Jueves, 02 Agosto 2018 08:34

Los conceptos que nos faltan

Los conceptos que nos faltan

A diferencia de los pájaros, los seres humanos vuelan con raíces. Parte de las raíces están en los conceptos que hemos heredado para analizar o evaluar el mundo en el que vivimos. Sin ellos, el mundo parecería caótico, una incógnita peligrosa, una amenaza desconocida, un viaje insondable. Los conceptos nunca retratan exactamente nuestras vivencias, ya que estas son mucho más diversas y variables que las que sirven de base a los conceptos dominantes. Estos, al fin y al cabo, son los conceptos que sirven a los intereses de los grupos social, política, económica y culturalmente dominantes, aunque matizados por las modificaciones que van introduciendo los grupos sociales que resisten a la dominación. Estos últimos no siempre recurren exclusivamente a estos conceptos. Muchas veces disponen de otros que les resultan más próximos y verdaderos, pero que reservan para el consumo interno. Sin embargo, en el mundo de hoy, surcado por tantos contactos, interacciones y conflictos, no pueden dejar de tener en cuenta los conceptos dominantes, a riesgo de ver sus luchas aún más invisibilizadas o más cruelmente reprimidas. Por ejemplo, los pueblos indígenas y los campesinos no disponen del concepto de medio ambiente porque este refleja una cultura (y una economía) que no es la suya. Solo una cultura que separa en términos absolutos la sociedad de la naturaleza para poner esta a disposición incondicional de aquella, necesita tal concepto para dar cuenta de las consecuencias potencialmente nefastas (para la sociedad) que pueden resultar de dicha separación. En suma, solo una cultura (y una economía) que tiende a destruir el medio ambiente necesita el concepto de medio ambiente.


En verdad, ser dominado o subalterno significa ante todo no poder definir la realidad en términos propios, sobre la base de conceptos que reflejen sus verdaderos intereses y aspiraciones. Los conceptos, al igual que las reglas del juego, nunca son neutros y existen para consolidar los sistemas de poder, sean estos viejos o nuevos. Hay, sin embargo, periodos en los que los conceptos dominantes parecen particularmente insatisfactorios o imprecisos. Se les atribuyen con igual convicción o razonabilidad significados tan opuestos, que, de tan ricos de contenido, más bien parecen conceptos vacíos. Este no sería un problema mayor si las sociedades pudieran sustituir fácilmente estos conceptos por otros más esclarecedores o acordes con las nuevas realidades. Lo cierto es que los conceptos dominantes tienen plazos de validez insondables, ya sea porque los grupos dominantes tienen interés en mantenerlos para disfrazar o legitimar mejor su dominación, bien porque los grupos sociales dominados o subalternos no pueden correr el riesgo de tirar al niño con el agua de bañarlo. Sobre todo cuando están perdiendo, el miedo más paralizante es perderlo todo. Pienso que vivimos un periodo de estas características. Se cierne sobre él una contingencia que no es el resultado de ningún empate entre fuerzas antagónicas, lejos de eso. Más bien parece una pausa al borde del abismo con una mirada atrás.


Los grupos dominantes nunca sintieron tanto poder ni nunca tuvieron tan poco miedo de los grupos dominados. Su arrogancia y ostentación no tienen límites. Sin embargo, tienen un miedo abisal de lo que aún no controlan, una apetencia desmedida por lo que aún no poseen, un deseo incontenido de prevenir todos los riesgos y de tener pólizas de protección contra ellos. En el fondo, sospechan ser menos definitivamente vencedores de la historia como pretenden, ser señores de un mundo que se puede volver en su contra en cualquier momento y de forma caótica. Esta fragilidad perversa, que los corroe por dentro, los hace temer por su seguridad como nunca, imaginan obsesivamente nuevos enemigos, y sienten terror al pensar que, después de tanto enemigo vencido, son ellos, al final, el enemigo que falta vencer.


Por su parte, los grupos dominados nunca se sintieron tan derrotados como hoy, las exclusiones abisales de las que son víctimas parecen más permanentes que nunca, sus reivindicaciones y luchas más moderadas y defensivas son silenciadas, trivializadas por la política del espectáculo y por el espectáculo político, cuando no implican riesgos potencialmente fatales. Y, sin embargo, no pierden el sentido profundo de la dignidad que les permite saber que están siendo tratados indigna e inmerecidamente. Días mejores están por llegar. No se resignan, porque desistir puede resultar fatal. Sienten que las armas de lucha no están calibradas o no se renuevan hace mucho; se sienten aislados, injustamente tratados, carentes de aliados competentes y de solidaridad eficaz. Luchan con los conceptos y las armas que tienen pero, en el fondo, no confían ni en unos ni en otras. Sospechan que mientras no tengan confianza para crear otros conceptos e inventar otras luchas correrán siempre el riesgo de ser enemigos de sí mismos.
Al igual que todo lo demás, los conceptos también están al borde del abismo y miran atrás. Menciono, a título de ejemplo, uno de ellos: derechos humanos.


En los últimos cincuenta años, los derechos humanos se transformaron en el lenguaje privilegiado de la lucha por una sociedad mejor, más justa y menos desigual y excluyente, más pacífica. Tratados y convenciones internacionales existentes sobre los derechos humanos se fueron fortaleciendo con nuevos compromisos en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho constitucional, al mismo tiempo que el catálogo de los derechos se fue ampliando a fin de abarcar injusticias o discriminaciones anteriormente menos visibles (derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres, LGTBI; derechos ambientales, culturales, etcétera). Movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales se multiplicaron al ritmo de las movilizaciones de base y de los incentivos de instituciones multilaterales. En poco tiempo, el lenguaje de los derechos humanos pasó a ser el lenguaje hegemónico de la dignidad, un lenguaje consensual, eventualmente criticable por no ser lo suficientemente amplio, pero nunca impugnable por algún defecto de origen.


Cierto que se fue denunciando la distancia entre las declaraciones y las prácticas, así como la duplicidad de criterios en la identificación de las violaciones y en las reacciones contra ellas, pero nada de eso alteró la hegemonía de la nueva cultura oficial de la convivencia humana. Cincuenta años después, ¿cuál es el balance de esta victoria? ¿Vivimos hoy en una sociedad más justa y pacífica? Lejos de eso, la polarización social entre ricos y pobres nunca fue tan grande; guerras nuevas, novísimas, regulares, irregulares, civiles, internacionales continúan siendo entabladas, con presupuestos militares inmunes a la austeridad y la novedad de que mueren en ellas cada vez menos soldados y cada vez más poblaciones civiles inocentes: hombres, mujeres y, sobre todo, niños. Como consecuencia de esas guerras, del neoliberalismo global y de los desastres ambientales, nunca como hoy tanta gente fue forzada a desplazarse de las regiones o de los países donde nació, nunca como hoy fue tan grave la crisis humanitaria. Más trágico todavía es el hecho de que muchas de las atrocidades cometidas y de los atentados contra el bienestar de las comunidades y los pueblos se perpetran en nombre de los derechos humanos.


Por supuesto que hubo conquistas en muchas luchas, y muchos activistas de los derechos humanos pagaron con la vida el precio de su entrega generosa. ¿Acaso yo mismo no me consideré y me considero un activista de los derechos humanos? ¿Acaso no escribí libros sobre las concepciones contrahegemónicas e interculturales de los derechos humanos? A pesar de eso, y ante una realidad cruel que únicamente no salta a la vista de los hipócritas, ¿no será tiempo de repensar todo de nuevo? Al final, ¿de qué y de quién fue la victoria de los derechos humanos? ¿Fue la derrota de qué y de quién? ¿Habrá sido coincidencia que la hegemonía de los derechos humanos se acentuó con la derrota histórica del socialismo simbolizada en la caída del Muro de Berlín? Si todos concuerdan con la bondad de los derechos humanos,
¿ganan igualmente con tal consenso tanto los grupos dominantes como los grupos dominados? ¿No habrán sido los derechos humanos un artificio para centrar las luchas en temas sectoriales, dejando intacta (o hasta agravada) la dominación capitalista, colonialista y patriarcal? ¿No se habrá intensificado la línea abisal que separa a los humanos de los subhumanos, sean estos negros, mujeres, indígenas, musulmanes, refugiados o inmigrantes indocumentados? Si la causa de la dignidad humana, noble en sí misma, fue entrampada por los derechos humanos, ¿no será tiempo de desarmar el engaño y mirar hacia el futuro más allá de la repetición del presente?


Estas son preguntas fuertes, preguntas que desestabilizan algunas de nuestras creencias más arraigadas y de las prácticas que señalan el modo más exigentemente ético de ser contemporáneos de nuestro tiempo. Son preguntas fuertes para las cuales solo tenemos respuestas débiles. Y lo más trágico es que, con algunas diferencias, lo que ocurre con los derechos humanos sucede también con otros conceptos igualmente consensuales. Por ejemplo, democracia, paz, soberanía, multilateralismo, primacía del derecho, progreso. Todos estos conceptos sufren el mismo proceso de erosión, la misma facilidad con la que se dejan confundir con prácticas que los contradicen, la misma fragilidad ante enemigos que los secuestran, capturan y transforman en instrumentos dóciles de las formas más arbitrarias y repugnantes de dominación social. ¡Tanta inhumanidad y chauvinismo en nombre de la defensa de los derechos humanos; tanto autoritarismo, desigualdad y discriminación transformados en normal ejercicio de la democracia; tanta violencia y apología bélica para garantizar la paz; tanto pillaje colonialista de los recursos naturales, humanos y financieros de los países dependientes, con el respeto meramente protocolario de la soberanía; tanta imposición unilateral y chantaje en nombre del nuevo multilateralismo; tanto fraude y abuso de poder bajo el ropaje del respeto a las instituciones y el cumplimiento de la ley; tanta destrucción arbitraria de la naturaleza y de la convivencia social como precio inevitable del progreso!

 


Nada de esto tiene que ser inevitablemente así para siempre. La madre de toda esta confusión, inducida por quien se beneficia de ella, de toda esta contingencia disfrazada de fatalismo, de toda esta parada vertiginosa al borde del abismo, reside en la erosión, bien urdida en los últimos cincuenta años, de la distinción entre ser de izquierda y ser de derecha, una erosión llevada a cabo con la complicidad de quienes más son perjudicados por ella. Por vía de esa erosión desaparecieron de nuestro vocabulario político las luchas anticapitalistas, anticolonialistas, antifascistas, antiimperialistas. Se concibió como pasado superado lo que al final era el presente, más que nunca determinado a ser futuro. En esto consistió estar en el abismo y mirar atrás, convencido de que el pasado del futuro nada tiene que ver con el futuro del pasado. Es la mayor monstruosidad del tiempo presente.

 

Video relacionado

https://youtu.be/EKOUN14pDWc 

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Sábado, 28 Julio 2018 09:48

Interrogantes y escenarios

Interrogantes y escenarios

Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.

 

Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.

 

Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.

 

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.

 

De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.

 

En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre–­ son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.

 

Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.

 

En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.

 

El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?

 

La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.

 

Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.

 

Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.

 

En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.

 

Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!

 

1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.

Publicado enEdición Nº248
Sábado, 28 Julio 2018 09:04

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

Publicado enEdición Nº248
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 17:45

Los Derechos Humanos en letra muerta

Los Derechos Humanos en letra muerta

En Ciudad Bolívar, una de las localidades más populosas de Bogotá, la violación de los Derechos Humanos es constante. Luchando contra ello tomó vida la Coordinadora Cívico Popular, en la que confluyen alrededor de sesenta organizaciones de las más de trescientas con asiento en este territorio. En el año 2017 se conformó el comité de Derechos Humanos. Aquí un diagnóstico de la situación que en este campo viven sus pobladores.

La situación no es nueva. Las bandas de distinto tipo disputan el control del territorio de esta parte de Bogotá. Para ello se valen del comercio de narcóticos, el cobro de “impuestos” al comercio local, el control del transporte informal que circula por sus calles, la imposición de fronteras imaginarias, así como la propia intimidación ejercida a través de personas armadas que patrullas calles haciendo labores de “campaneros”, pero también a través de la mal llamada “limpieza social”.

Control territorial favorecido por la violación de los derechos básicos de miles de sus pobladores, en aspectos como trabajo, vivienda, salud, educación, recreación, ingresos, alimentación. Librados al “sálvese quien pueda”, el terreno queda abonado para la multiplicación de “ollas”, conformación y multiplicación de bandas –pequeñas y grandes–, así como el comercio ilegal de todo tipo de productos.

