"No nos queda mucho tiempo", el grito de una comunidad hondureña a punto de ser sumergida por el mar

Eric Pineda sirve pescado con arroz en un modesto restaurante frente a la playa, un negocio que se enfrenta a una destrucción inminente.

El reciente aumento de la marea ya inundó el bar de al lado, del que solo quedan los escombros de color rosa. En los dos últimos años varios negocios entre el de Pineda y el Océano Pacífico han sido destruidos por el mar. "Cada año el océano se acerca más y aumenta de nivel. Creo que tenemos uno, quizá dos años, hasta que el agua nos lleve también a nosotros. No queda mucho", describe Pineda, de 24 años.

La arena dorada de las playas ayudó a transformar esta comunidad de pescadores en el Golfo de Fonseca en un prometedor destino turístico. Hoy, apenas quedan unos metros de playa y el aumento de la marea y el nivel del mar ha borrado del mapa carreteras, viviendas y negocios.

La población local estima que se pierde aproximadamente un metro de suelo al año y eso significa que la comunidad al completo estará pronto bajo el agua. El mismo destino aguarda a otras comunidades del pacífico hondureño donde tanto población como tierra desaparecen velozmente. 

Durante los últimos años, millones de personas han huido de la pobreza extrema, el colapso de las instituciones y la violencia desatada en América Central. De entre todos los factores que expulsan a la población, hay uno que ha quedado desatendido: los conflictos por los recursos naturales han aumentado por la expansión de la actividad empresarial y el cambio climático.

El nivel del mar aumenta en todo el planeta pero en esta región hay un factor más que ayuda a que aumente la degradación costera: amplias franjas de manglar costero han sido devastadas para abrir espacio a las camaroneras que se multiplican incluso dentro de espacios naturales protegidos. Gran parte del camarón hondureño se exporta a Estados Unidos y Reino Unido donde se venden grandes superficies como Waitrose, Sainsbury's o Marks & Spencer.

Dina Morel, responsable de Coddeffagolf, una organización local centrada en el conservacionismo marino cree que "la industria destruye amplias extensiones de manglar mientras promete desarrollo y crea, en realidad, muy pocos empleos. Al mismo tiempo aumenta la pobreza al restringir el acceso de los pescadores locales a los recursos pesqueros".

Según Morel, las camaroneras se instalan con autorización en zonas protegidas. Las violaciones de la leyes de protección del medio ambiente rara vez son castigadas por las autoridades, que a menudo comparten intereses con una industria que proporciona grandes beneficios. "Las consecuencias de perder un ecosistema tan importante son claras: vulnerabilidad medioambiental, inseguridad alimentaria y descomposición social, factores que llevan a la migración forzada", explica el biólogo Víctor Bocanegra. 

Los manglares son necesarios para la supervivencia de costas sanas y resilientes. Los robustos árboles que los caracterizan protegen la tierra de tormentas e inundaciones y contribuyen a disminuir la erosión a través de la estabilización de sedimentos que afirman sus densas y fuertes raíces. Son actores fundamentales de la biodiversidad marina en tanto proporcionan comida, agua limpia, refugio y seguridad para peces e invertebrados como cangrejos, langostas y gambas. 

Para beneficiarse de este proceso de simbiosis natural, se han abierto grandes camaroneras en entradas del océano que una vez fueron refugio seguro para recibir los flujos de las mareas. Y esas instalaciones interfieren con el flujo natural del mar provocando aumentos en la marea y que los impactos de las tormentas fluyan hasta sumergir las comunidades a pie de playa.

Un refugio en movimiento

En la playa de Cedeño, Ariana Tees, de 70 años, fríe el pescado que trae su marido, Manuel, de 67, en una cocina improvisada bajo una lona a pocos metros del mar. Aquí es donde viven, trabajan, comen y duermen, el refugio que cada mes deben colocar unos metros más atrás a medida que el océano penetra en la tierra.
"Por supuesto que estamos asustados", reconoce Tees. "Pero no tenemos otro lugar al que ir y el gobierno no nos protege. Ni un muro pone", critica. 

Manuel, que pesca desde niño, agrega que "cada año hay menos pescado y las mareas no tienen donde ir así que el agua pasa por aquí buscando una salida. Hemos llegado a despertarnos en plena noche rodeados de agua". Hace una pausa y concluye: "Estamos jodidos".

La industria del camarón en el sur de Honduras data de la década de los años setenta pero creció de manera exponencial en los noventa. Como resultado de ese crecimiento sin freno aparente, a partir del año 2000 varios manglares que cubrían una extensión superior a los 600 kilómetros fueron designados zonas protegidas.

Pese a eso y según Coddeffagolf, la mitad de los manglares de la zona fueron destruidos entre el año 2000 y el año 2010 en su mayor parte debido a las concesiones pesqueras en el golfo, aprobadas antes del decreto de protección. Nadie sabe con exactitud la extensión de las zonas protegidas que aún permanece intacta pero las imágenes por satélite sugieren que la situación es crítica.

La extensión de la zona deforestada se ve desde la cima de una montaña en San José de las Conchas, unos 30 kilómetros al norte de Cedeño. El panorama solo ofrece ya unas cuantas líneas estrechas de aquel manglar protegido atrapadas entre lagunas artificiales para el cultivo del camarón y el océano turquesa.

Los habitantes del pueblo dicen que las empresas camaroneras construyen en secreto, tras anillos sucesivos de manglar que protegen sus instalaciones de la vista y que solo una vez levantadas, solicitan los permisos. Las cifras de ventas sugieren que el negocio se expande: las exportaciones de 2018 ascendieron a 216 millones de dólares (casi 194 millones de euros), una cifra que esperan aumente en un 20% en 2019.

