Lunes, 26 Septiembre 2016 13:38

El Paro Cívico del Chocó desde adentro

El Paro Cívico del Chocó desde adentro

Una singular jornada de movilización experimentó el Chocó durante el pasado mes de agosto. Más del 10 por ciento de su población se movilizó en las calles de su capital –Quibdó–, y en cada uno de los municipios del departamento. Negociar ante un Paro Cívico robusto y unificado, fue la única alternativa del gobierno nacional. Los alcances de la protesta quedaron por refrendarse en un Conpes que debe ser presentado en los próximos meses. Los resultados del paro traen de vuelta la esperanza y nuevos aprendizajes respecto a la pertinencia de la movilización social como último recurso para exigir los derechos.

 

El Paro Cívico del Chocó, iniciado el pasado 17 de agosto y extendido hasta el 24 del mismo mes, es uno de los más grandes procesos de movilización regional emprendidos en el último año. Su masividad, el gran consenso en torno a la protesta (ver pliego1), así como los resultados obtenidos (ver acuerdos2), dan cuenta de un proceso poco común entre las numerosas protestas que toman cuerpo, mes a mes, en el país.

 

El descontento que comenzó a evidenciarse en las calles de Quibdó, con la marcha del 20 de julio de 2016, tal como lo había planeado el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó3, derivó en una gigantesca movilización que en una sola jornada sacó a las calles a más de 60.000 personas en torno a un pliego de peticiones construido por los habitantes del departamento.

 

El Chocó dijo no más a décadas de abandono estatal que lo han conducido a ocupar las últimas posiciones en términos de indicadores socio económicos4 en el país, a poseer las peores condiciones en infraestructura, atención médica y servicios públicos, educación, entre otros indicadores5. Lo múltiple y lo difundido de estas afectaciones en todos los segmentos sociales es indudablemente una de las variables que contribuyó a que cuajara un amplio consenso, un total acuerdo frente a la alternativa de movilización como único recurso para exigir los derechos, ante el agotamiento de todos los demás mecanismos.

 

Pero eso no fue todo. La participación de instituciones embestidas de autoridad ante la sociedad, la naturaleza de la organización que lideró la protesta, así como la estrategia de negociación empleada, contribuyeron a darle una identidad histórica a esta movilización, que puede considerarse como un ejemplo y un referente para las protestas que se perfilan para los próximos años en Colombia.

 

Para precisar la dinámica que comportó esta jornada de lucha, el periódico desdeabajo habló con Feliciano Moreno, miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y del Comité Cívico, quien aporta una lectura del paro “desde adentro”, sobre sus principales características, alcances y logros que hicieron de esta una movilización particular.


Un líder comprometido con el Chocó
 
desdeabajo –da– ¿Cómo empezó a fraguarse esta movilización en el Chocó?


Feliciano Moreno –F.M.– El detonante fue el producto de los quince muertos en la carretera Quibdó-Medellín el pasado 9 de junio; para nosotros fue indignante que el gobierno nacional ni siquiera hiciera presencia para manifestar su dolor o algo al respecto; para ellos del dolor desprendido de esa desgracia no valía la pena, parecía que no eran colombianos. Eso fue fundamental, allí empezamos a decir que no valía la pena celebrar un 20 de julio si a nosotros el gobierno nacional no nos tenía como colombianos, porque no nos daba la igualdad de condiciones y empezamos a crear ese gran movimiento, ese gran Comité donde a partir de esa fecha nos identificamos con la bandera del Chocó y no con la bandera de Colombia.

 

da. El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, la organización ciudadana que lideró el paro, es bastante particular ¿podría explicarnos algunas de sus características?


F.M. Este Comité es amplio, para efectos organizativo tiene un coordinador y un secretario, compañeros con gran experiencia. El Comité solo surge en los momentos coyunturales, cuando los compañeros así lo convocan. Una cosa importante es que allí no hay requisitos, cuando empieza esta gesta las personas se van enamorando del proceso.

