Fuentes: CADTM [Foto de Rohan Makhecha, Unsplash]

En una resolución sancionada el 23 de marzo de 2016 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU explicaba que “el peso creciente de la deuda a la que deben hacer frente los países en desarrollo más endeudados, en especial los menos desarrollados, no es viable y constituye uno de los principales factores que impiden el avance del desarrollo sostenible centrado en la población y la eliminación de la pobreza […]. Para una buen número de países en desarrollo y de países en transición el servicio excesivo de la deuda ha limitado en gran medida sus capacidades de promover el desarrollo social y la provisión de los servicios esenciales necesarios para la indispensable conformación de las condiciones que permitan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales […]. Los países en desarrollo continúan desembolsando anualmente mucho más de lo que reciben como ayuda pública al desarrollo”.

El FMI es en parte responsable de la crisis actual

Debido al desarrollo de sus políticas deajuste estructuralque imponen la liberalización de economías frágiles y drásticas medidas de austeridad a muchos países del sur a cambio de posibilitarles préstamos, el FMI ha participado ampliamente en esta comprobación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de los países que haya aplicado ajustes estructurales ha podido sostener de manera constante un índice de crecimiento elevado.

Las desigualdades sociales han aumentado por todas partes. Ningún país “ajustado” se ha librado de esta triste comprobación (1). De este modo, los recortes del gasto público recomendados por las instituciones financieras internacionales (IFI) impiden a los países “beneficiarios” de la ayuda del FMI asegurar a sus ciudadanos cierto nivel de protección social.

Si los países del sur ven en estos tiempos desbordados sus sistemas de salud y sin posibilidades de asegurar la protección sanitaria de sus habitantes frente al covid-19 se debe en gran parte a las mortíferas políticas de las IFI y especialmente del FMI. Destacamos que esta comprobación no es nueva (2) y que los investigadores del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine lo habían señalado ya en un artículo científico con ocasión de la epidemia del ébola en el 2014. Esos estudios llegaban a la conclusión de que “las exigencias del FMI en materia de rigor presupuestario debilitaron los sistemas de salud de los países africanos más duramente golpeados por el virus del ébola e impidieron también encarar una defensa coordinada contra dicha epidemia” (3). Hoy en día la historia se repite y pone de relieve que el FMI no ha sabido sacar ninguna lección de las crisis anteriores y permanece subordinado a los intereses de los acreedores privados a los que hay que reembolsar cueste lo que cueste, aún a costa del bienestar de los pueblos del Sur. Luego de la epidemia del ébola, el CADTM había reaccionado a través de varios llamados pidiendo la anulación de las deudas de los países que la habían sufrido (4)

Reacciones y propuestas del FMI en la gestión de la actual epidemia del covid-19.

El 4 de marzo de 2020 con oportunidad de una rueda de prensa compartida con el Banco Mundial, el FMI presentó en grandes las líneas las intervenciones que tenía previstas en el marco de la epidemia de covid-19. Las medidas enunciadas eran de dos tipos; 1) el aumento de su capacidad de préstamos a los países del Sur y 2) la movilización de las subvenciones con el propósito de aliviar el servicio de la deuda de los países más pobres del Sur con relación al FMI (5). Desde entonces el FMI ha puesto en marcha la maquinaria y ha anunciado varias medidas concretas.

  1. El anuncio que más han destacado el FMI y la mayoría de los medios consiste en el alivio del pago de la deuda por parte de 25 países pobres, de los cuales 19 son africanos, por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida debe permitir cubrir durante seis meses los reembolsos adeudados al FMI y a los países “dedicar una mayor cantidad de sus escasos recursos a las urgencias médicas y de ayuda” (6). En la práctica el FMI será ampliamente reembolsado a través de sus fondos fiduciarios de asistencia y respuesta a las catástrofes especialmente apoyado por los Países Bajos, China, el Reino Unido y Japón. Así, el FMI no cancela las deudas de los países con problemas y (i) mantiene su poder de presión sobre los gobiernos para reclamar en el futuro políticas de austeridad manteniendo el vínculo deudor-acreedor y (ii) no hace que esas donaciones permitan a los países pobres hacer frente a la situación sanitaria, por ejemplo, para comprar equipo médico y contratar personal.
  2. Se han concedido préstamos de emergencia a varios países africanos, como Costa de Marfil. Así, este país ha conseguido un desembolso de 295,4 millones de dólares en el marco de Servicio de Crédito Rápido, es decir, en forma de préstamo a tasa cero reembolsable en 10 años, y un desembolso de 590,8 millones de dólares en el marco del Instrumento Financiero Rápido, un crédito reembolsable en un plazo de entre tres y cinco años (7). En consecuencia, el FMI aprovecha la crisis para fortalecer y aumentar su poder de presión sobre los países africanos volviendo más pesado el fardo de la deuda ya de por sí tremendamente dura para muchos países. Además Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto del FMI, ha declarado que una vez controlada la epidemia de covid 19 será “importante que el déficit presupuestario vuelva a la situación anterior a la crisis para preservar al mismo tiempo lo adquirido en el marco del programa del FMI y la viabilidad de la deuda a medio plazo”. Esta declaración anticipa una vuelta con fuerza del FMI luego de la crisis, como ocurrió después de la crisis el 2008.

Una asistencia siempre muy política

El pasado 16 de abril 102 países habían pedido oficialmente un préstamo al FMI, que los aprobó en su mayor parte, incluidos los de Nigeria, Pakistán Ghana, Túnez, Senegal y Albania. Sin embargo, es de notar que el gobierno venezolano en conflicto con los EEUU ha visto rechazado su pedido (8). Opuesto al caso venezolano está el “buen alumno” chileno. Para este país, en el que la población se manifestó durante meses contra las políticas de austeridad de los últimos meses, se ha desbloqueado una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares. La línea de crédito flexible “es un instrumento que permite al país el acceso a montos importantes en cualquier momento. Más allá de los fondos disponibles inmediatamente en caso de necesidad, constituye también una muestra de confianza del Fondo hacia la política económica del beneficiario y una excelente señal para el acceso a otras fuentes de financiamiento”. Este ejemplo de Chile causa gran inquietud a los pueblos y a los movimientos sociales latinoamericanos, como Argentina, fuertemente marcados por las políticas de austeridad impuestas por el FMI en los últimos decenios.

En otros lugares del mundo, como Líbano, luego de meses de manifestaciones debidas a las medidas de austeridad, el gobierno no encontró nada más original que acordar con el FMI la puesta en marcha de un plan quinquenal. Adoptado a fines de abril su objetivo es reducir el déficit público y prevé una suba de impuestos, un congelamiento del empleo en el sector público, un aumento del precio de la electricidad y la reducción de las subvenciones a dicho sector. Prevé igualmente una reestructuración de la deuda y del sector bancario. Hasta ahora ha sido rechazado por la Asociación de Bancos del Líbano.

El FMI se mantiene igualmente activo en el Norte. En Ucrania, país asistido desde la guerra civil que estallara en 2014, el FMI y el gobierno negociaron el 21 de mayo un acuerdo a propósito de un nuevo programa de ayuda de 5.000 millones de dólares en 18 meses “para ayudar a Kiev a superar la epidemia del coronavirus”. Este “acuerdo de confirmación” esta avalado a cambio de un programa de reformas. Se tardó muchas semanas en llegar a este acuerdo porque había que votar la ley llamada “anti Kolomoiski” (cuyo objeto es impedir que los antiguos propietarios bancarios puedan recuperar sus empresas si fueron nacionalizadas, aunque hubiera habido vicios de procedimiento, y reconocerles como máximo una compensación financiera por el perjuicio sufrido) y, sobre todo, la ley relacionada con la eliminación de la moratoriasobre la venta de tierras agrícolas. El límite de superficie que puede poseer una persona física era de 100 hectáreas, a partir del 1° de enero de 2024 las sociedades podrán comprar tierras agrícolas hasta un máximo de 10.000 hectáreas. (9)

La alternativa DTS

El 14 de abril de 2020 Gordon Brown, exministro de Finanzas y primer ministro del Reino Unido y Lawrence H. Summers, profesor de economía de la Universidad de Harvard y exministro de finanzas de los EEUU, opinaban en el Washington Post que debían fortalecerse los poderes intervencionistas del FMI, especialmente mediante el uso de los DTS, derechos especiales de emisiones: se trata de un sistema pilotado por el FMI que permite completar sus reservas a los países miembros.

