La encíclica ecologista y las luchas de los pueblos

La Encíclica del papa Francisco "Laudato Si –sobre el cuidado de la casa común" publicada el 18 de junio, es un parteaguas en muchos sentidos. Es un fuerte llamado a parar la devastación ambiental y el cambio climático, a cuidar a nuestra hermana madre Tierra y reconocer los derechos de quienes mejor cuidan de ella: las comunidades campesinas e indígenas, las economías solidarias locales, rurales y urbanas. Anota la conexión directa entre destrucción ambiental y social con el paradigma tecnocrático globalizado, sustentado por una minoría que desde las finanzas domina las políticas nacionales e internacionales en su beneficio, en desmedro del bien común y abusando los bienes comunes. Refleja además un hito por la relación con los movimientos sociales.


El Papa no elaboró la encíclica encerrado en su cúpula: desde que inició su mandato, buscó interacción directa con actores sociales y movimientos populares del mundo. Con la interlocución del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), de la organización campesina global Vía Campesina y de organizaciones de trabajadores precarios y economía solidaria en Argentina —con quienes Bergoglio se relacionaba desde antes— se consolidó en octubre 2014, un Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el papa Francisco, bajo el lema Tierra, Techo, Trabajo: tierra para sembrar, techo para vivir y trabajo digno.


El Consejo Pontificio de Justicia y Paz y la Pontificia Academia de Ciencias co-organizaron el encuentro, respetando la autonomía de los movimientos. Asistieron cerca de 200 delegadas y delegados de organizaciones de todo el mundo, principalmente campesinas, sindicatos y organizaciones de economía popular, movimientos de los sin techo, así como organizaciones invitadas por los movimientos, como el Grupo ETC. Los participantes representaron una diversidad de credos religiosos y otras posturas filosóficas. Al encuentro llegó también Evo Morales, presidente de Bolivia.


Ignacio Ramonet la llamó una jornada histórica (La Jornada, 31/10/2014). Fue un intercambio franco y abierto, donde los movimientos colocaron preocupaciones y propuestas sobre tierra, trabajo y techo, inequidad global, devastación ambiental, ecologismo de los pueblos, explicaron el rol vital de los campesinos en la alimentación y para enfriar el planeta, denunciaron falsas soluciones al cambio climático como mercados de carbono, geoingeniería, y muchos otros puntos. El Papa respondió valorando la lucha de los pobres contra la injusticia y en su respuesta adelantó varios puntos que ahora vemos en la Encíclica. (movimientospopulares.org).


En el último año, el Papa recibió un documento sobre impactos de agrotóxicos y transgénicos, firmado por nueve científicos y expertos de renombre mundial, incluyendo a Andrés Carrasco, Elena Álvarez-Buylla, Rubens Nodari, Pat Mooney y Vandana Shiva, invitados a esta tarea por el MST, Brasil. (www.etcgroup.org/es/content/carta-enviada-al-papa-francisco-sobre-transgénicos). A iniciativa de redes de justicia climática de Asia, y líderes religiosos de Asia y África, recibió otro documento sobre cambio climático, con análisis, propuestas y alternativas desde las organizaciones.


El Papa escuchó diversas fuentes, como los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC) y otros. Por su parte, la Pontificia Academia de Ciencias, tiene historia en colaborar con científicos cercanos a las transnacionales de agronegocios, petroleras y otras, incluyendo promotores de transgénicos, geoingeniería y filantrocapitalistas. También ellos actuaron este año intentando influir en el proceso.


La encíclica afirma el rol crucial de los movimientos populares, organizaciones ambientalistas y otras de la sociedad civil de abajo, a quiénes da el crédito de poner sobre las mesas de discusión nacional e internacional, los temas de las crisis climática y ambiental. Afirma que los campesinos alimentan a la mayoría de la humanidad, con muy poca tierra, agua y combustibles, y que junto a las comunidades indígenas, son los principales actores que mantienen la diversidad biológica y cultural, hechos que define claves para la sobrevivencia de todos y del planeta.


Condena los oligopolios alimentarios y la producción de semillas estériles (semillas Terminator), que condenan a los agricultores a la dependencia. Confirma que los transgénicos han significado expulsar muchos pequeños agricultores de sus tierras. Igualmente, condena la ambición de las empresas mineras y otras que invaden y expulsan a las comunidades de sus territorios, y afirma que La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Es contundente su crítica a la noción dominante de progreso y al paradigma tecnocrático imperante, pero rescata que ciencia y tecnología tienen un papel a jugar, si actúan comprometidamente a favor del bien común y no de las minorías.


La encíclica afirma la gravedad del cambio climático y llama a enfrentarlo urgentemente, advierte sobre la erosión de la biodiversidad, la contaminación de suelos, agua, aire y sobre todo de la gente, por el uso indiscriminado de agrotóxicos y otros contaminantes, denuncia la urbanización e industrialización para ganancia de las minorías, la sobre-explotación de recursos naturales, la cultura del descarte y el sobreconsumo, que coexiste con gran cantidad de pobres. Hay mucho para reflexionar. Una próxima parada en este intercambio será el II Encuentro de Movimientos Populares con el Papa, en Bolivia del 7 al 9 de julio.

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Viernes, 26 Junio 2015 06:51

"Evitar que quede olvidada"

Cristianos para el Tercer Milenio, un grupo enrolado en una perspectiva progresista en la Iglesia Católica, advirtió sobre el intento de los sectores más conservadores de diluir la integralidad del mensaje social que implica la encíclica del papa Francisco.


El grupo Cristianos para el Tercer Milenio, que integran entre otros Hernán Patiño Mayer, Alicia Pierini, Ana Cafiero, Rodolfo Brardinelli y Felipe Solá, dio a conocer una declaración de firme respaldo a la reciente Carta Encíclica Laudato Si del papa Francisco, señalando que al mismo tiempo que "recibe con esperanzada alegría" el documento pide "evitar que la encíclica sea, como ocurriera con otros documentos, alabada de los labios para afuera, pero en los hechos, resistida y olvidada". Sin hacer expresa mención de nadie, el grupo de cristianos identificados con diferentes posiciones políticas, trayectorias académicas y profesionales, pero todos ellos enrolados en una perspectiva progresista en la Iglesia Católica, advierte sobre el intento de los sectores más conservadores de diluir la integralidad del mensaje social que implica la encíclica del papa Bergoglio.


