Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

Publicado enInternacional
Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


 

Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

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El hotel Capri de La Habana, perteneciente a la cadena internacional NH.

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución.

 

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano. El 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. La medida se produce por el levantamiento de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo al país caribeño. Esto termina con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios de la Unión Europea y Canadá. El gobierno cubano repudió la medida.


“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, advirtió a la prensa el canciller estadounidense Mike Pompeo. En detalle, la sección de la norma estadounidense que entrará en vigor permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.


Tras la declaración, Cuba manifestó su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter: “Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. El encargado de la diplomacia cubana hizo referencia a la victoria en la Bahía de Cochinos que ayer cumplió 58 años.


La subsecretaria estadounidense del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones para ninguna empresa. La funcionaria dijo que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos. “Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba”, dijo la funcionaria.


Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados. Breier aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque. Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron ayer su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron proteger los intereses de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio. En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advertido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de lamentable, y advirtió sobre la espiral innecesaria de acciones legales que podría derivar de ella. En la declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional.


El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas. Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.


Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Estados Unidos desde que el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero pasado y el gobierno de Trump rápidamente lo reconociera como mandatario legal de su país. Para sacar a Maduro del poder, ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, penalizó también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.


El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter: “ El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela. Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los regímenes que apoyan la fallida dictadura de Maduro”. El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer, tras el anuncio, tuiteó: “Esta decisión sirve como advertencia al régimen cubano de que estamos preparados para hacerlo responsable por sus violaciones a los derechos humanos y continua represión al pueblo cubano. Siempre vamos a luchar por la liberad del pueblo cubano”.


La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental explicó que la medida se entiende dentro de la política que ha seguido el magnate neoyorquino en relación a la isla. “Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno”, afirmó.

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Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue César Augusto Caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

Publicado enColombia
Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue Cesar Augusto caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

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 Sin planeación y sin futuro: en el estrecho marco del azar y el tutelaje

por Álvaro Sanabria Duque

 Sistemas de información y bases de datos: a propósito del censo y del Dane

por Carlos Eduardo Maldonado

 El cordón sanitario

Serge Halimi

 

 

Omar Guio

El manejo de la información en Colombia se ha caracterizado por dos rasgos principales: secretismo y una alta asimetría. La política y los conflictos económicos, sociales y militares también se manejan con datos y cifras. El más reciente caso en Colombia: el manejo del censo por parte del Dane.

Colombia comienza a ingresar a la modernidad a partir de tres hechos puntuales. Históricamente, se trata, primero, de la creación del Banco Central (Banco de la República), el cual permitió centralizar la producción del dinero y el manejo del mismo a nivel nacional y en referencia a otras monedas; en segundo lugar, en 1970, la creación del Dane (Departamento Nacional de Estadística), el cual trabajó durante mucho tiempo, y hasta la fecha, principalmente con estadística descriptiva e inferencial; y en tercer lugar, la creación en 1991 del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que puso al país a pensar, por primera vez, a nivel país, en ciencia y en tecnología.


La verdad es que a pesar de estos tres indicadores, Colombia no termina de entrar en la modernidad, ni siquiera gracias a la Constitución de 1991 (1), o su ingreso a la Ocde. La modernidad prosigue como un proyecto incluso en el país, ahora que la modernidad misma ha muerto y dado lugar a otras expresiones y realidades. Haciendo una paráfrasis de un verso del poeta peruano Vallejo, Colombia es ese país en el que “todo nos llega tarde, hasta la muerte” (Ver “Para un debate).


Es por ello que el país se caracteriza y carga en su historia, de manera puntual, por una profunda y estructural asimetría de información. Asimetría entre las grandes empresas y corporaciones y las pequeñas y medianas empresas; asimetría entre el poder ejecutivo y la base de la sociedad; asimetría entre los entes que cuidan de la seguridad y la vigilancia, y la realidad cotidiana de los ciudadanos, por ejemplo.


