Domingo, 02 Junio 2019 14:51

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enEdición Nº257
Domingo, 02 Junio 2019 06:02

Recordatorio para periodistas

Los abogados de Chelsea Manning presentaron ayer un documento en el que piden a un juez federal que reconsidere la decisión de enviarla a la cárcel de Alexandria por negarse a declarar sobre el caso Wikileaks.Foto Ap

Ya me estoy cansando de la Ley de Estados Unidos contra el Espionaje. Para el caso, desde hace mucho tiempo me cansé de la saga de Julian Assange y Chelsea Manning. Nadie quiere hablar de sus personalidades porque nadie parece simpatizar mucho con ellos, ni siquiera quienes se han beneficiado periodísticamente de sus revelaciones. Desde el principio me ha preocupado el efecto de Wikileaks, no sobre los brutales gobiernos de Occidente cuyas actividades ha revelado en estremecedor detalle (en especial en Medio Oriente), sino sobre la práctica del periodismo. Cuando a nosotros los escribas nos sirvieron este potaje de Wikileaks, saltamos a él, nadamos en él y salpicamos los muros de la información con nuestros aullidos de horror. Y olvidamos que el verdadero periodismo de investigación se refiere a la persistente búsqueda de la verdad a través de nuestras propias fuentes, en vez de volcar un frasco de secretos enfrente de los lectores, secretos que Assange y compañía –más que nosotros– habían decidido hacer públicos.

¿Por qué, recuerdo haberme preguntado hace casi 10 años, pudimos leer las indiscreciones de tantos árabes y estadunidenses, pero de tan pocos israelíes? ¿Exactamente quién estaba preparando la sopa que nos querían hacer comer? ¿Qué pudo haber quedado fuera del caldo? Sin embargo, los días recientes me han convencido de que existe algo mucho más obvio con respecto al encarcelamiento de Assange y la nueva detención de Manning. Y no tiene nada que ver con traición o con cualquier supuesto daño catastrófico a nuestra seguridad.


En el Washington Post esta semana, hemos leído a Marc Theissen, el ex redactor de discursos de la Casa Blanca que defendió la tortura en la CIA como legal y moralmente justa, decirnos que Assange “no es periodista. Es un espía… Realizó espionaje contra Estados Unidos. Y no se arrepiente del daño que ha causado.” Olvídense entonces de que la locura de Trump ya ha convertido la tortura y las relaciones secretas con los enemigos de su país en un pasatiempo.


No, no creo que esto tenga nada que ver con el uso de la Ley contra el Espionaje, por graves que sean sus implicaciones para los periodistas convencionales o para las organizaciones respetables de noticias, como Thiessen nos ha llamado empalagosamente. Tampoco tiene mucho que ver con los peligros que esas revelaciones plantearon para los agentes que Estados Unidos reclutó en Medio Oriente. Recuerdo bien con cuánta frecuencia los intérpretes iraquíes de las fuerzas armadas estadunidenses nos decían que habían rogado que les dieran visas para ellos y sus familias cuando se vieron bajo amenaza en Irak… y cómo a la mayoría les dijeron que se fueran al diablo. Los británicos tratamos a muchos de nuestros propios traductores iraquíes con similar indiferencia.


Así pues, olvidemos sólo por un momento la matanza de civiles, la crueldad letal de los mercenarios estadunidenses (algunos implicados en tráfico de infantes), el asesinato de personal de Reuters por fuerzas de Estados Unidos en Bagdad, el ejército de inocentes detenidos en Guantánamo, la tortura, las mentiras oficiales, las cifras falsas de bajas, las mentiras de las embajadas, el adiestramiento estadunidense de torturadores en Egipto y todos los demás crímenes revelados por las actividades de Assange y Manning.


Supongamos que lo que revelaron hubiera sido bueno y no malo, que los documentos diplomáticos y militares hubieran ofrecido un ejemplo resplandeciente de un país grandioso y moral, y hubiesen demostrado esos ideales nobles y refulgentes que la tierra de los libres siempre ha postulado. Imaginemos que las fuerzas estadunidenses en Irak hubiesen dado repetidas veces la vida para proteger a civiles, que hubieran denunciado las torturas cometidas por sus aliados, que hubieran tratado a los prisioneros de Abu Ghraib (muchos de ellos completamente inocentes), no con crueldad sexual, sino con respeto y gentileza; que hubieran destruido el poder de los mercenarios y los hubieran enviado encadenados a prisiones estadunidenses; que hubieran reconocido, ofreciendo excusas, los cementerios de hombres, mujeres y niños a los que enviaron prematuramente a la tumba en la guerra de Irak. Incluso fantaseemos por un momento con que los tripulantes de un helicóptero estadunidense que abatieron a 12 civiles en una calle de Bagdad no dispusieron de ellos con sus armas, y que la voz en la radio del helicóptero gritó: ¡Esperen, creo que estos tipos son civiles, y que esa arma tal vez es una cámara de televisión! ¡No disparen!


Como todos sabemos, eso es escapismo. Porque lo que esos cientos de miles de documentos representaron fue la vergüenza de Estados Unidos, de sus políticos, sus soldados, sus torturadores, sus diplomáticos. Incluso hubo un elemento de farsa que, sospecho, enfureció a los Thiessens de este mundo mucho más incluso que la más terrible de las revelaciones. Siempre he recordado la indignación expresada por Hillary Clinton cuando se reveló que había enviado sus esbirros a espiar en Naciones Unidas; sus esclavos del Departamento de Estado tuvieron que estudiar los detalles encriptados de los delegados, sus transacciones con tarjetas de crédito, incluso sus tarjetas de viajero frecuente. Pero ¿quién en este mundo querría desperdiciar su tiempo estudiando las tonterías que surgían de los incompetentes funcionarios de la ONU? ¿O, para el caso, quién en la CIA querría perder el tiempo escuchando las conversaciones privadas de Angela Merkel con Ban Ki Moon?


