Movilizaciones contra la extracción de petróleo en la mayor reserva de biodiversidad del mundo

l Yasuní ITT, la mayor reserva de biodiversidad del mundo, está en peligro. El gobierno de Ecuador ha anunciado que explotará su mayor yacimiento petrolero ubicado en esta área de 9820 kilómetros cuadrados y alberga a varias especies de flora y fauna en peligro de extinción. Se han registrado unas 567 especies de aves, 150 especies de anfibios y otras 121 de reptiles, entre otros, y ha sido declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera.

 

El área de Yasuní, ubicado en la provincia ecuatoriana de Orellana, fue declarado área protegida el 26 de julio 1979 y es la zona en la que habita la comunidad indígena huaorani o waorani que cuenta con una población aborigen de más de 2.000 personas en aislamiento voluntario.

 


Tras no haber conseguido respuesta de "las naciones ricas" que aporten un fondo económico para evitar el desarrollo de la exploración petrolífera, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, informó el pasado jueves que la extracción "con adecuadas técnicas" se llevará a cabo.

 

El país socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presentó en el año 2007 una propuesta inédita a la comunidad internacional que pretendía proteger su reserva en la Amazonia a través de la recaudación de fondos. Sin embargo, la idea tuvo poca acogida ya que únicamente lograron reunir un 0,37 por ciento de los esperado por lo que decidieron comenzar con la explotación del Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

 


Después de que Correa informara de que su propuesta para reunir fondos había fracasado y que, por tanto, la actividad en los campos petroleros ITT seguiría adelante, diversos sectores han planteado a la posibilidad de someter a consulta popular esta iniciativa del Gobierno de Ecuador. Incluso la comunidad huaorani ha pedido este plebiscito para poder decidir si los ecuatorianos quieren o no la explotación del crudo.

 

Las explotaciones de petróleo en Yasuní suponen un gran impacto en los indígenas de la zona ya que la entrada de empresas petroleras han obligado a cambiar sus costumbres ancestrales. Como recoge el portal ecuatoriano Ecuavisa,  entre 10 y 15 personas de una misma familia que vivían en chozas de armazón de madera con techo de hojas de palmera tuvieron que cambiarlas por casas de madera y cemento, luz eléctrica y electrodomésticos, aunque siguen sin tener agua potable. Incluso ahora para moverse por el río utilizan canoas a motor.

 


Pese a que se acostumbraron al ruido de la explotación actual, con estas nuevas extracciones temen que el impacto sea aún mayor de lo que el Gobierno dice. En este sentido, Rafael Correa hacía una "promesa" a través de su cuenta de Twitter que rezaba que la actividad "solo afectará a un UNO POR MIL" -no 1% como había dicho anteriormente- del Yasuní.

 

Por otro lado, el portavoz presidencial del Gobierno, Fernando Alvarado, publicaba también a través de su perfil en la red social lo siguiente: "6 años de gobierno, tomando las mejores decisiones para combatir la pobreza y trabajando por los más olvidados, ¿a alguien le queda duda de que sobre el tema Yasuní ITT el Presidente de todos los ecuatorianos no tomará la mejor decisión para su pueblo? Seguro hablan con la pancita llena, buenos vehículos y más los que quieren solamente que no se toque el Yasuní ¡Si se puede intervenir con responsabilidad ambiental!"

 


El ITT, declarada "zona intangible", alberga unos 920 millones de barriles de crudo, equivalentes al 20 por ciento del total de reservas comprobadas del país, según Correa. El campo Tiputini, cuyo 80 por ciento de su área se encuentra fuera del parque, comenzará a explotarse en los próximos días por la petrolera estatal Petroamazonas al haber conseguido los permisos ambientales.

 

Resulta paradójico que Rafael Correa exponga como motivos de la explotación la necesidad de aumentar sus reservas para obtener recursos que atiendan a los sectores más desfavorecidos, cuando éstos se encuentran en las zonas aledañas a la extracción.

 


La campaña "Amazonia por la vida", fundada con la participación de diversas organizaciones ambientalistas en 1989, enviaba el pasado jueves una carta a los asambleístas de Ecuador. En dicho documento, la organización expresa su disconformidad con la decisión del presidente ecuatoriano. Explotar el Yasuní significa "renunciar a la que ha sido considerada como la gestión más importante del gobierno", si la iniciativa no recibió el dinero esperado "es por exclusiva responsabilidad de la propia acción gubernamental", recoge la carta.

 

Amazonia por la vida también piden la convocatoria de una consulta popular y que los ecuatorianos no se conformen con las "clásicas falacias" de la industria petrolera. Estas "falacias" son, para la organización, aquellas que dicen que "se explotará de manera responsable", "se utilizará tecnología punta" y "se hará extracción con perforaciones horizontales".

 

Asimismo, las redes sociales se han volcado con el Yasuní, creando perfiles en Facebook -No toquen el Yasuní - y en Twitter [email protected]_ - en contra de la extracción de crudo en el parque. Tras conocer las declaraciones de Rafael Correa, surgieron hashtags como #Yasuni #ElMundoNosHaFallado o #NoToquenElYasuni.

 

ARANTZA DE CASTRO Madrid18/08/2013 12:49 Actualizado: 19/08/2013 08:40

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Miércoles, 14 Agosto 2013 06:23

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

 
ALAI AMLATINA, 13/08/2013.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un reporte especial sobre el futuro del clima y las negociaciones internacionales con un llamado de atención urgido a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para tomar decisiones(1). A juicio de la agencia algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa fecha si se quiere “mantener vivo el objetivo de 2° C” y el sector energía debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de 5% anual.


 
Evitar el cambio climático peligroso implica mantener un nivel de concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 450 ppm que asegure un aumento de la temperatura media del planeta no superior a los 2° C. Esta es la meta que se trazó la Convención de Cambio climático en 2009.


 
La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio Climático (Doha, diciembre de 2012) estableció una nueva hoja de ruta –Doha Climate Gateway- estableciendo el año 2015 como fecha límite para alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. Pero lo que viene a alertar este informe es que esa es una fecha demasiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad climática en virtud de las emisiones que se habrán acumulado hasta entonces.


 
El sector energía es responsable por el 80% de las emisiones globales y se espera que para el año 2020 estas alcancen un nivel de 4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) por encima de la trayectoria consistente con el objetivo de los 2° C. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen su “pico” en 2020 y luego comiencen a declinar vigorosamente. Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible.


 
Las medidas


 
En virtud de ello la agencia propone 4 medidas urgentes a ser aplicadas con el fin de “comprar un tiempo precioso mientras las negociaciones continúan”. La primera de ellas es la adopción de medidas específicas de eficiencia energética, lo cual podría aportar la mitad de las reducciones necesarias. Una segunda propuesta es limitar la construcción y uso de las plantas de generación de electricidad a carbón (21% de las reducciones). La tercera medida es minimizar la fuga de metano proveniente de las actividades de explotación gasífera y petrolera (18% de las reducciones). Y finalmente, acelerar el desmantelamiento de los subsidios al consumo de combustibles fósiles que en 2011 alcanzaron 523 mil millones de dólares.