Esta asimetría de información es al mismo tiempo la causa y el resultado de un sistema de violencia abierto y simbólico, y de una desigualdad e inequidad escalantes en la historia nacional. No existe en ella un sistema nacional de información –por tanto integrado– y lo que es peor, los atisbos o pasos de un sistema semejante no están al alcance del control y de la veeduría ciudadana.
La punta del iceberg de esta realidad se expresa muy bien en el manejo de los censos, a nivel nacional, regional o local –usualmente, responsabilidad del Dane.
En tiempos recientes, es sabido que un expresidente fuertemente vinculado al paramilitarismo fue reelegido como resultado de “la modificación de la metodología del censo” (sic), y que el manejo de las bases de datos fue acomodaticio. Es cuando el manejo de los números se acomoda a los intereses, políticos o económicos, por ejemplo. Y organismos como el Dane se ponen al servicio del gobernante de turno y de los intereses particulares.


Información estratégica y estadística


Los organismos que manejan en el país información estratégica, como organismos públicos, son principalmente cuatro: el Departamento de Planeación Nacional (DNP), el Dane, la Dian y la Policía Nacional, específicamente la Dipol (División de Inteligencia de la Policía, que remplazó al DAS, lleno de escándalos conocidos durante el gobierno de Álvaro Uribe). En otro plano, algo más particular, hay que mencionar al Banco de la República.


El sector privado cuenta, fundamentalmente, con las bases de datos de Datacrédito, que lleva el historial crediticio de todos y cada uno de los colombianos que están bancarizados. La genialidad o la perversión del capitalismo consiste en la bancarización de los ciudadanos, pues así tienen un control total sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana de las personas.
Al lado de estos, las universidades se esfuerzan por entrar en campos como la ciencia de grandes bases de datos, la analítica de datos y el modelamiento y la simulación, pero la verdad es que las capacidades –instaladas y no instaladas, aun dejan mucho que desear. Los movimientos sociales y políticos se mueven en aguas muy por debajo de estos ambientes, y ello plantea ya un serio problema social, de organización y de acción.


Grosso modo, en el primer caso, el del DNP se trata de toda la información nacional, regional y local, conjuntamente con las comparaciones entre la información nacional y la referente al plano latinoamericano y mundial. En el caso del Dane, se trata de la información utilizada, por ejemplo, para discutir la repartición de los dineros nacionales y regionales, así como para establecer el salario mensual cada año, además de aspectos como el censo electoral, y la determinación promedio de la riqueza o de la pobreza nacional. En cuanto a la Dian, es determinante para distinguir, de entrada entre los aspectos fiscales y parafiscales, y estos últimos como coadyuvantes para la educación, la investigación y políticas sociales. Jamás en la historia del país ha habido información ni siquiera sobre el monto grueso, no digamos las distribuciones de los parafiscales. Los ingresos al fisco están todos mediados por las capacidades de la Dian; pero su información nunca ha sido plenamente compartida con la nación. Finalmente, la Policía Nacional en general y la Dipol en particular, es la instancia que maneja la información que cotidianamente obtiene de los ciudadanos, de sus celulares, computadores, de sus cuentas bancarias, de los puntos en los supermercados y otros. En una palabra, la Dipol es la Red Eschelon en Colombia (2).


Naturalmente, existen sinergias y vasos comunicantes entre estas diferentes redes de información y todas se encuentran a disposición del Gobierno, el Estado, sus agentes y sus intereses. Punto.
Es sabido que el cluster más poderoso en términos de capacidad y procesamiento de información se encuentra en el Departamento de Planeación Nacional (DNP). Allí se trabaja ya desde algún tiempo con grandes bases de datos (big data science), con analítica de datos, y otras herramientas semejantes. Desde el punto de vista intelectual y político, el DNP es el rellano de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, principalmente, aunque profesionales y técnicos provenientes de otros espacios también trabajan allí. Desde el DPN emergen los documentos Compes, los planes nacionales de desarrollo y otros documentos de carácter estratégico para el país que sirven de base a diferentes procesos de toma de decisión y acciones en los planos económico, social, político y militar (o de seguridad).


