mundial) para la lucha contra esa opresión. Se disfrazaron de demócratas, de defensores de los derechos humanos, del Estado de derecho, de acceso al derecho, de diversidad cultural, de igualdad racial y sexual. Por eso son tan peligrosos. El odio implica el rechazo a discutir con los enemigos. A los enemigos se los elimina.

En la fábrica del miedo se produce la inseguridad y los artefactos ideológico-mentales que producen seguridad, la cual, para ser infalible, necesita de vigilancia permanente y de constante renovación de las tecnologías de la seguridad. El objetivo de la fábrica del miedo es erradicar la esperanza. Busca convertir el actual estado de cosas en el único posible y legítimo, contra el cual solo por locura o utopía disparatada se puede luchar. No se trata de validar todo lo que existe. Se trata de limpiar, de lo que existe, todo lo que impidió la perpetuación del pasado glorioso.

Por su parte, en la fábrica de la mentira se producen los hechos y las ideas alternativas a todo lo que pasó por verdad o búsqueda de verdad, como las ideas de igualdad, de libertad negativa (libertad de coerciones) y positiva (libertad para realizar objetivos propios, no impuestos ni teledirigidos), de Estado social de derecho, de violencia como negación de la democracia, de diálogo yreconocimiento del otro como alternativa a la guerra, de los bienes comunes como el agua, la educación, la salud, el medio ambiente saludable. Esta fábrica es la más estratégica de todas, porque es aquella en la cual los artefactos ideológico-mentales tienen que empaquetarse y disfrazarse de no ideológicos. Su mayor eficacia reside en no decir la verdad respecto a sí misma.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Domingo, 10 Febrero 2019 06:05

¿Por qué Honduras?

¿Por qué Honduras?

La migración hondureña se hace nuevamente presente con el formato de caravana, tres meses después de la de octubre de 2018 que llamó la atención por su masividad, beligerancia, impacto mediático y solidaridad desplegada.

La de 2019 sigue siendo muy numerosa: 11 mil 366 personas registradas el 27 de enero, y es preponderantemente hondureña (73 por ciento), en menor medida salvadoreña (13 por ciento), guatemalteca (11 por ciento) y de algunos otros países (3 por ciento).

No obstante, ya no se presenta de manera beligerante, en buena parte porque hay una nueva política migratoria de acogida al migrante y de ingreso ordenado y legal. Ya no hubo un asalto a la entrada como la escena del puente en octubre, debido a la política anterior de contención. Tampoco hay banderas hondureñas e himnos nacionales. A su vez, la caravana ha recibido menos impacto mediático que la anterior y también menos solidaridad de la población.

En otros artículos sobre el tema, había mencionado que el saldo de la caravana de octubre pasado no era favorable. Si bien no hay estadísticas precisas, sólo un grupo minoritario logró pasar la frontera, otro grupo espera en Tijuana, uno más regresó a su lugar de origen y otro recibieron condición de refugiados o visas humanitarias en México.

Pero al parecer este balance no ha impactado en la población hondureña que persiste en su afán de llegar a Estados Unidos. Tampoco han impactado las amenazas y exabruptos del inquilino de la Casa Blanca. Y las condiciones en Honduras siguen igual que antes, al presidente en turno tampoco le afectan las denuncias de sus connacionales, ni siquiera que su hermano, apresado en Miami, sea líder de un cártel hondureño. Juan Orlando Hernández cuenta con el apoyo de Estados Unidos, del Congreso y de las fuerzas armadas.

En otros casos, como en México y Colombia, la violencia sistémica suele generar desplazamientos interno más que emigración internacional. Pero en el caso de Honduras, dado el tamaño del país y de la población (nueve millones), no hay dónde ir, por eso se plantea la alternativa internacional. Es también el caso de El Salvador y Guatemala.

Las alternativas de cambio y desarrollo se han cerrado para estos países centroamericanos. La revolución armada fue un baño de sangre, del que escapó Honduras, pero lo vivió de cerca. La democracia, de derecha o de izquierda, no ha podido detener la sangría que huye de la pobreza, la violencia y las carencias institucionales. Los gobiernos corruptos se encadenan y justifican en elecciones democráticas.

