Las FARC entregan a la ONU la totalidad de sus armas en un acto presidido por Santos y 'Timochenko'

La guerrilla más antigua del continente americano se convertirá en partido político legal después de 53 años de lucha armada.


Con la asistencia de más de mil invitados entre representantes de todos los sectores políticos y sociales, de los países garantes, Cuba y Noruega, y de los facilitadores, Venezuela y Cuba presididos por el Presidente Juan Manuel Santos, del máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez “Timochenko”, y del delegado del Consejo de Seguridad de la ONU, Jean Arnault, se llevó a cabo la entrega total y definitiva de las armas de dotación de todos los miembros de una insurgencia emprendida en Julio de 1964 por todo el territorio colombiano.


El lugar elegido para el acto central del final de las FARC como grupo armado ha sido Buenavista, una vereda del municipio de Mesetas (región del Meta) a 239 kilómetros de Bogotá, hasta hace unos meses sede del “Bloque Oriental”, una de las estructuras de mayor poder militar de las FARC a lo largo del conflicto. Además de cerca de 500 guerrilleros, son testigos del acto de entrega de armas unos 200 presos excarcelados, que esperan la aplicación de la Justicia Especial para la Paz.


Simultáneamente, en Llanogrande (Antioquia), Pondores (La Guajira) y La Carmelita (Putumayo) se han realizado actos paralelos de entrega final de armamento individual. Por decisión de la guerrilla, consensuada por el gobierno, no se han conocido imágenes de la entrega formal de armas, ya que las FARC no han querido dar una impresión de “rendición”, sino de “cesación” voluntaria de la lucha armada.


Más de 7.000 armas entregadas, que serán fundidas


En total, los delegados de la ONU, a cargo del Jefe de Observadores de la ONU, el General argentino Javier López Aquino, que ha participado anteriormente en misiones en Irak y Kuwait, han recibido 7.132 armas que, según la “Hoja de Ruta” del proceso de Paz, serán fundidas para la fabricación de 3 monumentos que se ubicarán en La Habana, Nueva York y Bogotá. El armamento entregado está integrado especialmente por fusiles Galil de fabricación israelí, robados al ejército en las grandes tomas guerrilleras a sus bases realizadas en la década de los 90, y armas largas rusas y búlgaras AK-47, al parecer vendidas a la guerrilla comunista por el asesor de Paz del expresidente peruano Fujimori, Vladimiro Montesinos.


A cada uno de los 6.804 guerrilleros censados se les ha entregado un certificado individual firmado por el Jefe de la Delegación de la ONU en Colombia, que les servirá para reincorporarse a la vida civil. En el mismo acto cada insurgente firmó un compromiso de “no volver a rebelarse violentamente contra el Estado”. En contraste con otras entregas de grupos armados en Colombia, las FARC han entregado más de un arma por guerrillero. Por ejemplo, los 31.689 paramilitares que asumieron su desmovilización bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, entregaron 18.000 armas, muchas caseras o en desuso, y en la izquierda, el M-19, que se desmovilizó en 1990, declaró tener 700 militantes y entregó 280 armas.


Comienza el "posconflicto"


A partir de ahora empieza para la guerrilla y para el gobierno el reto de poner en marcha un “posconflicto” que se encuentra muy retrasado en aspectos decisivos. Con el Congreso de vacaciones en las próximas 3 semanas, está pendiente la regulación de la columna vertebral del proceso: La Justicia Especial para la Paz y la aplicación de amnistías e indultos, que aún no han alcanzado a la mayor parte de los insurgentes, así como la puesta en marcha del primer punto del Acuerdo de Paz, “La Reforma rural integral”, que está encontrando grandes resistencias en la derecha colombiana y en sectores del propio Gobierno, fundamental para poner en marcha los procesos productivos que aseguren la vida futura de los desmovilizados, la mayor parte con vocación campesina.


Por su parte, los dirigentes de las FARC manifiestan su preocupación por la seguridad personal al regreso a la vida civil. En las últimas semanas han sido asesinados 4 exguerrilleros, que regresaban a reunirse con sus familias, además de decenas de líderes sociales. En todo caso, la fecha para la conversión de la guerrilla en un partido político, aún sin nombre, está fijada para el próximo mes de agosto.

Publicado enColombia
Martes, 27 Junio 2017 07:59

El 27J y lo que sigue.

El 27J y lo que sigue.

El martes 27 de junio cierra el proceso de dejación de las armas por parte de las Farc, aunque debe esperarse hasta el 1 de septiembre para eliminar las caletas de la guerrilla con su peligroso e inestable material explosivo; el gobierno y la ONU ya tienen las coordenadas respectivas para proceder en tal sentido.


O debe darse el fin del conflicto en los términos de lo pactado en el documento que dio principio a los diálogos de La Mesa en La Habana y que textualmente señala lo siguiente:


“3. Fin del conflicto.


Proceso integral y simultáneo que implica:-1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.-2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses.-3. El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.-4. En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.-5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.-6. Garantías de seguridad.-7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes”.


Los pasos a seguir en lo relacionado con la dejación de las armas, son los siguientes:


La ONU recibirá el armamento, lo depositará en los contenedores y certificará la dejación de armas de cada uno de los integrantes de las Farc. Luego de suscribir el Acta de Compromiso, los integrantes de las Farc recibirán la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que les permite hacer el tránsito a la legalidad.


Antes de finalizar la existencia de las ZVTN, Naciones Unidas procederá a la extracción de todas las armas almacenadas. La ONU tendrá el control, monitoreo y verificación de los contenedores. A más tardar el primero de agosto, Naciones Unidas extraerá los contenedores de las ZVTN y certificará el cumplimiento del proceso de dejación de armas de las Farc.


Hay un plan muy detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de las FARC-EP, plan que será ejecutado por parte de las Farc- EP y las Naciones Unidas, que deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 27 de junio de 2017.


También antes del primero de agosto, el Gobierno Nacional y las Farc acordarán la construcción de los tres monumentos indicados en el Acuerdo Final.


Los 26 puntos de concentración veredal se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, lo cuales servirán en la capacitación intensiva de los integrantes de las Farc para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria, incluyendo las discusiones con autoridades departamentales y municipales sobre sus compromisos con la paz.


Vendrán dos meses claves, no sólo para terminar de construir las Zonas Veredales y sus alojamientos, sino para que también se dé paso a que estos Espacios Territoriales estén adecuados para que los exguerrilleros –que estarán ya en esa condición en ese momento- hagan un tránsito gradual a la actividad política y comunitaria.