Por eso Cristianos para el Tercer Milenio señala que la carta papal Laudato Si "de nuestro Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, aborda el problema global de la humanidad que en los últimos 200 años se ha dedicado a maltratar a las personas y al ambiente, y propone que todos asumamos con urgencia un explícito compromiso personal y colectivo con las imprescindibles transformaciones que la gravedad de la situación reclama".


El grupo sostiene que el documento papal "marca la imperiosa necesidad de reflexionar sobre la tragedia que está ocurriendo" y afirma que este hecho "nos pone frente a la urgencia de promover una valiente revolución cultural que suponga el abandono de la indiferencia ante el drama humano y ambiental, y la construcción de una solidaridad universal nueva, ahora mismo y en todo el planeta".


Agrega el texto que "este sistema económico acumula un doble fracaso: ha globalizado la pobreza y también ha globalizado la indiferencia frente a los millones de personas pobres que no tienen acceso al agua potable, a los alimentos, al trabajo digno y padecen muertes y enfermedades evitables: el gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo". En el documento, que también lleva la firma de Alicia Ladrón de Guevara, Cacho Bruno, Rodolfo Briozzo, Luis Miraldi, Juan Manazzoni, Cristina Domeniconi y Rogelio Ponsard, se rescata uno de los párrafos más críticos de la encíclica sobre el sistema económico y financiero mundial. Allí el Papa dice que "los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente" (Laudato Si núm. 54).


Y reafirmando también lo dicho por Francisco se subraya que, reconociendo que "somos una sola familia humana", es preciso tomar en cuenta que "no hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental".


Por tal motivo, los Cristianos sostienen que es necesario encarar "una tarea difícil y urgente que debe constituirse desde hoy en un compromiso irrenunciable para todos los cristianos y para todas y cada una de las organizaciones y estructuras que conforman la Iglesia" y proponen que "todas las organizaciones laicas independientes y toda la Iglesia misma, con sus estructuras religiosas, laicales y educativas, comencemos ya mismo una extensa y permanente tarea de difusión, profundización y puesta en práctica de las ideas centrales de la encíclica".


Sin dejar de advertir que de lo que se trata es de "erradicar el maltrato, la depredación y la violencia sobre las personas y el ambiente, naturalizadas por el modelo hegemónico de producción actual, y bregar por la aparición de una nueva ciudadanía respetuosa de la vida, inclusiva e integradora a imagen y semejanza de como Dios nos creó".

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Bolivia abre a la exploración petrolera áreas protegidas

La necesidad de descubrir nuevas reservas ha llevado al Gobierno de Bolivia a autorizar la exploración petrolera en zonas protegidas por razones ambientales, una medida que ha generado el rechazo de las asociaciones ecologistas e indígenas. El Ejecutivo de Evo Morales ha respondido con dureza y asegura que incluso expulsará del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan al desarrollo de la industria. El Gobierno pretende que las empresas puedan actuar pagando a las comunidades un 1% de su inversión.


El Gobierno de Evo Morales ha aprobado recientemente un decreto que autoriza la exploración petrolera en todas las áreas que Bolivia protege por razones ambientales. La medida ha generado el respaldo del sector petrolero y la crítica de varias organizaciones ambientalistas. Morales replicó a estas últimas con un discurso durísimo, pronunciado al pie de un pozo recién inaugurado, en el que amenazó con expulsar del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan a la expansión de la industria de los hidrocarburos, el motor de la economía nacional, y afirmó que los bolivianos no se convertirán, como estas organismos quieren, en los "guardabosques" de los países desarrollados. Morales aseguró también que "las reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano", el cual quiere territorios "intocables, intangibles" en el tercer mundo para compensar sus propios crímenes contra el ambiente. En contraposición, afirmó, "tenemos la obligación de explorar cuanto tenemos".


Las ONG han sido amenazadas por cuestionar que el Gobierno boliviano, al mismo tiempo que pretende liderar la lucha mundial contra el calentamiento global mediante la generalización de un modelo de desarrollo de bases indígenas que respete los "derechos de la Madre Tierra", tome medidas como la que acaba de aprobar, y que no es la primera que estos grupos califican como "extractivista". "Con esta autorización, el Gobierno ha cruzado una línea roja", dice la ambientalista Cecilia Requena, "porque la misma no afecta a un área o un proyecto en particular, sino a todos los parques y territorios indígenas, en cualquier momento del futuro".


Al movimiento ecologista también le preocupa que se pretenda eliminar la obligación que ahora tienen las empresas petroleras de convencer a los indígenas que habitan en áreas reservadas de la necesidad y de la inocuidad de sus proyectos, mediante un procedimiento que se denomina "consulta previa", y se lo sustituya por un pago del 1% de la inversión que hagan con destino al área protegida. "Seguramente habrá conflictos entre las petroleras y los indígenas", anticipa Requena, "y el Gobierno quiere evitarlos amenazando a las ONG con la expulsión". Los expertos en hidrocarburos argumentan que existen nuevas tecnologías que permiten la explotación en sitios naturales delicados sin causar serios daños .


La decisión de Evo Morales, que ya había sido anunciada antes pero quedó postergada hasta después de las elecciones, se origina en la urgencia que tiene el país de descubrir nuevas reservas de gas, dado que las que actualmente posee se agotarán en 10 años. La falta de exploración petrolera en la última década se ha debido, según fuentes de la industria, al oneroso sistema de impuestos, así como a las dificultades que presenta la normativa del país, entre ellas la prohibición, que ahora quedó suspendida, de trabajar en las áreas protegidas.

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Conferencia de la ONU sobre cambio climático se inicia mañana en Perú

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) comenzará mañana en Lima, Perú en un ambiente de expectativa sobre el logro de un consenso para salvar al planeta.

La cita reunirá a más de 10 mil delegados oficiales, empresariales, técnicos y no gubernamentales de 194 países, como el presidente boliviano, Evo Morales; y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y está por confirmar la del secretario de Estado norteamericano, John Kerry.


Igualmente han confirmado su presencia el exvicepresidente estadounidense Albert Gore y el famoso actor Leonardo Di Caprio, fuerte crítico de las transnacionales petroleras, consideradas principales responsables del calentamiento global y factor en contra de las soluciones al grave problema.
L

a reunión será escenario de negociaciones reservadas con el objetivo de concertar un borrador del acuerdo definitivo de diminución de las emisiones de carbono que causan el calentamiento global, entendimiento a definirse en la COP21 del próximo año, en París.

La meta es que el planeta no supere en 2050 el umbral de los 2 grados de aumento de temperatura, nivel que ya sería catastrófico para la vida en la Tierra.