La migración hondureña tiene un fuerte componente político, como en el caso de Venezuela. Este se hizo presente a lo largo de todo el trayecto de la caravana de octubre, con las banderas en alto y comunicados a la prensa. El éxodo fue acompañado por líderes políticos y de opinión como el ex diputado Bartolo Fuentes, quien asiste a reuniones de muy alto nivel en México y el comunicador Milton Benítez quien fue el interlocutor designado ante la representación de la ONU, en México, cuando se exigían camiones para el transporte de la caravana. Hay una organización y dirigencia política detrás las caravanas, por más que se afirme que se trata de un éxodo "sin Moisés". Y también hay organizaciones detrás, que "acompañan y asesoran" a los migrantes.

Los últimos datos del Pew Hipanic, para 2015 informan que el contingente de hondureños en Estados Unidos, era de tan sólo 630 mil, mientras que los guatemaltecos sumaban 980 mil y los salvadoreños un millón 420 mil. Los números responden a procesos históricos y de maduración diferente, la migración salvadoreña repunta en 1980, la guatemalteca en 1990 y la hondureña en 1998 con el huracán Mitch. Los hondureños llegaron al final de todos y tienen prisa, por probar las bondades y mezquindades del sueño americano.

Quedan pendientes muchas preguntas. Los tiempos de las caravanas no han podido ser peor escogidos. En las tres ocasiones: abril, octubre y enero le dieron en la yema del gusto a Trump. También han puesto a prueba al gobierno mexicano, el de Peña Nieto libró como pudo y el actual, con un nuevo "paradigma" de visas humanitarias, ha resuelto momentáneamente el tránsito, pero el tiempo dirá si no ha provocado un efecto llamada. A las caravanas siempre se han sumado migrantes de otras nacionalidades: cubanos, haitianos, ecuatorianos, brasileños africanos y rusos.

Por lo pronto la política de contención se da ahora en Estados Unidos, con el muro, pero también con el acuerdo aceptado por México de que EU puede devolver a solicitantes de refugio para que esperen por su proceso legal. El hondureño Carlos Gómez Perdomo de 55 años es el primero de una larga lista que ha sido retornado a México. Esta noticia tampoco parece afectar a la caravana, pero en la práctica es una medida adicional de contención para los migrantes centroamericanos y un problema adicional para México.

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Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

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Un informe reservado de la UE denuncia ‘apartheid’ legal en Cisjordania

Los representantes europeos sostienen que Israel somete a los palestinos a “discriminación sistemática”

La adolescente Ahed Tamimi, icono de la resistencia palestina, fue condenada a ocho meses de cárcel por abofetear en 2017 a un militar israelí en su casa de Nabi Saleh, al norte de Ramala, capital administrativa de Cisjordania. El soldado Elor Azaria permaneció entre rejas durante 14 meses tras ser condenado en un consejo de guerra por rematar a un atacante palestino que yacía malherido en la ciudad de Hebrón (sur) en 2016. Tras medio siglo de ocupación, los representantes diplomáticos de los 28 países de la UE constatan la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos en Cisjordania. En un informe confidencial dirigido a los responsables del Servicio Exterior en Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los embajadores en Jerusalén Este y Ramala reclaman que Israel reforme la justicia militar para “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo a la ley internacional”.

Los diplomáticos que suscriben el documento representan a Gobiernos que en ocasiones divergen abiertamente sobre el conflicto israelo-palestino, pero que se han puesto de acuerdo en describir el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como “un régimen dual”. Aunque no figura en el texto la expresión apartheid legal, su contenido da cuenta de una justicia segregada. "El informe es una cartografía de la situación de los derechos en la denominada Área C, de mandato exclusivo israelí y que cubre el 60% del territorio ocupado, con un conjunto de recomendaciones dirigidas a Bruselas endosadas por todos los jefes de misión", precisa una fuente europea en Jerusalén.


A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de “Judea y Samaria”, denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano. Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días. Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los tribunales militares israelíes de 2011, la última disponible.