 

Al interior del Comité hay diferentes expresiones políticas, pero tenemos un concepto muy claro y definido: una vez se esté en el Comité, las directrices, los colores y las camisetas políticas de los partidos se quitan. Es decir, tú estás en el Comité, pero te tienes que quitar la camiseta partidaria porque está totalmente prohibido sacar dividendos políticos, de la dinámica que el Comité tiene, para un partido político en específico. Esto es muy bueno porque aquí lo que brota es el sentimiento chocoanista, el sentimiento de clamor de justicia, el sentimiento de buscar igualdad social, el sentimiento de reclamar al Gobierno todas esas injusticias con el departamento del Chocó, y ese es el lenguaje que utilizamos [...]. Estuvimos casi tres meses trabajando continuamente por amor al Chocó, estos son los requisitos: esa disposición, disponibilidad –en el poquito tiempo que tenga–, y amor al Chocó.

 

da. En el momento de la negociación, el Comité de Solidaridad generó una estructura peculiar de decisión, ¿cómo funcionó este mecanismo?


F.M. Bueno, los comités se organizaron de acuerdo a temas, por ejemplo, había una comisión en salud, había otra en infraestructura, etcétera., había una comisión de diez personas, de quince personas, todos los que sabían el tema, dentro de esas personas se elegían cinco que eran los que iban a negociar con el Gobierno, pero de las cinco había un solo vocero. La idea era que ese vocero(a) era él que iba a poner en la mesa lo acordado y los insumos que ya se tenían, en cualquier momento que ese vocero, de pronto, olvidara algo que ya habíamos acordado en cada uno de los temas, pues entonces los otros cuatro compañeros que estaban allí aportaban, de tal manera que pudiera sustentarse los temas de una manera técnica, de una manera política y de una manera estratégica. Esos fueron los componentes que utilizamos, y esa metodología fue en todas las mesas, máximo quince personas y de esas salían los voceros y salía la comisión. Después de tres días de negociación, donde las comisiones entablaban negociaciones por cinco, seis, siete horas, nuestros delegados llevaban el informe de lo alcanzado a la asamblea, y ésta daba la última palabra. Posteriormente se le informaba al pueblo.

 

da. ¿Qué tan significativo e importante fue el apoyo de la Diócesis de Quibdó?


F.M. La Diócesis de Quibdó tiene una particularidad, en relación a las otras diócesis del país, y es que es muy cercana al pueblo. Es una Diócesis con unos principios y unas funciones pastorales cuya principal misión está orientada a luchar por esa gente oprimida en el departamento del Chocó. En ese orden de ideas, ese contacto con lo social, y con las comunidades, llevaron a que se identificara plenamente con las peticiones demandadas [...]; el Obispo estuvo en todas las marchas, intervenía en los momentos claves de concentración de la gente, y esto fue supremamente determinante; también es histórico haber tomado la decisión de suspender las misas. El día que empezó el paro, a las tres de la mañana, se tocaron las campanas en todas las iglesias, mientras estábamos en paro hubo solo una misa los domingos; ahora el Obispo es garante del cumplimiento de lo acordado. El acompañamiento de la Diócesis sigue y el pueblo así lo notó, así lo calificó y así lo valoró.

 

da. ¿El apoyo de la Diócesis al paro fue similar al apoyo del gobernador y de los alcaldes municipales?


F.M. Como sucede normalmente, se escudan en que son funcionarios públicos, en tal calidad –ya que de una u otra manera dependen para su gestión del gobierno nacional–, casi siempre se salen por la tangente, ellos terminan colocándose más al lado del Gobierno que del lado de las comunidades. Es decir, yo no puedo tirarme de enemigo al Gobierno, no lo puedo enfrentar porque mi gestión puede depender de la voluntad política del Gobierno, entonces uno hasta cierto punto logra entender esa posición, pero hay momentos donde uno le hubiese gustado que tuvieran un papel más protagónico. El Gobernador y el Alcalde (de Quibdó) bajo los cuidados que ellos como funcionarios tenían que tener, siempre tuvieron como la voluntad de apoyar las justas causas que se venían levantando.

 

da. Durante el paro salió a flote el tema de la corrupción del Chocó, ¿cree usted que esta ha sido otro de los determinantes de la situación que hoy vive el departamento?