 
El documento recuerda que para tener un 50% de posibilidades de no sobrepasar el objetivo de los 2° C, el total de emisiones posible hasta durante la primera mitad de este siglo es de 1440 GtCO2e. De este “presupuesto de carbono” 420 Gt ya han sido emitidas entre 2000 y 2011 y otras 136 Gt serán emitidas de sectores no energéticos (agricultura, deforestación, etc.) hasta 2050. Esto deja un máximo posible de emisiones de 884 Gt del sector energía para esa fecha, para lo cual es necesaria una reducción de las emisiones del sector a una tasa de 5% anual.


 
El gas natural en cuestión


 
El gas natural ha aparecido en los últimos años como un sustituto menos contaminante del carbón lo que ha llevado a un desarrollo importante de su exploración y explotación, particularmente en el llamado gas “no convencional” (“shale” y “tight” gas).


 
El gas natural es alentado por presentar menores emisiones de carbono por unidad de energía consumida. Sin embargo esta misma condición hace que en términos absolutos las emisiones aumenten (una especie de “paradoja de Jevons” climática). En 2012 las emisiones globales del CO2 del sector energía aumentaron en 400 Mt respecto al año 2011 (1,4%). Este aumento responde al incremento del uso del gas natural (2,7%), petróleo (1,1%) y carbón (0,6%). Si se analiza la responsabilidad de cada uno de estos fósiles en el aumento global de emisiones energéticas vemos que un 44% corresponde al gas natural, 44% al carbón y 12% al petróleo.


 
Las termoeléctricas de ciclo combinado a gas, producen la mitad de las emisiones por kWh que aquellas a base de carbón. Pero parte de esta ganancia se pierde por las emisiones furtivas de metano derivados de la producción y distribución de gas natural. Solo un tercio de las reducciones necesarias pueden lograrse por el cambio de carbón a gas en el sector eléctrico lo que está indicando que el cambio del combustible no es la opción más apropiada.


 
El sentido de la urgencia


 
Estas medidas que la AIE propone son las que encuentra económicamente viables en el contexto actual. No significa ninguna amenaza para el crecimiento económico ni alentará una recesión planetaria. No son medidas de fondo, son paliativas. Pero más allá de que sus propuestas sean las más apropiadas o no, lo que debe llamar la atención es su mensaje central: no se puede esperar por las negociaciones de la Convención de Cambio Climático. Estas llegarán muy tarde.


 
Los gobiernos de cada uno de los países del mundo, pero sobre todo aquellos que presentan matrices energéticas más contaminantes, deberían tomarse un poco en serio la advertencia y no posponer decisiones a la espera del 2020. Para ese entonces, las medidas a tomar serán mucho más costosas y quizá el cambio climático ya sea una realidad irreversible.


 
1) Redrawing the energy-climate map. World Energy Outlook Special Report. OECD/IEA, 2013
 

Por Gerardo Honty, analista en energía y cambio climático del CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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Amnistía denuncia el asesinato de 20 ecologistas entre 2011 y 2012 en Brasil


Amnistía Internacional (AI) ha advertido este viernes de que la reciente muerte del biólogo español Gonzalo Alonso Hernández es un ejemplo más de los hostigamientos y ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las bandas criminales y ha denunciado, al respecto, que al menos 20 personas han sido asesinadas en el país entre 2011 y 2012 por su defensa del medioambiente.


 
Gonzalo Alonso Hernandez, de 49 años y conocido por su activismo en defensa del medioambiente frente a los cazadores clandestinos y los ganaderos, apareció muerto la semana pasada con varios disparos en la cabeza en el Estado brasileño de Río de Janeiro.


 
"Tras la muerte en Río de Janeiro del activista ambiental español, Gonzalo Alonso Hernández, cuyo caso todavía se está investigando, Amnistía Internacional reitera su preocupación por la situación que viven los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Brasil, quienes continúan sufriendo intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales", ha declarado la organización en un comunicado.

 


"Como consecuencia de la lucha contra la tala ilegal y a favor de los derechos medioambientales, ya han sido asesinadas al menos 20 personas entre 2011 y 2012", ha proseguido AI.
 


Como ejemplo de los hostigamientos, Amnistía cita el caso de Laísa Santos, miembro del grupo de Trabajadoras Artesanales Extractivistas, que trabaja por la defensa de la Amazonia, y que ha sufrido varios ataques y amenazas de muerte. "Su hermana y su cuñado fueron asesinados en represalia por el propio activismo de Laísa", ha denunciado.


 
Otro de los casos documentados por Amnistía Internacional es el del defensor de derechos humanos Alexandre Anderson de Souza, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR), que denuncia los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en la Bahía de Guanabara y que al parecer causan daños medioambientales graves y duraderos. "Tanto Alexandre como su esposa, Daiza Meneses, han sido amenazados y cuatro miembros de la organización han sido asesinados", según AI.


 
Estos y otros cerca de 300 casos de amenazas, intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos en todo el continente americano han sido documentados por Amnistía Internacional en su informe Transformar el dolor en esperanza: defensores de Derechos humanos en América, publicado a finales de 2012.

 

EP Madrid 9 AGO 2013 - 16:35 CET

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Diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier: Crisis alimentaria y agroecología

Existe un interés creciente, no solo en el mundo rural sino también en la población urbana, por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con menor impacto ambiental. No obstante, hasta ahora se lo ve más bien como una opción marginal del sistema alimentario, mientras se sigue imponiendo la visión de que sólo con la agricultura a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso?

 

Un primer hecho a notar es que el hambre crónica que se padece en el mundo no se debe a una escasez en la producción de alimentos. En eso las cifras están claras. Cada persona requiere ingerir unas 2200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en forma de papa, yuca, o similares. La producción mundial actual es de 330 kilos por habitante, o sea que hay una sobreproducción de comida, suficiente como para alimentar a 9 mil millones de personas, la cifra de población mundial estimada para el año 2050.

 

Estos datos nos proporcionaron dos investigadores, en sendas entrevistas que realizamos para profundizar sobre las causas de la crisis alimentaria y las alternativas que ofrece la agroecología. Se trata de Miguel Altieri, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien es también presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología -SOCLA-; y Marc Dufumier, profesor en el Instituto Nacional Agroeconómico de París, AgroParisTech.

