El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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“La izquierda tiene responsabilidad en el ascenso fascista por rendirse al mercado cuando gobierna”

El ex director general de Amnistía Internacional habla con 'Público' sobre la actualidad migratoria en Europa, el panorama político en Brasil y el auge de los movimientos de ultra derecha.


El senegalés Pierre Sané (Dakar, 1948) es creador del Imagine África Institute, un think tank cuyo lema es “alimentar para pensar, pensar para actuar” y busca “recrear el continente, descolonizando su futuro”. Sané es, también, ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO (2001-2010) y ex Director General de Amnistía Internacional (1992-2001). Miembro del partido socialdemócrata de Senegal, Sané se ha convertido, además, estas semanas previas a las presidenciales brasileñas, en vehemente voz de alerta ante la inhabilitación para la reelección del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el riesgo que encarna el violento candidato fascista Jair Bolsonaro.


“Os referiré el caso de un candidato progresista, defensor de los intereses de la mayoría social, injustamente acusado de corrupción, encarcelado por ello sin pruebas y apartado así de la carrera electoral”, comenzó Sané su intervención en el encuentro Amenazas a la democracia y el orden multipolar el viernes 14 en Sao Paulo (Fundación Perseu Abramo) “¿Os suena? Pues hablo del alcalde de Dakar, Khalifa Sall”.


Sané fue el único, junto al ex ministro de Asuntos Exteriores de Lula y de Defensa de Dilma Rousseff, Celso Amorim, promotor de la iniciativa, en acudir a la doble cita, en Sao Paulo y el 17 en Madrid (Common Action Forum y Casa América) donde ex presidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, Dominique de Villepin, Massimo D’Alema, abogados y jueces como William Bourdon, Renata Ávila o Baltasar Garzón e intelectuales y periodistas como Noam Chomsky y Juan Luis Cebrián denunciaron “un doble golpe, parlamentario contra Rousseff y judicial contra Lula” así como las consecuencias globales de una victoria de la ultraderecha en las elecciones del 7 y 28 de octubre. “Sobre todo en África”, puntualizó Sané, “continente para el que Brasil ha sido referente con medidas del Partido de los Trabajadores (PT) como la bolsa de familia -subsidio a más de quince millones de familias bajo el umbral de la pobreza a cambio de escolarización y vacunación infantil-. “Las fuerzas reaccionarias africanas están atentas y si el golpe se consolida lo podrán imitar”.


¿Democracia y derechos humanos están hoy especialmente amenazados?


Amenazas siempre ha habido y habrá porque derechos humanos y democracia son fruto de un combate cotidiano. Hay avances y retrocesos, victorias y derrotas. Nunca llegaremos al “¡Conseguido, a otra cosa!”. Porque en la gobernanza pública siempre habrá intereses económicos contrapuestos: el de los poderosos que tratan de mantenerse en el poder y el resto que aspira a acceder.


¿El peligro actual viene más del auge fascista o de la idea extendida de que derechos humanos y democracia son una bella pero inalcanzable utopía?


A mí me gusta la definición de democracia de John Keane en su obra Life and death of democraty: “El gobierno de los humildes, por los humildes, para los humildes”. De acuerdo que es, como los derechos humanos plenos, un ideal. Pero si el mundo avanza, es en la persecución del ideal, de la utopía. Y el pasado más reciente demuestra, con Martin Luther King o Nelson Mandela, que lo que hace 50 años eran utopías se han convertido en realidades. El que un joven negro fuera presidente de EEUU no realiza el sueño de igualdad racial de Luther King, pero sí señala que, como él decía, “el arco de la historia tiende hacia la justicia”.


España acaba de vender armas a Arabia para no perder empleos del sector naval. ¿Los principios son un lujo frente a las necesidades económicas?


El ideal sería abolir la guerra y por ello luchan entidades pacifistas que quizá en el futuro lo consiga. Pero, dado el peso de la industria bélica en economía y empleo, las entidades de derechos humanos plantean batallar, más que por la abolición total, por enmarcar el comercio de armas en el derecho internacional. Y este dicta la prohibición de vender armas a un régimen en plena campaña de violación de derechos humanos y crímenes de guerra.


Elecciones en Brasil


¿Por qué su denuncia activa del encarcelamiento de Lula y el impulso del fascista Bolsonaro?


Dilma Rousseff fue destituida y Lula encarcelado e inhabilitado para la reelección porque el PT construía en Brasil una alternativa, un cambio de paradigma. Por primera vez en la historia de Brasil tenemos un movimiento obrero de gente corriente que llega al poder, lo ejerce doce años y, con la reelección de Lula, podrían haber sido veinte. La élite brasileña siempre lo ha visto como una amenaza porque, defiende los intereses de la mayoría demográfica, la igualdad racial en un país con 54 por ciento de población negra y, como votar, en Brasil, es obligatorio, en la dinámica electoral siempre tiene las de ganar. La única manera de impedirles gestionar el país es usando métodos anticonstitucionales y antidemocráticos. Si la estrategia triunfa tendrá consecuencias internacionales.