F.M. Lo primero es decirte que la corrupción administrativa es en todo el país, por desfortuna en el departamento del Chocó, por no contar con ninguna empresa privada, donde no hay fábricas, se nota más porque la fuente de empleo mayoritaria es el Estado, las entidades públicas. Yo, particularmente, utilicé un lema dentro del proceso del paro, era que cuando las personas querían como meterse por el lado de que el problema era de los nuestros, pues dije que no estábamos haciendo un paro por lo poco que nos habían dado, sino por lo mucho que estaban por darnos.

 

La responsabilidad es compartida, es compartida porque inclusive nosotros dentro del paro en ningún momento quisimos encubrir o justificar la corrupción administrativa de nuestros mandatarios, no, esa no es la idea. Sino que en este momento no estábamos haciendo un paro contra la corrupción interna, sino frente a todo lo que el Estado nos ha negado, y a partir de allí tendrán que salir responsables. Entonces, si el Estado da un aporte a nivel nacional para determinadas obras, y si tiene unas entidades de control, si los órganos de control locales no están dando resultados, entonces que desde lo nacional empiecen a retomar el tema.

 

da. Hay quienes ponen en tela de juicio el alcance del Paro, quienes dudan que el paro haya sido en realidad “departamental”, ¿qué puede decirnos al respecto?


F.M. El paro era departamental, se decretó en todo el departamento y por ende en todos sus municipios hubo cese de actividades. Teniendo, lógicamente, mayor impacto en los municipios más grandes, llámese Istmina, Quibdó, pero definitivamente el Chocó estuvo paralizado completamente por tierra, por agua, por aire, la parálisis fue total. Claro, lo que pasa es que, como puede entenderse, la noticia siempre se concentra y se cubre en las cabeceras departamentales y en los municipios más grandes, pero los reportes que nosotros teníamos como Comité Central del Paro Cívico es que en todos los municipios se movilizó la gente el día 17, y quedaron en cese de actividades permanente.

 

da. Podría contarnos algunos de sus recuerdos gratificantes del Paro Cívico Departamental en el que usted participó


F.M. Lo que uno recuerda es que cuando el pueblo se une no lo detiene nadie. Es inolvidable lograr que en torno a un llamado justo se hayan presentado acontecimientos históricos como movilizar más de 60.000 personas en las calles de Quibdó, y a eso agregarle lo de todos los municipios, esas son cosas que no se pueden olvidar, que las recuerda uno de una manera grata.

 

1 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29526-lanzado-el-paro-civico-indefinido-en-el-choco.html
2 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29539-antes-que-extinguirse-se-fortalece-paro-en-el-choco.html
3 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29312-sin-precedentes-la-marcha-del-20-de-julio-en-el-choco.html
4 Ibíd.
5 “El Departamento presenta bajos indicadores de condiciones básicas de vida con relación al país, con un índice de pobreza extrema de 39.1% y de 65.9 % de pobreza, frente a los índices nacionales que son de 8.1 % y 28.5%; sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en el Chocó es de 79.2%, mientras en el país es de 27.7%. La esperanza de vida en el Chocó es 70.64 años, mientras que el promedio nacional es 76.15. El 79% de los habitantes de Chocó presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional este indicador es del 27.6%. El indicador de calidad de vida es el más bajo del país (58 puntos frente a un promedio nacional de 79)”: Tomado del Plan de Desarrollo Departamental del Chocó 2016–2019, “Oportunidad para todas las subregiones”.

Publicado enEdición Nº228
Meirelles (der.) buscará modificar el actual modelo de previsión social aumentando la edad mínima.
“La primera víctima de este gobierno ilegítimo es el plan Mi Casa, Mi Vida”, denunció Boulous, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, junto a los sindicatos. La nueva política económica planea privatizaciones.

 


Ajuste y seguridad nacional. Una columna de de manifestantes que marchaban bajo la consigna “fuera Temer” y cánticos contra el corte de los gastos sociales fue impedida de avanzar hacia la residencia del presidente interino por policías militares cuyos jefes alegaron razones de “seguridad nacional”.

 

“En estos momentos estamos frente a un golpe de Estado doble con un presidente que no fue elegido por nadie, queriendo aplicar un programa que tampoco fue elegido por nadie”, declaró Guilherme Boulous, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, mientras marchaba al frente de los manifestantes en la zona oeste de San Pablo.

 

“La primera víctima de este gobierno ilegítimo es el plan Mi Casa, Mi Vida”, denunció Boulous.