Uno de los cables que Assange reveló se refiere a la revolución iraní de 1979 y a la afirmación del agregado estadunidense Bruce Laingen de que la psique persa es de un egoísmo abrumador. Interesante, pero estudiantes iraníes se habían tomado el extenuante trabajo de pegar todos los jirones de documentos de la embajada estadunidense en Teherán en los años posteriores a 1979 y ya habían publicado las palabras de Laingen décadas antes de que Wikileaks nos las entregara. Tan vasta fue esa primera remesa de 250 mil documentos –que Hillary denunció como un ataque a la comunidad internacional, sin dejar de decir que eran presuntos documentos (como si pudieran ser falsos)–, que pocos pudieron descubrir qué era nuevo y qué viejo. Por eso el New York Times destacó la cita de Laingen como si fuera un hallazgo extraordinario.


Parte del material no había sido tan obvio antes –la sugerencia de que Siria había permitido que insurgentes antiestadunidenses cruzaran su territorio desde Líbano, por ejemplo, era absolutamente correcta–, pero la evidencia de la fabricación iraní de bombas en el sur de Irak era mucho más dudosa. Esta historia ya había sido alegremente filtrada al New York Times por funcionarios del Pentágono en febrero de 2007, y recalentada en años recientes, pero en su mayor parte era mentira. Desde la guerra Irán-Irak de 1980-88 había equipo militar iraní desperdigado por todo el territorio iraquí y la mayoría de los fabricantes de bombas que lo usaron eran musulmanes sunitas iraquíes.


¿Por qué esperar otros 10 años hasta que el próximo Assange nos envíe otro camión de basura lleno de secretos de Estado?


Pero esto es buscarle tres pies al gato entre el tiradero de papeles. Semejantes paparruchas son insignificantes en comparación con las monstruosas revelaciones de crueldad estadunidense: el relato, por ejemplo, de cómo soldados estadunidenses mataron a casi 700 civiles, entre ellos mujeres embarazadas y enfermos mentales, por acercarse demasiado a sus retenes. Y la instrucción dada a las fuerzas de Estados Unidos –trozo de historia revelado por Chelsea Manning– de no investigar cuando sus aliados militares iraquíes flagelaban a prisioneros con cables pesados, los colgaban de ganchos colocados en el techo, les perforaban las piernas con taladros eléctricos y los asaltaban sexualmente. En la evaluación secreta estadunidense de 119 mil muertos en Irak y Afganistán (que en sí está muy por debajo de la realidad), 66 mil 81 fueron clasificados como no combatientes. ¿Cuál habría sido, me pregunto, la reacción estadunidense al asesinato de 66 mil ciudadanos estadunidenses, 20 veces más que los muertos del 11-S?


Por supuesto, se suponía que no deberíamos saber nada de esto. Y podemos ver por qué no. Lo peor de este material no era secreto porque casualmente se hubiese deslizado hacia una carpeta de la administración militar marcada como confidencial o solo para usted, sino porque representa el encubrimiento de crímenes de Estado a escala masiva.


Los responsables de esas atrocidades deben ser sometidos a juicio, extraditados de dondequiera que se escondan y encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Pero no… vamos a castigar a los que filtraron la información, por lastimeros que nos parezcan sus motivos.


Claro, nosotros los periodistas, los que trabajamos para respetables organizaciones de noticias, podemos preocuparnos por las implicaciones de todo esto para nuestra profesión. Pero sería mucho mejor lanzarnos a la caza de otras verdades, igualmente espantosas para las autoridades. ¿Por qué no averiguar, por ejemplo, lo que Mike Pompeo le dijo en privado a Mohammed bin Salman? ¿Qué promesas tóxicas pudo haber hecho Donald Trump a Netanyahu? ¿Qué relaciones mantiene aún Estados Unidos en secreto con Irán, por qué ha mantenido contacto importante –esporádico, silencioso y encubierto– con elementos del régimen sirio?


Pero aquí la acostumbrada luz preventiva: lo que encontremos mediante el viejo periodismo convencional de pedalear duro, de obtener historias por medio de gargantas profundas o contactos confiables, nos va a revelar –si hacemos nuestro trabajo– exactamente la misma vil mendacidad de nuestros amos que condujo al clamor de odio hacia Assange y Manning y, de hecho, hacia Edward Snowden. No seremos procesados porque la persecución de esos tres sentó un peligroso precedente legal, pero seremos perseguidos por las mismas razones: porque lo que vayamos a revelar demostrará sin remedio que nuestros gobiernos y los de nuestros aliados cometen crímenes de guerra, y los responsables de esas iniquidades intentarán hacernos pagar con una vida tras barrotes por tal indiscreción.


La vergüenza, y el temor de ser llamados a cuentas por lo que nuestras autoridades de seguridad han hecho, no la violación de leyes cometida por los filtradores de información, es de lo que se trata todo esto.


Traducción: Jorge Anaya

 

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Migrantes desbordan frontera colombiana con Panamá

Peñita. Más de mil 500 migrantes, entre ellos 250 niños, se hacinan en La Peñita, localidad indígena panameña fronteriza con Colombia, tras sobrevivir el infierno de la selva del Darién, uno de los tramos más peligrosos en su trayecto hacia Estados Unidos, donde abundan mafias criminales. Fue un logro cruzar 575 mil hectáreas de selva y ya se encuentran en la Estación Temporal de Asistencia Humanitaria (ETAH) instalada en este poblado de rudimentarias casas de madera y techos de paja, donde reciben asistencia médica. Con capacidad para unas 100 personas, la ETAH está desbordada. Cerca de 4 mil indocumentados, principalmente de Haití, Cuba, República Democrática del Congo, India, Camerún, Bangladesh y Angola, se encuentran en diferentes centros de acogida de Panamá a la espera de continuar su viaje, primero hacia Costa Rica y luego a Estados Unidos. Con serranías, ríos caudalosos, sin vías de comunicación terrestre y bajo un calor insoportable, los migrantes cruzan el Darién a través de caminos estrechos, muchos de ellos utilizados por narcotraficantes y bandas criminales. La selva es tan densa que a veces no llega la luz del día y todo es oscuridad. Durante los primeros cuatro meses de 2019 por la ruta selvática han pasado al menos 7 mil 724 adultos, el triple que hace un año, y mil 141 menores, el doble que en el mismo periodo de 2018.