Tanto el anfitrión de la cita, Manuel Pulgar-Vidal; como la secretaria ejecutiva de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, Christiana Figueres, manifestaron ayer optimismo respecto a la posibilidad de un consenso. "Yo espero que Lima haga historia y a eso vamos", manifestó Figueres, al señalar que será un borrador ó conciso y bien estructurado ó que atienda los intereses de todos los países.


Coincidió con Pulgar-Vidal en que alienta su optimismo el reciente anuncio de Estados Unidos y China de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en un 26 por ciento a 28 para 2025, el primero; y de llegar en 2030 a su punto maximo de las mismas en 2030. Con esta declaración conjunta nos dicen que tienen la voluntad de mejorar las cosas. Esa es la mejor señal política para iniciar la COP20″, comentó el ministro peruano.


Pulgar-Vidal señaló dijo también que espera que durante la COP20 haya anuncios de incremento del llamado Fondo Verde, de aportes de países ricos ó"principales responsables del problema- para asistir a países subdesarrollados para que enfrenten los efectos del fenómeno y reduzcan sus emisiones.

El fondo tiene hasta ahora nueve mil 300 millones de dólares, pero se estima que lo necesario para 2020 serán cien mil millones de dólares, apuntó el ministro.

Pulgar-Vidal expresó igualmente que para enfrentar con éxito el cambio climático es indispensable avanzar a un cambio en los patrones de producción y consumo vigentes.

(Con información de Prensa Latina)

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Sábado, 08 Noviembre 2014 07:55

La monstruosidad del canal interoceánico

La monstruosidad del canal interoceánico

Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, con el poder omnímodo que él y su mujer tienen sobre este país, hizo que el Congreso Nacional aprobara en un solo día la creación de una ley para la construcción de un canal interoceánico. Esta ley no fue consultada en absoluto con la población. Al día siguiente de aprobada la ley, fue otorgada una concesión con rapidez vertiginosa, a pesar de que afectará a Nicaragua por más de 100 años, y la concesión fue hecha a un chino hasta entonces desconocido de nombre Wang Jing. La concesión sólo otorga derechos a Wang Jing pero no le impone ninguna obligación.


La concesión se hizo sin que hubiera ningún estudio previo, según ha dicho el propio presidente Ortega.


La concesión, que se ha hecho sin licitación alguna, incluye un aeropuerto, dos puertos, un gran centro turístico, zonas francas de libre comercio y otros proyectos. Toda la geografía nacional se ha entregado para que estas obras se realicen donde Wang Jing quiera y tendrá todos los permisos que se necesiten cualquiera que sean sus decisiones. Tendrá toda licencia, permiso o autorización que demande. Ni un solo centavo recibirá el estado de Nicaragua en concepto de impuestos o gravámenes por ninguna de las obras. Según el acuerdo que se firmó, la empresa china está fuera de toda normativa nacional, libre de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, aun cuando incumpla con sus obligaciones.


La ley es contradictoria en muchos aspectos de nuestra Constitución Política. También contradice otros proyectos que tal vez serían más rentables a largo plazo que cortar en dos el corredor turístico del Pacífico. El afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus Proyectos Asociados son la mayor amenaza para las condiciones ambientales del país en toda su historia. Ha denunciado también que esta concesión exime a todos los Proyectos Asociados del cumplimiento de la legislación ambiental, exponiendo al país a una destrucción ecológica irreversible.
El estado de Nicaragua recibiría el uno por ciento de las acciones cada año, y hasta los 100 años llegaría a tener el cien por ciento de ellas. Con cada barco que pase, enorme cantidad de agua dulce se iría al mar. El Gran Lago sólo tendrá una utilidad: la navegación. No podremos producir alimentos mediante riego, solamente podremos ver pasar barcos. Tampoco se podrá beber el agua del lago. También hay que tener en cuenta que son muchos los que viven de la pesca en el lago y ya no podrán hacerlo.


Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas, serán entregadas a un chino. A los dueños de las tierras que serán expropiadas este chino les pagará esas tierras a precio de catastro y no de mercado. 36 ciudades se verían afectadas por la pérdida del lago, además de muchas poblaciones menores. Las Isletas de Granada desaparecerían, pues las esclusas levantarían dos metros el nivel del lago.


A este panorama aterrador el presidente Daniel Ortega le ha llamado la "Tierra Prometida". Muchos expertos aseguran que Nicaragua ganaría más vendiendo agua potable que con los ingresos de un canal que hasta dentro de 100 años no sería suyo. Con este canal el país quedará dividido en dos, la Nicaragua del Norte y la del Sur, como hubo dos Alemanias y como hay dos Coreas. Habrá dos poblaciones de animales distintas (a excepción de las que podrán volar) que irán siendo cada vez más diferentes con el tiempo, lo que perjudicará nuestra biodiversidad.


Solentiname ha sido declarado Monumento Nacional, pero sin el lago no habrá más Solentiname. Una persona de allá ha dicho: "Voy a estar comiendo mucho pescado, porque después ya no habrá más pescado que el enlatado por los chinos". Con este canal el lago de Nicaragua, que para nosotros es una gran bendición de Dios, se convertirá en una maldición. Acabar con el Lago de Nicaragua sería el crimen más grande de la historia de nuestro país.

 

Por Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote; fue Ministro de Cultura de Nicaragua con el Gobierno sandinista desde 1979 a 1987

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Reaparece un viejo enemigo mortal: la contaminación que no vemos

Piense en la palabra contaminación. Seguro que le evoca emisiones de los coches, grandes sábanas de humo de las fábricas, basura tirada en las calles o ríos de su ciudad, y muchos otros actos deliberados que afectan nuestro medio ambiente.

Pero hay una contaminación que es aún más nociva, y casi invisible: se trata de la acción de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que afectan de manera sostenida y subrepticia al medio ambiente y la salud humana.


A los más peligrosos se les cataloga como la "docena sucia", entre ellos el insecticida DDT y otros herbicidas utilizados para controlar a portadores de enfermedades, como los mosquitos. Clasificados así en 2004, estos 12 químicos fueron los primeros compuestos tóxicos persistentes en ser controlados por el Convenio de Estocolmo. Desde entonces, otras 11 sustancias han sido añadidas a la lista con lo que el total suma 23. Aunque por falta de monitoreo es difícil precisar el volumen de estos contaminantes en el medio ambiente, ciertos datos comprobados dan una idea del fenómeno. De acuerdo a la UNEP, más de 90% de las muestras de agua y peces tomadas de entornos acuáticos, están contaminadas por pesticidas. Mientras tanto, en el campo, un 3% de los trabajadores agrícolas del mundo sufren cada año algún episodio de envenenamiento agudo a causa de herbicidas.