¿Especialmente en África?


El continente africano, con lazos históricos, demográficos y culturales fuertes con Brasil, se ha mirado mucho en su espejo en la etapa del PT porque suponía un ejemplo de lucha eficaz contra la pobreza, la desigualdad de clases y razas. Pero también porque desarrolló una política internacional que tenía muy presente a África e impulsaba un equilibrio mundial multilateral.


Ha criticado duramente que Brasil desoiga al Comité de Derechos Humanos de la ONU que pide que se deje a Lula presentarse, leyendo la lista de sus 18 miembros internacionales. ¿La ONU se ha labrado su falta de peso justo por su incapacidad para que las resoluciones sean vinculantes (caso de Palestina, o el Sahara Occidental)?


En toda la sociedad, incluida la internacional, hay un sistema de funcionamiento: leyes que se deben respetar. La ONU es grupo de diálogo entre estados. Son los estados quienes escriben las leyes, se comprometen a respetarlas y se someten al sistema de control mutuo. Cuando uno de los estados se pone fuera de la ley, como es el caso actual de Brasil, es a él a quien hay que culpar y no a los encargados de monitorizar el comportamiento de todos: la ONU. Ahora bien, hay que ser conscientes de que los estados sólo respetan las leyes por la presión moral del resto de estados y de la sociedad civil internacional.


Los juicios anti-corrupción que han encarcelado a Lula en Brasil y el alcalde de Dakar, según han dicho en estos encuentros, buscan eliminar al opositor. ¿Cómo perseguir la corrupción sin confiar en el poder judicial?


La lucha anti-corrupción no puede depender sólo del poder judicial. Porque este, aunque independiente del político, forma parte de la estructura de poder del sistema. Así que hay que seguir luchando contra la corrupción en los tribunales, sí. Pero también desde una sociedad civil vigilante, organizada, en sindicatos, asociaciones, ONGs, movilizada, defensora de los principios del derecho internacional: igualdad, libertad y justicia. Las instituciones hay que perfeccionarlas.


Alternativa y responsabilidad de la izquierda


¿Cómo socialdemócrata, hace alguna auto-crítica sobre al ascenso del voto ciudadano internacional a líderes mesiánicos, neofascistas?
Sí, los partidos de izquierda, progresistas tienen una parte de responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha. Porque la izquierda, los socialdemócratas llegan al poder sobre una promesa de mejorar las condiciones de vida ciudadana, de profundizar en democracia y libertad y contribuir a un mundo de paz. Pero cuando alcanzan el poder traicionan estas promesas y dicen a la gente que es el mercado quien obliga a ir a esta o esta dirección. Cuando la gente no ha votado al mercado, sino a ellos para que apliquen políticas alternativas.


¿Quién gobierna de verdad el mundo?


Parece que GP Morgan, Goldman Sach, Bank of America, City Bank, Deutche Bank, HSBS… los grandes bancos internacionales. Porque el mundo hoy está gobernado por el poder de las finanzas.


¿Hay una alternativa progresista a este estado de cosas?


La alternativa existe, teorizada en universidades, think tanks y ONGs, pero todavía no es hegemónica. Así que, mientras, la tendencia de los partidos socialistas es a continuar la política neoliberal sólo que con añadidos de programas sociales. No es suficiente. Son remiendos. Zapatero propuso una alianza internacional de think tanks progresistas para dar forma a esta alternativa económica y yo añadiría una nueva internacional progresista como la propuesta por Bernie Sanders y Varoufakis, con militantes, sindicatos y medios de comunicación. La idea compartida por muchas organizaciones progresistas es que no se puede seguir una agenda de globalización de la democracia si no se sigue una agenda de democratización de la globalización.


¿La respuesta debe ser simultánea y multinacional?


Un solo país no podrá hacerla, está claro. Y eso es una dificultad porque, en la UE, por ejemplo, no van a llegar a las presidencias de gobierno todos los socialistas a la vez. Es el caso en España, ahora, pero si la mayor potencia, Alemania, sigue en manos conservadoras será difícil desarrollar la agenda alternativa. Ahora bien, en el actual contexto europeo, yo preveo que el cambio va a abrirse camino de la mano de la mano del laborismo de Jeremy Corbyn.


¿De qué manera?