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Martes, 28 Mayo 2019 06:56

Trabajo digno, social, duradero

Trabajo digno, social, duradero

Más que cualquier otro parámetro de la realidad humana, el trabajo es la clave que define el futuro de los seres humanos. Y ese futuro es incierto. “El trabajo reviste un valor social: de colaboración, de creación de un mundo común, de relaciones. Por ello cristaliza también las situaciones de desigualdad”. Con este postulado sintetizado por el Ceras (Centro de investigación y de acción sociales), ampliado por le OIT (Organización Internacional del Trabajo) a través del principio de “un trabajo decente” y el imperativo de una ecología integral diseñado por el papa Francisco en su Encíclica Laudato si se llevó a cabo en la Unesco un coloquio internacional sobre el tema “Qué trabajo para una transición ecológica y responsable”. La relación entre el trabajo y la ecología es mucho más profunda de lo que las apariencias de la tecnocultura permiten entrever. Según la OIT, en 2014 “alrededor de 1400 millones de puestos de trabajo –40% del empleo mundial– dependían de los procesos naturales”(ILO, 2018). De allí la trascendencia de un coloquio que contó con la presencia de decenas de expertos y una delegación argentina que presentó un proyecto de innovación y acción social a partir de experiencias de inclusión y de revinculación de los jóvenes sin empleo con el mundo del trabajo. 

Invitados por la teóloga Emilce Cuda, especialista en moral social, asesora del Celam, profesora en la Universidad Jaureche, en la UCA e integrante del equipo de investigación del Ceras en la línea “trabajo y ecología”, un grupo de argentinos miembros de Los Cuidadores de la Casa Común y monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, expusieron en París el proyecto con el que trabajan en la Argentina sino una ampliación de los criterios adelantados por la Organización Internacional del Trabajo. La doctora Cuda acota al respecto que “a finales del siglo XX la consigna de la OIT fue un empleo decente. Esto es válido sólo en sociedades de pleno empleo, o en contextos de economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. Cuando nos movemos a otros contextos donde la economía no llegó a esos niveles, ahí no podemos hablar de empleo decente. El problema que tenemos es que en nuestros sistemas no hay empleos, o son marginales. La lucha es entonces por trabajo digno. Allí se cambia la consigna inicial: ahora es trabajo digno, es tierra, techo y trabajo”. Con la base del Laudato si de Francisco, en los dos años de trabajo que consumió la investigación del Ceres se trató de instalar la diferencia entre “trabajo decente y trabajo digno”. En la capital francesa, uno de los testigos y protagonistas de esa articulación fue monseñor Jorge Lugones. Aquí radica la particularidad de la presencia Argentina en París: “se expuso el único proyecto de acción que está funcionando en la Argentina hace tres años con unas 5000 personas incluidas (Emilce Cuda)”. Monseñor Lugones explica que la propuesta presentada en París “tiene como destinatarios los jóvenes en riesgo, en vulnerabilidad psicosocial. En la Argentina tenemos más de un millón de chicas y chicos que ni estudian ni trabajan”. Esa posibilidad de una acción en el terreno es lo que sobresalió en el coloquio de la Unesco mediante un plan activo y probado que incluyó, por ejemplo en Lomas de Zamora, “el encuentro entre empresarios, cámaras de comercio, movimientos sociales, pequeña y mediana industria, sindicatos, universidades hasta la inserción efectiva de los jóvenes en el ámbito del trabajo”.


El punto de apoyo y desarrollo ha sido, explica monseñor Lugones, “el Laudato si. Nosotros implementamos que esa carta del Papa podía ser algo importante para los chicos y chicas que están en vulnerabilidad psicosocial. Los Cuidadores de la Casa Común responden a ese enunciado. Para ser cuidador de La Casa Común hay que cuidarse a si mismo, y hay que intentar también cuidar al otro. Aquí, en París, no he visto ningún ejemplo donde se haya llevado a la práctica el Laudato si de esta manera”. Los Cuidadores de la Casa Común son una emanación del texto papal y su labor se conecta con el eje común de todas las problemáticas que se plantean en todo el planeta, es decir, el desempleo y esa idea algo perversa que, como lo acota Emilce Cuda, conduce a que “algunos quieran corregir la situación del siglo XXI al siglo XX”. Monseñor Lugones recuerda al respecto que “el trabajo decente era para los siglos XIX y XX cuando había trabajo. Hoy no hay trabajo. Cuando más se achica el Estado, más arrasan las políticas neoliberales. En América Latina hay un avance despersonalizante. Ya no se piensa en la persona, se piensa sólo en la ganancia”. Pensar distinto y actuar con otro perfil sobre la realidad, esa es la consigna. “Hablar del trabajo es seguir considerándolo como mercancía. Tenemos que conseguir otro modo de garantizar el trabajo que no tiene que ser necesariamente asalariado en condiciones de explotación, sino remunerado y creativo.

Es preciso también tornar visible al trabajador más que al trabajo. Como dice el Papa, la solución no es economicista sino que se trata claramente de un cambio cultural”, detalla Emilce Cuda. Ignacio Alonso Alasino, coordinador del proyecto global El Futuro del Trabajo en la Comisión Católica para las Migraciones, acentúa que el futuro del trabajo depende mucho de “la transición ecológica hacia una economía que deje de ser del descarte y piense desde un enfoque más humano”. La modificación del horizonte laboral ha trastornado la vida de millones de personas. Nomadismo laboral, trabajos temporales, contratos sin derechos llevan a que “nadie disfrute del trabajo, a que la gente trabaje mucho para ganar muy poco sin siquiera contar con que sus beneficios sociales sean respetados. La falla primera está en el sistema económico”, agrega Alasino. Para salir hacia arriba de este circulo vicioso el diálogo social con todos los actores es central, tanto como la inclusión de la dimensión medioambiental. Durante dos años, la OIT y el Ceras trabajaron en un grupo internacional compuesto por unos 30 actores sociales para elaborar el manifestó “Por un trabajo social, decente y duradero”. El texto toma en cuenta “el futuro del trabajo como parte integrante de la transición ecológica” y sus múltiples derivados, empezando por la evidencia: “la urgencia ecológica es también una cuestión de justicia social”. La Argentina, con sus experiencias de inclusión de los vulnerables, trazó en París un camino para unir lo decente con lo digno.


