MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Duque ve insuficiente la liberación de seis secuestrados para reanudar el diálogo con el ELN

El presidente colombiano exige a la guerrilla "la suspensión de todas las actividades criminales"

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande Colombia después de la desmovilización de las FARC, liberó este miércoles a seis personas secuestradas la primera semana de agosto. Se trata de un grupo formado por tres militares, dos contratistas y un policía. Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que participó en el operativo. "Hoy en Chocó acompañamos la comisión humanitaria que facilitó la liberación de seis personas que estaban en poder del ELN desde agosto. Nos alegra saber que pronto podrán reencontrarse con sus familias", informó. La entrega se realizó en uno de los departamentos de la costa del Pacífico donde la organización insurgente sigue cometiendo secuestros y atentados.


Esta liberación era precisamente una de las condiciones condiciones centrales que el presidente colombiano, Iván Duque, fijó para reanudar el diálogo, que el pasado mes de mayo se trasladó a La Habana (Cuba), tras más de un año de conversaciones celebradas en Quito (Ecuador) sin apenas avances. El mandatario celebra el gesto del grupo armado, sin embargo, no lo considera suficiente para volver a negociar. "Si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el Gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados", enfatizó en un acto con jueces. Exigió al ELN que "informe con precisión del estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas" y agregó: "Si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales".


La brújula de Duque en este proceso difiere de los principios empleados por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este aceptó negociar "en medio del conflicto", lo que él mismo bautizó como doctrina Rabin, en referencia al ex primer ministro israelí. El actual Ejecutivo, que asumió las riendas hace poco más de un mes, lo rechaza. "Si no empezamos por ahí", continuó Duque incidiendo en sus peticiones, "lo que terminamos es validando la violencia como un medio de acceso a la negociación con el Estado. Ese ha sido un error histórico que se ha cometido en Colombia, pero no estoy aquí para reprocharlo". Con esta aproximación, si el ELN no cede y accede a dar los primeros pasos hacia una desmovilización, es posible que las conversaciones, que por el momento se encuentran aplazadas sin fecha, queden definitivamente atrás.


La organización guerrillera liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, todavía hay algunas personas en su poder y, sobre todo, esta guerrilla, que cuenta con alrededor de 1.500 hombres armados, continúa perpetrando ataque contra las autoridades. Según un informe realizado por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en los últimos 17 mese, durante esa negociación que durante el mandato de Juan Manuel Santos se desarrolló "en medio del conflicto", se registraron 462 acciones del ELN y 148 atentados contra las infraestructuras petroleras que causaron alrededor de 100 muertos.
A los episodios de violencia se añaden los problemas habituales de control jerárquico de este grupo, menos cohesionado que las FARC y todavía dependiente de una lógica bélica. Nació en 1964 -al mismo tiempo que la antigua guerrilla- con una ideología que en sus inicios trató de fusionar postulados del cristianismo y del marxismo, aunque con el paso del tiempo el pretexto ideológico quedó difuminado. Actualmente, opera en un contexto en el que se disputa el control de algunos territorios rurales y de la producción de hoja de coca con otras bandas armadas y mafias de narcotraficantes.

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Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

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Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enEdición Nº242
Martes, 29 Noviembre 2016 10:10

Destellos y penumbras, con retos 2017

Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 16:18

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enEdición Nº230
Viernes, 24 Julio 2015 10:58

¿Rumbo al cese bilateral de fuegos?

¿Rumbo al cese bilateral de fuegos?

En medio de un clima caldeado para los diálogos de paz que cursan en La Habana, producto de presiones de la oposición política, de funcionarios públicos como el Procurador y de una cascada de ligerezas de los opinadores de oficio, el presidente Juan Manuel Santos habló al país el pasado domingo 12 de julio, en lo que puede interpretarse como una respuesta "formal" al anuncio de las Farc de decretar un cese unilateral al fuego a partir del 20 de julio.

El discurso presidencial sostuvo los argumentos mantenidos a lo largo de los tres años de diálogo con la insurgencia: insistió en afirmar como acertado no haber desarrollado el proceso en medio del despeje, en que no se está negociando el sistema económico nacional, la propiedad privada, el futuro de las Fuerzas Armadas o cualquier otro tema que altere la actual estructura de la nación. El mandatario dijo que 'no podía permitir el fortalecimiento político ni militar de la guerrilla, o que dilataran las conversaciones', por lo cual, y para lo cual, 'decidió negociar en el fragor del conflicto, una decisión, sin embargo, bastante costosa en términos humanitarios'.

La posición del Ejecutivo es ambigua porque, de un lado, necesita contener las fuerzas más conservadoras, renuentes a que el país experimente el más mínimo cambio, anhelantes de que nuevamente Colombia esté regido por principios totalmente confesionales y, del otro, porque entiende que pactar la paz en medio de una ascendiente beligerancia no es práctico desde ningún punto de vista, pues cuando los contendientes deciden dialogar es porque, una o las dos partes, valoran que la continuación de las hostilidades es negativa. ¿Para qué, entonces, profundizar más lo que a través de una solución negociada desea evitarse?

De esta manera, y más allá de los gritos destemplados de la prensa oficial ante los resultados de la ofensiva de las Farc, luego que levantara su primera tregua unilateral, quedó probado que continúa con capacidad de daño, de ahí que alargar el conflicto en una coyuntura como la actual justo cuando el país muestra una debilidad económica sustantiva por el desplome de su sector externo, no parece el mejor camino.

Lo pactado y lo que falta por acordar en la mesa

"Lo que falta es el tema más complejo que es lograr el máximo de justicia que nos permita la paz. Este es el punto que va a definir si hay o no paz, ¡tenemos que superarlo!, ese es el reto. Si llegamos a un acuerdo sobre ese aspecto de la justicia, podremos decir, sin lugar a dudas, que estamos del otro lado", planteó Santos Calderón al referirse al acuerdo sobre Justicia, el que comenzó a tratarse en la mesa de conversaciones de La Habana en el ciclo 38, abordando el ítem del sometimiento a la justicia por parte de las Farc una vez puestos en marcha los procesos de eventual desmovilización y desarme de la organización insurgente. Y es crucial, porque es una de las temáticas donde más han enfatizado los sectores conservadores, que no sólo quisieran un cese de los fusiles sin el más mínimo cambio en el país, sino que también aspiran a ver tras las rejas a los insurgentes, como si de combatientes vencidos se tratara. La transformación de la guerrilla en una fuerza política con alguna importancia, es lo que quieren evitar a toda costa, con el argumento insistente de la derecha de que "no puede haber paz sin justicia".

Es bueno recordar aquí que durante el tiempo trascurrido de diálogos, tres acuerdos están ya suscritos: desarrollo rural, participación política y lucha contra drogas, que no tendrían ninguna posibilidad de ser llevados a la práctica con algún éxito si los dirigentes de la insurgencia tienen que estar tras los barrotes.

El mandatario sostuvo la voluntad de acelerar las conversaciones para llegar cuanto antes al fin del conflicto. Informó a su vez que los negociadores en La Habana iniciaron un plan de trabajo que pretende llegar en la mayor brevedad posible al acuerdo sobre los puntos pendientes de la agenda. Su discurso dejó entrever la posibilidad, anhelada por muchos, del cese al fuego bilateral y definitivo. Al referirse a este último aspecto señaló: "[...] Y decidieron avanzar también sin demoras (los delegados en la mesa de negociaciones) en la definición de los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitiva, y de la dejación de armas, todo esto con un sistema de monitoreo y verificación con presencia internacional". En procura de ello, el exministro del trabajo uruguayo José Bayardi, fue delegado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay como el encargado de dirigir la discusión e implementación del sistema de monitoreo que llevará a cabo la subcomisión de la mesa de negociación encargada de desarrollar el tema1.

¿Es realmente un cese al fuego bilateral?

El mandatario nacional habló de la necesidad de bajar la intensidad a la confrontación: "[...] es urgente desescalar el conflicto, reducir la intensidad de la guerra, porque hemos venido hablando en medio de la guerra pero los colombianos cada vez entienden menos que en La Habana se hable de paz mientras en Colombia continúan los ataques y los muertos. Hay que comenzar a frenar ¡ya! la muertes, la destrucción y el dolor que deja cada día este enfrentamiento absurdo [...]". Sobre el accionar de las Farc se pronunció diciendo que si suspendían su ofensiva contra "el país", como lo anunciaron con el cese al fuego unilateral e indefinido que empezaría el 20 de julio "[...] nosotros también estaremos dispuestos a desescalar las acciones militares". Aunque pase desapercibida, esta afirmación es la primera que se efectúa desde el inicio de los diálogos de paz a finales del 2012, en el sentido de que la Fuerza Pública pudiera reducir la intensidad del conflicto en respuesta a la voluntad insurgente de enfriar la confrontación. Sin embargo, Santos fue vehemente al insistir "Este desescalamiento ¡no es!, repito ¡no es! un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo".

Con estas palabras el Ejecutivo reconoce dos cosas: primera, lo ilógico de aumentar las acciones ofensivas sobre quienes dan muestras de querer dialogar y, segundo, que la confrontación no es un paseo de salud, sino un conflicto cruento y destructivo. Reconocer que la guerra debe humanizarse es reconocer que el contendiente tiene estatus de beligerancia y que, más allá de no aprobar su accionar sí se reconocen sus motivaciones políticas. Desconocer por completo la naturaleza y las razones de aquellos a quienes se confronta, es imposibilitarse para dar fin a la confrontación, y es esto lo que jamás ha percibido el establecimiento, que cree que con gritos histéricos y adjetivaciones soluciona el problema.

Un pulso que al interior del establecimiento aún está vivo, de ahí que las reacciones ante la posibilidad, así sea lejana, de un cese bilateral del fuego, no tardaron: el innombrable se pronunció el martes 14 de julio vía twitter: "En Cese Bilateral –inconstitucional– las FFAA no sabrán si quien delinque es FARC, ELN u otro grupo terrorista". El Procurador General de la Nación puntualizó: "La Procuraduría lo había referido, que todo iba hacia el cese bilateral, que iba a ser otro cambio de posición del Gobierno en estas largas conversaciones. El Gobierno inicialmente había dicho lo que debía decir, que no habría cese bilateral antes de la firma del acuerdo, lo reiteró durante dos años y medio y hoy nuevamente cede ante las exigencias de las Farc, así como ha cedido en otras exigencias"2. En sentido diferente sentó posición la candidata a la Alcaldía de Bogotá Clara López Obregón el 13 de julio vía twitter "El llamado de múltiples sectores sociales y políticos, así como la comunidad internacional ha sido escuchado. Gana la sensatez, gana la Paz". El senador Iván Cepeda Castro dijo por el mismo medio el 13 de julio: "Anuncio es un paso fundamental hacia la búsqueda de paz".