Hay que anotar, con paradoja, que la misma existencia de las “ollas” lleva a la multiplicación de drogadictos, los mismos que son controlados a punta de bala por sus creadores cuando se salen de los marcos impuestos por los jefes de zona –incumpliendo con los pagos por el mismo consumo, o robando tiendas del sector–. La multiplicación de asesinatos, por ciertos periodos tiene que ver con esto, cuando no es que afecta a los propios defensores de Derechos Humanos o activistas en general, en cuyo caso corresponde a que sienten disputado su control sobre ciertos territorios, o pagan de esa manera un favor a otros poderes con presencia local, en todo caso contrarios a la justicia y la libertad.

Cuando este tipo de circunstancias toman forma, y se salen de control, la respuesta institucional es enviar más policía a la localidad, como sucedió en el año 2016, cuando multiplicaron la presencia uniformada con otros 750 agentes. El allanamiento de ollas y las capturas también fueron evidentes, lo cual bajó un poco la tensión social, pero solo como remedio temporal, superficial, pues las causas siguieron intactas por lo cual, al poco tiempo, todo siguió igual.

La historia se repite. Durante el año 2017 se presentaron capturas y allanamientos en febrero, abril y agosto, desmantelando bandas como los “profetas”, la cual extendía sus controlen por varias localidades del sur.

Más leña para el fuego

La conflictividad y violación de los Derechos Humanos en la localidad se agudiza por otros dos fenómenos. 1. Los asentamientos informales en zonas estratégicas, los mismos que sirven para la expansión del narcotráfico mediante la apertura de nuevas “ollas”, así como la prolongación de corredores para el tránsito de sustancias psicoactivas. En estos nuevos asentamientos aprovechan diversidad de necesidades de sus pobladores (vivienda, trabajo, alimentos) para controlarlos y explotarlos, apareciendo como “salvadores”.
2. La minería legal e ilegal, que mediante la vigilancia privada intimidan a la población asentada históricamente en esta parte de la capital del país.

En todo caso, hay que recordar que la situación de violencia que aquí vivimos ganó un nuevo pico con el desalojo del Bronx, pues localidades como Ciudad Bolívar y otras del sur fueron las receptoras de los que salieron desplazados de allí. El fuego cruzado entre bandas que traían litigios fue cotidiano, y la inseguridad fue más evidente.

Incremento de inseguridad con un desenlace fatídico, como lo testimonia el asesinato en el 2017 de una menor de 11 años, hecho acaecido en el barrio El Espino I, UPZ Perdomo, víctima de un enfrentamiento entre bandas locales en disputa del control del sector con otros grupos de Soacha. La realidad que esto desnuda es la ya comentada: ni el gobierno nacional ni el distrital implementan políticas estructurales que rompan con los factores que alimentan la violación de los Derechos Humanos que aquí son pan diario.

Es una realidad sin resolución efectiva. Es así como en el año 2018 la constante es la misma: ollas, control territorial, disputas entre bandas y grupos de paramilitares desmovilizados, inseguridad, hurtos, homicidios; nuevos allanamientos y capturas bajan la tensión por momentos, pero unos días después el río vuelve por su cause. ¿Hasta cuándo?

 UPZ  Barrios  Factor de riesgo
     
 Lucero Manitas, Alpes, Arabia, Lucero, Estrella, Paraíso, Villas del Progreso, Juan Pablo II, Bella Flor y Domingo Laín El expendio de sustancias psicoactivas y armas. La disputa por el control territorial es constante y como muestra de su control asesinan a los jóvenes de la localidad. De manera sistemática infunden miedo en la población.
     
 Jerusalén Potosí, Verona, Tanque Laguna, Arborizadora Alta y Nueva Argentina  El expendio de sustancias psicoactivas, control territorial por parte de grupos pos desmovilización paramilitar, denominados “Águilas Negras”, “Paisas” y “Costeños”, además de las fronteras invisibles (Caracolí, Grupos, Tres esquinas y dentro del mismo Potosí) que impiden el acceso a los espacios.
El exterminio social es también uno de los factores de riesgo más grandes, lo que afecta a jóvenes y adultos. Los habitantes de Potosí, uno de los lugares centrales del conflicto, denuncia que es un epicentro de enfrentamientos entre bandas delincuenciales y Policía Nacional. En el territorio también se encuentran lugares de explotación minera ilegal que han contratado vigilancia privada, creando fronteras invisibles que impiden el libre acceso al territorio.
     
 Arborizadora Arborizadora, Atlanta, Ensueño y Coruña, El expendio de sustancias psicoactivas, enfrentamientos entre hinchadas de fútbol y persecución política a líderes comunales y procesos sociales a manos de grupos delincuenciales e incluso la Policía Nacional.
     
 Tesoro  Barranquitos, Quiba, Acapulco, Divino Niño, Estrella, Mochuelo y La Cumbre.  Denuncian una problemática ambiental a partir del botadero de basura mal llamado relleno sanitario, por el cual se incrementa el deterioro de la salud de quienes allí habitan. Las protestas de la comunidad tomaron forma y la respuesta por parte del Estado fue la militarización de la zona, persecución, señalamiento e intento de judicialización a líderes sociales. En el sector urbano de la UPZ han ingresado varios grupos pos desmovilización del paramilitarismo y bandas delincuenciales, auspiciando la fronterización invisible y miedo colectivo en la población.
     
 Ismael PerdomoxxxAltos de la Estancia, Perdomo Alto, Espino, Casa Grande, Tres Reyes, Estancia, Santa Viviana y Santo Domingoxxx

 La presencia de grupos pos desmovilización paramilitar denominados “Paisas”, “costeños” y “Urabeños”, los cuales se disputan el control territorial en la zona y lideran corredores de sustancias psicoactivas y armas.

Los hurtos recurrentes a los faros que están alrededor de la cancha del Barrio Casa Grande permite que se lleven a cabo asaltos directos contra la Casa Cultural del barrio y acciones amenazantes contra los líderes sociales del sector.

La cercanía de la localidad con el municipio de Soacha es un factor importante a tener en cuenta, porque allí se ha demostrado la presencia de escuelas de sicariato en las que enseñan a robar y asesinar. En dicho municipio, a pesar de la desmovilización, grupos paramilitares siguen operando, e intimidando a la población civil.

 
Video relacionado

https://youtu.be/a_JV6420WHA
 


Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 06:59

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Un total de 448 muertos, 2 mil 830 heridos y 595 desaparecidos ha dejado la crisis que sacude Nicaragua, que este jueves cumplió 100 días, reportó Alvaro Leiva, titular de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, mientras continúan las protestas antigubernamentales en el país.

Al divulgar un reporte sobre la violaciones de derechos humanos en esta crisis, Leiva indicó que de los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no, pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes.


Aseguró que 425 fueron ejecutados, de los cuales 358 murieron por heridas de armas de fuego, que incluyen 115 con disparos en la cabeza, 76 en el tórax y 58 en el cuello, abdomen y espalda. Añadió que del total de los heridos, 72 quedaron con lesiones permanentes.


Explicó que los pasados 15 días fueron particularmente sangrientos , debido a que se registraron otras 97 víctimas, con un promedio de seis fallecidos por día, y advirtió que la gran mayoría eran manifestantes civiles que protestaban contra el gobierno del presidente, Daniel Ortega.


El estudio, elaborado entre el 19 de abril y el 25 de julio, asegura que unas 718 personas fueron secuestradas por grupos parapoliciales y paramilitares que actúan motivados por un fanatismo partidario e ideológico a favor de Ortega. Muchos de los plagiados han aparecido luego en prisiones y enfrentan procesos judiciales que según el organismo de derechos humanos son ilegales.


Ante ello, Leiva exigió al gobierno desarticular los grupos paramilitares, a los que acusa de capturar, torturar, asesinar y causar terror a pobladores a raíz de las protestas antigubernamentales. Si verdaderamente, como lo ha expresado el presidente Ortega, (estos grupos) no pertenecen al gobierno, que tome cartas en el asunto y garantice el derecho a la seguridad ciudadana y a la vida, demandó.
Afirmó que los ciudadanos se encuentran en un estado de profundo miedo, terror, indefensión e impotencia por la presencia de paramilitares que, según denuncias, operan coordinados con la policía.


En esta capital cientos de opositores realizaron un plantón para conmemorar los 100 días del inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega, en homenaje a las víctimas y en solidaridad con los presos políticos.


Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, que fue derogada. Las manifestaciones continuaron ante el incrementó de la violencia gubernamental y para exigir la salida de Ortega, que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pide sea con elecciones anticipadas.


En Washinton, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este viernes a Ortega de estar librando una guerra contra la Iglesia católica en Nicaragua, que es mediadora de las mesas de dialogo entre el gobierno y la oposición.

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Ver, entender y eliminar las desigualdades de salud es una batalla científica y política. Entrevista a Joan Benach

Presentación


Entre mayo y junio de 2018 el Dr. Joan Benach visitó Puerto Rico en calidad de investigador visitante del Centro de Investigaciones Sociales del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP).[2] Estudiantes, docentes, investigadores y el público en general tuvieron la oportunidad de escucharle y discutir con él en múltiples eventos y seminarios en la Universidad, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. El doctor Benach es Catedrático de Sociología en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona, Director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) y Subdirector del Johns Hopkins University-UPF Public Policy Center, en la misma Universidad. Como director de la Red de Conocimiento de Condiciones de Empleo (EMCONET), creada en el 2005 por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Benach jugó un rol importante en la identificación, acopio, debate y diseminación de información científica sobre los determinantes sociales de las inequidades de salud en el mundo, especialmente en el campo del empleo y el trabajo.


Diez años después de que la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud produjera su informe Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud, nos interesó conversar y realizar una extensa entrevista con el Dr. Benach sobre los avances o fracasos de las recomendaciones realizadas por la Comisión, así como sobre otros temas relacionados con la salud pública, la investigación, y la necesidad de hacer visible, entender las causas y eliminar las desigualdades de salud, incluyendo también la situación de Puerto Rico.


Gloria Nazario (GN): Usted ha planteado en sus conferencias que vivimos en un mundo extraordinariamente desigual, en el que un grupo cada vez menor de personas, empresas y países controlan la mayor parte de la riqueza. Describe esa desigualdad como obscena y nos invita a mirar sus implicaciones sobre la salud. Le pregunto: ¿No ha habido avances en la salud de la humanidad? ¿Por qué son tan importantes las desigualdades sobre la salud?

Joan Benach (JB): En numerosas ocasiones he señalado y también escrito que, en mi opinión, la peor “epidemia” que vive la humanidad es la desigualdad social y su impacto en la salud. En el año 2009 el informe Oxfam dijo que 380 personas acumulaban la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Hace un par de años señalaron que 62 personas tenían tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, pero en el informe del año siguiente, en 2017, dijeron que se habían equivocado en los cálculos y que la brecha entre ricos y pobres aún era mayor ya que tan sólo 8 multimillonarios tenían tanta riqueza como 3,700 millones de personas. Eso es inaudito, algo único en la historia. Al tiempo que eso ha ocurrido, también es cierto que, a lo largo de los últimos siglos y décadas, determinados procesos ligados con la salud, la sanidad y el conocimiento y control de enfermedades han ido mejorando. Entre los ejemplos más citados suele hablarse del acceso a antibióticos para tratar la neumonía por ejemplo, vacunas como la de la polio, tratamientos quirúrgicos especializados, por ejemplo, para tratar las cataratas, la disponibilidad de alimentos mejores y más seguros, el poder tener agua potable limpia y sin gérmenes, tener vehículos con menos riesgos y las mejoras en la salud laboral o los avances en la atención materno-infantil, por sólo citar algunos avances de una larga lista. Sin embargo, a pesar de esos progresos, y por distintas razones, las cosas no son tan positivas como a veces muchos piensan o dicen.

GN: ¿Por qué? ¿Qué razones nos permitirían entender por qué no todo es tan positivo como parece?