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La OMS incluye en su clasificación de enfermedades el 'burnout' o síndrome del trabajador agotado

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que esta enfermedad hace específicamente referencia a los fenómenos relacionados con el contexto profesional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido en su Clasificación Internacional de Enfermedades el síndrome del trabajador o también conocido como burnout.


Esta enfermedad se refiere a un estado de agotamiento y fatiga constante que implica una falta de eficacia y rendimiento en el trabajador poco motivado, según ha explicado Tarik Jaserevic, portavoz de la OMS. El burnout es un síndrome que se caracteriza por tres elementos: un sentimiento de agotamiento, cinismo o pensamientos negativos y menor rendimiento profesional.


La decisión de incluir el burnout en la clasificación de enfermedades ha sido tomada el sábado por los Estados miembros de la OMS. El listado, conocido como ICD-11, sirve de base para establecer tendencias y estadísticas sanitarias a nivel mundial.


La OMS ha declarado que esta enfermedad hace específicamente referencia a los fenómenos relacionados con el contexto profesional. La nueva clasificación entrará en vigor el 1 de enero de 2022.


Como novedad, la OMS saca de la lista de enfermedades mentales la transexualidad para clasificarla en el capítulo de disfunciones sexuales. También ha añadido los trastornos relacionados con los videojuegos en la sección de los desórdenes de dependencia, como informa El País.

madrid
27/05/2019 16:46 Actualizado: 27/05/2019 16:46

Publicado enSociedad
Lunes, 27 Mayo 2019 06:27

Los niños (otra vez)

La madre del migrante guatemalteco Carlos Hernández Vásquez muestra en un celular la imagen de su hijo, quien falleció el pasado día 20 estando bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, en Texas, y es el sexto menor que muere mientras estaba al cuidado de las autoridades estadunidenses, quienes aseguran que padecía influenza.Foto Afp

Es imposible no gritar, escribir con lágrimas de furia, gritar otro poco y cansar a la gente por tanto gritar, escribir y gritar: ¡los niños, carajo!

La crueldad es parte integral de la política violenta del régimen actual estadunidense, y sus consecuencias para los menores de edad es lo más inaguantable (si es que hay grados de aguante). Noticias recientes como ejemplo:


Las autoridades federales detectaron otros mil 700 casos de niños inmigrantes separados a la fuerza de sus padres, además de los casi 3 mil ya anteriormente identificados, y eso que se esperan aún más casos, mientras otros están perdidos en el sistema.


Por lo menos seis inmigrantes menores de edad han fallecido estando bajo custodia de las autoridades federales estadunidenses. El caso de una niña salvadoreña de 10 años, quien falleció en septiembre, apenas fue revelado la semana pasada; los otros cinco son guatemaltecos, el más reciente, un adolescente de 16, quien falleció de influenza en un centro de detención el lunes pasado.


El gobierno está considerando una nueva política antimigrante para familias con niños detenidos en la frontera: los padres tendrán que optar entre aceptar la separación de sus hijos de manera indefinida o acordar suspender los derechos de los niños para que sean encarcelados junto con ellos. Todo esto a pesar de que pediatras y sicólogos han declarado que la encarcelación de niños tiene consecuencias traumáticas para ellos.


Pero no sólo son los inmigrantes los que sufren estas políticas, y no sólo es este régimen que las impulsa (aunque se distingue para ser aún peor que los gobiernos pasados); la crueldad hacia los niños en este país es amplia, profunda y estructural: en el informe anual más reciente del Childrens Defense Fund, se calcula que 13 millones de menores –uno de cada cinco en el país– viven en la pobreza. Ningún niño debería tener que preocuparse sobre de dónde llegará su próxima comida o si tendrá donde pernoctar cada noche en el país más rico de la Tierra, señala el informe.


Por otro lado, la violencia por armas de fuego mata a niños tanto en casa como en el extranjero. En las por lo menos nueve guerras en que participa Estados Unidos ahora, los niños –como en toda guerra– siempre son los que más sufren. En casa, las balas fueron la segunda causa de fatalidades de jóvenes entre uno y 19 años de edad; este país es el líder del mundo en mortalidad de menores de edad por armas de fuego. En 2017, 2 mil 462 niños de edad escolar murieron por armas de fuego, más que el doble del total de muertes de militares estadunidenses desplegados en el mundo.


Y para acabar, los niños hoy viven bajo pronósticos del fin del mundo por una crisis ecológica de tal magnitud que los expertos y científicos advierten que sin cambios radicales, sobre todo en frenar la producción de hidrocarburos, dentro de los próximos 12 años, los efectos ambientales serán catastróficos e irreversibles para el planeta.
El antídoto


Ante todo esto, y con los adultos en el poder que, en los hechos, obviamente odian a los jóvenes, hay avisos de una rebelión de los niños en este y otros países. El pasado viernes, cientos de miles de niños abandonaron las clases para participar en una de las mayores movilizaciones a escala mundial para exigir acciones sobre el cambio climático; los estudiantes en este país ahora encabezan el movimiento para el control de las armas; veteranos de guerra jóvenes están entre los disidentes más feroces contra las políticas bélicas de este país; los dreamers y otros jóvenes migrantes están entre los líderes de la resistencia a la guerra contra sus comunidades; y ahora la mayoría de los jóvenes reprueban el capitalismo y favorecen un sistema económico y político más justo y sustentable (algunos se atreven a llamarlo socialismo).


Esa rebelión de los niños podría rescatarnos a todos.


PD: en relación con la columna de la semana pasada, una nueva encuesta de Gallup registró que más de cuatro de cada 10 estadunidenses hoy día creen que el socialismo sería bueno para su país.

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Condenado por misógino, Bolsonaro deberá pagar

En 2003 el mandatario le gritó ante las cámaras a una diputada “no la violaría porque no lo merece.” Ahora deberá pagarle una indemnización.

