https://blogs.worldbank.org/es/voices/reflexionando-sobre-la-discapacidad

La inclusión social de las personas con discapacidad fue el objetivo trazado desde 2013 a través de la Ley 1618 –Ley estatutaria de discapacidad–, pretendido presente incluso desde 2009 cuando Colombia ratificó en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley 1346 de 2009. Sin embargo hoy, once años después, la garantía de derechos, inclusión social y participación de las personas con discapacidad no es cercana a la de un país que debe trabajar por la equiparación de oportunidades.

Hoy el lugar social que ocupan las personas con discapacidad o con capacidades especiales, es indudablemente distinto al de hace 30 o 20 años, la discapacidad ya no es un tema tabú en el que la agrupación1, el fetichismo o castigo divino2 sean la forma de entender o encasillar a esta parte de la población.

Su visibilidad es notoria: los colegios cuentan con estudiantes con discapacidad, los noticieros de televisión nacional cuentan con intérpretes de lenguaje de señas, así también desempeñan cargos públicos como concejales, alcaldes y en otros escenarios. En apariencia parecería que la población con discapacidad ha sido incluida plenamente, pero, lastimosamente, no es así, de ahí que sea necesario visibilizar no sólo las dificultades persistentes para esta población sino también encontrar voluntades comunitarias, sociales y políticas, que permitan verdaderos procesos y dinámicas inclusivas para que esta parte de la población, sus cuidadores/as y cada ciudadano/a, puedan disfrutar de los derechos a que tienen derecho por ser parte de una sociedad dada, así como gozar y ver florecer la diversidad.

Entendiendo la discapacidad

Debemos comprender dos cosas importantes: primero, la discapacidad no es una enfermedad ni una condición de salud que impida que la persona interactue3, de ahí que si bien el derecho a la salud es fundamental no es el único derecho a que debe tener acceso o el más relevante; las personas con discapacidad deben vivir y les deben garantizar todos los derechos. Y segundo, la discapacidad no es una carga que contiene una persona y que se convierte en su problemática; por el contrario, la discapacidad son unas características físicas, biológicas, sensoriales o intelectuales4, que tiene una persona y que les brinda unas particularidades para interactuar con el medio, y es exactamente la forma en que se posibilita o no esta interacción la que produce o no la discapacidad.

Es decir, la discapacidad se produce en el momento en que las personas viven barreras para su participación, dadas por una sociedad que no le permite interactuar de forma equiparada con las otras personas. En este sentido, todos y cada uno de los sujetos que integran una sociedad hacen parte de la transformación, para que la inclusión y la participación sean posibles.

Pero, ¿cuáles son esas barreras y cuáles son los retos de los gobiernos locales para superarlas?

Barreras sociales y actitudinales vs. inclusión y reconocimiento

Las nociones y conceptos históricos a cerca de la discapacidad lamentablemente la vivieron muchas personas con esta condición, en la que el encierro, el rechazo, el señalamiento y la burla fueron vistos como normalidad. Aún en muchas comunidades, la cultura está permeada de ideas equivocadas. Sin embargo, la discapacidad no es todo eso negativo que se creía, por el contrario, todos y todas somos partícipes de transformar las realidades que se viven socialmente respecto a ella.

En este sentido, uno de los retos más importantes para los gobiernos locales es cambiar de ‘chip’, conocer la normatividad, asumir a las personas con discapacidad como pares sociales que deben gozar de equiparación de oportunidades, logrando así, en primer lugar, sumarse a desarrollar acciones realmente transformadoras de la realidad de esta población, asumir la garantía de derechos y la inclusión social como bandera, abandonar ideas, acciones y políticas asistencialistas y sobre todo es necesario incluirla en la agenda pública y en su comunidad. Logrando esto también se conseguirá permear y desarrollar acciones que visibilicen la persona con discapacidad, fortaleciendo los lazos sociales desde el reconocimiento de la diversidad, y llegar así a la inclusión social.

Barreras arquitectónicas vs. accesibilidad y diseño universal

Los entornos sociales fueron construidos sin tener en cuenta las condiciones de movilidad de todas las personas y el derecho al acceso que deben tener todos y todas. Encontramos andenes altos, escaleras, oficinas o consultorios médicos en segundo o tercer piso, baños con puertas pequeñas, buses y transporte público de difícil acceso, entre otras muchas condiciones.


Para superar esto, la accesibilidad debe asegurar escenarios sociales públicos y privados en que todos y todas podamos participar. Implica la construcción de rampas (con medidas pertinentes); ascensores de acceso a niveles o pisos altos (incluido el segundo piso o sótanos); andenes adecuados, sin obstáculos (bolardos, postes de energía, canecas de la basura) y la inclusión de tableta señalética; baños con medidas que posibiliten el ingreso de sillas de ruedas y barandas que permitan traslados.

