Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:55

Colombia ante el desafío de contar el horror

Carlos Beristain, miembro de la comisión de la Verdad colombiana. Imagen: Jorge Larrosa

Colombia emprendió una tarea titánica:  explicar su conflicto armado. Para eso creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Colombia emprendió una tarea titánica: dar una explicación y alcanzar la verdad sobre las causas del conflicto armado en el país. Son más de 50 años de guerra con cientos de miles de muertos y millones de víctimas. Una de las instituciones creadas para ese fin es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que recuerda a la CONADEP argentina. Esta Comisión de la Verdad (según su nombre corto) es de carácter temporal (durará tres años) y extrajudicial. Tiene la difícil misión de escuchar a las víctimas y llegar a una explicación del conflicto armado. En una Colombia donde día a día hay más muertes esta Comisión buscará dar con las causas estructurales de la violencia.

En 2016 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz para terminar con la guerra. El mismo contemplaba la creación de tres organismos para esclarecer las causas del conflicto y llevar justicia a las víctimas. Uno de ellos es la Comisión de la Verdad. “La `no repetición´es una tarea para el ahora”, sostiene Carlos Beristain, uno de los once comisionados que integran el organismo. Médico y psicólogo nacido en España, Beristain tiene una vasta trayectoria como asesor de varias comisiones de la verdad. “No es sólo lo que nos pasó, sino lo que sigue pasando. Una de las tareas de la comisión es buscar una verdad que explique, no solamente que cuente casos. Este es un país en el que se ha investigado demasiado pero siguen sin estar claras muchas dimensiones del conflicto y de lo que hay que cambiar. Tenemos la misión de hacer recomendaciones para que se puedan enfrentar las condiciones estructurales y los factores de persistencia del conflicto armado. Una tarea que nos conecta con el ahora de Colombia", explicó el psicólogo.

Para entender la naturaleza del trabajo que llevan adelante hay dimensionar las 262.197 muertes que produjo el conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese sentido el organismo necesitó crear estrategias para poder abarcar una realidad tan compleja. “En un país con nueve millones de víctimas no vamos a poder resolver todos los casos. Pero sí trabajar sobre los patrones de victimización. Es decir, ver en diferentes épocas cuales han sido las regularidades de la violencia contra la población y cómo eso explica la dinámica del conflicto armado”, afirmó Beristain.

Reconocer a las víctimas, darles la palabra, es una de las funciones primordiales de la Comisión. Para eso buscaron una aproximación desde nuevas perspectivas que contemplan problemáticas no abordadas por otros organismos de este tipo. "En el primer año de trabajo ya llevamos más de 5.800 testimonios. Hicimos un reconocimiento a las víctimas de violencia sexual, a los niños y niñas que fueron reclutados para combatir. Otro tema central es la lucha del movimiento campesino por el acceso a la tierra. También queremos llegar a un reconocimiento desde los responsables. Hay que quebrar los pactos de silencio que son la base de la impunidad. Esperamos obtener testimonios significativos que logren romper ese pacto y generar un reconocimiento de lo sucedido del lado de los responsables y los perpetradores”, expuso el comisionado.

Desde que se firmó la paz 702 líderes sociales y 135 miembros de las FARC fueron asesinados. Hace pocas semanas facciones de esa guerrilla anunciaron su regreso a la clandestinidad. El miedo sigue habitando en millones de colombianos. “Venimos haciendo análisis que nos permiten actuar entendiendo la complejidad del caso colombiano. Por eso trabajamos acercándonos a las víctimas en los territorios. Tenemos 28 Casas de la Verdad repartidas por todo el país, donde trabaja gente que conoce los contextos, de forma que podamos incorporar la experiencia de los propios territorios”, explicó Beristain. Esta situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las víctimas es un dato central. “Hacemos un análisis de riesgo para saber en qué lugares se puede trabajar abiertamente. En otros buscamos crear redes de confianza que permitan no visibilizar directamente lo que hacemos. Por ejemplo a través de escuchas en entornos no visibles. Y también sacamos gente de los territorios para que puedan expresarse con mayor libertad y enfrentar el miedo a las condiciones de presión que existen”, sostuvo el psicólogo español.

