Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enColombia
Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enEdición Nº258
El 2019 será un año de incertidumbre para América Latina: CEPAL

El año 2019 se vislumbra como un período en el que lejos de disminuir, las incertidumbres económicas mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes. Esto repercutirá en el crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe las que, en promedio, se expandirían 1,7% según nuevas proyecciones entregadas hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El organismo regional de las Naciones Unidas dio a conocer su último informe económico del año, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, en una conferencia de prensa encabezada por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, en Santiago de Chile.


Según el documento, los países de América Latina y el Caribe enfrentarán un escenario económico mundial complejo en los próximos años, en el cual se espera una reducción de la dinámica del crecimiento, tanto de los países desarrollados como de las economías emergentes, acompañada por un aumento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales. A esto se suma el debilitamiento estructural del comercio internacional, agravado por las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China.


La proyección de crecimiento económico para América Latina y el Caribe en 2019 es de 1,7%, levemente inferior a la informada por la CEPAL en octubre pasado (1,8%), mientras que la estimación para el presente año (2018) también fue reducida ligeramente a 1,2% (desde el 1,3% señalado en octubre).


El mayor riesgo para el desempeño económico de la región de cara al 2019 sigue siendo un deterioro abrupto de las condiciones financieras para las economías emergentes, agrega el reporte. Durante 2018, los mercados emergentes, incluyendo América Latina, evidenciaron una importante reducción en los flujos de financiamiento externo, a la vez que aumentaron los niveles de riesgo soberano y se depreciaron sus monedas en relación al dólar. El texto señala que no pueden ser descartados nuevos episodios de deterioro en las condiciones financieras futuras, y que las consecuencias sobre los países dependerán de cuán expuestos se encuentren en términos de sus necesidades y perfiles de financiamiento externo.


“Se requiere de políticas públicas para fortalecer las fuentes de crecimiento y hacer frente al panorama de incertidumbre a nivel global”, señaló Alicia Bárcena. “Es necesario fortalecer el papel activo de la política fiscal de la región en materia de ingresos y gasto. En este sentido es fundamental reducir la elusión y evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Conjuntamente, hay que fortalecer los impuestos directos y también los impuestos de tipo saludables y verdes. Por el lado de los gastos, para estabilizar y dinamizar el crecimiento es necesario reorientar la inversión pública a proyectos con impacto en el desarrollo sostenible, con énfasis en las asociaciones público-privadas y en la reconversión productiva, nuevas tecnologías y la inversión verde. Todo esto resguardando el gasto social, sobre todo en períodos de desaceleración económica de forma que este no se vea afectado por ajustes”, agregó la alta funcionaria de la ONU. Bárcena advirtió además que se deben cuidar los perfiles de deuda pública ante la incertidumbre que podría aumentar su costo y niveles.


Al igual que en años anteriores, en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe la CEPAL proyecta una dinámica de crecimiento con intensidades distintas entre países y subregiones, y que responde no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía, sino también a la dinámica de los componentes del gasto —principalmente el consumo y la inversión— que ha venido siguiendo patrones distintos en las economías del norte y en las del sur.


De esta forma se prevé que América Central (excluido México) crezca 3,3% en 2019, América del Sur 1,4% y el Caribe 2,1%. A nivel de países, la isla caribeña de Dominica encabezaría el crecimiento regional, con una expansión de 9,0%, seguida por República Dominicana (5,7%), Panamá (5,6%), Antigua y Barbuda (4,7%) y Guyana (4,6%). En el otro extremo, Venezuela sufriría una contracción de su economía de -10,0%, Nicaragua de -2,0% y Argentina de -1,8%. Las mayores economías de la región, Brasil y México, crecerían 2,0% y 2,1%, respectivamente.


En su balance del presente año 2018, el informe de la CEPAL indica que el crecimiento económico estuvo liderado por la demanda interna. La inversión fija mostró una dinámica de recuperación, a la vez que el consumo privado se mantuvo como principal fuente del crecimiento, no obstante que desde el segundo trimestre de 2018 se observa una moderación de sus tasas de crecimiento.


En materia de política fiscal, en 2018 se profundizó la consolidación y el proceso de ajuste fiscal llevó a una reducción del déficit primario (del 0,7% del PIB en 2017 al 0,6% del PIB en 2018), aunque acompañado de un pequeño aumento de la deuda pública.


 

El Salto

 

Las incertidumbres económicas de 2019

 

¿Cuáles serán los temas económicos que acapararán la atención en 2019? ¿Cómo están los ánimos para el comienzo del año? ¿Volverán las turbulencias?