Así las cosas, y más allá de lo que digan unos u otros, lo cierto es que cesar las acciones ofensivas no riñe con el orden constitucional, pues así como el Estado suspendió las órdenes de captura y los procesos judiciales seguidos en contra de los negociadores de los alzados en armas, no atacar a las fuerzas insurgentes no es sinónimo de no proteger el territorio nacional. Las fuerzas militares perfectamente pueden reservarse el derecho de intervenir sólo si se presentan acciones ofensivas de sus enemigos, y permanecer expectantes si estos se mantienen pasivos.

¿Por qué es conveniente lograr un cese al fuego entre ambas partes?

Las Farc declararon un cese al fuego unilateral a partir del 20 de diciembre del 2013, el cual llegó hasta el 22 de mayo del 2014 cuando en bombardeos a un campamento del frente 29 en Guapi (Cauca) perdieron la vida 26 guerrilleros, motivo por el cual la guerrilla decidió suspenderlo. Para entonces, y desde el 14 de abril, el ambiente político y militar estaba caldeado producto de la muerte de once militares, por parte de los alzados en armas, en la vereda El Porvenir, municipio de Buenos Aires (Cauca).

A pesar de las circunstancias que originaron la ruptura del cese al fuego unilateral, distintas organizaciones reconocieron una notable disminución de las confrontaciones armadas y de sus víctimas: una reducción del 85 por ciento de las acciones ofensivas por parte de las Farc, del 73 por ciento de las muertes civiles, reducción del 64 por ciento de las muertes de la Fuerza Pública y del 55 de los combates con las Farc3. De acuerdo al semanario No. 18 del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), las violaciones al cese al fuego unilateral se concentraron en departamentos donde las Farc tienen arraigo histórico: Caquetá (4), Cauca (4), Putumayo (1), Chocó (2), Antioquía (2), Arauca (1), Guaviare (1), Huila (1), La Guajira (1), Nariño (1) y Tolima (1).

El cuarto informe de Veeduría al cese unilateral al fuego declarado por las Farc Ep4 había informado, un mes antes de que se precipitara la ruptura, que "De todas maneras los resultados del cese unilateral son los mejores que la alternativa a que no se desarrolle. Un cotejo de datos realizados por el Frente Amplio permitió proyectar con base en los resultados de los años 2009 al 2011 (años en que aún no había negociaciones) que aproximadamente 160 integrantes de las fuerzas armadas habrían perdido la vida y que alrededor de 1000 estarían heridos, si no estuviera en desarrollo la actual fórmula de cese unilateral".

La coyuntura bajo la lupa

No existen elementos de juicio para asegurar que la nueva disposición que exhibe el discurso del Presidente corresponda efectivamente a un cese al fuego bilateral concertado entre las partes. Sin embargo, la nueva posición del mandatario puede valorarse como un avance sin precedentes en el escenario de los diálogos de paz, pues podrían ser amplios los alcances que esta nueva postura política pudiera generar en términos del enfriamiento de la confrontación, de la distensión de la opinión pública nacional y de la reducción del número de víctimas civiles y militares. Por primera vez en el proceso de negociación se vislumbra el inicio del camino al silenciamiento de los fusiles, siempre enredado en los vaivenes de la confrontación. En esta nueva etapa, el ejercicio responsable de la comunicación es imprescindible para bajarle el volumen a los sectores de la política nacional que persisten en relacionar este tipo de posiciones del Estado con la derrota del Gobierno, y el otorgamiento excesivo de privilegios a la guerrilla. Los medios de comunicación deben evitar seguir contribuyendo a polarizar a la población en torno a la negociación. Los intereses particulares de sus propietarios deben quedar a un lado y priorizar los del país.

 

 

Responsabilidad que pasa por dimensionar el costo real de la confrontación en vidas e infraestructura, con lo cual las llamadas clases medias y las élites de las grandes ciudades podrían dejar de vivir el conflicto como si sucediera en un país lejano. Los costos de cincuenta o más años de guerra son inmensos y la academia se muestra indiferente a tratar el tema con el interés y la profundidad que merece. Si nos aproximáramos a las cifras del conflicto e hiciéramos una labor pedagógica con sus resultados, seguramente que los guerreros de coctel y de corbata no sólo perderían legitimidad sino que serían considerados como lo que en realidad son: auténticos necrófagos.

Giro que es posible dar ya que los efectos positivos de un cese de fuegos, así haya sido unilateral, mostró sus ventajas. En efecto, las mediciones del conflicto registradas en el período que duró la decisión política y militar tomada por las Farc permiten ser optimistas en torno a los resultados de un eventual cese al fuego bilateral entre las partes, meta final de un largo y complejo proceso que comienza a ser transitado con el anuncio del desescalamiento del conflicto que está en gestión entre las partes.

Los diálogos entran en un periodo bastante sensible que urge de prudencia y mesura tanto en el terreno de la confrontación militar, como en el terreno de la opinión pública, pues el reloj del plazo de 4 meses establecido por el Presidente ya ha comenzado su cuenta regresiva. Plazo que no comprende un ultimátum a las negociaciones, sino a la materialización de resultados que muestren convincentemente que una salida negociada a la guerra es en verdad posible.

1 El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay informó a través del comunicado de prensa No. 56 del 2015 la respuesta del Gobierno uruguayo al Comunicado Conjunto No. 55 de la mesa de conversaciones en La Habana en la que solicitan un delegado de la presidencia de UNASUR en los siguientes términos "Al respecto, el Gobierno uruguayo propondrá a la persona del Doctor José Bayardi, ex Ministro de Defensa Nacional, quien cuenta con una amplia experiencia y reconocida trayectoria en tareas de mantenimiento y consolidación de la paz, para cumplir con la labor solicitada." http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;uruguay-reitera-su-compromiso-con-el-proceso-de-paz-en-colombia-30381;3;PAG;
2 El país. http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/debe-cesar-toda-accion-armada-farc-procurador . Julio 13 del 2015.
3 Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac). Semanario de análisis en seguridad. Número 18. Mayo 16 a 22. Año 2015.
4 Frente Amplio por la Paz y la Justicia Social. Cuarto informe de Veeduría al cese unilateral al fuego declarado por las Farc Ep. Abril 23 de 2015.

Publicado enEdición Nº 215
¿Justicia para la paz o impunidad para mantener el status quo?

Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas, sin contemplar la desmovilización o depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, sino para la perpetración del statu quo y la violencia estructural.

 

Si así es, la paz integral implica que todos los responsables de crímenes internacionales contra la población colombiana sean sometidos a un proceso de justicia transicional, implementando al mismo tiempo las medidas indispensables para superar las causas estructurales que desataron y han alimentado la violencia que por varias décadas ha padecido el país.

 

Hay un sueño colectivo posible y, es lograr una Colombia nueva sin guerrillas, sin paramilitares y con una fuerza pública depurada, totalmente ajena al crimen, que nos lleve a un escenario de pos-conflicto, permitiéndonos en un futuro no lejano alcanzar la paz con justicia social. Se trata, ni más ni menos, de romper en dos la historia de la violencia en Colombia, para consolidar la democracia, la justicia social, la vigencia plena e integral de los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos.

 

¡Vaya paradoja! Estamos ante una posibilidad y una realidad tangibles, sin embargo, lo que prima en el debate público es exigirle a las Farc la desmovilización sin mayores reformas; que sus comandantes vayan a la cárcel y que renuncien a la participación política. El uribismo y el Procurador han ganado mucho terreno en esta perspectiva, y con las mayores dosis de cinismo reclaman el sometimiento de los comandantes guerrilleros a la justicia, mientras propician la impunidad de los criminales de Estado.

 

Es una pretensión que rompe lo posible y aleja al país de su sueño colectivo. Lo cierto es que en todo proceso de terminación de una dictadura o de conflicto armado a través del diálogo y la negociación, suelen pactarse distintas formas de impunidad, a través de la llamada justicia transicional, mediante la cual unos y otros aceptan ciertas formas de verdad, de justicia y de reparación. No hay modelos óptimos, y muchas experiencias han demostrado que las víctimas terminan siendo limitadas en sus derechos, cuando no la sociedad en su conjunto, que termina asimilando que en aras de la paz, los actores de la guerra gocen de distintos privilegios, los cuales serán más o menos amplios según lo determine la correlación de fuerzas1.

 

Que los actores armados pretendan la impunidad total frente a sus crímenes y quieran imponerlo en una mesa de negociación es comprensible, porque es muy difícil que quien no fue vencido en combate ni sometido por el adversario, acepte como culminación del proceso irse a prisión. Lo que resulta cuestionable, es que la sociedad, o las comunidades que han sido afectadas en la vulneración de sus derechos más fundamentales, terminen aceptando que en aras de rendir el poder de las armas, sus verdugos escapen a la justicia, no tengan que redimir sus crímenes, ni pedir perdón, ni reparar a las víctimas. Esta opción, no deseable, impide transitar a escenarios de no repetición de los crímenes causados por las múltiples violencias (estatal, paraestatal, insurgente).

 

Frente a los procesos de la justicia transicional, los retos de una sociedad consciente de sus derechos, para no hipotecar su futuro a la fuerza de las armas, ni dejarse arrinconar por los crímenes y el terror, debe lograr la mayor suma de verdad, de justicia y de reparación integral como garantía de no repetición del pasado violento. Frente a las negociaciones, la sociedad y en particular las víctimas tienen derecho a participar y exigir el respeto de sus derechos, ante las decisiones que les reconozcan, limiten o nieguen.

 

Posbilidad que tiene historia. En nuestro país, los conflictos armados terminaron saldados, mayoritariamente, a través de pactos que concluyeron con amnistías o indultos –63 indultos y 25 amnistías desde 1820 hasta 20112–. Podría afirmarse que la ausencia de una movilización adecuada de la sociedad en defensa de sus derechos y en construcción de la democracia, es lo que permitió la cíclica reproducción de los escenarios de la violencia.

 

Insistimos: "la paz no puede circunscribirse a la desmovilización de un solo actor armad., La paz que requiere Colombia implica la depuración profunda de la fuerza pública, el desmonte de las nuevas estructuras paramilitares y el sometimiento a la justicia de los poderes económicos y políticos que sembraron el país de violencia".

 

El país no resiste otro exterminio como el genocidio del movimiento gaitanista o el de la Unión Patriótica, hay necesidad de cambiar la cultura política de exclusión violenta de los que opinan diferente al establecimiento.

 

Si bien es cierto que en Colombia todos los actores armados (estatal, paraestatal, insurgente) han cometido crímenes de carácter internacional, a la hora de establecer las responsabilidades históricas frente a los mismos, con las consecuentes cargas de responsabilidad política y penal, no pueden admitirse tratamientos simétricos.