 

Dufumier reconoce que la crisis alimentaria se agudizó en estos últimos 4 años, "pero ya en 2006 había 800 millones de personas que tenían hambre. Ahora hay un poquito más, pero es estructural, no es una crisis coyuntural", afirma: "es un problema de pobreza en términos monetarios. La gente no tiene poder de compra". En el mismo sentido, Altieri recalca: "un tercio de la población humana gana menos de dos dólares por día, entonces no tiene acceso a la comida. En Europa y en EE.UU. se bota aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida, suficiente para alimentar a toda África". Otros factores que contribuyen a la crisis alimentaria, señalados por nuestros entrevistados, incluyen el aumento de la producción agrícola para alimentar a los carros en lugar de las personas; el incremento del consumo de carne (que se extiende ahora en países de gran población como China e India), siendo que se necesitan de tres a diez calorías alimenticias vegetales para producir una caloría animal; el sistema de distribución de alimentos, y otros problemas estructurales relacionados con el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario.

 

Para Altieri, la crisis alimentaria, acoplada a la crisis energética, la ecológica y la social, "es una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agricultura que se basó en premisas que hoy ya no son válidas". Lo explica en estos términos: "cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etc. Ellos asumían que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a estar abundante y barato, que el agua iba a estar siempre abundante y que las limitantes naturales de la agricultura, como las plagas, se podían controlar fácilmente. Y así nos encontramos hoy en día con una agricultura que ocupa aproximadamente 1.400 millones de hectáreas en monocultivos altamente dependientes de productos externos, en los cuales los costos de producción varían de acuerdo a como sube el petróleo; donde tenemos más de 500 tipos de plagas resistentes a más de mil pesticidas". Uno de los resultados es que actualmente en el mundo hay "aproximadamente mil millones de personas hambrientas y por otro lado mil millones de personas obesas, que son víctimas directas del modelo industrial de agricultura".

 

Es cierto que este modelo, siendo altamente mecanizado, rebaja significativamente los costos directos de producción por hectárea; por lo tanto permite vender alimentos a menor precio a la vez que aumentar las ganancias. No obstante, Dufumier destaca que esto es una trampa, pues no toma en cuenta los costos indirectos: sociales, ambientales, de salud pública, etc. Cita el ejemplo de la leche en polvo barata, que "nos cuesta sumamente caro, por la contaminación de los suelos, por el exceso de nitrato en las aguas freáticas, por las hormonas en la leche. Entonces hay lo que los economistas llaman externalidades negativas", que impactarán en una menor expectativa de vida y en la salud de la población. Altieri estima que en el caso de EE.UU., de internar estos costos, sumarían unos $300 por hectárea de producción.

 

La agroecología como alternativa

 

Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre. Miguel Altieri aclara: "No me gusta caer en el argumento de si la agroecología podría alimentar el mundo porque, como dije, no es un problema de producción. Con la agroecología podemos producir alimentos suficientes para alimentar al mundo, pero si las inequidades, las fuerzas estructurales que explican el hambre no se solucionan, entonces el hambre continúa, no importa que sigamos produciendo con agroecología".

 

La agroecología –nos recuerda– "es una ciencia que se basa, por un lado, en el conocimiento tradicional campesino y utiliza también avances de la ciencia agrícola moderna (salvo la biotecnología transgénica y los pesticidas, por supuesto), pero sí los avances que tienen que ver con ecología, con biología del suelo, control biológica de plagas, todo eso se incorpora dentro de la agroecología, y se crea un diálogo de saberes. En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea, están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias. Imaginen si esta gente tuviera el 50% de las tierras a través de un proceso de reforma agraria: estarían produciendo comida en forma abundantísima, con excedente incluso".

 

Al mismo tiempo, la agroecología trae otras ventajas que no tiene la revolución verde. "Por ejemplo –señala Altieri– es socialmente activante, porque para practicarla tiene que ser participativa y crear redes de intercambio, sino no funciona. Y es culturalmente aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino ni imponer, sino que utiliza el conocimiento campesino y trata de crear un diálogo de saberes. Y la agroecología también es económicamente viable porque utiliza los recursos locales, no entra a depender de los recursos de afuera. Y es ecológicamente viable porque no pretende modificar el sistema campesino sino optimizarlo. La revolución verde buscó cambiar ese sistema e imponer un conocimiento occidental sobre el conocimiento campesino. Por eso ha tenido mucha repercusión en las bases", concluye.

 

Un factor importante a considerar es que la producción agroindustrial de gran escala es menor cuando se considera la producción total. O sea, los monocultivos son más productivos en términos de mano de obra; pero la agricultura campesina produce mucho más por hectárea. "Si haces un gráfico de producción total vs área –indica Altieri–, la curva de producción va bajando en relación al área de la finca. Porque no estamos comparando producción de maíz con maíz, sino que estamos comparando la producción total de la finca. ¿Y qué produce el campesino? Produce maíz, habas, papas, frutas;cría chancho, pollo,... Y cuando analizamos así el sistema, nos damos cuenta que es aproximadamente 20 a 30 veces más productiva. Eso da una base muy importante para pensar en reforma agraria".

 

Otra ventaja es su mejor resistencia al cambio climático. No solo porque no genera calentamiento global -a diferencia de la agricultura industrial, con su alto consumo de combustibles fósiles-, sino que hay evidencias de que resiste mejor fenómenos como las sequías. Los monocultivos, que crecientemente dominan los paisajes agrícolas del mundo, "son altamente susceptibles porque tienen homogeneidad genética y homogeneidad ecológica", como lo evidenció la sequía del año pasado del Mid-West de EE.UU., la más grande en 50 años, donde la agricultura transgénica de maíz y soya perdió el 30% de todo el rendimiento, según Altieri.

 

Políticas públicas

 

¿Cuáles serían, entonces, las políticas públicas clave para que un país promueva y desarrolle en serio la producción agroecológica? Nuestros entrevistados coinciden en reconocer que la producción agroecológica, por ser artesanal e involucrar mayor mano de obra, tiene costos de producción más altos y debe ser mejor pagada; entonces se requieren políticas de fomento y subsidios que protejan a la agroecología y a los pequeños agricultores. De este modo se puede lograr que la comida sana esté al alcance de las mayorías, y que no sea solamente un producto de consumo de lujo de los sectores adinerados (como ocurre, por ejemplo, con los productos orgánicos que se exportan al Norte).

 

Miguel Altieri destaca, en este sentido, la experiencia de Brasil, con el programa del Ministerio de Desarrollo Rural que compra el 30% de la producción al campesinado, reconociendo su rol estratégico. Es una comida sana que se destina al consumo social, en las escuelas, los hospitales, las cárceles. "La agricultura familiar en Brasil cuenta 4,7 millones de agricultores que producen el 70% de la comida en 30 % de la tierra; es un papel fundamental para la soberanía alimentaria". Entendieron que para protegerla, no podían poner a los pequeños productores a competir ni con los grandes, ni con la producción de EE.UU. o de Europa "que es una competencia totalmente desleal". El investigador considera un acierto que ese país haya creado dos ministerios del sector: el de agricultura, para los grandes productores (que evidentemente van a seguir existiendo), y el de desarrollo rural para los pequeños, con proyectos de investigación, extensión, políticas agrarias específicas para el agricultor campesino. Incluso dice que este último ministerio tiene más recursos que el de agricultura. "Lo que no funciona es cuando el ministerio de agricultura cuenta apenas con una pequeña oficina o secretaría del agricultor familiar", algo que pasa en la mayoría de países.