Dominique Strauss-Khan propone además recurrir a los DTS combinado con un alivio de las deudas de los países en desarrollo. Según el antiguo director del FMI, si no se hace Occidente se expone sobre todo a una crisis migratoria sin precedentes… Voces de la izquierda (y no de centro, como las neoliberales precedentemente mencionadas) reclaman también DTS y paralelamente la anulación de las deudas. Se olvidan, sin embargo, que los DTS también son préstamos del FMI que implican su reembolso bajo ciertas condiciones y tasas de interés.

Por Robin Delobel, Adrien Péroches | 23/09/2020

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Artículo tomado del AVP n.º78 « Dette, coronavirus et alternatives », revista semestral del CADTM gratuitamente disponible en pdf, en venta a 5 euros o por abono anual.

Notas:

(1) Toussaint E. (2019), « Retour sur la crise de 1982 ». AVP Dettes aux Suds, tercer trimestre de 2019, 1 p.

(2) Le Monde (2014), « Des chercheurs pointent une responsabilité du FMI dans l’épidémie d’Ebola. », publicado on line el 22 de diciembre de 2014, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

(3) Kentikelenis et al. (2014), « The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, », The Lancet Global Health Vol. 3(2), pp. 69-70.

(4) https://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l

(5) FMI & Banque Mondiale (2020), Réponse du Groupe de la Banque mondiale et du FMI au Covid-19, transcripción de la rueda de prensa de Mme Georgieva & M, Malpass, 4 de marzo de 2020.

(6) Le Figaro (2020), « Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette », publicado on line el de abril de 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414

(7) Fualdes N. (2020), « La Côte d’Ivoire obtient près de 900 millions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus », Jeune Afrique, publicado on line el 22 de abril de 2020, https://www.jeuneafrique.com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-millions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/

(8) https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezuela-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

(9) www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-moratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

Fuente: http://www.cadtm.org/Quand-le-FMI-profite-de-la-covid-19-pour-augmenter-son-emprise-sur-les-pays-du

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Ecuador alcanza un nuevo acuerdo con el FMI a cambio de ajuste y reformas estructurales

El préstamo permite cerrar el proceso de reestructuración de la deuda con acreedores privados. El Fondo pide a cambio ajustar cuentas fiscales.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó este viernes un acuerdo con Ecuador para otorgar un préstamo de 6.500 millones de dólares, que se utilizará para sostener el plan de reestructuración de bonos y financiar su presupuesto para 2020.

El préstamo, anunciado hoy en Twitter por el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, permite cerrar el proceso de reestructuración de deuda por 17.400 millones de dólares encarado por el Gobierno con los acreedores privados antes de la fecha límite fijada para el 1 de septiembre.

”El nuevo acuerdo complementa un canje de deuda exitoso de 17.400 millones de dólares en bonos globales entre las autoridades y sus tenedores de bonos, y se espera que catalice apoyo financiero adicional bilateral y multilateral”, dice un comunicado del FMI en el que se dio a conocer el resultado de lo que llama un “diálogo franco y constructivo”, una frase muy usada por el organismo para evitar hablar de las exigencias que impone para este tipo de acuerdos.

A cambio del crédito, el Fondo espera que el Gobierno ecuatoriano aplique un plan para “reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”. El pronóstico económico para el país no es bueno, se calcula un decrecimiento del 11% del PIB y un aumento del déficit fiscal debido al impacto económico del parón provocado por la pandemia de la covid-19 y al arrastre de los bajos precios de petróleo.

El ajuste de las cuentas fiscales, como pide el FMI, tiene un antecedente reciente en el país. Las protestas contra el gobierno en Octubre del 2019 se dieron por el intento de imponer una serie de medidas para achicar el gasto público. Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció la derogación del decreto de aumento de los combustibles.

Ni el FMI ni Ecuador dieron detalles de las metas fijadas para el ajuste de gasto, de la inversión, ni en qué consistirá la reforma tributaria exigida. En su escueto mensaje presidencial, Lenín Moreno agradeció al equipo negociador y a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo.

El Gobierno ecuatoriano buscaba renovar el acceso a financiación desde que el programa de rescate anterior fue oficialmente suspendido en mayo de este año. En marzo de 2019, se había pactado un préstamo de 4.200 millones de dólares, aparejado de 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

Este nuevo pacto, obtenido centralmente para pagar la deuda a los acreedores privados, se da a poco de las elecciones que determinarán el cambio de Gobierno, que llegará el próximo año de unas elecciones presidenciales en las que no participará Lenín Moreno y el oficialismo no tiene un candidato claro.

Por Diego Sacchi

@sac_diego

Viernes 28 de agosto 

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Lunes, 17 Febrero 2020 05:53

Vaticano, FMI y opio para el pueblo

Vaticano, FMI y opio para el pueblo

En el taller “Nuevas formas de solidaridad”, convocado por la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, el papa Francisco sostuvo que la deuda no se debe pagar con “sacrificios insoportables”. “Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes de los servicios sociales, mientras sus gobiernos pagan deudas contraídas que son insostenibles”, precisó. Citó a Juan Pablo II, quien afirmaba que no es lícito exigir el pago de las deudas cuando ese pago “vendría a imponer de hecho opciones políticas que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras”. Luego, dirigiéndose “a los líderes financieros y expertos económicos del mundo, que conocen cuáles son las injusticias de nuestra economía”, Francisco les pidió trabajar juntos “para poner fin a las desigualdades globales”.

Asentían, Kristalina Georgieva, titular del FMI; Martín Guzmán, ministro de Economía argentino; Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía; además de varios ministros de Economía, cancilleres, presidentes de organismos internacionales y bancos públicos.

En su intervención Georgieva habló de la creciente desigualdad y polarización de la riqueza que se está operando en el capitalismo. Dijo que desde 1980 el 1% más rico de la población mundial se quedó con el doble de las ganancias del crecimiento que obtuvo el 50% más pobre; que crecen las diferencias de ingresos al interior de los países; que la brecha entre los países más ricos y más pobres está creciendo; y que “la actual estructura económica está dañando nuestro planeta”. Para hacer frente a estos males propuso “la cultura de la solidaridad”; la “globalización de la esperanza”; y el cuidado del planeta. Lo cual vino a reforzar la idea, adelantada por analistas políticos y defensores del gobierno de Fernández, de que “este es otro FMI, preocupado por los pobres, y distinto del que presidía Lagarde y trataba con Macri”. Según estos enfoques, estaríamos ante cambios fundamentales: al frente del Vaticano hay un Papa progresista, crítico del capitalismo; y al frente del FMI una economista “sensible a los problemas sociales”.

El discurso del Vaticano y el desarrollo del capitalismo

Con respecto al supuesto cambio introducido por Francisco en el discurso vaticano sobre el capitalismo, debemos decir que no es novedoso. De hecho, en 1931, en plena depresión económica, Pío XI había criticado este sistema económico en el que “no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos” (citado por B. Pérez Andreo, “¿Iglesia vs Globalización?” Veritas, vol. III,  Nº 18, 2008; también las citas que siguen). Pero más todavía, después del Concilio Vaticano II (en 1959) el señalamiento de algunos de los males del capitalismo pasó a ser parte de la “Doctrina social de la Iglesia” y del discurso más o menos estándar de los papas.

Así, Pablo VI (fue Papa entre 1963-78) decía que “en mala hora se ha estructurado un sistema en que el provecho se considera como el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran. Ese liberalismo sin freno conducía a la dictadura, justamente denunciada por Pío XI como generadora del imperialismo internacional del dinero. Nunca se condenarán bastante semejantes abusos, recordando una vez más solemnemente que la economía se halla al servicio del hombre.

Juan Pablo II (1978-2005) sostenía que “si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterior de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos negativos derivados de ella”. La globalización debía “orientarse al bien de las personas, y no a la explotación de los recursos naturales y de la fuerza laboral”. El ser humano debía ser la meta.

Benedicto XVI (2005-13) incluso sostuvo que la relación entre el capital y el trabajo “se ha convertido en la cuestión decisiva” y que, dado que los medios de producción y el capital “eran el nuevo poder, que estando en manos de pocos comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse”.

Y por supuesto, también Francisco; por ejemplo: “… estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre y lo demás debe estar a su servicio. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro. Hemos caído en un pecado de idolatría. La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta una cultura del descarte” (Clarín, 14/06/2014). De manera que son ya muchas décadas con la misma cantinela, sin que por ello se hayan alterado las cosas.

FMI, ¿qué cambió tanto?