En América Latina estas sustancias tóxicas son bien conocidas. Toda la región, menos Granada, ya ha firmado el Convenio, pero incluso hasta la década de los 90, se seguía usando DDT para combatir plagas en Centroamérica y México.


Hoy en día, la emisión de tales químicos es más casualidad que a propósito: mayormente se liberan emisiones por quemar los desechos, los residuos agrícolas o a través de las centrales eléctricas o refinerías de petróleo, afectando a millones de personas.
Entrevistamos al experto Ibrahima Sow, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), sobre estos contaminantes y qué falta hacer para que desaparezca su uso.


Pregunta: ¿De qué productos químicos se trata?


Respuesta: Los COP son sustancias químicas bioacumulativas y persistentes que pueden desplazarse a grandes distancias de sus fuentes de origen. El Convenio de Estocolmo, en principio, identificó 12 químicos, que fueron llamados la docena sucia. Estos son: aldrina, clordano, dicloro difenil tricloroetano (DDT), dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, bifenilos policlorados, dioxinas policloradas y furanos policlorados. Desde entonces, otros 11 COP han sido agregados a la lista. Se trata de tres categorías: Pesticidas, compuestos y químicos industriales y subproductos resultantes de procesos de combustión.

P: ¿Cuáles son los efectos de largo plazo en la salud?


R: Los COP se disuelven fácilmente en las grasas, pero no en el agua. Por lo tanto, una vez que son ingeridos, son difíciles de excretar. También, los COP no son biodegradables, lo cual significa que se acumulan biológicamente en un organismo, especialmente en sus tejidos grasos, y se incrementan a medida que avanzan en la cadena alimentaria. Los seres humanos, por ende, pueden acumular una alta carga de COP en sus cuerpos al comer pescado, carne y productos lácteos contaminados.


Las dioxinas y los furanos se encuentran entre las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia y han sido clasificadas como cancerígenas para las personas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. La exposición a estos productos químicos se asocia al déficit en la capacidad intelectual, el aumento de la prevalencia de la depresión y la introversión, los efectos adversos en la habilidad de los niños de prestar atención y el incremento en la hiperactividad.


Cuando los COP son usados como pesticidas, los residuos contaminan los cultivos y a quienes los comen. La exposición crónica a los pesticidas que son COP puede tener consecuencias de largo plazo en la salud, tales como diferentes tipos de cáncer, alteraciones en el sistema endocrino y hormonal, trastornos reproductivos, trastornos neurológicos y en el comportamiento, la enfermedad de Parkinson, defectos de nacimiento, enfermedades respiratorias y funcionamiento anormal del sistema inmunológico.


P: ¿En qué industrias y usos son más frecuentes estos contaminantes?


R: Los COP constituyen una pequeña parte del total de los pesticidas, sin embargo aún están siendo usados en muchos países para controlar a portadores de enfermedades, como los mosquitos o las termitas. El DDT, por ejemplo, ha sido empleado ampliamente como un insecticida y en algunos países se puede usar legalmente solo para el control de los portadores de enfermedades, pero quizás también en algunos casos podría estar siendo ilícitamente empleado en la agricultura.


Las dioxinas y los furanos no son producidos de manera intencional sino que son subproductos de procesos de combustión y reacciones químicas cuando hay presencia simultánea de materia orgánica y cloro.


Los bifenilos policlorados (PCB) son aceites y sustancias sólidas que no tienen sabor ni olor, y fueron desarrollados en 1929 para ser usados en los refrigerantes, aceites aislantes y lubricantes, entre otros. Los PCB también pueden ser producidos de manera no intencional durante la incineración de desechos peligrosos municipales y de hospitales, entre otras reacciones químicas.
P: ¿Cuáles son los principales desafíos para reducir su uso?


R: A pesar de los esfuerzos realizados todavía hay mucho por hacer. Una importante cantidad de químicos —PCB, DDT y pesticidas obsoletos incluidos en la lista original de 12 COP— está almacenada a la espera de ser eliminada en los países que reúnen los debidos requisitos.


Para lograr la limpieza y la reducción a una escala que permita proteger tanto la salud humana como el medio ambiente, se deben movilizar recursos presupuestarios de los gobiernos, así como incentivar al sector privado de modo que aumente su aporte a la eliminación y disminución de los productos químicos y residuos nocivos.


Por Mary Stokes, productora online del Banco Mundial

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Sábado, 13 Septiembre 2014 05:59

La marcha por el clima no se detiene

La marcha por el clima no se detiene

"Existen leyes injustas", escribió Henry David Thoreau en su ensayo de 1849 titulado "Del deber de la desobediencia civil". Thoreau, un pacifista y naturalista, se preguntaba en su obra: "¿Nos contentaremos con obedecerlas, trataremos de enmendarlas y las obedecemos hasta que lo hayamos conseguido o las transgrediremos desde un comienzo?". Su respuesta fue simple: "Transgredan la ley".


Eso es precisamente lo que hicieron Ken Ward Jr. y Jay O'Hara 164 años más tarde, el 15 de mayo de 2013. Navegaron en un pequeño barco pesquero llamado "Henry David T." hasta un lugar de la costa de Massachusetts, cerca de la planta Brayton Point, una enorme central eléctrica de carbón construida en 1963 que es la mayor fuente de emisiones de carbono de la región. Anclaron allí y bloquearon el acceso al muelle, impidiendo que un buque descargara 40.000 toneladas de carbón. Colgaron carteles en el bote con la leyenda "El carbón es absurdo" y "350", en referencia al grupo internacional de acción por el clima 350.org. Su nombre alude al nivel de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, 350 partes por millón (ppm), que los científicos consideran es el máximo aceptable para evitar que el cambio climático provocado por el hombre se convierta en catastrófico. Ward y O'Hara lograron impedir la descarga de carbón. Desde el bote llamaron a la policía local y más tarde fueron arrestados por la Guardia Costera de Estados Unidos.