JB: El tema es bastante complejo porque tiene muchas caras, pero quizás podríamos resumirlo de la forma más breve posible en cinco puntos, aunque en realidad cada uno de ellos merecería una larga reflexión. Lo primero que hay que entender es que muchos de los indicadores de salud que solemos usar, como las tasas de mortalidad por ejemplo, no son tan buenos ni tan válidos como a veces creemos. Un ejemplo es el enorme subregistro y gran cantidad de causas de muerte “mal definidas” que existe en muchos países (pensemos que menos del 10% tienen registros de calidad), sobre todo en los países y poblaciones más pobres, en donde hay causas de muerte muy estigmatizadas como el suicidio, todo lo cual distorsiona en buena medida los resultados que conocemos. Un segundo elemento es que, aunque sepamos medir la mortalidad u otros indicadores de enfermedad, eso no quiere decir que entendamos adecuadamente el conjunto de la salud humana. Y es que para entender la salud de forma integral hay que entender -y medir- temas muy importantes como son el malestar psíquico, el sufrimiento, la desesperanza, la humillación, la alienación social, o incluso la falta de sentido de la vida que mucha gente padece en el mundo actual. El tercer aspecto es que sabemos que, al tiempo que mejoran algunos temas de salud, otros empeoran. Un ejemplo es lo que en medicina se conoce como “iatrogenia”, es decir, el hecho de que determinados fármacos y tratamientos curan enfermedades pero, al mismo tiempo, nos enferman y matan. No por casualidad la iatrogenia es ya hoy la tercera causa de muerte en Estados Unidos. En el capitalismo del siglo 21, las grandes corporaciones químico-farmacéutico-tecnológicas hacen todo lo que pueden para lograr sacar el máximo de beneficios; eso quiere decir que “inventan” enfermedades y que presionan, manipulan y hacen todo lo posible para que, entre todos, profesionales sanitarios y enfermos, usemos determinados tratamientos que les generan beneficios pero que dañan la salud. Esa es también una “epidemia” que deberíamos evitar. Pensemos que alrededor de medio millón de personas en los países ricos mueren por efectos adversos a psicofármacos, la mayoría de los cuales son usados sin necesidad, o que en la Unión Europea mueren anualmente unas 200,000 personas a causa de los medicamentos. Otro conocido caso es el uso de cesáreas innecesarias en mujeres embarazadas, casi siempre realizadas en hospitales privados. En definitiva, al tiempo que la atención primaria y socio-sanitaria están infrautilizadas, muchos medicamentos y tratamientos deberían evitarse porque no curan sino que nos matan. Un cuarto punto es que, aunque la salud haya mejorado, eso no significa que tenga que seguir haciéndolo, ni quiere decir que alcancemos el nivel de salud que, de forma razonable, podríamos lograr. Y es que actualmente muchos países tienen una mortalidad infantil y una mortalidad materna demasiado elevadas, hay aún muchas enfermedades infecciosas prevenibles, millones de muertes prematuras, falta de atención sanitaria básica, etc., todo lo cual sería relativamente fácil y barato conseguir. Por tanto, hay muchas necesidades que cubrir. Por ejemplo, algo tan básico e importante para la salud como tener una vivienda, un trabajo o una sanidad dignos, disponer de alimentos adecuados y de agua limpia. Según la OMS se estima que 2,100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar y que más del doble no disponen de saneamiento seguro. Y está el tema del hambre y la malnutrición. Quizás hace tres o cuatro siglos uno podría decir que no teníamos los medios, el conocimiento y la tecnología para alimentar a toda la humanidad, pero hoy sí los tenemos. Por tanto, arreglar esos problemas no es un asunto técnico sino político. Y un quinto e importante último punto es el hecho de que aunque mejore la salud, eso no quiere decir necesariamente que se reduzcan las desigualdades entre países y entre grupos sociales. Como ya he dicho, hoy estamos viviendo bajo una brutal desigualdad social y económica, donde los grupos sociales más excluidos, marginados y empobrecidos son los que más sufren las consecuencias de los determinantes sociales, económicos y políticos sobre la salud. A pesar de haberse producido –sobre todo en las últimas décadas- múltiples mejoras tecnológicas, si nos olvidamos de la urgente necesidad de mejorar esos determinantes, es casi imposible que gran parte de la población mundial pueda vivir una vida digna y con buena salud. Pensemos que una de cada cuatro personas en el planeta (unos 1,700 millones de personas) necesita tratamiento contra enfermedades tropicales no atendidas, y que una de cada 3.5 personas (unos 2,000 millones) no tiene acceso a medicinas esenciales. Eso tiene que ver con esa brutal desigualdad y con las relaciones de poder existentes, en las que una élite, una parte pequeña de la humanidad, vive bien (o muy bien) a costa del resto, en un planeta que sufre una gravísima crisis socio-ecológica, directamente conectada con la evolución de un capitalismo a veces llamado “corporativo”, “plutocrático”, “cognitivo” o incluso “neofeudal”, entre otros apellidos, que nos lleva al colapso y al abismo, del que si quiere podemos hablar con más detalle.

GN: Sí, el sistema capitalista es tema obligado, pero antes déjeme preguntarle otras cosas. En una de sus conferencias usted nos habló de la existencia de una “pandemia de obesidad” y de la necesidad de analizar las causas de las desigualdades, entender la gradiente social que continuamente se observa en los estudios, y el hecho de que los pobres son los que más sufren este problema de salud. Pero también señaló que sobre esto, o no se sabe, o se sabe muy poco. Y usted apuntó a la crítica del modelo biomédico y a la necesidad de buscar explicaciones estructurales y políticas de estos problemas. ¿Podría abundar un poco más sobre todo esto?

JB: La obesidad es un ejemplo de salud pública muy interesante sobre el que vale la pena reflexionar y del que se pueden aprender muchas cosas. A lo largo de la historia, ¿quiénes han sido las personas más obesas? Creo que muchos tenemos en la cabeza la imagen, bien sea en pinturas o en dibujos, de una persona muy rica, un gran banquero o potentado, muy obeso y quizás fumando un puro, por no hablar de reyes o aristócratas. La gordura ha sido durante mucho tiempo un símbolo de poder, de estatus, e incluso de belleza. Eso ha sido así a lo largo de buena parte de la historia de la humanidad. Pero a finales del siglo 20 eso ha cambiado, ahora los obesos -sobre todo en los países ricos- son los pobres. En las cuatro últimas décadas, a medida que la humanidad ha dispuesto de muchos más alimentos para hacer frente a sus necesidades, se ha producido una situación dual donde aún hay mucha gente que pasa hambre pero, al mismo tiempo, hay más gente incluso que está obesa o con sobrepeso. Sabemos que en el mundo al menos una de cada nueve personas está hambrienta, lo cual, como dice Jean Ziegler, es un crimen contra la humanidad porque en este momento el hambre es evitable. Y también sabemos que junto al hambre hay malnutrición, presente en un tercio de la población de los países más pobres, lo cual produce alteraciones del crecimiento y déficits cerebrales. Pero, por otro lado, sabemos también que la sobrealimentación o la mala alimentación constituyen un enorme problema global de salud pública. Se calcula que, en apenas cuatro décadas, el número de personas obesas ha pasado de 100 a casi 650 millones, y que actualmente cerca de 2,000 millones de adultos tienen ya obesidad o sobrepeso, y todo indica que la situación va a empeorar. La obesidad y el sobrepeso generan todo tipo de enfermedades y desigualdades por las cuales fallecen unos tres millones de adultos al año. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo es posible que en tan pocos años haya ocurrido un cambio tan rápido, en tantos países y en los distintos grupos sociales, pero en particular en la población con menos recursos? Si atendemos un modelo de causalidad centrado en las causas biomédicas, la biología, la genética, los “estilos de vida” o la atención sanitaria, no es posible entender la pandemia de obesidad que padecemos. No hay ninguna causa genética ni asociada a la atención médica que haya cambiado tan rápido como para generar esa pandemia. Por lo que hace a los estilos de vida, la valoración es más complicada. Es verdad que lo que uno puede ver es una persona concreta que tiene comida delante suyo que, al final, decide o no comer –lo mismo que fumar o beber alcohol u otras conductas-, y eso puede parecer un acto puramente voluntario. Pero las cosas son más complicadas porque eso que vemos es solo el final de una larga cadena causal que no es tan fácil de ver. Antes de que uno tenga el plato encima de la mesa, o antes de que uno tenga un cigarrillo en el bolsillo de su camisa o en la boca, pasan muchas cosas. Y esas cosas que pasan tienen que ver con la producción, distribución, publicidad, consumo de alimentos -y cigarrillos claro-, y mil cosas más. Todos esos factores son causas de la obesidad, y de hecho son las más importantes. Son “causas de causas de causas”. Y es que actualmente la comida del mundo está en manos de apenas una decena de corporaciones agroalimentarias (el llamado “Big Food”), cuyo objetivo básico no es producir alimentos sino vender el máximo volumen de sus mercancías y ganar el máximo beneficio posible. Es un complejo agro-alimentario mundial de tipo sistémico que se articula en cadenas de restaurantes, supermercados y empresas de elaboración de comidas precocinadas, con la compra, transporte y venta de productos ganaderos, piscícolas y vegetales, a través de la biogenética, la producción de semillas, insecticidas, herbicidas, abonos y fertilizantes. Y todo ese poder puede seguir aumentando hasta quizás llegar a un modelo agrícola “único”, cada vez más dañino, pero también muy vulnerable, que excluye a los pequeños agricultores, que son el 90% del mundo y proveen más del 80% de los alimentos en los países pobres. En definitiva, ese tremendo oligopolio alimentario determina qué se produce, qué se come, dónde, cómo y a qué precio. Por consiguiente, tanto el hambre como la obesidad tienen causas políticas que en gran parte se derivan del poder autocrático de unos oligopolios que compiten por ser líderes en un mercado capitalista global, y que buscan tener un completo dominio del ciclo integral de la agroalimentación, especular con los precios de los alimentos, vender sus productos y aumentar sus ventas.

GN: Usted describió la crítica a los estilos de vida diciendo que “no elige quien quiere, sino que elige quien puede”…

JB: Sí, es verdad, es una frase que intenta resumir de la forma más sencilla posible un tema que no es fácil de resumir. Un economista y novelista español fallecido hace unos años, José Luis Sampedro, solía decir que creer que las personas hacemos simplemente “elecciones personales” es en gran medida un mito, porque uno no puede elegir hacer determinadas cosas, y tampoco las pueden elegir todas las personas. Y es que no todas las personas tienen la misma capacidad, recursos y oportunidades para elegir qué hacer. Sampedro lo ilustraba diciendo por ejemplo: “sí claro, somos libres. Prueben a ir al supermercado a comprar algo con los bolsillos vacíos. A ver, a ver ¿cuánto pueden elegir y cuánto comprar?” Claro está, no puedes comprar nada con los bolsillos vacíos, necesitas dinero. Por tanto, no se trata puramente de un acto de elección voluntaria, o de una persona que decide hacer algo. Hay otros factores detrás, -en este caso la capacidad adquisitiva y todo lo relacionado con ello- que hemos de ser capaces de ver y entender.

GN: Y la gente por lo general hace lo mejor que puede dentro de sus circunstancias vitales…

JB: Desde luego, la gente no hace en su vida lo que quiere sino lo que puede o lo que le dejan hacer en base a las oportunidades, recursos, educación, cultura, poder, relaciones sociales, y otros factores, de que disponga. Si uno ha sido culturalizado en una familia, un barrio, o unos amigos donde lo común, lo normal, es consumir determinadas drogas como el alcohol o el tabaco, lo más probable es que esa persona consuma esas drogas. ¿Por qué? Porque las circunstancias relacionadas con la socialización y la disponibilidad de esas sustancias así lo facilitan, o lo hacen probable. Por tanto, no podemos aislar la elección y la conducta humana de la sociedad, ni de los grupos sociales a los que pertenecemos que, en gran medida, configuran nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras conductas. El género, la clase social, el lugar geográfico donde vivimos, nuestro barrio, familia, cultura... Todo eso nos constituye como personas, como grupos sociales; y al mismo tiempo que lo hace, nos da más o menos posibilidades, más o menos oportunidades para hacer determinadas cosas y para desarrollar determinadas conductas. Eso explica, por ejemplo, por qué en los años 30 los fumadores básicamente eran hombres de las clases sociales más privilegiadas de los países más ricos que podían comprar los cigarrillos y, en cambio, que años y décadas más tarde fueron las mujeres y las personas de la clase obrera y de los países más empobrecidos quienes se sumaron ampliamente al hábito de fumar. En la medida en que los estudios científicos mostraron a la sociedad que fumar era malo para la salud, las personas de los grupos sociales más favorecidos fueron dejando de fumar mientras que, en cambio, otras personas de otros grupos no tuvieran las mismas oportunidades, no fueron tan conscientes de ello, o simplemente fueron el objetivo diana de las corporaciones tabaqueras interesadas en vender sus productos. Sabemos también que el conocimiento “per se” no implica cambios en las conductas y es que, como dije, hay que entender causas políticas y económicas muy profundas. En el caso del tabaquismo, a pesar del conocimiento adquirido y de todos los avances y campañas preventivas realizadas, las causas estructurales asociadas al beneficio y al poder hacen que en el siglo 21 vayan a morir debido al tabaco nada menos que 1,000 millones de personas.

GN: En relación con el ejemplo del tabaco y lo que está comentando, ¿podría explicar con más detalle un fenómeno que creo es poco conocido y que comentó en una conferencia según el cual las desigualdades en salud tienden a ser “adaptables”?