Es una información de gran valor para cualquiera que pretenda llevar a cabo una dirección moderna del gobierno. Como se sabe, el poder político y económico se funda hoy por hoy en el conocimiento y el manejo de la estadística, y la ciencia de grandes bases de datos es la herramienta conspicua que ayuda al manejo de enormes bases de datos que tienen la ventaja de permitir decisiones y acciones bien determinadas. Pues bien, de manera puntual, estas enormes bases de datos se manejan básicamente con lenguajes de programación. Los dos más importantes son R y Python, los cuales permiten elaborar sofisticados modelamientos y simulaciones, al mismo tiempo que acomodar según los intereses, la información existente. Ya ni siquiera la minería de datos –que es en realidad el A, B, C del procesamiento de datos– resulta determinante, aunque siempre es de utilidad.


Todo ello se expresa, puntualmente como sistemas expertos, inteligencia artificial y vida artificial. En una palabra, la inteligencia económica, política, de seguridad y otras pasa por y se funda en el manejo de grandes bases de datos (3).


Inversamente, la resistencia, la rebelión y la insurgencia deben poder trabajar, adicionalmente, con elementos semejantes.


Casos de estudio


En Colombia, la manipulación más abierta y desvergonzada del manejo de bases de datos ha provenido del Dane. Ayer, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, hoy, con el de Iván Duque. Raya con la demencia creer que si los colombianos ganan un salario mínimo son de clase media, o raya con el cinismo y la ignorancia sostener que “el reloj del Dane está descachado” y que entonces la población en Colombia no es de 50 millones sino menos, por ejemplo, como ha afirmado Oviedo, actual director del organismo. El manejo de una de las bases de datos más importantes para los destinos del país pareciera haber sido entregada a un bufón; el bufón de turno, en realidad.


Es un manejo de información que tiene grandes potencialidades. Por ejemplo, en Brasil, todo el juicio a Lula y la posterior destitución de D. Roussef fue la conjunción entre manipulación de las bases de datos y la producción de información mendaz (fake news). Venezuela es actualmente el objeto de un proceso por parte de Trump que ha sido literalmente calcado del mismo proceso que Obama llevó a cabo contra Libia de desinformación, manipulación de la realidad, mentiras y orquestación de mucha propaganda y publicidad. Facebook ha sido puesta de manifiesto como una empresa delincuente gracias a la situación de Facebok Analytics en Inglaterra, violando la privacidad y vendiendo al mejor postor información valiosa de millones de usuarios. El manejo de la gente es el manejo de la información, y para ello han desarrollado muy sofisticados algoritmos en el manejo de enormes bases de datos


Por su parte, la China y Estados Unidos han avanzado en algo llamado “crédito social”, consistente en otorgarle o quitarle beneficios sociales a los ciudadanos en función de la lectura de los rostros, el cruce con bases de datos de deuda económica o registros penales, por ejemplo, garantizando así “quién está conmigo, y quién está contra mí”. O puede estarlo (4).
A nivel cotidiano, los llamados puntos (de fidelización, descuentos y ahorros) de supermercados, líneas aéreas, laboratorios clínicos y otros, permiten elaborar perfectos patrones de comportamiento de los individuos, de sus núcleos familiares, de sus ritmos, estándares y formas de vida. Y si llega a ser necesario, esa información se utiliza en un momento determinado en contra de alguien. Al fin y al cabo la información no pesa nada, se la puede repartir, almacenar y conservar como se desee, y utilizar en cualquier momento con cualquier finalidad.