Una vez agotado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, los integrantes de las Farc-EP recibirán los apoyos para su reincorporación en los términos del Acuerdo Final: renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV durante 24 meses, asignación única de normalización de 2 millones de pesos, proyectos productivos, de vivienda, etc (Ver texto del Decreto 899 del 2017 en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2qwkW7T ).


Se establecerá un grupo de trabajo con las Farc en la Cesivi, para estructurar y recomendar, dentro de los siguientes 60 días, proyectos productivos viables a ser implementados por ECOMUN u otras organizaciones. Los recursos para implementar dichos proyectos serán entregados dentro de los 30 días siguientes a su viabilización por parte del CNR (ver Decreto 897 del 2017 http://bit.ly/2r84ycp ).


Se concluirá la implementación de los proyectos piloto del Ministerio de Agricultura en las Zonas Veredales antes de la finalización de estas.


Finalmente, el Componente de verificación internacional se deberá activar antes del 30 de junio de 2017. Allí, el Gobierno Nacional y las Farc solicitarán al Secretario General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se anticipe la tarea de verificación del mandato de la Segunda Misión de Naciones Unidas, de ser posible, antes del 10 de julio.


El 27J quedara en la memoria histórica de esta nación y su pueblo como un acontecimiento histórico indeleble. No es el fin de la historia, tampoco el de las Farc y el de su épica resistencia y marcha por la emancipación revolucionaria.


Las Farc siguen, hacen parte de lo más profundo de nuestra nacionalidad y de las luchas populares contra el dominio despótico de la oligarquía sanguinaria que prevalece mediante la violencia y arbitrariedad.
El 27J es un punto de inflexión, de bifurcación en la ruta existencial de Colombia.


Las Farc son una poderosa subjetividad politica construida, durante décadas, en el fragor de las luchas agrarias y mal puede plantearse la idea de su extinción como lo celebra precipitado el señor Santos.
Habrá Farc para mucho rato, ahora como partido y movimiento político, liderando el proceso de la construcción de la paz, defendiendo los acuerdos frente a la arremetida de la ultraderecha fascista.
Si bien el gobierno no ha cumplido con los pactos y evade olímpicamente sus obligaciones la implementación de la paz sigue su curso.


Hay muchas tareas por delante.


Una de ellas, tal vez la de mayor trascendencia, organizar los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial/Pdets y los correspondientes Planes de Acción como instrumentos de Transformación territorial/Pait en los 16 espacios geográficos diseñados para el efecto, incluyendo los 187 municipios priorizados.


Al respecto recomiendo el estudio del Decreto-Ley 892 del 2017 que traza los parámetros de los 16 territorio Pdet (Ver http://bit.ly/2rAIqJp ).


Es en estos territorios donde debe gestarse un potente movimiento social que exija el cumplimiento de los acuerdos de paz.


Por supuesto, está planteado el reto de dar forma a un gran partido/movimiento popular el cual tendrá como línea de salida el Congreso que se realizara en los próximos meses en función de lo cual ya se debaten las Tesis de abril.


Claro está que la seguridad y protección de la vida de los guerrilleros es fundamental. Hay que parar el chorro del neoparamilitarismo santista que extermina líderes sociales y populares y lo mejor es organizar ya la Guardia Campesina (como en el Catatumbo y en Miravalle) y demandar la aplicación de los decretos expedidos dizque para erradicar el paramilitarismo de nuevo cuño que el Min Defensa Villegas esconde y el Vicepresidente dice querer terminar con más militarización como la de Tumaco, agobiado por tanto reten del Esmad, la Marina, el Ejercito y las redes de inteligencia.

Publicado enColombia
Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Colombia y las FARC se dan dos meses más para la aplicación de los acuerdos

El proceso de paz ha estado marcado por retrasos logísticos y en la entrega de armas, que aún no ha terminado


El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se alarga. El calendario de aplicación de los acuerdos, que hubiera tenido culminar esta semana al cumplirse 180 días, ha quedado modificado por los retrasos logísticos de la transición de la guerrilla a la vida civil y la entrega de armas, que aún no ha terminado. Las dos partes han acordado darse un nuevo plazo. La guerrilla tiene 20 días más para dejar el armamento en manos de la misión de Naciones Unidas desplegada en territorio colombiano. "Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación", ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en una declaración pública la noche del lunes, festivo en Colombia. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".


Las 26 zonas donde los excombatientes transitan a la vida civil desde el pasado enero se amplían hasta agosto, es decir, 60 días más. "El 1 de agosto se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en condiciones de plena normalidad institucional", se lee en un comunicado publicado posteriormente por la Comisión de Seguimiento del proceso en la que se sientan el Gobierno y las FARC. Estos lugares servirán para que los guerrilleros se sigan formando en diversos oficios, parar preparar proyectos productivos "en un modelo de reincorporación comunitaria". Nuevas condiciones para las que amas partes tendrán que solicitar antes del 10 de julio al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe su misión en Colombia.


Las razones del cambio en el calendario pactado durante cuatro años de conversaciones en La Habana se materializan sobre el terreno. La carretera que une Villavicencio, una ciudad a unas tres horas de Bogotá, con el campamento en el que 600 excombatientes de las FARC se preparan para la vida civil recuerda a la guerra que terminó el pasado noviembre con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla. El Meta sigue siendo una de las regiones más minadas del mundo. La insurgencia plagó estas tierras de explosivos para hacerse con el territorio. Ahora, trabajadores de la organización antiminas Halo Trust son el testigo de lo que queda de un conflicto de medio siglo.


Cuando los palos que demarcan la zona minada terminan, aparece la vereda de La Guajira. Una calle de tierra en el llano oriental colombiano, con menos de una decena de casitas a cada lado. Desde hace unos meses, los habitantes conviven con observadores de la ONU, miembros del Gobierno, la Policía y de las FARC. Son los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación responsables de que los guerrilleros del campamento cercano dejen las armas.


Los que durante 50 años se dispararon, ahora duermen bajo la misma carpa, a pocos centímetros. Comparten el comedor y los baños portátiles. Se sientan en la misma mesa a decidir los temas del día y a solucionar los incidentes que se encuentran en el camino a la paz. "Percibí desde el primer momento un cierto grado de desconfianza del Gobierno como de las FARC", explica Juan Carlos Bertalo Peralta, miembro de la Armada y uno de los 18 observadores españoles desplegados en territorio colombiano. "Ha sido una barrera muy difícil de superar. Hoy en día convivimos con toda normalidad".


