Activistas protestaron ayer en Cornwall con máscaras de los líderes de EU, Joe Biden; Francia, Emmanuel Macron; GB, Boris Johnson; Japón, Yoshihide Suga; Alemania, Angela Merkel, y de Canadá, Justin Trudeau . Foto Ap

Ecologistas consideran "insuficientes" los acuerdos ambientales// Ofrecen donar mil millones de vacunas, pero se requieren 10 mil millones más para inmunizar a 70% de la población mundial: OMS

 

Carbis Bay., Los líderes del Grupo de los Siete (G-7) se comprometieron ayer a ayudar al mundo a atajar la pandemia del Covid-19, frenar el cambio climático y enfrentar los desafíos planteados por China y Rusia, en la clausura de una cumbre que buscó mostrar su renovada unidad.

Al término de su primer encuentro en persona en casi dos años, en una playa del suroeste de Inglaterra, los jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Angela Merkel; Canadá, Justin Trudeau; Estados Unidos, Joe Biden; Francia, Emmanuel Macron; Italia, Mario Draghi; Japón, Yoshihide Suga, y Reino Unido, Boris Johnson, publicaron una ambiciosa declaración de intenciones.

Ha sido una cumbre "extraordinariamente colaborativa y productiva", se congratuló Biden antes de dirigirse, acompañado de su esposa, Jill, al castillo de Windsor, cerca de Londres, para tomar el té con la reina Isabel II.

Al cabo de tres días de debates, las siete grandes economías se comprometieron a proteger 30 por ciento de la tierra y los océanos para 2030, buscando detener la pérdida de biodiversidad, y a reducir sus emisiones de carbono a la mitad, respecto de 2010.

Los ecologistas criticaron unas promesas que consideraron insuficientes. “Sin un acuerdo para poner fin a todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles –algo que debe hacerse este año si queremos limitar el peligroso aumento de la temperatura global– este plan se queda muy corto”, denunció el director de Greenpeace en Reino Unido, John Sauven.

La cumbre abordó también la respuesta a la pandemia con una declaración para ayudar a prevenir futuras crisis sanitarias y la promesa de donar a países desfavorecidos mil millones de vacunas contra el Covid-19 –que ha matado a 3.7 millones de personas– a partir de agosto y hasta 2022.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el anuncio, pero destacó que para poner fin a la pandemia hacen falta 11 mil millones de dosis para inmunizar al menos a 70 por ciento de la población mundial para mediados de 2022.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hizo hincapié en la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a remontar la crisis económica provocada por el coronavirus, al advirtir sobre el riesgo de que haya "recuperaciones peligrosamente divergentes".

Los líderes del G-7 pidieron una investigación "oportuna, transparente, encabezada por científicos y basada en la ciencia" sobre los orígenes del Covid-19.

Anunciaron, además, un plan de infraestructuras impulsado por Estados Unidos para ayudar a los países de renta baja y media, desde América Latina hasta el Pacífico, a recuperarse de la pandemia.

El proyecto llamado Reconstruir un Mundo Mejor, estimado en cientos de miles de millones de dólares, tiene como objetivo rivalizar con un proyecto chino similar denominado "nuevas rutas de la seda".

Pero este será "mucho más justo", aseguró Biden, quien afirmó que "no busca conflicto" con Pekín.

El G-7 pidió un estudio más profundo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los orígenes del Covid-19, con la participación de China, país al cual apremió a "respetar los derechos humanos" en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur.

El resurgimiento de China como potencia mundial es considerado uno de los eventos geopolíticos más importantes de los últimos tiempos, junto con la caída de la Unión Soviética en 1991, que puso fin a la guerra fría.

El comunicado final de la cumbre llamó a Rusia a poner fin a sus "actividades desestabilizadoras", incluyendo la injerencia en los sistemas democráticos de otros países y los ciberataques con programas de robo de datos atribuidos a grupos de ese país.

También llamó a Moscú a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando de manera urgente el uso de armas químicas en su territorio y poniendo fin a "la represión sistemática de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes".

La primera gira internacional de Biden como presidente culminará pasado mañana con un encuentro en Ginebra con su par ruso, Vladimir Putin, a quien prometió expresar de manera "muy clara" sus desacuerdos, si bien reconoció que las relaciones entre ambos países atraviesan un deterioro grave, como lo ha señalado el líder del Kremlin.