 

MARTA LUENGO

“Ralentización” esa es la palabra que más se ha escuchado los últimos meses del año. 2019 no se presenta con el optimismo con el que recibimos el 2018 y los mercados empiezan a inquietarse, los organismos internacionales avisan de los riesgos que puede conllevar una crisis cuando la anterior no se ha acabado de superar y la desigualdad campa a sus anchas. ¿Son tan grandes los riesgos como los pintan? ¿En qué situación está la economía mundial?

¿NUEVA CRISIS A LA VISTA?

Salvo honrosas excepciones, nadie vio venir la crisis de 2008. Esta vez, por el contrario, parece que nadie, ni a diestra ni a siniestra, quiere quedarse sin anunciar la siguiente recesión. Pero la economía nunca fue una ciencia que sirviera para predecir el futuro y los intentos por poner una fecha y una magnitud al próximo bajón en el ciclo suelen quedar en agua de borrajas. El problema en la anterior ocasión fue que el mainstream económico, con la Gran Moderación de Ben Bernanke o el market know betterde Alan Greenspan, comenzó a pensar que las grandes crisis ya no eran posibles o que al menos ya no iban a ser de gran intensidad. Por razones obvias, ya nadie piensa así.

 

GUERRA COMERCIAL, GUERRA TECNOLÓGICA

Sin duda, el tema económico del año ha sido la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. El valor de los aranceles impuestos a China asciende a 250.000 millones de dólares y esta ha respondido con medidas equivalentes. Parecía un capítulo más de la lucha por la hegemonía tecnológica entre ambas potencias, ya que no era la primera vez que un presidente estadounidense tomaba medidas así, pero Donald Trump parece dispuesto finalmente a que llegue la sangre al río. ¿O no?
En la pasada reunión del G20 en Argentina, Trump y Xi Jinping acordaron una tregua de 90 días para negociar un pacto con medidas concretas para la mejora de las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, no se trata de la primera tregua de estas características y la anterior se fue al traste por algo que no ha cambiado: el volátil comportamiento del presidente norteamericano.

BANCOS CENTRALES, ¿HAY MARGEN DE MANIOBRA?

Es bien sabido que, desde 2008, los bancos centrales de todo el mundo han dopado la economía mundial para sostener bancos y con ellos el sistema financiero al completo, a pesar del aumento flagrante de la desigualdad. A duras penas, intentan volver ahora a una política monetaria “normal” que pueda servir en tiempos de crisis.

La Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, lleva ya dos años subiendo cuarto de punto a cuarto de punto los tipos de interés, algo que ha acabado disgustando —también— a Trump. En la última reunión la Fed, con Jerome Powell a la cabeza, decidió subir de nuevo los tipos a pesar de las presiones tuiteras del Trump, quien se dedica a aprobar medidas expansivas en favor de las clases altas, y del nerviosismo de los mercados que recibieron la medida con disgusto. Powell anunció nuevas subidas para el 2019, pero no quiso ser muy tajante con el número y parece que no serán tantas como las inicialmente planeadas, a la espera del comportamiento de la economía y del propio presidente de la Casa Blanca.


Por su parte, el Banco Central Europeo acaba de empezar la retirada del programa de estímulos conocido como Quantitative Easing (QE), lo que no significa que Mario Draghi haya anunciado en realidad su final: aunque no se vayan a comprar nuevos bonos de deuda pública, se reinvertirán los fondos obtenidos y el QE seguirá activo por lo menos todo el año que viene. La política de tipos de interés también va con retraso en relación con la aplicada al otro lado del Atlántico lo que, al margen de que se deba al propio ciclo europeo, entraña ciertos peligros, ya que la próxima recesión puede llegar cuando los tipos europeos no hayan alcanzado niveles cercanos a los normales.


Para colmo, a todas estas dudas en la política monetaria europea se añade la incertidumbre sobre el relevo de Draghi en octubre de 2019. Las quinielas actuales apuntan al irlandés Philip Lane y al finlandés Erkki Liikanen como posibles sustitutos, pero sobrevuela la candidatura alemana del halcón Jens Weidmann, un hombre lleno de prejuicios sobre los países del sur.

LOS MIL FANTASMAS EUROPEOS

Todo son miedos en el panorama político europeo. La ultraderecha florece por todas partes y el malestar por la globalización también se transforma en protestas como la de los chalecos amarillos y las que propiciaron el Brexit. El ámbito económico es subsidiario de la atonía y falta de fuelle en el impulso de una Unión Europea que no parece convencer más que a ciertos burócratas en Bruselas.