 

Temer tuvo de anticipar su retorno a Brasilia ante el avance de la columna del Frente del Pueblo Sin Miedo” del que son parte movimientos, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda.

 

En su elegante residencia paulista recibió el sábado al ex ejecutivo del Banco de Boston y flamante ministro de Hacienda Henrique Meirelles con quien analizó el paquete de medidas a ser anunciadas mañana en Brasilia.

 

La semana pasada al presentar al nuevo presidente del Banco Central Ilan Goldfajn, jefe de economistas del banco privado Itaú, Meirelles anunció su intención de modificar el actual modelo de previsión social aumentando la edad mínima de los beneficiarios. E introducir reformas en la legislación laboral a la que considera un obstáculo para que Brasil recupere su “competitividad”.

 

Tenido como el hombre fuerte del gabiente Meirelles comentó, en lo que pareció una amenaza velada a los sindicalistas opuestos a la (contra)reforma, que si no se acepta la flexibilización de los contratos el desempleo puede saltar del actual 11% al 14% antes de fin de año.

 

En ese mismo encuentro del sábado estuvo el secretario de Inversiones Wellington Moreira Franco, cuya misión es acelerar las concesiones y privatizaciones con un nuevo marco regulatorio afín a las demandas de compañías multinacionales, las que habían cuestionado el “intervencionismo estatal” de la presidenta Dilma Rousseff.

 

No hay precisiones sobre los anuncios de mañana cuando Temer realizará una de sus primeras apariciones públicas desde que llegó al gobierno el 12 de mayo. Mientras el presidente interino presentaba a sus 23 ministros, la policía militarizada reprimía a los indignados contra el “golpe” que intentaron subir por la rampa del palacio presidencial y otros que protestaban en la Plaza de los Tres Poderes.

 

La rudeza policial fue interpretada como el anuncio del trato que recibirán aquellos que se pronuncien contra las autoridades instaladas en el Planalto.

 

A los manifestantes que se comporten como “guerrilleros” se les aplicará todo el rigor de la ley antiterrorista, se anunció desde el gobierno, aludiendo a la normativa que según como se la interprete permite igualar algunas acciones de protesta, como el corte de rutas, a amenazas subversivas.

 

El dirigente de los Sin Techo Guilherme Boulos declaró ayer que los jefes policiales que impidieron el acto ante la residencia de Temer aludieron a cuestiones de “seguridad nacional”.

 

“Es muy extraño que se invoque eso para impedir el paso de manifestantes, hace mucho tiempo que esto no ocurría”, comentó Boulous.

 

 

Juicio político

 

Mañana será presentado el cronograma del juicio político contra la presidenta, obligada a tomarse una licencia del cargo por hasta seis meses, luego de que el Senado aprobó por 55 votos a 22 la apertura del proceso. Seguramente los adversarios de Dilma insistirán en la estrategia de acortar el debate para rematar el golpe parlamentario con lo que esperan garantizar a Temer en la presidencia y seguidamente el reconocimiento formal de otros gobiernos, el que no logró en su primera semana de presidente interino. Salvo en el caso argentino, donde hoy estaba prevista la reunión del canciller José Serra y el presidente Mauricio Macri (ver pag.6).

 

Para el ex canciller Celso Amorim, que ocupó el cargo durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010), se observa un giro “a la derecha en Itamaraty” cuyas nuevas autoridades se manifestaron en términos “inusualmente duros” sobre países latinoamericanos.

 

“Se trata de derretir al Mercosur” a través de la posible eliminación, o debilitamiento, de la Tarifa Externa Común que actualmente se impone a los productos procedentes de otros países ajenos al bloque, dentro de una concepción “neoliberal” proclive a sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, opinó ayer Amorim.

 

 

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Al menos 11.000 personas volvieron a llenar la plaza ateniense de Syntagma.
El debate parlamentario se realizó en medio de una jornada de huelgas y manifestaciones. Habrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, y se establecerá un nuevo fondo de privatizaciones.