La búsqueda de testimonios en el exilio es otras de las características que hacen de esta Comisión de la Verdad una experiencia única. Según datos de ACNUR se estima en 500.000 los refugiados a causa del conflicto armado. Los países que dieron mayor recepción a los exiliados fueron Ecuador y Venezuela. “Hay una historia de Colombia fuera de Colombia. Cuando se hizo el Acuerdo de Paz en La Habana llegaron las demandas de los exiliados para poder contar su verdad. Hay testimonios que buscan ser escuchados en más de 20 países. No tenemos los recursos para tener Casas de Verdad en cada uno. Por eso buscamos construir lazos que funcionen como redes de apoyo con organizaciones que aborden estas temáticas. Acá en Argentina estamos trabajando con Memoria Abierta. Los primeros tres testimonios que tomó la Comisión fueron en el exilio como una muestra de nuestro compromiso con la gente que está afuera. Ellos también necesitan ver que su verdad va a formar parte de esta construcción colectiva”, sostuvo Beristain.

En estos días Colombia está viviendo un momento inédito de movilizaciones y huelgas. La gente tomó las calles y dentro de los reclamos está el de sostener el acuerdo de paz. “Hay un malestar en Colombia que perdió el miedo a expresarse. La movilización une dos tipos de demandas: reclamos en torno a la inequidad que hay en el país, junto con el pedido de cumplimiento del proceso de paz. La coyuntura empuja para que se profundice ese proceso. Salir de 60 años de guerra no es fácil. Se necesitan políticas sostenidas que trasciendan a un gobierno y permita dar respuesta a las necesidades de las víctimas”, informó el comisionado.

Una vez concluido el trabajo de la comisión, dentro de dos años, el resultado se va a plasmar en un informe final. Para Beristain el involucramiento de la sociedad les va a permitir llegar a ese informe y sostenerlo en el futuro. “En Argentina el “Nunca Más” fue un best seller. En el otro extremo, el informe al que llegaron los organismos en San Salvador nunca se publicó. En Guatemala el gobierno lo rechazó. Una comisión es una herramienta para esos procesos que no termina con el informe. Existe la necesidad de que la gente se lo apropie. La verdad sale a luz si hay quien la empuje”, enfatizó Beristain.

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Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

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Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Sábado, 25 Noviembre 2017 07:54

Voto cantado en Honduras

Propaganda electoral de Hernández y del PN en Tegucigalpa.

 

Desde Tegucigalpa

Inconstitucionalidad como antesala y peligro de fraude para lo que viene. Así llega Honduras a las elecciones presidenciales de este domingo. Gracias a la aprobación del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tan mayoritaria para el oficialismo como el propio Congreso, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, irá por una hazaña que la Constitución prohíbe en un artículo pétreo: la reelección. “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”, dice el artículo 4 que ni cosquillas le hizo a esta nueva forma de democracia que fue gestando Honduras desde el golpe de Estado de 2009, año a partir del cual ha sido más fácil crear las trampas para las leyes.

La estrategia de la trampa para la ley es la columna vertebral de un proyecto de país que para seguir en marcha requiere de la continuidad del Partido Nacional a cargo del poder ejecutivo. De esto, de hechos que ocurren a pesar de que las leyes digan lo contrario, conocen las 46 comunidades garífunas de Honduras. Este domingo también votarán, muchos de ellos con la convicción de que no sirve para nada.

La alerta roja de la segunda mitad de octubre llegó a la costa caribe de Honduras con lluvias torrenciales que pusieron en riesgo el cultivo y la pesca, acaso las dos actividades principales de la economía y la subsistencia en la región. En las comunidades de por sí ya falta trabajo y estas lluvias vinieron a ser, sin metáforas, las aguas que rebalsaron todo.

Decir que en las comunidades garífunas hay poco trabajo es relativo. Trabajo hay, el problema es que hay principalmente para los extranjeros. Las playas de arenas claras de la costa caribe son cercadas cuando el capital foráneo llega seducido por el gobierno para impulsar, con más facilidades que exigencias, el desarrollo de la economía con hoteles y todo lo que necesita el turismo a su alrededor. Desde el 2013 el gobierno impulsa el más ambicioso programa capitalista de libre mercado: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Son ciudades modelos, proyectos que en la teoría procuran la participación de ciudadanos de a pie para el crecimiento de una región, pero en la práctica dan lugar a la apropiación de tierras por parte de grandes empresas.

El garífuna, que es negro, tiene su propia lengua, baila sus propias danzas, tiene su gastronomía típica, no cuenta con un currículum satisfactorio para los empresarios que buscan otros colores, otros sonidos, otros tonos. La lenguas, danzas, comidas, cantos y todo lo nativo y ancestral, serán para estos proyectos cosas del pasado. La segregación como base del racismo: de no llegar a la costa caribe resulta difícil creer que en el país hay al menos nueve etnias distintas.