Pese a todo, el trabajo diario continúa. Cristina Sánchez Pedraza, inspectora jefe de la Policía Nacional de España y observadora de Naciones Unidas se sienta cada mañana con el Gobierno y las FARC para mediar en los incidentes que trae aparejados este proceso. "Cuando sucede algún problema, entra Naciones Unidas, formando parte del tripartito. Lo que hacemos es tomar declaración, hacer entrevistas a quien corresponda para tratar de saber qué ha pasado en ese incidente", explica la policía. "Hay días que hay un poco de tensión, dependiendo del tema que estemos tratando. Pero es más de lo que desde fuera podría parecer. Hay muy buena voluntad de todas las partes de que esto siga hacia delante. Y esto es lo que predomina en todas las reuniones".


Durante la visita que EL PAÍS realizó a la sede de La Guajira ni los miembros del Ejecutivo ni los de las FARC quisieron acercarse a la grabadora. La excusa era la misma: "No tenemos permiso de los superiores". Aunque este diario realizó las gestiones pertinentes, de nada sirvió en una zona donde no se ha cumplido con el calendario marcado. El espacio donde el Mecanismo vive de manera temporal no está acabado. El lugar donde centenares de guerrilleros deben prepararse para abandonar su vida de combatientes es exactamente igual al de su vida de combatientes. Es decir, no han llegado ni los materiales, ni las máquinas ni los trabajadores que debían adecuar el campamento para recibir asistencia médica y formación. Tampoco hay zonas comunes para cocinar o para practicar deporte.


"Es evidente que ni en uno ni en dos ni en los meses que se acordó ya extender este período van a ser entregadas estas zonas", asegura Matías Aldecoa, segundo responsable de las FARC en el Mecanismo. "El tema de la reincorporación es muy complejo. Los guerrilleros vamos a dejar las armas, pero no tenemos dónde vivir. No hay todavía una seguridad jurídica. Tampoco hay garantías de la seguridad personal, de protección. Tampoco hay una garantía de la seguridad económica, ¿de qué van a subsistir?".


"Somos conscientes de que ha habido algunos retrasos en la parte logística. Pero en ninguna parte del acuerdo está condicionada la entrega de armas a que los campamentos y las sedes estén listas", dice el contralmirante Orlando Romero Reyes, responsable del Gobierno ante el Mecanismo. Sus palabras se materializan sobre el terreno. En la zona de La Guajira no hay nada construido.


En un paseo por sus alrededores se pueden ver los fusiles de los guerrilleros con el código de registro que la ONU ha usado para realizar un inventario que deja un saldo de unas 7.000 armas en los campamentos. Todo este material será depositado en contenedores que se están instalando en las zonas veredales, como el que aparece a la salida del camino de tierra que conecta esta región con la urbe más cercana. Aunque el plazo para la entrega de los fusiles se ha ampliado 20 días, estos almacenes permanecerán en las zonas hasta agosto.


La misión de Naciones Unidas tiene en su poder más de 1.000 armas de miembros de las FARC que forman parte del mecanismo, de los guerrilleros que se capacitan para otorgar seguridad a la guerrilla, de aquellos que se dedicarán a hacer pedagogía de esta fase de la implementación; y de los que trabajarán en tareas de desminado y erradicación de cultivos ilícitos como los de coca.


De manera paralela, la guerrilla y el Gobierno se preparan para llegar a 900 caletas, los zulos escondidos en la Colombia profunda donde se almacena el material pesado y explosivo. Ambas partes han elaborado un plan para la extracción y destrucción de este armamento: a partir del 1 de junio se establece un plazo de tres meses para conseguir este segundo objetivo. Si en este tiempo no se hubiera conseguido el desarme definitivo, "las caletas quedarán a disposición del Gobierno que contará con la colaboración de exintegrantes de las FARC para el desmantelamiento". Este trabajo no tiene una fecha límite por el momento.

 

Mesetas 29 MAY 2017 - 19:05 COT

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
Lunes, 22 Mayo 2017 07:21

¿Y la paz quedó hecha trizas?

¿Y la paz quedó hecha trizas?

Demoledor el golpe dado a los Acuerdos de paz para finalizar la guerra civil colombiana por la uribista y ultraderechista Corte Constitucional. Le dieron curso a la orden emitida por la reciente Convención del Centro Democrático de hacer trizas los "malditos acuerdos de paz".

Es imperativo ampliar en 120 días más el proceso de la dejación de las armas por los combatientes de las Farc. Es inevitable extender los territorios y plazos de las Zonas veredales para rescatar el sueño de la paz.

Por encima de la prepotencia de ciertos personajes es necesario consultar las bases populares en las Asambleas de los comandantes farianos para, con el apoyo del marxismo y el leninismo, construir nuevas rutas de acción, nuevas tácticas y afinar la estrategia del cambio que se construye con la paz.

El golpe dado por la retardataria Corte Constitucional al Acuerdo de paz del Estado colombiano con las Farc, negociado durante casi seis años, firmado el pasado 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá, es demoledor y muy grave para la terminación de la prolongada guerra civil nacional.

La paz quedó en un limbo.

La paz fue hecha trizas. Quedó en jirones.

Desde luego, no es el único acto de sabotaje y de zancadillas traicioneras a los consensos de paz.

Paso a paso, desde distintos puntos del establecimiento oligárquico, se ha desplegado una macabra estrategia para estrangular la paz y al movimiento guerrillero.

Conviene mirar el contexto del tiempo.

El plebiscito se impuso y las cosas se le colocaron, desde el gobierno nacional, en bandeja de plata a los sectores ultraderechistas que encabeza Uribe Vélez para que los promotores del No, mediante una masiva campaña de mentiras, se alzaran con un triunfo negacionista de la paz, llevando a una primera renegociación que afecto puntos cardinales de los pactos alcanzados.

Posteriormente el ataque se trasladó a las Cámaras legislativa mediante el uso del denominado filibusterismo parlamentario, utilizado para recortar elementos fundamentales de la justicia para la paz y promover la impunidad de funcionarios públicos involucrados en delitos de lesa humanidad y de los particulares que financian las bandas paramilitares. El Gobierno y sus ministros hicieron también su aporte, pues retrasaron deliberadamente la radicación de los proyectos convenidos con las Farc.