JB: Sí, por supuesto, esa es una característica de las desigualdades en salud que comenté hace más de dos décadas en un artículo. No siempre los problemas sociales o de salud, o las propias desigualdades en salud ocurren en las clases sociales más pobres o en las personas que pertenecen a los grupos más excluidos. No siempre, pero casi siempre, con muchísima frecuencia. Ahora bien, a lo largo de la historia, cuando en algunos casos las personas de las clases más privilegiadas quedan más expuestas a riesgos o tienen más problemas de salud, lo cierto es que terminan por adaptarse, por aprender, por tomar conciencia y a la postre por mejorar su situación antes que otros grupos sociales. Eso quiere decir la “adaptabilidad”. El caso del tabaco antes comentado es un buen ejemplo. Cuando en los años 60, tras casi 15 años de estudios científicos, quedó claro que fumar es malo para la salud, los ricos se dieron cuenta pronto de que eso les perjudicaba y dejaron de fumar antes y más rápido que los pobres. En cambio, la población más pobre dejó de fumar pero en mucha menor medida. ¿Por qué? Por no tener las mismas oportunidades, los mismos recursos, los mismos medios o el mismo nivel de educación que las otras clases sociales. Es en ese sentido que comento que las desigualdades de salud son “adaptables”, algo que por otra parte ocurre con otros muchos temas. Pongo otro ejemplo, el de los alimentos “orgánicos” o “ecológicos”. Sabemos que una parte de la comida que consumimos, aparte de no ser muy nutritiva y tener elementos que tienden a engordarnos, tienen trazas de elementos químicos o de metales pesados que nos enferman y matan prematuramente. Un conocido ejemplo es el mercurio que tiende a bioacumularse en la cadena trófica y se deposita masivamente en pescados como los atunes por ejemplo. En parte por eso es que en las últimas décadas se ha ido extendiendo el hábito de consumir alimentos no tratados químicamente o no expuestos a productos sintéticos tóxicos. ¿Quiénes tienen un mayor acceso a ese tipo de alimentos ecológicos? Claro está, son las personas que tienen más consciencia, más recursos y el dinero necesario para consumir productos más caros pero más sanos que el resto de alimentos que tomamos. Por cierto, que también aquí son las grandes transnacionales las que tienden a controlar a las marcas orgánicas en eso que a veces se llama el sector bio. Sin embargo, afortunadamente van surgiendo también cada vez con más fuerza ejemplos de cooperativas de agricultores que venden sus productos orgánicos en barrios populares y sin los medios químicos propios de la agroindustria.

GN: Usted ha insistido en que hay que tener conocimientos de historia en el campo de la salud pública, que la historia nos ayuda a comprender los determinantes estructurales de la salud, y que de ese modo es posible entender mejor cómo las causas de tipo socio-económico y político afectan la salud. El caso de la desaparición de la Unión Soviética que usted señaló me llama la atención, porque es un cambio, una ruptura, con unas consecuencias muy marcadas sobre la salud. ¿Podría abundar un poco sobre cómo una mirada histórica nos ayuda a comprender el deterioro de la salud en el caso del colapso que ocurrió en la Unión Soviética?

JB: El tema que señala es muy importante pero con frecuencia olvidado en el campo de la salud pública. ¿Por qué importa entender la historia cuando pensamos en la salud de la población? Cuando digo eso no estoy diciendo que sea necesario que las personas tengan que tener muchísimos conocimientos históricos, no es eso. La cuestión estriba más bien en “tener sentido histórico” de la sociedad, de cómo es su evolución, sus procesos, sus luchas, sus logros o fracasos. ¿Qué quiero decir con “sentido histórico”? No se trata de tener una visión superficial de la historia, como el de quienes cuentan alguna cosa sobre una batalla o sobre la biografía y caprichos de un rey o de una reina. Eso no es la historia, eso es solo la superficie factual, una especie de simplificación casi ridícula de lo que en realidad es la historia. Y es que la historia es -o debiera ser- una ciencia total, como han dicho historiadores como Fernand Braudel, Pierre Vilar o Josep Fontana. Una ciencia total, integrada, seguramente la más compleja y difícil de estudiar que existe. ¿Por qué? Porque con ella se intenta integrar y entender la evolución temporal, el conjunto de circunstancias, fuerzas, poder, relaciones sociales, conocimientos, cultura y tecnologías que han hecho que en un momento dado una sociedad o un país -como Puerto Rico por ejemplo-, sea el que es hoy en día. De ese modo es posible entender las fuerzas que construyeron el país, la mentalidad de su gente, las luchas sociales, pequeñas y grandes, que triunfaron o que fracasaron, la distribución del poder político y económico, la cultura de las elites y la cultura popular y obrera, la lucha de las mujeres por sus derechos, etc., todos ellos fenómenos que se han ido construyendo y que perviven en cualquier rincón de un país, en la vida, en la cultura, en el arte, en cada esquina… y que de un modo u otro se incorporan en los cuerpos y mentes de la gente y también en su salud. Por tanto, me parece que es fundamental entender todos esos procesos que son, al mismo tiempo, socio-ecológicos, políticos, económicos y culturales, el entramado de los cuales conforma el nivel de oportunidades y recursos de las personas, la desigualdad social, y en definitiva también la salud y la inequidad de la salud. El colapso de la Unión Soviética no es sino un ejemplo de los muchos eventos históricos que reflejan precisamente todo ese entramado al que me refiero.

GN: Y es un entramado de circunstancias abierto, pero poco predecible y sujeto a la acción humana, ¿no es así?

JB: Sí, así es, la historia es por definición un proceso siempre abierto donde fundamentalmente es la acción colectiva de los seres humanos en sociedad y bajo ciertos condicionantes ambientales lo que finalmente lleva a unas u otras situaciones y resultados. El caso de la Unión Soviética es muy interesante porque efectivamente se produjo un colapso que creo que nadie, o casi nadie, pudo prever. Y eso ocurre en parte precisamente porque las circunstancias históricas son complejas y muchas de las cosas que suceden no las conocemos o no podemos prever como sucederán. Los cambios que contribuyeron a la caída de la URSS a finales de 1991 fueron diversos y contaron con la intervención explícita de las élites occidentales. Creo que las tres principales causas de esa caída han sido muy bien resumidas por el magnífico periodista e historiador Rafael Poch: el agotamiento de las creencias religioso-ideológicasque cohesionaban el comunismo soviético; las reformas de Gorbachov,generadoras de la crisis de poder que promovió la rebelión entre la casta burocrática dirigente; y el reparto de poder entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia que “mataron a la madre para quedarse con la herencia”, sobre todo Yeltsin que disolvió la URSS para quitarse de encima a Gorbachov. Con el cambio, se liberalizaron precios y se realizó una privatización rápida y masiva que desmanteló el estado y la vieja oligarquía burócrata soviética (“estadocracia” según Poch), creando una nueva elite mafiosa capitalista en el país en un tiempo record al tiempo que la sociedad se colapsaba. Se derrumbó el PIB de la economía soviética y tomaron el poder las élites rusas en combinación con el gobierno de Estados Unidos e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Como resultado de ello, en muy poco tiempo cayó la esperanza de vida, aumentaron las desigualdades y todo ello incidió en la generación de lo que se ha llamado un “exceso de mortalidad”: gente que murió prematuramente precisamente a causa del colapso social del país. Se ha estimado que hubo 7 millones de muertes o “muertes prematuras”, que no debieran haber ocurrido. Es bien interesante, porque hay estudios que comparan la Unión Soviética y Bielorrusia cuando tuvieron lugar las privatizaciones masivas, muy rápidas en la Unión Soviética y mucho más lentas en Bielorrusia. Pues bien, eso afectó de forma muy desigual a ese “exceso de mortalidad”. En la parte rusa, la mortalidad fue muy alta mientras que en Bielorrusia no ocurrió del mismo modo y el incremento de mortalidad fue mucho más leve. Otro caso muy relacionado, y también muy ilustrativo, es el caso de Cuba. Como es sabido, por razones históricas la economía cubana estuvo estrechamente ligada durante décadas a la economía soviética, prácticamente desde la revolución del año 1959. Lo que sucedió fue el colapso de la economía cubana al mismo tiempo o en paralelo al colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, en Cuba no ocurrió el mismo grado de desastre de salud asociado al aumento de mortalidad como en la URSS. Y eso no ocurrió, en gran parte porque la sociedad cubana, con todos sus problemas, dificultades y errores, ha sido una sociedad mucho más cohesionada socialmente, que ha puesto en práctica de forma organizada -y también a veces en forma represiva- políticas sociales, públicas, educativas y sanitarias muy fuertes, muy potentes, que fueron probablemente las que permitieron proteger en gran medida a la población cubana del colapso social. Claro está, durante lo que se llamó el “periodo especial”, y hasta quizás 1994, la economía cubana y la gente sufrieron mucho; hubo muchas dificultades en la economía, en la energía, la alimentación, etc., pero, en general, la sociedad cubana quedó mucho más protegida que la rusa.

GN: Otro ejemplo histórico dramático es el de Puerto Rico, actualmente en manos de una Junta de Control Fiscal nombrada por el gobierno de Estados Unidos. A usted le habrán hablado de ello, es algo terrible. Y es que aquí hay una fuerte recesión desde hace más de 10 años, y ha habido y hay múltiples políticas de austeridad. A lo largo de nuestra historia ha habido muchos ejemplos de intervenciones políticas y económicas drásticas como cuando Estados Unidos impuso un gobierno militar tras ceder España la isla. ¿Qué opina de todo ello?

JB: He podido aprender lo suficiente de la historia de Puerto Rico para entender y coincidir con lo que plantea. Conozco la sumisión del país a la dominación colonial de Estados Unidos, con la institucionalización de prácticas históricas plenas de represión, control y racismo. Y también se que Puerto Rico ha sido una especie de “experimento social”, un laboratorio en manos de Estados Unidos y las élites locales, diseñado para arrancar a los colonizados su riqueza, dignidad y hasta su vida. Con la historia pasan dos cosas, curiosas e interesantes al mismo tiempo. Por un lado, que muchas veces “desaparece” y se hace “invisible”. Por ejemplo, aunque Puerto Rico ha sido siempre dominado colonial y militarmente, además de explotado económica y laboralmente y discriminado social, cultural y sanitariamente, las políticas y el discurso de cada momento han intentado ocultar -al menos en gran parte- ese control y ese dominio sustituyéndolo por la imagen de la “Perla del Caribe”. La otra cuestión de interés es que en la historia normalmente pasan una serie de acontecimientos determinados, y es a partir de lo que finalmente pasó que se suele retroceder al pasado para reconstruir la historia y decir: “sí claro, tenía que haber pasado así… por eso y por lo otro”. Es como si fuera un partido de fútbol: según el resultado final se escribe la historia del partido y de qué equipo o qué jugadores lo hicieron bien o mal. De ese modo se construye de forma determinista la “verdad” de lo sucedido. Pero eso no es la verdad. La realidad histórica, como hablamos antes, es por definición abierta. Cada momento histórico está sujeto a todo tipo de procesos, a todo tipo de fuerzas y poderes. Y sí, pasó eso, pero podían haber pasado otras muchas cosas. Cuando no lo vemos así, se tiende a reconstruir la historia de forma determinista, como si todo estuviera ya escrito a partir de lo que finalmente sucedió, como si hubiera sido una obligación. El gran historiador catalán Josep Fontana lo expresó muy bien al decir que la historia no contiene “la semilla de un futuro predeterminado sino una diversidad de futuros posibles”.

GN: Se ha referido a la “invisibilidad de las desigualdades”, al hecho de que muchas de las inequidades en salud pasan desapercibidas o quedan ocultas. Y ha dicho también que esto no se va a remediar hasta que no entendamos bien los problemas, hagamos los estudios necesarios, con los datos, indicadores y análisis apropiados. Y por otro lado, también planteó el problema de que la percepción de las personas sobre su realidad puede ser equivocada. Es decir, que por un lado tenemos la invisibilidad de la realidad por la falta de estudios empíricos, y por otro que puede que la gente no perciba las cosas como son en realidad.