Documento confidencial


Este documento reservado de la UE, fechado el pasado 31 de julio y pendiente todavía de ser estudiado en Bruselas, examina “la realidad de una cuasipermanente ocupación”. En Cisjordania, más de 2,5 millones de palestinos se ven “privados de sus derechos civiles básicos” y afrontan “numerosas restricciones a su libertad de movimientos”. La economía palestina está sometida, además, a un “sustancial subdesarrollo” desde hace cinco décadas.


Los representantes diplomáticos europeos coinciden en defender la solución de los dos Estados como el mejor camino hacia la paz regional. De común acuerdo admiten también que el esfuerzo de la UE en “el proceso de creación de instituciones estatales y de desarrollo de una economía palestina sostenible”, como prevén los Acuerdos de Oslo de 1993, se está viendo comprometido por las limitaciones legales expuestas en el informe, que también tiene como destinatarios a los Gobiernos de los 28 Estados miembros.


Los 400.000 colonos judíos asentados en Cisjordania solo están sometidos a la ley israelí, de acuerdo con un estatuto personal y extraterritorial. Los 300.000 palestinos residentes en el Área C tienen que responder ante una legislación penal mucho más estricta. Un colono debe comparecer ante el juez civil israelí en un plazo de 24 horas, mientras que un palestino puede ser presentado ante la jurisdicción militar hasta 96 horas más tarde.


En materia de libertades civiles, como libertad de expresión y reunión, o de derechos urbanísticos de construcción, los palestinos también se ven discriminados. Las reuniones de más de 10 personas precisan del permiso del comandante militar, que rara vez se concede. La pena por violar la prohibición se eleva a 10 años de cárcel. "La reunificación familiar, en particular cuando uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad palestina y de un país europeo, también se ve dificultada por las autoridades israelíes", destaca la fuente europea consultada.


Solo el 1,5% de las solicitudes de licencia de obras presentadas por los palestinos en el Área C de Cisjordania fueron otorgadas entre 2010 y 2014. En consecuencia, más de 12.000 construcciones fueron demolidas al ser tachadas de ilegales por los administradores militares de la ocupación. La UE ha financiado directamente 126 planes urbanísticos palestinos en el Área C, de los que solo cinco han sido aprobados por Israel.


“Los palestinos de Cisjordania están sujetos a unos mecanismos [legales] sobre los que no cuentan con ningún derecho de representación”, puntualiza el documento confidencial europeo, “ya que los militares israelíes son una entidad exterior que solo responde ante un Gobierno extranjero”. En junio del año pasado, cerca de 6.000 palestinos (de los que 350 eran menores de edad, como Ahed Tamimi), se encontraban internados en cárceles situadas en territorio israelí como “prisioneros de seguridad”, así llamados por tratarse de casos de “violencia de origen nacionalista”.


Diplomáticos en Jerusalén y Ramala


El informe de los diplomáticos de la UE en Jerusalén y Ramala considera que Israel viola la legislación internacional al desplazar a los presos y detenidos fuera de Cisjordania, al tiempo que dificulta el derecho de visita de sus familiares.


Para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos. Las investigaciones de la policía israelí del “distrito de Judea y Samaria” solo desembocan en acusaciones formales contra colonos judíos en un 8% de los casos de ataques contra palestinos o daños a sus propiedades.


El número de “delitos nacionalistas” cometidos por habitantes de los asentamientos contra palestinos en Cisjordania se multiplicó por tres el año pasado, cuando se registraron 482 incidentes de este tipo, respecto a 2017, en el que se contabilizaron 140 casos, según el diario Haaretz. En los dos años anteriores se había producido una reducción de estos ataques tras el impacto que produjo en 2015 la muerte de un niño de 18 meses, quemado vivo, y de sus padres a consecuencia de un ataque en Duma, localidad situada al noreste de Ramala. Dos jóvenes colonos siguen pendientes de juicio por este atentado incendiario.

 

Por JUAN CARLOS SANZ
Jerusalén 1 FEB 2019 - 12:22 COT

 

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