En la mayoría de los países, en fin, los censos nacionales –o también regionales o locales– cumplen una función fundamental, pues suministran los insumos para políticas económicas, fiscales, tributarias, parafiscales, financieras, y otras.


Como se observa, la información es manipulada, se genera desinformación, se alteran las bases de datos, se orquesta a los grandes medios de comunicación, y la población termina creyendo que eso es “la realidad”. Una magnífica muestra de lo que eufemísticamente se llama la alianza público-privada, en algunos momentos, en algunos lugares, aquí y allá.

Veeduría ciudadana de la información


En un Estado social de derecho (no simple y llanamente en un Estado de derecho; son dos cosas perfectamente distintas) la democracia consiste en la participación –y no simplemente en la representación o delegación– en las tomas de decisión. El triángulo entre los sectores público y privado y la sociedad civil debería poder ser, idealmente, un triángulo equilátero; esto es, con balance de poderes y capacidades entre cada uno de los tres ángulos o lados –como se prefiera–. (La realidad política es que en la actualidad un triángulo muy desigual, riemanniano, notablemente). Pues bien, el basamento para las tomas de decisión en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento, es el manejo y el trabajo con (grandes) bases de datos.

Para que esto funcione de manera democrática, las políticas de información –económicas, fiscales, tributarias, financieras y otras– deben ser de dominio público. Esto es, la sociedad debe poder tener acceso a las bases de datos del Gobierno y del Estado; con nombre propio, las bases de datos del DPN, del Dane, de la Dian y, guardadas proporciones, de la Dipol. De lo contrario, la asimetría de información se traduce en violencia física y simbólica, inequidad, desigualdad, pobreza, corrupción. En fin, ausencia de capacidades y de posibilidades de desarrollo humano.

En un Estado social de derecho, el derecho a la información no consiste única ni principalmente en que existan o se implementen redes de wimax (internet gratuito para la gente; y no ya solamente wifi), sino además y principalmente, en que los ciudadanos puedan acceder y decidir sobra la información que les compete; toda la información que les compete. Por decir lo menos, debe poder implementarse una veeduría ciudadana sobre la información, observatorios sobre la misma en diferentes niveles y escalas, en fin, una educación sobre la información y las bases de datos. Un país con un Estado social de derecho –derechos humanos de tercera y cuarta generación, y no ya única ni principalmente derechos de primera y de segunda generación– consiste exactamente en una simetría de información, a saber: simetría en la información del sector público y la sociedad civil –en toda la acepción de la palabra.


El manejo del censo, las metodologías empleadas, las interpretaciones de distribuciones y matrices son asuntos que no simplemente deben informarse a los ciudadanos, sino sobre los cuales la ciudadanía debe poder participar activamente, para lo cual existen por lo menos dos formas como los ciudadanos pueden hacer realidad este propósito en asuntos de información: a través de los movimientos sociales y de las universidades (principalmente la universidad pública, aunque también con la participación crítica y reflexiva de la universidad privada). Al fin y al cabo, la Universidad en general y los movimientos sociales se deben a las gentes, a la población, a las comunidades, con sus diferencias y especificidades.


Es en esta lógica que los censos no son aspectos que por técnicos deben mantenerse alejados de la sociedad civil. El desprecio hacia la gente consiste no solamente en comportamientos amanerados objetos de burla social, sino en alejar la información y el procesamiento de información de las gentes mismas. Mantener alejada la información y las bases de datos de la ciudadanía no es otra cosa que una subvaloración de las capacidades humanas e intelectuales de las comunidades; olvidando que las masas son siempre más sabias que sus dirigentes; sólo que hay que darles la oportunidad para que despierten y actúen libremente.