Los bloqueos a la amnistía y excarcelaciones; la operación tortuga en el trámite legislativo de los proyectos de paz; los micos en la Consulta previa; la promoción del modelo Zidres, en el marco de la implementación del tema de la Reforma Rural Integral; el sistemático asesinato de líderes populares y de integrantes y familiares de las Farc; el fomento gubernamental al neoparamilitarismo organizado desde las brigadas militares y comandos policiales; y el desgreño oficial y la corrupción en la conformación de las Zonas veredales; las incoherencias y el burocratismo en la sustitución de cultivos ilícitos, nos ofrece un cuadro nítido y contundente de la arremetida violenta y desleal con los textos y la esencia de los consensos alcanzados por las partes.

Después de la Convención del Centro Democrático, evento en el que se decidió hacer trizas el “maldito acuerdo de paz”, vino el peor de los asaltos a la arquitectura de la paz.

El fallo de la oscurantista Corte Constitucional, lleno de sofismas y argucias liberaloides, mediante el cual se anula el denominado Fast track, como procedimiento expedito para la implementación formal de la paz, deja en el aire todo. Arrasa con todo lo construido en los últimos años. Destruye su espina dorsal.

No necesitó la ultraderecha uribista acceder a la Presidencia para lograr su mayor cometido. Se lo anticipó un parapeto desviado de la fementida división de poderes.

Es como si partiéramos de cero.

Es como un borrón y cuenta nueva.

Es la quintaesencia de la naturaleza traicionera de la criminal oligarquía que domina el Estado.

Toca barajar nuevamente.

Proceder en el campo popular con serenidad y talento. Sin precipitarse.

Por lo pronto es inexorable ampliar el plazo de los 180 días del protocolo para la dejación de las armas, con 120 días más.

Es necesario reconfigurar las Zonas Veredales en su ámbito territorial y en los tiempos previstos.

Se supone que vendrá la deliberación de los comandantes guerrilleros farianos en Asambleas y reuniones para determinar los movimientos tácticos y afinar el objetivo estratégico de la paz.

Ámbitos en los que resulta conveniente reflexionar sobre el comunicado conjunto con el ELN en el Encuentro de La Habana; sobre el proceso de Quito con los elenos; sobre los planes acordados por Santos con D. Trump para destruir, desde territorio colombiano, el Estado y el gobierno de Nicolas Maduro, mediante la utilización de las bases militares gringas y los grupos neoparamilitares; sobre nuevas formas de la división intestina y el enfrentamiento de las elites y sus facciones; sobre las formas de lucha del movimiento social en auge debido al agravamiento de la recesión económica; sobre los sentidos e implicaciones de la denominada “paz imperfecta”; y sobre la potencia constituyente reflejada en una Asamblea Constituyente popular y comunal que trascienda la vetusta institucionalidad que sofoca la reconciliación de los colombianos, como lo acaba de demostrar la Corte y lo confirmara la paquidermia parlamentaria.

Lo cierto es que a la resistencia campesina revolucionaria y a sus voceros le hace poco bien confiarse tanto en el aparato institucional de la oligarquía. Muchas veces lo hemos dicho acá, de Santos no hay que confiarse, hay que recelar al máximo de sus palabras y sus compromisos. Es un traidor nato. Un mentiroso de profesión

Nota. Es en momentos tan críticos como los actuales, que herramientas teóricas como el marxismo y el leninismo, son tan apropiadas para proyectar la acción política. La política revolucionaria no puede dejarse atrapar por el formalismo liberal y la maquinación oligárquica. Hay que acudir al pueblo, a la movilización de masas, a la organización y la disciplina. El arte del enemigo es el de desorganizar su adversario, dividirlo y confundirlo para aplastarlo. El arte de los revolucionarios es buscar la unidad, la cohesión y la más amplia convergencia, haciendo a un lado el engreimiento y la prepotencia que caracteriza a ciertos iluminados de la paz.

Publicado enColombia
Sábado, 06 Agosto 2016 08:08

Guerrillero busca empleo

Guerrillero busca empleo
A las puertas de un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, miles de milicianos de las FARC tendrán que dejar las armas para reintegrarse en la sociedad

 


La primera vez que Jhonier Martínez vio al máximo comandante de las FARC, Timochenko, estaba en una pantalla gigante en una sala de la cárcel de La Picota, de Bogotá. “Camaradas, siento una emoción muy grande de poderlos saludar, así sea de forma virtual”, empezó Timoleón Jiménez desde La Habana, con camiseta gris y sonrisa de líder con buenas noticias. Unos 150 guerrilleros se miraron incrédulos, impresionados de verlo en directo.

 

Era el 10 de junio, el día en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a explicar a sus combatientes presos qué va a ocurrir ahora que el principal grupo rebelde del país está a punto de cerrar un acuerdo de paz con el Gobierno para poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. “Cuando saludó a los camaradas fue emotivo y la guerrillerada recibió con satisfacción que haya sido él personalmente quien estuviera en la pedagogía. Es un estímulo saber que a pesar de que estamos en manos del enemigo, nos tienen presentes”, cuenta Martínez. Condenado a 36 años por terrorismo, homicidio y rebelión, lleva 14 años entre rejas y ahora espera un acuerdo inminente para la transformación de la guerrilla comunista en partido político: “Aquí en la cárcel estamos preparados (...) Nuestra consigna primordial es la paz y la paz se construye haciendo política”.

 

Desde Cuba, donde el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla ultiman sus diálogos para acabar con más de medio siglo de enfrentamiento, el líder de las FARC respondía a inquietudes y explicaba punto por punto los acuerdos alcanzados desde noviembre del 2012: una reforma agraria, la erradicación de los cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas o un sistema complejo de justicia de transición que prevé penas de hasta ocho años para los responsables de delitos de lesa humanidad, para quienes contribuyan a esclarecer los hechos, pero que sigue dejando los interrogantes de unos 2.500 combatientes de esa guerrilla reclusos en las cárceles de todo el país.

 

Tampoco los 8.000 guerrilleros que siguen en armas en las selvas de Colombia, y otros tantos milicianos, saben qué va a pasar con ellos el día después de que dejen las armas. El 23 de junio, tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno y las FARC anunciaron los pasos y el calendario del alto el fuego definitivo: firmada la paz, la guerrilla se concentrará en 23 puntos en zonas rurales de su influencia para desarmarse en un plazo máximo de seis meses bajo la supervisión de la ONU. Además de en las cárceles, la guerrilla hace pedagogía en sus campamentos. El Gobierno, que coordina esos actos en las prisiones, avanza por su parte en zonas rurales, colectivos de víctimas, de jóvenes o el sector privado.