El ha conseguido que la militancia pase de 120.000 a medio millón, haciendo del partido laborista, el de izquierda europea con mayor base. Le apoya una militancia joven y comprometida. Corbyn, creo, preferiría no repetir el referéndum y que Gran Bretaña no permaneciera en la UE porque entiende que es un foro neoliberal donde será más difícil aplicar su agenda social. Una agenda que no le veo con vocación de exportar a Europa, ni internacionalmente vía alianza con Sanders y Varoufakis. Pero como no va a tener más remedio que repetir el referéndum y permanecerán en la UE, entonces tendrá que aliarse con otros socialdemócratas. La vía de llegada a Europa de una agenda alternativa, de progreso social viene por este joven y activo laborismo.


¿Superará la izquierda su tendencia a la división?


Junto a la tendencia autocrítica, cierta, los progresistas hoy afrontan la gran dificultad de identificar al enemigo porque el poder del capitalismo, su potencia política es difusa. Se puede decir que el enemigo son los bancos, poderes financieros, la industria del armamento… Y ante eso surgen movimientos de mujeres, antirracistas, ecologistas, de lucha de clase, de solidaridad con los pueblos del sur… El gran reto es analizar todos estos desafíos a través de una narrativa única que nos permita plantear una alternativa de conjunto. Hacer entender a todos que, si bien la solución es muy compleja, enfrentamos todos el mismo combate contra la misma estructura de dominación, responsable de la opresión de las mujeres, de los trabajadores, y de personas su identidad racial y sexual.


Migración y África


América y Europa comparten ser escenario del rechazo a migrantes y refugiados. ¿Qué hacer?


Luchar contra el racismo. Porque en Grecia desde 2009, 500.000 jóvenes griegos han abandonado el país para instalarse en otros países europeos y no se les llama migrantes. Senegal con 14 millones de habitantes tiene a 30.000 franceses y más y más emprendedores españoles e italianos se instalan sin que se les llame migrantes. Vivimos en un mundo donde cuando eres blanco y vienes de país desarrollado puedes viajar libre e instalarte y cuando vienes de un país pobre y de color te identifican como migrante. También está la discriminación económica.


A los príncipes árabes instalados en París no se les llama migrantes. Los europeos deben aceptar que entramos en mundo multicultural, multirracial. La migración siempre ha existido. América del norte y Latinoamérica son fruto de la migración masiva de europeos y entramos en un periodo de migración africana y árabe a Europa que no se puede encarar levantando vallas que la dejen aprisionada. Es absurdo porque en 2100 el 41 por ciento de la población mundial será africana. Europa debe cambiar de mentalidad y aceptar que no será exclusivamente blanca sino también negra y amarilla. Porque, además, necesita, población joven, mano de obra y esa riqueza vendrá de África.


¿Tiene África esperanza? ¿Cuál?


La esperanza de África, en el sentido de su aspiración, es idéntica a la del resto de habitantes del planeta: el deseo de democracia, libertad y derechos humanos se ha universalizado y todo el mundo quiere vivir en sociedades justas y libres. Pero la expectativa africana en términos de desarrollo tiene que venir del cambio económico: no se puede crear empleo sin industrializar y no se industrializa con el sistema de vender materias primas e importar manufacturas. En Senegal producimos oro e importamos joyas, Costa de Marfil exporta cacao y trae chocolate, Gabón madera y trae muebles. El valor añadido y los empleos se crean en el primer mundo. O África empieza a transformar in situ la riqueza natural en producto de consumo o los jóvenes seguirán emigrando para trabajar.


China invierte fuerte en el continente africano. ¿Teme que imponga su modelo político y social, tan deficitario en los estándares democráticos?


El riesgo siempre existe. Dependerá del equilibrio de fuerzas. Actualmente, en África, no intentan imponer su modelo. Se limitan a hacer negocios con regímenes de todo tipo. ¿Eso va a evolucionar? ¿Para mantener su ambición de ser la primera potencia económica recurrirán a lo militar? No lo sé. Lo que sí sé es que África debe definir sus relaciones con China, elegir su futuro económico y político. Y para eso hay que reforzar la unidad africana y que el continente hable con una sola voz al mundo exterior. Sólo con visión compartida, lo logrará.


Como ex director general de AI, ¿ve la denuncia de abusos en ONGs como Oxfam como campaña de desprestigio o necesaria medida regenerativa?


Las ONGs son organizaciones humanas, con sus debilidades. Deben someterse a la crítica pública, con la misma exigencia que aplican al mundo económico y político y tener mecanismos de auto corrección. Si en una ONG hay corrupción, abusos, o comportamientos no éticos deben ser criticadas para corregirse. Lo que no comparto es el cuestionamiento de la legitimidad. Quienes dice: ¿Qué derecho tiene Amnistía para venir a cuestionar el respeto a los derechos humanos aquí? La Declaración de Derechos Humanos señala que, junto a los estados, organizaciones y sociedad civil, deben trabajar para universalizarlos.


Cuándo levanta la vista, ¿ve a la ciudadanía preocupada por los derechos humanos y la democracia?