O'Hara, un velero cuáquero de Cabo Cod, explicó: "Nos acusaron de cuatro delitos: de alterar el orden, de conspirar para alterar el orden, de manejo negligente de un buque a motor y de no haber impedido la colisión de un bote". Por todo ello afrontaban una posible pena de varios años de prisión. Invocaron la "defensa por necesidad" al reconocer que incumplieron la ley, argumentando que lo hicieron para evitar un mal peor, es decir, la quema de carbón que aumenta el calentamiento global. El lunes 8 de septiembre, finalmente comparecieron ante el tribunal. El Fiscal de Distrito del Condado de Bristol, Sam Sutter, les ofreció un acuerdo: retirar los cargos penales en su contra a cambio de que se declararan culpables de un delito civil y fueran condenados al pago de una multa. Pero el fiscal Sutter fue incluso más lejos, bastante más lejos: cruzó la plaza que está frente al tribunal y pronunció un breve discurso que sorprendió a los dos acusados y a las alrededor de cien personas que estaban allí apoyándolos:


"La decisión que adoptamos Robert Kidd, el vicefiscal de Distrito a cargo del caso, y yo, fue una decisión que sin duda tuvo en cuenta el costo para los contribuyentes de Somerset, pero fue adoptada pensando en sus hijos, en los niños del Condado de Bristol y en los demás niños. El cambio climático es una de las peores crisis que nuestro planeta ha enfrentado en toda su historia. En mi humilde opinión, los líderes políticos no han hecho lo suficiente al respecto. Me llena de esperanza que hayamos logrado forjar un acuerdo que complace a ambas partes y que parece satisfacer a la policía y a las personas que están aquí para apoyar a los acusados. Además, me complace enormemente que hayamos alcanzado un acuerdo que simboliza el compromiso de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bristol de asumir un papel de liderazgo con respecto a este tema".


La increíble muestra de liderazgo político del fiscal de distrito Sam Sutter sin duda llega en un buen momento. Esta semana, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su último boletín sobre los gases de efecto invernadero, en el que da a conocer estadísticas preocupantes acerca de la aceleración del cambio climático. "La cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un nuevo récord en 2013", informó la Organización Meteorológica Mundial. La concentración actual de dióxido de carbono es de 396 partes por millón. La OMM también advirtió que "El índice actual de acidificación de los océanos parece no tener precedentes, al menos en los últimos 300 millones de años". El otro acusado de la acción frente a la planta Brayton Point, Ken Ward, ex director ejecutivo de Greenpeace Estados Unidos, señaló la urgencia con la que considera el cambio climático: "Este verano aprendimos que la capa de hielo de la Antártida occidental se está derrumbando de forma inevitable, lo que significa tres metros por encima del nivel del mar. Eso, para mí es realmente todo lo que necesitaba saber. Es decir, es un acontecimiento simbólico. De ahora en más, todo empeorará. Deberíamos estar adoptando medidas de emergencia en todas partes y la primera medida de emergencia es dejar de utilizar carbón".


Henry David Thoreau es sobre todo conocido por su libro "Walden", en el que describe el año que vivió en una cabaña que construyó en Walden Pond, cerca de Concord, Massachusetts. Thoreau se opuso a la invasión de Estados Unidos en México en 1847 y era un firme opositor de la esclavitud. Para protestar contra estas políticas violentas, decidió que no pagaría los impuestos. Cuando lo enviaron a prisión por ello, recibió una visita de su amigo, el poeta Ralph Waldo Emerson. Según cuenta la historia, Emerson le preguntó: "Henry, ¿qué estás haciendo aquí dentro?", a lo que Thoreau respondió: "Waldo, ¿qué estás haciendo tú allí afuera?". El ensayo de Thoreau sobre la desobediencia civil fue una de las primeras expresiones modernas de la táctica no violenta de la no cooperación. Sus palabras y sus acciones inspiraron a millones de personas, entre ellas a Gandhi y a Martin Luther King Jr.


El domingo 21 de septiembre se realizará en la ciudad de Nueva York la Marcha de los Pueblos por el Clima. Los organizadores prevén que será la mayor marcha por el clima en la historia. Su eslogan es: "Para cambiarlo todo, necesitamos de todos". Sam Sutter dijo que participará, al igual que los dos activistas a los que condenó. Les pregunté al fiscal de distrito y a los acusados si marcharán juntos. Sonrieron. El fiscal Sutter respondió: "¿Por qué no? Me pueden llamar. Les daré mi número de celular". Jay O'Hara coincidió: "Es una buena idea".

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© 2014 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Del total de conflictos mineros en América Latina, 90% son con empresas canadienses

En América Latina existen alrededor de 200 conflictos sociales ocasionados por la industria minera, 90 por ciento están relacionados con empresas de origen canadiense. Estas compañías son las predominantes entre la industria minera mundial debido a diversas leyes, a las normas fiscales y al apoyo que reciben en el extranjero desde el gobierno de Canadá.


Esto señalan los organizadores de la sesión sobre la industria minera canadiense del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Montreal, Canadá, a partir del próximo 29 de mayo. Advierten que 75 por ciento de las mineras del mundo son canadienses y sus actividades afectan numerosos derechos reconocidos por el derecho internacional.


Los gobiernos, agregan, han apoyado mucho este modelo extractivista y le dan ventajas casi vergonzosas, pues las empresas sacan la riqueza de los países con pagos mínimos de derechos y lo que queda a los pueblos es la destrucción ambiental, señala en entrevista telefónica Gerardo Aiquel, coordinador de esta sesión del TPP en Canadá.


Además, suman la política exterior de ese país a estas empresas. En México la embajadora fue al Congreso el año pasado a decir que se iban a retirar del país si se aplicaba a las mineras la obligación del pago de derechos, recuerda.


No obstante, en Canadá, las mineras tampoco hacen las cosas muy distintas de lo que realizan en otras naciones, explica. Un caso, ejemplifica, es el del poblado Malartic, en el norte de Montreal, donde la minera Osisko invadió el pueblo antes de obtener los permisos ambientales. Las empresas tienen facilidades para hacer la explotación minera sin respeto por la población, señala Aiquel.


En un documento en el que se exponen las acusaciones a la minería canadiense se advierte que esta actividad es un riesgo y una amenaza a la calidad del medio ambiente, a la vida social y económica de las colectividades, a la sobrevivencia de las culturas, a la salud de las personas y, muchas veces, a su integridad física.


Destaca que en ciertos casos, las violaciones son directamente imputables a las empresas, como al instaurar condiciones de trabajo que contravienen normas fundamentales, provocan expulsiones forzadas o utilizan elementos de seguridad para amenazar o reprimir la protesta social. Pero hay casos, agrega, en que las amenazas se hacen en complicidad con los gobiernos de los países donde se instalan, y también hay situaciones en las que son apoyadas por Canadá, de donde son originarias.