Los garífunas corresponden a una etnia descendiente de africanos y aborígenes del Caribe que convivieron a partir de 1635, cuando dos barcos que venían desde África hacia el continente americano naufragaron hasta la isla San Vicente. Los negros y los arahuacos confluyeron costumbres y culturas, forjaron el idioma que todavía hoy se habla, y pasaron los años hasta que una invasión británica provocó la deportación de miles de negros que naufragaron hasta llegar a Jamaica y la costa de Honduras principalmente.

Dato más o dato menos, esa es la historia que el garífuna promedio cuenta. Alguno la romantiza un poco más y jura que el naufragio inicial surgió a partir de que los negros se revelaron y torcieron el rumbo del barco que los llevaba como esclavos a algún lugar del continente. Esa parte de la historia también edulcora la virtud de resistencia y fortaleza que los garífunas suelen presumir, a veces con razón.

“Las comunidades estamos preocupadas porque hay muchas leyes encaminadas al despojo”, dice Geovany Bernárdez, miembro de la Coordinación General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Bernárdez va al grano. Dice que hay “políticas estratégicamente destinadas a desaparecer las comunidades”.

El reclamo de OFRANEH se basa en la adhesión del Estado hondureño al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989. Dice muchas cosas el convenio: en cuanto al tema territorios procura la participación activa de los pueblos indígenas en programas de desarrollo nacional que los afecten directamente, como así también prohíbe, con aviso de sanción para quien no cumpla, el despojo de las comunidades de las tierras que ocupan históricamente. Para los garífunas nada de eso se cumple.

Las comunidades no se oponen por el solo hecho de oponerse. “Estamos de acuerdo con el turismo pero desde la cosmovisión de los pueblos”, dice Bernárdez y cuenta cómo se dan estos procesos: “Vienen cadenas hoteleras, donde trabajan los mismos inversores y a la comunidad solo le permiten bailar punta por un sueldo miserable de 20 dólares”. El punta es un baile típico en el que los bailarines se mueven de pies a cabeza al ritmo de las percusiones. Es parte de esa cultura que atraviesa a la comunidad y quieren ofrecer al turismo. “Queremos un turismo en el que nosotros podamos promocionar lo que somos y no que otros hagan dinero con nosotros. Deben consultarnos qué turismo queremos, tenemos la capacidad, tenemos la cultura”, dice Bernárdez. Además, naturalmente, se oponen al despojo de las tierras en las que crecieron las generaciones pasadas y hoy lo hacen las actuales: los niños y niñas juegan y bailan, los adultos trabajan, en playas que podrían ser privatizadas.

La comunidad de El Triunfo de la Cruz fue la primera en elevar un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de la CIDH, de octubre de 2015, demanda al Estado hondureño el deber de darle a la comunidad el título de propiedad colectiva de los terrenos en peligro de despojo. El plazo era de dos años, que ya pasaron sin avances más que un poco de reticencia por parte del Estado al momento de seguir entregando tierras.

Lo que perciben los garífunas es ese plan destinado a “desaparecer las comunidades” del que habla Bernárdez. No solo quedan afuera del desarrollo económico. También son atacados para que dejen sus tierras. Las comunidades de la costa caribe sufrieron el “amarillamiento letal” del coco en una intoxicación de las plantaciones que se sospecha fue intencional con el fin de atacar un elemento básico de la vida garífuna: comen coco, curan con coco, se hidratan con coco y trabajan con coco. En OFRANEH, referentes de los procesos de resistencia de distintas comunidades fueron procesados cuando se negaron a retirarse de sus tierras ahora privadas. En tanto, sigue faltando trabajo, salud y educación como derechos básicos para la permanencia de la comunidad, que empieza a creer, muchas veces en vano, en la migración como camino para salir adelante. Por eso los garífunas hablan del tercer despojo: primero los sacaron de África, después de San Vicente, y ahora de Honduras y las tierras que habitan hace más de doscientos años.

 

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"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua"

Hablamos con Ruth Chaparro, cuya organización trabaja con el pueblo wayúu en la Guajira, donde en los últimos cinco años han fallecido más de 5.000 niños de desnutrición por la sequía
"Son décadas de exclusión. Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las escuelas son inexistentes y tienen miedo al hospital", denuncia

Desde hace algún tiempo, los bolsos confeccionados por los indígenas wayúu inundan las tiendas de artesanías de la costa Caribe colombiana. Se reconocen fácilmente por sus colores vivos, sus estampados con formas geométricas y su acabado de croché, y se han convertido en uno de los complementos de moda para locales y turistas.