 

Del Estado

 

En primer lugar el Estado, que se pretende legítimo, con un orden constitucional y legal que tiene como presupuesto de la convivencia pacífica el respeto de los derechos humanos y el deber de garante a través de sus autoridades, en particular con el poder depositado en la fuerza pública. El mismo no puede pretender, que frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, –que constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y prácticas de terrorismo estatal–, ser tratado de manera idéntica a cualquier actor armado de carácter irregular.

 

Por otra parte es obligatorio indicar, con toda claridad, que todo ser humano tiene derechos y obligaciones frente al Estado y para con la sociedad, pero quienes ejercen cualquier función pública son responsables, tanto por acción como por omisión, en el cumplimiento de sus responsabilidades, máxime si se trata de quienes utilizan las armas en defensa de un orden constitucional y legal. Una sociedad no puede permitir que la responsabilidad del Estado sea rebajada al nivel de cualquier organización armada irregular. La que así lo acepte, o bien es una sociedad con gran debilidad política y poca conciencia de sus derechos, o moralmente está enferma o bien es una sociedad sometida por el terror.

 

El Estado y las máximas autoridades civiles y militares que faltan a su deber de garante, no solamente comprometen la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos, sino también que también comprometen su responsabilidad penal cuando promueven, toleran o aceptan que en aras de "combatir al enemigo armado interno" se perpetren crímenes de carácter internacional o, incluso, cuando tienen el deber de prevenir y sancionar dichos crímenes terminan promoviendo políticas o leyes que empoderan más a los verdugos.

 

El delito común y el político

 

En segundo lugar, el "tratamiento diferenciado" impone reconocer la distancia existente entre el delito político y el delito común.

 

La Corte Suprema de Justicia señaló, en una de sus sentencias relativa a los crímenes cometidos por el paramilitarismo, que la finalidad del delito común cometido por la delincuencia organizada y mediante "la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios"3. Los delitos comunes –a diferencia de los políticos– no están dirigidos contra el Estado, no pretenden subvertir el orden político, ni tienen fines altruistas. El tratamiento punitivo es diferente porque tales delitos no pueden ser objeto de amnistía ni indulto y, en consecuencia, el "perdón de la pena, así sea parcial, por parte de autoridades distintas al Congreso o al Gobierno, autorizado por la ley, implica un indulto disfrazado"4.

 

Por su parte, el delito político "tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir"5.

 

Verdad y justicia, ¿qué tanto sacrificarse en aras de la paz?

 

En tercer lugar, de los casos documentados de violencia sociopolítica en Colombia, la mayor responsabilidad es del Estado, porque a menudo ha actuado como una institución infractora y terrorista. Las cifras de responsabilidad criminal frente a la violencia sociopolítica y del conflicto armado interno comprometen, en primer lugar, a las fuerzas armadas y los grupos paramilitares promovidos por las primeras como estrategia de "guerra sucia". El paramilitarismo es un producto espurio del establecimiento y del Estado que ha minado su legitimidad, convirtiéndose en uno de los principales factores de reproducción de la violencia política y social en Colombia6.

 

La impunidad con que aún se cubre a los determinadores de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad, no puede resolverse en una mesa de negociación con las guerrillas con un "borrón y cuenta nueva"; para que la paz tenga perspectiva y estabilidad es obligatorio desmontar al tiempo las prácticas del terrorismo estatal y paramilitar, al igual que depurar profundamente al Estado de agentes involucrados, por acción u omisión, en crímenes internacionales.

 

De acuerdo con las cifras de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la Unidad de Víctimas del Estado colombiano7 registra a abril de 2015, con ocasión del conflicto armado y solamente desde el año de 1985, para hechos que serían de su competencia, más de siete millones de víctimas.

 

Estas cifras están basadas en hechos denunciados por las propias víctimas, no cuentan el registro de la violencia desatada con el exterminio del movimiento gaitanista en 1946, recrudecida con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, ni las cifras que recoge el Centro de Memoria desde el año de 19588, que reconoce a su vez son un sub registro de la realidad. Lo que demuestran la dimensión de estos hechos de violencia y de barbarie, es que Colombia ha padecido –y padece– uno de los peores escenarios de atentados a la vida y a la integridad personal en el mundo, que sumadas las víctimas de todas las dictaduras militares y de todos los conflictos armados en Centroamérica, Colombia los sobrepasa en todos sus registros.

 

La acción de la justicia para prevenir y sancionar estos crímenes ha sido casi, totalmente, ineficiente, al punto que aunque la Fiscalía General no reconoce un colapso de la administración de justicia, sí ha venido promoviendo la priorización de casos como política institucional desde la Directiva 0001 de octubre de 20129.

 

Dicho lo anterior, debemos preguntarnos ¿qué tanta verdad y qué tanta justicia podrían sacrificarse en aras de la paz?

 

Aceptando en rigor democrático y de conciencia civil que no son equiparables los crímenes de Estado a los cometidos por las guerrillas, el primer deber de la sociedad es exigir la verdad plena frente a los crímenes promovido por el establecimiento. Develar las características y forma de actuar del establecimiento que ha utilizado el Estado en su propio beneficio, sembrando la guerra y la miseria en muchas regiones del país, es un imperativo para cualquier proceso de paz sólido.

 

Un Tribunal de Justicia para la Paz

 

Por otra parte, la sociedad colombiana debe exigir a las guerrillas que digan claramente la verdad frente a las personas que han privado de su libertad y que perdieron la vida mientras se encontraban en cautiverio. Las familias y la sociedad tienen el derecho irrenunciable a saber qué pasó con ellas, lo mismo frente a cualquier homicidio fuera de combate que hayan cometido.

 

Frente a la magnitud y gravedad de los crímenes cometidos, la justicia no puede ser sacrificada en aras de la paz. Conforme a la normativa internacional, sólo podrían ser objeto de amnistía e indulto los delitos políticos, los considerados en el Código Penal como rebelión, sedición y asonada, y los conexos a estos. El otorgamiento de un perdón a las guerrillas, debe comprender la complejidad del delito político frente a los hechos de guerra y sostenimiento de la misma, pero debe excluir los eventuales crímenes de carácter internacional que pudieran imputárseles.

 

Pretender sólo la desmovilización de las guerrillas, incluso con fórmulas jurídicas, aparentemente generosas, no constituye garantía de que no serían sujeto de persecución penal en el futuro, podrían llegar a ser tratadas con el mismo incumplimiento con que se trató a los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos –y estos se consideraban amigos del propio establecimiento que los promovió–.

 

Los miembros del establecimiento que reclaman sanción penal para los líderes guerrilleros deberían, en consecuencia, estar dispuestos a someterse a la justicia e ir a la cárcel. Por tanto, insistimos en que el país debe exigir el sometimiento a la justicia de todos los responsables de haber cometido crímenes de carácter internacional, como garantía de paz y de no repetición de los crímenes.

 

Por tanto, proponemos un Tribunal de Justicia para la Paz, de carácter mixto, teniendo encuentra las dificultades de pedirle a los insurgentes su sometimiento a la justicia ordinaria de un Estado al que han combatido durante décadas y tomando en consideración que, por regla general, la administración de justicia en nuestro país no ha contado con la independencia y la objetividad necesaria para investigar y castigar los crímenes de carácter internacional cometidos por agentes estatales, y los pocos casos tratados han significado la persecución de los operadores judiciales que han cumplido con su deber.

 

A este Tribunal llegarán los casos que priorice y seleccione la Comisión de la Verdad contra máximos responsables de crímenes internacionales, sean comandantes guerrilleros, agentes estatales o particulares que los hayan promovido o cometido; también podrán someterse voluntariamente todos aquellos que quieran contribuir a la paz, la dejación de las armas, la reconciliación nacional, la desmovilización de las guerrillas, desestructuración del paramilitarismo, de estructuras criminales al interior del Estado y de individualización de los actores privados, nacionales o internacionales, que hayan contribuido a la guerra, a las graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

 

Según el grado de aportes a la no repetición de los crímenes, satisfacción de los derechos de las víctimas y consolidación de la paz, quienes sean juzgados por este Tribunal recibirán penas alternativas, algunas de las cuales podrían ser de restricción de la libertad, como confinamiento territorial, detención domiciliaria, cárcel o trabajos comunitarios.
Insistimos: la sanción penal no puede ser simétrica y la impunidad relativa anunciada debe ser más drástica en sancionar a los promotores de los crímenes de Estado, y las inhabilidades políticas acordadas deben extenderse en primer lugar a estos.

 

Por ningún motivo, las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad y, en particular, a las víctimas.

 

* Presidente, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
1 Esto sucedió en los proceso de paz o fin de las dictaduras de Chile 11 de marzo de 1990, Sudáfrica 90-94, El Salvador 16 enero de 1992 en Chapultepec, México, Guatemala 29 de diciembre de 1996, Timor Oriental 20 de mayo de 2002, Angola 94-2002.
2 Mario Aguilera, Amnistías e Indultos Siglos XIX y XX, Revista Arcanos, noviembre de 2011, p. 14.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. Aprobado acta 117, Bogotá. 11 de julio de 2007, segunda instancia 26945 contra Orlando Cesar Caballero Montaño título V.1.1 punto 4.
4 Ibid.
5 Ibid. título V.1.1 punto 5.
6 Ver las declaraciones de "El Alemán", de "Pedro Bonito", de "Don Berna", Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares recogidas en http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4228-posible-paz-con-guerrillas-alborota-las-denuncias-de-los-paras/
7 http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
8 Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica presentadas en 2013, que reconoce son un sub registro de la realidad, en Colombia con ocasión del conflicto armado interno desde 1958, 220.000 personas fueron asesinadas, 16.340 fueron víctimas de asesinatos selectivos, se perpetraron 1.982 masacres, 25.007 habrían sido detenidas y desaparecidas, 27.023 secuestrados y se habría producido el desplazamiento forzado de 5.712.506 personas.
9 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/02/Directiva001.pdf

Publicado enEdición Nº 214
“La verdad es la pieza maestra que puede abrir una época histórica nueva en Colombia”

El filósofo y actual senador de la república por el Polo Democrático, Iván Cepeda, habló con desdeabajo sobre los temas centrales del proceso de paz en Colombia y del panorama regional y nacional de la izquierda.

Héctor Arenas (HA): Comencemos con la verdad. Existía una gran expectativa con el informe de la Comisión de Verdad que se presentó en La Habana, pero los medios masivos de comunicación no acompañaron la divulgación de algunas verdades esenciales que fueron reveladas en él, ¿qué opina sobre eso?
Iván Cepeda (IC). Coincido con el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y en con dicho por la propia delegación de las farc: la verdad es la pieza maestra que puede abrir una época histórica nueva en Colombia, porque, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más graves del régimen anti-democrático que hemos padecido en Colombia es esa sistemática desfiguración y ocultamiento de la realidad. La realidad del conflicto armado, la realidad del manejo del poder político y económico, nuestra historia toda está plagada de secretos celosamente guardados, que podrían estremecer los cimientos de la representación que tenemos de la realidad social del país.