En todas las sociedades habrá siempre militantes más concernidos que el resto de población y es normal. Estar preocupado no implica tampoco dejar de llevar una vida normal, incluido salir a cenar y disfrutar. Pero sí que la gente debe asumir que, si se quieren mejorar las cosas, no basta hablarlo en casa, todos somos responsables y debemos intentar avanzar con los medios al alcance.

 

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Los grupos evangélicos paralizan una ley a favor de la población trans en Uruguay

El oficialista Frente Amplio propone que la sanidad pública financie el cambio de sexo

Un año de tramitación parlamentaria y varios meses de polémica: la ley que protege las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolección de firmas contra el proyecto. El colectivo trans, que no llega a las mil personas, tiene el apoyo de varias decenas de asociaciones que acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña con tintes religiosos en el país más laico y con menos creyentes de América Latina.

El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminación positiva para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; también contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales. La filosofía global de la normativa es proteger a un colectivo especialmente marginado - los trans tienen una esperanza de vida de 35 años en Uruguay - y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución.

El capítulo más polémico tiene que ver con la autorización del cambio de sexo (tanto hormonal como quirúrgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposición del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones. La coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan solo el 1% de la población trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervención.


Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. En realidad, el cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez años, previa autorización judicial y en el marco de un proceso médico controlado.


Las principales sociedades médicas lo apoyan y desde la política o las organizaciones sociales nunca hubo oposición. Por ello, la llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas - una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes - ha causado sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.


Las organizaciones de apoyo a la ley han contratacado con una lluvia de datos que muestran que, de todos los marginados sociales, los trans son los más vulnerables de Uruguay. Así, aseguran que las personas de este colectivo tienen una esperanza de vida de 35 años, cuando la media nacional es de 77 años. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y cárcel injustificada.


Por el lado parlamentario, la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposición a la normativa. Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evangélicos, no solo se opone al cambio de sexo en los menores, sino que rechaza las medidas de discriminación positiva y las reparaciones por los abusos de la dictadura. De todos modos, la senadora es partidaria de que una ley proteja a las personas trans y reconoce que es una población estigmatizada y vulnerable. Pero dentro de su propio partido hay senadores que se muestran más flexibles y podrían dar su apoyo a la ley si se producen algunas modificaciones. En realidad, el Frente Amplio dispone de una mayoría suficiente para conseguir una aprobación, aunque actualmente trabaja en cambios para obtener el mayor apoyo parlamentario posible y que la votación tenga lugar a finales de este mes.

Por Magdalena Martínez
Montevideo 3 OCT 2018 - 09:33 COT

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Asesinan a 93 líderes sociales en Colombia en lo que va de año, el más violento desde 2010

Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los homicidios. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha denunciado que 93 líderes sociales han muerto en Colombia en lo que va de año, un "problema que requiere soluciones urgentes" y que convierte este periodo de tiempo en el más violento desde 2010.


Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los asesinatos. Entre ellos figuran Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Arauca.


En el informe 'Agresiones y homicidios de líderes sociales', el 'think tank' ha indicado que en 2000 murieron 30 líderes sociales asesinados, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50.


Según la fundación, los líderes son ahora más vulnerables ante la violencia debido a que "tienen una mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz, se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales y hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas".


Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52% de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.


En cuanto a los responsables de estos actos, el documento recoge que en el 58% de los casos no se ha establecido el culpable, mientras que en el 35% la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.


En el 58% de los casos no se ha establecido el culpable


Fundación Ideas para la Paz ha señalado que se ha producido un aumento del 11% de los homicidios durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos en relación con el primero. Además, ha alertado de que aunque el número de agresiones a mujeres líderes es menor, el uso de la violencia sexual se acentúa en dichos casos.


"La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de revictimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias", añade.
Por ello, la Fundación Ideas para la Paz ha propuesto diez acciones entre las que se destacan crear un registro único integrado, consolidado y actualizado que documente las agresiones y publicar periódicamente los avances que realizan las instituciones del Estado sobre las investigaciones.


Además, ha recomendado reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros.


madrid
02/10/2018 09:27 Actualizado: 02/10/2018 09:42

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Ortega declara ilegales las protestas en Nicaragua

Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.

Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.


“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.


Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobernó el país latinoamericano durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.


El pasado sábado Ortega alertó a los empresarios de que enviaría a la policía para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un “terrorismo económico” en este país.


La advertencia de la Policía se da un día después de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilización permanente como forma de intimidación a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del país. Una de las últimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado sábado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno murió un adolescente de 16 años y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibió un disparo en el brazo derecho. Está por ver si el anuncio de la Policía de este viernes logrará desmovilizar las próximas protestas.