 

A Wilson López, uno de los 30 guerrilleros amnistiados por el Gobierno como gesto de confianza hace seis meses, volver a la calle casi le costó la vida. Cuando llegó a Medellín, donde radica su familia, empezó a recibir amenazas de muerte y tuvo que regresar a la clandestinidad. “¿No estamos en un proceso de paz? ¿No vamos a vivir en paz? Entonces, no voy a estar huyendo”, reta, con la espalda firme pero resignado, en la segunda ciudad del país y bastión de la oposición más dura al proceso, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno, cuenta, le ofreció protección –dos escoltas y un coche blindado– pero él la rechazó porque con tanta seguridad uno se convierte en un blanco y optó por ir despistando al enemigo con cambios constantes de casa, de ruta, de trabajo y de móvil. Tiene una lista con diez o doce números, pero eso no le evita llamadas por la noche ni que sus sobrinas vivan asustadas por las piedras que caen sobre su casa.

 

Los Rastrojos, quienes firman las cartas en las que lo declaran “objetivo militar”, asegura, son una de las tres mayores bandas criminales del país, que se han convertido en el principal reto de seguridad para el Estado. Estos grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión disputan territorio a las guerrillas. Mientras los enfrentamientos de las FARC están en mínimos históricos, especialmente desde la tregua unilateral proclamada en julio del 2015, el Gobierno declaró en marzo la guerra a las bandas criminales y permitió usar contra ellas “todas las fuerzas del Estado”, incluidos los bombardeos aéreos y la artillería pesada.

 

En el conflicto de Colombia, que ha dejado más de 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados, la violencia ha involucrado además de a las FARC y el ejército a paramilitares y otros grupos guerrilleros.

 

El acuerdo sobre alto el fuego alude específicamente a estos grupos derivados del paramilitarismo y obliga al Gobierno a proteger a las FARC de sus amenazas. López considera que con estas intimidaciones los acuerdos de La Habana y toda su puesta en marcha se tambalean. Entre los rebeldes siguen vivos los recuerdos de viejos procesos fallidos y el temor de que se repita la sangría de la Unión Patriótica, el partido formado por guerrilleros desmovilizados en los años ochenta que vio caer a unos 3.000 militantes a manos de grupos de extrema derecha. “Dios quiera que el Estado cumpla lo que está diciendo, que no sea una patraña para exterminar a la gente cuando esté trabajando”, continúa este hombre que sólo quiere volver a cultivar el campo. “Vamos a trabajar por nuestra revolución, porque algún día este país sea libre, andemos tranquilos, haya paz. Yo cargaba el fusil por esta idea y ahora que salí a la vida civil mi intención es hacer política por mis comunidades campesinas, por los más pobres”, explica López, que sigue considerándose guerrillero pese a haber dejado el arma.

 

En los primeros cuatro meses de este año, doce defensores de los derechos humanos fueron asesinados, según datos oficiales, una violencia contra políticos creciente y cada vez más focalizada, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “La violencia no pertenece sólo al conflicto y las FARC han hecho llamamientos constantes en ese sentido que hay que atender”, afirma Jorge Restrepo, director del Cerac. Por la naturaleza de la guerrilla, estima el experto, su reintegración va a ser principalmente en comunidades rurales y su participación política será muy importante a nivel local en zonas rurales, justo donde más amenazas se registran.

 

León Valencia, analista político y exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente de Colombia, con unos 2.000 combatientes, no descarta asesinatos esporádicos en esas zonas conflictivas, pero duda de una sangría como la que vivió la Unión Patriótica. “La comunidad internacional está muy presente, una parte mayoritaria de la élite política ya no está por apoyar esa actitud genocida y hay un sector importante de las fuerzas militares comprometido con la paz, algo que antes no era así”, afirma, pero advierte de que “las cosas no están saldadas y se está matando a gente por hacer política de izquierda”. Otro de los riesgos, destaca, es que rebeldes de las FARC pasen a otros grupos, como el ELN.

 

No sólo los guerrilleros que dejen las armas en los próximos meses tienen miedo de volver a la vida civil. Marcela Peña, de 28 años –y que se llama de otro modo pero teme ser identificada–, lleva ocho en un proceso de reintegración. De familia campesina, entró en las FARC a los 13 años porque en su pueblo no había colegio y su padre no pudo mandarla a otro lugar. “La primera vez que salí a la ciudad me atropelló una moto porque yo no sabía ni cruzar la calle”, dice ahora, a punto de terminar la carrera de Derecho, casada y con un bebé de 11 meses.

 

Llegó a Bogotá huyendo y se levantaba a las cuatro de la madrugada todavía con el gesto de calzarse el chaleco y el fusil. Pero a esa hora, nadie estaba despierto en la capital. Aprendió a despertarse a las ocho, empezó a buscar trabajo y cuando le preguntaban por su experiencia se quedaba en blanco. “No puedes decir que vienes de la guerrilla porque todos nos consideran bandidos. No ven que somos gente que reímos y lloramos”, explica. También en la universidad tiene que tragar saliva cuando sale el tema: ella apoya la inclusión y sus compañeros rechazan que los rebeldes compartan clases con ellos sin saber que ya lo hacen.

 

El 63% de los colombianos contrataría a un desmovilizado

 

El 63% de los colombianos está dispuesto a contratar a un desmovilizado y el 73% apoya que sus hijos compartan clases, según las últimas encuestas estatales. Los excombatientes, sin embargo, siguen viviendo entre la vergüenza y el anonimato. Las FARC llevan, además, décadas en la selva, sin internet ni teléfonos. El propio Timochenko admitió ante los reos su “susto” por hablar por videoconferencia. “Es mi primera vez”, afirmó con otra sonrisa. Para Valencia, si la guerrilla quiere convertirse en un partido político solvente debe “modernizarse” no sólo a nivel tecnológico, sino también adaptar su discurso y estar dispuesta a crear coaliciones con otras fuerzas de izquierda, algunas de ellas con buenas experiencias en la incorporación de exguerrilleros en las altas esferas del poder, incluida la alcaldía de Bogotá, con Gustavo Petro.

 

La escolarización de los excombatientes es la parte que más tiempo les lleva en su paso del frente a la ciudad: entre los que llegan a la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) alrededor del 70% son analfabetos, proceden de zonas rurales y pocos retornan a sus pueblos. “Generalmente no regresan a su entorno porque, como operaron allá y desertaron del grupo, por su seguridad no es muy seguro regresar. Es probable que ante una desmovilización colectiva o masiva sí retornen a sus zonas”, prevé Lucas Uribe, coordinador de programas de la ACR, que desconoce cuál será el papel de esta institución en el posconflicto. Desde que empezó a funcionar, en el 2003, la ACR ha atendido a unos 17.000 excombatientes de esta guerrilla.