 

Apoyar las prácticas agroecológicas con investigación y con extensión agroecológica es otro elemento clave. "Mucho gente pregunta: ¿puede la agroecología alimentar el mundo, puede ser tan productiva? Pero mira, todos los institutos nacionales de investigación agropecuaria, los centros internacionales de investigación, las universidades, durante 60 años han financiado investigación en agricultura convencional. ¿Qué tal si a nosotros nos dieran el 90% de ese presupuesto para apoyar la agroecología? La historia sería otra", reflexiona Altieri. Señala a Cuba como el país más avanzado en este sentido, por la situación que enfrentó en el periodo especial. Una ventaja fue que tenía los recursos humanos para hacerlo, tenía agroecólogos formados; y a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños –ANAP-, 120 mil agricultores en 10 años incorporaron la agroecología, con altos niveles de producción y eficiencia energética.

 

Quizás el obstáculo mayor es la falta de voluntad política, combinado con intereses multinacionales "que están siempre empujando en el sentido equivocado". Altieri cree que el cambio climático es lo que finalmente va a poner los límites a la agricultura industrial. En el caso de países como Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones ya establecen la soberanía alimentaria, el investigador considera que tienen "una oportunidad histórica: si no es ahora, ¿cuándo?" Él les ha propuesta establecer un proyecto territorial piloto, pues "el manejo territorial implica ecología del paisaje y otras dimensiones del diseño que van mucho más allá del diseño de la finquita particular. Porque si hay campesinos que practican la agroecología pero están dispersos, no se puede hacer una conversión territorial. Así aprendamos, porque no tenemos todas las respuestas".

 

¿Una agricultura de pequeña escala?

 

Nos preguntamos si la agroecología puede aplicarse en cualquier escala, o si es básicamente para la pequeña agricultura, y si eso es una limitante. Marc Dufumier considera que, por su esencia, sirve para la agricultura familiar, aunque reconoce que es más accesible a la mediana producción familiar que al minifundista, por su poca capacidad de ahorrar e invertir en tracción animal, carretas, producir estiércol y fertilizar por la vía orgánica. Las unidades familiares de tamaño mediano serían, además, las óptimas para generar empleo y evitar el éxodo rural. Los grandes productores agrícolas, en cambio, "tienen la capacidad de inversión, pero no tienen el interés, porque quieren maximizar la rentabilidad del capital financiero invertido, y amortizar la inversión sobre grandes superficies, entonces su interés es el monocultivo que es todo lo contrario de la agroecología".

 

Para Miguel Altieri, en cambio, la agroecología es una ciencia que entrega principios de cómo diseñar y manejar sistemas agrarios, de cualquier escala, pero con respuestas tecnológicas diversas, según el caso. "Yo he mostrado ejemplos de fincas de entre 500 y 3000 has. que se manejan agroecológicamente. Estoy hablando de un rediseño del sistema agroecológico con biodiversidad funcional, con rotaciones, con policultivos, que toman otras formas en la gran escala, porque hay que usar maquinaria por supuesto, no van a manejar 3000 has. con chuzo ni con tracción animal. Entonces hay muchos ejemplos de que se puede hacer a gran escala. Lo que pasa es que en América Latina, dada la importancia estratégica de la pequeña agricultura, la agroecología siempre se dedicó a solucionar el problema de la agricultura familiar, campesina, pero eso no significa que no se pueda aplicar a gran escala".

 

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

Artículo publicado en la Edición de julio (487) de la revista América Latina en Movimiento, titulada "La alternativa agroecológica": http://alainet.org/publica/487.phtml

 

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Calentamiento global podría echar millones en algunos bolsillos

Muchos miran hacia el Ártico, algunos con horror ante los efectos del calentamiento global, sin embargo, otros anticipando con ansiedad los recursos sin explotar que yacen bajo la nieve y el hielo que se derrite paulatinamente.
 


“He trabajado en el norte durante 21 años, y la escala y la velocidad del cambio que se produce allí es asombrosa”, dijo Douglas Clark, de la canadiense Universidad de Saskatchewan.


 
“Estos cambios, tomados en su totalidad y reflejados en nuestro informe, me impiden dormir por las noches”, alertó a IPS.


 
Cambios rápidos e incluso abruptos ocurren en múltiples frentes del Ártico, según el Arctic Resilience Report (ARR, o Informe de Resiliencia del Ártico). Y lo que ocurre en el Ártico no se queda allí.


 
“Este es el primer informe internacional en decirle al mundo que se ajuste el cinturón de seguridad: estamos en una montaña rusa salvaje y no sabemos qué vendrá”, dijo Clark.
 


El ARR implicó un esfuerzo de dos años de colaboración entre expertos de los países nórdicos, más Rusia, Canadá y Estados Unidos, e incluye perspectivas indígenas. Se trata de una sofisticada evaluación de cómo interactúan los cambios en el clima, los ecosistemas, la economía y la sociedad.


El informe fue divulgado este miércoles 16 en la Reunión Ministerial del Consejo del Ártico en Kiruna, Suecia.


 
“Lo que ocurre en el Ártico tiene profundas implicaciones para todas las partes del mundo”, dijo Sarah Cornell, autora principal del estudio.


 
El recalentamiento planetario no solo está derritiendo la nieve y el hielo. También está calentando el océano Ártico y las tierras que lo rodean. Las estaciones están cambiando, el permafrost se está fundiendo, hay invasión de nuevas especies y las autóctonas se esfuerzan por sobrevivir, los lagos están desapareciendo y los ríos son redirigidos por el paisaje que se derrite, documenta el informe.


 
Algunos ecosistemas del Ártico atraviesan modificaciones catastróficas, algunos de los cuales son de gran escala e irreversibles, dijo a IPS la científica Cornell, del Centro de Resiliencia de Estocolmo.
 


Aunque para muchas personas el Ártico está tan lejos como la luna, está íntimamente interconectado con el resto del mundo.


 
“Los pueblos del Ártico no necesariamente se oponen al desarrollo económico, pero quieren estar en control de lo que ocurra”


 
El estado del tiempo está pautado ampliamente por las frías regiones ártica y antártica, equilibrado por los trópicos calientes.


 
Pero el Ártico se está derritiendo rápidamente. El pasado verano boreal, el hielo marino se redujo a la mitad de lo que era hace menos de 30 años y sigue en declive acelerado.