El viernes por la tarde, la Policía también allanó las oficinas del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública. El Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP y a su director, Félix Maradiaga, de financiar actos de “terrorismo” para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Policía decomisó documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el céntrico Reparto San Juan de Managua.


Las autoridades ya habían girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. “El de la Policía es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas más básicas del Estado de derecho. Es una posición torpe del régimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS, en conversación telefónica desde el país norteamericano. El experto calificó, además, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de "un atropello más a la sociedad civil" nicaragüense.


Maradiaga participó a primeros de septiembre en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discutió por primera vez la crisis nicaragüense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció en esa ocasión las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de Ortega.


A mediados de julio, el Parlamento nicaragüense –controlado por Ortega– aprobó una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva” que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del régimen para criminalizar a sus críticos. La ONU advirtió en esa ocasión que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.


Desde entonces han sido detenidas –según cifras oficiales– más de 200 personas acusadas de “terrorismo”. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las cárceles del país podría superar los 300, la mayoría por protestar contra el régimen. El miércoles, la CIDH recomendó al Gobierno "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el régimen.

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Mueren siete palestinos en Gaza por disparos del Ejército israelí


Entre las víctimas hay dos menores de 12 y 14 años alcanzados por munición real

 

Siete palestinos han muerto este viernes por fuego israelí en diferentes protestas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel en las que, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Salud de la Franja, 210 personas fueron hospitalizadas, 90 con heridas de bala. Según esas mismas fuentes, entre las víctimas hay dos niños, Nasser Msabbih de 12 años y Mohamed al-Houm de 14, alcanzados por proyectiles en la cabeza y en el pecho respectivamente

Desde hace seis meses los palestinos se manifiestan los viernes en la valla fronteriza con Israel. Durante toda la semana se han producido altercados entre los militares israelíes y grupos de jóvenes palestinos pero, según un comunicado hecho público el viernes por el Ejército israelí, en la protesta de este viernes han participado unas 20.000 personas que en algunos lugares han alcanzado el perímetro fronterizo y lanzado a los soldados “granadas y artefactos explosivos” además de quemar neumáticos. Unos hechos frente a los que los militares aseguran haber actuado “de acuerdo con los procedimientos operativos estándar”.


El Ejército reconoce haber bombardeado este viernes hasta en dos ocasiones posiciones del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), en una jornada en la que los manifestantes llegaron a derribar una sección de la valla fronteriza y provocaron hasta 16 incendios en el lado israelí. Los incidentes más violentos se produjeron en las inmediaciones del paso fronterizo de Karni, en el noreste de la Franja y en las inmediaciones de Jan Yunes, en el sureste del territorio palestino. Después de semanas de relativa calma —según fuentes palestinas, fruto de una tregua alcanzada entre Israel y Hamás bajo los auspicios de Egipto para evitar una escalada de violencia— los palestinos han vuelto a reeditar las protestas masivas en la frontera, en el marco de la Gran Marcha de Retorno, para reivindicar el derecho a regresar de todos los refugiados palestinos. Al menos 190 manifestantes han muerto desde que comenzasen las protestas el pasado 30 de marzo.


Según varios analistas locales, el rebrote de violencia obedece a los intentos de Hamás de intensificar la presión sobre Israel y Egipto para que terminen con el bloqueo que sufre el territorio mediterráneo palestino desde más de una década. Según los datos hechos públicos esta semana por el Banco Mundial, la economía de Gaza “cae en picado” con más de la mitad de la población en paro, una preocupante cifra que alcanza el 70% entre los jóvenes.


Las medidas de presión de la Autoridad Palestina para doblegar a Hamás y que le entregue el control de la franja de Gaza, en los términos del acuerdo alcanzado hace casi un año, tampoco ayudan. Las idas y venidas de representantes egipcios a Gaza y Ramala para tratar de poner fin a las diferencias entre unos y otros no han dado sus frutos y las advertencias del presidente palestino, Mahmud Abbas, en su discurso del pasado jueves en la Asamblea General de la ONU no han sido bien recibidas por los partidarios de los islamistas. Las palabras del líder palestino —que derivó en Hamás toda la responsabilidad de lo que suceda en Gaza si no cumplen con lo pactado— no fueron bien recibidas en la Franja donde, inmediatamente después del discurso presidencial, surgieron multitudinarias protestas. Jóvenes palestinos que enarbolaban pancartas con las palabras "Abbas no" sobre la imagen del presidente, quemaron la foto del rais en las calles de Gaza y gritaron consignas pidiendo su dimisión.

 

Por Lourdes Baeza
Jerusalén 28 SEP 2018 - 14:56 COT

 

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Jueves, 27 Septiembre 2018 06:11

¿Cómo empezó todo esto?

¿Cómo empezó todo esto?