JB: Efectivamente, he señalado que puede ocurrir que la gente no perciba adecuadamente la realidad social. Es obvio que las personas sienten y perciben diariamente su realidad cotidiana. Cotidianamente, las personas percibimos cosas como qué pasa con la salud de mi abuelo, si me tratan bien en el trabajo, si puedo llevar a mi hija a la escuela, cuánto me cuesta lo que voy a comprar, etc. Todo eso forma parte de la percepción cotidiana de la realidad. Pero eso no quiere decir que seamos capaces de entender otras realidades que hay detrás. Pensemos por ejemplo en cómo podemos entender un tema como la desigualdad social de un país. Es un fenómeno relacional: hay personas o grupos sociales que son desiguales respecto a otros. Es una relación abstracta donde hay que poder comparar “algo con algo”, y eso no es necesariamente fácil de analizar ni de entender. Quizás a una determinada persona le sea fácil compararse con otra que conoce, con un vecino que vive a poca distancia y conoce de hace tiempo. Esa comparación puede tener interés pero, claro está, es incompleta y limitada si lo que queremos es entender cómo hacer comparaciones en una sociedad o país determinado. Y es que a menudo lo que pensamos no coincide con la realidad. Por ejemplo, hace unos años un estudio de la Universidad de Duke mostró como la población de Estados Unidos cree que el 20% más rico tiene algo más del 55% de la riqueza cuando en realidad posee cerca del 85% Si nos preguntamos: ¿cuál es la desigualdad social en Puerto Rico? Uno puede ver gente en situación de pobreza por la calle pero raramente uno ve la desigualdad a menos que vea a la vez a una persona rica y una pobre o a un barrio rico enganchado a uno pobre. Por tanto, para contestar a esa pregunta hace falta tener información, datos y estudios con la adecuada calidad. Pero en realidad los sistemas de información, los indicadores, los análisis, la interpretación de los estudios, etc., cada una de esas cosas, constituye una “batalla” científica de gran relevancia que debemos dar y cuya repercusión es también muy importante en otra batalla fundamental que también hay que dar: la política. Claro está, no necesariamente por hacer un buen estudio, disponer de un buen informe, o hacer un buen análisis, la realidad va a cambiar. Pero sin esa información, sin esa “visibilidad”, sin ese conocimiento no vamos a entender una parte importante de la realidad y con ello es mucho más difícil plantear los cambios que deben hacerse.

GN: En el caso del huracán María que destrozó a Puerto Rico, y en relación con los datos oficiales que se dieron para contabilizar las muertes en el país, creo que conoce el reciente estudio de Harvard que contabilizó 4,645 muertes en comparación con la cifra oficial del gobierno de 64 muertes ¿Considera eso un buen ejemplo de lo que es la invisibilización del problema?

JB: Sí, me parece muy claro que es así, aunque eso no quiere decir que el estudio en sí mismo lo explique todo. Sólo es una aproximación general. Desde el poder casi siempre se tiende a ocultar, a minimizar o justificar la realidad que no interesa mostrar. En lugar de ser sinceros y decir realmente lo que pasó o lo que se sabe que ocurrió, siempre, o casi siempre, se tiende a tapar las cosas y no ofrecer la información de forma pública y transparente. Efectivamente, según el gobierno de Puerto Rico el huracán María produjo solamente 64 muertes mientras que según el estudio científico más fiable realizado hasta el momento publicado hace una semanas en el The New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas más prestigiosas en el campo de la medicina y salud, murieron en promedio entre 4,645 personas. Criticar ese estudio diciendo que el resultado no es fiable, como ha hecho el gobierno puertorriqueño, es lamentable y simplemente quitarse de encima la responsabilidad de lo ocurrido. Hay que añadir además que, junto a la negligencia, y la ausencia de prevención y ayudas ante el huracán, las causas profundas de lo ocurrido tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social existentes a lo que hay que sumar el colonialismo como ha apuntado otro reciente artículo en el American Journal of Public Health. Así pues, el huracán María ha puesto aún más de relieve el sufrimiento generado por una historia colonial tóxica y dolorosa. Ese artículo hacía notar la inoperancia del poder político y la importancia de la comunidad organizada para paliar los efectos del desastre. Acababa diciendo que lo que ocurrió en el país ante el huracán no fue “resiliencia” sino “resistencia”. Aunque hoy en día aún no disponemos de los datos y análisis que permitan conocer adecuadamente lo ocurrido y las desigualdades de salud relacionadas con el huracán, ya hay indicios de ello y es más que plausible y probable que la desigualdad en el sufrimiento, la enfermedad y la muerte hayan sido muy superiores en la población más pobre y vulnerabilizada del país. Por tanto, es fundamental, imprescindible diría, que se realicen los estudios adecuados que permitan hacer visible y entender el impacto del huracán sobre las desigualdades de salud.

GN: Lo que llama la atención de esa invisibilización es que lo que surge después del huracán es la verdad de la realidad de Puerto Rico, un país mucho más pobre de lo que mucha gente cree. Se concibe a Puerto Rico como la “perla” como decía, o la “estrella del Caribe”, un país adelantado económicamente y demás, pero realmente el huracán ha hecho que la gente pierda sus casas, no puedan salir porque el rio está allí y no hay una carretera, no tienen transporte, están solas, etc. Es la parte psicológica que usted menciona, viven solos porque la familia está totalmente desintegrada y el país no tiene las condiciones sociales adecuadas para hacer frente a la situación.

JB: Creo que la situación actual de Puerto Rico es realmente muy preocupante. Por un lado, desde el punto de vista ambiental, los estudios coinciden en indicar que en las próximas décadas Puerto Rico quedará sujeto a un permanente y continuado estado de emergencia. Los huracanes seguirán llegando y serán mayores y habrá más sequías. Por otro lado, el país está sumido en una profunda crisis socio-económica donde la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar niveles impagables. La población se reduce, el desempleo, la precariedad y el trabajo informal son elevados, la pobreza y desigualdad son altas, hay un problema de vivienda muy grave. En este último caso, por ejemplo, gran parte de la población más pobre no tiene casa al tiempo que cientos de miles de viviendas están vacías y mucha gente vive en casas de mala calidad construidas de manera informal, muchas de las cuales están en zonas de inundación o colinas inestables. No parece extraño por tanto que el huracán María provocase daños graves en 250,000 viviendas y miles de ellas quedaran totalmente destruidas. En todo ello, no hay duda de que la falta de acción y la irresponsabilidad del gobierno es incuestionable. Puerto Rico tiene un sistema de salud pública débil, con pocos recursos, con falta de inversión y debilitado por la migración de miles de profesionales. Sobre los traumas generados por las desigualdades existentes, no es extraño que el huracán María haya generado, además de enfermedad y muerte, un fuerte aislamiento social y muchos problemas de salud mental. Desde que las finanzas de Puerto Rico están bajo control de la Junta de Control Fiscal -y aún peor en 2018 con el llamado “Plan Fiscal”- ha empezado una nueva etapa de control neocolonial donde la Junta controla las decisiones económicas y sociales de la isla, y para hacer frente a la deuda y pagar a los acreedores, está promoviendo todo tipo de políticas neoliberales con un plan de austeridad fiscal, reformas laborales, privatizaciones del sistema eléctrico, educación, carreteras, puertos, parques, etc., y recortes en educación, pensiones, y sanidad. Con ello, aumentará aún más la desigualdad social y empeorará aún más la salud y la inequidad en la población puertorriqueña.

GN: Y en esa crisis en que está el país el problema de la deuda es fundamental, ¿cuáles serían los eventos que en su opinión han creado una situación tan negativa?

JB: Si bien el país está en crisis, la situación de dependencia política y económica es efectivamente fundamental ya que el pago de intereses y la amortización de la deuda son para el colonizado gobierno puertorriqueño la máxima prioridad política. La secuencia quizás se pueda resumir así: primero, en un contexto estructural de crisis económica, incentivos fiscales para las grandes empresas, y un elevado desempleo, migración y envejecimiento de la población, los ingresos son demasiado bajos y las prácticas de gestión fiscal y supervisión gubernamental inadecuadas; segundo, se generan continuadamente déficits anuales públicos con más gastos que ingresos; tres, se adquieren préstamos para equilibrar el presupuesto y hacer frente al déficit; cuatro, se crea una enorme deuda que es imposible de pagar, y por último, se busca obtener los fondos para pagar los intereses de la deuda realizando privatizaciones masivas y recortes en el gasto de todos los servicios públicos posibles. Todas esas políticas austericidas han tenido y tienen efectos muy negativos, y con ello es lógico que haya miles y miles de personas que emigren o quieran emigrar en busca de oportunidades laborales y vitales mejores.

GN: La emigración siempre ha sido en Puerto Rico una “válvula de escape”, para amortiguar un poco el posible levantamiento social en varios periodos de nuestra historia. El gobierno lo sabe y por eso en parte yo entiendo que manipulan la información y las estadísticas. Los tentáculos de los grupos que se benefician de esta invisibilidad son muchos. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Qué otras “invisibilidades” debemos poder ver?

JB: La invisibilidad de los procesos tiene que ver con el hecho de que se vean o no los temas como ya apunté. No sólo se trata de visibilizar en general, se trata de, entre otras cosas, ver el quién, el cómo, el por qué, o si lo que se hace para mejorar situaciones es o no efectivo. Por ejemplo, si nos preguntamos: ¿cuánta pobreza hay en Puerto Rico? Bueno, eso es un tema realmente muy grave ya que se estima que puede ser del 43-44%. Sin embargo, sabemos también que sin la migración de cientos de miles de personas hacia Estados Unidos, desde el inicio de la depresión económica la pobreza podría ser de diez puntos más, hasta el 53%. Pero saber el porcentaje real de pobreza no basta, hay que saber también cómo se ha medido, en quién, en donde, cómo ha cambiado, debido a qué causas... Hay que saber en qué grupos sociales ocurre, en qué clases sociales, territorios, géneros, etc. Si no se muestra todo eso, esa información, esa realidad, queda oculta. También hay que hablar de las causas más profundas, de las políticas realizadas, del papel geoestratégico de Puerto Rico para Estados Unidos, etc. Por ejemplo, ¿hay análisis y datos que muestren si las políticas han sido efectivas o han dañado a la población? Hay que evaluar cada política, cada intervención social y de salud pública y ver si el dinero se ha gastado bien o mal. Todo eso, y otras muchas cosas, forman parte de esas “visibilidades” que hay que hacer públicas, que deben salir a la luz, y que la población tiene el derecho de conocer.

GN: Ahora vuelvo al inicio de la entrevista. Entre quienes se reunieron en el cónclave de expertos que promovió la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, entiendo que se produjo este fenómeno de manipulación que usted describió en términos de algunos conceptos que se distorsionaron o se sustituyeron unos por otros. Por ejemplo “conflicto” por “guerra”, “estratificación social” por “clase social”. Usted describe que en el caso de clase social, hubo un grupo que estaba trabajando este concepto pero que éste desapareció en el informe final de la Comisión. Mi pregunta es ¿cómo pasó eso?, ¿por qué sucedió?

JB: No es fácil describir el largo proceso de discusión que tuvo lugar en los grupos de trabajo de la Comisión, pero no creo que la palabra “manipulación” sea la que mejor permita entender lo sucedido. Creo que es mejor hablar de cómo los procesos ideológicos, los intereses o la visión del mundo influyen en qué elegimos, en cómo observamos y entendemos las cosas y, claro está, en los conflictos y luchas políticas que hay detrás de todo ello. Todo eso comporta muchas cosas. Una de ellas, como apunté, es pensar cuáles son los instrumentos, los indicadores elegidos para mirar la realidad, ya que uno puede estudiarla de muchas maneras. Por ejemplo, si uno piensa en problemas de salud cardiovascular, uno podría decir simplemente: voy a mirar los “factores de riesgo” (la hipertensión, el colesterol, etc.) existentes en la población. O bien, podría decir: voy a mirar cuantos hipertensos o cuál es el riesgo que hay en cada clase social. Ese análisis científico da otra visión de la realidad. Y también podríamos dar un paso más y hacer otro análisis: queremos tratar de entender por qué se producen o qué factores generan las desigualdades por clase social. En el caso de la Comisión, como en otros ejemplos, ocurrió algo parecido ya que se produjo una lucha sobre cómo había que entender e investigar la realidad. Esa batalla por la visión hegemónica de cómo mirar la realidad se libró de muchas maneras, y una de ellas fue el caso que comenta. Una parte de las personas que formaban parte de la Comisión, concretamente Orielle Solar y Alec Irwin, desarrollaron un nuevo enfoque conceptual, un marco teórico, para entender las causas estructurales, intermedias, etc., que generan desigualdades de salud. Entre otras cosas, su propuesta incluía la “clase social” y eso se incluyó en el informe preliminar que hicieron. Hubo multitud de reuniones, discusiones en los grupos de trabajo y debates en las redes de conocimiento, etc., y creo que el consenso general era que ese concepto debía usarse. Sin embargo, el informe final de la Comisión no incluyó explícitamente la clase social. ¿Por qué ocurrió eso? No sé con exactitud el debate final entre quienes lo decidieron, pero sospecho que eso ocurrió precisamente por la visión hegemónica reduccionista de la realidad de algunas personas clave que tomaron las decisiones al publicar el informe final, y en concreto el presidente de la Comisión, Michael Marmot y su principal asistente en ese momento, Sharon Friel. Así pues, aunque el modelo conceptual original incluía la clase social, en el informe final sólo quedaron variables de estratificación social como la educación, la ocupación o los ingresos. Son sin duda variables útiles. Lo que pasa es que esa elección tiene límites ya que permiten ver gradientes de salud pero, como apunté, no explican, no permiten entender las causas profundas de cómo se generan las desigualdades de salud. ¿Por qué? Pues porque si estratificamos la sociedad por el nivel de educación, ingresos u ocupación, eso no permite entender algo que los análisis sociológicos de clase social con un enfoque neomarxista o neoweberiana, o con un “enfoque integrado” como el propuesto por el sociólogo norteamericano Erik Olin Wright, sí consiguen, y que es muy importante: explicar las desigualdades. Eso tiene que ver precisamente con la existencia de relaciones sociales y poder detrás de la configuración relacional entre clases sociales, e indirectamente también con los mecanismos de poder que están detrás de ellas como es el caso de la explotación laboral o la dominación.