 
“Esto tiene y tendrá consecuencias espectaculares para el resto del mundo. No sabemos cuáles serán todas ellas”, dijo Cornell.


 
En el Ártico viven culturas y especies que no se hallan en ninguna otra parte y que tampoco pueden trasladarse más al norte para escapar del aumento de las temperaturas. Deben hacer un real esfuerzo por sobrevivir, dijo Tero Mustonen, presidente de la Cooperativa Snowchange, una red de culturas indígenas de todo el mundo.


 
“El Ártico está atravesando cambios fundamentales. Los alces están apareciendo por primera vez en la tundra, junto con nuevos insectos, plantas e incluso árboles”, dijo Mustonen a IPS desde su casa en el norte de Finlandia.


 
Mustonen, coautor del ARR, trabaja con comunidades chukchi de pastores de renos del nororiente de Siberia que han deambulado por esas tierras apartadas durante varios siglos.


 
Como muchas comunidades indígenas que viven en la tierra, poseen una profunda conexión ecológica, cultural y espiritual con su paisaje. Y ese paisaje está cambiando tanto que a veces no reconocen su propio hogar, señaló.


 
“Los chukchi no comparten fácilmente sus pensamientos. Pero los ancianos tienen un mensaje claro y poderoso que transmitir al mundo: ‘La naturaleza ya no confía en los seres humanos’”, planteó.


 
Sin embargo, las ocho naciones del Consejo del Ártico se centraron principalmente en futuras oportunidades de transporte marítimo, acceso a petróleo, gas y recursos minerales, y geopolítica. A China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur e Italia les concedieron estatus de observadores, mientras que Canadá bloqueó la postulación de la Unión Europea.


 
El Consejo es el principal foro internacioal sobre asuntos del norte, y en los próximos dos años será liderado por Canadá, que dijo se centrará en el desarrollo económico.


 
Según algunas estimaciones, la región puede tener 13 por ciento del petróleo aún no descubierto del mundo, así como 30 por ciento de los depósitos no descubiertos de gas, y vastas cantidades de recursos minerales.


 
Las muy elogiadas investigaciones científicas del Consejo ahora se centrarán en cómo desarrollar los recursos del norte para beneficio de los habitantes de esa parte del mundo.


 
En los últimos tiempos, Canadá generó críticas por redirigir sus propias investigaciones científicas para apoyar a las empresas y a la industria.


 
El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, John Kerry, representó a su país en el Consejo del Ártico, manifestando así el renovado interés en la zona de Washington, que también divulgó su nueva Estrategia Nacional para la Región del Ártico.


 
Aunque reconoce los impactos profundos del recalentamiento planetario sobre la región y sobre la población originaria, la Estrategia sostiene que la zona ayudará a cubrir las necesidades energéticas de Estados Unidos en el futuro.


 
En la reunión, los miembros adoptaron un acuerdo sobre preparación para la contaminación marina con petróleo. Algunas organizaciones indígenas y ambientalistas urgieron al Consejo a imponer una moratoria a las perforaciones en busca de crudo en el Ártico, dadas las peligrosas condiciones y las dificultades que implican las tareas de limpieza.


 
Según Greenpeace Internacional, ese acuerdo no ofrece ningún estándar mínimo, específico y práctico, y tampoco contiene disposiciones para que las empresas se hagan responsables de todos los costos y daños causados.


 
“Aquí hubo dos conferencias: una que advirtió sobre los peligros del cambio climático y la rápida industrialización en esta frágil región, y otra, a la que asistieron ministros de Relaciones Exteriores, que prácticamente no tomó medidas concretas para abordarlos”, dijo Ruth Davis, asesora de políticas en Greenpeace Internacional.


 
Los pueblos del Ártico no necesariamente se oponen al desarrollo económico, pero quieren estar en control de lo que ocurra. Sin embargo, las naciones árticas y las comunidades locales están en etapas muy diferentes. En Finlandia y Rusia, los pueblos originarios no tienen derechos oficiales sobre la tierra o el agua, a diferencia de Canadá o Alaska, dijo Mustonen.


 
Según él, “los derechos y las culturas de los pueblos indígenas en estas regiones tienen que tomarse en serio a fin de integrar su necesidades en cualquier forma de desarrollo”.


 
(Con información de IPS)

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La muerte del Mecanismo de Desarrollo Limpio

ALAI AMLATINA, 25/04/2013.-  El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) fue creado por el Protocolo de Kioto en 1997 y entró en vigor en 2005.  Por este medio, los países en desarrollo pueden realizar proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, y transferir (vender) esas reducciones a los países desarrollados para que estos puedan cumplir con sus metas de reducción establecidas en Kioto.

 

El MDL ha sido, desde sus orígenes, fuente de todo tipo de especulaciones y debates.  Desde los más optimistas que veían en él una forma efectiva de reducir gases de efecto invernadero y de transferir recursos económicos y tecnológicos a los países en desarrollo, a los más críticos que sostenían que no se iba a producir ni lo uno ni lo otro.  La mayoría de los análisis de evaluación del mecanismo, una vez cerrado el primer período de compromiso 2008 – 2012, le ha dado la razón a los más críticos.ioo

 

Sus defensores aducen que el fracaso del MDL se debe a los altos costos demandados por un sistema extremadamente complejo y burocratizado.  Sus detractores afirman que es imprescindible un sistema así para intentar evitar las enormes posibilidades de fraude (en un mecanismo en el que tanto al comprador, como al vendedor y al fiscalizador, les conviene sobrestimar reducciones) y de error (dadas las incertidumbres científicas y técnicas que envuelven los proyectos).

 

Pero más allá del análisis de sus logros o carencias, los resultados de la última reunión de la Conferencia de las Partes le han puesto un punto final al Mecanismo de Desarrollo Limpio, al menos en América Latina.

 

La enmienda de Doha (2012) al Protocolo de Kioto ha establecido un Segundo Período de Compromiso que cubrirá el lapso 2013-2020 durante el cual los países firmantes se comprometen a reducir en un 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las que tuvieron en el año 1990.  Pero esta enmienda no ha contado con la firma de cinco países claves: Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Nueva Zelandia.

 

Esto deja prácticamente sola a la Unión Europea en el esfuerzo convenido internacionalmente de reducir emisiones y la convierte en la única potencial compradora de créditos de reducción de emisiones en cualquiera de sus formas.  El MDL es el único medio que tienen los países en desarrollo de participar del mercado de carbono.  Consecuentemente los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) que puedan obtenerse a partir de este mecanismo tendrán como su potencial y exclusivo comprador a la Unión Europea.