Escasos programas de reforestación

FundeSur, una fundación para el desarrollo social creada por la industria camaronera en 2014, afirma que invierte 0,04 dólares (0,036 euros) por cada kilo de camarón exportado en proyectos relacionados con salud, educación y medioambiente. Sin embargo, los programas de reforestación son escasos y requieren de años de cuidados para garantizar manglares resistentes. Tras numerosas peticiones, FundeSur no quiso aportar su punto de vista para este reportaje.

Nelson Martínez, activista de Guapinol, una comunidad cercana que resultó seriamente afectada por un aumento de la marea hace tres años, insiste en que "hay más deforestación que reforestación y es evidente, cualquiera puede verlo. A menos que se salve el manglar, Guapinol también desaparecerá".

Como estrecha lengua de tierra atrapada entre los océanos Atlántico y Pacífico, América Central es una región muy vulnerable a la emergencia climática global.
Entre 1998 y 2017 Honduras fue el segundo territorio más afectado por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequías o incendios según el Índice de Riesgo Global, que clasifica Puerto Rico como el lugar más afectado.

El Huracán Mitch, la tormenta más devastadora y mortal de los últimos dos siglos en América, que golpeó Honduras en 1998, dejó un saldo de más de 8.000 muertos y millones de afectados que perdieron tierras y hogares. Hizo retroceder al país más de 50 años en su desarrollo y lanzó la primera ola migratoria después de la guerra fría desde América Central a Estados Unidos.

Pero la inversión en mitigación y adaptación a los impactos del clima a través de la reforestación o la protección ante inundaciones no avanza. Solo el 0,5% del presupuesto del gobierno de Honduras está destinado a protección del medioambiente. Se ha visto reducido desde el 1,2% que se gastaba en 2010 según Hugo Noé Pino, analista que fue Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco Central.

Desde el golpe de estado de 2009, el incremento de los megaproyectos relacionados con agua, embalses, minas o plantaciones de palma africana, han alimentado conflictos sociales, represión y migraciones. Berta Cáceres, defensora del medioambiente y ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, fue asesinada en marzo de 2016 en represalia por liderar la oposición a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, fuente acuífera, alimenticia y medicinal del pueblo Lenca.

"El principal conector entre cambio climático y políticas públicas es la gestión del agua, las decisiones políticas sobre quienes tienen prioridad a la hora de recibir agua de calidad", explica el profesor Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas medioambientales del CIDE (Centro de Docencia e Investigación Económica).

En Honduras, el resultado de esta interacción alrededor del uso del agua es claro: cada año durante la temporada de lluvias, un sinnúmero de comunidades se quedan sin suministro, muere gente y se registran daños en carreteras, puentes y escuelas. Se trata de un ciclo de destrucción ambiental que aumenta la pobreza y provoca movimientos migratorios cuando las familias comienzan a buscar comida, agua y seguridad.

En octubre, seis personas murieron después de dos días de lluvias torrenciales que provocaron deslaves de tierra y que el río Choluteca se desbordara. Marcovia, a unos 20 kilómetros tierra adentro desde Cedeño se inundó y sus habitantes tuvieron que evacuar la localidad. Poco después, cientos de personas del departamento de Choluteca se unieron a la caravana migrante que se aventuró rumbo norte a través de México y hasta la frontera de los Estados Unidos.

Medio millón de hondureños han sido detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses desde octubre de 2006. Los motivos del flujo migratorio son complejos pero en esta zona del planeta, el factor medioambiental es importante.

Pedro Landa, del Eric, una organización de la Compañía de Jesús que investiga y defiende los derechos humanos afirma que no se ha tomado nota de las lecciones que dejó el Huracán Mitch. "Desde el golpe de 2009, el Estado ha caído gradualmente bajo control de políticos mafiosos que no tienen ningún interés en garantizar el suministro de agua o el desarrollo económico de la población. Solo piensan en ellos mismos", sentencia.

Por Nina Lakhani - Cedeño, Choluteca

07/08/2019 - 20:51h

Publicado enMedio Ambiente
Desembalsar Hidroituango, el primer paso para reducir la amenaza

Las instituciones del Estado colombiano de manera conjunta impulsan, celebran, promueven y licencian, otorgan todo tipo de permisos para la construcción de grandes represas como Hidroituango, sobre el río Cauca, pero a la hora de responder por los daños y riesgos que estas generan sobre toda la población que habita tales territorios, dejan traslucir su incapacidad para controlar a los empresarios y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.

 

La desolación crecía. No era para menos. La sensación nos cubrió a varias personas el pasado 28 de junio mientras escuchábamos como, una a una, las instituciones del Estado colombiano que fueron llamadas por el Viceprocurador delegado Camilo José Orrego para preguntarles por su capacidad para dar cumplimento a la orden del Juez 75 Penal con funciones de control de garantías de Bogotá, negaban su capacidad y/o competencia en términos de un estudio independiente que permita definir si Hidroituango continua o no por el riesgo que representa para las comunidades afectadas y para el país.

 

Impunidad como regla

La desolación se combinaba con incredulidad, ya que estábamos ante la evidencia de impunidad, desinterés por la vida de miles de personas, desprecio por la naturaleza, indiferencia por los reclamos que tantas veces hemos interpuesto como comunidades al ver las vidas destrozadas, reclamos que nunca encontraron eco en ninguna de las instituciones en cuestión.

No era para menos lo que experimentaban nuestros cuerpos, ya que todas las entidades allí presentes a través de sus delegados expresaban no tener capacidad ni personal técnico, después de intentar alegar que no tenían competencias para intervenir a Hidroituango, respuesta que incluso brindó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente y de Minas y Energía, autoridades de la obra cuestionada.