La Reserva río Indio-río Maíz es parte de la red mundial de áreas protegidas de la Unesco. Son 300 mil hectáreas de selva virgen, y se extiende al sur de Nicaragua entre el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica, y el río Punta Gorda, hacia la costa del Caribe.

Aunque área protegida, se halla en la mira de los llamados colonos, partidas de campesinos a veces, y las más negociantes de tierras, que burlan a las autoridades forestales, o gozan de su protección, para derribar los árboles y convertir el suelo en pastizales. La quema del terreno suele provocar incendios.

Los negociantes se enfrentan a los indígenas que defienden la selva como su hábitat, no pocas veces arrasando sus comunidades y asesinándolos. Y los árboles tumbados representan otro jugoso negocio en las sombras.

El martes 3 de abril de este año comenzó un nuevo incendio, otra vez provocado por los depredadores, aunque el gobierno minimizó la catástrofe. Negar la magnitud de los incendios ha sido una forma de ocultar sus causas, el descuido y la corrupción, algo que no pasa desapercibido ni para los ecologistas ni para los jóvenes en las universidades.

En las fotografías aéreas y los videos, las inmensas columnas de humo se expanden como si se tratara de una poderosa erupción volcánica, visibles por kilómetros a la redonda, prueba de la magnitud del desastre.

La primera protesta se dio el miércoles 4 de abril en León, cuando los estudiantes encabezaron una marcha que fue atacada, como de costumbre, por las turbas del gobierno. Al día siguiente unos 300 estudiantes intentaron salir de la Universidad Centroamericana en Managua hacia la Asamblea Nacional, llevando pancartas donde se leía SOS INDIO MAÍZ, ORTEGA NEGLIGENTE, DESASTRE ECOLÓGICO. Pero la Juventud Sandinista organizó una "caminata ambiental" y les salió al paso; entonces cambiaron el rumbo, pero de todos modos se hallaron con un contingente de antimotines que los obligó a replegarse de regreso a la universidad.

El régimen dejaba en claro una vez más su intolerancia cerrada ante cualquier protesta, aunque fuera en defensa de la naturaleza: "las calles son del pueblo", había sido la consigna convertida en regla por años, y esto quería decir, las calles son de las organizaciones del partido en el poder. Un monopolio impuesto a la fuerza con el respaldo policial.

El miércoles 11 de abril, una leve lluvia empezó a caer sobre la selva, y ayudó a amainar el fuego, que terminó por extinguirse. Pero el daño a la reserva era irreversible. Y las tierras quemadas, quedaban otra vez listas para ser convertidas en fincas de ganado.

En el estado de felicidad perpetua que ofrece la filosofía del socialismo esotérico del régimen, las causas nobles, como defender la integridad de una reserva ecológica, venían a resultar causas prohibidas. O respaldar a los jubilados en sus reclamos. Eso quedó patente a los pocos días, cuando se reformó la ley de la seguridad social para gravar con un impuesto de 5 por ciento las pensiones.

El miércoles 18 de abril un grupo de ancianos salió a protestar en León contra el decreto que los esquilmaba, pero cuando llegaron al lugar acordado ya estaban allí las fuerzas de choque. Uno de los viejos, que porta una pancarta, fue derribado al pavimento, y en el video que se hizo viral entonces puede advertirse como uno de los esbirros lo aprisiona del cuello mientras otro lo empuja con violencia.

Sus compañeros de la marcha lo ayudan a levantarse, lo defienden, y los reclamos contra los agresores suben de tono. Si la intención era agredirlo en el suelo y arrebatarle la pancarta, ya no pudieron hacerlo. Se levantó con ella en las manos.

La escena de un anciano jubilado que cae al suelo agredido por agentes del régimen queda registrada en un teléfono celular, y de pronto está en miles de pantallas de teléfonos celulares en todo el país.

Esa misma tarde, unas 300 personas, entre ellos decenas de universitarios que acompañan a más jubilados, se congregan a protestar en las afueras del centro comercial Camino de Oriente en Managua. Todos se han citado allí por medio de las redes, con lo que surgirá una palabra desde entonces clave: autoconvocados.

Las fuerzas de choque, ahora multiplicadas, vuelven a aparecer agrediendo indiscriminadamente a los manifestantes. Ese 18 de abril se volverá una fecha histórica, porque es cuando estalla la rebelión desarmada que en los días siguientes tendrá un terrible saldo de muertos, porque la policía y las fuerzas de choque pasan a disparar indiscriminadamente con armas de fuego.

Pronto aparecerán los francotiradores, y los paramilitares encapuchados con fusiles de guerra, hasta que en los siguientes 100 días el número de muertos alcanzará más de 400.

El incendio criminal de una selva. Un anciano derribado que a pesar de todo no suelta el cartelón donde reclama por su pensión cercenada. Puertas de escape a una larga acumulación de agravios.