I.C. Coincido con el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y en lo que ha dicho la propia delegación de las Farc; en que la verdad es la pieza maestra que puede abrir una época histórica nueva en Colombia, porque sin lugar a dudas uno de los aspectos más graves del régimen anti-demoratico que hemos padecido en Colombia es precisamente esa sistemática desfiguración y ocultamiento de la realidad.


La realidad del conflicto armado, la realidad del manejo del poder político, la realidad del manejo del poder económico, nuestra historia esta plagada de secretos, celosamente guardados, y que podrían estremecer los cimientos de la representación que tenemos de la realidad social del país.


Desde esa perspectiva, los mecanismos que diseña y que esta diseñando la Mesa de Conversaciones son fundamentales. Esta Comisión de Esclarecimiento Histórico del Conflicto y de sus Víctimas es novedosa, es una experiencia inédita en el proceso de escritura de nuestra historia y de las vicisitudes de la violencia en el país, porque es la primera vez en que realmente tenemos unas visiones contrastadas de la realidad del conflicto armado. No es la primera comisión que se ha creado, existen otras que se han hecho en distintos momentos de la realidad política del país, pero es la primera vez en que tenemos realmente dos visiones que tienen puntos contradictorios. Una, una visión ceñida al relato oficial que reproduce una serie de estereotipos que se han intentado convertir en el sentido común de la comprensión de nuestra historia del conflicto armado; y otra, una visión critica, una visión que no había sido protocolizada a través de una de estas comisiones de esclarecimiento, y es la visión en la cual aparecen elementos y importantes que han sido ocultados, negados, silenciados, desconocidos; reprimidos, sobre temas substanciales: la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado del colombiano, el papel de la economía política en el conflicto, el papel del Estado y la controversia sobre esa tesis de que el Estado colombiano es un Estado débil y que ha sido victima prácticamente de factores ilegales y de violencia, la visión mucho mas histórica y sociológica o social del fenómeno insurgente, el papel del campesinado y su rol histórico en Colombia, las discusiones sobre la violencia de estado, la criminalidad política; todos esos son aspectos que están ahí en controversia.


Y por esto es tan interesante este nuevo informe que se ha presentado al país y la manera como han reaccionado los medios ante el mismo. Los medios, que en Colombia han jugado un papel de ser transmisores de la ideología, de la visión de los círculos gobernantes y de las elites, por supuesto no han tenido mucho interés en que se popularice este informe. Pero, este es un primer paso, porque el segundo paso en esta dirección, de buscar que la paz se haga con verdad, es la creación de la Comisión de Esclarecimiento y no repetición, o sea la Comisión de la Verdad que está discutiendo en este momento la Mesa de Conversaciones, y que va a tener unas tareas colosales y también inéditas; al parecer se va a tratar de un ejercicio público en el que se va a tener que expresar todo lo concerniente a las responsabilidades y a la manera en como se han presentado los hechos de la violencia en el país; y por supuesto esa verdad hecha pública va a interpelar a sectores que han querido a toda costa negar siempre cualquier tipo de responsabilidad con lo que ha acontecido y que se han presentado más como víctimas, o como espectadoras de este conflicto. Así que esa comisión va a tener un papel clave, fundamental en el proceso de democratización y reconciliación en Colombia.
Igualmente el tratamiento del problema del paramilitarismo es un capitulo obligado del cierre del conflicto armado, y por supuesto de la creación de un mecanismo, que entre otras cosas comience por dejar muy firmemente establecida la responsabilidad sobre el fenómeno paramilitar y sobre la manera como ese fenómeno ha permeado a la sociedad colombiana.


Así que ese también va a ser otro mecanismo, pero no sé si integrado a la propia Comisión de la Verdad, o un mecanismo independiente de esa Comisión, pero que va a tener que jugar un papel también, es decir, una instancia, un órgano encargado de generar toda clase de estrategias para eliminar el fenómeno paramilitar y buscar su no repetición; así que ese también va a ser un momento clave.


E igualmente todos los mecanismos que se adopten en la mesa y todos los acuerdos relativos al punto de las víctimas y sus derechos. Así que para resumir esta idea, lo que podría ocurrir con los acuerdos de paz en Colombia, es que se desencadene un proceso no visto, inédito también, de expresión pública de muchos aspectos que se han guardado en el silencio y en la sombra con relación a la guerra que ha acontecido en el país.


H.A. Uno de ellos ha sido la intervención del Gobierno de los Estados Unidos en toda la región, en América Latina, y con especial fuerza en Colombia, por diversas circunstancias, ha sido determinante en nuestro devenir, pero este nivel de incidencia en los asuntos de nuestra población no se conoce....
I.C. Lo primero que considero se debe decir es que es sustancial la designación del señor Aronson como delegado del gobierno de Estados Unidos al Proceso de Paz, porque eso muestra el nivel de desarrollo del proceso, y se constituye en un paso esencial para que el acuerdo de paz pueda tener un contenido pleno y serio. Los Estados Unidos, no se puede desconocer, han sido parte de la confrontación en Colombia, este papel precisamente debe ser esclarecido, en distintas etapas, en todas las formas que ha acontecido, y el hecho de que el Gobierno Obama decida nombrar un representante en estas conversaciones muestra que tanto el proceso es considerado un proceso viable, serio, como también la disposición a discutir cuál va a ser la nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos en una eventual post guerra.


Ahora, las modalidades que adquieren estas conversaciones son reservadas, por lo menos hasta ahora, no podemos tener claridad sobre todos los alcances que tienen esas conversaciones, sabemos ya de algunos de los aspectos, pero seguramente en la reserva y en la confidencialidad de esas conversaciones habrá muchos temas relacionados con la realidad del país, con el manejo del problema del narcotráfico, con relación a cómo generar unas relaciones de respeto y de soberanía para Colombia, y también unas relaciones diplomáticas y de carácter político y económico con este país tan poderoso de nuestro hemisferio y de nuestro continente y, del mundo, que correspondan a una nueva situación en la que por fin exista punto final al conflicto armado.


Ahora, por supuesto, aquí no hay que llamarse a ningún tipo de ingenuidades: Estados Unidos sigue teniendo intereses geoestratégicos y económicos en Colombia, por supuesto que participa de este proceso de paz con la mira de sus propios intereses, pero en este caso creo que, repito, es necesario valorar esta designación, más porque está en contradicción con lo que quieren sectores militaristas y armamentistas en Estados Unidos, mas cercanos a lo que se llama el complejo militar industrial, que se expresan en el Congreso de Estados Unidos. Precisamente, a raíz de la visita que hizo Álvaro Uribe con algunos de sus colegas congresistas a Estados Unidos (en representación de su partido), se pudo evidenciar por lo menos una parte de ese sector guerrerista, algunos de los congresistas republicanos provenientes del estado de Florida, como el señor Marco Rubio, que considera que el Proceso de Paz es inconveniente, que no se está llevando de la forma en que ellos quisieran, y que no corresponde a ese esquema tan regresivo que se impuso en EE.UU. de la llamada guerra contra el terrorismo.


Así que, por supuesto, ahí en el plano internacional también se libra un intenso forcejeo o lucha por lograr que el Proceso de Paz sea objeto de respaldo, y yo creo que se viene avanzando en esa dirección, por eso, repito, hay que valorar esa designación, y así lo ha hecho la guerrilla de las Farc y así lo ha hecho la Mesa de Conversaciones.


H.A. Estamos a las puertas de un proceso de democratización represado desde el segundo lustro de los años cuarenta, ¿ hay un partido político alterno al bipartidismo y capaz de encarnar el decoro, la visión , la unidad que exige el horizonte inédito que se está abriendo paso en Colombia?
I.C. La finalización del conflicto puede desencadenar una apertura democrática. Creo que eso está reflejado en los alcances que tiene el acuerdo sobre el punto de apertura política y democrática, segundo punto que fue abordado en la agenda de La Habana. Podría ocurrir que la finalización del conflicto también implique una segunda transformación, es decir, no solamente de la guerra, a un estado de finalización de la misma, sino también de un estado anti-democrático a un estado en el que se construyan condiciones de vida política democrática, eso supone e implica múltiples cosas, no solamente el hecho elemental de que se deje de asesinar a los opositores políticos, y que se deje de perseguir con métodos ilegales, o también legales arbitrarios, a la oposición y a los movimientos sociales, sino, también implica la irrupción de nuevos actores y sujetos políticos en la escena del país.


En el segundo acuerdo de La Habana está prevista la irrupción en condiciones de equidad para los movimientos sociales, y para sectores que han sido históricamente perseguidos en las zonas rurales; implica la posibilidad de la participación equitativa en las justas electorales y en la vida pública, en los debates, en las decisiones; la constitución de nuevos mecanismos de participación, junto a los que quedaron plasmados en la constitución del 91, mecanismos que permitan una participación real de muchos sectores sociales.


Esto, por supuesto, siempre y cuando se cumplan los acuerdo, se respete la vida de quienes dejan las armas y se desmantele el paramilitarismo, como ya lo dijimos. Pero también implica el hecho de que se desencadena un proceso constituyente. –creo que es evidente que es necesaria una nueva institucionalidad para la paz, es decir que con esta institucionalidad que tenemos hoy no se puede construir un escenario político nuevo, porque las instituciones, sabemos, y lo hemos dicho y denunciado, están corroídas por la corrupción, por el clientelismo, por, precisamente, conductas y atavismos políticos anti-democráticos.


Entonces, en ese escenario nuevo, por supuesto, todas las organizaciones, los movimientos de izquierda y los nuevos movimientos deben buscar una convergencia, y deben protagonizar esos procesos democraticos; ya venimos viendo que aparecen nuevos factores políticos, venimos asistiendo al surgimiento de nuevas expresiones del movimiento social, como la Marcha Patriótica, El Congreso de los Pueblos, la aparición de La Cumbre Agraria, Ètnica y Popular, la configuración del Frente Amplio, la expresión unificada de los estudiantes a través de la Mane, la aparición del Movimiento Nacional Carcelario. En la marcha del pasado jueves nueve de abril fue impactante contemplar el surgimiento de Juventud Rebelde, y también la fuerza de las nuevas ciudadanías que la alcaldía de Gustavo Petro ha estimulado.