El reto de la accesibilidad es proyectar una ciudad o un escenario social en donde todos y todas podamos participar, desde la autonomía, y ser parte activa de la sociedad.

No se trata solo de pensar únicamente en la población con discapacidad sino en toda la comunidad, por lo cual el uso del diseño universal crea escenarios para personas de todas las edades, para que en el ejercicio de diferentes actividades puedan disfrutar de todos los lugares. Es decir, una ciudad en donde las sillas de ruedas, los coches de bebé y los carritos de mercado puedan movilizarse brindando igual oportunidad y disfrute.

Barreras informativas y de comunicación vs. sociedad informada y participativa

La comunicación es una habilidad primaria, fundamental para la socialización, el aprendizaje y la participación; comprender que existen diferentes sistemas de comunicación es prioritario, pues sin el acceso directo a la información se aisla y desconoce a los sujetos que no utilizan la oralidad y lectoescritura (del castellano en nuestro caso), vulnerando así todos sus derechos.

Por ello, el reconocimiento, aceptación e implementación de la comunicación aumentativa y alternativa en todos los escenarios sociales, se convierte en la posibilidad de hacer partícipe a la persona con discapacidad de todos los escenarios sociales, de reconocerse desde la autonomía y autodeterminación y brindarle así total participación e incidencia. Desde la inclusión del lenguaje de señas y sus intérpretes, son fundamentales para la participación de las personas con discapacidad auditiva; el desarrollo de material escrito en braille para quienes tienen discapacidad visual; el uso de audiodescripciones, la inclusión de pictogramas, entre otros, posibilitan que la interacción social y participación sean posibles.

Oportunidades, garantía de derechos y participación

La superación de las barreras mencionadas son la base para lograr una sociedad que realmente reconozca e incluya a las personas con discapacidad, generando así la equiparación de oportunidades requeridas para el desarrollo integral de esta población.

El gran reto de las administraciones locales en Bogotá, y de las comunidades en general, es que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos, todos: desde una educación sin barreras, realmente incluyente; recreación y cultura desde la inclusión y el deporte adaptado; con movilidad y habitabilidad desde la accesibilidad y el diseño universal; justicia con ajustes razonables y totalmente informada, información y comunicación asertiva y pertinente; ayudas técnicas y tecnológicas; derecho real y pertinente a la salud, con tiempos y procesos que posibiliten rehabilitación y salud5; con verdaderas posibilidades de autonomía económica a través de procesos de inclusión laboral, formación para el trabajo y acceso a la educación superior; con bienestar para sus cuidadores/as y en una sociedad que le reconoce y favorece su desarrollo.

Por último, es imperativo habilitar espacios participativos para la población con discapacidad, que posibiliten su incidencia en todos los planos; urge que los comités territoriales de discapacidad sean puestos en marcha, activando verdaderos ejercicios de participación, elección democrática de representantes y la incidencia de estos comités en la toma de decisiones sobre el conjunto de aspectos del buen gobierno local, así como sobre las políticas que tienen que ver en particular con sus condiciones de vida.

La inclusión de las personas con discapacidad es un reto que tenemos hace más de diez años, las administraciones locales tienen cuatro años por delante para transformar realidades para que todos y todas vivamos en diversidad el ejercicio de nuestros derechos.

 

1 Modelo en el cual la persona con discapacidad solo comparte escenarios con otras personas con discapacidad.
2 Modelo histórico en donde la discapacidad era vista desde la religión o las comunidades étnicas como un castigo o deshonra para su comunidad.
3 Aunque hay personas que viven una condición de salud además de su discapacidad.
4 Los tipos de discapacidad son: visual (ceguera y baja visión), auditiva (hipoacusia y sordera), sordoceguera, intelectual, física, trastornos de espectro autista, psicosocial (diagnósticos asociados a la salud mental y que causa alteraciones en la socialización) y múltiple (cuando hay más de una).
5 Sin la necesidad de procesos legales y tutelas para que se garantice su derecho.
* Especialista en políticas públicas para la promoción de la Igualdad en América Latina. Licenciada en educación con énfasis en educación especial. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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Publicado enEdición Nº267
De la revolución ciudadana al progresismo moderno

Detrás de la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, matizada por insultos y calificativos como traidor y corrupto –que no dejan de ser cierto en los dos casos–, se esconden muchos aspectos que evidencian que su semejanza y cercanía política es mayor que sus desavenencias.