GN: Pero en el caso de la clase social, cuando hablamos de las formas de medir o de los indicadores, entiendo que algunos países europeos utilizan medidas mejores que las de Estados Unidos, porque ese país históricamente se ha visto a sí mismo como una sociedad en la cual no existen clases sociales y ellos no miden ocupación. En países europeos sí se mide ocupación como un “proxy” más cercano al concepto de clase social. ¿No quiere decir esto que realmente los trabajos de la Comisión estaban dominados un poco por esa visión estadounidense de ese tipo de medida?

JB: Bueno, yo no diría estadounidense, quizás sería mejor hablar de la visión hegemónica de la epidemiología, que fundamentalmente es anglosajona. Como señalé, es la visión del presidente de la Comisión, Michael Marmot, que por otra parte es un epidemiólogo social muy productivo y ha hecho trabajos de investigación de mucho interés. Creo que es verdad que esa visión biomédica y en gran parte funcionalista dominante en el mundo anglosajón ejerce gran influencia en todo el mundo científico de salud pública, en especial entre epidemiólogos. Se trata de una visión muy centrada en el rigor del análisis y la medición, algo muy importante en ciencia desde luego y que yo aprecio mucho. Sin embargo, como ha dicho Jerry Muller, autor de un libro titulado “La tiranía de la métrica”, la medición no puede ser una alternativa al juicio sino que exige valorar si hay que medir y en quién, qué es lo que hay que medir, cómo evaluar el significado de lo que se mide, y si el resultado medido es adecuado para sacar conclusiones. Todo ello significa que además de la metodología asociada a la medición hay que poner también el acento en muchos temas teóricos relacionados con la sociología de la salud, la antropología social, las relaciones laborales, o las políticas de salud, por ejemplo, que son muy trascendentes para entender la salud y la desigualdad. Por ejemplo, sobre la clase social, la explotación laboral y las relaciones de poder como señalé, o bien la alienación social, la discriminación, el sexismo o el racismo, etc., que están casi siempre en un segundo o tercer plano -cuando lo están-, o simplemente no se estudian. Aunque sea entre paréntesis, también añadiría que en el mundo anglosajón hay también investigación crítica de mucha calidad aunque es minoritaria, y que en Latinoamérica hay una notable reflexión teórica crítica aunque en muchos casos se echa a notar la ausencia de estudios empíricos, a menudo incluso de los más básicos. En conclusión, diría que todo el proceso de investigación, desde las fuentes de información a la interpretación está sujeto a una verdadera lucha o batalla de tipo científico y político.

GN: En Estados Unidos dan mucho valor a las medidas de raza que, como yo lo entiendo, es una estrategia para dividir y desviar la atención del problema de la clase social.

JB: Así es, las estadísticas oficiales imponen el tema de raza/etnia y obvian la clase. Y la clase social es fundamental para entender la sociedad y la salud, para explicar de qué manera la población piensa, trabaja, vive y muere. Pensemos que en Estados Unidos se estima que, en promedio, un miembro de la clase más rica, de la elite, vive diez o incluso quince años más que un trabajador no cualificado, sobre todo si es pobre y ha estado varios años desempleado. Pero para saber eso, sobre todo si queremos entenderlo de forma completa, hacen falta buenos sistemas de información, con datos y análisis de calidad y, claro está, una adecuada difusión social y mediática, así como una educación y formación que permita interpretar los resultados obtenidos. Y eso no suele ocurrir. En Estados Unidos influye mucho el filtro ejercido por las fuentes de información oficiales, donde los datos y estadísticas disponibles pueden ser limitados o incluso no existir. Un ejemplo es el Censo donde históricamente se han usado las categorías de raza/etnia (afroamericanos, hispanos, latinos, etc.) pero no la clase social. Además, como antes apunté, lo que también ocurre es que cuando decimos raza hacemos una simplificación grosera, y solemos obviar mecanismos sociales de opresión, dominio o discriminación como el racismo, que es algo que no se puede entender ni medir simplemente por el color de la piel. Hay que tener claro que hay personas negras que son racistas y personas blancas que no lo son, obviamente. Y eso quiere decir que hay que entender fenómenos complejos pero fundamentales como el racismo, el sexismo o el clasismo o, aún mejor, una combinación de todos ellos en eso que a veces llamamos análisis de interseccionalidad. Y es que es claro -o debería estarlo- que lo que hay detrás de todo eso son en gran parte relaciones de poder y sumisión, donde se crea y se justifica una realidad en la que se intenta defender que hay seres superiores e inferiores. Un sociólogo puertorriqueño, profesor en Berkeley, que creo explica muy bien estas cosas es Ramón Grosfoguel. Uno de sus temas favoritos, basándose en parte en las teorías de Frantz Fanon, es el racismo.

GN: Además de el caso de la clase social, ¿ocurrió algo parecido con el olvido de la precariedad laboral en el informe de la Comisión?

JB: Efectivamente, pero bastante menos que en el caso de la clase social, precisamente por la influencia de nuestra red de conocimiento, EMCONET, donde insistimos mucho en el concepto de la precariedad laboral (o por mejor decir “precarización”) en lugar de la simple inseguridad laboral o los contratos temporales. De todos modos, el informe final sólo recoge muy limitadamente las conclusiones que publicamos primero en forma de informe y luego en un grueso libro en la editorial Icaria titulado “Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global” que dirigí junto con Carles Muntaner. En definitiva, tanto en el caso de la clase social como en el de la precariedad, lo fundamental es entender y medir, hacer propuestas de cambio e intentar evaluar lo que se hace para cambiar la realidad. Y casi nunca sabemos todo eso. De hecho, creo que se puede decir que hay un déficit enorme de información y análisis. Por ejemplo, ya sea en Puerto Rico, en Catalunya, España u otros lugares del mundo, nos deberíamos hacer preguntas como estas: ¿cuál es la magnitud de la precariedad laboral? ¿Cómo se distribuye entre grupos sociales y tipos de empleo? ¿Cómo evoluciona y qué impactos tiene en la vida, el trabajo y la salud? ¿Se han evaluado las políticas para hacer frente a su posible reducción? y, si es así, ¿con qué resultados? Desgraciadamente sabemos muy poco de todo eso, y los datos, análisis e informes brillan por su ausencia. Todo eso tiene enorme trascendencia política en mi opinión. Creo que se puede afirmar que tanto entre los salubristas, como en los políticos progresistas y sindicalistas, no hay la suficiente sensibilidad, y sí bastante desconocimiento ante esas carencias.

GN: Y en términos de las investigaciones que ustedes realizan en el ámbito del empleo y el trabajo, ¿cómo han logrado reducir esa invisibilidad del problema que antes quizás no se entendía porque los estudios no existían?

JB: En la Red de Conocimiento de Empleo (EMCONET) creo que hicimos aportes interesantes desde un punto de vista global para entender las distintas condiciones de empleo como el desempleo, la precariedad laboral y el trabajo informal aparte de situaciones extremas como son el trabajo infantil o el trabajo esclavo. Una cosa que hicimos en el ámbito de la investigación que hemos venido realizando en nuestro grupo de investigación GREDS en la Universidad Pompeu Fabra, ha sido intentar entender con la mayor profundidad posible el tema de la precariedad laboral, y más recientemente la informalidad. Sin embargo, nosotros preferimos hablar de “precarización” más que de precariedad o “precariado” como ha propuesto el economista Guy Standing, ya que entendemos que no estamos ante los problemas de un subgrupo, pobre, o precarizado sino que en el mundo actual todas las personas tenemos distintos niveles de precariedad, si bien es verdad que hay grandes diferencias según la clase social, género, edad, situación migratoria, etc. En el campo de la salud pública hay varios tipos de investigación sobre la precariedad. Hay una investigación hegemónica, que es la que tiene que ver con lo que se llama el “modelo biomédico” o con el estudio de factores de riesgo. Por ejemplo, uno piensa en cómo comúnmente se estudia la precariedad laboral y la salud, donde lo más frecuente es analizar los contratos temporales o la inseguridad laboral y su repercusión en la salud. En este segundo caso, se pregunta a trabajadores o trabajadoras la pregunta siguiente: ¿Usted se siente seguro o inseguro en el lugar de trabajo? Y efectivamente, se ha mostrado cómo existe una relación muy estrecha entre estar más inseguro y múltiples problemas de salud. Es algo que se ha probado en decenas de artículos científicos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que ese enfoque es limitado, es un enfoque donde sólo se analiza el “riesgo”: a más inseguridad, más problemas de salud. Bueno, está bien, pero ¿por qué estoy inseguro?, ¿por qué existe la inseguridad en la empresa? Para entender eso, uno casi inevitablemente tiene que bucear en aguas más profundas donde hay que realizar análisis sociológicos ligados a las relaciones laborales, de modo que uno empieza a entender qué ocurre dentro las empresas y cuál es el impacto de las políticas laborales de los gobiernos. De ese modo, uno empieza a entender mejor, de una forma más estructural, qué es, cómo se produce y qué impactos tiene la llamada “precarización” en el trabajo. Y eso es lo que estamos desarrollando desde hace bastantes años cuando comenzamos a estudiar el fenómeno de la precariedad y que ha dado lugar ya a media docena de tesis doctorales y decenas de artículos científicos. ¿Por qué es útil este enfoque? Porque ayuda a entender causas más estructurales, las razones de fondo que tienen que ver con eso que ha tenido lugar en tantas partes del mundo y que lleva por nombre: las políticas neoliberales de “flexibilización laboral”. Y es que cada vez en mayor medida en lugares de trabajo, empresas, en las políticas laborales, domina la visión hegemónica ligada al capital y a las prácticas neoliberales en detrimento de los derechos de trabajadores y trabajadoras, la organización democrática del trabajo, la prevención de riesgos laborales, la protección social, etc., que deberían permitir tener un empleo y hacer un trabajo en condiciones mucho mejores y más seguras. Y todo eso tiene un fuerte impacto sobre la vida y la salud de trabajadoras y trabajadores. Más aún, esa precariedad afecta no sólo el trabajo sino también a la vida, a la familia y la sociedad. Por ejemplo, en muchos países las mujeres, o no tienen hijos o retardan mucho el momento de tenerlos. ¿Por qué? Porque no tienen una situación laboral adecuada ni consolidada. Piensan, ¿cómo voy a tener un hijo o dos si estoy en esa situación de precariedad, si mi salario es tan bajo, si sé que me pueden despedir en cualquier momento? Todo eso por no hablar de la carga que sigue representando el trabajo doméstico que básicamente realizan las mujeres, sin el cual la economía se derrumbaría. Es decir, estamos al mismo tiempo ante un tema laboral y de salud, pero también socio-económico y político.

GN: Al tratar las causas profundas de las desigualdades de salud, o las que llama “causas de las causas de las causas”, usted también ha señalado que hay que entender el capitalismo, y ha explicado la importancia del neoliberalismo en la salud. Me gustaría que me explique un poco, primero, ¿qué caracteriza al capitalismo? Y segundo ¿por qué es importante el neoliberalismo para las desigualdades en salud?