Todas esas son expresiones que se están anticipando desde mi punto de vista a una nueva realidad política, y, ya que se menciona al Polo que es el partido que tiene hoy representación parlamentaria, que ha cumplido un papel que a mi modo de ver no puede ser desconocido en estos años, y lo que pensamos ad portas del IV congreso nacional de esta colectividad, es que se debe producir en ese congreso un debate que concluya en una estrategia renovada del Polo para ponerse a tono con esta realidad de la que vengo hablando, es decir, del Polo volcado hacia la constitución de la paz, de los acuerdos de paz, hacia la congruencia de todos los sectores que pueden generar una transformación política, involucrado muy seriamente en un proceso constituyente, y, como lo han hecho hasta hoy, intrínsecamente ligado a las luchas sociales y populares, esa es a mi modo de ver la responsabilidad, pero también la oportunidad que tenemos que cumplir en este IV congreso; por supuesto habrá intensos debates sobre la visión que tenemos de la realidad política, pero yo creo que esta línea es la que debería primar.


H.A. La economía del narcotráfico. El país lleva décadas involucrando su economía en el narcotráfico, y uno diría que la captura del Estado, o de una buena parte del Estado por el narcotráfico, obedeció a esa realidad de base. ¿Como variar esta realidad si se mantiene la prohibición internacional?

I.C. Aquí es necesario profundizar en el acuerdo sobre el cambio de un paradigma en el tratamiento de la cuestión del narcotráfico. Esa es parte de la novedad que tiene los acuerdos a los que se ha llegado en La Habana. Implican, por una parte, un cambio de economía. El problema del narcotráfico no es un problema de derecho penal, o de una política criminal, sino que es ante todo una realidad económica, a la cual hay que responder con otra realidad económica.


La realidad económica con la que se debe responder a la sustitución de la economía del narcotráfico es la economía democrática, que es la que plantea el acuerdo de La Habana: una sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito por programas (que deben ser financiados por el Estado) con la construcción de infraestructura y con una reforma rural integral que acompañe ese proceso, esa es la solución del problema, o por lo menos parte de la solución.


La otra tiene que ver con la discusión de cómo cambiar ese esquema de política criminal por una política que cada vez se discute y se adopta más en el mundo, empezando por EE.UU. que es la de la legalización, o por lo menos, la de la despenalización progresiva de las drogas de uso ilícito, y también de un tratamiento en materia de salud pública, en materia de una política social destinada a resolver los problemas que ha generado el narcotráfico; y digo que hay que desarrollar esos acuerdos porque, en "el congelador" - como se ha llamado metafóricamente la figura donde están las salvedades que hay en la discusión de los acuerdos- está prevista la realización de la conferencia internacional para discutir no solamente estos temas, sino otros, como es el papel del capital financiero y de la banca en toda la economía del narcotráfico, y los problemas que tienen que ver precisamente con esa relación entre la política y el narcotráfico, todos esos asuntos que hacen parte de esta realidad.


H.A. Aparece ahí un tema que también es decisivo y que está en este momento en el escenario y es el tema de la justicia transicional.
I.C. Bueno, yo en este tema me atengo a la circunstancia de que es en La Mesa de Conversaciones de Paz donde se está desarrollando esta discusión y esta búsqueda de acuerdo, como se sabe La Mesa de Conversaciones realizó o auspició la entrega de propuestas desde las organizaciones de víctimas, desde las organizaciones de DD.HH., también desde grupos de expertos internacionales sobre esta materia, y hay toda clase de propuestas que se hicieron en los foros con la Universidad Nacional, y con las Naciones Unidas, que se hicieron a través del congreso y de las Mesas Regionales de Paz, miles de propuestas. También está la elaboración que hizo el Congreso y que tramitó la Corte Constitucional del llamado Marco Jurídico para la Paz; en fin, hay numerosas posiciones sobre este tema. Y por supuesto también la posición del Gobierno y de la guerrilla, la visita que hicieron las víctimas a La Habana, por lo menos unas muy representativas que presentaron allí también sus posiciones; así que tenemos un amplio conjunto de propuestas.


También tenemos una realidad, y es que el Estado colombiano ha aplicado una política criminal contra la guerrilla, en las cárceles de este país hay miles de combatientes de la guerrilla que están siendo procesados o que han sido condenados, y también, otro tanto hay miles de miembros de las Fuerzas Militares que están, por distintos delitos, acusados o condenados, especialmente por los mal llamados falsos positivos. Hay propuestas que se han hecho con relación a la responsabilidad de aquellos que precisamente todavía no han sido involucrados: los políticos, los empresarios, y hay también una discusión que, como dije anteriormente, se está haciendo sobre la Comisión de la Verdad.


Así que desde ese punto de vista confluyen múltiples dimensiones de esta discusión, que tendrá que plasmarse en el acuerdo al que llegue la Mesa de Conversaciones, y que tiene que ser un acuerdo satisfactorio, tiene que satisfacer a la sociedad colombiana, a las víctimas, tiene que satisfacer la propia visión que tienen los combatientes.


Así que para saber cuál será ese modelo de verdad, justicia y reparación creo que lo que se requiere ahora es trabajar, y creo que es en eso en lo que están trabajando las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno.


H.A. Ya que menciona el tema carcelario, sería valioso conocer las novedades que hay en ese ámbito en el que usted ha bregado tanto por lograr la defensa de los derechos elementales de la población reclusa.
I.C. Bueno, yo en esto acostumbro a referirme a esa idea de Foucault de que la cárcel es un espejo, una imagen que muestra la sociedad, es un microcosmos donde aparece claramente plasmada la tecnología del poder que se utiliza en una sociedad. Esa expresión de Foucault, quien escribió mucho sobre la realidad de las cárceles, nos lleva a pensar en cuál es el modelo de cárcel que se aplica actualmente en Colombia, y la realidad es que es un sistema vetusto, anacrónico, profundamente inhumano el que ha existido en Colombia, con grandes niveles de hacinamiento. Además, hacia el comienzo de este siglo, especialmente en el gobierno o en los gobiernos de Uribe- se vino a superponer una nueva realidad, que es el diseño de cárceles de EE.UU importado a nuestra realidad por el Plan Colombia.


Las cárceles llamadas Eron, es una sigla para estas nuevas prisiones, diseñadas con el propósito de convertirse en un mecanismo que tiene tres aspectos esenciales y que, a mi modo de ver, es el que plasma hoy la realidad de las cárceles en Colombia. Uno, la cárcel como tortura, como aparato destinado a denegar completamente todos los derechos y la dignidad de la persona, sea a través del hacinamiento, de la negación del servicio de salud, de los maltratos, de la forma en como se procesa al ser humano para hacer de su estadía en la cárcel una estadía lo más dolorosa, cruel e inhumana posible. Dos, la cárcel como sistema de información, es decir, convertir a la cárcel en una fuente de delación y de extracción de datos que le sirvan al Estado para desarrollar la confrontación armada o aspectos de la confrontación armada o también de sus políticas represivas de cara al resto de la sociedad. Y tres, la cárcel como un símbolo de sumisión o de búsqueda de dominación de la inconformidad social, y de la protesta social, y de la oposición política que es amenazada con la cárcel, y las prisiones. Así que ese mecanismo que se ha estructurado, es uno de los eslabones de esa cadena que especialmente se incentivó con la aplicación de la seguridad democrática y con las políticas posteriores al 11 de septiembre en Colombia. La realidad es que la cárcel en Colombia, las penitenciarias, son uno de los aspectos más preocupantes en materia de DD.HH. y que reflejan, repito, cuál es el estado general del tratamiento de los problemas y de los conflictos sociales en Colombia.


H.A. Es posible que nos brindes un horizonte temporal posible del Proceso de Paz es posible?
No soy amigo de hacer este tipo de cálculos, pero lo que sí se puede decir es que esos ritmos no son ni tan veloces como se quiere hacer ver, pero tampoco tan lentos como los enemigos del Proceso quieren hacer ver. Yo creo que La Mesa ha llegado a un punto de discusiones, de dinámica del trabajo, del método del trabajo que se está implementando, se está realizando, que permite avanzar de una manera eficaz y muy dinámica hacia un acuerdo general.
Sé que estamos en el momento en que se están discutiendo los temas más álgidos, pero también es evidente, y en esto hay que juzgar no por los discursos, sino por los hechos, que se está avanzando, que hay disposición y voluntad para hacerlo, y que tanto el Gobierno como la guerrilla han puesto 'todos sus restos en la Mesa', es decir, aquí ya es evidente que tanto el Gobierno como la guerrilla están apostando de una manera muy seria a la terminación del conflicto, y eso se evidencia por los múltiples gestos que ha emprendido las Farc, se evidencia también por las reacciones o muchas limitaciones que ha tenido el Gobierno; se evidencia en la creación de las subcomisiones que trabajan de manera paralela a la Mesa, se evidencia en que se están avocando los temas más difíciles sin traumatismos, es decir, está transcurriendo una deliberación sobre estos temas de una manera serena, independientemente de los sobresaltos que generan declaraciones públicas y de todas las circunstancias que pueden haber paralelamente a las discusiones que se están dando.
Pero bueno, para responder a tu pregunta como tal, yo diría que no está a la vuelta de la esquina, pero tampoco creo que el Proceso vaya más allá de los primeros meses del 2016, es mi opinión y es además lo que yo considero, digamos, puede soportar el proceso mismo.


H.A. ¿...y la inclusión del ELN?
I.C. Ese es el aspecto tal vez más preocupante de todo este Proceso de Paz, el hecho de que no comiencen todavía esas conversaciones... Yo creo que es urgente, imperativo que comiencen. Y como siempre lo hago aprovecho también esta entrevista para reiterar el llamado al Gobierno y al ELN a que cuanto antes comiencen este proceso de conversaciones, que no son conversaciones fáciles, que no están exentas de problemas, de dificultades, pero que deben de fortalecer y complementar el proceso que se está dando con las Farc.


H.A. Hay una pregunta con la que me gustaría cerrar y es la siguiente: En América Latina hay un mosaico de una nueva dirigencia de izquierda. Está el ejemplo del presidente Mujica, que es un referente de las juventudes, está Correa, está lo que está pasando en Bolivia, que también es muy interesante, con unos avances legislativos en los que por ejemplo se reconoce el carácter viviente de la Madre Tierra, y uno te ve a ti y a Alirio Uribe como hombres que encarnan esos valores, llamémoslo del post acumulación, de una sociedad post capitalista, con una extraordinaria laboriosidad y un proceder decoroso que infunde animo y formidable aliento ¿cómo contemplas tu oficio en este escenario latinoamericano y colombiano?
I.C. Yo creo que en general nosotros debemos hacer mayores esfuerzos para integrarnos a toda esa corriente política novedosa y tan importante que se está dando en nuestro vecindario, no solamente por razones de profunda convicción política y ética, sino porque eso es estar a la altura de la historia, más cuando se denuncia que hay un intento de lo que se ha llamado una restauración conservadora, es decir, de una mimetización de la derecha y de la extrema derecha que busca con métodos un poco más matizados y discretos, pero igualmente violentos y reaccionarios, echar al traste esos procesos.