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Lunes, 17 Septiembre 2018 05:45

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

Catalogado como “presidente de los ricos”, el líder francés se dedica ahora a los pobres con un ingreso universal de actividad, un subsidio aún por definirse, entre otras medidas dirigidas a los sectores más vulnerables.

Macron paga en los sondeos tanto los magros resultados de su política como sus intervenciones displicentes.


La nueva súper producción política del presidente francés Emmanuel Macron está en pleno rodaje. Luego de que, apenas inició su mandato en 2017, fue catalogado como “el presidente de los ricos”, el jefe del Estado se dedica ahora a los pobres con una serie de disposiciones destinadas a combatir las crecientes carencias de la sociedad. En plena pérdida de popularidad el macronismo sale a corregir una inusual sinfonía de sarcasmos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde su ya famoso “los galos son refractarios a los cambios”, pasando por las ayudas sociales “cuestan una guita monstruosa” o su última salida ante un desempleado a quien le dijo “cruzo la calle y encuentro un trabajo”, Macron ha concentrado sus intervenciones con posiciones antagónicas hacia los pobres y hasta culpabilizado a los excluidos del sistema. Ayer, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) se preguntó “Macron invita a seis millones de personas a cruzar la calle para encontrar un trabajo. Para él, los desocupados son culpables de su desempleo. ¿Dónde vive este hombre?”. Como lo recuerda un editorial publicado este fin de semana por el matutino Libération, nunca ha dicho una palabra sobre los directores de empresas “que cobran millones en indemnizaciones cuando se van mientras sus resultados son malos, los banqueros que especulan sobre el volcán”.


“Presidente de los ricos” cuya retórica envuelve “un desprecio de casta”, Macron paga en los sondeos tanto los delgados resultados de su política como sus intervenciones displicentes. Con los meses ha logrado que su perfil sea el de un hombre “indolente” ante el sufrimiento social y no el del centrista extremo que arropa a todo un país. El plan contra la pobreza desplegado ahora constituye la primera ofensiva en ese campo en un momento delicado donde la caída en los sondeos de opinión, las denuncias contra varios ministros y el enfrentamiento con la prensa han enturbiado su gestión. Macron se presentó como el promotor de un “Nuevo Estado de bienestar” que busca desmontar el círculo de “la fatalidad social”. El eje de la iniciativa gira en torno a la capacitación, la infancia, la juventud, la manera de renovar los circuitos del reparto de los subsidios y, sobre todo, una idea hurtada a los socialistas (fue presentada en la campaña electoral de 2017 por el candidato socialista a la presidencia, Benoît Hamon): la instauración de una suerte de “ingreso universal de actividad”. Se trata de un subsidio aún por definirse que garantice un ingreso mínimo y ayuda sociales a todas las personas. Su plan, como casi todo lo que hace, es una pincelada del social reformismo tan defendido por los social demócratas y otra inspirada de la filosofía social de la derecha. La palabra “universal” toca el corazón de la izquierda. El hoy analista y ex director del vespertino Le Monde, Jean-Marie Colombani, comentó en los medios la “habilidad” de Macron cuando “evoca un slogan de la izquierda y una realidad que evoca reivindicaciones clásicas de la derecha”.


La situación social francesa privilegiada en comparación con sus vecinos. Por un lado, es el país del Viejo Continente que consagra más recursos que ningún otro a los respaldos sociales con un 32,1% del Producto Interno Bruto mientras que su porcentaje de pobreza llega al 13 6?%. En el seno de la Unión Europea Francia es, sin lugar a dudas, el país con políticas de redistribución e igualdad más profundas. En este contexto, la red imponente de subsidios sociales respalda a los cerca de nueve millones de personas que viven con ingresos por debajo del promedio nacional (1.150 dólares).


Como lo señaló el mandatario, su dispositivo no consiste en “ayudar a los pobres a vivir mejor en la pobreza, sino ayudarlos, acompañarlos para que salgan de ella”. En síntesis, según su idea, no se busca que sean menos pobres sino que haya menos pobres. El costo de las medidas macronistas asciende a unos 8000 millones de euros. No cambia tanto el monto sino la forma en que se encamina el problema. Por ejemplo, el ingreso universal de actividad estará condicionado por “derechos y deberes suplementarios”. Con ello se apunta a romper el círculo de la dependencia inactiva permanente en la que suelen caer muchas de las personas que se benefician con los subsidios. Ya hay en Europa un modelo de reforma semejante: hace más de diez años, tanto el ex primer ministro británico Tony Blair como el canciller alemán Gerhard Schröder emprendieron transformaciones similares con la misma mezcla de social reformismo y liberalismo atenuado. La proyección pública de “Macron presidente de los pobres” recién acaba de comenzar. El jefe del Estado aún arrastra la etiqueta de la película que el mismo diseñó como “Macron presidente de los ricos”.
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Domingo, 16 Septiembre 2018 05:44

Almagro amenazó con invadir Venezuela

Almagro viajó a Cúcuta, Colombia, para dialogar con los emigrantes venezolanos.