 

Cuando en La Habana se acaben de definir las líneas de la reintegración los guerrilleros sabrán si optan por instalarse en la ciudad o si se dedican al campo, si hacen política vinculados a las FARC o si siguen por su lado; y qué opciones tendrán para tomar sus decisiones. Hasta ahora, la idea de la paz les provoca esperanza mientras dudan sobre su seguridad y situación jurídica. “Si se dan todas las garantías para que la batalla de las ideas pueda tener resultados y que se dé una garantía de seguridad para salvar la vida, allí estaremos –asegura desde la cárcel Martínez–. En muchos aspectos no confiamos en el Gobierno; por más de 50 años se ha tenido un adoctrinamiento de enemigo interno y generaciones sucesivas crecieron con una mentalidad de guerra, de odio enmarcado dentro de esa sangre del pueblo contra los revolucionarios. Tumbar eso es difícil”.

Publicado enColombia
Domingo, 09 Agosto 2015 14:01

Un laborista a la izquierda del laborismo

Jeremy Corbyn

Adalid de la campaña contra la guerra de Irak, partidario del desarme nuclear unilateral y un adiós británico a la OTAN, Corbyn es un firme opositor de la austeridad neoliberal. Moviliza a los jóvenes y recibe el respaldo de los sindicatos.

 

Desde Londres


La hecatombe electoral de mayo dejó groggy al laborismo británico. El líder partidario Ed Miliband renunció a su cargo y se puso en marcha la maquinaria electoral interna para buscar su sustituto en medio de acusaciones cruzadas por la derrota y una sorda lucha sobre su significado. El consenso mediático y de los sectores dominantes del partido era que el laborismo había girado demasiado a la izquierda con Miliband y necesitaba reposicionarse en el centro del espectro político, que le dio tres victorias consecutivas con el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Nadie esperaba que tres meses más tarde el candidato con más chances de convertirse en el nuevo líder partidario se pareciera más al ala izquierda de Syriza en Grecia que al centrismo de Blair o el tímido populismo de Ed Miliband. Adalid de la campaña contra la guerra de Irak, partidario del desarme nuclear unilateral y un adiós británico a la OTAN, Jeremy Corbyn es un firme opositor de la austeridad neoliberal que propone nacionalizar sectores clave de la economía y lanzar un ataque frontal contra los paraísos fiscales, incluida la City de Londres.


Nadie daba un centavo por su candidatura, pero en seis semanas de campaña ha cambiado el eje del debate con giras por todo el país que desbordan de seguidores, muchos de ellos menores de 25 años. "Nosotros crecimos bajo el estilo político a la estadounidense de Tony Blair, lleno de frases prefabricadas y operaciones de prensa. Jeremy dice lo que piensa. Es diferente al resto", explica uno de sus simpatizantes, Sean Hamill, universitario de 19 años.


La participación juvenil recuerda las movilizaciones de La Cámpora por su fervor, nutrida presencia de militantes de entre 16 y 25 años y la asombrosa capacidad multiplicatoria que dan las redes sociales a esa edad. "Estamos cansados del establishment. Me fijé en Internet y Corbyn es el que pidió menos viáticos en toda la Cámara de los Comunes. En una época en que nadie quiere a los políticos, Corbyn ilumina el camino", dice George Sutton, de 16 años.
La llamada Corbynmanía no se limita a una cuestión generacional. Es el candidato de los sindicatos y entre los siete mil voluntarios que trabajan en su campaña hay muchos jubilados. Una mujer de unos 50 años entrevistada después de un acto señaló que al escucharlo todas sus dudas se habían disipado. "A él puedo creerle. No hay otro político que me produzca esa sensación."


Con una camiseta que siempre asoma debajo de su camisa a cuadros, barba y pelo canosos, lenguaje claro y sin rodeos, sigue siendo el político diferente al modelo acartonado, con un cartel de "outsider" que es la razón misma de su éxito y una modestia similar a la que suele exhibir, en otro orden de la vida, Lionel Messi. "Lo que pasa no tiene que ver conmigo. Esto es un nosotros, un grupo de gente que quiere cambiar las cosas. Dio la casualidad de que yo quedé posicionado en este lugar, algo que me llena de orgullo", señaló al The Guardian.


En las redes sociales se ha viralizado una foto suya viajando en subterráneo como un pasajero más. Corbyn no tiene coche, suele ir al Parlamento en bicicleta, es abstemio, vegetariano y, como los dirigentes griegos de Syriza, no usa corbata. Una reciente encuesta de Yougov le da una ventaja de 17 puntos sobre su más inmediato seguidor, el ex ministro de salud Andy Burnham.


No todos comparten el entusiasmo. Muchos en el laborismo alertan que Corbyn puede provocar un cisma partidario tan feroz como el que causó en los 80 otro miembro de la izquierda laborista, Michael Foot, antes de que una tal Margaret Thatcher lo apabullara en las elecciones de 1983. "Esto es una locura. Tenemos que elegir a un candidato que nos lleve a la victoria en 2020 para garantizar la agenda de justicia social que todos queremos", opina el respetado Alan Johnson, sindicalista de origen y ex ministro de interior del Nuevo Laborismo.


El ex premier Tony Blair ha liderado la ofensiva anti-Corbyn. "Si el corazón de los laboristas está con Corbyn, mejor que se hagan urgentemente un trasplante. Las elecciones se ganan desde el centro con el apoyo de sindicatos y empresarios. Pero incluso si Corbyn ganara, la ruta que quiere tomar es equivocada y será desastrosa para el Reino Unido", dijo Blair, insinuando que, en tal caso, se distanciaría del laborismo. Otros no han ido tan lejos. Liz Kendall, la candidata más blairista de los cuatro contendientes, ha dicho que si Corbyn gana no servirá en su "gabinete en la sombra", pero jamás abandonaría el laborismo, al que comparó con su familia.


La reacción de la derecha ha sido curiosa. Al principio muchos conservadores, exultantes con la victoria electoral de David Cameron en mayo, vieron a Corbyn como la mejor chance para cumplir un viejo sueño tory: enterrar al laborismo para siempre. El más conservador de todos los diarios, el Daily Telegraph, alentó a sus lectores a incorporarse al partido por la módica suma de 3 libras con derecho al voto para ayudar a una victoria de Corbyn. "Fue un intento de convertir a la izquierda y el laborismo en una absurda, ridícula broma política con la que ni se debate", señala Owen Jones, autor de Chavs, la demonización de la clase trabajadora británica.