Correa, agazapado en Bélgica, intenta articular un discurso de oposición al gobierno desde supuestas posiciones de izquierda, aprovechando que Moreno en el plano económico adopta medidas que favorecen a los grandes empresarios y a los capitales internacionales, como se establece en la Ley de Fomento Productivo, y afectan a los hogares ecuatorianos, como con la anunciada elevación de los combustibles que, a más del golpe que esa sola medida provoca, trae consigo un gran efecto inflacionario.


Eso y los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, los esfuerzos por avanzar en negociaciones de tratados de libre comercio (iniciadas por su antecesor, Rafael Correa), la desesperada búsqueda de préstamos e inversiones extranjeras, los anuncios de privatizaciones de empresas estatales, la presencia en su gabinete ministerial de personajes directamente vinculados con poderosos grupos económicos ha motivado –y con sobra de razones– las críticas de distintos sectores que identifican en su gestión el reverdecimiento del neoliberalismo.


A Moreno le incomoda esa etiqueta y en su reciente visita a España optó por autocalificarse como “progresista moderno”. Busca ubicarse en una tercera posición, distanciado de los gobiernos tipo Macri, Temer o Piñera, pero también de los llamados “progresistas” Maduro o Morales.


Hace algunos meses, para que no quede duda de la naturaleza de su pensamiento económico y político, en una reunión –también con empresarios– habló de la “cuadratura del socialismo del siglo pasado”, uniéndose así a la campaña que en todo momento y en todo lado las fuerzas del capital lanzan en contra del socialismo marxista. Exactamente, Moreno llamó a “abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado y emprender un nuevo socialismo, moderno, incluyente”. El “progresismo moderno” que lo acaba de inaugurar, según su definición, contiene como ejes fundamentales la política a favor de los más necesitados, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la apertura económica. En la reciente convención de Alianza PAIS también se establecieron esos parámetros para su definición ideológico-política.


No es posible encontrar diferencia de fondo entre esos ejes planteados por Moreno con el contenido de las propuestas levantadas por cualquier gobierno liberal, neoliberal, de derecha. Rafael Correa y Alianza PAIS hablaban el mismo lenguaje respecto de lo que era la denominada “revolución ciudadana”, claro que Moreno va más atrás porque se atreve a plantear el objetivo de la “apertura económica”, que si bien no formó parte fundamental del discurso de Correa, sin embargo la ejecutó muy bien, particularmente en relación a las inversiones chinas y en los ámbitos minero, petrolero, eléctrico, servicios.


La desfiguración conceptual que Moreno y Correa realizan del socialismo es absoluta, y tiene como propósito desnaturalizar la esencia de lo que éste es en realidad; pero más graves son los daños que la ejecución de su política provoca, porque sus resultados están sirviendo como insumo en el discurso de la derecha para demostrar un supuesto “fracaso del socialismo” y, más aún, han provocado también confusión en los sectores populares y hasta un rechazo a lo que consideran ha sido una experiencia socialista que ha dejado como secuela una época de escandalosa corrupción, restricción de las libertades democráticas, centenares de luchadores y activistas sociales enjuiciados y encarcelados, una burguesía más fortalecida, un país en crisis y con niveles más altos de dependencia externa.


Una revolución para el capital


Lo estratégico –por las proyecciones económicas, políticas y sociales- que cumplió la “revolución ciudadana” del ex presidente Correa fue: el fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, que implica también el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos coercitivos del Estado capitalista; la implementación de políticas que permitieron, en cierto sentido, la modernización capitalista del país y, sobre todo, garantizar niveles más altos de extracción de plusvalía y de utilidades a los grandes empresarios y banqueros.


La contraparte del discurso de la “revolución ciudadana” respecto de los “avances en equidad social” está en la realidad del país. Hace poco más de un año, se publicó una investigación que lleva por título “Los grupos monopólicos en el Ecuador”, realizada porCarlos Pástor Pazmiño. Allí se sostiene que el período 2007–2014 coincide con el mayor crecimiento económico registrado desde los años setenta de las empresas más grandes del país, mismas que son parte de grupos económicos que se han ido formando desde hace ya varias décadas.


Las estadísticas del Sistema de Rentas Internas, SRI, muestran que los grupos económicos en Ecuador presentan un crecimiento exponencial, según un artículo publicado en octubre del año pasado en la Revista Líderes. La información obtenida hasta el 2017 habla de 215 grupos económicos (el año 2006 operaban 62), y uno de los elementos que permitió su desarrollo fue el incremento del gasto público estatal, lo que confirma la utilización que la burguesía hace del Estado para la acumulación capitalista, aún cuando demanda menor gasto público. Lenín Moreno ahora tiene planteado alimentar a esos mismos sectores a través de la privatización de las empresas estatales que las considera ineficientes.