Para nosotros, como víctimas, quedó claro que el Estado en Colombia nos dejaba solos con el grave problema por él generado, pues es evidente que licencia obras sin tener capacidad para controlarlas, y que cuando suceden tragedias –como Hidroituango– todos se lavan las manos, sin asumir las obligaciones que les corresponde de protección de la población.

 

Los territorios al servicio del capital

Ante lo que estamos viviendo es evidente que el abandono estatal no es sólo que no haya salud, trabajo, ambiente sano, seguridad, libre movilidad, acceso a alimentos, educación y otros tantos derechos que a las tierras del Cañón del río Cauca no han llegado, sino que este abandono también se expresa en sacrificar nuestros territorios entregándolos a empresas para su explotación, sin que haya como mínimo capacidad para ejercer control y presionar el cumplimiento de las obligaciones que les asignan, control para evitar un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de la población afectada por la obra autorizada. Las Licencias parecen ser licencias para matar, con apenas una simulación de control estatal para que nos quedemos tranquilos y tengamos la falsa esperanza de que alguien nos cuida.

Según la teoría política, el Estado es una estructura que representa al conjunto social, para el bien de todos, no de una parte del mismo. Y en este caso cumple su función otorgando o negando Licencias ambientales. Pero lo que presenciábamos mientras una a una las instituciones denegaban su función era todo lo contrario: todas y cada una de ellas son el canal para que el capital realice sus propósitos, es decir, para que el capital se incremente para el beneficio de algunos pocos sin importar el perjuicio de muchos, en este caso de la inmensa mayoría de quienes habitan un amplio territorio de un país llamado Colombia.

De esta manera, ante nuestros desorbitados ojos quedaba claro que las Licencias ambientales son un requisito de adorno que nadie cumple y las “autoridades” ambientales la intencionadamente débil mesa en la que se pone el florero. Constatación desprendida del proceso de medidas cautelares otorgadas por el juez que en el marco de la investigación derivada por la denuncia penal ambiental realizada por las comunidades afectadas por Hidroituango –articuladas en el Movimiento Ríos Vivos– y la denuncia penal por fraude procesal realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ambas denuncias en contra de Hidrotuango, EPM y en nuestro caso en contra de la Anla, una situación compleja en la que esta entidad participa del proceso como víctima y como presunto victimario.

La primera de las medidas fue un espacio interinstitucional y con las víctimas para proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente, desde el día 12 de junio de 2018 esperamos que el Estado de inicio a su cumplimiento, pero lamentablemente la Procuraduría no da respuesta a este pedido del Juez y clamor nuestro.

La segunda medida fue la creación de una Mesa Técnica que resolviera la incertidumbre con la que vivimos las comunidades desde que inició el proyecto, pero con mayor angustia desde el pasado 28 de abril de 2018, cuando el país se enteró del llenado del embalse que realmente había comenzado en el mes de enero de 2018 cuando EPM decidió sellar con cemento uno de los túneles de desviación, sin haber terminado el muro, sin haber terminado el vertedero, ni tener el túnel intermedio listo (que era como el salvavidas nuestro y aún no lo terminan), sin tener las ocho compuertas de captación terminadas, sin haber talado y retirado toda la capa vegetal y lo más importante sin haber cenado y reparado a las comunidades afectadas que por ello se encontraban en la zona de inundación. Una Mesa que le dijera al país, en nuestros términos “si eso se va a caer o no”, si la obra es estable o no, y que indique el riesgo que representa para las comunidades. Un diagnóstico que le permita retomar su vida a quienes ahora, y desde hace tiempo atrás, viven en completa zozobra.

El juez dio la potestad a la Mesa de realizar el estudio y tomar la decisión, pero las instituciones allí sentadas les da miedo asumir la responsabilidad asignada. No es para menos, puso en sus manos la necesidad de resolver en 60 días cómo disminuir el riesgo o eliminar la amenaza, para nosotros es claro que la amenaza latente es el agua represada, por tanto, no entendemos como no se ha obligado a desembalsar mientras realizan todos los estudios que quieran, pero sin esa bomba de tiempo encima.

Ante esta realidad, nosotros, con estupor, sentimos que la Procuraduría asistió a una audiencia distinta de la nuestra. Y así es porque olvidó que no son de confianza los informes de EPM.

Ante la urgencia de la situación el juez concedió 60 días hábiles. Las instituciones citadas alegaron “imposibilidad técnica” mal interpretando el tiempo en el sentido de no decidir reducir el riesgo y tomar medidas intermedias como desembalsar mientras se realiza el estudio de fondo. ¿Negligencia? ¿Dilación? Y nos preguntamos esto pues años atrás el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en menos de tres meses otorgó la Licencia Ambiental para que iniciará la obra, Licencia sin estudios de detalle, sin un plan de gestión del riesgo, sin un estudio real sobre la población afectada…

No les interesa el cuidado de la vida

Instituciones facilitadoras y complacientes con lo sucedido en y alrededor de Hidroituango; las mismas que olvidan de manera intencional que la emergencia allí vivida no empezó con la orden del juez sino hace casi un año y medio, y que la obra empezó en el 2009 y desde ese momento debieron prever que EPM tenía la intencionalidad de no cumplir con las obligaciones establecida por las autoridades, que su único interés eran los tiempos y las leyes del mercado. EPM no sólo ha jugado con la vida de miles de personas, sino que ha expresado abiertamente porque lo hace, porque no reconoce los errores constructivos y esto es porque implicaría la posibilidad de que sus acreedores le cobren sus deudas, entre otras razones de tipo económico.