El mandatario ruso sostuvo entrevistas con la prensa rusa y medios estadunidenses. Declaró que aspira a restablecer contactos con Washington y expuso: "el presidente Biden es radicalmente distinto a (Donald) Trump porque es un hombre de carrera. Ha pasado prácticamente toda su edad adulta en la política. Basta pensar en la cantidad de años que pasó en el Senado. Es un tipo de persona diferente. Hay algunas ventajas y desventajas, pero tengo la gran esperanza en que, de su parte, no habrá ningún movimiento basado en el impulso".

Guerra de las salchichas

Las tensiones entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) por el acuerdo del Brexit estallaron ayer en una guerra abierta de palabrasπ y ambas partes acusaron a la otra de sembrar discordia en la cumbre del G-7.

Desde que Reino Unido votó a favor de abandonar la UE en 2016, las dos partes han estado tratando de resolver el enigma sobre qué hacer con la provincia británica de Irlanda del Norte, que tiene frontera terrestre con Irlanda, integrante del grupo comunitario.

En última instancia, las conversaciones siguen volviendo al delicado mosaico de historia, nacionalismo, religión y geografía que se entrelazan en Irlanda del Norte, pero el último pulso está centrado en las salchichas.

Durante las conversaciones con Macron en la cumbre del G-7, Boris Johnson preguntó cómo reaccionaría el presidente francés si las salchichas de Toulouse no pudieran venderse en los mercados de París.

El periódico británico Telegraph informó que Macron respondió de manera incorrecta al decir que Irlanda del Norte no es parte de Reino Unido, algo que el canciller británico, Dominic Raab, calificó de "ofensivo".

"Es una falta de comprensión de los hechos. No hablaríamos de Cataluña y Barcelona, o de Córcega en Francia de esa manera", subrayó Raab a la BBC.

Macron sostuvo que el premier Johnson era "muy consciente" de las disposiciones que firmó en su protocolo de Irlanda del Norte y ahora debe implementarlas "con seriedad, calma y profesionalismo".

En una medida que podría provocar una guerra comercial a gran escala, Johnson amenazó con medidas de emergencia en el protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el acuerdo de divorcio Brexit si no se encuentra una solución.

Una fuente diplomática francesa comentó que Macron quedó desconcertado por el hecho de que Johnson mencionara las salchichas, algo que el líder británico calificó de asunto crucial, pero que los franceses consideran una distracción del objetivo principal del G-7.

"Se necesitaron cuatro años para negociar este acuerdo", indicó la fuente. "No se puede decir que Reino Unido no sabía qué estaba firmando. No es muy profesional o es una distracción de los problemas reales".

Interrogado con insistencia por la prensa sobre los comentarios de Macron, Johnson mencionó que el Brexit ocupó una "pequeña proporción de nuestras deliberaciones" durante la cumbre del G-7.

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Un seguidor de Castillo ondea una bandera de su partido, el jueves en Lima.ALESSANDRO CINQUE / Reuters

El candidato se muestra ambiguo sobre la igualdad de género y los derechos LGTBI, promueve una nueva Constitución, la mano dura contra la inmigración y renegociar los contratos con empresas extranjeras. Sus contradicciones y falta de concreción lastran su discurso

 

La llegada al poder de Pedro Castillo en Perú viene envuelta en misterio. Durante la primera vuelta hizo campaña en las plazas de los pueblos más alejados del centro del poder, en Lima. El radar de las élites no detectó a aquel hombre de estatura media, pantalones holgados de tergal y sombrero de palma. Cuando se quisieron dar cuenta, el maestro rural encabezaba las encuestas a la presidencia. Su discurso de izquierda populista, en contra del establishment y a favor de las clases históricamente olvidadas, está regado de propuestas ultraconservadoras, como la mano dura contra los delincuentes, la inmigración o el rechazo a la igualdad de género. En las propuestas claves para cambiarle la cara al Estado no ha sido del todo claro o se ha desdicho. Su idea de país todavía es algo abstracta.

Castillo ha ganado por solo tres décimas de diferencia a la conservadora Keiko Fujimori. Ella ha pedido la nulidad de 800 mesas electorales que podría dar un vuelco al resultado, lo que ha retrasado dos semanas la elección presidencial. Los expertos consultados consideran muy improbable que se haya cometido un fraude en un sistema electoral tan transparente y garantista como el peruano. A la espera de esa resolución, Castillo es el que más papeletas tiene para enfundarse la banda presidencial de un país que ha tenido cuatro presidentes en cinco años. El sillón del Palacio de Gobierno parece más bien un potro de tortura. Castillo asegura que al poco de sentarse en él se centrará en redactar una nueva Constitución “hecha por el pueblo”. “A través de una Asamblea Constituyente, tenemos que rescatar la salud como derecho universal”, dijo en el primer debate presidencial.