 

 

Syriza y sus aliados nacionalistas de derecha, el partido Griegos Independientes (Anel), aprobaron ayer en el Parlamento un paquete de medidas de ajuste que busca cumplir con las expectativas de los acreedores internacionales para continuar recibiendo ayuda financiera. El debate parlamentario se realizó en medio del segundo día de huelga de los trabajadores del subte de Atenas y de una única jornada de protestas y paro de los gremios que controlan los servicios de colectivos y trenes interurbanos. Además, al menos 11.000 personas volvieron a llenar la plaza ateniense de Syntagma, frente al Parlamento, para protestar contra el nuevo ajuste.

 

La ley escoba supondrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, con los que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año. El paquete también libera la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuesto en caso de que el gobierno no cumpla con los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones.

 

Finalmente, la ley incluye un congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos en “régimen especial”, es decir, de jueces, personal militar o policías, durante un plazo de dos años. Con esta última medida, el gobierno griego espera ahorrar hasta 118 millones de euros por año. “Hoy se cierra un período difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un período que también tendrá sus dificultades”, concluyó el primer ministro Alexis Tsipras tras ganar la votación en el Parlamento.

 

“Los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos, ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos”, agregó. El gobierno heleno confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones anuales que se garantizó con recortes y subas de impuestos aprobados hace sólo dos semanas, ayuden a convencer mañana al Eurogrupo –foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro– para aprobar la primera revisión del tercer rescate y transferir la primera partida de ayuda. Además, Atenas espera que en la reunión de mañana el Eurogrupo acepte su pedido de iniciar un plan de alivio sustancial para la enorme deuda que pesa sobre el país del sur europeo.

 

En este sentido, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona acordaron el 9 de mayo, un día después de que Grecia aprobara el enésimo ajuste en medio de protestas, que iban a examinar en la próxima reunión del Eurogrupo medidas para aliviar la deuda del país heleno. Durante una reunión extraordinaria en Bruselas, los ministros trataron de convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que participase finalmente en el tercer rescate a Grecia con un alivio de la deuda griega a corto, medio y largo plazo, y con medidas de contingencia más equilibradas.

 

El objetivo de los ministros fue presionar por un lado a Grecia, que reclamó una declaración clara a favor de un alivio de la deuda helena, y por otra parte al FMI, que les exigió actuar si querían mantener el objetivo de superávit primario en el 3,5 por ciento del PIB griego para 2018. El Fondo consideró ese objetivo inviable y contraproducente y que, en caso de lograrse, señaló que sería con recortes de gastos discrecionales y puntuales y con aumento de los impuestos.

 

Desde 2010, Grecia recibió más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales de la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE); a cambio aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.

 

A comienzos de 2015, Syriza, con Tsipras a la cabeza, fue electo para poner fin a ese ajuste feroz. Sin embargo, después de ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el primer ministro cedió a los reclamos de los acreedores internacionales, continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.

 

 

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Sábado, 07 Mayo 2016 06:27

Alemania a la cabeza de la resistencia

Una torta con forma de tarjeta para “celebrar” los cambios en las formas de pago, Kessel, Alemania

La campaña en curso por la desaparición del dinero físico y la defensa del uso generalizado de tarjetas encuentra obstáculos en Alemania ante un público que desea mantener el anonimato frente a la banca y los estados. En el fondo, el debate gira en torno al control de la privacidad de los ciudadanos.

 

“El efectivo es libertad”, reza una carta abierta aparecida en el diario Bild en rechazo al proyecto del gobierno de impedir los pagos en efectivo por sumas mayores a los 5 mil euros. El encabezado es más duro aun: “Manos fuera de nuestro dinero en efectivo”. Alemania es el país donde el proyecto impulsado por la Unión, y que sin duda favorece a la banca, está cosechando las mayores resistencias.

 

Francia ya ha limitado los pagos en efectivo a 3 mil euros y Suecia está a la vanguardia en la eliminación del cash, objetivo que espera alcanzar en pocos años. La solicitada en la que se alienta a las personas a enviar cartas al ministro de Finanzas sostiene que “la limitación del dinero en efectivo no es más que la sospecha del Estado hacia sus ciudadanos”.

 

 
UN PLAN DEL BANCO MUNDIAL.

 

Tanto el combate a la pobreza como la actual promoción de la inclusión financiera son propuestas nacidas del Banco Mundial. El principal argumento consiste en que ayuda a combatir el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero en cada ocasión aparecen nuevos argumentos.