Entonces aquí la solidaridad no debe ser simplemente de palabra y simbólica, la mejor contribución que nosotros podemos hacer a ese contexto latinoamericano es culminar de manera exitosa esta tarea del Proceso de Paz; y también denunciar y desenmascarar a los sectores de la extrema derecha que utilizan a Colombia como un trampolín para intervenir e intentar desestabilizar los procesos políticos en Venezuela, por ejemplo. Toda esa animadversión que se quiere generar en torno a Nicaragua, desde Colombia, e incluso esa intención cada vez menos velada de generar una situación muy conflictiva. Así que nuestro deber, nuestro imperativo es también enfrentar esas fuerzas no solamente desde nuestra perspectiva doméstica, sino también como parte de una contribución a que se fortalezca el proceso de integración entre los pueblos y los gobiernos progresistas de América Latina.


H.A. Hay una tarea largo tiempo postergada con relación a nuestra niñez y nuestros jóvenes, está pendiente hacer efectivos sus derechos, ofrendar amor que sea cuidado integral, volcar los presupuestos destinados a la muerte, al cuidado de la vida ...
Sí, yo creo que esa es parte, por supuesto, de esa tarea. Nosotros creemos que en ese proceso de construcción de la post- guerra, del ejecutar los acuerdos es, en esos territorios, con esas fuerzas sociales, con las que hay que construir la paz, precisamente; con las grandes víctimas del conflicto armado, y de lo que ha significado el conflicto armado, y aprender de esa sabiduría popular y de esas relaciones comunitarias que están, las lecciones necesarias para construir una convivencia de un signo distinto.


Y hay que buscar precisamente las fuerzas sociales para eso; una de esas fuerzas es el campesinado, por supuesto, y los sectores más deprimidos en términos sociales en las grandes urbes, pero también los jóvenes. En las comisiones de paz estamos discutiendo ahora un proyecto para crear el servicio social para la paz, que implicaría por primera vez en el país involucrar a los jóvenes ya no en la guerra, ya no en el servicio militar, sino en labores que tengan que ver con los DD.HH., con la construcción de la paz, de los acuerdos de paz; así que hay que diseñar muchos mecanismos novedosos para que esos sectores puedan desarrollar o seguir desarrollando ese tipo de experiencias de una manera mucho más pública y con más repercusión sobre otros sectores de la sociedad.

Publicado enEdición Nº 212
Estados Unidos en los diálogos de La Habana

El pasado 20 de febrero, los Estados Unidos oficializaron el nombramiento de Bernard Aronson, como funcionario con dedicación exclusiva para el tema de la paz en Colombia, en este caso para responder ante los diálogos que tienen curso entre las farc y el gobierno nacional en La Habana.

El diplomático nombrado por John Kerry, secretario de Estado, conoce nuestro país y la región de la cual hace parte, ya que actuó como secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de su país entre 1989 y 1993; además, trabajó en los procesos de paz de El Salvador y Nicaragua, y ha asesorado al Banco de Inversiones Goldman Sachs en Latinoamérica. En Colombia debe conocer bien a los sectores dominantes y con dificultad a los marginados, pues desde hace años invierte en varios negocios, los mismos que tomaron forma hacia la década de los años 90 con inversiones financieras, como socio de Gabriel Silva, exembajador criollo en Washington.

Los intereses del delegado imperial se extienden, además de lo financiero, a sectores como el petróleo, a través de la empresa Vetra Energía, con inversiones en los Llanos, Putumayo y la cuenca del Magdalena Medio. Pero sus pretensiones en Latinoamérica llegan también hasta al territorio amazónico, para lo cual y por lo cual es socio del Equipo de "Conservación de la Amazonia" (!). Es un diplomático que, como sucede con muchos de los ricos gringos que llegan a la presidencia de su país o asumen como asesores de primer orden, juegan a varias bandas, entre lo público y lo privado, los negocios y la política, favoreciéndose para ampliar sus arcas de la información privilegiada que les facilita el ejercicio de sus cargos.

De esta manera, una de las partes fundamentales en la posible firma de un acuerdo de paz que reduzca la violencia en el país parece dejar de intervenir y apoyar solamente por la guerra y para la guerra. La Mesa gana una pata más. Ahora las farc podrán tratar, cara a cara, asuntos sustanciales para ellos y para la potencia del Norte, temas que atizan la guerra y pueden reducirla o apagarla. Puede suponerse que así deben de haberlo demandado en la Mesa.

No es para menos. Los Estados Unidos, como es conocido, tienen que ver con toda la historia de violencia política que ha sacudido al país durante las últimas seis décadas. Sus misiones diplomáticas han tenido que ver con espionaje de dirigentes de la oposición de todos los colores, como lo corrobora, incluso, el seguimiento realizado a Jorge Eliécer Gaitán desde 1932, según reportes secretos de la época. El archivo aún clasificado sobre el magnicidio del líder, que desató la ira popular el 9 de abril de 1948, con extensión hasta nuestros días a través de las guerrillas todavía levantadas en armas, obliga a preguntar: ¿Qué y a quién protegen? ¿Por qué dicen que tal archivo es de seguridad nacional para los Estados Unidos? Son expresiones de manipulación, control y desinformación como prácticas del poder, que terminaron por viciar la relación y la convivencia entre países de una misma región.

El siglo XX y lo que va del XXI son testigos de aquello. Se trata de una historia de dolor desatada y soportada con la desigual y deshonrosa relación entre los dos países: la participación de soldados criollos en la guerra de Corea marcó el sometimiento de las fuerzas armadas a la doctrina militar gringa, dejando de lado la heredada por Bolívar, nunca retomada por los oficiales nacionales. La aplicación de la 'doctrina de seguridad nacional' es la más extensa de sus consecuencias, y con ella la militarización de los conflictos sociales, cerrando la vida política dialogada para todo aquel que tuviera una voz crítica.

Los sucesos desprendidos de la aplicación de tal doctrina son ampliamente conocidos: bombardeos a zonas campesinas donde se refugiaban los alzados en armas, herederos de las guerrillas liberales; detenciones masivas, torturados, encarcelados por cientos y miles en el curso de estas décadas; criminalización del descontento y de la protesta social, con asesinatos aleves de dirigentes sociales de todo orden; control de las instituciones nacionales 'soberanas' y de su economía, en la más burda y total intervención en asuntos internos por parte de una potencia, como ocurrió a través del llamado 'Plan Colombia', con sus extensiones a la Iniciativa Regional Andina y Plan Patriota, con los cuales reconstruyeron el ejército nacional y reorientaron su operatividad, para llegar al uso de todo tipo de tecnología de punta mediante la cual lograron impactar en blancos sensibles de la insurgencia.

Son ya sesenta y más años de intervención abierta en nuestro país, sólo en esta última etapa de la historia colombiana, para lo cual se valieron, a lo largo de cuatro décadas, de la droga y el narcotráfico para someter la política nacional a su control y su dominio, sirviéndose de la misma para todo tipo de espionaje, manipulaciones, corrupción de funcionarios y de ciudadanos, pero también usándola como mecanismo para financiar sus operaciones secretas. El paramilitarismo salió como engendro de tales controles y políticas, y las cifras de dolor generado por su acción también son conocidas, faltando aún muchos años para curarlas. Asimismo, los casos de violaciones a menores en zonas donde operan las bases norteamericanas, con denuncias concretas de delitos cometidos por soldados de EU son otro debe en la cuenta del papel gringo en el conflicto, imposible, además, de ser juzgado en nuestro país debido a los vergonzosos acuerdos de inmunidad firmados por el gobierno de Uribe.

Dos o tres generaciones de connacionales fueron impactadas por estas políticas, muchos de cuyos miembros terminaron destruidos en su salud y su vida por el estimulo que le brindaron al consumo de narcóticos, y las cárceles siguen llenas de jóvenes que sufren las consecuencias de tales políticas y maniobras.

¿Cambiará tan desigual relación? ¿Dejará Estados Unidos de intervenir y determinar en nuestro país? Imposible. ¿Cómo discutirá tal realidad las farc con su enemigo regional? ¿Exigirán que abran los archivos aún secretos sobre el asesinato de Gaitán, tratando de llegar a uno de los orígenes de nuestro conflicto, develando motivaciones e intereses del poder económico y militar global? ¿Entrará el tema de Venezuela en la agenda? ¿O limitará la insurgencia sus demandas a exigir la libertad para sus presos extraditados y encerrados en las cárceles de Estados Unidos?

El tiempo dirá cuál es su proceder. Pero, más allá de las respuestas a los interrogantes formulados, lo cierto es que, si el papel de los Estados Unidos en la guerra sigue sin dimensionarse en forma clara, la paz para nuestras gentes serán tan solo una entelequia. Basta señalar que, pensando en el llamado "posconflicto", Santos ya ofreció soldados colombianos para su participación en confrontaciones internacionales, de tal suerte que ahora nuestros jóvenes militares no morirán en nuestras selvas sino en el extranjero.
La geopolítica juega su papel, sin duda alguna. La reapertura de las relaciones con Cuba y la ampliación de las sanciones a Venezuela, considerándola como un 'peligro' para los Estados Unidos, son pasos que marcan claramente que la potencia del Norte reclama nuevamente una hegemonía sin discusiones en América Latina. Y, como resulta recientemente de su intervención en Irak, Irán, Libia y Siria, la paciencia y el paso a paso han entrado a formar parte de su estrategia. El Estado gringo actúa sin prisa, y en Latinoamérica últimamente logró dos éxitos: Honduras y Paraguay. Desactivar las farc, desdibujar la Revolución Cubana, y ahogar Celac, Unasur y Mercosur, son pasos en la meta de revivir el más profundo sentido del monroísmo, fuertemente debilitado desde 2005, cuando el latinoamericanismo enterró el Alca en Mar del Plata.

Estamos ante la decisión imperial de recuperar y/o consolidar su hegemonía en el continente, ahora más imperiosa, pues su dominio mundial lo están disputando tanto Rusia como China, con avanzadas incluso a su región de control 'natural'. La creación de un banco ruso-venezolano seguramente no ha caído muy bien en Washington, así como el creciente comercio que mantienen en sus propias divisas Brasil y Argentina con China, como parte de un progresivo intercambio de bienes sin uso del dólar, que advierte de un horizonte sin esa moneda como divisa de circulación forzosa en el comercio internacional.

Al mismo tiempo, la guerra de divisas en curso en el mundo entero, que ha llevado a una fuerte revaluación del dólar, si bien refuerza el consumo interno, abaratando los productos importados, amenaza con acelerar el proceso de deslocalización (y, por tanto, de desindustrialización del coloso), agravando la pérdida de empleos de calidad y la dependencia externa. Esta realidad los obliga a cerrar el espacio geográfico adyacente, donde los principales afectados son todos y cada uno de los países allí localizados y con mayor razón los que no cuentan con un proyecto histórico, estratégico y soberano propio, Colombia en primer lugar.