Esta primera reacción despectiva dio paso a otra más cautelosa. El subeditor del Daily Telegraph, Allister Heath, advirtió ya en plena Corbynmania que su victoria movería el debate público hacia la izquierda. "Gran Bretaña necesita tantos partidos procapitalistas como sea posible. En los '90 tenía a los conservadores, al Nuevo Laborismo y a los liberal demócratas. Se suponía que el fin de la Guerra Fría había erradicado al socialismo, pero desde entonces la izquierda ha regresado. Si Corbyn gana será aceptable hablar de nacionalización de la industria, aumento de impuestos y demonización de empresarios y banqueros. El debate que hoy es centrista se tornará estatista", señaló Heath.


Este proceso es evidente en el interior mismo del laborismo. La irrupción de Corbyn obligó a los otros tres candidatos a moverse hacia la izquierda con una plataforma mucho más "social". Hasta la más blairista de todos ellos, Liz Kendall, dejó de hablar de la reforma del Estado de Bienestar (política que promueven los tories) y pasó a centrar su campaña en cinco promesas: terminar con la desigualdad, eliminar los bajos salarios, construir una sociedad compasiva, compartir el poder y crear un futuro de esperanza para nuestros jóvenes. Demasiado tarde para recuperar posiciones y tener credibilidad: sigue última en las encuestas, bien lejos del resto.


Una cosa está clara. Corbyn refleja el cansancio de un amplio sector público con los creadores de discursos prefabricados y frases genéricas que cambian según el último viento mediático. Nadie puede garantizar que vaya a ser el ganador cuando se anuncie el resultado, este 12 de septiembre. El proceso electoral es complejo. Si un candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos gana automáticamente. Si ninguno lo logra, las segundas preferencias del resto se redistribuye hasta que alguno de los candidatos obtenga finalmente la mayoría.


Esta mecánica es hoy uno de los grandes obstáculos para una victoria de Corbyn, pero el gran interrogante para muchos laboristas es el impacto que su victoria podría tener en el electorado. Según la mayoría de los analistas, el triunfo de Cameron en mayo prueba que la sociedad británica es básicamente conservadora, centrista en el mejor de los casos: un candidato de izquierda no tiene chances.


Al mismo tiempo, una serie de encuestas muestran que una mayoría de los británicos está a favor de la nacionalización de los ferrocarriles, el gas y la electricidad, así como de mayores impuestos a los ricos y un control mayor de los bancos, todas políticas que impulsa en total soledad Corbyn. Otro perspectiva sobre la victoria de Cameron surge también si se tiene en cuenta que un 36 por ciento del electorado no votó. Una vez incorporado este porcentaje, el respaldo de Cameron desciende del 36,9 por ciento a un 24 por ciento. "El laborismo tiene que volver a ser un movimiento capaz de alcanzar ese 34 por ciento de gente que en su mayoría son jóvenes, de minorías étnicas y clase trabajadora", propone Corbyn.


La volatilidad del electorado combinada con niveles bajos de politización más la siempre impredecible marcha de la economía serán decisivos en la respuesta de la sociedad a una eventual victoria de Corbyn. Pero gane o pierda este 12 de septiembre, el barbado laborista de 66 años ya ha logrado mover a la izquierda el debate político interno del partido y quizás, en menor medida, de todo el Reino Unido.

Publicado enInternacional
Viernes, 27 Septiembre 2013 08:00

Irán pidió el desarme nuclear de Israel

Irán pidió el desarme nuclear de Israel

En una intervención en su carácter de presidente de turno del Movimiento de los No Alineados, Rohani dijo ayer que Israel debería firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1979, que busca contener la fabricación de armas atómicas.

 

El presidente iraní, Hassan Rohani, pidió ayer que Israel firme el tratado contra la proliferación de armas nucleares y le reprochó ser el único país de Medio Oriente en no hacerlo, horas antes de una reunión histórica entre los cancilleres de Irán y Estados Unidos. Rohani habló durante una conferencia de desarme en la sede de la ONU antes de que su canciller, Mohamed Jawad Zarif, se reúna con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y con sus pares del Reino Unido, Rusia, Francia, China y Alemania para discutir el diferendo internacional por el programa nuclear iraní.

 

El encuentro al margen de la Asamblea General, que buscará sentar las bases para la primera negociación sustantiva desde abril pasado sobre el programa atómico de Irán, será además una de las reuniones de mayor nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron relaciones, hace más de tres décadas. Israel, Estados Unidos y algunos otros países acusan a Irán de querer desarrollar armas atómicas, pese a que Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles.

 

El Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Teherán cuatro tandas de sanciones por falta de transparencia o cooperación con su organismo de control nuclear (OIEA).

 

Por su parte, Estados Unidos y otros países impusieron sus propias y más severas penalidades, que afectaron dramáticamente la economía y la vida diaria de los iraníes.

 

Rohani asumió el mes pasado con la promesa de aliviar las tensiones con Occidente y el martes pasado plasmó una serie de gestos de buena voluntad con un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que ofreció negociaciones por la cuestión nuclear. Ese mismo día, en su propio discurso, su par estadounidense, Barack Obama, se manifestó a favor de explorar una vía diplomática para el diferendo, pero pidió que las palabras conciliatorias se correspondan con acciones "transparentes y verificables".

 

El nuevo mandatario iraní dijo el miércoles a la noche en una entrevista con el diario The Washington Post que quiere alcanzar un acuerdo con la comunidad internacional sobre el programa nuclear iraní en un lapso de entre tres y seis meses. En una intervención en su carácter de presidente de turno del Movimiento de los No Alineados, Rohani dijo ayer que Israel debería firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que busca contener la proliferación de armas atómicas y que fue adoptado en 1979. Israel nunca declaró un arsenal nuclear, aunque se da por sentado que posee bombas atómicas.

 

Rohani dijo que todos los países deberían estar sujetos a las inspecciones a sus instalaciones nucleares que realiza el organismo de control atómico de la ONU (OIEA) y que las naciones aceptan cuando firman el TNP. "Ninguna nación debería poseer armas nucleares, puesto que no existen las manos correctas para estas armas inmorales", señaló el nuevo mandatario iraní. "Casi cuatro décadas de esfuerzos internacionales para establecer una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente han fracasado de manera lamentable", prosiguió. "Israel, el único país en esta región que no es miembro del Tratado de No Proliferación, debería por lo tanto adherirse sin más demoras", agregó Rohani en la reunión.