 Tampoco parece correcto decir que el FMI ha cambiado sustancialmente su orientación. Por ejemplo, el discurso sobre la desigualdad atraviesa gran parte de las intervenciones de Christine Lagarde, por lo menos desde 2013. Así, por caso, en el Foro Económico de Davos, de 2017, la por entonces titular del FMI pidió a los líderes políticos que actuaran para frenar el aumento de la desigualdad; y que las desigualdades excesivas dificultaban conseguir un crecimiento sustentable.

De la misma manera, al menos desde 2012 Lagarde alertaba que el mundo enfrentaba el riesgo de ingresos en baja, daño ambiental y descontento social a menos que los países adoptaran un enfoque para el crecimiento económico más sustentable. Y agregaba que “los ricos deberían restringir sus demandas de mayores ingresos mientras todavía hay 200 millones de personas en el mundo buscando un trabajo y la pobreza está en alza” (The Guardian, 12/06/2012). Aunque este tipo de declaraciones no impidió que el FMI apoyara los programas de ajuste aplicados en Portugal, España, Irlanda o Grecia, cuando la crisis económica.

Discursos y leyes del capitalismo

Pero por encima de los discursos, lo que decide son las leyes naturales –en el sentido de socialmente objetivas- del capitalismo, y los conflictos y luchas de las clases sociales, o de las fracciones de clase. Las actitudes morales, o éticas, no cambian las tendencias de fondo. Así, la brecha creciente en las desigualdades de riqueza e ingresos no se cierra proclamando que el ser humano debe ser la meta del crecimiento económico; o lanzando condenas morales “a los banqueros y los especuladores” (al pasar, discurso preferido también de la mayor parte de la izquierda argentina).

Lo central es que el capitalismo es un modo de producción de plusvalía. La propiedad privada de los medios de producción determina una relación de dominio sobre los que solo poseen su fuerza laboral. Y la concentración de la riqueza es inevitable en la medida en que se genera plusvalía que se reinvierte para explotar más trabajo, que genera más plusvalía (véase la discusión sobre Piketty, aquí y siguientes). Este impulso tenderá a sostenerse en la medida en que las relaciones capitalistas se hagan más puras. Por eso también las frustraciones de los reformismos “a lo Stiglitz”, y diversas expresiones del socialismo burgués. Frente a la concentración del capital, a la lógica mercantil y de la ganancia penetrando todos los poros de la visa, hablar de “globalizar la esperanza” o “la cultura de la solidaridad”, es palabrerío vacío.

Para verlo más en concreto, recordemos que en su intervención Georgieva dijo que en las últimas cuatro décadas el flujo global de capitales se multiplicó por 13, y el comercio global aumentó 11 veces. Esto significa que los países son cada vez más dependientes del mercado mundial, y están más condicionados por la competencia entre los capitales. Pero por esto mismo, la amenaza de huelgas de inversiones, y de crisis provocadas por el retiro rápido y violento de capitales, pone presión sobre gobiernos y políticas económicas. Lo cual explica que, por encima de reclamos morales, termine imponiéndose la lógica de la valorización del capital. Así, cuando en el Vaticano se discurseaba sobre el amor a la humanidad del “nuevo FMI”, los tenedores de bonos emitidos por Buenos Aires exigían el pago completo del capital vencido, bajo amenaza de desatar un proceso de default cruzado. ¿Los discursos del Papa? ¿Los de Giorgeva? Bien gracias, muy bonitos para que “la gilada” siga tragando los sapos del ajuste (y diga, además, que los sapos están buenísimos, faltaba más). Pero en temas de dinero, capital e intereses, las cosas son un poco más “concretas”. En ese mundo “sin corazón”, las razones del corazón cuentan poco y nada.

Por supuesto, no se trata solo de Argentina y los tenedores de sus bonos. Existen muchas experiencias al respecto. Por caso, recordemos lo que ocurrió durante la crisis griega: En 2015 el gobierno de Syriza convocó a un referéndum acerca de las condiciones que imponían el FMI, el BCE y la UE para renovar los créditos y mantenerse en el euro. La mayoría rechazó esas condiciones, y mucha gente, entusiasmada, saludó el “triunfo del pueblo”. Pero a los acreedores –y a los organismos- les importó poco y nada ese resultado, y mantuvieron su exigencia “de la libra de carne”. Sobre el asunto, escribí: “Las relaciones sociales ejercen una coerción objetiva que, en situaciones de crisis capitalistas, solo se vencen con la fuerza. … no hay referéndum griego [tampoco discurso papal] que obligue a un banquero alemán o francés a poner euros en un banco griego, si no está decidido a hacerlo. Y no hay forma de enfrentar una crisis del nivel de la griega con papeletas electorales” (aquí).

En este punto, la diferencia fundamental entre el análisis marxista y el análisis del reformismo burgués o pequeñoburgués pasa por el hecho de que el primero hace eje en las relaciones sociales imperantes, y en los límites que imponen a las buenas intenciones de los amigos de la humanidad y aledaños. El segundo, en cambio, pone el acento en lo subjetivo, en las personas y sus intenciones. Así, por ejemplo, la reciente renuncia de David Lipton, el número dos del FMI, y el funcionario que más apoyó el otorgamiento del crédito al gobierno de Macri por 56.300 millones de dólares, es interpretado como señal de cambios fundamentales en el Fondo. El mensaje que se transmite desde algunas usinas del pensamiento “nacional” es que “ahora sí” se puede acordar y colaborar con el FMI, porque “está en ascenso el ala productivista, en contra de los banqueros de Wall Street” (no falta quien ubica a Trump en esa corriente renovadora). De manera que el “nuevo FMI, productivista y preocupado por los pobres” encajaría a la perfección con un Papa “nacional y popular”. Con relatos de este tipo se busca entretener y confundir a la opinión pública.

Por supuesto, no podemos negar que haya matices y acentos diferentes en las políticas económicas. Sin embargo, los lineamientos fundamentales no cambian, y esto es lo que deberían tener presente militantes y activistas progresistas o de izquierda. En última instancia, lo que estoy planteando es la necesidad de romper con el criterio “frentepopulista”, aplicado ahora al FMI, o al Vaticano (el frentepopulismo no tiene límites). Esto es, la idea de andar siempre distinguiendo entre el ala “progresista”, sea en el Vaticano (Bergoglio es muy distinto, y está a la izquierda de Ratzinger), sea en el FMI (Giorgeva es muy distinta y está a la izquierda de Lagarde). Pero la realidad es que tanto el FMI, como el Vaticano modifican aspectos de superficie, para conservar lo esencial. Incluso en el caso de la renuncia de Lipton, hay que señalar que su sucesor será designado por Trump. Como si Trump hiciera alguna diferencia cualitativa en lo que atañe a las leyes de la generación de plusvalor y de la acumulación de capital, o el bienestar de las masas trabajadoras.

Contención, opio para el pueblo y políticas reaccionarias

En su discurso en el Vaticano la presidenta del FMI también se refirió al creciente descontento de buena parte de la población con el estado de cosas existente. Dijo que en un estudio global reciente más de la mitad de los que respondieron afirmaron que el capitalismo “hace más mal que bien”. Agregó: “Las implicaciones son alarmantes: de la caída de la confianza en las instituciones tradicionales al aumento de la polarización política y de las tensiones sociales” (véase aquí sobre las luchas sociales en el último año).

Este creciente descontento y elevación de las “tensiones sociales” ayudan a explicar el rol ideológico y político del discurso papal que hemos criticado. Se trata de efectos de contención y consuelo. Es que, como afirmaba Marx en “Crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, “la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo”. El opio sirve para mitigar dolores; en este caso, para soportar los males de la explotación, la opresión, la marginación. Y sirve también para que los pueblos, con humildad ovejuna, acepten las instituciones establecidas. ¿No es acaso el Vicario de Dios en la Tierra quien condena a los capitalistas “sin corazón”, pero elogia el “corazón” de la sensible Georgieva? ¿Por qué no confiar entonces en las intenciones de todos los que peregrinan a Roma para ayudar a los pobres? ¿Quién dijo que en cuestiones de dinero el FMI no pueda tener su “corazón”, y llenar los espíritus de esperanza?

Resumiendo: autoridad papal + FMI + gobiernos capitalistas comprometidos con los sufrimientos “soportables” (al pasar, y sin molestas “cláusulas gatillo” para las discusiones salariales). El camino de la liberación nacional parece despejado. Con un último elemento: el discurso “social” del Papa legitima y potencia su defensa de posturas extremadamente reaccionarias en temas como el aborto, la sexualidad o el matrimonio entre homosexuales. ¿No es el mejor de los mundos?

Rolando Astarita

Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.