Durante todo el año 2018 se han propuesto innumerables medidas para el desarrollo de la Unión y de la arquitectura de la zona euro. Prácticamente todas han naufragado por la total falta de acuerdo. En las reuniones de diciembre, los líderes de la Unión, con mucho sudor y largas negociaciones, han aprobado finalmente el embrión del esperado brazo fiscal de la zona euro: un presupuesto propio. Este deberá estar listo en junio de 2019 pero sus recursos no serán un desahogo ante posibles turbulencias: no podrán emplearse en políticas “estabilizadoras”, porque han sido vetadas por los países del norte liderados por Holanda, quienes proponen que los fondos sean para más de lo mismo, la receta fracasada de “competitividad” y “convergencia”.


Por su parte, el drama del Brexit no parece tener fin y semana tras semana se suceden los actos de lo que parece que acabará siendo una tragedia. Ni los más cínicos podrán negar que lo que parece más probable, un Brexit sin acuerdo, traerá consecuencias negativas para el panorama europeo. Lo único cierto, aunque sea por el momento, es que el 29 de marzo Reino Unido saldrá de la UE.

CRIPTOS POR LOS SUELOS, PETRÓLEO AL ALZA

Las Bolsas acaban 2018 pasando bruscamente del rojo al verde y con evidente nerviosismo. Después de años de largas subidas, los dos últimos meses del año muestran lo que podría ser un cambio de tendencia premonitorio. La cuestión es dónde se habrán acumulado en esta ocasión los excesos de un sistema financiero que produjo la última crisis y al que no se le ha puesto límite alguno.
Hace 12 meses el mundo andaba alucinado con las criptomonedas y no invertir en bitcoin parecía como alquilar durante la burbuja inmobiliaria española, cosa de tontos. Desde entonces, bitcoin ha caído un 75% y ethereum más de un 90%, por mencionar algunas, confirmando que no eran más que activos financieros en una burbuja que ya ha explotado. ¿Volverán a subir en 2019? Nadie lo sabe pero Estados como Suecia ya flirtean con emitir su propia criptomoneda, lo que desactivaría mucho del potencial especulativo de las criptomonedas privadas.

Uno de los elementos más importantes de la economía mundial sigue siendo el petróleo que, tras una fuerte subida este año, vuelve a mínimos. Sin embargo, no hay lugar para confiarse: Arabia Saudí necesita subir los precios, a pesar de las reticencias de Trump, por lo que la OPEP buscará limitar la producción para una subida que se da por segura tras años de precios bajos.

ESPAÑA, MÁS DE LO MISMO

Uno de los temas que coparán la prensa económica en nuestro país en 2019 será el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, donde no solo políticos y responsables del banco pueden salir condenados, sino que el propio Banco de España y la auditora Deloitte solo pueden salir mal parados. También la nueva ley hipotecaria llenará titulares y es muy probable que se quede muy corta después de una mala praxis bancaria que conllevó un rescate enorme y miles de desahucios.

De los riesgos que enfrenta la economía española, uno de los más alarmantes es el nivel de deuda pública, que marcó un nuevo récord en el último dato disponible (septiembre) y que, para disgusto de la ministra Nadia Calviño, volvió a subir la ratio deuda/PIB. Este último elemento hace más frágil la economía ante el mencionado fin del QE. Por su parte, el selectivo español Ibex 35 ha tenido un año que continúa la tendencia negativa que arrancó en 2017 y acumula fuertes pérdidas que acentúan la debilidad de la economía española, ya que la bolsa responderá bruscamente a cambios políticos y económicos.

No será tan relevante en titulares y agenda política pero la precariedad y la desigualdad son ya estructurales en España que, lejos de mejorar los datos con el aumento del PIB de los últimos años, marca continuos récords en trabajadores pobres y pobreza infantil. Por esta razón el riesgo de recesión económica es especialmente delicado para una población que ha soportado duros años de recortes sociales y la práctica desaparición de políticas redistributivas.

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La concentración de la riqueza, la distribución de la desigualdad

La concentración de la riqueza mundial en manos de unos pocos es un hecho confirmado. El Informe Sobre Desigualdad Global 2018 establece que a escala mundial, los ingresos del 1% más rico duplican los ingresos del 50% más pobre. Un dato alarmante, pero fácilmente comprobable en Colombia.