 

Pero la Unión Europea ha decidido que para este segundo período de compromiso solo aceptará CERs que provengan de los Países Menos Desarrollados, una lista de 49 países de África y Asia, entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano.  Por lo tanto, los proyectos de MDL provenientes de América Latina que no hayan alcanzado a ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL antes del 31 de diciembre de 2012 no podrán vender sus certificados dentro del sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

 

 Al final de 2012 había unos 6.000 proyectos registrados ante la Junta que generaron hasta el 2012 un total de CERs por aproximadamente 2 mil millones de toneladas de CO2.  A su vez se espera que esos proyectos generen CERs por más de 6 mil millones de toneladas de CO2 hacia el 2020.  A estos habría que sumarles todos los proyectos que están en las etapas previas esperando a ser registrados.

 

Esto ya supera largamente las expectativas de demanda esperada de créditos de carbono en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea para el período 2013-2020, lo cual deja muy poco margen para la colocación de los certificados del Mecanismo de Desarrollo Limpio, aún para aquellos países menos desarrollados que podrán ser los únicos ofertantes en ese mercado.

 

Por otra parte, los precios de los certificados de carbono en la actualidad no son para nada alentadores.  La sobreoferta de créditos de carbono, sumada a las incertidumbres sembradas por unas negociaciones lentas y controversiales en la Convención de Cambio Climático, hicieron caer los precios de los certificados de reducción de un precio que llegó a estar por encima de los 30 euros a un mínimo de 2,8 euros a comienzos de este año.

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio ha muerto y con él ha fenecido el mercado de carbono para los países latinoamericanos.  No obstante la Convención está analizando nuevos mecanismos de mercado que, se espera, estarán definidos para el año 2015 y entrarán en vigor a partir de 2020. Veremos.  Por ahora, Latinoamérica puede ir guardando  sus sueños de certificados de carbono en el cajón.

 

Por Gerardo Honty analista en Energía y Cambio Climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.energiasur.com / twitter: @energiasu

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Martes, 25 Diciembre 2012 09:51

Agua: interés mundial clave para 2013

El 2013 constituirá un período clave en los esfuerzos internacionales para resolver la crisis de 770 millones de personas sin acceso al agua potable y de dos mil 500 millones que están privadas de servicios de saneamiento adecuado.

 

Con ese propósito, Naciones Unidas iniciará el próximo martes el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, proclamado por la Asamblea General en una resolución adoptada en diciembre de 2010.

 

Ese texto puso de relieve que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular para la integridad del medio ambiente, la salud y el bienestar humanos y la erradicación de la pobreza y el hambre.

 

Todos esos desafíos forman parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la ONU en 2000 para ser cumplidos en 2015.

 

Y uno de ellos busca reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento, meta cuyo cumplimiento despierta escepticismo por los lentos y desiguales avances registrados hasta ahora.

 

Frente a esa situación, agravada por los efectos del cambio climático y otros problemas que repercuten negativamente en la cantidad y la calidad del agua, la ONU insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación en todos los planos.

 

Ese es uno de los ángulos principales del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, el cual debe servir para la realización de actividades a todos los niveles, según establece la resolución de la Asamblea General.

 

Hace dos años y a instancias de Bolivia, ese cuerpo reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como "un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

 

De acuerdo con la entidad ONU-Agua, creada en 2003, los siete mil millones de habitantes del planeta beben de dos a cuatro litros de agua cada día y una parte de ella a través del consumo de alimentos.

 

Este último aspecto demuestra su real dimensión cuando se comprueba que para producir un kilogramo de carne de ganado vacuno y de trigo se consumen 15 mil y mil 500 litros de agua, respectivamente.

 

Por eso, la organización reclamó cambios fundamentales en la gestión y las políticas a lo largo de toda la cadena de producción agrícola para un mejor uso de los recursos hídricos y poder responder a la creciente demanda de alimentos y otros productos.

 

Para el 2013 está programada una conferencia internacional de alto nivel sobre la cooperación en la esfera del agua, a celebrarse en agosto venidero en Tayikistán.

 

También existe una propuesta para realizar otra reunión en la sede de la ONU en Nueva York, en ocasión del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, proclamado hace 20 años (1992) por la Asamblea General.

 

El precioso líquido también es objeto de un Decenio Internacional para la Acción, denominado El agua fuente de vida, entre 2005 y 2015. Poco antes (2003) se conmemoró el Año Internacional del Agua Dulce.

 

25 DICIEMBRE 2012

(Con información de Prensa Latina)

 

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Brasil: La muerte anunciada de los Guaraní-Kaiowá

ALAI AMLATINA, 05/11/2012.- La Justicia revocó la orden de retirada de 170 indios guaraní-kaiowá de las tierras en que viven en el estado de Mato Grosso do Sul. En una carta a la opinión pública ellos expusieron: “Pedimos al Gobierno y a la Justicia Federal que no decreten la orden de desalojo, sino que decreten nuestra muerte colectiva y el enterramiento de todos nosotros aquí. Nosotros ya hemos evaluado nuestra situación actual y hemos concluido que vamos a morir todos, incluso dentro de poco tiempo”.

 

La muerte precoz, inducida -la que nosotros, caraspálidas, llamamos suicidio- es un recurso frecuente adoptado por los guaraní-kaiowá para resistir frente a las amenazas que sufren. Prefieren morir a degradarse. En los últimos veinte años casi mil indígenas, la mayoría jóvenes, pusieron fin a sus vidas en protesta por las presiones de empresas y terratenientes que codician sus tierras.

 

La carta de los guaraní-kaiowá fue divulgada después que la Justicia Federal determinara la retirada de 30 familias indígenas de la aldea Passo Piraju, en Mato Grosso do Sul. Dicha área es disputada por indígenas y terratenientes. En el 2002, por un acuerdo con la mediación del Ministerio Público Federal, en Dourados, se destinaron a los indígenas 40 hectáreas ocupadas por una hacienda. El supuesto propietario recurrió a la Justicia.

 

Según el CIMI (Consejo Indígena Misionero), vinculado a los obispos brasileños, hay que saber interpretar el lenguaje de los indios: “Ellos hablan de muerte colectiva (que es diferente del suicidio colectivo) en el contexto de la lucha por la tierra, o sea si la Justicia y los pistoleros contratados por los terratenientes insisten en sacarlos de sus tierras tradicionales, están dispuestos a morir todos en ellas, sin abandonarlas nunca”, dice la nota.

 

Datos del CIMI indican que, entre el 2003 y el 2011, fueron asesinados en el Brasil 503 indios. Más de la mitad -279- pertenecían a la etnia guaraní-kaiowá. Como protesta, el 19 de octubre, en Brasilia, fueron plantadas cinco mil cruces en el engramado de la Explanada de los Ministerios, simbolizando a los indios muertos y amenazados.

 

Están comprobados los asesinatos de miembros de esa etnia por pistoleros al servicio de los terratenientes de la región. Junto al río Hovy recientemente fueron asesinados dos indios mediante golpes y torturas.