16/02/2020

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 La directora designada del FMI, Kristalina Georgieva, el miércoles en Washington con el ministro de Economía de Argentina, Hernán Lacunza. @KGeorgieva

Las obligaciones en divisa representan el 58% del PIB y condicionan al Gobierno que surja de las elecciones de octubre

 

La deuda externa es lastre muy pesado para la economía argentina. Según datos oficiales, los vencimientos en dólares se duplicaron desde 2017, hasta representar el 58% del Producto Interior Bruto (PIB) del país sudamericano. Con los mercados de crédito cerrados, la subida de la deuda corresponde en su mayor parte al rescate de 57.000 millones de dólares que el FMI dio a Argentina el año pasado. El peso de la deuda será el principal condicionante del Gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.

Según las estimaciones del INDEC, la oficina de estadísticas oficiales, la deuda en dólares representaba hace dos años el 30,4% del PIB; en 2018, esa relación subió hasta el 43,2% y al 58% en junio de este año, hasta los 283.500 millones de dólares. La CEPAL ya había advertido a mediados del año pasado que sumados los vencimientos en moneda local la deuda pública argentina superaba el 80% del PIB. Desde entonces, esa relación ha empeorado.

El escenario no puede ser más complicado. La subida de la deuda coincidió con una bajada de la actividad económica (este año el PIB argentino caerá más de 2%) y la pérdida de valor del peso frente al dólar. En septiembre de 2017 se necesitaban 17,7 pesos para comprar un dólar, contra 59 de la última cotización del mercado. Días después del triunfo del peronismo en las elecciones primarias del 11 de agosto, un ensayo general de las presidenciales del 27 de octubre, el Gobierno de Mauricio Macri asumió que no podría pagar los vencimientos inmediatos de la deuda y pidió más tiempo al FMI. Lo llamó “reperfilamiento”.

La estrategia ha chocado hasta ahora con los técnicos del FMI. Tras una serie de reuniones en Nueva York y Washington con los enviados argentinos, el director interino del organismo, David Lipton, dijo que cualquier renegociación deberá esperar al resultado de las elecciones. El Fondo quiere saber con quién tendrá que negociar durante el año próximo. Ese hombre será, casi con seguridad, el peronista Alberto Fernández, ganador de las primarias con más de 4 millones de votos de ventaja sobre la candidatura de Macri.

Fernández limitó hasta ahora sus referencias a la deuda externa como un lastre que deberá cargar desde el primer día de su eventual Gobierno. Dijo además que cumplirá con los compromisos, pero sin dar detalles. Algo de su plan se develó el jueves, durante un discurso que dio ante los integrantes de la Fundación Mediterránea, un grupo de pensamiento creado por el exministro de Economía Domingo Cavallo, padre en la década del 90 de la convertibilidad del peso con el dólar. El escenario elegido fue todo un dato político.

El candidato peronista dijo que buscará para la deuda argentina una salida “a la uruguaya”, esto es con extensión de plazos pero sin la quita de capital que caracterizó al canje de bonos impuesto durante el kirchnerismo. "No va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay” en 2003, dijo Fernández. “He hablado con varios fondos de inversión: es ganar tiempo y no hacer quitas (…) Necesitamos ganar tiempo para crecer”, explicó. Para Fernández, Argentina se encuentra en “default”, como insisten las calificadoras de riesgo, aunque se lo quiera ocultar detrás de un “reperfilamiento”. “En el fondo, lo que decimos es que no podemos pagar”, dijo.

Uruguay estaba en 2003 muy golpeado por el colapso económico de Argentina. Su deuda en dólares y en moneda local ascendía entonces al 100% de su PIB y el Gobierno del presidente Jorge Batlle consiguió posponer durante cinco años todos los vencimientos del 40% de los bonos, al mismo interés y sin quita de capital. A cambio realizó un ajuste durísimo, con devaluación de la moneda, déficit fiscal cercano a cero y hasta un impuesto del 10% a los salarios públicos y privados. El plan logró ordenar las cuentas a largo plazo, pero en el corto le costó el poder al partido Colorado, que sólo un año después perdió las elecciones ante el Frente Amplio de Tabaré Vázquez. El debate en Argentina es hasta donde el país está preparado para algo semejante.

Buenos Aires 27 SEP 2019 - 13:50 COT

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Kyriakos Mitsotakis, durante un mitin de campaña. / AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años. Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia.

 

 

El conservador Kyriakos Mitsotakis será el próximo presidente de Grecia. El país heleno ha apoyado masivamente la propuesta de Gobierno del partido que provocó la gran crisis económica que terminó en el rescate draconiano por parte de la Unión Europea. Cuatro años después del referéndum en el que la mayoría del país gritó "oxi" ("no" en griego) a la troika, hoy le han dicho "no" a Alexis Tsipras

Nueva Democracia consiguió algo más del 39% mientras que Syriza superó el 31%, seguidos de lejos por el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, que rozó el 8%. Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años.

Syriza se quedó 8 puntos por detrás, pero obtendrá tan solo 86 escaños, una distancia que surge del bonus de 50 escaños que la ley electoral griega otorga al partido ganador -en teoría por última vez en estas elecciones-.

"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", declaró Mitsotakis antes de acudir a la sede de su partido para darse un baño de masas.

Tsipras: "Nos vamos con la cabeza alta"

Tsipras describió su derrota como "el coste político" de las difíciles decisiones que tuvo que tomar durante estos años. Felicitó a Mitsotakis y le pidió que no desmantele los avances sociales que ha conseguido durante su mandato.

"Nos vamos con la cabeza alta. Hace cuatro años nos encargamos de un país al borde de la quiebra. Hoy dejamos un país libre (de rescates), en crecimiento y con reservas en sus cajas, con el interés de la deuda al mínimo histórico", afirmó Tsipras.

Vástago de una de las mayores dinastías políticas del país, Mitsotakis recoge así los frutos de una campaña en la que tildó a Tsipras de "traidor" y "mentiroso", dando fuelle al desencanto acumulado durante estos años.

Ahora se ha alzado como la nueva esperanza de la clase media con un programa que orbita en torno a la reducción de impuestos y el crecimiento de la economía.

Por su parte, Tsipras ha intentado demostrar en los últimos meses que, a pesar de haber claudicado ante los acreedores y haber suavizado algunas de sus posturas más radicales, aún tiene una agenda social de izquierdas.

Especialmente tras la derrota en las recientes elecciones europeas y locales, Syriza ha intentado convencer a los griegos de que gracias a su gestión la crisis humanitaria no llegó a más y que, tras tanto esfuerzo, se merecen la oportunidad de gobernar sin corsés.

Este domingo el indignado pueblo heleno ha demostrado que no comparte esta opinión y ha confiado mayoritariamente en un hombre que, entonces ministro, aplicó el segundo programa de rescate.

Participación muy baja

La participación, con un 57 %, fue una de las más bajas de la historia de la democracia griega, aunque superó ligeramente la de las elecciones de septiembre de 2015, tras el referéndum y la fractura de Syriza.

Muchos ciudadanos decidieron huir a la playa de la ola de calor que asoló Grecia hoy, lo que afectó a la participación en una jornada electoral que por lo demás fue tranquila.

Aunque la victoria de Nueva Democracia era de esperar -todos los sondeos indicaban una amplia ventaja-, la sorpresa del día la han dado la extrema derecha y el pequeño partido del exministro de Finanzas Yanis Varufakis.

Sorpresas de la extrema derecha y de Varufakis

Los neonazis de Amanecer Dorado quedaron sin representación en el Parlamento por primera vez desde su irrupción en 2012 tras quedarse por debajo del mínimo necesario del 3 %.

MeRA25, que bebe directamente de las ideas y personalidad de Varufakis y se presenta como un "frente griego patriótico de europeístas", consiguió entrar en el Parlamento con 9 escaños.

Syriza llegó al poder en 2015 como una alternativa a los anquilosados partidos tradicionales y una salida de izquierdas para los decepcionados con el Partido Socialista. La izquierda europea la adoptó como estandarte hasta que su evolución a alumno ejemplar de la Unión Europea se convirtió en un lastre.

Hoy, sin embargo, el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, uno de los mayores aliados de Tsipras al comienzo de su mandato, mandó un mensaje de apoyo en el que resaltó "el coraje de gobernar con todos los poderes griegos y europeos en contra".