 

El Informe Sobre Desigualdad Global 2018, elaborado por World Inequality Lab bajo la coordinación del científico social Lucas Chancel, armoniza diferentes investigaciones realizadas por más de 100 hombres y mujeres a lo largo de todo el planeta, aportando herramientas y elementos para que los distintos actores sociales puedan participar y aportar en el debate sobre la desigualdad.

 


Uno de los elementos que más resaltan del informe, y que se articula con los presentados este año por el Banco Mundial y Oxfam, es que la desigualdad social se incrementó en todo el mundo. Los diferentes países analizados por el World Inequality Lab evidencian un aumento en la desigualdad; sin embargo sus niveles no son similares. Según los investigadores, esto se debe a que las diferentes políticas e instituciones adoptadas por cada país influyen directamente en la distribución de la riqueza.


Pero esto no es todo, una de las conclusiones más graves es que a partir de la década de los ochenta, la propiedad de la riqueza pasó de la mano de los Estados a la mano de privados. Dicho en otras palabras, a medida que los capitales privados se fortalecen y aumentan, los gobiernos disminuyen su poder y los Estados Nación se ven consumidos por la deuda externa. Tal es el caso de Estados Unidos, cuya deuda con la banca internacional es mayor que la suma de todos sus activos, ¿cómo puede ser entonces que un país en tan malas condiciones financieras sea el que defina el rumbo de nuestra región?


Las contradicciones no paran. Podemos ver como en Colombia, cuya economía se basa en la explotación y exportación de materias primas y recursos naturales, quiénes definen las políticas económicas se dan la mano con las empresas extranjeras y privadas. Hace mucho tiempo la prioridad para nuestros gobernantes dejó de ser la ciudadanía y pasó a ser el enriquecimiento personal. En nuestro país la riqueza de la Nación no solo está en manos de privados, sino que además esos privados han ocupado cargos públicos, concentrándose en despojar al pueblo de su patrimonio y sus derechos.

 


Todo esto tiene una causa común: el sistema económico capitalista. El informe lo dice sin decirlo, países como Rusia y China, anteriormente comunistas que dieron un vuelco al capitalismo, han visto sus niveles de desigualdad social subir como la espuma de la cerveza. El modelo económico imperante propende por la concentración de las riquezas y los privilegios en unos pocos, mientras el resto debe trabajar interminablemente para poder sobrevivir en un planeta cada vez más desigual.
Pero, además, el mismo sistema camufla la riqueza. Tal es el caso de los paraísos fiscales, que según el informe tienen en sus activos más del 10 por ciento del PIB mundial y, básicamente, permiten que las personas multimillonarias escondan a sus estados la verdadera cantidad de dinero que poseen, logrando así evadir impuestos y responsabilidades fiscales.


Lo que hace más grave todo esto, es que a medida que aumenta la concentración de la riqueza, disminuye el acceso a derechos debido a la poca capacidad de acción que tienen los Estados. Los discursos de los políticos se alimentan de eso, podemos verlo en la actual carrera hacia la presidencia. Pero en términos reales quienes se han enquistado en el poder lo han hecho para perpetuar sus fortunas, condenando al grueso de la población a trabajar sin la certeza de una pensión, a estudiar con un crédito sobre la espalda, a vivir en un mundo en donde los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez mas pobres.


El panorama es evidente: hay que hacer algo. El informe señala que si el mundo sigue igual, la desigualdad social aumentará, la riqueza de la clase media disminuirá y la brecha entre ricos y pobres se hará cada vez más grande. Retroceder todo esto no es tarea fácil, ya que como está dicho, los Estados se han empobrecido. Sin embargo, las recomendaciones que presenta el informe no son cosa de otro mundo, se centran en un acceso igualitario a educación y empleos bien remunerados, inversión en los sistemas de salud y la protección del medio ambiente. Es decir, implementar unas pocas reformas para que todo siga igual.

 

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Explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, celebrado en Buenos Aires por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) entre el 19 y el 21 del pasado mes de noviembre, me propuso un reto sorprendente: explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo. Hacer tal explicación ante ocho mil personas es casi una provocación. Pero no eludí el desafío.

Como he escrito, la fórmula del 1 % contra el 99 % no la inventó el movimiento de los indignados de 2011. Está en las páginas finales del diario de Lev Tolstói de 1910. La actualidad de esta fórmula está menos en la figura de Tolstói que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, atravesado por desigualdades entre ricos y pobres que tienen muchas similitudes con las de hace cien años. Ante el reto, decidí comenzar por deconstruir la pregunta. Era una vieja pregunta, una pregunta típica del siglo XX. En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de los movimientos feministas y antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, sino la diferencia. La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo la formulación que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.