¿Existe temor sobre ello en el alto Gobierno? Tal vez, lo cual no es casual, ya que la acción colectiva y la protesta social se alimentan, por un lado de experiencias concretas, de mucho sufrimiento y de esperanzas emergentes; pero además, y de manera fundamental, la acción colectiva y la protesta social se nutren de mucha educación, de mucha información de mucho y buen conocimiento.
Exactamente en este marco, los medios alternativos e independientes de comunicación, los procesos de educación alternativos, las economías emergentes con base local, el manejo inteligente de internet y muchas otras acciones posibles e imaginativas constituyen acervos que permiten radicalizar la democracia o cambiarla hacia formas más próximas y cercanas a la vida y alejadas de los formalismos y el institucionalismo (5).


Sí, con nuevas políticas de información paralelas y complementarias a las que maneja el gobierno y el Estado, otra democracia es posible.

1. Cfr. Viviescas, F., Giraldo, F. (compiladores), Colombia: el despertar de la modernidad, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, 1991.
2. Cfr. “La red Echelon: el control de internet y de todas las comunicaciones”, en: Le Monde diplomatique, Nº 131, julio, 2013, edición Colombia, disponible en: http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/415-la-red-echelon-el-control-de-internet-y-de-todas-las-comunicaciones
3. Cfr. F. Pasquale, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Conbtrol Money and Information, Harvard, MA, Harvard University Press, 2016.
4. Cfr. R. Raphaël y L. Xi, “Chinos buenos y chinos malos. El crédito social, sistema de evaluación de los ciudadanos”, en: Le Monde diplomatique, Nº 185, febrero, edición Colombia, pp. 30-31.
5. Cfr. C. E. Maldonado, Sociedad de la información, políticas de información y resistencias. Complejidad, internet, la red Echelon, la ciencia de la información, Bogotá, Ediciones Desde Abajo, Colección Primeros Pasos, 2019.

 


Para un debate

La modernidad se inicia, en un proceso lento, en el siglo XII en Occidente, particularmente cuando se hace el tránsito del sistema de numeración románico al sistema de numeración arábigo. Con el primer sistema era imposible pensar grandes cantidades, y más bien, el pensamiento es esencialmente cualitativo. Ser medievales significa tener una mentalidad básicamente cualitativa. Por el contrario, con el sistema de numeración arábigo aparecen, primero el número cero, que originalmente fue descubierto por los Indios (aunque en Mesoamérica los Mayas ya lo habían descubierto por su cuenta), y además, fue posible acceder a números inmensos, ulteriormente al infinito. Ser modernos significa acceder, además, a una mentalidad cuantitativa. La ciencia moderna es el desarrollo y el resultado de esta cuantificación de la realidad, hasta cuando, en su ápice, Newton y Leibniz inventan el cálculo (el integral y el diferencial). Unos años más tarde, G. Achenwall desarrolla la estadística (1749), cuyos antecedentes pueden remontarse sin dificultad a los trabajos de Fermat, Pascal, Bernoulli, Laplace y Bayes.
Pues bien, Colombia comienza a pensar en términos modernos –esto es, cuantitativos-, con los tres elementos mencionados: la misión Kemmerer (1929), la creación del Dane (1970) y la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) en 1991. Sin embargo, la verdad es el país no termina de entrar a la modernidad hasta la fecha, pues social y culturalmente las matemáticas siguen siendo una estructura mental alejada de la vida cotidiana de los colombianos.
Vale decir incluso que, en marcado contraste con países como México, Chile y Brasil, en Colombia jamás entró el positivismo debido a la fuerza de la Iglesia Católica y del Partido Conservador. El neotomismo imperó en la educación y en la mentalidad del país, y ni siquiera los gobiernos liberales de los años 30 lograron erradicar esa influencia. Esta es una de las razones por las cuales el país tuvo una historia de violencia tan terrible. Contra los argumentos se impusieron siempre las armas.
No en últimas instancia, los miedos de la extrema derecha por el proceso de paz en marcha responde justamente a este fenómeno: la modernidad fue en la historia de Colombia una promesa incumplida.