ATENAS

07/07/2019 18:59 Actualizado: 08/07/2019 08:25

AGENCIAS

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Ecuador pacta un rescate financiero con el FMI a cambio de más reformas estructurales

Lenín Moreno celebra la llegada de un total de 10.200 millones en préstamos de organismos multilaterales, entre ellos el FMI y el Banco Mundial

Ecuador accederá a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares y a 6.000 millones más de un grupo de organismos multilaterales —Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros— para sanear sus cuentas públicas. El presidente del país sudamericano, Lenín Moreno, confirmó este miércoles por la noche que las negociaciones de las últimas semanas con el FMI han concluido con un acuerdo que permitirá a la economía ecuatoriana afrontar con más holgura la brecha fiscal, que ha ido agrandándose año tras año. Rompe así, además, con la década de distanciamiento que mantuvo el expresidente Rafael Correa ante el organismo internacional.

Con un tono de celebración, el mandatario latinoamericano compartió en cadena nacional televisada con sus ciudadanos la “gran noticia” del crédito logrado. “Hemos recuperado la confianza y la credibilidad. Por eso, las más importantes organizaciones mundiales han decidido sumarse al camino que estamos construyendo. Han decidido respaldar el Plan de Prosperidad de nuestro Gobierno, por eso vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares”, anunció.


Sin dar detalles específicos sobre las condiciones y los tramos de los préstamos, el líder ecuatoriano puso en valor que el nuevo financiamiento tendrá mejores condiciones que la deuda adquirida hasta ahora por su país. Las tasas de interés estarán en el entorno del 5% y el plazo de devolución será de hasta 30 años. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, compareció este jueves para ampliar la información sobre el programa crediticio acompañado con representantes de los prestamistas multilaterales. El que fuera líder del gremio empresarial aclaró que no se trata de un crédito stand-by, sino de Servicio Ampliado (IFF, por sus siglas en inglés) que garantiza tener un mayor plazo para aplicar reformar profundas. Del préstamo total, 6.700 millones de dólares son de libre disponibilidad y 3.500 millones de dólares están atados a proyectos de inversión.


“No se trata solo de resolver problemas de orden fiscal sino de aplicar reformas estructurales para transformar la economía hacia un modelo más moderno. Este tipo de acuerdo permite el acompañamiento para que esa transición no afecte a los más pobres”, explicó Martínez. El representante del FMI para América Latina, Alejandro Werner, y la jefa de la misión en Ecuador, Anna Ivannova, precisaron que hay cuatro pilares principales que regirán la ejecución de esas reformas. El primero, impulsar la competitividad y la creación del empleo; el segundo, proteger a los más pobres y vulnerables con aumentos presupuestarios en el gasto social; en tercer lugar, favorecer la sostenibilidad fiscal haciendo más eficiente el sistema fiscal y el tributario y, por último, fortalecer la estabilidad del banco central ecuatoriano. Además, todo se debe enmarcar en una agenda de transparencia y combate a la corrupción.


No obstante, ninguna de las partes del acuerdo de rescate concretó qué medidas de ajuste deberá aplicar Ecuador a cambio de la ayuda financiera. Como avance, solo se indicó que la llegada de recursos se materializará en los próximos tres años acompañando al proceso de reforma. “La periodicidad del apoyo financiero integral es: 4.600 millones de dólares, en 2019; 3.100 millones de dólares en 2020; y 2.500 millones de dólares en 2021”, apuntó el ministro de Finanzas ecuatoriano. “El acuerdo crediticio garantiza una previsibilidad en el manejo de la caja. En los próximos días, limpiaremos los atrasos del 2018 y regularizaremos los pagos de devolución de IVA para los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, añadió.
Se trata de un acuerdo de staff, lo que en la jerga financiera significa que el equipo negociador del Fondo ha encontrado un punto de encuentro con las autoridades ecuatorianas tras las reuniones de las últimas semanas con representantes del Gobierno y del sector privado. Ese contrato inicial está sujeto ahora al visto bueno formal de la cúpula del FMI antes de que se empiecen a desembolsar los 4.200 millones pactados.


Los otros 6.000 millones de dólares apalabrados llegarán del BID, del Banco Mundial, de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo. La directora general de este último organismo lanzó un mensaje de felicitación minutos después del anuncio presidencial. “Felicidades a Lenín Moreno por estructurar un sólido plan de reformas. Nosotros, desde el Banco Mundial, estamos a la expectativa de desarrollar una relación de colaboración más fuerte y apoyar a Ecuador con sus esfuerzos de ajuste”, agregó la presidenta interina y directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.


El ministro ecuatoriano de Finanzas, Richard Martínez, también alabó en primera instancia el acuerdo alcanzado, que definió como un “momento histórico” que abre “las puertas a un futuro mejor para todos”. En la misma línea se pronunció el presidente latinoamericano en su anuncio televisado: “No me interesa el poder, me interesa el bienestar de todos; me interesa el presente y futuro de Ecuador, me interesa el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos, el futuro de nuestros mayores. Tu futuro, ecuatoriano. Me interesa, sobremanera, dejarle al próximo gobierno y al país, un mejor Ecuador, que no les pase lo que a mí”.


La difícil situación de las arcas públicas ecuatorianas, golpeadas por el excesivo endeudamiento heredado del Gobierno de Correa, es el factor determinante que ha conducido a Quito a abrir las miras en el universo de prestamistas. Pero el objetivo, según los planes de la nueva dirección económica de tendencia liberal, es acceder a un programa más flexible y barato que no conlleve un ajuste drástico.


Pese al rescate que, previsiblemente, acarreará nuevas medidas de ajuste a las ya adoptadas por Ecuador —como la eliminación de subsidios a los combustibles y el despido de miles de empleados públicos—, Moreno no abandonó su discurso social. “Hemos acordado con Naciones Unidas su apoyo para monitorear que los recursos del Estado se destinen, prioritariamente, a la inversión social”, aclaró. El presidente ecuatoriano apostilló, además, que el dinero que se recibirá de los multilaterales permitirá crear más oportunidades de trabajo, entregar más vivienda social, aumentar el número de policías o pagar a los proveedores del Estado.

Por Sara España
Guayaquil 21 FEB 2019 - 13:18 COT

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Crisis de la deuda externa y viabilidad política del chavismo

Desde 2006, el gobierno de Venezuela y la empresa estatal petrolera PDVSA, empezaron a endeudarse en moneda extranjera, en forma desordenada y confiando que el precio petróleo se iba a mantener a niveles altos.


La modalidad de endeudamiento asumida (principalmente bonos en dólares adquiridos en bolívares), la actuación de una banca privada con un gran poder fáctico y la inexistencia de controles de capitales, condujo al peor de los escenarios previstos: no sólo se conformó un mecanismo de fuga de capitales liderado por la banca local, sino que el gobierno no construyó la capacidad de pago que se debía disponer en los siguientes años, es decir, la previsión de los recursos financieros necesarios para sostener el pesado pago del servicio de la deuda externa (principal e intereses).


De esta forma, el endeudamiento externo público se consolida como un dispositivo de captura, privatización y exportación de la renta petrolera, por parte de sectores representativos del capital nacional e internacional. Lo que hasta entonces se había logrado con el control de PDVSA, con la precaria administración de divisas (control de cambios) y con la legislación impositiva petrolera, se perdió cuando se fomentó desde PDVSA y desde el Ministerio de Finanzas el mecanismo de la deuda externa. En poco tiempo, la acumulación de activos externos, es decir renta petrolera apropiada y fugada en cuentas en el exterior, alcanzó una magnitud tal, que le permitió a los capitalistas (nacionales e internacionales) fijar el tipo de cambio y aherrojar económicamente a la revolución bolivariana.


Esto es uno de los problemas que hereda el gobierno actual y que la permanente confrontación política no permite distinguir la magnitud del problema de la deuda externa, cuyo esquema entra en crisis cuando la economía es bombardeada por una caída significativa del ingreso externo proveniente de sus exportaciones petroleras (2014). ¡Fin de fiesta!, se desploman los precios petroleros, y llega la realidad con los cobradores tocando la puerta y sin haber asumido, el gobierno, un plan económico coherente que corresponda a la situación.


Al mismo tiempo, estrechamente relacionado con la restricción externa, se desata un ataque cambiario que, entre otros factores, coadyuva un proceso inflacionario acelerado que ya ha entrado en la terrible ruta de la hiperinflación. La caída y paralización de la actividad productiva y de las inversiones, del consumo y el deterioro del salario real, inevitablemente afectan al mayor logro del proceso bolivariano: los indicadores sociales. A pesar de los esfuerzos en mantener el gasto/inversión social y el ajuste de salario y las transferencias, y muy a pesar de la equivocada decisión de ocultar las cifras oficiales, la vida cotidiana de la calle y de los hogares reflejan una dura situación de una población trabajadora que había logrado alcanzar altos niveles de satisfacción de las necesidades básicas.