Pero la potencia también tiene sus intereses y temas más particulares que lo motivan a intervenir, seguir, actuar y proyectar escenarios en relación con la Mesa de La Habana: cultivos de coca, narcotráfico, y acceso de sus multinacionales a los recursos mineros del sur del país y de los extensos Llanos. Y aunque suene a discurso sesentero, la garantía y la seguridad de poder operar desde territorio colombiano, sin oposición alguna, si fuere necesario, contra un poder importante que le hace contrapeso, como Brasil, o contra quienes quieran posar de independientes.

Como se puede deducir de lo relacionado en esta líneas, el desenlace de esta puja pesará sobre el ritmo y la marcha que tome en los próximos meses este proceso de paz, el mismo que por el momento parece ganar mayor intensidad y acuerdos parciales que eventualmente lo lleven a un punto que favorezca, con su firma, a toda la sociedad colombiana.

Publicado enEdición 211
"El gobierno venezolano propició el acercamiento entre Santos y el eln"

En la primera entrevista exclusiva después de la realización del V Congreso del Ejército de Liberación Nacional -eln- de Colombia, el histórico integrante del Comando Central de esta fuerza insurgente revela detalles hasta ahora no conocidos del proceso de negociaciones que llevan a cabo hace dos años con el gobierno de Juan Manuel Santos.

La clandestinidad en la que la totalidad de los mandos y miembros del eln siguen forzados a mantenerse, impone que una entrevista de este calibre deba desarrollarse por medios intrincados, también clandestinos. En este caso, el intercambio se dio vía internet. Un diálogo entrecortado pero de ida y vuelta, aunque para ello hubiera que esperar horas o días para recibir las respuestas. Una conversación mediada por mecanismos básicos de encriptación, condiciones que impone la fuerza guerrillera como parte de una cadena de "postas" informáticas que garanticen la seguridad del entrevistado.

El medio obliga a suponer el tono de voz, los gestos; pero a la vez deja constancia directa de las respuestas del jefe militar del eln, que aquí se vuelcan tal cual él las escribió sin mayor necesidad de edición periodística.

¿Cómo, en qué circunstancia, se dio el primer encuentro con el gobierno del presidente Santos?
Santos nos buscó. Sucedió hace dos años, a finales de agosto de 2012, justo cuando oficializaron el acuerdo de La Habana con las farc. Fue el gobierno venezolano quien propició la ocasión: aprovechó una cita que nos brindó para escuchar nuestra lectura sobre la realidad vivida en Colombia y nuestra visión sobre la paz en el momento.

¿Cuál fue la reacción de ustedes?
El gobierno colombiano conoce de sobra nuestra disposición para el diálogo, pero nosotros no queríamos apostarle a la incertidumbre, pues Santos tiene un discurso ambiguo, habla de paz y de guerra al tiempo. Pero ante la sugerencia del presiente Chávez aceptamos escuchar a los emisarios del gobierno de Santos.

¿Qué resultó de ese cara a cara?
Escuchamos sus puntos de vista, que no eran nuevos y que tienen que ver con lo que ellos llaman criterios para establecer un diálogo con la insurgencia: confidencialidad, diálogo directo y en el exterior. Varios de esos criterios no los compartimos, pero de todas formas acordamos que en un mes nos veríamos de nuevo.

¿Cómo se inició ese diálogo, qué tema trataron en primer orden?
Como sucedió en otras ocasiones, esta tampoco fue distinta. El mes de plazo se transformó por obra de ellos en siete, y la siguiente jornada de trabajo acordada para dentro de cuatro semanas se pudo realizar con 8 meses de retraso. El inicio de la exploración tuvo un alargue o incumplimiento de treinta y dos semanas. Es decir, en total hubo una pérdida de 15 meses, que no es culpa nuestra. Pese a eso, el gobierno en ocasiones dice que este proceso "marcha lento" o "con retardo" por culpa nuestra. Para nosotros la lección quedó aprendida: el gobierno no tiene prisa ni urgencias por la paz, así diga lo contrario.

¿Cuántas reuniones directas entre las partes se han realizado hasta ahora?
Van cerca de 15 reuniones y tres largos ciclos de intercambio durante un año. Cada ciclo toma, en promedio, dos o tres semanas de trabajo continúo. Las reuniones son citas algo operativas. Son útiles para desatrancar asuntos de la agenda y detalles operativos.

¿De los que ya mencionó como parte de la agenda común, cuáles han sido los temas más empantanados?
Todos. Aunque suene raro, esto es así como resultado de una lógica de imposición con la cual el gobierno llega a cada cita. El Gobierno veda, impide acercarnos a temas como son: Fuerzas Armadas, economía, Estado, soberanía nacional, cuestiones todas vinculadas a la génesis del conflicto. Son tantas las prohibiciones, que surge una pregunta: ¿de qué vamos a dialogar? Es evidente que la pretensión del gobierno Santos es someternos. Una intención sin preocupación por la solución de los problemas del país. La única materia que les interesa, es la de las armas y la rendición. Pretenden desconocer, como dijo Nelson Mandela, que el uso de las armas no es un asunto moral sino un asunto estratégico. Esta máxima del luchador sudafricano es aplicable a Colombia, donde el uso de las armas por parte de la insurgencia impide el total manejo y abuso del poder, mantiene vigente y garantiza la posibilidad de un camino de solución y búsqueda diferente para la cotidianidad de millones de connacionales.

Además de Venezuela, ¿qué otros países contribuyeron al encuentro y al avance de la conversación?
Varios gobiernos sirvieron de conducto para que se hiciera contacto, bajo la condición de cumplir una fase exploratoria, directa y en el exterior. Ahora, luego de casi dos años de contactos, hay tres tipos de países vinculados a este proceso: garantes permanentes, garantes rotativos, y países acompañantes.

¿Puede precisar cuáles son los países en cada una de esas instancias y funciones?
El acuerdo de confidencialidad establecido nos impide hacer esa precisión. Muy pronto, este pormenor será público. Sí podemos adelantar que para nosotros es fundamental que el continente esté vinculado a la paz de Colombia, y por esta vía, reducir las posibilidades de conflictos armados en la región.

Considerando la historia de Latinoamérica y las insurgencias, ¿temen a la injerencia de los Estados Unidos?
No es descartable. La historia nos alerta sobre este particular. Consideramos que el interés fundamental de los Estados Unidos por la paz de Colombia recae en desmovilizar a la insurgencia y proyectar una imagen de guardián contra el narcotráfico. Espera poder contar con la totalidad de las Fuerzas Armadas colombianas para apuntalarlas en su avance en el continente, tras los recursos naturales y el control del territorio. Además, no puede olvidarse que al enfrentar una posibilidad de diálogo y negociación como la que estamos sorteando, para saber cómo actuar, tenemos que traer a colación la coyuntura mundial, y aún más allá, preguntarnos por el futuro del mundo, del continente y por el futuro de nuestro propio país y de las amenazas que ya son evidentes y los tipos de guerra que ya se preparan. El esfuerzo por la paz de hoy debe ser por ponerle fin al actual conflicto y evitar los futuros en el continente. En esto hay una relación que debemos tener en cuenta.

Teniendo en cuenta los resultados negativos de anteriores procesos de diálogo, ¿cree que este intento sí saldrá airoso? ¿Con qué certezas se presentan a este nuevo intento?
Sólo el tiempo dará su veredicto. Son las transformaciones con las que proceda el establecimiento las que hablarán de su real voluntad de cambio. Por nuestra parte, sabemos, podemos enumerar cinco certezas:

 

  1. La insurgencia no va a negociar por la sociedad, ni la llegada al acuerdo de paz garantizará que la vida cotidiana sea menos traumática que la vivida con el conflicto.
  2. Una solución política del conflicto colombiano será viable en la medida que el Estado reconozca la naturaleza política del conflicto. De tal reconocimiento se desprende el carácter de las mismas medidas o reformas que es necesario cumplir para remover las causas del conflicto, entre las cuales hay entre otras, una importante: el cambio de la doctrina militar que orienta el accionar de las Fuerzas Armadas.
  3. Para que la negociación que apenas estamos redondeando en su estructura formal gane dinámica, es fundamental que el Estado deje a un lado su insuperable lógica de que la contraparte va a incumplir.
  4. La paz no es un problema de simulacro político y manejo mediático, con una dosificación que el establecimiento va entregando a la sociedad de acuerdo a los intereses del Estado o del mismo Ejecutivo. No puede ser así. Es necesario un manejo abierto de las Mesas de paz, que motive y haga partícipe en estos procesos al conjunto nacional.
  5. Es fundamental una democratización de la sociedad colombiana. Es indispensable que el estado y que la clase política reconozcan el carácter político del conflicto. Un sine quanom para nosotros, para poder arrancar y ganar confianza en las posibilidades de un diálogo.

 

El eln es una fuerza alzada en armas, ¿por qué esa insistencia en remarcar la naturaleza política del conflicto?
Mientras no acepten esta premisa, las soluciones que definan serán erróneas. Aceptar esa definición "como político" determina un diagnóstico que no es el que usa y favorece el poder y la clase política. Diagnóstico que desprende un tipo de medidas e impone al conjunto social las reformas que el país necesita para superar la situación de conflicto. No podemos aceptar que el carácter del conflicto es ideológico, como sucedió en la Guerra Fría, porque no lo es. Tampoco que tiene por motivación el enriquecimiento ilícito, y por tanto, que su motor es el narcotráfico, porque esta no es la realidad ni es nuestro quehacer. Menos, que su naturaleza descansa en el terrorismo. No, su naturaleza es política pues así permite afirmarlo el contexto en medio del cual surgió y en el cual se prolonga por cincuenta años.

Hay una diferencia de caracterización del conflicto entre el Estado colombiano y el eln de mucho tamaño. ¿Puede obviarse eso en favor de la paz?
En la distancia como adversarios, en la conversación y su transcurso, este tema no encuentra solución. Pero es una necesidad buscarle una solución, por eso la sabiduría de la sociedad podrá contribuir en superar esta dificultad, pues ahí radica la génesis del conflicto armado y por tanto el nacimiento de la insurgencia hace más de cinco décadas.

¿Cuál considera que es el resultado, el acumulado histórico, tras cincuenta años de existencia insurgente del eln? ¿Si mira hacia atrás qué ve?
Lo hecho por nosotros no lo ha realizado ningún Estado del mundo: 50 años sosteniendo una fuerza peleando, creando mecanismos para construir una economía propia, unas formas de convivir con la sociedad en distintas partes del país. Recuerde que todo Estado tiene ingresos propios vía impuestos que garantizan su funcionamiento. En nuestro caso, nosotros no tenemos tales pagos garantizados, sin embargo nos hemos sostenido y aquí seguimos.