El presidente Jair Bolsonaro había perdido uno de los dos juicios que le inició la diputada del PT y ex ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes. Ahora ese fallo deberá cumplirse. En los próximos quince días tendrá que indemnizarla por la suma de diez mil reales y retractarse en los medios y redes sociales por sus expresiones misóginas y sexistas contra ella. La sentencia se acaba de conocer y fue firmada por la Justicia Civil de Brasilia donde la legisladora lo había denunciado. “Celebro esta victoria que es la del respeto y la dignidad, con todas las mujeres de Brasil” declaró la afectada. En 2003 el mandatario y militar ultraderechista le gritó ante las cámaras de televisión que “no la violaría porque no lo merece” y el 9 de diciembre de 2014 repitió palabras parecidas en una sesión del Congreso.

En un video que posteó en su Facebook, la actual diputada federal comentó: “Quiero compartir con ustedes y celebrar juntos la noticia de que finalmente la sentencia del juicio a Jair Bolsonaro será cumplida. Fue condenado por daños morales. El fallo hasta hoy no había sido debidamente ejecutado y ahora deberá pagar la indemnización y retractarse en las redes sociales y en todos los espacios que usó para la difamación. Es una victoria importante para nosotras”. María do Rosario –como se la conoce en Brasil– le ganó al presidente el juicio civil y prosigue una demanda penal que todavía está tramitándose ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Además existe otro proceso judicial del Ministerio Público contra el militar por los mismos dichos.
La legisladora adelantó que el dinero fijado en la sentencia como indemnización se lo donará a instituciones que actúan en defensa de la dignidad de las mujeres. En una entrevista de noviembre del 2018 con PáginaI12 había definido al monto que deberá pagarle Bolsonaro como “irrisorio”. Al cambio, la suma que fijó el tribunal civil Nº 18 de Brasilia representa unos 115.000 pesos argentinos.


Pese a ello, el fallo tiene un peso simbólico muy fuerte en la larga lucha de las mujeres brasileñas y que, como en todo el mundo, se ha transformado en una ola indetenible de sus reivindicaciones postergadas por la igualdad de género y el desmantelamiento de la sociedad patriarcal. La diputada federal por Río Grande do Sul lo celebró como una victoria importantísima en el video que compartió especialmente con las mujeres de su país. Bolsonaro y sus abogados no habían dicho hasta ayer una sola palabra sobre el fallo.

María do Rosario no era muy optimista sobre el desenlace de los juicios contra el militar. El capitán del ejército asumió la presidencia el 1º de enero de este año y ella consideraba que el tema recién podría resolverse después de que finalizara su mandato. En aquella entrevista con este cronista había explicado: “El pretendía que el caso fuera cerrado pero no lo consiguió y entonces fue suspendido el juicio solo durante el período en que dure su presidencia. Después será retomado el proceso sin que prescriba y tendrá que responder. Fue una victoria de nuestros abogados y al mismo tiempo, yo creo que él volverá a tener que declarar más temprano de lo que piensa”. Esta última línea fue premonitoria. La retractación presidencial tiene 15 días hábiles de plazo para ser cumplida desde el miércoles último.


“Esta lucha no me pertenece, es compartida por todas nosotras y por la dignidad de las mujeres brasileñas”, celebró la diputada del PT. Cuando este diario la consultó sobre el momento que están pasando las mujeres en Brasil, agregó: “¿En qué país estamos viviendo? En uno donde las consultoras concluyeron que no hay espacio seguro para las mujeres. Donde un millón y medio de ellas fueron golpeadas o sufrieron tentativas de estrangulamiento, y 22 millones pasaron por algún tipo de acoso y el 80 por ciento de esas violencias fueron dentro de sus casas o por un conocido”. En su caso se trató de un diputado federal que hoy preside el país. El episodio tiene gravedad institucional.


María do Rosario empezó su carrera política en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y en el movimiento sindical y estudiantil. Hace veintiséis años que está en la política. En 1993 accedió a su primer cargo como concejala en Porto Alegre, la ciudad donde vive. El Tribunal que acaba de pronunciarse a su favor, cerró un proceso de cuatro años donde Bolsonaro ya había sido condenado en 2015 por sus frases agraviantes.


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“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

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Viernes, 24 Mayo 2019 05:33

La mano dura de Dios

Fieles evangelistas rezan en Rio de Janeiro durante la última misa antes de la elección brasileña de octubre de 2018 / Foto: Dpa Picture-Alliance, Ian Cheibub

Estados Unidos, en el norte de América, y Brasil, en el sur, son la plataforma de expansión de distintas vertientes de un evangelismo conservador que aspira de forma creciente a jugar fuerte en la escena política. Para sus adherentes, se trata de una “guerra espiritual” para remodelar la sociedad en función de sus creencias religiosas.

 

El fenómeno no es nuevo –data de casi cuatro décadas atrás–, pero en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar (a Brecha incluida), por la fuerza que ha tomado en países latinoamericanos, como Brasil y Costa Rica –también Guatemala, México y, crecientemente, Chile–, en Estados Unidos, en países de Asia. Su incipiente desembarco en el muy (¿muy?) laico Uruguay incluso ha llamado la atención.


Lo cierto es que el “evangelismo”, esa denominación no muy precisa que engloba a “grupos religiosos herederos del cisma del siglo XVI: luteranos, metodistas, calvinistas, bautistas, menonitas, presbiterianos y pentecostales, entre las denominaciones más conocidas”,1 está alcanzando en toda América un peso político que nunca había tenido. El ejemplo más reciente llegó de Estados Unidos, más precisamente de Alabama, un estado que acaba de aprobar una ley ultrarrepresiva en materia de aborto, muy similar a las que rigen en El Salvador y Nicaragua, donde también la presión religiosa (pentecostalista o católica) llevó a que la interrupción del embarazo fuera prohibida incluso en caso de violación o incesto. La norma lo considera un homicidio –salvo cuando está en peligro la vida de la madre– y pena con hasta 100 años de prisión a los médicos que lo practiquen. “Esta legislación es un poderoso testamento de las firmes creencias de los residentes de Alabama de que cada vida es preciosa y un regalo sagrado de Dios”, dijo la gobernadora del estado, Kay Ivey, al promulgar la ley.