Importante recordar que desde antes del otorgamiento de la Licencia ambiental la Procuraduría le había pedido a EPM que realizara tres Audiencias Públicas: una en el norte, otra en el occidente y otra en el bajo Cauca de Antioquia para que las comunidades supiéramos de los impactos. Claro, no acataron tal mandato, y solo realizaron una, en el municipio de Liborina, y con la escasa participación de unas 100 personas.

¿Los sancionaron por este proceder? No. Contrario a ello les otorgaron la Licencia, véase bien, sin la participación y socialización que debieron haber realizado con las miles de familias hoy afectadas. Pero no es el único ejemplo, la Anla sabe cómo EPM desvió el río por dos túneles sin compuertas porque tenía mucho afán y estaban retrasados, también sabe que son varias las obras realizadas sin la Licencia, para nosotros la Anla es cómplice de la destrucción generada.

Este ha sido el actuar cotidiano de EPM, y de ello son conscientes los entes estatales: hace estas obras con o sin permiso. La Anla sabía que EPM iba a llenar el embalse por encima de lo que fuera, porque lo único que le interesa es el dinero y no la vida de las comunidades y menos de los ecosistemas. También sabían que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces, y a pesar de saberlo lo ha permitido una y otra vez. Así funciona el poder, y quienes no lo tenemos padecemos las consecuencias de tal actuar.

Es tal este proceder, que hoy no sabemos qué pasará cuando la obra se exponga a fenómenos extremos. Nuestras preguntas son nuestros miedos, que pasará ¿Si tiembla? ¿Si las lluvias son demasiado fuertes y se satura la posibilidad de que salga agua por el vertedero? ¿Si se destapa nuevamente el túnel colapsado? ¿Si llega el verano y el agua queda por debajo del nivel del vertedero? ¿Si el vertedero no aguanta? ¿Si las montañas no aguantan? ¿Si nosotros no aguantamos más? ¿Si las aves no vuelven? ¿Si nos seguimos enfermando? ¿Si los peces no vuelven? ¿Si la vida se sigue cayendo a pedazos? ¿Si siguen excluyendo familias de los censos de afectados por ahorrar dinero? ¿Si encuentran más maneras de desarraigarnos del territorio? ¿si nadie nos ayuda? ¿Si nadie nos escucha? ¿Si nunca llega la justicia? ¿Si los muertos están molestos? ¿Si los vivos no entienden?

*Vocera del Movimiento Ríos Vivos.
@ISAZULETA
www.riosvivoscolombia.or


 

Líderes sociales y comunidad


¿Cuál es la situación actual más allá de estos procesos judiciales? Por un lado, los líderes estamos en alto riesgo, la persecución y amenazas no cesan; el último ataque a nuestra sede nos deja en mayor vulnerabilidad y el Estado no responde: la Policía no va a las veredas porque “están muy lejos” y de pronto hay que caminar. Nos acusan de ser opositores al desarrollo (no vemos desarrollo en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto). Es claro que en Colombia están matando a los que denunciamos y proponemos un país distinto; es evidente el exterminio de una forma de pensamiento que tiene opciones de avanzar por ser de grupos sociales, por convocar a vivir de manera solidaria; matar al que convoca busca matar la idea y los líderes sociales somos eso, denuncia, ideas, convocatoria, construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia.

Comunidad

Por otro lado, EPM miente abierta y descaradamente, incluso por escrito, a las comunidades de Sabanalarga –Antioquia– que, por ejemplo, mueren y están enfermas de Leishmaniasis por cientos, sin que haya un estudio claro que determine la causa de este suceso. Al mismo tiempo tienen que sufrir el hecho de que perdieron sus medios de vida y de subsistencia, porque sus viviendas quedaron debajo del agua, al igual que los muertos. Estas comunidades, que fueron rescatadas por el Personero del municipio y llevadas al parque principal, abandonadas a su suerte, presentaron declaración juramentada sobre el desplazamiento forzado causado por Hidroituango y aún hoy –más de un año después– no tienen respuesta. Buscaron refugio, alimentación y medicinas, hasta hoy no han recibido un grano de arroz, por lo que huyen buscando las áreas del río que aún no han sido inundadas en Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, para seguir barequeando y pescando, pero ya llegó la amenaza de desalojo forzoso, de que el alcalde de Liborina enviará el Esmad, como lo hizo con las comunidades de Angelina.

En estas actuaciones de abuso de poder sí parece haber experticia por parte de las instituciones. Las víctimas de Hidrotiuango en Sabanalarga, por ejemplo, reciben la nota de EPM en la que afirma que han sido atendidos, supuestamente recibieron alimentación, refugio, agua… La rabia por las mentiras no puede crecer más. Pero no sólo ocurre en Sabanalarga, también ocurre en Ituango, Toledo, Briceño y demás comunidades de la zona del embalse, zona en riesgo por la inestabilidad creada por EPM, no por la naturaleza. Insisten en este riesgo para que la gente no intente pescar, pero el mismo riesgo lo trasladan a las Juntas de Acción Comunal al contratarlas para que retiren el buchona de agua: no se puede pescar, pero sí trabajar para EPM; no se puede protestar, pero sí pagar a líderes sociales por parte de EPM para “dar información”.