JB: El capitalismo se ha configurado como un lento proceso histórico, cuyas características y evolución han explicado autores tan profundos e interesantes como el filósofo catalán Antoni Domènech, lamentablemente fallecido hace unos meses. En sus orígenes iniciales allá por los siglos 12 o 13, el capitalismo fue una contrarrevolución contra las luchas antifeudales y la desposesión de bienes comunales, que se transformó profundamente a partir de la revolución industrial en los siglos 17-18 y la derrota final de la resistencia antifeudal. Ya en el siglo 19 con el desarrollo de la Revolución Industrial, el capitalismo dejó a disposición de los patronos los cuerpos y almas de los obreros que pasaron a ser esclavos casi a tiempo completo; al mismo tiempo, sin embargo, ese proceso produjo también grandes luchas sociales y el fortalecimiento sindical y del movimiento obrero. Al empezar el siglo 20 emergió un capitalismo dinámico, con avances tecnológicos insospechados y un rápido crecimiento económico truncado con la Gran Depresión del 29 y la crisis de los años 30, y después el ascenso de los fascismos, la supresión de las democracias liberales y el auge de los movimientos obreros. Tras la Segunda Guerra Mundial, vinieron tres décadas de capitalismo “estable” donde, gracias al poder del movimiento obrero y el miedo de las clases dominantes a las revoluciones y el comunismo, se desmercantilizaron parcialmente los mercados laboral, económico e inmobiliario. El capitalismo ha sido una lucha continua por usurpar derechos al tiempo que aparecían luchas sociales por ganar nuevos derechos. Tras varias décadas de crecimiento económico y capitalismo “controlado”, a inicios de los años 70 emergió una nueva contrarreforma capitalista: la llamada “globalización neoliberal”. El neoliberalismo fue un proyecto de la clase capitalista dominante para responder a la “crisis de acumulación”, con menores beneficios, y a la amenaza de las luchas obreras y sociales de los 60 y primeros 70. Con el capitalismo neoliberal, el poder se desplazó hacia el capitalismo financiero fortaleciéndose la “acumulación por desposesión”, un concepto popularizado por David Harvey complementario de la “acumulación por expansión”. La globalización neoliberal se caracteriza por su tremenda inestabilidad ya que la elevada integración de la economía financiera mundial provoca, por ejemplo, frecuentes debacles en las bolsas. Y su agenda es clara: aumentar el poder de las empresas, reducir los impuestos a los ricos, debilitar los sindicatos y la negociación colectiva, socavar los sistemas de protección social, y privatizar y mercantilizar los servicios públicos. Todo ello se ha ido construyendo con tácticas muy diversas que incluyen hacer cambios legislativos regresivos, propaganda masiva, destruir el poder sindical, fomentar el crédito barato endeudando a trabajadoras/es, estimular el consumo de masas, fomentar el autoritarismo, y reducir la democracia. En definitiva, todas esas contradicciones han producido manifestaciones sistémicas muy variadas en la ecología, la producción, el transporte, el mercado, las relaciones sociales, la vida cotidiana, el consumo, la educación y otros muchos factores que debemos conocer para entender la extensión y distribución de la enfermedad y la salud de la humanidad, así como la producción de desigualdades de salud.

GN: También ha comentado que bajo el actual capitalismo lo que está en juego es la democracia. Puede comentar un poco este punto: ¿por qué ocurre eso?

JB: Algunos autores creen que se puede mantener, o incluso aumentar y seguir desarrollando la democracia bajo esa especie de corsé tiránico que es el capitalismo y los límites que nos impone. Pero otros autores críticos, entre los que me incluyo, creemos que no, que el límite del capitalismo es ir acabando progresivamente con todos los derechos y también con la democracia, o con los avances democráticos obtenidos. Por tanto, dependiendo de cómo vayan las cosas, es posible que muchos procesos ligados a la democracia existente (en los parlamentos, el trabajo, la calle, etc.), estén en riesgo de perderse. No hay evidencia de que capitalismo y democracia sean compatibles, más bien, la economía y la historia con sentido crítico nos enseñan lo contrario. El capitalismo no trajo la democracia ni los derechos humanos. A lo largo de estos últimos siglos, la lucha constante entre democratizar la vida, el trabajo, ganar derechos, el derecho al voto de todas las personas sin distinción social de ningún tipo, la vivienda, la sanidad, la educación, la protección social, tener un trabajo y que sea digno, etc., ha estado siempre en una tensión permanente. Una mirada crítica y a la vez histórica nos debe ayudar a comprender que, más allá de los avances científico-tecnológicos, la inmensa mayor parte del progreso social y la equidad que se ha podido alcanzar ha tenido lugar gracias a las ingentes luchas sociales del movimiento obrero, del feminismo, de los movimientos por los derechos civiles, por el medio ambiente y otras fuerzas populares que a lo largo del tiempo pelearon por la democracia, y obtuvieron y defendieron derechos políticos, sociales, ambientales y humanos, luchando denodadamente porque toda la humanidad tuviera una vida más digna y justa, más sostenible y sana.

GN: Otra de las cosas que también ha planteado usted y le quería preguntar es la cuestión de cómo podemos describir y medir un país que sea justo. ¿Cómo podríamos saber cuál es el país más justo?

JB: Cuando pensamos sobre cuál puede ser el país más justo, lo podemos seguramente hacer en un doble plano: teórico y real. En un plano teórico podemos preguntarnos: ¿qué características tiene que tener un país para que lo podamos considerar justo? Justo, y sostenible, deberíamos añadir, donde entiendo por “sostenibilidad” no el sentido retórico con que muchas veces se usa esa palabra sino el hecho de poder vivir de forma digna y equitativa en un planeta que nos permita hacerlo para todos y todas, ahora, y en el futuro. ¿Cuáles deben ser las características que debe tener una sociedad si queremos que la igualdad, la libertad y la fraternidad estén presentes y bien pegaditas –como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano- unas con otras. Es decir, que podamos disponer de la máxima capacidad de desarrollar las potencialidades humanas ligadas al desarrollo personal y espiritual de las personas: la educación y capacidad crítica, el conocimiento, la cultura y el arte; donde los derechos humanos, civiles, sociales y ambientales sean aplicados; donde los derechos de infantes, ancianos y discapacitados -que en el fondo somos todos en mayor o menor medida- también lo sean; donde la ecología, el medio ambiente y los animales que comparten su vida con nosotros vivan en la mayor armonía posible y sin el peligro de extinción de especies como ahora ocurre. En definitiva, unos países y un planeta donde todas las personas puedan vivir “vidas dignas de ser vividas” y con la mayor salud posible en un planeta justo y habitable. Ahora bien, ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica si uno quiere valorar y medir todo eso y comparar los países entre sí, se encuentra con muchos muros de tipo científico, ideológico y práctico. Y no es fácil derribarlos por así decirlo. No es extraño que en las últimas décadas hayan aparecido muchas críticas al tótem fetiche que sigue siendo el PIB. Se nos repite constantemente: si sube vamos bien, si baja estamos en crisis y recesión. Pero claro, sabemos que el PIB no hace otra cosa que medir actividad económica y no desarrollo social, equidad, justicia y sostenibilidad real. Y esa actividad que mide el PIB puede ser buena, regular o mala. Puede consistir en crear escuelas, formación crítica y cultura o construir fábricas de armamentos, destruir bosques y contaminar los mares. Ese crecimiento económico comporta cualquier cosa, por eso el Producto Interno bruto (PIB) es tan mal indicador del desarrollo. Y por eso han ido apareciendo otros indicadores, unos mejores y otros peores, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) compuesto con cuatro indicadores (dos de educación, la esperanza de vida al nacer y el PIB), y otras variantes que a veces incluyen elementos de equidad, pero que tampoco son lo suficientemente buenos para captar la realidad de un desarrollo justo y sostenible. Y más recientemente han aparecido nuevos y mejores indicadores. Uno de ellos es el Índice de Progreso Genuino (Genuine Progress Index), puesto en práctica en lugares como el estado de Vermont y otros lugares de Estados Unidos. Y, claro, hay muchos más, ligados a la ecología como la “huella ecológica”, el “buen vivir” (con la medición del uso del tiempo libre por ejemplo) o la felicidad, sobre la que se han hecho propuestas muy diversas, más o menos adecuadas. Por tanto, si uno piensa en la práctica, en como valorar cuál es ese país, a la vez justo y sostenible, debería poder incluir varias de estas cosas, de forma conjunta y por separado.

GN: Pero usted también ha comentado que hay que incluir indicadores de equidad en salud. ¿Por qué eso puede ser importante para entender y medir la justicia social?

JB: Efectivamente, creo que los indicadores de equidad en salud son en este terreno muy útiles y necesarios. La salud es un fenómeno altamente complejo, multidimensional, que incluye la mortalidad y sus causas, las enfermedades, la salud mental, el bienestar, la satisfacción… y muchas cosas más como ya señalé. Y también hay que pensar en la equidad o las desigualdades de salud, es decir, diferencias de salud injustas y evitables, que no siempre son fáciles de entender ni medir. Por un lado, porque la desigualdad es “relacional”, es decir, cuando tenemos la capacidad de comparar por ejemplo el diferente acceso que tienen los individuos a la sanidad. Y por otro, porque el juicio de qué es injusto o evitable varía según muchas cuestiones: el conocimiento, la cultura, la ideología, y los valores de los individuos y grupos sociales en cada momento histórico y social. Además, el tema es complicado porque una sociedad que aplicase medidas de igualdad de manera absoluta podría ser injusta si no tuviera en cuenta las desigualdades ya existentes entre grupos sociales que estructuralmente no poseen las mismas oportunidades. Es por ello, dicho sea de paso, que en muchos casos debemos pensar en políticas complementarias, universales y específicas, que puedan hacer frente a varios tipos de inequidades. Por ejemplo, en la atención sanitaria distinguimos entre la equidad horizontal (igual trato para individuos iguales) y la equidad vertical (desigual trato para individuos desiguales). Muchos países ricos han logrado grados importantes de ambas equidades en la atención primaria, algunos países han logrado equidad horizontal en atención especializada pero no en la equidad vertical en atención especializada.

GN: Y ¿podría poner algún otro ejemplo para aclarar un poco más las diferencias entre desigualdad y equidad?

JB: De acuerdo. Pensemos en un ejemplo en el campo de la sanidad y en concreto en la necesidad de recibir un tratamiento médico. Supongamos que tenemos dos personas, José y Carmen, ambos con hepatitis C y con igual probabilidad de padecer una cirrosis. Sin embargo, ambos tienen una situación social muy distinta porque José es un profesional rico que trabaja en una entidad financiera y puede tratar su dolencia con un tratamiento privado antiviral mientras que Carmen es una trabajadora migrante y pobre que no puede pagarlo y precisa de una sanidad pública que sufrague su tratamiento. Es un caso de desigualdad en la atención sanitaria. Pero si aceptamos que se trata de una situación injusta y que, independientemente del género o de su clase social, los servicios de salud del país deberían hacerse cargo del tratamiento de ambos con el dinero recibido de los impuestos que paguen los ricos, las corporaciones y los bancos, entonces diríamos que estamos ante un problema de inequidad en salud. Ahora bien, hay que decir que a menudo se crea confusión porque autoras/es diferentes definen y miden ambos conceptos de maneras distintas, y también porque a menudo se producen situaciones sociales tan distintas que no siempre es sencillo valorar las cosas. Por ejemplo, uno puede pensar en sociedades que han padecido guerras terribles y una destrucción social masiva, y donde casi todo el mundo es pobre y tiene mala salud; en ese caso habría una muy mala situación socio-sanitaria pero mucha equidad. O podemos pensar en una sociedad muy desarrollada, con una riqueza y salud elevadas, pero enormemente inequitativa. Las cosas son complejas y por tanto es necesario aclarar y medir, al mismo tiempo, el nivel absoluto y relativo de desarrollo social y de salud. Pero, bueno, supongamos que todo eso estuviera muy claro. Como la equidad en salud es un concepto multidimensional que, además de la atención socio-sanitaria, para lograr la máxima salud y calidad de vida de todas las personas precisa de una distribución justa de determinantes socioeconómicos y políticos, entonces creo que se puede decir que la equidad en la salud es un buen indicador de si estamos o no ante una sociedad justa.

GN: Y habría también que ir al modelo teórico y cuestionar los mecanismos que crean inequidad como usted mencionó: la explotación, la dominación, el colonialismo, etc.; habría que reconfigurar el modelo capitalista hacia otra forma de organizar la sociedad. Pero, ¿es eso posible? ¿Cómo puede ocurrir?

JB: El capitalismo es como un “organismo” histórico en continua mutación, un sistema económico y de poder, dinámico y expansivo, que se basa en la constante desposesión de las masas populares, la colonización destructiva del planeta, y la aparición de crisis periódicas que traslada geográficamente y resuelve momentáneamente a través de la dominación, la violencia, la concentración de empresas, la innovación tecnológica y la proletarización de la humanidad. A lo largo de la historia, el capitalismo ha generado progresos materiales y sociales pero como hemos visto no ha solucionado necesidades básicas de la humanidad, y no ha eliminado situaciones destructivas y vejatorias de explotación, dominación, represión, discriminación y alienación que impiden alcanzar la plenitud y el florecimiento de la vida humana. Además, hay una pregunta que creo que es importante que nos hagamos cuando pensamos en los progresos que se han realizado. Los progresos ocurrieron, ¿gracias al capitalismo o a pesar de él? Como ya he comentado, los avances que se han logrado se han debido sobre todo a largas, terribles y con gran frecuencia cruentas luchas sociales. El capitalismo es hoy una potente máquina de adoctrinar, ocultar, controlar y entretener que a nivel global solo parece capaz de crear “simulacros de bienestar”, donde la mercantilización se extiende por doquier: desde los genes a los animales, desde la sanidad a la relaciones humanas, desde las playas y las islas hasta patentar parcelas de la Luna como en 1980 hizo Dennis Hope, un empresario norteamericano. Por ello, el capitalismo es la causa última de la “patogénesis global” que penetra en nuestros cuerpos y nuestras mentes. Las empresas farmacéuticas inventan enfermedades e identifican tratamientos para los malestares, angustias y adicciones causados por el propio capitalismo. Y todo ello ocurre en un siglo clave, el siglo de la “Gran Prueba” ha dicho el filósofo, ensayista y activista Jorge Riechmann donde, para bien o para mal, en un planeta gravemente amenazado por la crisis ecológica y la posibilidad de colapso, se decidirá el futuro de la humanidad. Ahora bien, soy de los que creo que el capitalismo nació, se desarrolló y algún día acabará, pero no sabemos cuándo eso ocurrirá. La cuestión es qué habrá después del capitalismo, como imaginar eso y, sobre todo, como llevarlo a la práctica. La cuestión no es pues si el capitalismo cambiará, que seguro que lo hará, sino qué tipo de cambios van a producirse por lo que hace al trabajo, al medio ambiente, la información, el control social, las relaciones sociales o la inteligencia artificial. ¿Cómo afectará todo eso a la salud y la equidad? Lo importante es no aceptar donde estamos, rebelarnos y luchar por un mundo mejor y realmente más sostenible y sano para todas y todos. Aquí siempre cabe recordar esa vieja sentencia del filósofo hindú Krishnamurti cuando dijo aquello de que “no es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad muy enferma”. No sabemos qué ocurrirá, pero sí sabemos que para que la humanidad viva dignamente y con justicia en un planeta habitable, habrá que crear una fuerte consciencia popular, crítica y movilizadora, que sea capaz de generar esperanza en la gente y poder popular, que puedan diseñar y experimentar alternativas a lo existente.