Quienes la votaron en el Senado del estado eran todos hombres y todos blancos. Diversos movimientos sociales –como el feminista y la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles– intentarán bloquear la aplicación del nuevo texto y probablemente logren que un juez federal lo haga, invocando la decisión de la Corte Suprema de 1973 (fallo “Roe versus Wade”) que reconoció el derecho al aborto a nivel nacional. Intentos similares de impedir la práctica del aborto han quedado en letra muerta por resoluciones judiciales. Alabama no será la excepción. La gobernadora evangelista admitió que lo más factible es que las clínicas en que se practican las interrupciones voluntarias del embarazo en su estado permanezcan abiertas. Apuesta, sin embargo, a que a corto plazo las cosas cambien.


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Desde que Donald Trump nombrara a los veteranos Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch sucesores de dos ministros “progresistas” que se jubilaron, el máximo tribunal de justicia estadounidense se inclinó marcadamente a la derecha. El presidente prometió en la campaña electoral que no pararía hasta “erradicar” de los tribunales a los jueces abortistas. Se lo dijo a los evangelistas con los que estableció una alianza de hecho. Y, como en otros terrenos, está cumpliendo.


En los papeles, esa alianza no parecía tan simple. Dos veces divorciado, mundano, juerguista y mujeriego, el magnate no calzaba en el perfil de político más preciado por los religiosos conservadores, que en Estados Unidos pululan, sean del culto que sean. Máxime cuando a fines de los años noventa se declaró favorable al derecho al aborto. Pero, para las elecciones pasadas, eligió como compañero de fórmula a Mike Pence, un evangelista que se definió como “cristiano, conservador y republicano, en ese orden”. Una vez en la Casa Blanca, se rodeó de muchos otros evangélicos ultraconservadores, entre ellos, su secretario de Estado, Mike Pompeo, un duro que anda jugando al cowboy en Venezuela e Irán; su portavoz, Sarah Sanders, para quien Trump es presidente porque “Dios lo votó”; su ministra de Educación, Betsy DeVos, que está desmantelando la enseñanza pública y favoreciendo a la privada, y poniendo en práctica, a golpe de millones de dólares, eso de que “la lucha contra las ideologías disolventes y ateas se juega sobre todo en el terreno de la educación”; su ministro de Energía, Rick Perry, un petrolero texano para quien el calentamiento global es cosa de terroristas verdes… Y así.


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La unión entre la derecha y los grupos religiosos duros no es precisamente reciente en Estados Unidos. Desde fines de los años setenta, época en que “el reverendo Jerry Falwell, teórico de la ‘mayoría silenciosa’, anuncia el fin de la neutralidad”, es un matrimonio consumado, afirma un informe publicado por el diario francés Libération (16-V-19). Desde entonces, la mayoría de los pastores y fieles de las iglesias evangélicas se inclinan en favor del Partido Republicano en cada elección. Lo hacen de manera creciente: con Ronald Reagan primero, con Bush padre e hijo luego, y sobre todo con Donald Trump ahora. Con “Trump y Pence, religión y política hacen uno”, dice el periodista Michael D’Antonio en su biografía del actual vicepresidente (The Shadow President. The Truth about Mike Pence). En las últimas elecciones, 80 por ciento del voto de los evangélicos –que representan alrededor de un cuarto de la población estadounidense– fue a parar al candidato republicano. Sin el apoyo (ideológico y económico) de los predicadores mediáticos de las megaiglesias pentecostales, Trump no hubiera sido jamás elegido, dice a Libération Katherine Stewart, especialista en el movimiento evangelista estadounidense. Y el sociólogo suizo Philippe González, profesor en la Universidad de Lausana y autor del libro Que ton règne vienne. Des évangéliques tentés par le pouvoir absolu, afirma que en la era Trump se está dando en Estados Unidos “la emergencia de una tercera generación de evangélicos conservadores que penetra realmente las instancias políticas del poder”. Otrouniversitario europeo, Yannick Fer,docente en el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia y especialista en el neopentecostalismo,declaró a Libération que “en Estados Unidos los organismos misioneros evangélicos y pentecostalistas participaron efectivamente en lo que se ha llamado soft power”. Lo hicieron sobre todo “en el contexto de la Guerra Fría y del miedo al comunismo, cuando fueron utilizados como una barrera a la difusión de ideologías políticas de izquierda”.


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Pero ahora no sólo predican. También legislan y gobiernan, apunta Philippe González. El investigador suizo dice que fue en tiempos de Ronald Reagan que se esbozó el pasaje a la acción política de un sector del pentecostalismo que hasta entonces veía con reticencias dar ese paso. A fines de los setenta, se conformó en el país una suerte de derecha teoconservadora, que reúne a religiosos inspirados, por un lado, en George Weigel, un universitario católico muy cercano al papa Juan Pablo II (fue uno de sus biógrafos) y, por otro, en Charles Peter Wagner, un teólogo protestante muerto en 2016, que fue misionero en Bolivia durante más de 15 años y teorizó sobre la necesidad de una nueva reforma apostólica.
Wagner propulsó el neopentecostalismo como conductor de una “guerra espiritual” para liberar del “dominio de Satán” no sólo a cuerpos y espíritus, sino también territorios, países, gobiernos. “Una focalización sobre los valores familiares, la lucha contra el aborto y los derechos de la comunidad Lgbt, la oposición a la teoría de la evolución y a la ‘ideología de género’” conformaron la matriz ideológica de esta tendencia, que en Estados Unidos empezó a tener un peso político concreto en los primeros años de dos mil con la administración del republicano George W Bush, un born again, un converso al protestantismo, que estableció sesiones de lectura obligatoria de la Biblia en la Casa Blanca, señala Yannick Fer. Los gobiernos demócratas (Clinton, Obama) los exiliaron de la gestión política, pero con Trump volvieron por sus fueros, y con una fuerza mucho mayor.