En respuesta, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro, por lo que consideró como acciones intervencionistas. A su vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que no descarta una intervención militar en Venezuela, ante la crisis social y política que vive el país. En respuesta, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro por lo que consideró como acciones intervencionistas. A pocas horas de conocerse las declaraciones del secretario, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.


En rueda de prensa del lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, que separa la frontera con Venezuela, Almagro aseveró que no descarta ninguna opción para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. “Las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero no se pueden descartar otras”, afirmó. Ante esas declaraciones, Rodríguez respondió que Almagro, busca revivir las peores épocas de intervención imperialista en la región. “Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra Región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA”, aseveró la vicepresidenta de Venezuela y afirmó que denunciará ante la ONU, y otras instancia internacionales, “la forma vulgar y grotesca que ostenta la dirección la Secretaría General del órgano internacional”.


El secretario de la OEA viajó ayer a la cuidad fronteriza de Cúcuta (este de Colombia) para dialogar con los miles de venezolanos que emigran a diario en búsqueda de mejores condiciones de vida. “Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra su población, está incurriendo en violaciones de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, está impulsando un éxodo inducido”, consideró Almagro ante las preguntas de periodistas. El secretario, que estuvo acompañado en su rueda de prensa por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. “Un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta, incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente; en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo”, afirmó. A renglón seguido declaró no haber visto nunca un gobierno tan inmoral que se niegue a aceptar la ayuda internacional, en medio de lo que definió como una crisis humanitaria. “Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela”, subrayó, mientras emigrantes venezolanos se acercaban a escucharlo. El secretario general de la OEA evaluó que Venezuela no es una república democrática, por lo que sugirió la inminencia de una ayuda de la comunidad internacional, en especial financiera, para contribuir a frenar el éxodo de ciudadanos a otros países de Sudamérica. “La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto, la comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado”, concluyó.


Desde la red social Twitter, el presidente de Bolivia manifestó el repudio a la sugerencia de Almagro de intervenir militarmente el país centroamericano. “Así confirma que dejó de ser secretario general de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Donald Trump. Atentar contra Venezuela es atentar contra AmericaLatina”, denunció Morales. No es la primera vez que el mandatario boliviano acusa al secretario de la OEA de coincidir con las propuestas de Trump.
Cerca de 2,3 millones de venezolanos huyeron de su país en los últimos años, según informó la ONU, que atribuyó las causas a la falta de alimentos y medicinas. La mayor parte de estos exiliados se dirigieron a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, lo que provocó medidas proteccionistas de esos países hacia los migrantes, como por ejemplo, el pedido de pasaportes para realizar el ingreso. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que en Venezuela más de 100.000 pacientes del VIH-sida están en riesgo por falta de acceso a los medicamentos necesarios y que han vuelto enfermedades previamente erradicadas como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria. En un intento de repatriar a sus ciudadanos exiliados, Maduro lanzó el Plan Vuelta a la Patria, con el que ya volvieron, según el gobierno, casi 3000 venezolanos en micros y aviones que salen desde los países que los alojan. Para ello, Venezuela actúa junto a la Organización Internacional para las Migraciones.

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:55

Cerca del golpe

Marcha organizada por el Comité de Desarrollo Campesino en Ciudad de Guatemala el 12 de setiembre exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renovación del mandato de la misión anticorrupción de la Onu

Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga la corrupción, persisitó en sus acusaciones contra el presidente Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de la agencia de la ONU y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el comisionado.

 

Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de “repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.


Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.


Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga, y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la CICIG –presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ABOGADO NO GRATO.

Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la CICIG y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha sido seriamente erosionada por una CICIG que ha obligado a un sector importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por financiar ilícitamente a los partidos políticos.


Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.

PUESTA EN ESCENA.


Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por televisión que había notificado al secretario general de la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG en Guatemala. Sus argumentos no sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal selectiva”con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el “terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del Ejército guatemalteco, helicópteros y jeepsrodearon la sede de la CICIG y tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982, de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el poder en el país.


Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje de trabajo ya planificado del jefe de la CICIG a Estados Unidos, el presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el regreso del colombiano a Guatemala.

CON EL APOYO DE WASHINGTON.

La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y promotores financieros de la labor de la CICIG, y en febrero de este año el embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.


La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la ONU en Guatemala indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la CICIG. Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante por una CICIG “reformada”.


Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos de la Corte que él considere “ilegales”.

 

CRECIENTE HOSTILIDAD.


En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la CICIG. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y garantizados los derechos de las grandes mayorías.


En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

 

Por Roberto García
14 septiembre,

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