Los proyectos mineros afectan las poblaciones que viven en condiciones precarias, en regiones alejadas. Se sitúan frecuentemente en el corazón o en proximidad de los territorios indígenas, afectan los modos de vida y derechos de esos pueblos. En varios países de América Latina se han identificado amenazas graves a los derechos, a la integridad cultural, a la autodeterminación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, señala.


Entre los factores que favorecen la falta de justicia y la impunidad ante la expansión de esta industria están la asimetría de las relaciones de fuerza entre las comunidades, las empresas transnacionales y los estados. También se incluyen la represión, la criminalización de quienes defienden sus derechos y la protección de las inversiones en los tratados de libre comercio.


A las empresas se les acusa de la violación al derecho a la vida y a un ambiente sano; el derecho al agua; a la autodeterminación y al derecho a una ciudadanía plena. Mientras, al gobierno de Canadá se le acusa, entre otras cosas, de ejercer una influencia política indebida a través de la red diplomática para facilitar el despliegue de la industria minera en otras naciones.

El TPP es una instancia de opinión que se apoya sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos y en todos los instrumentos de derecho internacional. En esta sesión participarán alrededor de 50 agrupaciones de Canadá y América Latina, convocadas por la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina y de Justicia Transnacionales Extractivas.

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Ante esa obscura obsesión por el oro, es necesaria una moratoria minera

ALAI AMLATINA, 10/05/2014.- La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.


En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado. Pascua Lama, una gigantesca operación ubicada en las cumbres andinas compartidas entre Argentina y Chile, repetidamente prometió que sería el ejemplo de desempeño ambiental. La realidad ha sido otra, y ante su mala gestión e incumplimientos, el emprendimiento ha sido multado y suspendido por la justicia chilena.


Es, además, una de las actividades extractivas más ineficientes que se conocen. Entre los 50 primeros productores globales, el promedio alcanzado es de obtener 5 gramos de oro por tonelada de rocas extraída. Ante esa situación a nadie pueda sorprender que sea una actividad de profundos e intensos impactos ambientales.


La pequeña minería del oro tampoco escapa a los problemas. En distintos sitios amazónicos de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, son prácticas que se están hundiendo en la desolación social y ambiental. En regiones como en Madre de Dios (en el sur Perú), se ha convertido en uno de los principales factores de destrucción amazónica y violencia local. Avanza deforestando la selva y contaminando aguas y suelos.


La escala individual o familiar termina siendo un espejismo, ya que suma en una misma región desde cientos a miles de personas, con impactos que se acumulan y multiplican entre sí. La imagen del hombre encorvado, sobre el río, recogiendo arena para procesarla, ya es cosa del pasado en muchos lugares. Se las han ingeniado para transportar y poner en operación enormes maquinarias de dragado en los rincones más apartados de la Amazonia. Esa sostenida expansión sólo es posible porque esa minería ha terminado articulándose con los mercados formales, y su oro puede terminar incluso en las propias corporaciones mineras.


A pesar de todo esto, se insiste en defender la minería en general, y la de oro en particular. Esos proyectos son presentados como bendiciones económicas y éxitos exportadores. Parecería que las necesidades de oro son de una enorme importancia para el bienestar humano y el desarrollo, que se debería justificar toda esta destrucción. ¿Esto es cierto? ¿El oro tiene usos que son indispensables para la calidad de vida de las personas o imprescindibles para alguna cadena industrial clave? Si no exportamos oro, ¿caerá alguna cadena productiva? ¿se desplomarán las economías nacionales? Nada de eso.


Apenas el 10% de la demanda de oro responde a usos tecnológicos o en la medicina. En cambio, todo el resto se divide entre dos usos: joyería (poco más del 40% ), y financiero, manejado por inversores, para acuñar monedas o guardarlo como lingotes en los depósitos de bancos centrales (también poco más del 40%). Por ejemplo, en 2012 se estimó la demanda global en 4 415 toneladas, las que se repartieron entre la joyería (1 896 tons), "inversores" (1 568 tons) y compras desde los bancos centrales (544 tons). Dicho de otra manera, el 90% del oro extraído en todo el planeta es para sostener usos suntuarios, el consumo exhibicionista de joyas, o la especulación y respaldo de las finanzas. Difícilmente puede decirse con seriedad que el bienestar o desarrollo global dependan de seguir con la minería en oro.


Una parte importante de todo ese oro circulante proviene del reuso y reciclaje. Pero la demanda es tan alta, que eso presiona por más extractivismos minero. Consecuentemente, en los últimos años se han sucedido records en la extracción minera de oro; en 2012 alcanzó las 2 982 ton en todo el planeta. El más grande minero del mundo es China (donde se extrajeron más de 400 ton); y recién en el quinto puesto aparece un país latinoamericano (Perú). China se ha convertido también en el primer consumidor de oro a nivel planetario. Sus necesidades se han cuadruplicado en la última década, y se lo usa sobre todo en joyería

Encontramos así que la depredación para obtener oro no alimenta ningún proceso industrial clave, ni ninguna necesidad básica, sino que está atada a las modas de la joyería global, y en especial el consumismo de familias adineradas de China y otros países, o a las necesidades de los financistas. Si América Latina dejara de proveer oro para esos fines, no ocurría ningún colapso; por el contrario, la calidad de vida de muchas comunidades en nuestro continente mejoraría mucho.


La mejor manera de describir lo que ocurre con el oro es rescatando el concepto de "preciosidades", propuesto por Immanuell Wallerstein, a mediados de la década de 1970. Estos son bienes que son caros esencialmente por su valor simbólico. Quienes los poseen y exhiben ostentan riqueza y poder. Otros ejemplos de preciosidades son los diamantes, rubíes y otras piedras preciosas, los tapados de pieles de animales exóticos o el caviar. No desempeñan papeles similares a los de otras materias primas que se comercializan globalmente, como las que se destinan a los alimentos u otras necesidades de las personas, o las que son insumos para procesos industriales, como el hierro. La minería latinoamericana en oro ni siquiera es una "industria", ya que allí no ocurre ningún proceso manufacturero.


Esta condición afecta tanto a la minera de oro en manos corporativas como la informal e ilegal. No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización.


No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares. También son responsables de que innumerables familias no tengan otras salidas que dedicarse a ganarse sus pesitos buscando pepitas de oro en plena selva ya que el propio Estado los ha dejado desamparados, sin contar con otras opciones productivas viables.