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La decisión del rubio republicano de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén les supuso una victoria simbólica: para los evangélicos neopentecostales, Israel es la tierra del pueblo elegido y defender su territorio de los acosos de Satán, un “deber sagrado”, dice González. En una reciente entrevista con la agencia Sputnik (28-I-19) a propósito de la expansión del neopentecostalismo en América Latina, el antropólogo uruguayo Nicolás Guigou destacaba cómo la flamante ministra de la Mujer y la Familia de Brasil, Damares Alves –quien en 2018 apareció en un video, que acaba de ser revelado, en el que llamaba a los padres a que prohibieran a sus hijas ver la película Frozen porque, según ella, fomenta el lesbianismo–, asumió su cargo envuelta en una bandera israelí. Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo explícito de neopentecostales como Alves, intentó seguir el camino de su “amigo” Trump en la mudanza de la embajada en Israel. Todavía no lo pudo hacer, por un tema de equilibrios políticos internos, pero sí lo hizo el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales, otro presidente latinoamericano allegado a los evangélicos, en un país en el que representan ya 40 por ciento de la población.


En la Cisjordania ocupada, subraya el informe de Libération, los neopentecostales, aliados a los sectores más duros y conservadores del judaísmo, se mueven. “Hay en Israel un auge del sionismo cristiano made in Usa”, afirma el diario francés, y cita casos concretos de asociaciones y colonos cristianos de origen estadounidense que “trabajan” codo con codo con los colonos judíos en la ocupación y el arrebato de tierras palestinas. Los rabinos locales “están muy contentos” de ver cómo estos extranjeros, a los que miraban de reojo cuando desembarcaron, porque sospechaban que querían convertirlos, hoy los respaldan, dijo un integrante de una de esas asociaciones. Un apoyo sumamente bienvenido “en tiempos de Bds” (la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones, llevada a cabo internacionalmente contra el estado de Israel). La International Fellowship of Christians and Jews, animada fundamentalmente por evangélicos, destina unos sesenta millones de dólares por año a apoyar proyectos de colonización en los territorios palestinos ocupados.


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La “guerra espiritual” pregonada por Wagner tiene muchos blancos, según la región en la que los neopentecostales se muevan: la Iglesia Católica y los movimientos de izquierda, feministas, de la diversidad sexual en todos lados; los cultos afro en América Latina; el islamismo en África, Europa y, crecientemente, Estados Unidos; el budismo en Asia. Corea del Sur es uno de los países en que más se expandieron los evangélicos desde los años sesenta, cuando comenzó a operar en ese país, bastión de Occidente en la Guerra Fría, la Yoido Full Gospel, una iglesia fundada por el pastor Cho Yonggi, que durante años fue traductor para el ejército estadounidense. Un 20 por ciento de los 50 millones de habitantes del país serían hoy evangélicos, y en Seúl y otras ciudades surcoreanas funcionan las iglesias más grandes del mundo de esos cultos, más aun que las brasileñas. Durante los largos años de la dictadura militar iniciada en 1961, los evangélicos respaldaron de hecho el régimen. Nigeria y la República Democrática del Congo son los países africanos en que más han logrado penetrar los neopentecostales. También en Afganistán y Sudáfrica, aunque en menor medida. Ahí chocan fundamentalmente con el Gran Satán islámico, uno de sus mayores enemigos, dijo Nicolás Guigou en noviembre pasado a Brecha (16-XI-18), y en esa confrontación han sido objeto incluso de masacres, sobre todo en Nigeria.


En esa nota se citaba un informe de 2017 de la consultora Latinobarómetro que daba cuenta del avance del protestantismo en el que es todavía el mayor reservorio planetario de la Iglesia Católica. Se decía que el evangelismo habría pasado de abarcar 5 por ciento de la población latinoamericana a abarcar 20 por ciento en unas pocas décadas. Las cifras actuales serían aun mayores, y la tendencia al crecimiento de estos cultos se mantendría e incluso se acrecentaría en los próximos años. La World Christian Database, una publicación de la Universidad de Oxford que reúne datos y estadísticas sobre el cristianismo en el mundo, proyecta un crecimiento exponencial de los pentecostales en el mundo en los próximos 30 años: serían más de 1.000 millones en 2050, contra 1.600 millones de católicos. n

23 mayo, 2019


1. Pablo Semán, “Pentecostalismo y política en América Latina. ¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen?”, Nueva Sociedad, marzo-abril de 2019.

Publicado enSociedad
El Internet ruso, el Google chino, el 5G de EEUU: Internet se va llenando de fronteras

Internet nunca fue un terreno neutral, pero el ansia de los gobiernos por aumentar su control sobre él está restringiendo cada vez más derechos

El veto de Trump sobre Huawei y China afecta directamente a la libertad de los consumidores europeos, pero encierra una lucha por el control de la infraestructura

"Quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad", recuerdan los expertos

 

Hace una década, decir que Internet como red libre estaba para tirar a la basura y empezar de cero con otra era considerado una postura radical. Hoy es lo que propone uno de sus padres, Tim Bernes-Lee, el ingeniero que inventó del concepto de la World Wide Web. A través de la fundación que dirige está buscando apoyos para desarrollar una red descentralizada y que impida por concepto que los gobiernos y las grandes empresas vuelvan a cerrarla, como han hecho con la actual. Internet no es neutral y nunca lo ha sido, pero está yendo a peor.

Que EEUU haya decidido determinar a la población mundial sobre qué dispositivos comprar, bloqueando que haya software o componentes estadounidenses en los dispositivos que fabriquen la empresas chinas Huawei o ZTE es el último ejemplo. Pero hay muchos más, mirando arriba, abajo y a los lados.


No hay ninguna autoridad pública que gobierne los asuntos de Internet. Esta circunstancia, considerada positiva por los expertos como un plus en sus primeros años, está en cuestión tras escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica. No hay nadie que ponga reglas, pero eso implica que tampoco hay nadie encargado de que proteger la red como un espacio neutral.


Otros aspectos están gobernados de forma estrictamente privada. Es el caso de la asignación de nombres de dominio, como los ".com" o ".es", sobre los que decide el ICANN, una institución privada aunque sin propósito de lucro radicada en California. Puede parecer que su labor no es demasiado trascendental, hasta que se topa con un debate con aristas, como sobre el que se ha posicionado esta semana: ¿el dominio ".amazon" debe ser de Amazon o de los países de la cuenca del Amazonas?