 

La Constitución acepta el principio de la diversidad y la alteridad, y consagra el derecho congénito de los indios sobre las tierras habitadas tradicionalmente por ellos. Esas tierras debieron haber sido demarcadas hasta 1993, pero desgraciadamente la Justicia brasileña es extremadamente morosa cuando se trata de los derechos de los pobres y excluidos.

 

Un cuarto de siglo después de la aprobación de la carta constitucional, en 1988, las tierras de los guaraní-kaiowá todavía no fueron demarcadas, lo que favorece la invasión de ladrones y acaparadores de tierras y agentes del agronegocio.

 

Durante el gobierno de Lula participé en toda la polémica en torno a la demarcación de Raposa Serra do Sol. Gracias a la decisión presidencial y a una sentencia del Tribunal Supremo Federal, los terratenientes invasores fueron retirados de aquella reserva indígena.

 

En el caso de los guaraní-kaiowá no se ve, hasta ahora, la misma firmeza del poder público. Incluso la Abogacía General de la Unión, responsable de la salvaguarda de los pueblos indígenas -dado que ellos son tutelados por la Unión- llegó a editar un estatuto que en la práctica reduce el ejercicio de varios derechos.

 

El argumento de los enemigos de nuestros pueblos originarios es que sus tierras podrían ser económicamente productivas. Argumento tras el cual perdura la idea de que los indios son personas inútiles, descartables, y que el interés del lucro del agronegocio debe estar por encima de la sobrevivencia y de la cultura de dichos pueblos ancestrales.

 

Los indios no son extranjeros en las tierras del Brasil. Cuando llegaron aquí los colonizadores portugueses -equivocadamente calificados en los libros de historia como “descubridores”- se encontraron con más de cinco millones de indígenas, que dominaban centenares de idiomas distintos. La mayoría fue víctima de un genocidio implacable, quedando hoy apenas 817 mil indígenas, de los que 480 mil viven en aldeas, divididos entre 227 pueblos que dominan 180 idiomas diferentes y que ocupan el 13% del territorio brasileño.

 

Para nada sirve que el gobierno brasileño firme documentos en favor de los derechos humanos y del desarrollo sustentable si eso no se traduce en gestos concretos para la preservación de los derechos de los pueblos indígenas y de nuestro medio ambiente.

 

Hizo bien la presidenta Dilma al introducir retoques en el proyecto del nuevo Código Forestal aprobado por el Congreso. Entre agradar a los políticos y los intereses de la nación y la preservación ambiental, la presidenta no dudó en descartar privilegios y abrazar los derechos colectivos.

 

Ahora queda por demostrar la misma firmeza en la defensa de los derechos de esos pueblos que constituyen nuestra raíz y que marcan predominantemente el DNA del brasileño, según comprobó el Proyecto Genoma Humano. (Traducción de J.L.Burguet)

 

Por Frei Betto es escritor, autor de la novela indigenista “Uala, el amor”, entre otros libros.
www.freibetto.org/ twitter:@freibetto.

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Jueves, 18 Octubre 2012 07:04

Biocarburantes sí, pero no todos

Biocarburantes sí, pero no todos
La Comisión Europea dio ayer la razón —al menos en parte— a quienes desde hace años señalan a los biocarburantes como una de las causas del hambre en el mundo y de la subida del precio de los alimentos. Bruselas anunció un cambio legal para limitar el uso de biocombustibles procedentes de tierras de cultivo y que a partir de 2020 solo serán subvencionables los procedentes de desechos, paja o algas, que no pueden ser sospechosos de encarecer la comida. Su mensaje es: biocarburantes sí, pero no todos.

 
Bruselas ha cedido al fin a años de denuncias de distintas ONG que sostienen que los biocarburantes —combustibles producidos a partir de cultivos y que emiten mucho menos CO2 que los fósiles— empeoran el hambre. Intermón Oxfam, por ejemplo, publicó el pasado septiembre un informe titulado Las semillas del hambre sobre el tema, en el que afirma: “La sed europea de biocombustibles augura más hambre, mientras los precios de los alimentos se disparan”.

 
Lourdes Benavides, responsable del estudio, afirma: “No tiene sentido que se produzca en países pobres carburante para nuestros automóviles. Se desvían recursos a la exportación de cereales, azúcar u oleaginosas y además, eso incide en la subida de los precios de los alimentos”. La propuesta de la Comisión, según Benavides, “da una señal clara al mercado y a los productores de los carburantes. Es un paso adelante, pero es insuficiente y llega tarde”.


También hay críticas entre los ecologistas, con el argumento de que si arrasas un bosque tropical para producir biodiésel que luego se transporta a la otra parte del mundo, las ventajas en forma de reducción de emisiones no son tales. “Siempre ha estado la polémica sobre las reducciones reales de gases de efecto invernadero que tienen los biocarburantes. Depende de la tierra en la que se cultive. No es lo mismo en una selva forestal sobre una turbera y que se traslade grandes distancias. No es lo mismo que el bioalcohol producido cerca del lugar de consumo. Debería prohibirse en ciertas tierras”, afirma el ecologista Ladislao Martínez.

 
La Comisión Europea acepta estos argumentos y, en un comunicado publicado ayer, anuncia una reforma legal que limita “al 5% el uso de biocombustibles fabricados a partir de cultivos alimentarios con el fin de alcanzar el objetivo de 10% de energía renovable” fijado en la directiva europea.

 
Connie Hedegaard, comisaria de Acción por el Clima, declaró en una nota: “Para que los biocombustibles contribuyan a combatir el cambio climático, debemos utilizar aquellos realmente sostenibles. Tenemos que invertir en biocarburantes que reduzcan realmente las emisiones y no compitan con la producción de alimentos. Ello no significa en modo alguno que abandonemos los de primera generación, sino que es una señal clara de que el crecimiento futuro de los biocombustibles debe venir de la mano de los avanzados. Cualquier otra cosa será insostenible”.

 
La industria de los biocarburantes reaccionó airada a la propuesta de la Comisión —a la que le queda un largo camino, pero que marca una senda difícil de variar—. La patronal española, APPA, aplaudió que la propuesta sea más suave que un borrador previo, pero lamentó que “la Comisión mantenga en el proyecto su propuesta de limitar al 5% la aportación de los biocarburantes fabricados con cultivos alimentarios, ya que prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna”.

 
APPA critica que realizaron cuantiosas inversiones para cumplir con las directivas europeas y que las plantas llevan años paradas y el sector está en pérdidas por las importaciones de biodiésel desde Argentina e Indonesia. Ahora, añade, “resulta inaceptable que el objetivo máximo propuesto por la Comisión sea inferior al ya alcanzado en España, donde la contribución de los biocarburantes al consumo en el transporte ha superado ya el 7% en términos energéticos”.