Lunes, 15 Abril 2019 07:26

Desempleo y salario mínimo

Desempleo y salario mínimo

El desempleo está creciendo. Y es equivocado afirmar que este aumento se debe al mayor salario mínimo.

 

 

En febrero de 2019 la tasa de desempleo fue de 11,8%. Tal y como se observa en la gráfica, es el nivel más alto de los últimos 6 años. Su evolución resalta problemas estructurales de la economía colombiana. Por tanto, la situación actual no debe interpretarse como un fenómeno pasajero.

Entre las causas que están llevando a esta agudización del desempleo, destacan tres. La primera, la creciente dependencia del petróleo y del carbón. Es decir, la consolidación de la economía extractiva. La segunda, el debilitamiento del mercado interno. Las bonanzas llevaron a un deterioro del aparato productivo nacional. La tercera, la acentuación del déficit en la cuenta corriente.

Estos tres argumentos, que son de naturaleza estructural, desvirtúan los análisis que le atribuyen los problemas del desempleo al aumento del salario mínimo, que en el 2018 fue de 6%. Se dice que al subir más que la inflación, que fue de 3,18%, el mínimo ha tenido una incidencia negativa en la generación de empleo. No es cierto que el mayor salario sea el responsable del desempleo. ¡Todo lo contrario! Cuando el salario sube la demanda aumenta, las empresas venden más y el empleo crece. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación tiene ventajas porque permite incrementar la demanda y, sobre todo, porque mejora la capacidad de pago, y la calidad de vida de los trabajadores. Cuando le atribuyen al salario mínimo el aumento del desempleo se ocultan fenómenos complejos de la economía colombiana, que pueden ser los determinantes de la pérdida de empleos. Así que los males profundos de la economía han contrarrestado las bondades que podrían haberse derivado del aumento de los salarios.

 

Predominio de la economía extractiva

 

La economía extractiva sigue creciendo, y cada vez gana más relevancia en el PIB y en la estructura de las exportaciones. En el 2017 cerca del 80% de las exportaciones colombianas correspondían a bienes primarios: petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. Sobre todo, la economía está sometida al comportamiento de los precios del petróleo y del carbón. Esta reprimarización tiene dos características. 1) El PIB, y el balance fiscal, terminan dependiendo de la variación de los precios del petróleo y de los minerales. Cuando su precio aumenta, las exportaciones crecen. Pero estos movimientos son nominales y no guardan relación con la producción real. Un mayor precio del petróleo eleva el PIB, sin que necesariamente se afecte el volumen de la actividad productiva. Así que altos precios del petróleo y del carbón pueden estar acompañados de mayor desempleo. Estas actividades son intensivas en capital, y por esta razón el mayor valor de las exportaciones de petróleo y carbón, no suele estar acompañado de aumentos significativos en el empleo. En el lenguaje usual se supone, de manera equivocada, que los mayores precios internacionales de los minerales e hidrocarburos siempre favorecen la economía. Se dice que son intrínsecamente buenos. Esta visión además de que es simplista, deforma la realidad.

 

 

La forma como la economía se ha ido reprimarizando se observa bien en el cuadro. En 1965, cuando apenas comenzaba el modelo de sustitución de importaciones, el 73,4% de las exportaciones eran alimentos (café, flores, banano…). Y la partición de petróleo y minerales era de 17,7%. La industria, que apenas representaba el 4,2%, llegó a su punto más alto en 1990, con 16,4%. Esta dinámica de las manufacturas fue el resultado positivo de las políticas diseñadas por la Cepal de estímulo a la industria y de sustitución de importaciones. Recientemente, en el año 2016, el peso de la industria se redujo a 6,2%, y el petróleo y los hidrocarburos subieron a 66,3%. La reprimarización es evidente. Este rubro, más el de alimentos, suma 82,3%.