Ruth Chaparro, sin embargo, solo puede pensar en las manos que los cosen en la Guajira, al norte del país, a cambio de unos pequeños ingresos para sobrevivir. "Es muy fácil encontrar mochilas wayúu en cualquier lugar del mundo, hay una sobreoferta. Y que haya mochilas por todas partes es la señal de que la situación del pueblo wayúu es muy grave: cuanta más hambre tienen, más tejen. Tejen, tejen y tejen", comenta en una entrevista con eldiario.es.


Nacida en Bogotá, lleva más de 30 años trabajando con pueblos originarios de Colombia. Su organización, Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que colabora con Manos Unidas, ha recibido esta semana el premio Bartolomé de la Casas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por su "constante trabajo de fortalecimiento de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas".


Chaparro habla con elocuencia, un tono sereno que abandona cuando explica la "grave" desnutrición que amenaza al pueblo wayúu, el más numeroso del país. Entonces gesticula contrariada y se vuelve mucho más categórica. "Los indígenas wayúu están en riesgo inminente de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas, por falta de agua y alimento", alerta.


Más de 5.000 niños han muerto de hambre


En los últimos cinco años, las autoridades indígenas calculan que más de 5.000 niños menores de dos años han muerto de hambre en la Guajira, un territorio rico en recursos como el gas y el petróleo y habitado desde hace siglos, en su mayoría, por la población wayúu. Un desierto a orillas del Mar Caribe donde hace más de seis años que no cae ni una gota.


"El cambio climático es una realidad. Antes, siempre llovía una o dos veces al año. La gente sembraba, producía lo que necesitaba para comer y sus hijos podían beber agua. Ahora, con la sequía, quedaron sin agua. Sin agua no hay alimento y sin alimento no hay vida", argumenta Chaparro.


La desnutrición crónica afecta al 27,9% de los niños y niñas menores de cinco años de la región, según cifras de las ONG, más del doble que la media nacional. "Son niños que no levantan la mirada del suelo. Que no tienen uñas ni cabello. Que han perdido el 100% de la masa muscular. Niños que ya no lloran porque no tienen lágrimas, porque están totalmente deshidratados. Que ya no se quejan, porque cuando el dolor es extremo, ya no se siente", describe.


"Las mujeres tienen que amamantar a tres o cuatro hijos porque no hay comida. Y las embarazadas sufren niveles de desnutrición asombrosos. Tienen la piel reseca, el cabello destrozado. Su angustia es enorme porque si no beben agua, según su tradición, los niños pueden nacer con problemas", prosigue la cooperante. Cuando los niños mueren, es el momento del 'movimiento de las mantas negras'. En un ritual de duelo colectivo, las mujeres wayúu, vestidas de luto, lloran su muerte y protestan entre ataúdes que simbolizan las miles de vidas que se ha llevado el hambre en la Guajira.


Con su organización, Chaparro recorre el desierto en búsqueda de menores para tallarlos y pesarlos e ingresarlos si es necesario en un programa de recuperación basado en el tratamiento con Ekúlüü süpúla waín, que significa 'Alimento de vida'. Las mujeres de la comunidad tuestan y muelen las semillas de maíz y frijol, y los mezclan con hojas de moringa. El resultado, aseguran, es una multimezcla con un alto valor nutricional que provoca que los niños suban de peso con rapidez.


Es la única solución a corto plazo. "Denunciamos los casos a las autoridades. El sector público es más lento en su respuesta, así que si no hacemos algo muchos van a morir", sostiene. Ahora, solo esperan poder tener acceso al agua para empezar a cultivar sus semillas y, así, regenerar el ecosistema que se ha secado y recuperar su soberanía alimentaria. También llevan a cabo formaciones con las autoridades indígenas para que conozcan y ejerzan sus derechos.


"Solo así no se genera mendicidad. El paternalismo es perverso. Tienen derecho a la tierra, al agua y a producir su propio alimento. Regalarles cosas no ayuda. A veces les mandan ropa vieja y para el frío, cuando es un clima cálido. O recolectan juguetes para los niños, o les instalan un panel solar. Si ellos piden agua, ¿por qué no les damos agua? No les demos lo que no nos están pidiendo", reclama.


"Corrupción, racismo y desigualdad"


Pero detrás de esta falta del bien más básico está también la mano del hombre. Chaparro no duda y, además del cambio climático, apunta a las empresas extractivas de la zona como responsables de que varios arroyos del territorio se hayan secado. "Hay una gran extracción minera del carbón y hay estudios que demuestran cómo la empresa alteró las dinámicas del agua", señala.