En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1 % más rico. ¿No tendría más sentido, o no sería más útil, explicarla al 99 % más pobre? Explicar la igualdad al 1 % es como explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no me entienda; y si me entiende, tal vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. Recordé, a propósito de esto, ese siniestro movimiento de extrema derecha educativo en Brasil, conocido con el engañoso nombre de Escuela sin Partido, que en sus últimos documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl Marx, Paulo Freire, Milton Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la situación de antiguos estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se sienten perseguidos y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y derechos humanos, sospechosos de defender “ideas rojas” o “ideología de género”, la innovación conceptual más reciente de las cloacas autoritarias y neofascistas.


Me pregunté, pues, si no sería más útil y adecuado explicar la igualdad al 99 %. Pero ahí quedé suspendido en mi reflexión: ¿sería, al fin y al cabo, necesaria tal explicación? ¿No sabrán ellos mejor que nadie, y con la prueba de todas las arrugas de la vida, qué es la igualdad y qué es la desigualdad? ¿Necesitarán a alguien que se lo explique? El domingo anterior había pasado una buena parte del día en uno de los barrios más pobres y resistentes de Buenos Aires, el barrio Zavaleta, donde un grupo de activistas produce cooperativamente una revista, La Garganta Poderosa, que va siendo conocida en todos los barrios pobres del continente. Allí pude comprobar cómo para ellos y ellas la igualdad se explica fácilmente por la desigualdad que sufren todos los días en los cuerpos y en la vida. Acompañado a distancia por militares (no policía civil) que controlan la comunidad, pude comprobar que no es igualdad cuando unas voluntarias se organizan para recibir donaciones de alimentos y crear un restaurante comunitario donde los jóvenes comen una comida decente al día. Que no es igualdad cuando casi todos los habitantes tienen un joven pariente, amigo, hijo o nieto asesinado por la policía. Que no es igualdad cuando las inundaciones de las últimas semanas impiden que las cloacas improvisadas aguanten y los niños se despiertan con la cama llena de mierda (pido al editor que no censure esta palabra, ya que cualquier otra solo servirá para suavizar la mala conciencia de quien duerme en carritos Chico). Que no es igualdad cuando alguien en coma diabético muere en calles estrechas mientras unos brazos solidarios lo trasladan al lugar donde la ambulancia lo puede recoger. En Zavaleta, la igualdad se explica bien por la desigualdad, por la violencia policial, por la desvalorización de la vida, por la degradación ontológica de quien allí vive.


Pero incluso admitiendo que la explicación tiene sentido, la formulación de la invitación padece aún otro error, un error epistemológico. Presupone que hay un conocimiento específico y el único válido para explicar la igualdad, es decir, el conocimiento científico. Ahora bien, esto no es cierto y, en este caso concreto, es particularmente importante aclararlo. La filosofía eurocéntrica –y las epistemologías del Norte que nacieron de ella y dieron origen a la ciencia moderna– se basa en la contradicción entre defender en abstracto la igualdad universal y, al mismo tiempo, justificar que parte de la humanidad no es plenamente humana y, por tanto, no está contemplada en el concepto de igualdad universal, sea ella constituida por esclavos, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, trabajadores sin derechos, castas inferiores. No es preciso mencionar que John Locke, gran patrono de la igualdad, fue dueño de esclavos; o que la eugenesia, “la ciencia más popular” de inicio del siglo XX, demostraba científicamente la inferioridad de los negros, una ciencia que Hitler estudió atentamente en la prisión mientras preparaba Mein Kampf. Por eso, confiar en que las ciencias nacidas de las epistemologías del Norte expliquen adecuadamente la igualdad es lo mismo que escoger al lobo para cuidar a las ovejas. Una metáfora menos chocante será la de pensar que la “ayuda al desarrollo” realmente ayuda a los países en desarrollo. Al contrario de lo que promete, tal ayuda contribuye no al desarrollo de los países, sino a mantenerlos subdesarrollados y dependientes de los más desarrollados.