Aguas abajo EPM anuncia que se levantará pronto la alerta roja, que están a punto de cumplir con todo, que cuando eso pase las pocas familias que reciben auxilios dejaran de recibirlos y deberán volver a sus casas y parcelas destruidas por Hidrotiuango y el paso del tiempo; los obligaran a volver como ya lo han hecho con muchas familias, aunque no haya pescado ni forma de barequear ni obtener medios de subsistencia. Los devuelven a la sin salida de la guerra, a entregar a los hijos a los grupos al margen de la ley que pagan más de un millón mensualmente por…

 


 

El riesgo


Pero también son razones para ello, procederes irresponsables como someter a una comunidad de miles de personas a la incertidumbre, angustia y zozobra por tener ante ellos toneladas de agua represada sin ningún control; así como cambiar diseños cuando se les dé la gana porque tienen el poder y punto, por no reconocer y menos respetar los derechos de los pobladores, porque sí, porque son los adalides del falso desarrollo, ese “desarrollo” que les lleva a secar el río y matar a más de cien mil peces porque tenían que llegar a una subasta y mostrar avances de la obra. Por todo esto, Hidrotiuango debe ser desmantelado de manera controlada, pues el riesgo de catástrofe no desaparecerá. Si manipularon y mintieron una vez, y jugaron con nuestras vidas, así lo volverán a hacer cuando lo consideren necesario.

¿Dónde queda lo público?

Nos preguntamos, ¿esas son las actuaciones debidas de una empresa pública? EPM conocía el riesgo para las comunidades y aun así actuó y lo sigue haciendo sin que hasta ahora nadie, excepto el primer juez ambiental que hemos conocido, intente poner las cosas en su orden. Una empresa no es el Estado, a ninguna empresa se le debería permitir que juegue con la vida de los ciudadanos y el futuro de miles de personas, y de un extenso territorio de Colombia.

 


 

Hidroituango debe ser desmantelada


Las razones para tomar tal decisión son muchas, entre ellas: la ausencia de estudios técnicos, sociales y ambientales serios sobre la viabilidad o inviabilidad de la obra. La ocurrencia de hechos graves, como haber sellado los túneles de desviación del segundo río más importante de Colombia sin haber terminado el muro, construyendo un tercer túnel para que dizque “[…] pasara el agua que iba antes por dos”, obra realizada sin los permisos necesarios “porque igual se los darían después” así no tuvieran estudios. Pero también, por las consecuencias que esto tiene sobre la población, sometida a un riesgo altísimo de perecer por inundación o sequía, o perder todo su territorio como consecuencia del acelerado e intencional llenado del embalse, generando con tal proceder un gran riesgo de desestabilización de la zona, como en efecto ocurrió.

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Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

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“Ni una gota de sangre en Mapiripán fue casualidad”, dicen líderes comunales

Un relato de la primera travesía de la Comisión de la Verdad por este municipio del suroriente de Meta

Llegaron a la 1 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Entraron en volquetas, camiones y camionetas lujosas. Iban acompañados de los que se decían legales. Eran casi 200 hombres, “pero en un caserío tan pequeño como Puerto Alvira parecían mil”, cuenta Carmen*, una campesina de la zona. Le disparaban al que se les atravesara por el camino y al que quedara medio vivo le pasaban las llantas de las volquetas por la cabeza para rematarlo. Algunos estaban de botas y camuflado; otros estaban de civil, pero encapuchados. Entraron gritando, dando órdenes, escupiéndole en la cara y disparándole a los pies al que se atreviera a mirarlos a los ojos. Sacaron a la gente de sus casas. La llevaron a la pista de aterrizaje de las avionetas y a la cancha de fútbol. Allí la organizaron en filas. Hicieron formar hasta a los bebés. Sacaron una lista. “Las siguientes personas, un paso al frente”. Gritaron los nombres y los apellidos de 29 campesinos. A esos 29 los amarraron. A unos los degollaron y a los demás los llevaron al pie del puerto, donde estaban los surtidores de gasolina. Le dispararon a uno de los tanques. La gasolina se derramó sobre las víctimas, que estaban heridas pero vivas. Les prendieron fuego. Sus cuerpos ardieron toda la tarde. “Los finados quedaron pequeñitos de lo chamuscados y oliendo a un olor que a uno no se le borra jamás”, dice Carmen, quien sobrevivió y lo vio todo. “Lo que los paramilitares hicieron en Mapiripán en cinco días, aquí, en Puerto Alvira, lo hicieron en cinco horas”, cuenta.

 

La ruta del terror


La masacre de Puerto Alvira, un caserío ubicado en el suroriente de Meta, a orillas del río Guaviare, fue una de las matanzas que paramilitares perpetraron en un recorrido del terror que inició diez meses atrás en el casco urbano de Mapiripán y que se extendió por varias veredas, inspecciones y caseríos.


“Las comunidades de estos pueblos soportaron todas las crueldades posibles. Fueron prácticamente exterminadas. En algunos lugares no quedaron sino las ruinas de las casas incendiadas, pero sus historias de dolor quedaron eclipsadas por la masacre de Mapiripán de julio de 1997, que solo fue un capítulo de la política de exterminio que vivimos en el sur de Meta”, dice Juan, defensor de derechos humanos.


En una travesía de varios días, un equipo de la Comisión de la Verdad recorrió las trochas y las sabanas que a finales de los noventa se convirtieron en rutas de dolor y muerte y que, desde entonces, han sido escenario de masacres, torturas, asesinatos selectivos, despojos de tierras, desplazamientos y desapariciones forzadas.


La Comisión estuvo en Mapiripán y en otros cuatro caseríos de la zona, donde escuchó los relatos de algunos de los pobladores que decidieron regresar a sus casas después de años de destierro. Aún parecen pueblos fantasmas: casas abandonadas, techos pudriéndose, escuelas y centros de salud en ruinas, paredes perforadas por balas, calles y patios destruidos por bombas y cilindros, locales ahogados en maleza. Y en esa desolación, 10 o 20 familias que volvieron, sin ninguna garantía, para reclamar las tierras que les quitaron cuando los obligaron a irse.


No somos ‘efectos colaterales


“Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros; le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente inocente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue chiripa; que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros”, dice Francisco, un líder comunal de la región.