 

En América Latina el BM sostiene que los pobres son los más beneficiados por su iniciativa. No tener cuentas bancarias, argumenta, lleva a las personas a padecer de un “déficit de acceso financiero”, poco menos que una enfermedad. En Estados Unidos y en Europa las personas que no tienen cuenta bancaria son menos del 20 por ciento, cifra que trepa en América Latina al 50 por ciento y en varios países de África supera el 80 por ciento.

 

El “Informe sobre el desarrollo financiero mundial 2014. Inclusión financiera”, del Banco Mundial, dice que “las poblaciones de ingreso bajo son las que más se benefician de innovaciones tecnológicas como los pagos a través de teléfonos celulares, la banca móvil, y la identificación de los prestatarios mediante la verificación de las huellas digitales y el escaneo del iris”. Ese año el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, estableció metas para brindar acceso universal a los servicios financieros a todos los adultos en edad de trabajar a más tardar en 2020.

 

“En Sudáfrica, por ejemplo, el número de cuentas bancarias se incrementó en 6 millones en cuatro años gracias a un sistema público-privado –asegura el informe–. En Brasil se amplió el acceso de los habitantes de zonas aisladas a los servicios financieros mediante la promoción de la ‘corresponsalía bancaria’ basada en el uso de tecnología. Se trata de servicios financieros prestados en nombre de las entidades bancarias en tiendas y gasolineras, por agentes que se movilizan en motocicletas y en botes por el río Amazonas.”

 

Pero la realidad no es tan promisoria. El propio caso brasileño debería ser motivo de reflexión. Una de las peculiaridades del país norteño es que buena parte de las transferencias monetarias de programas sociales como Bolsa Familia son transferencias bancarias que dan derecho a tener tarjeta de crédito y débito. De ese modo la cantidad de personas “incluidas” en el sistema financiero creció de modo exponencial.

 

En 2001 el crédito representaba el 22 por ciento del Pbi brasileño, y en 2014 superaba el 58. Mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó 140 por ciento. El resultado no es sólo un crecimiento exponencial del consumismo, sino del endeudamiento de las familias: en 2015 las familias brasileñas dedicaban el 48 por ciento de sus ingresos al pago de deudas, frente al 22 en 2006.

 

 

LA ANOMALÍA ALEMANA.

 

Los alemanes pagan cuatro de cada cinco facturas en dinero contante y sonante. Se trata –esa es la convicción general– de un modo de proteger la privacidad. “En el mundo digital ofrecer dinero en efectivo es la única manera de escapar de la adquisición de datos y control por parte del gobierno en los bancos y las transacciones monetarias”, puede leerse en el texto del Bild. “El efectivo te protege contra la vigilancia del Estado”, agrega la carta abierta.

 

Diversos grupos políticos germanos, desde los verdes a parte de la derecha, condenaron las medidas propuestas por la Unión Europea. El diputado verde Konstantin von Notz explicó las razones en su cuenta de Twitter: “El efectivo nos permite permanecer en el anonimato durante las operaciones del día a día. En una democracia constitucional, es una libertad que tiene que ser defendida” (The Guardian, 8-II-16).

 

Incluso el jefe del Banco Central de Alemania, Jens Weidmann, se ha distanciado de las propuestas del gobierno, declarando al Bild: “Sería fatal si los ciudadanos tuvieran la impresión de que se les está apartando poco a poco del dinero en efectivo”.

 

Los datos muestran una clara divergencia en el comportamiento de los alemanes respecto de otros ciudadanos de países desarrollados. En 2013 en Alemania sólo 18 por ciento de los pagos se hicieron con tarjeta, comparado con el 59 por ciento en Reino Unido, 54 por ciento en Estados Unidos y el 50 por ciento en Francia.

 

Paralelamente, los niveles de endeudamiento que presentan los consumidores teutones son notablemente bajos. El país tiene a su vez una de las tasas de propiedad de vivienda más bajas, por la aversión de sus habitantes a endeudarse mediante hipotecas.

 

Las razones que explican este comportamiento van desde la traumática hiperinflación que sufrieron los alemanes entre ambas guerras mundiales, hasta la desconfianza en el Estado, ante el cual parecen optar por la autonomía personal y cierto anonimato.

 

 

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