Un conflicto de siete años que el ICANN ha resuelto este jueves a favor de la multinacional. Esta solicitó primero la gestión del ".amazon", cuando la organización anunció que permitiría un mayor grado de personalización de los dominios. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela solicitaron una "gobernanza compartida": argumentan que no pretenden impedir que Amazon pueda utilizar "kindle.amazon" o "ebooks.amazon" como desee, pero no querían depender de la buena voluntad de la multinacional para otros como "tourism.amazon". Ahora tendrán 90 días para presentar alegaciones al ICANN que, si no son aceptadas, supondrán el punto final de sus aspiraciones a decidir sobre ".amazon".
"En realidad, si te pones a buscar en la materialidad sobre la que se asienta Internet, en sus infraestructuras físicas, en qué zonas geográficas, y te das cuenta de que en realidad la red lleva privatizada casi desde su surgimiento", recuerda en conversación con este medio Enric Luján, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. "Ves que la gran mayoría de cables de Internet los controlan megacorporaciones internacionales, que los intercambiadores de paquetes y todos los centros logísticos están en manos privadas. Al final, quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad".


"La decisión de Trump de vetar a Huawei, más que ser un game breaker, lo que hace es confirmar la tendencia de segmentación que Internet ha tenido desde el principio. Ahora perdemos también la libertad de escoger una u otra marca. Se te restringe el acceso a Internet incluso como usuario, como cliente, desde determinados soportes, solo porque sobre ese soporte hay un boicot activo y descarado para beneficiar a unas marcas por delante de otras", continúa Luján, experto en la relación entre filosofía y tecnología y coautor del libro Resistencia digital.


El Gobierno estadounidense escudó su veto a Huawei en motivos de "seguridad nacional", acusándola de espionaje. EEUU no ha ofrecido pruebas de ello, mientras que las investigaciones que se han abierto en otros países tampoco han hallado evidencias. Varias fuentes de empresas del sector digital español con presencia en toda Europa confesaron a eldiario.es que detrás del veto ven motivos económicos, ya que esta empresa es puntera en el desarrollo de la tecnología 5G, clave en el proceso de robotización de la sociedad y el futuro de proyectos como el del coche autónomo, y está en negociación con varios gobiernos europeos para suministrarles su tecnología.


Fronteras y privatización cada vez más visibles


La cuestión de la soberanía digital ha vuelto con fuerza al debate público europeo a raíz del recorte de libertades que un gobierno tercero ha impuesto al resto del mundo a la hora de elegir la marca del dispositivo que desea comprar. Pero en los países de fuera de la órbita de EEUU como China o Rusia. Estos países sospecharon desde el principio de la neutralidad de la red estadounidense y de las empresas estadounidenses que le daban forma. Las primeras vetadas fueron las empresas de redes sociales y Google. Tienen compañías que dan servicios paralelos, pero nacionales y bajo la vigilancia de sus gobiernos.


Los chinos viven directamente en su propio ciberecosistema vallado: su buscador censurado Baidu es el más usado del mundo. Apenas usan productos de Google. En el otro extremo, las cifras de venta de Huawei en EEUU son muy pequeñas, lo que deja a Europa como uno de los territorios más afectados por el veto de Trump.


"Hay varios estados, sobre todo los grandes países más autoritarios, que tienen su propio control de Internet, no cerrado del todo, pero sí muy controlado. Está China, Rusia o la India, pero hay otros", explica Andrés Ortega Klein, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de las ideas. "La guerra comercial se está dando también por la preeminencia tecnológica. No solo por imponer tecnología propia a los demás países, sino por el control: Internet es también en un instrumento de control tanto de las poblaciones propias como del resto de países".


El experto recuerda en este punto las publicaciones de Edward Snowden, que demostraron que los servicios de inteligencia tenían túneles para espiar básicamente a todo el mundo, desde Angela Merkel a los técnicos brasileños que analizaban una de las mayores bolsas de petróleo del mundo que fue encontrada frente a su costa y por el que estaban pujando las petroleras estadounidenses.


"El resto de países se han dado cuenta de esto y los que pueden, quieren tener su propia infraestructura. Esto está fragmentado Internet en varias redes, cada vez más separadas", detalla el experto: "Además en poco tiempo puede venir una fragmentación superior, que son los Internet de diversa calidad", alude Ortega Klein en referencia a la intención de la administración Trump de romper la neutralidad que todavía existe entre los contenidos que circulan por la red y permitir a las operadoras priorizar unos sobre otros. Los que más paguen, concretamente.


Independízate si puedes


En el verano de 2013 acababa de estallar el escándalo de espionaje revelado por Snowden los europeos interrogaron a la UE por los motivos por los que la directiva de privacidad que debía protegerles de desmanes como aquel estuviera tan sumamente anticuada. Databa de 1995, antes siquiera de la expansión de Internet.


La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la cartera de Justicia, Viviane Reding, dio una pista sobre el por qué de semejante retraso: "Nunca había visto un lobby tan potente", declaró, señalando al Gobierno estadounidense y sus multinacionales digitales. Explicó que en ese momento en Bruselas había más lobbistas tratando de dificultar que la nueva norma saliera adelante que burócratas comunitarios trabajando en ella: "[Las compañías norteamericanas] han presionado para que no se les aplicasen los estándares comunitarios. Y el Gobierno estadounidense ha ejercido presión, lo mismo que esas compañías".


"Los estadounidenses han entendido antes que los europeos la importancia de este dossier. Por eso intentan pararlo, porque suponía que no podrían actuar más como hasta ahora. Es un juego de poder. Y los estadounidenses lo han entendido", denunció Redding, del PP europeo.


El Reglamento General de Protección de Datos europeo seguiría retrasándose mucho más. Terminó entrando en vigor un lustro después, el 25 de mayo de 2018. Las autoridades comunitarias lo festejaron como una vía para poner a Europa en el mapa digital. No se independizaría del imperialismo digital estadounidense, pero al menos impondría los estándares más altos en cuanto a protección de derechos individuales en el entorno digital.


Una de sus medidas más publicitadas fue la posibilidad de multar a cualquier compañía que se lo saltara con un 4% de su facturación mundial anual. Un año después se su entrada en vigor esas grandes sanciones aún están por llegar.

Por Carlos del Castillo
23/05/2019 - 21:56h