“Si de algo sirve desenterrar la verdad –anota Francisco– es para que la gente entienda que en este conflicto nada ha sido casualidad y que ni un solo campesino torturado, desaparecido o asesinado fue un “efecto colateral”, anota el líder.


No fueron casualidad los asesinatos de 50 campesinos en el matadero municipal de Mapiripán, donde los torturaron, los castraron y los degollaron para luego botarlos al río Guaviare. Tampoco lo fue la primera matanza de la inspección de La Cooperativa, que fue simultánea a la de Mapiripán. “No les bastó con matarlos. También los despedazaron y les dieron de comer a los perros los cuerpos desmembrados de sus víctimas”, dice una sobreviviente de ese caserío.


No fueron ‘efectos colaterales’ las personas que murieron en la masacre de Puerto Siare –las botaron en canecas y en lonas con arena para incinerarlas–, ni lo fueron los campesinos sobrevivientes a los que los obligaron a cargar los cadáveres de sus propios vecinos para botarlos, con el estómago lleno de piedras, en el río Meta.


No fueron casualidad las masacres de Tillavá, del Mielón, del Pororio, de Guacamayas y del Rincón del Indio, a donde los masacradores llegaban, mataban, se iban y volvían para seguir matando. No quemaron todas las casas del Anzuelo porque sí, ni cerraron por azar las trochas que conectaban todas las veredas con el centro poblado de Mapiripán. “Andar por cualquier camino era una pena de muerte. Hubo una época en la que ningún civil podía entrar al casco urbano y las remesas solo llegaban, por río, desde Venezuela”, cuenta un campesino de la región.


No fue casualidad que hayan tomado el control casi absoluto del Danubio, Santa Helena, San Antonio, El Alto del Águila, Merecure y otras veredas para fundar grandes haciendas. “O me firma la escritura de la finca o lo mato”, “me dice dónde está el enemigo o lo pico a pedazos”, “se largan a otra parte o se van para la fosa”, les decían.


Lo lograron. Aterrorizaron a las comunidades. Los que no murieron, huyeron. Vaciaron veredas y caseríos. Despojaron fincas campesinas enteras. Se quedaron con buena parte de las tierras de los indígenas y, al final, a esas tierras les aparecieron nuevos dueños.


Tenemos muchas preguntas


“Veinte años después del horror –dice Francisco–, estas tierras, vaciadas de comunidades, están forradas en palma. Hace poco llegaron unos señores a explorarlas. Dicen que todo el tiempo vivimos encima de miles de pozos de petróleo y que no nos dimos cuenta. En los periódicos anuncian que esta tierra es apta para grandes industrias, que en buena parte de Mapiripán se ‘consolidará’ el futuro agroindustrial y petrolero de Colombia”.


“Vivir de suposiciones cansa –señala Francisco–. Los sobrevivientes solo queremos la verdad y tenemos muchas preguntas: ¿Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?”.

Por Comisión de la Verdad
Prensa Rural

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Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

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Miércoles, 27 Marzo 2019 06:28

Si Colombia fuera Venezuela

Si Colombia fuera Venezuela

Según los últimos informes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos Colombia ocupa el primer puesto mundial en cuanto a persecución y asesinatos de líderes sociales. Solo en el año 2018 en ese país 126 personas, de un total de 321 en el mundo, casi el 50%, incrementaron este fatídico ranking. Y en los tres primeros meses de 2019 se contabilizan ya más de 30 las personas defensoras asesinadas. 

La firma en el año 2016 de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano llevaron la esperanza a la sociedad de este país por iniciar el camino hacia la paz después de casi 50 años de una guerra que había sacudido todos los rincones del mismo. Sin embargo, a raíz de dicha firma el listado de persecuciones, criminalizaciones y muertes se ha incrementado a un ritmo casi superior al de los tiempos de la guerra si nos centramos en aquellas personas que defienden los derechos humanos. Esto, además del hecho evidente de que el actual Gobierno del presidente Iván Duque ha frenado, casi hasta el sabotaje, el cumplimiento de los mencionados Acuerdos en muchos de sus puntos esenciales, como la justicia especial para la paz (JEP), que es uno de los ejes fundamentales para la reparación y recuperación de la convivencia. Y también ha cerrado la posibilidad de abrir la mesa de conversaciones con la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Ante toda esta situación el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresaba recientemente de forma diplomática su “enorme preocupación” por la impunidad con que se están cometiendo estos ataques. Y el Relator Especial para la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, también de las Naciones Unidas, Michel Forst, denunciaba el aumento de los asesinatos de estos líderes mientras disminuía el número de homicidios globales en el país. Así, el ambiente de impunidad llega hasta tal punto que este Relator expresaba también “me han horrorizado las versiones de los campesinos afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios”. Por esta razón pedía al Estado colombiano la reacción necesaria, que tomara medidas reales y efectivas, para acabar con estos escenarios de impunidad.

Respecto a los responsables de la situación, además de por algunas disidencias de las diferentes guerrillas, en gran medida, la misma estará propiciada por el paramilitarismo que nunca desapareció de Colombia y que ahora trata de ocupar aquellos espacios territoriales que la guerrilla desmovilizada de las FARC dejó libres. Ese paramilitarismo opera principalmente en negocios como el narcotráfico, el crimen organizado o la protección de intereses económicos múltiples. Y precisamente estos últimos están también muy presentes entre otros responsables (terratenientes, latifundistas, transnacionales extractivas) en este escenario y hoy pujan por ocupar y explotar esos territorios ricos en recursos naturales diversos. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y eso, en términos económicos, se traduce para las transnacionales de todo tipo en una fuente inagotable de negocios y beneficios. Ante ambos procesos el Gobierno colombiano está o apoyando abiertamente a los segundos (poderes económicos), en aras del siempre recurrente discurso del desarrollo, o en una evidente pasividad ante los primeros (paramilitares), por garantizar éstos un control territorial que el Estado no tiene capacidad para alcanzar y por su golpear constante sobre los diferentes agentes sociales que plantean la crítica política al sistema.