Las epistemologías del Sur que he venido defendiendo parten de los conocimientos nacidos en las luchas de aquellos y aquellas que vivieron y viven la desigualdad y la discriminación, y resisten contra ellas. Estos conocimientos permiten tratar la igualdad como denuncia de las desigualdades que oculta o considera irrelevantes para contradecirla. Permiten también tratarla como instrumento de lucha contra la desigualdad y la discriminación. Solo para dar un ejemplo: las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado. Se trata de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción. Solo para dar un ejemplo extremo: un trabajador en Brasil que use tarjeta para comprar a crédito llega a pagar una tasa de interés ¡del 326%! Como dice el economista Ladislau Dowbor, el crédito en Brasil no es estímulo: es extorsión. Su naturaleza criminosa es lo que explica el ejército de abogados a su servicio para defenderse de las múltiples violaciones de las leyes y para cambiar las leyes cuando ello sea necesario. Solo así se explica que en Brasil, según datos de Oxfam, seis personas tengan más patrimonio que la mitad más pobre de la población, y que el 5% más rico posea más que el 95% restante.


Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente. Datos de varias agencias internacionales, incluyendo UNICEF, revelan que las políticas neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la disminución de la esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por desnutrición o enfermedades curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una presión enorme sobre los recursos naturales, exigiendo su explotación cada vez más intensiva, con la consecuente expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, la contaminación de las aguas y la desertificación de los territorios. Además, las pocas reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas décadas están siendo violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más grotesco hoy es Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es muy probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose realidad.


A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero global serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con ellos y articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomiendo que comencemos a pensar en la revisión de su redacción (y en un modo totalmente nuevo de participación en tal redacción) para dar cuenta de la nueva criminalidad que en los próximos setenta años continuará impidiendo a la humanidad ser plenamente humana.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 
Artículo enviado a desdeabajo por el autor el 230 de noviembre

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Viernes, 09 Noviembre 2018 05:39

América latina, desigual y subalimentada

América latina, desigual y subalimentada

Argentina es uno de los tres países de América Latina y el Caribe, junto a Bolivia y Venezuela, donde desde 2014 ha aumentado el número de personas subalimentadas, dijo el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018” difundido esta semana y elaborado por distintos organismos de Naciones Unidas, entre ellos FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenración), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). Por “personas subalimentadas” se entiende aquellas que no cuentan con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades y llevar una vida sana.

Según el informe, el hambre afecta a 39,3 millones de latinoamericanos, el 6,1% de la población. Pero entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200.000 personas y entre 2016 y 2017 en 400.000 personas. Entre ellos hay 5 millones de niños que padecen desnutrición. Si se habla de pobreza extrema –que se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos y quien no puede pagar ese costo es considerado pobre extremo–.en América Latina hay 62 millones de personas en esa condición.
Las desigualdades económicas “agravan el hambre, la desnutrición y la obesidad en América Latina y el Caribe”, subrayó el texto.


Respecto de la Argentina las cifras publicadas indicaron que en 2014-2016 sufrían inseguridad alimentaria en el país 1,6 millones de personas (el 3,6% de la población) mientras que en 2017 esa cifra aumentó a 1,7 millones de personas (el 3,8% de la población). También Bolivia aumentó el número de subalimentados pasando de 2,1 millones (19,6% de la población) a 2,2 millones (19,8%).


Los casos más graves de la región, sin embargo, son considerados Haití, con 5 millones de subalimentados (el 45,8% de la población) y Venezuela, donde hay 3,7 millones de subalimentados que representan el 11,7% de la población.


El informe no sólo abordó el tema tradicional del hambre y la desnutrición sino también problemas como la obesidad que es una enfermedad creciente en toda la región, sobre todo entre mujeres y niños. “Cada año se suman 3,6 millones de personas obesas en la región”, especificó el informe, aclarando que “el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más que nada a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe”.


La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional para América Latina y el Caribe. Uno de cada cuatro adultos es obeso mientras el sobrepeso afecta a 3,9 millones de niños menores de 5 años.


Pero estos problemas tienen a su vez que ver marcadamente con la edad y con el sexo además del nivel socioeconómico al que se pertenezca. “En diez países de América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico”, dijo el informe. Y respecto de las diferencias de sexo aclaró que “el 8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 por ciento de los hombres”. Se trata de 19 millones de mujeres contra 15 millones de hombres. Para las mujeres esto significa que a menudo se ven afectadas, entre otras cosas, por anemia (falta de hierro) y por todos los problemas que esto significa para ella y el bebé si además están embarazadas. La desnutrición crónica infantil, pero no sólo eso, es mayor además entre las poblaciones indígenas y campesinas, precisó el documento.