 

El jefe de la delegación de Israel ante la Asamblea General de la ONU rechazó las declaraciones de Rohani y lo acusó de desviar la atención del programa atómico iraní. Yuval Steinitz dijo que el moderado Rohani está tratando de "abrirse camino hacia la bomba sonriendo", informó la página web del diario israelí Haaretz. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado a Rohani de "lobo con piel de cordero" y se niega a descartar un ataque militar contra Irán para impedir que desarrolle armas atómicas. La OIEA sostiene que Irán no ha dado pruebas suficientes de que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

 

Mañana, representantes de la OIEA se reunirán con delegados de Irán en Viena en la undécima reunión en dos años para tratar de acordar un plan de inspecciones que despeje el temor de un programa nuclear militar secreto en ese país, en un encuentro del que se esperan promesas de más diálogo aunque pocos avances concretos.

 

Publicado enInternacional
Rusia ha accedido hoy a que las tropas de Estados Unidos sobrevuelen su territorio hacia Afganistán, una decisión que Washington considera una contribución muy valiosa a su lucha contra los talibanes. En una reunión histórica, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su homólogo ruso Dmitri Medvédev han acordado reducir las cabezas nucleares a entre 1.500 y 1.675 y sus vectores a una cifra de 500 a 1.100 en un plazo de siete años como parte de un nuevo tratado de desarme nuclear. El actual tratado START para la reducción de armamento nuclear, firmado en 1991 y que expira en diciembre, establece el máximo de cabezas nucleares permitidas en 2.200 y el número de vectores en 1.600. Rusia y Estados Unidos poseen el 95% de las armas nucleares en el mundo.

Obama ha aterrizado este mediodía en Moscú, en una visita histórica para tratar de restablecer los lazos que resultaron muy dañados durante el segundo mandato del Gobierno de George W. Bush.

"Confiamos en poder seguir construyendo las excelentes relaciones que tuvimos en Londres", ha dicho Obama a Medvédev a su llegada al Kremlin. "Estados Unidos y Rusia tienen más en común que diferencias y si trabajamos mucho en los próximos días podemos hacer un extraordinario progreso que beneficiaría a los ciudadanos de ambos países", ha añadido el mandatario estadounidense.

El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, ha afirmado que espera que la cumbre ruso-estadounidense sirva para cerrar "páginas complejas" y abrir unas "nuevas" en las relaciones bilaterales, al dar la bienvenida al presidente de EE UU.

"Nuestros países afrontan diversos problemas que ahora nosotros resolvemos de manera conjunta: se trata de problemas económicos, problemas de seguridad mundial y problemas de limitación de armas estratégicas ofensivas", ha dicho Medvédev. El jefe del Kremlin ha añadido que en esta agenda Rusia y EE UU tienen "todas las posibilidades de adoptar decisiones importantes y necesarias".

Nuevo acuerdo sobre armas nucleares y paso de tropas

Según el acuerdo sobre el tránsito de soldados, Rusia permitirá que 4.500 vuelos al año con militares estadounidenses y armamento pasen sobre Rusia en su camino a Afganistán sin cargo adicional. "Este acuerdo permitirá a Estados Unidos diversificar más las rutas de transporte que utiliza para movilizar las tropas y equipos críticos para el suministro de las fuerzas internacionales en Afganistán", ha dicho la Casa Blanca en un comunicado.

El uso de nuevas rutas es muy importante para Estados Unidos, ya que las vías de suministro a través de Pakistán han sido atacadas por los militantes. Las rutas rusas le permitirían a Estados Unidos ahorrar hasta 133 millones de dólares al año en combustible así como otros costes. El acuerdo tendrá validez por un año y será renovado automáticamente de forma ilimitada si ambas partes están de acuerdo, según fuentes diplomáticas estadounidenses.

En materia nuclear, el nuevo acuerdo, indica el comunicado, "incluirá medidas efectivas de verificación" y "mejorará la seguridad tanto de EE UU como de Rusia".



Los equipos negociadores han mantenido diversas reuniones desde abril, cuando Medvédev y Obama anunciaron su intención de lograr el acuerdo de reducción de armamento nuclear en una reunión en Londres, y tratarán de cerrar lo antes posible el nuevo tratado para su firma y ratificación. En abril, los dos presidentes habían expresado su voluntad de que el tratado estuviera listo en diciembre, cuando expira el START.

Acuerdos y desacuerdos

Ambos mandatarios también se han mostrado dispuestos a encabezar una comisión bilateral para cooperar en energía, combate al terrorismo y el tráfico de drogas, así como para impulsar los lazos económicos y científicos. El presidente ruso ha afirmado que esperaba alcanzar un nivel de cooperación con Estados Unidos digno del siglo XXI.

Sin embargo, y a pesar de los grandes avances en el acercamiento Washington-Moscú, Medvédev ha informado de que aún continúan las diferencias en materia del escudo antimisiles que Estados Unidos quiere establecer en Polonia y República Checa, países fronterizos de Rusia. "En una gama de temas, aún existen diferencias entre nosotros", ha comentado el presidente ruso durante la conferencia de prensa posterior a la firma de los acuerdos.
Medvédev ha propuesto a Obama diseñar un escudo antimisiles que sea capaz de proteger a todos los países del mundo. "El número de amenazas, incluidas las relacionadas con misiles balísticos y de alcance medio, lamentablemente no disminuye, crece, y todos debemos pensar en la configuración que podría tener un sistema antimisiles", ha declarado. En este sentido, ha destacado el acuerdo de las partes de examinar los armamentos ofensivos y defensivos en común, y no por separado, como insistía la anterior administración de Estados Unidos.

En otro de los puntos de diferencias está la defensa que ha hecho Obama de la soberanía de Georgia, país con el que Rusia mantuvo un enfrentamiento bélico en agosto del año pasado por la provincia separatista de Osetia del Sur.

Esta noche, Obama y su esposa, Michelle, cenarán con el presidente Medvédev y su mujer, Svetlana. El 7 de julio, Obama sostendrá un desayuno de trabajo con el primer ministro ruso, Vladímir Putin, y más tarde se reunirá con el primer presidente de la era post URSS, Mijaíl Gorbachov.

El programa de la visita incluye también la intervención de Obama en la Escuela Superior de Economía, con un discurso programático que se centrará en las relaciones ruso-estadounidenses, y un encuentro con empresarios rusos. El 8 de julio, Obama saldrá con destino a la ciudad de L'Aquila (Italia) para participar en la cumbre del G-8.

AGENCIAS - Moscú - 06/07/2009

Publicado enInternacional