"La Guajira no es pobre. Tiene hidrocarburos, energía eólica, sal. El PIB en la región subió muy por encima de la media nacional, sin embargo el 97% de las necesidades básicas están insatisfechas. ¿En manos de quién quedó esta riqueza?", se pregunta. "Hay una corrupción administrativa muy dolorosa. Muchos dirigentes han sido investigados y están en la cárcel. Soñamos con que los corruptos se desmovilicen", esgrime la cooperante.


Así, la sed y el hambre que amenazan a la árida Guajira son solo la punta del iceberg de lo que considera "décadas de exclusión" de los cerca de 300.000 wayúu que habitan en Colombia. "Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las e scuelas son prácticamente inexistentes. Muchas veces llegan a un hospital y como no tienen los papeles, no los atienden. Los turnos para que los reciban son vergonzosos, la atención no es bilingüe", explica en referencia a la fuerte presencia de su lengua, el wayuunaiki. " Por eso prefieren morirse en la casa. Le tienen miedo al hospital, a cómo les atienden", continúa.


"Deje que las yucas y las piñas hablen por mí"


FUCAI también trabaja con los pueblos ticuna y yagua en la Amazonía, en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Se trata, explica Chaparro, de comunidades históricamente expoliadas en las que había comenzado a reinar el monocultivo. "A principios del siglo XX los convirtieron en esclavos para que el caucho llegara a Europa. Murieron 70.000 indígenas. Durante el conflicto entre Colombia y Perú, muchos fueron deportados y quemaron sus cultivos para que no tuvieran la tentación de regresar. Cuando regresaron solo pudieron recuperar pocas especies", relata. También, dice, tenían problemas de desnutrición.


Ahora han logrado sembrar con ellos más de 190 especies amazónicas. Entre ellas, frutas de todo tipo, casi desconocidas para el resto del mundo, como e l copoazú, el arazá o el camu-camu. "Quieren i r más allá de las palabras. Un anciano decía: 'Deje que las yucas y las piñas hablen por mí. Yo quiero un discurso que se pueda comer'. Volver a la tierra da fuerza y autoridad moral", señala Chaparro.

 

Además de recuperar las semillas y los suelos de la "exuberante" selva amazónica, promueven la cocina nativa. "No tienen que comprar nada porque todo lo produce la tierra. Viven de lo que siembran y es una cocina sana, variada y suficiente", indica.
"El mayor logro es que tras 500 años sigan vivos"


En pleno proceso de construcción de paz tras los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, la aspiración de Chaparro es que los otros problemas del país puedan recibir la atención que se merecen. "El terrorismo se llevó toda la atención y todo el presupuesto, por eso no pudimos ver la corrupción, la desigualdad y la pobreza extrema. Ahora, estos problemas podrán pasar a un primer plano para poderlos resolver", opina.


Desde su Constitución de 1991, Colombia se reconoce como un país con diversidad étnica y cultural. Desde entonces, para la cooperante, los logros han sido varios, sobre todo en relación al reconocimiento de derechos territoriales y a un Gobierno propio. "Es un paso importante, pero también un reto. Con todos los intereses que hay sobre esos territorios, la lucha debe ser permanente. Debemos estar alerta para que sean protegidos", opina.


Sin embargo, a su juicio, el mayor logro de todos es "que después de más de 500 años sigan vivos". Siglos después, dice, "no hemos aprendido la lección. La arrogancia de Occidente sigue intacta, en nombre del desarrollo se sigue arrasando con pueblos enteros", recuerda. Y añade: "El logro también es que permanezcan con una visión distinta". "Son culturas que no acumulan, que no producen toneladas de basura ni contaminan, que respetan a sus ancianos y dedican tiempo a sus hijos. No pueden desaparecer. En el fondo creo que incomodan porque nos están diciendo con su manera de vivir muchas cosas", concluye.

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La cifra de desplazados forzosos alcanza un "máximo sin precedentes": 65,6 millones de personas

Casi dos tercios permanece en sus países de origen y la cifra de los que cruzaron fronteras en busca de protección fue "la más alta de la que se tiene constancia", según un nuevo informe de Acnur.
Países pobres como Turquía, Pakistán y Líbano continúan albergando al mayor número de refugiados del mundo

Un año más, el número de personas que se ha desplazado por la fuerza en todo el mundo alcanza un récord histórico. Al acabar 2016, había 65,6 millones de desplazados forzosos que han huido de la persecución, la guerra y las violaciones de derechos humanos, 300.000 más que en 2015. La cifra supone un nuevo "máximo sin precedentes", según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que ha presentado este lunes su informe anual Tendencias globales.