Todo lo hasta aquí señalado genera, además de los ataques continuos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persecución de organizaciones sociales, indígenas, negras, de mujeres, campesinas, una creciente extensión de la crisis humanitaria profunda. Así, aunque invisibilizada por la mayoría de los medios de comunicación masiva y alejada de las grandes declaraciones políticas, la realidad del creciente empobrecimiento de cada vez mayores capas de la población es una constante. De ello nos habla el hecho inocultable de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de población desplazada interna, superando los siete millones. Personas que durante la guerra se vieron obligadas a huir de sus tierras, de sus comunidades y que hoy aún no pueden regresar ya que, en gran medida, el Estado sigue sin dar cumplimiento a su compromiso para facilitar la restitución de esas tierras.


De forma más reciente, desde el pasado 10 de marzo se inicio la movilización (Minga) de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y otros sectores sociales en el suroeste del país en reclamo del cumplimiento de antiguos acuerdos alcanzados con los gobiernos colombianos. Y también, entre otros, en denuncia de los continuos procesos de criminalización de la protesta y asesinatos de los líderes sociales. La respuesta del Gobierno hasta la fecha está siendo la represión sistemática que ya ha producido nuevas muertes y episodios continuos de represión a las comunidades hasta el punto de extender la solidaridad con dicha protesta a otros puntos del país. La Minga pide que el presidente Iván Duque, tan prolífico en declaraciones y acciones en el marco continental (Venezuela), se siente a una mesa de diálogo con estos sectores históricamente arrinconados y se alcancen compromisos firmes para mejorar verdaderamente las condiciones de vida y de derechos en la propia Colombia.


El interrogante final, ante la situación brevemente aquí descrita sobre Colombia y ante la permanente falta de informaciones sobre ella en la mayoría de los medios de comunicación, es la que da título a este texto. ¿Nos podemos imaginar este silencio informativo si solo una parte de esto estuviera ocurriendo en Venezuela? Hace pocas semanas hablábamos en otro texto del doble rasero que se evidencia entre este último país y la grave situación de emergencia social y política en Haití, ahora volvemos a constatar esa doble moral política y mediática sustituyendo al país caribeño por Colombia. Es más grave si cabe, pues además de invisibilizar lo que aquí está ocurriendo es precisamente a Colombia a la que se presenta como una democracia avanzada y punta de lanza contra Venezuela. Demasiada hipocresía e injerencia externa para poder realmente construir un continente soberano y de justicia para las mayorías sociales.


Por Jesus González Pazos, miembro de Mugarik Gabe
@jgonzalezpazos

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La Lucha de las Comunidades Afrocolombianas: entrevista con Luis Armando Ortiz

 

Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.

 

¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?

El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.

 

¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?

Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.

Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.

 

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Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)

 

¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?

Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.

Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a [email protected], de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.

 

Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio...

Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.

En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.

Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.

 

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Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)

 

¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?

Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.

Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.

 

¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?

El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.

Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.

 

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Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)

 

¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?

El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.

Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.

 

¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?

Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.

Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.

 

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Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)

 

Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?

Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.

Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.

 

Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?

Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.

 

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Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)

 

Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.

 

¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?

En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.

 

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Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares

 

 

Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.

 

Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)

Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action

 

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Más de 30 mil colombianos fueron desplazados de sus sitios de residencia en 2018

El número acumulado de desplazados internos por el conflicto armado en Colombia es mayor que el de toda la población de Costa Rica, según informa la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Esa organización e instituciones del país sudamericano apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales.

De acuerdo con un reporte de ACNUR, más de 30 500 colombianos han tenido que desplazarse forzosamente entre enero y noviembre de este año. La cifra se suma a los 7.7 millones de desplazados internos que ha ocasionado el conflicto armado desde 1985.

El número es mayor que toda la población de Costa Rica y desde el sistema nacional de atención a las víctimas admiten que en algunas zonas del país no paran los desplazamientos forzados.

Desde 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, junto con las instituciones colombianas, apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales. Actualmente, el programa opera en nueve comunidades en cinco municipios y beneficia a unas diez mil personas.

“Este programa realmente hace una gran diferencia en la vida de estas comunidades. Puede ser un proyecto modelo para que después sea replicado en otras comunidades”, afirmó Jozef Merkx, representante de ACNUR en Colombia.
Los datos de ACNUR confirmaron que en 2017 que Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos en el mundo. El informe Tendencias globales, presentado por esa agencia en junio de 2018, reveló que en 2017 un total de 91 431 colombianos fueron desplazados.

En julio pasado, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que al menos 17 825 personas fueron desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en once de los 32 departamentos que conforman el país.

El departamento más afectado es Norte de Santander, donde se registró el 54 por ciento de los desplazamientos, y también han sido afectados los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.

(Con información de Noticias ONU, ACNUR y EFE)

 

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​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Miércoles, 08 Agosto 2018 07:53

Migraciones: una revolución mundial en marcha

Migraciones: una revolución mundial en marcha

En períodos de turbulencia global, las migraciones se convierten en "armas de guerra". Quien controle los flujos migratorios tendrá ventajas sobre sus rivales geopolíticos. Mientras, otros pueden sufrir crisis internas como consecuencia de migraciones masivas fuera de control.