Los 62 grupos económicos tuvieron USD 17.083 millones por ventas en el 2010, equivalente al 36,5% del PIB; en el 2015, los 200 grupos económicos ya existentes alcanzaron ingresos por USD 57.475 millones, que representan el 57,4% del PIB. El año 2016 su carga tributaria promedio fue del 2,29%, según el SRI, mientras la presión fiscal del Ecuador, en el 2015, alcanzó el 21,7%, es decir, lo correspondiente al pago de tributos que pagan todos los habitantes en relación al PIB.


Todo esto muestra que el nivel de concentración y centralización del capital en el país es mayor a épocas anteriores, en otras palabras, se ja producido un fortalecimiento del poder de la gran burguesía, intermediaria de capitales extranjeros.


El grupo de Álvaro Noboa Pontón –al que supuestamente combatió Correa– mantiene la posición más alta, con 72 empresas (2015). Le siguen los grupos: Pichincha, Eljuri (mimado del correísmo), Nobis (que tuvo su propia representante en el gabinete de Correa), Wrigth, Czarninsky, Pronaca.


La misma investigación de Pástor establece el aparecimiento de nuevos grupos, como Holcim (Suiza), que opera en el Ecuador desde 2004, pero a partir del 2007 su crecimiento es notable. “En el 2011 llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking de las empresas más grandes del país. En el 2013 llegó al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el país”.
La información al respecto ahora ya es relativamente abundante y recomendamos su lectura, para entender cómo la denominada“revolución ciudadana” no fue más que un proyecto al servicio de la gran burguesía, que en el plano político permitió a ésta superar el bache de la ingobernabilidad y en lo económico afirmar su dominación de clase y obtener utilidades superiores a las logradas en los precedentes gobiernos neoliberales, como demuestran las cifras oficiales del gobierno pasado y lo sostuvo el mismo Rafael Correa.


Estos poderosos grupos económicos continúan beneficiándose de la política gubernamental. El programa económico de Morenocontempla medidas como la reducción y exoneración de tributos a los grandes empresarios y al capital extranjero en determinadas condiciones y el perdón (remisión le denominan) de una parte de las deudas de la burguesía morosa. Según el SRI, más de cuatro mil seiscientos millones de dólares adeudan al Estado 495 empresas, fenómeno que viene desde años atrás.


Se podría hablar de temas como endeudamiento externo, búsqueda de acuerdos de libre comercio, emisión de bonos del Estado y encontraremos similitudes entre Moreno y Correa. Hay matices por supuesto, que no pueden perderse de vista, y también aspectos en los que Moreno ha marcado diferencias, sobre todo obligado por las circunstancias políticas del país, en las que la mejor carta de presentación es mostrarse en el bando contrario de Correa quien, ahora, carga con cerca del 80% de rechazo en la población.


Revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, nuevo socialismo democrático, progresismo moderno son malabarismos verbalescon los que uno y otro intentan continuar jugando en el andarivel político de la izquierda, aunque sus definiciones ideológico-políticas están fuera de ella y sus realizaciones se hallan al servicio del gran capital.


No son nuevos esos esfuerzos que buscan posicionarse como alternativa “intermedia” frente a corrientes económico-políticas que aparecen como polos opuestos. Eso intenta Moreno con su “progresismo moderno”: una tercera vía entre el neoliberalismo y los denominados gobiernos “progresistas”. Así operaron las propuestas del socialismo del siglo XXI, del bolivarianismo, del socialismo andino cuando irrumpieron como opción ante el neoliberalismo y el socialismo marxista; así actuó la socialdemocracia para mostrarse como el punto intermedio entre el liberalismo y el socialismo marxista leninista que ganaba adhesión mundial por los éxitos alcanzados en la ex URSS durante las primeras décadas de revolución. La historia nos muestra que todas esas propuestas de “tercera vía” tienen algo en común: su oposición al socialismo marxista y su nacimiento en los mismos cenáculos de los círculos de poder.


Esas corrientes supuestamente de “izquierda”, “progresistas”, “innovadoras” hacen un grave daño al movimiento popular y a las fuerzas de izquierda –por la confusión política que provocan en el movimiento popular– y benefician exclusivamente a los grupos de poder. Correa y Moreno cumplen esa labor diversionista en tanto expresión política de una u otra facción burguesa. Cuando se plantea la confrontación a esos sectores, sea en el terreno de la lucha política o del debate de sus ideas, se expresa el combate a propuestas políticas de contenido burgués y no se trata de discrepancias al interior de la izquierda, como aparentemente puede aparecer y muchos quieren mostrarlo.