Procurando comprender la situación, se presentan algunas puntualizaciones:


1. La actual situación de insostenibilidad del pago de la deuda externa, constituye un cambio de escenario sustancialmente diferente para el gobierno y para las fuerzas involucradas en el proceso político iniciado en 1999. La táctica política del chavismo ha sido exitosa, no hay dudas que Maduro –con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente- ha contraatacado eficazmente y reducido a las fuerzas políticas enemigas, que, sumidas en estertores, se muestran incapaz de articular y coronar una acción insurreccional.


2. En el plano político se ha dado una muestra de audacia, pero en el plano económico, estas capacidades dejan de brillar y, por el contrarío, no se vislumbra una salida del laberinto de la crisis económica. La política económica es una tarea pendiente, convertida en pesadilla para el gobierno y en tormento para el pueblo trabajador. Ciertamente, aún encendidas las brasas de la celebración del triunfo político sobre la oposición, emerge la punta de un iceberg de inevitable colisión: la imposibilidad de continuar con el pago de la deuda externa . Esta es una amenaza inmediata a la estabilidad política lograda y a la pertinencia de la decisión de adelantar las elecciones regionales y presidenciales.
3. La actual crisis de deuda externa requiere de un manejo inmediato, que implica una estrategia diferente a la hasta ahora sostenida: ser un buen pagador . En la abundante literatura que se produjo a raíz de la crisis de la deuda de las décadas de los 1980 y 1990, se llegó a tratar la paradoja del “buen pagador”, aquél que prioriza el pago de la deuda y sacrifica su desarrollo económico y específicamente el bienestar de la población. Hasta ahora, los gobiernos de los presidentes Chávez y Maduro ostentaban -como un gran logro- "el pagar puntualmente el servicio de la deuda externa".


4. Pero esta presunción se convierte en una carga muy pesada de cumplir teniendo en cuenta que desde 2006, se produjo un crecimiento exponencial del endeudamiento, que resulta una carga pesada ante la caída pronunciada de los ingresos petroleros y el bloqueo promovido por Estados Unidos. Hasta ahora, los argumentos a favor de esta estrategia “del buen pagador” se justificaban no sólo económicamente, sino que se trataba de evitar que el capital financiero pudiera promover acciones de embargo de activos externos ante una situación de impago. Posibilidad deseada, por demás tanto por los capitalistas locales y foráneos, enemigos del proceso político chavista. Pero llegaron tiempos nuevos, nuevas realidades –complejas y críticas por demás- y hay que revisar esta estrategia.


5. Desde el mismo momento en que el Presidente Maduro gana las elecciones de abril de 2013, los indicadores económicos anunciaban una crisis en el sector externo, pero especialmente una crisis de deuda. Y eso iba a pasar tarde o temprano, era tal la probabilidad de ocurrencia que, así el precio del barril de petróleo se mantuvieran por encima de 100 dólares por barril, más temprano que tarde se llegaría a esta disyuntiva. Las contradicciones y los desbalances acumulados, hasta esa fecha, en la economía venezolana, eran tales que, la abrupta caída de los precios petroleros iniciadas desde 2014, produjo el efecto que corrientemente se ilustra con un estanque que baja aceleradamente su nivel de agua y en ese momento empiezan a verse los desperfectos y los cachivaches acumulados en su lecho.


La cesta petrolera venezolana cerró en 2013 a 97,09 US$, cayó a 49,52 US$ en 2014 y se desplomó a 29,15 US$, al final de 2015. Esto significa que, desde 2013, perdió casi el 70%. Tal ha sido el impacto sobre la economía venezolana y sobre el modelo de crecimiento validado durante casi 15 años por el chavismo.


6. Como la cultura del halago y la propaganda ficticia habían alcanzado niveles de epidemia, ninguna de las autoridades económicas (de una institucionalidad casi desintegrada) le advierte al Presidente y le dicen la cruda verdad. Pero la realidad macroeconómica es porfiada, cruel y golpea duro: durante 2017, se hace claro que la viabilidad de cualquier política económica, y también cualquier estrategia política, pasa por evaluar la estrategia de pago de la deuda externa.


7. Es por eso que, el anuncio de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda hecho por el presidente Maduro, aunque casi 5 años tarde, resulta una acción acertada y pertinente. Porque ya no se puede pagar en las mismas condiciones, ya no se puede seguir siendo "buen pagador" si no se tienen reservas internacionales líquidas, y aún mas, cuando las pocas divisas disponibles las bloquean algunos de los más importantes bancos internacionales


8. No se puede obviar en el análisis que, al mismo tiempo, la estrategia de bloqueo económico promovido por Estados Unidos agrava la situación y la capacidad de negociación del gobierno venezolano.


La inminencia de la crisis de la deuda externa estaba anunciada desde el momento en que caen los precios petroleros, manteniendo este desfavorable nivel de precios por un período prolongado y sin una recuperación sustancial de los mismos. Además de este shock externo, se agrega las acciones de bloqueo que Estados Unidos viene llevando a cabo desde la administración de Barack Obama. Ambos factores se yuxtaponen y refuerzan el estrangulamiento externo de la economía venezolana.


9. Llegado el momento de anunciar el refinanciamiento/reestructuración de la deuda se tienen que considerar algunos elementos que son importantes para no caer en percepciones catastróficas (tipo “se acaba el mundo”, o “después del horizonte hay un abismo con dragones marinos”) ni extremos optimistas irresponsables (tipo “no pasa nada Señor Presidente...no hay inflación, no hay escasez, no pasa nada..."). Se tiene que tomar conciencia que el manejo del problema de la deuda pasa por comprender la magnitud del mismo y las particularidades de nuestra economía.


10. Comprender que, la gravedad de la crisis de la deuda, combinada con el proceso hiperinflacionario y la profunda paralización del aparato productivo, no sólo pone en riesgo las victoria electoral (miopía política) sino que además genera una catástrofe social donde los trabajadores sufren una depauperación brutal y al mismo tiempo las “fuerzas del mal” intentan justificar una intervención imperialista para repartirse –a pedazos- las riquezas del país, al mismo tiempo que tratan de arrasar de raíz la conciencia revolucionaria alcanzada por amplios sectores de la población.


11. Una de las primeras particularidades de Venezuela en su actual coyuntura de deuda externa, es que tiene una economía cuyo principal bien de exportación es el petróleo. Esto marca una sustancial diferencia a favor, en comparación con otros países de América Latina. Producir y exportar petróleo es una peculiaridad que se traduce en fortaleza. Venezuela tiene petróleo y otras riquezas que bien gerenciadas pueden generar, en un horizonte de tiempo corto y mediano, importantes ingresos externos.


Es decir, su economía atraviesa una critica situación de liquidez pero tiene solvencia. Con el proceso bolivariano se logró fortalecer la capacidad de controlar la propiedad y administración del recursos natural (Ley de Hidrocarburo, rescate de PVDSA). Hay que fortalecer esta capacidad de controlar la actividad, reduciendo la influencia de las plagas propias del “Socialismo Improvisado del Siglo XXI” y de la corrupción. Es importante defender a PDVSA y a sus activos, CITGO entre otros.


12. Otra particularidad del caso venezolano, es el relacionamiento externo que se fue construyendo a lo largo de los años de los gobiernos de Chávez y Maduro. La relación con China y con Rusia, son dos importantes ejemplos de esta particular visión mundial. El refinanciamiento con los rusos (cuyo monto alcanza un significativo 3.150 millones de dólares) y las negociaciones con China Popular (cuya paciencia china ha sido puesta a prueba ante los problemas que atraviesa el desordenado e indisciplinado aliado venezolano) son dos factores importantes que colocan al gobierno, en una situación de negociación inédita en comparación con otros países de la región.


13. Un tercer elemento, que debe considerarse, es que Venezuela no es la única que atraviesa por esta situación. Puerto Rico, se declaró en default en mayo pasado. No puede pagar su deuda, y luego de la devastación natural que sufrió, está atravesando un drama que ha tenido poco eco en los grandes medios de comunicación trasnacionales. Argentina, su presidente-empresario, está llevando torpemente a un endeudamiento insostenible fiscalmente, aunque sostenible sobre la sangre de las familias trabajadoras argentinas y a costa de la entrega del país. Son sólo dos ejemplos, porque hay una alta probabilidad que otros países de la región entren en situaciones de ajuste externo, por el peso de la deuda en sus presupuestos.