Sus críticos se alarmaron al entender que pretendía llevar a cabo una maniobra como la del chavismo en Venezuela para recortar libertades. La gente de Castillo aclaró que se llamaría a esa asamblea mediante un referéndum y que su inspiración es el modelo chileno, donde 155 miembros elegidos en las urnas redactarán un nuevo texto. Este ha sido uno de los principales flancos por el que le han atacado durante la campaña. De todos modos resulta difícil que pueda sacar adelante algo así. Necesita dos tercios del Congreso, y su partido solo tiene 37 de los 130 escaños. Más adelante aseguró que aceptaría una derrota en esa consulta: “Si el pueblo dice que no se toque la Constitución no tenemos por qué ser desobedientes. Somos respetuosos del mandato popular”.

Nacido hace 51 años en una aldea minúscula de la sierra de Cajamarca, en los Andes, Castillo llegó a la política tras protagonizar una huelga sindical de maestros que le hizo popular en 2017. Intentó formar su propio partido de maestros, pero no pudo recoger firmas al coincidir con el inicio de la pandemia. Acabó adscrito, más por conveniencia que por convicción, a Perú Libre, una formación regional, la primera que puede llegar a la presidencia desde la periferia. El jefe de ese partido es Vladimir Cerrón, un político de izquierdas dogmático y populista. La influencia de Cerrón en el gabinete de Castillo es otro arcano. El profesor ha renegado de él en público varias veces, sabedor de que Cerrón es muy impopular en la izquierda más centrada y urbana. Por ahí le han llegado muchos de los ataques del fujimorismo. Por ejemplo, el temor a que no sea respetuoso con las instituciones.

El 19 de marzo, en un mitin en la plaza de Chumbivilcas, en Espinar, una provincia muy afectada por los conflictos sociales entre los campesinos y una minera china y otra suiza, Castillo dijo:

—Y lo peor, hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen ¿la Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar?

La multitud respondió. “¡Nooo!”.

—¡Pero cuánto se lleva! —cuestionó Castillo aludiendo a supuestas altas remuneraciones de sus funcionarios.

Uno de sus seguidores gritó: “¿Y las empresas transnacionales?”.

Él respondió: “Las empresas transnacionales están con las horas contadas”.

Castillo acababa de un plumazo con la defensoría y con las compañías extranjeras en Perú. Se armó revuelo. La idea de que llegase al poder “un comunista peligroso”, como lo atacaba el fujimorismo, se extendió. Retrocedió en las encuestas que le auguraban una victoria holgada. La campaña de los poderes tradicionales en su contra fue brutal. Castillo apenas existía en la televisión y la radio nacional. Sobrevivió en los márgenes. Cuando el 5 de mayo recibió el apoyo de la izquierda moderada, que representa Verónika Mendoza, suavizó su postura. Ya hablaba de fortalecer, no de acabar. Explicó: “Para que ese país que sueño para mis hijos y alumnos se haga realidad, será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo: servir al pueblo”.

Quedaba en el aire su relación con las multinacionales, a las que había atacado sin piedad en sus mítines. No iba a acabar con ellas, no, aclaró. Iba a intentar que pagasen más impuestos y beneficiaran más a las comunidades que viven cerca de los yacimientos. Es una realidad que algunas de las comunidades más pobres de Perú viven alrededor de minas de oro. Dijo en un debate cara a cara con Fujimori: ”La empresa privada extranjera es bienvenida con reglas claras. Lo que hay que hacer es revisar los contratos con las empresas transnacionales”.

Al inicio Castillo demostró una cara muy retrógrada en aspectos sociales. Él asegura que es católico, aunque su esposa y sus hijas profesan el evangelismo. Dijo que no apoyaría el matrimonio gay, pero que lo plantearía en una nueva Constitución. Cuando firmó el acuerdo con Mendoza matizó en un párrafo esta postura: “Refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos, en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación”. La noche previa a la jornada de reflexión, Castillo se reunió con un puñado de activistas LGTBI en el local donde despacha en el centro de Lima. Mendoza asegura que Castillo está abierto al diálogo en temas como este.