GN: Y ¿por dónde seguir? ¿Qué cambios serían posibles?

JB: No creo que haya “la solución”, pero sí creo que hay que imaginar, pensar, proponer y experimentar modelos alternativos, y asumir que, aunque no haya soluciones rápidas ni completas, necesitamos un modelo económico, productivo y de consumo realmente equitativo y sostenible. Pongo varios ejemplos de las cosas que necesitamos: experimentar con proyectos cooperativos y buscar modelos económicos y laborales nuevos; crear una “economía política popular” con una amplia regulación financiera y monetaria; poner impuestos a las transacciones financieras; desmontar los monopolios y oligopolios y controlar la publicidad; democratizar radicalmente las empresas; tener nuevos sindicatos que sean más globales, inclusivos y democráticos; crear cooperativas controladas por las trabajadoras/es; fortalecer procesos públicos financiados públicamente y controlados democráticamente; aumentar la protección social con una renta básica universal sin que ello reduzca ni debilite los estados del bienestar que habrá que sustancialmente ampliar y fortalecer; y, por dejarlo en algún sitio, necesitamos urgentemente reeducar los valores sociales y la vida cotidiana de las personas “construyendo” otros seres humanos. Sin éstas y otras muchas cosas, aunque siga aumentando el conocimiento y la tecnología, no creo que pueda mejorar mucho la salud colectiva y la equidad en salud.

GN, VC: Le agradecemos mucho sus reflexiones y su trabajo y esperamos que pueda regresar pronto a Puerto Rico a hacer otras conferencias y colaboraciones de tanto interés como las que ha realizado durante estas semanas.

 

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[1] Gloria Nazario, DrPH(c), MA, y Violeta Contreras, DDS, MSc, son estudiantes del Programa Doctoral en Salud Pública con Especialidad en Determinantes Sociales de la Salud, de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
[2] Agradecemos a la Dra. Marinilda Rivera Díaz, Investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y profesora de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPRRP, por facilitarnos la realización de esta entrevista.

Joan Benach
Catedrático de Sociología en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) y Subdirector del JHU-UPF Public Policy Center, Universidad Pompeu Fabra a Barcelona.

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Asciende a 326 cifra de líderes sociales asesinados

Desde enero de 2016 a la fecha han sido asesinados 326 líderes sociales en todo el país, según cifras que maneja el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

El funcionario, que adelanta una correría humanitaria por el departamento del Cauca, entregó esta estadística después de conocer la muerte de Ibes Trujillo Contreras, líder social del municipio de Suárez, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Eduardo Dagua, en aguas de un río en Caloto, ambos municipios del departamento del Cauca, y el asesinato de Robert Jaraba, uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de Cerromatoso.


“La cifra cada día aumenta. Son 326 líderes sociales en toda Colombia y en el departamento del Cauca son 81. Me preocupa de esta visita que los tres corregimientos los líderes sociales nos hicieron saber que tienen serias preocupaciones por las amenazas de las que son víctimas”, explicó el Defensor.


Negret se refiere a los corregimientos de El Sinaí, El Mango y el Plateado, lugares que visitó en un recorrido que finalizó en el casco urbano de Argelia, Cauca.


Adicionalmente, Negret se reunió con las comunidades y las autoridades locales con el propósito de verificar la situación de derechos humanos en esa región del país debido que en ese territorio tenía presencia el Frente 60 de las Farc y es necesario que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos de paz.


De otro lado, Asocaña rechazó las amenazas hechas a líderes sociales de los municipios de Corinto y Caloto por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’. Así mismo, manifestó su solidaridad con las personas amenazadas y sus familias.


De igual forma, hizo un llamado al Gobierno nacional para que proteja la vida de las personas amenazadas y evite que se continúe con los asesinatos e intimidaciones a líderes sociales como ha venido ocurriendo en los últimos días.


El gremio, manifestó preocupación frente a este tipo de acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del país, contribuyendo además a generar miedo y zozobra en la comunidad.
Finalmente, hizo un llamado a que se haga una investigación exhaustiva sobre el origen de esta amenaza que, al contrario de aportar al desarrollo económico y empresarial de la región, perjudican el normal desarrollo de las actividades propias del sector privado y afectan especialmente a todos los ciudadanos indefensos e inocentes que, en esa región, aspiran un territorio en paz.

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Carta abierta a Santos. "Usted deja la Presidencia con una enorme deuda frente a la humanidad"

San José de Apartadó, julio 13 de 2018

Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de Colombia

Bogotá, D. C.

De toda consideración.

A muy pocos días de terminar su segundo período de gobierno, queremos manifestarle sinceramente y de manera somera lo que hemos vivido y sentido durante estos 8 años en los cuales usted ha ocupado el cargo de Presidente y Jefe de Estado, período que se proyecta hacia atrás por el tiempo en que usted ejerció como Ministro de Defensa del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante su mandato, Presidente Santos, acudimos en 20 ocasiones a usted, haciendo uso del derecho constitucional de petición, para pedirle, de manera apremiantes, que en atención a obligaciones muy claras que la Constitución le impone al Jefe de Estado, interviniera directamente para frenar la cadena de crímenes de lesa humanidad que su ejército, sobre todo a través de la Brigada XVII y otras unidades, en unidad de acción con las estructuras paramilitares, había perpetrado y aún sigue perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra el campesinado de su entorno. Usted siempre esquivó esas peticiones y les dio órdenes a sus secretarías jurídicas de remitirlas a los mismos victimarios: el Ministerio de Defensa y sus diversas unidades, alegando decretos que no pueden oponerse a órdenes constitucionales y que se ajustan a la figura universalmente antijurídica de convertir al victimario en su propio investigador y juez.

Nadie ignora que una política evasiva frente a cadenas de crímenes horrendos y sistemáticos, encubiertos por los veredictos autoabsolutorios de sus propios subordinados, compromete con toda evidencia al primer mandatario ante una Comunidad Internacional que durante ya muchas décadas ha elaborado tratados y convenciones para proteger a las víctimas de esos horrores. Usted, pues, Presidente Santos, sale responsable ante la historia y ante el mundo de centenares de crímenes horrendos que han tratado de exterminar a nuestra Comunidad de Paz, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos sexuales, masacres, desplazamientos forzados, torturas, retenciones, detenciones y enjuiciamientos ilegales y arbitrarios, amenazas por millares, anuncios de exterminio, cercos de hambre, destrucciones e incineraciones de viviendas y de campos de cultivos, asaltos a mano armada para robar los bienes de sobrevivencia de las víctimas, profanación y ocultamiento de cadáveres, pillajes, robos de animales domésticos, principalmente de bestias de carga, único medio que posee el campesino de la zona para comercializar sus pobres productos, robo de los instrumentos de trabajo agrícola, campañas de calumnia, difamación y estigmatización a través de los medios masivos, ausencia, manipulación y corrupción de investigaciones judiciales y disciplinarias, generalización de la impunidad y de la desprotección judicial.

Si bien la Comunidad de Paz hizo uso de la Acción de Tutela en ciertas ocasiones y obtuvo respaldo de la Corte Constitucional, la cual emitió tres Sentencias y dos Autos en favor de la Comunidad, usted mismo y las instituciones de su gobierno desacataron todas las órdenes de la más alta Corte del Estado, además de otras órdenes incluidas en otras sentencias de dicha Corte, como las referidas a la prohibición de mantener unidades militares y policiales en medio de la población civil en zonas de conflicto, o las que se refieren a la prohibición al mandatario de pronunciarse públicamente contra grupos y comunidades echando mano de informaciones no verídicas o las que se refieren a la prohibición de empadronamientos. El desacato de su gobierno a todas esas normas y decisiones constitucionales nos hizo concluir siempre que el “Estado de Derecho” constituye más una ficción propagandística utilizada para encubrir realidades contrarias.

Durante todo su gobierno, como también durante el gobierno del Presidente Uribe, estuvimos solicitando que se nos suministrarían los nombres, códigos institucionales, unidades y cadenas de mando de todos los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y sitios en que fueron perpetrados los crímenes, pero su gobierno siempre se negó a ello, y cuando la Corte Constitucional se lo ordenó repetidas veces, usted desacató sus órdenes burlándose de la más alta Corte del Estado. Y ya para terminar su mandato, en diciembre de 2017, la Corte se lo volvió a ordenar, dándole dos meses de plazo para cumplir la orden y su gobierno volvió a desacatar el mandato de la Corte. Tal contumacia tiene, de toda evidencia, un propósito: mantener encapuchados y clandestinizados, al peor estilo paramilitar, a los criminales insertos en su gobierno.

Usted deja, pues, la Presidencia, con una enorme deuda frente a la humanidad. Ojalá llegue el día en que tribunales internacionales honestos ejerzan justicia frente a esos millares de crímenes y enjuicien su comportamiento de participación en los mismos con carácter de complicidad, connivencia, apoyo, tolerancia y protección de sus actores.

En este contexto, nos avergüenza la distinción que se le hizo al otorgarle el Premio Nobel de Paz, sin que mediara siquiera un reconocimiento de culpa en estos y muchos millares más de crímenes contra los derechos elementales de los colombianos, perpetrados por sus subordinados protegidos por su actitud de negarse a que siquiera fueran investigados y más bien exonerados ideológicamente de toda culpa, como ocurrió en las intervenciones durante del “Proceso de Paz”, luego enormemente degradado.

Con enorme dolor de patria,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Javier Giraldo Moreno, S. J. firmante de los derechos de petición.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua

Estados Unidos, el secretario general de la ONU y 12 países latinoamericanos, entre ellos México, exigen el fin de la violencia policial en el país centroamericano


La comunidad internacional intensificó este lunes la presión sobre Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos y tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega.

Estados Unidos, 12 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandaron al Gobierno de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país centroamericano. Guterres, clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta.
“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU en San José, a 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También invocó el abordaje regional de la crisis en Nicaragua, en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).


A su lado, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la violencia ejercida contra los estudiantes universitarios perpetrada el fin de semana mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes nicaragüenses que se declaran perseguidos o que han perdido sus empleos durante esta crisis.


Paralelamente 12 países de América Latina, entre ellos México, Brasil y Argentina, exigieron el "cese inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos militares". Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Los Gobiernos de estos 12 países denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en Nicaragua y exigieron el desmantelamiento de los grupos paramilitares y condenaron la "represión" contra estudiantes y civiles. En la misma declaración pidieron "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia", señala el texto.


Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con Ortega, reiteró su petición para que se celebren elecciones "anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir a la crisis.


En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —un órgano que forma parte de la OEA— ha asegurado que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula que son 309 personas fallecidas y miles de heridos.


Frente a los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha registrado el doble en solo tres meses. La embestida diplomática pone fin al largo silencio de la comunidad internacional y suceden después de un violento fin de semana. El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 km al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad (UNAN) y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.


La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseguró este lunes que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para "restaurar la paz". Aseguró que las protestas responden a "un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán".


Por su parte, la Iglesia católica denunció la "falta de voluntad política del Gobierno" para dialogar con la opositora Alianza Cívica. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio, y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.


La mecha que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el Gobierno dejó sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio, derivaron en una larga y sangrienta protesta que dura tres meses. La oposición los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones presidenciales previstas para 2021.

México / San José (Costa Rica) 17 JUL 2018 - 01:45 COT

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