14. Las conexiones sistémicas de ese mundo llamado "mercado financiero internacional”, configuran una situación compleja donde el problema de la deuda venezolana, por su tamaño, por la distribución geográfica de los tenedores y por su complejidad, debe evaluarse de manera cautelosa. Por eso, dudaron si calificaban los retrasos de pago como default o no. Saben que si el problema de la deuda venezolana se disloca, esto puede causar un evento de caos, por aquello de "el aleteo de la mariposa que afecta el otro lado del mundo".


15. Uno de los indicios de esta última percepción, es que los representantes del poder financiero y los mismos gobiernos de América Latina, han guardado un aterrador silencio con la situación de la deuda en Venezuela. No han opinado nada! Saben que tienen un gran rabo de paja y no quieren acercarse a la candela. Esto, paradójicamente, puede ser una oportunidad donde lo que haga Venezuela marque la pauta, a nivel de América Latina.


16. Desde la anterior perspectiva, la discusión si hubo o no default, hasta cierto punto es inútil porque lo importante es como lo percibe el capital financiero: en una situación normal, cualquier retraso e incumplimiento es considerada falta y calificada como default, con todas las consecuencias que esto acarrea para el país emisor y para los tenedores. Pero como no estamos en "una situación normal", bien sea porque la mafia financiera percibe que Venezuela ha tenido y tiene disposición (willingness) de pago y prioriza por el pago de la deuda externa ante otros pagos, construyendo forzadamente una capacidad (capability) de pago, o bien, porque el “problema Venezuela” puede desatar los demonios en un momento donde se pronostica que la próxima crisis capitalista mundial explotará precisamente en el mercado de los bonos.


17. El desenlace de esta situación, sino mejora la restricción externa, conduce a una situación que los economistas llaman “disyuntiva”: elegir entre pagar la deuda o pagar los alimentos y las medicinas que requiere el pueblo.


18. Hay suficientes herramientas legales que amparan a un gobierno y a un país, que decidan poner por encima del pago de la deuda el bienestar de la población. Si los Estados Unidos, en unión con sus cómplices locales, continua promoviendo el genocidio de la población venezolana para lograr sus objetivos geopolíticos, ambos (gobierno y país) deben optar entre pagar la deuda externa o alimentar al pueblo. Por supuesto, sería irresponsable promover el no pago de la deuda sin advertir las consecuencias sobre el gobierno y sobre PDVSA. Pero estamos ante una situación extraordinaria, que requiere decisiones extraordinarias. Al menos el haber tenido la iniciativa frente a los acreedores es un buen comienzo.


19. Es fundamental disponer de una estimación clara y transparente del monto del endeudamiento externo. Se han difundido cifras, no oficiales, que llegan a 183 mil millones de dólares, y hasta algunos voceros oficiales han asomado que la deuda supera los 100 mil millones de dólares. Sin embargo, parece que estas estimaciones están sumando compromisos de diferentes naturaleza. Y lo que principalmente está en el centro de la discusión (y de la negociación) son la deuda pública externa, mal llamada, soberana (emitida por el gobierno) y la deuda externa de PDVSA. Ambas, posiblemente, no deben representar más de 65 mil millones de dólares. Si bien es cierto que el esfuerzo de honrar ambas deudas se relaciona con la capacidad de pago de la economía, el tratamiento jurídico de ambas es sustancialmente diferente.


20. Igualmente, es fundamental determinar en manos de quién están los bonos de la deuda, y no basta sólo su localización geográfica (Maduro, declaró que un 70% está en manos de tenedores estadounidenses) sino la naturaleza de los tenedores. A mediados de este año, algunos analistas hicieron la advertencia que una parte importante estaba en manos de fondos buitres. Es importante saber cuál es la fauna de actores del mercado financiero que están orbitando el caso de la deuda venezolana
21. Llama la atención que muchos de los que integran la comisión de reestructuración/refinaciamiento de la deuda son funcionarios sin mayores conocimientos económico-financieros, y mucho menos experiencia en temas tan delicados y de alta especialización, que deben y deberán enfrentarse a los tiburones de las finanzas globales, en condiciones por demás desventajosas. Esto representa un gran debilidad en la negociación. En Venezuela habían profesionales capacitados para sentarse en la mesa y que no se dejaran deslumbrar ni meter gato por libre por los tenedores y sus representantes. Ojalá se recurra a gente con capacidad técnica, probidad y claridad político-estratégica. Los más probables es que el gobierno tenga que contratar a asesores externos. De ser así, tendrá que tener mucho cuidado de no poner a un zamuro (zopilote, buitre) cuidando carne. Puede recurrir a profesionales latinoamericanos, que estuvieron en gobiernos progresistas (o los asesoraron en crisis similares) que conocen de la materia. Debe desconfiar de los europeos y todo lo que venga del norte


22. Finalmente, es importante señalar que el problema de la deuda externa no está desvinculado de la definición de un programa económico coherente. Pero en este punto, ya se va a cumplir cinco años sin que el gobierno logre honrar esa otra deuda (interna).


Por Simón Andrés Zuñiga: Economista venezolano de la Sociedad de Economía Política Radical (SER). Desde Ginebra, 22 de noviembre de 2017.

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En imagen de hace unos días, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una asamblea con comunas, consejos comunales y comités locales de abastecimiento y producción, en el Palacio de Miraflores. La fiscal destituida Luisa Ortega (imagen de archivo) demandó ayer ante la Corte Penal Internacional abrir una indagatoria al mandatario y algunos de sus ministros por diversos crímenes ocurridos desde 2015, cuando ella aún estaba en el cargoFoto Xinhua/Presidencia de Venezuela y Afp

 

Un panel de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), que reúne a acreedores de bonos, resolvió este jueves que el gobierno venezolano y la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), entraron en “default de pagos” luego de tres retrasos.

El comité aprobó de manera unánime que ocurrió un evento de crédito al evaluar las consultas hechas por los acreedores una vez que no recibían en el plazo establecido los pagos de intereses y capital de papeles emitidos por las instituciones de la república bolivariana.

Con ello se abre el camino para cobrar los seguros por incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps) contratados por los acreedores. La ISDA, que celebró cuatro reuniones para adoptar la medida, convocó a otra cita el próximo lunes en Nueva York con el fin de continuar las discusiones.

El reporte se conoció un día después de que PDVSA confirmó el pago con éxito de sus tres obligaciones de deuda: los bonos 2017 y 2020, valuados en mil 169 millones y 842 millones de dólares, respectivamente, y el cupón de 2027, vencido el pasado viernes, de 81 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión de la asociación no tendrá mayor impacto sobre los bonos emitidos por el país sudamericano que alcanzan unos 60 mil millones de dólares, indicaron analistas.

Esta semana la firma S&P Global Ratings también declaró a Caracas en “default selectivo”, porque no logró pagar cupones por 200 millones de dólares sobre sus bonos globales con vencimiento en 2019 y 2024 en un periodo de gracia de 30 días.

El gobierno venezolano enfrenta una deuda pública externa de alrededor de 150 mil millones de dólares, que incluyen 45 mil millones en pasivos gubernamentales y otros 45 mil millones en deuda de la petrolera estatal PDVSA.

En otro orden, al continuar la presión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, contra Caracas, una comisión del mecanismo hemisférico analizó de nuevo la posibilidad de llevar al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

En la tercera ronda de audiencias, el panel escuchó los testimonios de un ex fiscal, alcaldes, congresistas, familiares de fallecidos durante las protestas antigubernamentales de este año y representantes de la sociedad civil venezolana.

En este contexto, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega pidió a la CPI que investigue a Maduro y a ministros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.

Ortega dejó en los tribunales de la corte, en La Haya, una carpeta con mil evidencias que incluyen informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos, que supuestamente involucran a la policía y al ejército en más de 8 mil asesinatos en Venezuela desde 2015, año en que ella era fiscal.

En tanto, delegados de Maduro y la oposición acordaron la metodología sobre las nuevas negociaciones para la crisis política y económica de Venezuela, programadas para este primero y 2 de diciembre en Santo Domingo, informó el gobierno dominicano.

Ambos grupos también aprobaron la participación, por primera vez en las mesas de diálogo, de los cancilleres de México, Bolivia, Chile, Nicaragua y Paraguay como mediadores.

 

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FOTO: El vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami (c), en un encuentro con acreedores nacionales de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo.

 

La calificadora rebaja la deuda soberana del país en moneda extranjera después de que incumpliera el abono de los intereses en dos bonos

 

La calificadora crediticia estadounidense Standard & Poors (S&P) rebajó hoy la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera a default después de que incumpliera el abono de los intereses en dos bonos.

La calificadora anunció que la decisión se justifica por el hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024.