Todo esto desemboca en que una vez instaladas las corporaciones o esos miles de mineros, el Estado ya no los puede controlar (o no quiere). Ambos cuentan con poder político. El corporativo es mas sutil pero más firme y ampliado, opera desde las cámaras empresariales y la prensa. El de los mineros artesanales o ilegales descansa en caudillos locales, alcaldes, y hasta algunos legisladores, como se ha señalado en Perú. La violencia y la ilegalidad aparecen en los dos casos, aunque también de manera distinta.


Esta situación debe detenerse, y este tipo de desarrollo debe revertirse cuanto antes. Se debe resolver el drama que significa la minería del oro y otras preciosidades, sea grande, mediana o pequeña, o esté manejada por privados, cooperativas o el propio Estado. Las respuestas deben ser radicales, en tanto el daño ambiental y los impactos sociales se siguen sumando, y son cada vez mas graves. Estos problemas ya no se pueden solucionar con nuevas tecnologías mineras, con responsabilidad social empresarial o algún nuevo tipo de política pública, ya que la explotación aurífera marcha a ritmo de vértigo. La reacción no puede esperar por años y años hasta que los patrones de consumo de los países industrializados y de los nuevos ricos en Asia, entiendan que poco sentido tiene la ostentación de joyas, y hagan caer la demanda global. Tampoco se puede seguir aguardando por un repentino arrepentimiento entre los que animan el mundo de las finanzas. En cambio, las soluciones deben ser construidas por los propios latinoamericanos, ya que ellos son los más interesados en defender su propia población y sus ambientes. Como consecuencia de todo esto, el mecanismo que se debe aplicar es evidente: América Latina la que debe declarar una moratoria de la minería de oro.


Esto implica tanto suspender nuevos emprendimientos mineros, como ir desmontando los actuales. Simultáneamente se debe contar con un marco regulatorio regional que impida el ingreso de oro nuevo desde la minería, con lo cual el sector informal rápidamente desaparecerá. En cambio, se debe permitir y alentar el comercio basado en el reuso y reciclaje del oro que ya fue extraído. A su vez, el Estado debe reorientar todos los recursos financieros, humanos y políticos, que ha usado hasta el día de hoy en sostener a la minería corporativa, para pasar a brindar apoyo y opciones productivas dignas a todas las familias rurales.


No hay que sentir temor ante la idea de una moratoria de la minería del oro. Es el paso necesario para enfrentar una situación que se ha vuelto tan dramática, que no se pueden aceptar postergaciones, si es que realmente se defiende la vida.

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Una alimentación adicta al petróleo

Comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos es adicto al "oro negro". Sin petroleo, no podríamos comer como lo hacemos. Sin embargo, ante un escenario donde cada vez va a ser más difícil extraer petróleo y éste resultará más caro, ¿cómo vamos a alimentarnos?


La agricultura industrial nos ha hecho dependientes del petróleo. Desde el cultivo, la recolección, la comercialización y hasta el consumo, necesitamos de él. La revolución verde, las políticas que nos dijeron modernizarían la agricultura y acabarían con el hambre, y que se implementaron entre los años 40 y 70, nos convirtieron en "yonquis" de este combustible fósil, en parte gracias a su precio relativamente barato. La maquinización de los sistemas agrícolas y el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son el mejor ejemplo. Estas políticas significaron la privatización de la agricultura, dejándonos, a campesinos y consumidores, en manos de un puñado de empresas del agronegocio.
A pesar de que la revolución verde insistió en que aumentaría la producción de comida y, en consecuencia, acabaría con el hambre, la realidad no resultó ser así. Por un lado, sí que la producción por hectárea creció. Según datos de la FAO, entre los años 70 y 90, el total de alimentos per cápita a nivel mundial subió un 11%. Sin embargo, esto no repercutió, como señala Jorge Riechmann en su obra 'Cuidar la (T)tierra', en una disminución real del hambre, ya que el número de personas hambrientas en el planeta, en ese mismo período y sin contar a China cuya política agrícola se regía por otros parámetros, ascendió, también, en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597.


En cambio, la revolución verde tuvo consecuencias muy negativas para pequeños y medianos campesinos y para la seguridad alimentaria a largo plazo. En concreto, aumentó el poder de las empresas agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel freático, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades miseria, desmantelando los sistemas agrícolas tradicionales, y nos convirtió en dependientes del petróleo.
Una agricultura 'yonqui'

La introducción de maquinaria agrícola a gran escala fue uno de los primeros pasos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1850, como recoge el informe Food, Energy and Society, la tracción animal era la principal fuente de energía en el campo, representaba un 53% del total, seguida de la fuerza humana, con un 13%. Cien años más tarde, en 1950, ambas sumaban tan solo el 1%, ante la introducción de maquinas de combustible fósil. La dependencia de la maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, camiones...), más necesaria si cabe en grandes plantaciones y monocultivos, es enorme. Desde la producción, la agricultura está "enganchada" al petroleo.


El sistema agrícola actual con el cultivo de alimentos en grandes invernaderos independientemente de su temporalidad y el clima muestra, asimismo, su necesidad de derivados del petróleo y el elevado consumo energético. Desde mangueras pasando por contenedores, acolchados, mallas hasta techos y cubiertas, todo es plástico. El Estado español, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, está a la cabeza del cultivo bajo plásticos en la Europa mediterránea con 66 mil hectáreas cultivadas, la mayor parte en Andalucía, y en particular Almería, seguida, a más distancia, de Murcia y Canarias. Y, ¿qué hacer con tanto plástico una vez finaliza su vida útil?


El uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son una muestra más de la adicción del modelo alimentario al petróleo. La comercialización de fertilizantes y pesticidas ha aumentado un 18% y un 160%, respectivamente, entre los años 1980 y 1998, según el informe Eating oil: food suply in a changing climate. El sistema agrícola dominante necesita altas dosis de fertilizantes elaborados con petróleo y gas natural, como amoniaco, urea, etc., que sustituyen los nutrientes del suelo. Multinacionales petroleras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobras cuentan en su cartera con inversiones en producción y comercialización de fertilizantes agrícolas.


Los pesticidas químicos de síntesis son otra fuente importante de dependencia de este combustible fósil. La revolución verde, como analizábamos, generalizó el uso de plaguicidas y, en consecuencia, la necesidad de petróleo para elaborarlos. Y todo esto, sin mencionar el impacto medioambiental del uso de dichos agrotóxicos, contaminación y agotamiento de tierras y aguas, y en la salud de campesinos y consumidores.