 
La industria de los biocarburantes considera que ha sido acusada sin base de todo tipo de fatalidades. En 2008, después de que el precio de los alimentos se disparase —a la par que el del petróleo—, hasta el Banco Mundial les acusó de ser corresponsable de hambrunas.

 
Todas las propuestas de Bruselas atornillan el actual modelo de biocarburantes. Como cuando propone “incrementar al 60% el umbral mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las nuevas instalaciones”, frente a un 35% actual. En 2017 ese nivel ya deberá ser del 50%. Y a partir de 2020 no podrán recibir subvenciones (o exenciones fiscales) aquellos biocarburantes que reduzcan notablemente las emisiones y “no se produzcan a partir de cultivos que se utilizan para producir alimentos o piensos”.


Además, “se tendrá en cuenta la incidencia global de la reconversión de tierras (cambio indirecto del uso de la tierra) al evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles”. Es decir, que habrá que tener en cuenta si el cultivo se realiza en una zona de bosque tropical, por ejemplo, ya que al talar los árboles se emite CO2.


La UE “pretende fomentar el desarrollo de biocombustibles alternativos, conocidos como biocombustibles de segunda generación, a partir de materia prima no alimentaria, como desechos o paja, que emitan muchos menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles y no interfieran directamente en la producción mundial de alimentos”.

 
El futuro, pues, son biocarburantes obtenidos a partir de las algas. Conseguir producir aceites a partir de algas cultivadas en tanques, donde no podría haber acusación posible.

 
Por todo el mundo, grupos de investigación buscan microalgas que crezcan rápido, que necesiten poca superficie y que, además de crecer a costa del CO2, produzcan un aceite que se pueda utilizar como combustible. Sin embargo, eso aún está lejos. La UE al menos ha marcado el camino que quiere seguir.


Por Rafael Méndez 18 OCT 2012 - 00:00 CET

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Sábado, 08 Septiembre 2012 07:01

Sicco Mansholt y el decrecimiento económico

Sicco Mansholt y el decrecimiento económico
Los economistas ecológicos afirmamos que la economía de los países ricos debería ir hacia un estado estacionario, en expresión de Herman Daly. Eso debería lograrse tras un cierto decrecimiento”, observó Nicholas Georgescu-Roegen ya en 1979.


Esa economía sin crecimiento, ¿sería todavía una economía capitalista? ¿Qué pasa con las ganancias capitalistas y con la acumulación de capital si la economía no crece? La cuestión no es nueva, fue abiertamente debatida en París en 1972 por un presidente de la Comisión Europea, el socialdemócrata holandés Sicco Mansholt, contrario al crecimiento económico tras haber leído el informe de los Meadows del MIT y por su experiencia de varios años como rector de la política agraria europea. El debate, organizado por Le Nouvel Observateur (n. 397, 1972), atrajo a tres mil personas. Tuvo otros protagonistas brillantes: Herbert Marcuse y Edgar Morin (un viejo y un joven filósofo), el sindicalista Edmond Maire, el ambientalista Edward Goldsmith –que había publicado Blueprint for Survival en 1971– y los escritores Philippe Saint Marc y André Gorz. No se habló todavía de cambio climático, pero sí de escasez de recursos, aumento de la población, los absurdos de la contabilidad macroeconómica del PIB, la felicidad, el capitalismo, el socialismo, el militarismo, la tecnología y la complejidad. André Gorz introdujo en este debate la palabra décroissance y afirmó que el capitalismo tal vez pudiera sobrevivir a ese decrecimiento y a un estado estacionario porque la tecnología y el comercio que ahora llamamos “verdes”, podrían ser un nuevo sector de negocios donde invertir capitales y obtener ganancias. Pero no estaba seguro.


Fue notable la intervención de Sicco Mansholt en ese debate de 1972. El había anunciado que prefería el BNB (Bonheur national brut, la felicidad nacional bruta) al producto nacional bruto, siendo criticado tanto por el presidente Georges Pompidou como por Georges Marchais del Partido Comunista francés. Sicco Mansholt, que tenía 63 años, había iniciado el debate europeo con una carta al presidente de la Comisión Europea, Franco Malfatti, en febrero de 1972, tras leer el informe de los Meadows (antes de ser entregado al Club de Roma). La carta a Malfatti está escrita en un contexto de “estanflación” (estancamiento económico combinado con inflación) causado por un descenso de ganancias empresariales por la fuerza de los sindicatos en una época de pleno empleo, año y medio antes de la gran subida del precio del petróleo, en 1973, que desencadenó otro tipo de “estanflación”. Además, la carta fue escrita poco antes de la primera gran conferencia ambiental de Naciones Unidas, en Estocolmo.


Al decantarse por un “crecimiento por debajo de cero”, Mansholt no quería simplemente debatir sino promover políticas públicas europeas dirigidas hacia la conservación y el reciclaje. Le parecía apropiado “que la Comisión se proponga crear un Plan Económico Europeo central. Al hacer esto, nos alejaremos del objetivo de obtener el producto nacional bruto máximo (…)”.


Tuvo propuestas dirigidas contra las ganancias capitalistas, al suprimir la amortización acelerada de bienes de capital que se deduce de los impuestos (y que infla las ganancias) y al protestar contra la obsolescencia de los bienes de consumo duradero. Propuso introducir la certificación de productos reciclables que tendrían desgravaciones fiscales. Un arancel europeo a las importaciones protegería esos productos reciclables certificados, pues en caso contrario la competencia internacional impediría esa producción menos dañina. Era partidario de prohibir la producción de muchos productos no esenciales.


Otros temas como la crítica contra la modernidad de la ciencia cartesiana, la complejidad que produce incertidumbres y que impide usar ingenuamente la noción de “equilibrio ecológico”, fueron discutidos por André Gorz y Edgar Morin en ese debate de Le Nouvel Observateur de 1972. Sicco Mansholt coincidía con otros protagonistas del debate en que el ecologismo no era un lujo de los ricos sino una necesidad de todos, y que los más perjudicados por el urbanismo inhumano de las banlieues eran los pobres. Pero los problemas no eran solamente para los humanos. Mansholt dijo: “estamos aquí para hablar del destino de la raza humana, pero conviene no olvidar los animales ni los vegetales, elementos indispensable del complejo ecológico. La raza humana no debe solamente preocuparse egoístamente de su propia supervivencia”. Eso se acerca al concepto de Derechos de la Naturaleza del artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008.


Cuarenta años después, falta en la Comisión Europea y en la Socialdemocracia políticos tan atrevidos como lo fue Sicco Mansholt. En Bruselas se critica el PIB, pero predomina todavía la visión de que es posible recuperar el crecimiento económico y lograr la sustentabilidad ambiental gracias al aumento de la eficiencia técnica.

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