De acuerdo con el estudio, casi dos tercios de estas personas desplazadas, 40,3 millones, se quedaron dentro de sus países, 500.000 menos que el año anterior. Los países con mayor número de desplazados internos son, por este orden, Siria, Irak y Colombia, donde, en pleno proceso de construcción de paz, el desplazamiento aún alcanza cifras "muy considerables", según la Agencia.


Las cifras de personas refugiadas en 2016 fueron, sin embargo, "las más altas de las que se tiene constancia": 22,5 millones. Un repunte, que se debe, sobre todo, al agravamiento del conflicto de Sudán del Sur, según Acnur. Además, 2,8 millones de personas habían solicitado asilo a finales de 2016, según el informe.


En total, más de la mitad de los refugiados procedía de tan solo tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur, país del que a finales del año pasado habían huido un total de 1,4 millones de refugiados a países vecinos. El resto de refugiados huyó, principalmente, de Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Birmania y Eritrea.


La gran mayoría de las personas refugiadas, el 84%, fueron acogidas, un año más, en países en desarrollo. Turquía, el socio de la UE, vuelve a albergar las mayores cifras, 2,9 millones de refugiados. Le siguen Pakistán (1,4 millones) y Líbano, que acoge a un refugiado por cada seis habitantes.


Por otro lado, la mitad de los refugiados del mundo en 2016 eran menores de 18 años. Cerca de 75.000 menores no acompañados, sobre todo afganos y sirios, solicitaron asilo en 2016 en 70 países.


Una persona desplazada cada tres segundos


Al terminar de leer esta frase, una persona habrá abandonado su hogar por la fuerza en busca de protección. En concreto, una cada tres segundos, estima el organismo internacional. 2016 se saldó con 6,9 millones de nuevos desplazados internos y 3,4 millones de nuevos refugiados y solicitantes de asilo.


No obstante, a pesar de batir un nuevo récord, Acnur sostiene que el aumento del desplazamiento forzoso registrado a causa del estallido de los conflictos en Siria, Irak, Yemen y África Subsahariana "se ha ralentizado por primera vez" en los últimos años. En 2016 también hubo muchos refugiados que retornaron a sus países, 552.000, el doble que el año anterior. La mayoría ha regresado a Afganistán.


La Agencia ha vuelto a recordar durante la presentación del informe la importancia de establecer vías seguras y legales de llegada a los países de acogida, en referencia a las más de 5.000 personas que murieron en su intento de cruzar el Mediterráneo en 2016 y las más 1.800 que han fallecido este año. "Esta tendencia mortal se agrava en 2017, sin ir más lejos se localizó una patera con cinco cadáveres en aguas de Cartagena", ha recordado Francesca Friz-Prguda, representante de Acnur en España.


En este sentido, la Agencia ha criticado "La respuesta de la UE consiste muchas veces en alambradas, muros, controles fronterizos más severos, detenciones de solicitantes de asilo o campañas xenófobas. Acciones que no solo generan más sufrimiento en las personas afectadas, sino que tampoco son eficaces para detener el movimiento de las personas que tratan de poner a salvo su vida y solo logran que las rutas se vuelvan más peligrosas y más mortíferas", denuncia.


Una de estos mecanimos legales demandados es el reasentamiento desde terceros países. En total, 189.300 refugiados fueron reasentados en 2016, un 77% más que en 2015. Estados Unidos admitió a la mayoría, seguido de Canadá y Australia.

 

Por Icíar Gutiérrez
19/06/2017 - 12:36h

 

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¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

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El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

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La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

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La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
Marine Le Pen y Donald Trump. LUIS GRAÑENA

 

Entre las muchas coincidencias que pueden encontrarse en el discurso electoral de Trump y Le Pen se encuentra el rechazo, al menos en el plano formal, de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación y en concreto del TTIP y del CETA. Revestidos de una retórica calificada de “proteccionismo”, primero Trump en su campaña y ahora Le Pen han hecho suyo un discurso antitratados que ni parece que vaya a materializarse ni aporta ninguna alternativa en beneficio de las mayorías sociales.