Alimentos viajeros


La necesidad de petróleo la observamos, también, en los largos viajes que realizan los alimentos desde donde son cultivados hasta el lugar en que se consumen. Se calcula que la comida viaja de media unos 5 mil kilómetros del campo al plato, según un informe de Amigos de la Tierra, con el consiguiente menester de hidrocarburos e impacto medioambiental. Estos "alimentos viajeros", según dicho informe, generan casi 5 millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la agudización del cambio climático.


La globalización alimentaria en su carrera para obtener el máximo beneficio, deslocaliza la producción de alimentos, como ha hecho con tantos otros ámbitos de la economía productiva. Produce a gran escala en los países del Sur, aprovechándose de unas condiciones laborales precarias y una legislación medioambiental inexistente, y vendiendo, posteriormente, su mercancía aquí a un precio competitivo. O produce en el Norte, gracias a subvenciones agrarias en manos de grandes empresas, para después comercializar dicha mercancía subvencionada en la otra punta del planeta, vendiendo por debajo del precio de coste y haciendo la competencia desleal a la producción autóctona. Aquí reside el porqué de los alimentos kilométricos: máximo beneficio para unos pocos; máxima precariedad, pobreza y contaminación ambiental para la mayoría.


En el año 2007, se importaron en el Estado español más de 29 millones de toneladas de alimentos, un 50% más que en 1995. Tres cuartas partes fueron cereales, preparados de cereales y piensos para la ganadería industrial, la mayor parte llegados de Europa y América Central y del Sur, como recoge el informe Alimentos kilométricos. Incluso comestibles típicos, como el garbanzo o el vino, los acabamos consumiendo de miles de kilómetros de distancia. El 87% de los garbanzos que comemos aquí vienen de México, en el Estado español su cultivo ha caído en picado. ¿Qué sentido tiene dicho ajetreo internacional de alimentos desde un punto de vista social y medioambiental? Ninguno.


Una comida típica dominical en Gran Bretaña con patatas de Italia, zanahorias de Sudáfrica, judías de Tailandia, ternera de Australia, brócoli de Guatemala y con fresas de California y arándanos de Nueva Zelanda de postres genera, según el informe Eating oil: food suply in a changing climate, 650 veces más de gases de efecto invernadero, debido al transporte, que si dicha comida hubiese sido cultivada y comprada localmente. La cifra total de kilómetros que el conjunto de estos "alimentos viajeros" suman del campo a la mesa es de 81 mil, el equivalente a dos vueltas enteras al planeta tierra. Algo irracional, si tenemos en cuenta que muchos de estos productos se cultivan en el territorio. Gran Bretaña importa grandes cantidades de leche, cerdo, cordero y otros alimentos básicos, a pesar de que exporta cantidades similares de los mismos. Aquí, pasa lo mismo.


Comiendo plástico

Y una vez los alimentos llegan al supermercado, ¿qué sucede? Plástico y más plástico, con derivados del petroleo. Así, encontramos un embalaje primario que contiene el alimento, un empaquetado secundario que permite una atractiva exhibición en el establecimiento y, finalmente, bolsas para llevártelo del "súper" a casa. En Catalunya, por ejemplo, de los 4 millones de toneladas de residuos anuales, un 25% corresponden a envases de plástico. Los supermercados lo empaquetan todo, la venta a granel ha pasado a la historia. Un estudio encargado por la Agència Catalana del Consum concluía que comprar en comercios de proximidad generaba un 69% menos de residuos, que haciéndolo en un supermercado o una gran superficie.

Una anécdota personal ilustra bien esta tendencia. De pequeña, en casa compraban el agua embotellada en grandes garrafas de vidrio de ocho litros, hoy casi toda el agua que se comercializa está embotellada en envases de plástico. Y se ha puesto de moda, incluso, comprarla en packs de seis unidades de litro y medio. No es de extrañar, pues, que de los 260 millones de toneladas de residuos de plástico en el mundo, la mayor parte sean envases de botellas de agua o leche, como indica la Fundación Tierra. El Estado español, según dicha fuente, es el principal productor en Europa de bolsas de plástico de un solo uso y el tercer consumidor. Se calcula que la vida útil de una bolsa de plástico es 12 minutos de media, pero su descomposición puede tardar unos 400 años. Saquen conclusiones.


Vivimos en un planeta de plástico, como retrataba brillantemente el austríaco Werner Boote en su film 'Plastic Planet' (2009), donde afirmaba: "La cantidad de plástico que hemos producido desde el principio de la edad del plástico es suficiente para envolver hasta seis veces el planeta con bolsas". Y no sólo eso, ¿qué impacto tiene en la salud su omnipresencia en nuestra vida cotidiana? Un testimonio en dicho film decía: "Comemos y bebemos plástico". Y esto, como denuncia el documental, tarde o temprano, nos pasa factura.

La gran distribución no solo ha generalizado el consumo de ingentes cantidades de plástico sino, también, el uso del coche para ir a comprar. La proliferación de hipermercados, grandes almacenes y centros comerciales en las afueras de las ciudades ha obligado al uso del coche privado para desplazarse hasta estos establecimientos. Si tomamos como ejemplo Gran Bretaña, y como indica el informe Eating oil: food suply in a changing climate, entre los años 1985/86 y 1996/98 el número de viajes a la semana por persona en coche para hacer la compra pasó de 1,7 a 2,4. El total de la distancia recorrida, también, aumentó, de los 14km por persona a la semana a 22km, un ascenso del 57%. Más kilómetros, más petroleo y más CO2, en detrimento, además, del comercio local. Si en el año 1998, existían en el Estado español 95 mil tiendas, en el 2004 esta cifra se había reducido a 25 mil.


¿Qué hacer?


Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción de petróleo convencional alcanzó su pico en 2006. En un mundo, donde el petroleo escasea, ¿qué y cómo vamos a comer? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que a más agricultura industrial, intensiva, kilométrica, globalizada, más dependencia del petroleo. Por contra, un sistema campesino, agroecológico, local, de temporada, menos "adición" a los combustibles fósiles. La conclusión, creo, es clara.


Es urgente apostar por un modelo de agricultura y alimentación antagónico al dominante, que ponga en el centro las necesidades de la mayoría y el ecosistema. No se trata de una vuelta romántica al pasado, sino de la imperiosa necesidad de cuidar la tierra y garantizar comida para todos. O apostamos por el cambio o cuando no quede más remedio que cambiar, otros, como tantas veces, van a hacer negocio con nuestra miseria. No dejemos que se repita la historia.
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