El pago no fue hecho después de que este fin de semana se cumplieran los 30 días del período de gracia. En consecuencia, colocó en grado SD/D (selective default/default) la deuda soberana de Venezuela a largo y corto plazo en moneda extranjera, según anunció la firma en un comunicado.

El endeudamiento en moneda nacional de largo y corto plazo se mantiene en CCC/C, el grado anterior a suspensión de pagos, pero con una vigilancia negativa en cuando a las perspectivas de que se cumplan los pagos de ese endeudamiento. S&P cree que hay un 50% de posibilidades de que Venezuela "pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses", según dijo la calificadora en el comunicado.

La firma señaló que están pendiente de abonar los pagos de otros cuatro cupones dentro del período de gracia, hasta un total de obligaciones pendientes de abono de 420 millones de dólares. Si Venezuela no abona esos pagos, por instrumentos de deuda con vencimiento entre 2023 y 2028, S&P colocará también en default esas emisiones.

La nota se conoció poco después de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciara que había iniciado "con rotundo éxito" la refinanciación de su deuda externa en una primera reunión con sus acreedores. De esa cita no surgieron acuerdos o propuestas concretas. Según cálculos oficiales, Venezuela tiene una deuda total cercana a los 150.000 millones de dólares, con abonos anuales cercanos a los 10.000 millones.

S&P menciona esa primera reunión y cree que "es muy probable que se considere cualquier reestructuración (de deuda) de Venezuela como un intercambio de deuda en dificultades y equivalente al default teniendo en cuenta las altas restricciones en la liquidez". También sostiene que es menos probable que Venezuela caiga en suspensión de pagos en su deuda en moneda local.

 

      
   
 
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN VENEZUELA CAE AL NIVEL MÁS BAJO EN 30 AÑOS

 

AGENCIAS


La producción de petróleo en Venezuela durante el pasado octubre fue inferior a los dos millones de barriles diarios, el nivel más bajo en tres décadas, según indican los datos que el Gobierno de Nicolás Maduro entregó a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y que se hicieron públicos este lunes.

En octubre, la producción petrolera de Venezuela se situó en 1.955 millones de barriles diarios, en comparación con los 2.085 millones que había producido en septiembre de 2017, justo un mes antes. Es la primera vez que la producción de crudo cae por debajo de los 2.000 millones de barriles diarios desde 1989, según el registro histórico del Ministerio de Petróleo del país sudamericano. En 2016, el país caribeño logró mantener el tipo con una producción media de 2.373 barriles diarios.

La primera reunión, este lunes, entre el Gobierno de Venezuela y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), estimada en unos 150.000 millones de dólares (unos 128.000 millones de euros), ha terminado sin propuestas concretas, según informaron a la agencia Reuters varios participantes del encuentro.

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, pero en los últimos años ha disminuido su rendimiento debido a la caída del precio del crudo en el mercado internacional y a unas instalaciones de extracción obsoletas.

A esta baja de producción petrolera se suma la detención de un viceministro venezolano y de nueve directores de PDVSA por supuestamente haber alterado las cifras de producción de crudo, informó la Fiscalía este lunes.

 

  
      
      

 

 


 

Negociación sin avances

 

La reunión entre el gobierno venezolano y tenedores de bonos de la deuda externa terminó ayer sin acuerdo, en el primer paso del presidente Nicolás Maduro para una renegociación en busca de mejores condiciones para futuros pagos de las acreencias, según fuentes vinculadas a la cita. Los tenedores de bonos y representantes de bancos de inversión acudieron al encuentro para escuchar una propuesta de renegociación de la deuda, luego que Maduro dijera que buscará un acuerdo para mejorar las condiciones de pagos futuros, aunque negó que el país haya entrado en un default. A la reunión a puertas cerradas no acudió el total de los 414 inversionistas que poseen bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA, pese a que Maduro adelantó que asistirían todos. El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami encabezó la comisión oficial que dio la bienvenida a los tenedores de bonos y resaltó que Venezuela ha honrado “a cabalidad” sus compromisos. Sin embargo, señaló que la situación económica ha cambiado. “Hay un bloqueo económico para ahogar a la economía venezolana. Hoy Venezuela está limitada para buscar financiamiento y debemos plantear nuevas fórmulas para salir de esta situación”, señaló El Aissami.Asimismo, señaló que en los últimos 36 meses el gobierno venezolano pagó 73.539 millones de dólares en compromisos externos. Al finalizar el encuentro en el Palacio Blanco, vecino a la casa de gobierno, representantes del gobierno dijeron que se emitirá una declaración para definir los siguientes pasos. El monto a refinanciar por la deuda convertida en papeles de la república y de la petrolera estatal PDVSA es de más de 90.000 millones de dólares, alrededor de la mitad del total de la deuda externa.Entre los acreedores figura el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, con papeles por un total de 2.070 millones de dólares, seguido del fondo de inversiones BlackRock, con 1.790 millones.

 

 

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Xi Jinping y Rafael Correa, en Quito en 2016. AFP

 

El país asiático entregó al Gobierno de Correa más de 11.000 millones de dólares en préstamos a cambio de la adjudicación de casi 200 proyectos

 

Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana.

Un centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones.

Las estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a las contratistas de Beijing. Pero solo miden entre 2014 y 2017 y esa cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta 11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde 2010 para levantar infraestructura, según publica el diario El Universo en colaboración con las plataformas de investigación periodística de International Center for Journalist y Connectas. El 60 % de esos contratos se destinaron al sector energético y solo en los 48 contratos principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300 millones de dólares.

A raíz de los casos de corrupción destapados con Odebrecht -responsable de una de las ocho hidroeléctricas- y de la empresa pública de petróleo Petroecuador, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra cuatro de las seis empresas públicas chinas que han acaparado la obra pública ecuatoriana. La sospecha de las autoridades es que, como en los otros casos, se haya intermediado con sobornos la negociación de los préstamos y las adjudicaciones de los proyectos. Es lo que había asegurado el delator de Odebrecht, José Conceição Santos, durante su declaración en la instrucción fiscal.

El embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, reclamó pruebas antes de que se emborronase con acusaciones de corrupción el legado que las cuatro empresas -Sinohydro, China International Water and Electric Corporation, Harbin, Gezhouba y el consorcio China Communications Construction Company- han construido en Ecuador en los últimos años. Recordó que su Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio en el que se instalan.

Como con Odebrecht, el Gobierno ecuatoriano asignó a dedo la mayoría de los contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48 proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso ya que la legislación permite aplicar un régimen especial cuando se trata de empresas públicas de otro país. Y en 31 de ellos, el Gobierno ecuatoriano ofreció beneficios tributarios y fórmulas de pago beneficiosas para sortear el régimen de impuestos. Se les aplicaba una reducción en el impuesto a la Renta y el Estado pagaba las facturas directamente en cuentas en China para que las compañías no tuvieran que asumir el Impuesto a la Salida de Divisas al enviar sus ganancias de vuelta a su país.

La Contraloría General del Estado tiene en su archivo informes pasados sobre contratos firmados con compañías chinas, contra las que, además, se han interpuesto desde 2010 un centenar de denuncias laborales y ambientales. El mismo Estado ha rescindido el contrato con la responsable asiática de dos de las hidroeléctricas por incumplimientos que han retrasado su construcción. De las ocho megaobras, solo tres estaban en operación a inicios de año pese a que debían estar generando energía eléctrica para exportar desde 2016. Tras el cambio de Gobierno en Ecuador, el nuevo ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena aseguró que dos de las pendientes estarían listas a finales de 2017 y una más en 2018.

Otra de las obras emblemáticas del régimen correísta encargada y con financiamiento del socio asiático, es la universidad de Yachay que estaba llamada a convertirse en la Ciudad del Conocimiento. El nuevo régimen detectó irregularidades y problemas de construcción irreversibles que han justificado la apertura en la Contraloria de siete auditorías sobre las obras, pero también sobre las inversiones y los créditos internacionales.

Siete años después de que se firmara el primer convenio de financiación con China, Ecuador acumula decenas de obras de infraestructura con sello asiático pero también ha ido aumentando la deuda con el país. Al final del mandato de Correa, había un pendiente de 8.000 millones de dólares que equivale un 85 % de la deuda externa bilateral total. De las cinco líneas de crédito abiertas con entidades financieras chinas, 7.000 millones de dólares se pagarán con venta anticipada de petróleo, a través de la petrolera estatal Petroecuador y de las asiáticas Petrochina y Unipec. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está buscando ahora renegociar los compromisos de preventa de crudo porque, según los términos acordados, están ocasionando perjuicios al Estado ecuatoriano.

 

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