Desde luego, es innegable que la llegada de la Administración Trump ha marcado un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Partiendo de esta afirmación, el interés radica en elucidar si la política comercial de Estados Unidos está dando un giro real o si la tan publicitada ruptura con el modelo anterior es un elemento más del discurso electoral/populista sin que exista un cambio real de modelo. El abandono del proceso de ratificación del Tratado Transpacífico, la paralización de las negociaciones del TTIP, la voluntad de renegociar el NAFTA han sido claros golpes de efecto destinados a mostrar un cambio de ruta del que aún no sabemos cuál es su alcance ni naturaleza exacta.

Lo cierto y verdad es que la contraposición entre “proteccionismo” y “globalización”, que tanto y tan bien explota la extrema derecha a ambos lados del Atlántico, no es una traslación automática de la lucha entre soberanía o democracia frente a neoliberalismo o libre mercado sin frenos. Aunque sea ese el relato del que Trump o Le Pen intentan aprovecharse, la dicotomía en el fondo es falsa, puesto que en ella subyace una similar estrategia de acumulación por desposesión, que se da tanto en el interior de los países que gobiernan o pretenden gobernar como en sus relaciones con el resto de regiones y Estados de la periferia.

La lectura del documento sobre la estrategia comercial de Trump, que se ha filtrado el pasado mes de marzo, nos da buena cuenta de ello. En el mismo se afirma que la nueva política significa un cambio “real” respecto de la sostenida por la Administración anterior (lo que en teoría “venden”), aunque un análisis pormenorizado de las propuestas revela el sostenimiento de una línea que nunca se ha perdido: América para los americanos, sí, pero fundamentalmente para algunos y contra la mayoría.

Según el documento, el objetivo actual de la política comercial de Estados Unidos es la expansión del comercio de manera que éste sea más libre y más abierto para los estadounidenses. Todas las acciones comerciales, continúa el texto, tendrán como objetivo el crecimiento económico y la promoción del empleo en los Estados Unidos y la protección de las empresas, trabajadores, sectores y mercancías de los Estados Unidos frente a los del resto de países. En este sentido, se van a primar los acuerdos bilaterales frente a los regionales y se resistirá frente a los intentos de la OMC de debilitar la postura de Estados Unidos en los diversos tratados multilaterales. En realidad, nada nuevo bajo el sol ni diferente a lo que la gran potencia ha venido realizando en las últimas décadas.

En concreto, Trump se fija los siguientes objetivos: defender y expandir agresivamente la soberanía de Estados Unidos en materia comercial; responder agresivamente a las distorsiones a la libre competencia, incluso si son toleradas por la OMC; sortear las normas de la OMC e impulsar tratados bilaterales que mejorenla apertura de las fronteras de otros países respecto de los productos y servicios estadounidenses; expandir el comercio a nuevos mercados clave y renegociar tratados ya en vigor, en concreto el NAFTA. Es decir, nada que no estuviera, al menos señalado, en la agenda anterior (Obama y Clinton ya apostaron por renegociar el NAFTA), nada que implique un cambio radical (en lugar del TPP se van a negociar tratados bilaterales con cada uno de los países implicados) y nada que no estuviera presente en la negociación del TTIP.

Como se recordará, el 17 de julio de 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó las Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, más conocido como TTIP. Este documento, que no se desclasificó hasta el 9 de octubre de 2014, contiene los objetivos y contenidos fundamentales del acuerdo, estableciendo como finalidad primordial el aumento del comercio y la inversión entre la UE y los Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del Tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (cooperación reguladora) y la producción de normas comunes de obligado cumplimiento, incluyendo un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS). Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA, sea bautizado como un “Tratado de Nueva Generación”, ya que su objetivo principal no es el de eliminar aranceles, sino el de servir de marco jurídico para que el capital transnacional proteja sus intereses frente a la discrecionalidad, soberana, de los Estados. Y aunque tras el cambio en la Administración estadounidense las negociaciones se han paralizado, no se han dado por concluidas; al contrario, parece que ambas potencias están apostando por retomarlas.

Sin duda, una nueva apertura de las mismas vendrá marcada por una notable posición de fuerza de los Estados Unidos que mantendrá las líneas rojas que ya estancaron las negociaciones en el otoño pasado. Cuestiones como la apertura de los mercados de la contratación pública con la derogación o modificación de la Buy American Act o el reconocimiento de las Denominaciones de Origen ya se plantearon como concesiones imposibles por parte de la Administración Obama y en estos momentos se pergeñan como líneas infranqueables, con más agresividad aún. Así las cosas, y con el as en la manga que supondría dar prioridad a un tratado de nueva generación con el Reino Unido antes de negociar con la UE, el Gobierno de Trump puede coger el mando de las negociaciones con una Unión Europea a la que la negociación de estos tratados está provocando fisuras cada vez más amplias.