Hubo un largo período en el cual los flujos migratorios eran más o menos estables y previsibles. Durante la fase final del colonialismo se registraron migraciones importantes desde Europa hacia Norteamérica y América Latina, por ejemplo. Más tarde, fueron los latinoamericanos los que tendieron a emigrar hacia EEUU y Europa, pero también hacia Australia.


Sin embargo, en las últimas décadas los flujos migratorios están mutando de forma drástica. Las causas se multiplican. Al tradicional atractivo de los países más prósperos respecto a las poblaciones del mundo pobre, se suma ahora un elemento que décadas atrás no tenía el menor peso: el cambio climático. Las Naciones Unidas prevé que para 2050 habrá 200 millones de "desplazados climáticos", siendo mujeres alrededor del 80%.

Los cambios demográficos indican los lugares de partida de los migrantes. Mientras que la población del planeta llegará a 9.700 millones en 2050, la de los dos países más poblados tiende a estancarse: India con 1.500 millones pasará a China que se quedará en 1.200, pese a haber puesto fin a la política de un solo hijo.
Lo más notable es el cambio demográfico de África. De los 1.200 millones de africanos en la actualidad, se pasará a 4.000 millones en 2100. El resultado, como nos recuerda el analista Sami Nair, es que el 40% de la población del planeta será negra. El crecimiento del África subsahariana está siendo fenomenal, lo que anuncia que la presión sobre las fronteras europeas será imparable, ya que al hambre se suma la presión de la desertización por el cambio climático.

En América Latina las cosas también están cambiando. Durante el siglo XX, las migraciones fueron mayoritariamente hacia Europa y EEUU, pero también hubo fuertes migraciones desde Perú, Bolivia y Paraguay hacia Argentina, cuya industria siempre estuvo escasa de mano de obra. Otras corrientes se fueron consolidando con el tiempo: de México y Centroamérica hacia EEUU y desde Uruguay hacia Argentina, por poner apenas dos ejemplos.

En estos años, las tendencias se entrecruzan y multiplican, caminando hacia una suerte de caos migratorio. Alrededor de 300 mil peruanos se instalaron en Chile en los últimos años, mientras dominicanos y cubanos llegan masivamente al río de la Plata. Un reciente informe de la Organización Internacional de las Migraciones sobre Venezuela, destaca que de los casi dos millones de migrantes, más de la mitad se dirigió a países sudamericanos, siendo esta tendencia una verdadera novedad, tanto por su magnitud como por los destinos.

De los 900.000 venezolanos que migraron hacia Sudamérica, más del 60% está en Colombia, seguido por Chile, Argentina y Ecuador. Para algunos países pequeños como Uruguay, el impacto de las 3.000 residencias legales otorgadas cada año se deja sentir, modificando una tendencia histórica que colocaba a los argentinos en el primer lugar.

Los cambios en los flujos migratorios permiten sacar algunas conclusiones que habrán de impactar en el futuro inmediato en toda la región latinoamericana.

El primero es que estamos apenas en la primera fase de una previsible explosión de migraciones múltiples. En la actualidad hay apenas unos 250 millones de migrantes, cifra que crece de forma vertiginosa. Se calcula que en 2065 el 40% de la población de Italia será migrante, frente al 8% actual, lo que puede dar una idea de los cambios en curso. El mismo informe de la ONU destaca que de 1950 a 2100, el peso mundial de la población europea bajará del 22% al 7%, mientras el de la africana crecerá del 9% al 40%.

La segunda es de carácter cualitativo. Desde que sabemos que la caída del imperio romano se produjo por las llamadas 'invasiones bárbaras' —migraciones masivas desde el siglo III al VII de nuestra era que provocaron el colapso de aquella civilización—, las grandes potencias toman medidas para controlar los flujos migratorios.

En este punto hay políticas contradictorias. Por un lado, las economías desarrolladas necesitan migrantes para revitalizar su economía y contrarrestar el rápido envejecimiento de la población. La Unión Europea estima que la llegada de inmigrantes a España impulsó en 3,2% el crecimiento anual del PIB per cápita durante la década 1995-2005. Casi todos los países europeos registraron tendencias similares.

Por lo tanto, más allá de las excentricidades de Donald Trump, el debate no es inmigrantes sí o no, sino cuántos, desde qué países y con qué características. EEUU mantiene una política migratoria selectiva, ya que los necesita para trabajar sobre todo en las áreas rurales, pero tampoco quiere abrir el grifo de forma indiscriminada. Esa regulación le permite presentar uno de los mejores perfiles demográficos de los países desarrollados, suavizando el envejecimiento de su población.

La tercera cuestión consiste en el grave problema de aquellos países que no puedan dotarse de una sólida política migratoria. Este es el caso de América Latina, que ha dejado librado casi al azar los flujos migratorios. A comienzos del siglo XX, cuando existían proyectos nacionales de larga duración, se fomentó la inmigración de colonos europeos que garantizaran la producción de alimentos y se les dieron facilidades incluyendo tierras fiscales.

Por otro lado, la existencia de territorios con muy escasa población es una seria desventaja, sobre todo si esos espacios albergan riquezas naturales. Un buen ejemplo es la Patagonia argentina, codiciada por países y grandes empresas del Norte. La crisis de 2001 fue la última oportunidad en la que se habló de una 'secesión' del sur argentino, con una notable cobertura de portada de The New York Times.

Lo cierto es que la ausencia de políticas migratorias planificadas a largo plazo, agudiza las debilidades de los países más frágiles, en particular durante períodos de hondas turbulencias. En el sentido inverso, hay países latinoamericanos que se están quedando sin profesionales, lo que representa un pesado lastre para su desarrollo y para su cohesión social y cultural.


Por Raúl Zibechi

00:35 08.08.2018

Publicado enSociedad
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