El hambre, la subalimentación, la desnutrición, el retraso en el crecimiento, la obesidad, no tienen como única explicación la falta de dinero de parte de las familias. Sin duda, la pobreza, las crisis económicas, los conflictos, la desocupación, no ayudan a las familias a mantener el mínimo ingreso y el mínimo de alimentos. Pero a eso hay que agregarle otros factores como los desastres naturales que afectan a América Latina, como huracanes, terremotos, tormentas furiosas, sequías entre otros. Esos fenómenos alteran la economía, la producción agrícola, la vida de las personas y son en parte la explicación de los miles de migrantes que en estos días están caminado desde América Central por México y hacia Estados Unidos.
También intervienen en la subalimentación o mala alimentación los problemas políticos internos, las disputas entre los ricos productores y distribuidores y los gobiernos, como es el caso de Venezuela, donde escasean los alimentos.


Influyen asimismo los procesos de urbanización en los distintos países, a menudo no planificados suficientemente, que suponen el desplazamientos de las personas y de las familias, que producen cambios importantes dentro del grupo familiar, sobre todo si ambos padres trabajan. El excesivo tiempo ocupado de los padres lleva a menudo a una mala selección de los alimentos, prefiriendo los alimentos ya procesados, porque son más cómodos, a veces hasta más baratos, pero que contienen un alto nivel de grasas y de agregados malos para la salud. Y los niños y adultos, influenciados por otra parte por la propaganda de ciertas marcas que se difunden por televisión o en Internet, no aprenden a hacer una correcta selección de los alimentos y favorecen la obesidad y las enfermedades.


Según el documento, los niños tendrán “un estado nutricional óptimo si pueden acceder a una alimentación variada y nutritiva, a prácticas adecuadas de atención materno infantil, a servicios de salud y a un entorno saludable que incluya agua potable y buenas prácticas de higiene”. Por eso los cuatro organismos que elaboraron el documento, FAO, OPS, UNICEF y PMA, “llaman a los países a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.

 

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Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, con mayor población de personas sin techo. Foto: Reuters

Parecen estar por todas partes. Personas de todas las edades, durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Son gente sin un hogar que se congrega bajo puentes o en parques, con sus pertenencias en bolsas de plástico como símbolo de sus vidas en movimiento.

 

Muchos llegaron a las calles recientemente, víctimas de la prosperidad que ha transformado en los últimos años muchas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos.

 

Mientras las autoridades intentan responder a esta creciente crisis, algunos dicen que lo más probable es que la situación empeore.

 

El periodista de la BBC Hugo Bachega visitó la vibrante ciudad de Portland, la más grande de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

 

“Es la Ciudad de las Rosas, de clima agradable, rica cultura y pensamiento progresista”, cuenta Bachega. “También es un núcleo de innovación, parte de lo que se llama el Silicon Forest, (en contraposición con Silicon Valley), y los nuevos residentes se trasladaron aquí en los años posteriores a la crisis atraídos por las empresas de alta tecnología y sus trabajos bien remunerados”.

 

“Pero la bonanza no llegó a todos”, añade el periodista.


Escasez de vivienda

 

Lo sucedido en Portland es una historia que se repite en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

 

La floreciente demanda en una zona con escasez de viviendas enseguida hizo subir el costo de vida y aquellos que financieramente estaban en el límite perdieron la capacidad que una vez tuvieron para permitirse un lugar donde vivir.

 

Muchos fueron rescatados por familiares y amigos o programas gubernamentales y organizaciones de ayuda. Otros, sin embargo, terminaron en la calle. Los más afortunados encontraron sitio en albergues públicos. No pocos están ahora en tiendas de campaña y vehículos en las calles.

 

“Incluso aunque la economía esté más fuerte que nunca”, declaró el alcalde de Portland, Ted Wheeler, del Partido Demócrata, “la desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y los beneficios de una economía en crecimiento se concentran cada vez en menos manos”.

 

Muchos expertos creen que es “una bomba de tiempo” en las calles estadounidenses que les puede explotar a las autoridades, ya que el problema va en aumento.

 

“Tenemos más desigualdad en todo Estados Unidos y esto indudablemente tiene un impacto en la gente”.

 

El número de personas sin casa ha aumentado en otras prósperas ciudades de la costa oeste de EE.UU. que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo, como San Francisco y Seattle, donde la culpa se le han echado también a los precios en alza y los desahucios.

 

Las cifras exactas son siempre difíciles de establecer pero 553.742 personas estaban sin hogar en una misma noche en todo Estados Unidos en 2017, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue la primera subida en siete años. No obstante, la cifra para todo EE.UU. sigue siendo un 13% inferior a 2010, gracias al descenso que se ha producido en 30 estados del país.

 

Esta caída fue eclipsada por las altas subidas en el resto del país, con California, Oregón y Washington entre los peores estados.