Al volver la vista atrás y mirar nuestra continuidad y realidad actual, veo una comunidad, un proyecto de vida donde están conectadas varias generaciones. Aquí hay valores, principios. Hemos construido una forma de ver y luchar por la vida, la nuestra y la de nuestro pueblo, con un sueño de país que no es local sino continental y mundial. Por esta causa decimos que a la hora de una posible negociación, no nos pueden tratar con el rasero del Derecho normativo sino que tienen que recurrir al Derecho consuetudinario. Recuerden que tenemos nuestras propias leyes, nuestros centros de atención para todas las personas que hacen parte de nuestras estructuras o están cercanas a las mismas, así como nuestra política educativa. Con nuestra visión sobre la vida, con los principios y ética que la sustentan, formamos a nuestros hijos y a la comunidad cercana; esos mismos niños y jóvenes que nos acusan de reclutar en contra de la normativa internacional, pero que en la vida cotidiana el Estado persigue y acosa.

 

 


 

 

Segunda parte de la entrevista realizada por Brecha de Argentina

 

"Con el acuerdo de paz pretenden institucionalizar todo lo que es funcional al modelo neoliberal"

 

¿Cuál es la agenda concreta que ya está acordada entre el eln y el gobierno?
Hasta ahora, los puntos que se han ido trabajando y aún faltan concluirse son: 1. Participación de la sociedad. 2. Democracia para la paz. 3. Transformaciones necesarias para la paz (aún sin tratar). 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto armado (aún sin tratar). 6. Implementación del acuerdo y refrendación de los mismos.

Aún con dos aspectos decisivos pendientes, ¿cuál es el margen de avance en cada punto?
En el primero, participación de la sociedad, el objetivo es que el proceso de paz incida o modifique el curso mismo de la dinámica política que el país conoce y ve. Del segundo, democracia para la paz, la discusión y definición de qué debe hacerse para darle vida a una democracia plena, real, aspecto que le corresponde asumirlo a la sociedad en pleno. En el tercero, transformaciones necesarias para la paz, los aspectos por transformar los debe identificar la misma gente, tomando en cuenta que la paz no tomará forma y contenido un día después de firmar los acuerdos. Para el cuarto, víctimas, es fundamental superar en conjunto: el desplazamiento y sus causas, verdad, justicia, reparación, no repetición, perdón y no olvido.

¿"No olvido" refiere al punto de las víctimas?
Es preciso mirar el conjunto. El desplazamiento (qué lo originó, sus causas), identificar por qué la Justicia no actuó y por qué existe y persiste el inmenso porcentaje de impunidad que reina en Colombia; la Corte Penal Internacional -CPI- como evidencia de la inoperancia de la Justicia nacional, reparación (más allá de lo económico y de lo punitivo, pues lo esencial es cómo darle cabida a las víctimas dentro de la sociedad, y que tal realidad no se repita), no repetición, perdón... Y sí, no olvido, pues es la única manera de proceder para que el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que los más pobres del país han vivido, no llegue a repetirse: son temas, enfoques y reivindicaciones que deben abordarse de manera directa con las víctimas, no con nosotros.


¿El tema del narcotráfico no está entre los puntos hasta ahora tratados?
Cuando el eln tuvo el interés para trabajar por la superación de este fenómeno pocos se interesaron. Nosotros hemos sido claros y explícitos en que nada tenemos que ver con el narcotráfico, no tenemos ni hemos tenido cultivos, ni laboratorios, menos rutas o negocios, tampoco distribución de ningún tipo. Entendemos que es un fenómeno que ha permeado a la sociedad y al Estado, y el eln estará dispuesto a hablar sobre el tema cuando la sociedad pueda tratarlo en su conjunto. Por otro lado el Estado le dio la franquicia de ese negocio a los paramilitares y usarán sus utilidades para agredir a las comunidades y hacer contrainsurgencia. El Estado fue un aliado de los paramilitares.

Pero hubo ensayos de otros caminos para alcanzar acuerdos, por parte de grupos guerrilleros que se desmovilizaron...
Por qué no preguntar mejor, ¿qué habría pasado en el país, como efecto del paramilitarismo, si toda la insurgencia hubiera firmado acuerdos de paz hacia los años 90 del siglo XX? Tras veinte años de los acuerdos de paz firmados por el M-19 y otras guerrillas, está demostrado que no eran la solución para las demandas de justicia y vida digna, y que tales acuerdos no resolvieron las demandas de justicia reinantes en Colombia.

¿Cómo calificaría al gobierno de Santos y su interés por la paz?
La política de paz de Santos es de pacificación, de sometimiento. El poder quiere aumentar tranquilo las ganancias; resalta que con el acuerdo de paz pretenden institucionalizar todo lo que es funcional al modelo neoliberal. Asumen convencidos que cuentan con una ventaja militar y que la pueden aprovechar políticamente. El Gobierno anda con el afán de mostrar resultados ante el mundo, y de tapar que tienen una incertidumbre estratégica: la guerra cuesta mucho, no tienen con qué sostenerla en el largo plazo, y su mismo desarrollo bloquea o desestimula la llegada de nuevos capitales a invertir en el territorio nacional.

¿Esa incertidumbre rompió la estrategia de no negociar y la luna de miel entre el expresidente Uribe y el presidente Santos?
El diseño de la negociación que impulsa el Gobierno parte del hecho de abrirle un nicho (así lo llaman) a la insurgencia para su reintegración social, sin considerar al conjunto social. No entienden que la negociación no es con la insurgencia sino que ésta debe ser con la sociedad en su conjunto. Es un diseño sin una pedagogía de paz que considere a toda la nación sin partidismos, que aclare el origen y la responsabilidad histórica de la confrontación, que cree y consolide un ambiente para el diálogo y que estimule el interés y la participación del conjunto nacional por el tema de la paz. Además, el Gobierno quiere actuar como arte y parte, pues ante la demanda de reformas inmediatas y evidentes pretende fungir como garante.

Entonces, ¿qué pretende el eln de estas negociaciones?
Establecer una agenda que abra y permita a la sociedad colombiana, por si misma (nosotros no podemos negociar en su nombre), identificar y definir el país que sueña y que es posible hacer realidad. Un mal acuerdo puede ser más perjudicial que el mismo conflicto que vivimos. Nosotros no tenemos afán de firmar cualquier acuerdo. Pues, dada su trascendencia puede perjudicar al país. Hacer un correcto uso del tiempo en la construcción de una agenda y su diseño para una solución es esencial en cualquier diálogo. Con la previsión de un acuerdo que precise las reformas necesarias por definir y reglamentar y por hacer realidad ahora mismo, no después de firmada la paz. Esto es importante anotarlo y diferenciar. Mientras el gobierno ofrece confianza, nosotros demandamos certezas.

Los delegados del gobierno insisten en que todo será cumplido. Nosotros demandamos realizaciones inmediatas, medibles. Que la sociedad pueda gozar de inmediato transformaciones en su vida cotidiana, como garantía de que sí hay un cambio en el establecimiento. No solo repetir promesas.

¿Qué ejemplo puede mencionar de eso que define como indefinición gubernamental?
Ante demandas nuestras referidas a la ausencia de democracia real, ellos ofrecen garantías que ya están en la Constitución pero que no se cumplen. Lo correcto sería evaluar por qué no se cumple el mandato de la Constitución. Es decir, para el gobierno en Colombia hay democracia y para nosotros no es así. ¿Cómo nos pueden ofrecer como garantía una Carta de Derechos que ellos mismos violan constantemente? ¿De qué democracia hablan cuando el activismo social y la oposición es perseguida y asesinada?

¿El eln considera que no hay democracia en Colombia?
Cuál democracia, cuando la política ha sido privatizada por el capital particular y cuando los derechos básicos son negados en las puertas de los hospitales. Cuando la gente continúa muriendo por falta de alimento y al desempleo lo quiebran en las cifras oficiales, pero, la realidad reafirma su drama cada día. El Gobierno parte del supuesto de que está es una sociedad democrática. Esto es un claro error.

¿No es contradictorio afirmar esto ante la inminencia de una Mesa de negociación?
No hacerlo sería un error y una indisposición para la paz de fondo. No alcanzan a reconocer, pese a todas las evidencias, que este es un Estado de minorías que no representa a la sociedad en su conjunto. Un Estado sin legitimidad que tiene que acudir al autoritarismo para poder someter el descontento social. No aceptan o no quieren reconocer que aquí no hay espacios para una vida plena de participación ciudadana. Los niveles de injusticia que reinan son inocultables. No entienden que la ausencia de democracia es lo que da pie a la insurgencia y que sin democracia será muy difícil aclimatar la paz.

¿La posibilidad de conformar un nuevo partido político, o el acuerdo para una participación en política de quienes se alzaron en armas, no sería una solución?
Está a ojos vista que la política ha sido privatizada por lo grupos de poder. En especial, por los económicos. Los partidos tradicionales, supuestas correas de transmisión de los deseos sociales ante el Estado, son simples operadores del poder y de los grupos económicos. La sociedad debe tener la palabra.

¿Por qué a pesar de los intentos por dialogar, el conflicto no mengua?
El Gobierno de manera constante amenaza. No es posible la paz cuando se pretende golpear y asesinar cada día a la insurgencia. Podría decirse que a diferencia de otros países, no existe aquí una política de Estado frente a la paz. Este gobierno, así como los anteriores, no tiene una política de paz propiamente. Están parados en los manuales de negociación, por eso apenas repiten la premisa de que la insurgencia está derrotada. Una postura que supuestamente les permitiría un acuerdo rápido, en tanto la insurgencia estaría urgida de firmar y salvarse.

¿El eln considera válido comenzar a hablar de posconflicto?
No aceptamos esa denominación traída con acomodo. Dicha posibilidad es un ilusionismo, eso no es posible. Ninguna sociedad vive sin conflictos, su necesidad es aprender a vivirlos y saber resolverlos sin necesidad de matarnos.

¿Cómo cree que va a afectar este proceso la coyuntura electoral 2015?
Ya lo afectó. El gobierno utilizó la paz para polarizar al país con propósitos partidistas. Pero hay que resaltar que la paz no puede ser objeto de los intereses privados, la paz debe ser un proyecto colectivo. Por eso, en las elecciones que vienen sería muy importante que la paz sea bandera de todos los movimientos y partidos, constituyéndose en una manera de vincular a todas las regiones a esta coyuntura de solución política del conflicto.

¿Qué tiempo le dan a esta negociación?
Nadie puede determinarlo pues las variables son muchas. Para nosotros, ojalá fuera mañana el momento de firmar los acuerdos. Como hemos dicho, basados en hechos reales no en supuestos; para facilitar el desarrollo de cualquier agenda estamos dispuestos a trabajar con la intensidad y dedicación que sea requerida.

Publicado enEdición 209
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