La contradicción económico-política no se encuentra entre los puntos referenciales sugeridos por quienes juegan a la “tercera vía”. La contradicción real y definitoria está entre las fuerzas económico-políticas que, con sus respectivas variantes, defienden y procurar mantener la dominación capitalista; y, quienes pugnan por poner fin a este sistema con una auténtica revolución social. La contradicción es capitalismo o socialismo.

Publicado enInternacional
EE UU pide a China una reducción del déficit comercial de 200.000 millones de dólares


Las demandas por parte de Washington, prácticamente imposibles de cumplir para Pekín, muestran lo alejadas que están sus posiciones

 La negociación comercial entre Estados Unidos y China ha comenzado siguiendo el manual de Donald Trump, el magnate convertido en presidente que propugna golpear primero y luego hablar. Washington quiere reducir en 200.000 millones de dólares (168.000 millones de euros) el déficit comercial con el gigante asiático y para ello reclama cambios drásticos al régimen de Xi Jinping. El equipo estadounidense concluyó este viernes dos días de conversaciones en Pekín sin avances.

Los dos países se comprometen a “estrechar su comunicación”, pero reconocen que “en algunos asuntos existen grandes diferencias”, según informó la agencia china Xinhua. La filtración de una lista de demandas por parte de EE UU, prácticamente imposible de cumplir para China, muestra cómo de alejadas están las posiciones. La lista es extensa. La más relevante es una reducción del déficit comercial de 200.000 millones de dólares desde ahora hasta 2020. Esa cifra supone más de la mitad de todo el desequilibrio entre ambos países, es decir, la diferencia entre lo que EE UU compra a China y lo que le vende, que fue de 375.000 millones en 2017. El desfase con el gigante asiático es el grueso de todo el déficit comercial estadounidense, que asciende a 556.000 millones de dólares.


En ese documento, EE UU también exige a China que no subsidie los sectores de alta tecnología, incluidos en el plan de modernización industrial Made in China 2025; una mayor protección de la propiedad intelectual; acabar con las transferencias “forzadas” de tecnología; que retire sus denuncias contra EE UU en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que se comprometa a no tomar represalias si Washington decide imponer aranceles a sus productos. Otras peticiones pasan por mejorar el acceso de las empresas estadounidenses a sectores ahora protegidos por Pekín y que el país asiático reduzca, para julio de 2020, los aranceles que aplica a todos los productos estadounidenses en sectores no críticos hasta niveles que no superen los de las tarifas correspondientes que aplica Washington.


La Administración de Trump propone que ambos países se reúnan una vez al trimestre para revisar el cumplimiento del acuerdo y que, en caso de que China no lo cumpla, EE UU pueda tomar represalias vía aranceles o restringiendo su oferta de servicios. Una exigencia difícilmente aceptable. Según la agencia oficial china, las delegaciones “mantuvieron un profundo intercambio de opiniones” sobre todas estas cuestiones, aunque “ambas partes reconocieron que, dado que aún existen diferencias considerables en algunos temas, se requiere un trabajo continuo para lograr un mayor progreso”.


En Washington, Trump siguió con su juego de mano dura, la que muestra en su libro superventas El arte de la negociación. En declaraciones a la prensa, el presidente aseguró que la posición estadounidense estaba siendo suave. “Siento un gran respeto por el presidente Xi. Por eso estamos siendo tan amables”, afirmó. La negociación se produce, además, en un momento crítico en otro frente, el inicio de las negociaciones con Corea del Norte para su desnuclearización, donde Xi Jinping ha jugado un papel fundamental.
El acuerdo de mínimos en Pekín no ha ido acompañado de un pacto sobre la escalada arancelaria que han protagonizado recientemente ambos países: ni sobre los 6.000 millones de dólares ya en vigor, ni de la amenaza que pende sobre los aranceles que están teóricamente por venir, por otros 200.000 millones de dólares, según los listados provisionales anunciados tanto por Estados Unidos como China.


El acuerdo, de momento, es seguir hablando y poco más.China no ha dado pistas sobre qué está dispuesta a negociar pero advirtió, antes del encuentro, que no aceptará “demandas no razonables”. Si bien los analistas consideran que Pekín puede ceder terreno en el campo comercial —aunque no en la medida que propone Trump— aumentando las compras de productos americanos o reduciendo los aranceles que impone a estos, es virtualmente imposible que renuncie a su política industrial o tecnológica al tratarse de un objetivo estratégico de las autoridades. La amenaza de guerra comercial sigue, de momento, en pie.

 

Pekín / Washington 4 MAY 2018 - 16:48 COT

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