En esta coyuntura, el objetivo actual de la política comercial de Estados Unidos es la expansión del comercio de manera que éste sea más libre y más abierto para los estadounidenses. Sea como fuere, la Administración Trump se encontrará delante con una UE aún más desunida y débil, con las contradicciones inherentes a su propio proceso de integración abiertas en canal. La primacía de lo económico y del mercado en la configuración misma de la UE, sin la necesaria dimensión social que los atenúe, unida a los últimos ataques neoliberales desde sus instituciones a los derechos y al bienestar de las mayorías sociales del continente, han suscitado un sentimiento de rechazo hacia el proyecto que ha sido, por el momento, canalizado con mayor intensidad por la derecha. La ausencia de mecanismos redistributivos a nivel continental y la consagración jurídica, al mismo tiempo, de la estabilidad presupuestaria como indiscutible camisa de fuerza para las posibilidades de intervención económica de los Estados han provocado que las libertades económicas fundamentales (de movimiento, de capitales, de servicios y bienes...) hayan seguido operando sin diques que las frenen, aumentando la desigualdad y la acumulación de la riqueza a través, y por encima, de los países.

El descontento, por ende, se hará aún mayor si no somos capaces de dar un giro rotundo a la arquitectura misma de la Unión Europea, y la extrema derecha seguirá creciendo si su relato, falso, sigue teniendo un asidero real en Bruselas al que agarrarse. Ellos, Le Pen y Trump, se erigen en los salvadores de la comunidad, de la Nación y de la seguridad, laboral y social, frente a la globalización institucionalizada y al mundo de las frías cifras del establishment de Washington o de las instituciones de Bruselas. Pero ellos también, a la vez, no dejan de defender en el fondo los mismos planteamientos que subyacen a las consecuencias que critican y de las que se aprovechan en el descontento generalizado. Trump seguirá con el libre comercio sin trabas, lo potenciará incluso, y la acumulación de unos pocos y la desigualdad para los muchos aumentará. Lo hará, eso sí, desde un vigorizado discurso nacionalista y neoproteccionista, mientras sus millonarias cuentas no pararán de crecer y sus empresas, cual metáfora de su misma ideología, no cesarán de saltar de un país a otro protegidas por los tratados de nueva generación auspiciados por EEUU.

Le Pen, de ganar, no acabará con la base socioeconómica que alimenta la desigualdad, la injusticia social y el descontento, como tampoco lo hará Macron, por mucho que ahora ambos decidan que criticar el CETA está à la mode. El Brexit, por su parte, no supondrá un renovado impulso para la democracia en el Reino Unido, que, de la mano de May y los tories, ya está comenzando a abrazar de nuevo la posibilidad de aumentar los neoliberales lazos con Estados Unidos y de convertir Londres en un paraíso para estos nuevos tratados que amparan, recordemos, la impunidad total de un capital transnacional dueño y señor de los mecanismos tradicionales de poder.

Frente a la atomización social, el individualismo extremo, el empobrecimiento de amplias capas de la población y el aumento de la desigualdad, el capitalismo neoliberal, precisamente la causa de todos estos factores, parece haber encontrado una vía de escape para seguir conservando la acumulación que alienta: el nacionalismo de los falsos proteccionismos que en el fondo no solo no cambian, sino que profundizan, la acumulación por desposesión que estamos sufriendo. El TTIP que viene tendrá posiblemente otro nombre y otras formas, pero detrás estarán los mismos intereses de siempre al servicio de quienes, desde hace demasiado tiempo ya, vampirizan el futuro de las generaciones presentes y venideras.

 

Adoración Guamán. Profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de València. Gabriel Moreno. Investigador en Derecho Constitucional en la Universitat de València.

 

Fuente:http://ctxt.es/es/20170503/Firmas/12557/TTIP-ceta-internacional-tribunas-Trump-Le-Pen.htm

 

 

Publicado enInternacional
Viernes, 28 Abril 2017 15:32

Quien financió debe pagar

Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?

 

Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.

 

Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.

 

El listado

 

El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.

 

En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.

 

Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.

 

En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.

 

La acusación

 

Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.

 

Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.

 

Urabá, el caso puntual

 

Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.

 

Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

 

Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:

 

Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.

 

Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.

 

Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.

 

Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.

 

¿Impunidad?

 

Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.

 

De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.

 

Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.

Publicado enEdición Nº234
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