 

El agotamiento del mercado interno

 

El manejo de las bonanzas del petróleo y los minerales ha sido inadecuada. No se han generado dinámicas autónomas. Los efectos multiplicadores de las economía extractiva han sido mínimos. En otras palabras, no se han sembrado las bonanzas. El país ha renunciado a la reflexión sistemática sobre la forma como los excedentes de las bonanzas se reflejan en un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura nacionales. En lugar de incidir de manera positiva en la producción interna, los altos precios internacionales han estado acompañados de una reducción de la capacidad productiva nacional. La industria y la agricultura se han debilitado. Si estas actividades se ahogan, el empleo no crece. Efectivamente, la bonanza no ha ido a la par con un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura. Sin mercado interno no hay empleo. El mayor desempleo es una expresión del debilitamiento de los sectores manufacturero y agropecuario.

 

La acentuación del déficit en la cuenta corriente

 

En contra de las expectativas del Ministerio de Hacienda, el déficit en cuenta corriente ha aumentado. En el 2018, de acuerdo con el Banco de la República, el desbalance fue de 3,8% del PIB. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se había dicho que este déficit sería del 2,8%. Ello significa que las importaciones continúan siendo mayores que las exportaciones. Esta relación debilita la estructura económica del país. Las bonanzas deberían haber llevado a superávit en la balanza en cuenta corriente. Ha sucedido todo lo contrario.

 

No es el aumento del salario mínimo

 

De acuerdo con los tres puntos anteriores, el desempleo puede estar ocasionado por factores estructurales de una índole muy diferente al aumento del salario mínimo, al que no le pueden atribuir tal realidad.

Frente al impacto del salario se presentan dos visiones. Una, desde la óptica del empresario, supone que los menores salarios se reflejan en una mayor ganancia, en un incremento de la inversión, y en más empleo. Esta perspectiva es rechazada por los autores que siguen a Keynes, para quien es bueno que el salario suba porque la capacidad de compra aumenta, la demanda crece y los empresarios contratan más trabajadores. Así que el aumento del salario es compatible con un crecimiento del empleo. Pero para que ello sea posible se requiere corregir los males estructurales que han debilitado la actividad económica nacional.

 

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13 de abril de 2019

Publicado enColombia
Sábado, 13 Abril 2019 16:08

Incertidumbre y malabares estadísticos

Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

 

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Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

Publicado enSociedad
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Mauer, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro./ REUTERS

La crisis ha ocasionado escasez de medicinas y material médico. En febrero la oposición intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, después de reunirse con el presidente del Comité Internacional de esta organización, Peter Maurer. "Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el Gobierno Bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda" humanitaria "que pueda traerse", ha asegurado Maduro en una transmisión obligatoria de radio y televisión.


Venezuela atraviesa una aguda crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos cinco años, y por ello en febrero la oposición venezolana intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados por orden de Maduro.
En el anuncio de hoy Maduro no hizo referencia a este hecho, sino que explicó que su canciller, Jorge Arreaza, trabaja en negociar un documento "formal" con la Cruz Roja donde se establezcan los parámetros del ingreso de ayudas para que el Comité Internacional del organismo sea el "rector" de todos los "mecanismos" que quieran ayudar.


"Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación (...) y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema, máxima, que el sistema internacional tiene para cuando, a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria", apuntó. El mandatario señaló que es "bienvenido todo lo que sea legal", aunque destacó que "desde hace mucho tiempo Venezuela recibe de China, Rusia, Turquía, India" y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyo "de ayuda humanitaria".


Este miércoles, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus "impactos negativos" sobre los ciudadanos. Maurer estuvo de visita en el país durante cinco días y sostuvo encuentros con Maduro y varios ministros de su gabinete, los dos vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles. "Hay un muy buen espíritu de cooperación", dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de su visita.


Maurer indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud. Pero "no podemos rehabilitar todo el sistema de salud" y "no podemos atender todos los problemas", matizó.

11/04/2019 08:43 Actualizado: 11/04/2019 08:43

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