 

Los Ángeles, donde la situación se describe año tras años como sin precedentes, tiene más de 50.000 personas sin hogar, solo por detrás de Nueva York, que tiene unas 75.000.

 

Joseph Gordon, un hombre transgénero conocido como Tequila, vive en un campamento para personas sin casa, llamado Hazelnut Grove y fundado en 2015, cuando Portland declaró por primera vez el estado de emergencia por la crisis de los sin techo.

 

“Da mucho miedo. La gente con la que me cruzo proviene de todos los lados de la vida. Y la población sin casa no hace más que crecer”, le dijo a la BBC este hombre de 37 años.

 

“Estando en la calle lidias con todo tipo de situaciones, como tener que relajarte conviviendo con ratas. También empiezas a apreciar el agua corriente o el hecho de poder ir al baño siempre que quieras”, cuenta Tequila.

 

La gente suele pensar que es mexicano por el color de su piel y su apodo.

 

Los ancianos y las minorías se ven afectadas por este problema de forma desproporcionada, según un estudio de la Universidad Estatal de Portland, que augura que la tecnología puede tener como consecuencia el recorte de miles de empleos de sueldos bajos, probablemente empeorando las cosas.
Hartos de los vecinos

 

La presencia de los sin hogar en Portland y otras ciudades estadounidenses con el mismo problema es más visible que nunca.

 

Los residentes están cada vez más frustrados por el olor de orina, heces humanas y objetos abandonados que se amontonan en espacios públicos, a veces en sus propias escaleras.

 

En algunos sitios, cunde la sensación de que es una batalla que se está perdiendo. Pero esta es una crisis que se está fraguando desde hace tiempo.

 

Los recortes del gobierno federal en los programas de vivienda asequible y en instalaciones para salud mental en las últimas décadas, hicieron que muchas personas acabaran en la calle en Estados Unidos, según señalan autoridades y proveedores de servicios, mientras que los gobiernos locales son incapaces de llenar el vacío.


Devastador informe de Naciones Unidas

 

El académico australiano Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, viajó por todo Estados Unidos durante dos semanas en diciembre del año pasado.

 

Su misión incluyó visitas a Los Ángeles y San Francisco.

 

En su brutal informe, Alston declaró que “el sueño americano” se está convirtiendo rápidamente para muchos en “la ilusión americana”. El gobierno del presidente Donald Trump criticó duramente sus hallazgos.

 

El futuro, advirtió Alston en una entrevista, no parece alentador.

 

“Las políticas del actual gobierno federal se centran en recortar, al máximo posible, los subsidios para vivienda, y creo que lo peor está por llegar”.


Otros países ricos se han debido enfrentar también el problema de los sin casa, en tiempos en que los más vulnerables sufren la carga de las políticas de austeridad, los precios en alza y el desempleo. Pero en la mayor parte de Europa, por ejemplo, todavía hay una “red robusta del sistema de bienestar” para ayudar a quienes están en riesgo, dijo Alston.

 

“En esencia, si estás en Europa tienes acceso a una atención sanitaria básica y rehabilitación psicológica y física. Esto contrasta fuertemente con Estados Unidos”.

 

De vuelta en Hazelnut Grove, Tequila, quien encontró un trabajo a tiempo parcial, pide donaciones para papel higiénico, bolsas de basura y champú.

 

Está recopilando documentos para apuntarse a un programa local de vivienda asequible, pero no espera trasladarse pronto del campamento.

 

“Una gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando vives en el país más rico del mundo”, le dice Tequila al reportero de la BBC Hugo Bachega.

 

“Hay muy poca esperanza. Es una situación extrema”.

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC
 
El número de personas sin casa ha aumentado en ciudades de la costa oeste de EE.UU., que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. Foto: BBC
 
La cantidad total de personas sin casa en todo Estados Unidos ha disminuido en los últimos años pero, como contraste, en algunas ciudades del país se ha disparado de forma alarmante. Foto: BBC
 
 
Tequila es un hombre transgénero de 37 años que vive en un campamento para personas sin casa en Portland. Foto: BBC
 

Hazelnut Grove, una comunidad autogestionada de pequeñas estructuras de madera, tiene más de una docena de residentes. Foto: BBC

La elevada población de personas sin casa contrasta con el nivel de riqueza en Estados Unidos. Foto: Reuters

 
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Domingo, 16 Septiembre 2018 08:20

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

Publicado enColombia
Jueves, 13 Septiembre 2018 19:40

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

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