Con él las campañas políticas han retrocedido 10 años, cuando la importancia de las redes sociales era menor. Castillo ha llenado plazas, algo que parecía algo del pasado. Llegaba a una población, contactaba con sus líderes sociales y unas horas después tenía un auditorio a sus pies. Si en los debates televisados se le ha visto rígido y encogido, en directo, en la calle, es pura energía. Se anunciaba como alguien que venía del Perú profundo. Como quienes le escuchaban con atención. Ahí se presentaba como profesor, campesino, obrero -es cierto que construyó su casa con sus manos- y rondero. Esto último es importante.

Los ronderos son los miembros de las rondas, una organización autónoma creada en los años setenta para combatir la delincuencia rural. Se ocupan de que los ladrones no roben ganado. No cobran un sueldo, visten un poncho y llevan un látigo. Mascan hojas de coca para mantenerse despiertos y beben aguardiente para soportar el frío. En teoría tienen que entregar a los detenidos a la justicia, pero antes los castigan con su látigo y los someten a vejaciones.

Castillo ha dicho que los utilizará para combatir los problemas de seguridad. “Trasladaremos las rondas campesinas y urbanas a los barrios. Hacemos un llamado a los licenciados de las fuerzas armadas, los reservistas y policía nacional para consolidar una sola fuerza”. Ha ido más allá. En el primer debate en el que participó, dijo: “Se les dé un presupuesto a las rondas campesinas, ya no solo están para cuidar las vacas. Tienen que contribuir con la tranquilidad del país y la fiscalización a sus autoridades”. En determinados círculos ha generado intranquilidad que esta especie de cuerpo parapolicial campe a sus anchas.

El maestro rural también planteó tirar abajo el sistema de pensiones administrado por empresas privadas. Cundió entre los trabajadores el miedo a quedarse sin ahorros. Después Castillo puntualizó que solo quiere mejorar el sistema. El que quiera mantenerlo en manos privadas puede hacerlo. Esa ha sido una constante en su camino a la presidencia, primero enseñar el mazo y después colocar la tirita. La explicación gruesa y más tarde el matiz. Puede que sus posturas estén en un lado u en otro, o quizá en un punto medio. El Perú que Pedro Castillo Terrones tiene en la cabeza está por cuajar.

 

Lima - 13 jun 2021 - 11:48 CEST

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda después de una conferencia de prensa el 6 de junio de 2021. REUTERS / Jose CabezasJOSE CABEZAS / Reuters

El Fondo Monetario Internacional alerta de los riesgos que surgen a partir de que El Salvador ponga en marcha legislación que obliga al uso de Bitcoin como moneda nacional

 

Tres días después de que el Congreso de El Salvador aprobase el uso oficial y obligatorio de la criptomoneda bitcoin en el país centroamericano, el Fondo Monetario Internacional alertó de los riesgos y aseguró que “en este contexto” el equipo del Fondo se reunirá con el presidente Nayib Bukele el jueves. “La adopción del Bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), en conferencia de prensa.

El Gobierno de El Salvador está buscando la aprobación de un préstamo para invertir en lo que considera una “oportunidad de oro” para que el país impulse su economía al salir de la pandemia. El monto y la duración se negocia entre las partes y ese proceso se está llevando a cabo actualmente, señaló Rice. En medio del proceso, Bukele envió al Congreso el fin de semana pasado una propuesta de ley que obliga al país a ofrecer bitcoin como forma de pago y a bancos a canjear deuda en dólares, la moneda que usa el país, por deuda en bitcoin, una criptomoneda sin regulación ni autoridad centralizada. Estados Unidos tiene la mayor participación de decisión en el FMI y la Casa Blanca ha alertado de los riesgos de ciberseguridad y confiabilidad de las criptomonedas.

 “La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de cuestiones macroeconómicas financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Rice. “Estamos siguiendo de cerca los desarrollos y continuaremos la consulta con las autoridades. En ese contexto, puedo decirles que el equipo del FMI se reunirá con el presidente de el salvador hoy”.

“Lo que hemos dicho en general es que los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”, agregó Rice.

Bukele anunció la propuesta el sábado en una conferencia sobre bitcoin, la criptomoneda mejor establecida en el mercado, cuyos precios se han disparado durante la pandemia de la covid-19 por ofrecer atractivos rendimientos. La moneda virtual no tiene un banco emisor central, como lo tienen la mayoría de los países y es, en muchas ocasiones, imposible de rastrear, por lo que se utiliza como moneda para cobrar rescate en casos de ciberataques.

 Por Isabella Cota

México - 10 jun 2021 - 13:12 COT

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Diputados votan la ley Bitcoin durante la sesión del martes en la Asamblea Legislativa de El Salvador. — Miguel Lemus / EFE

La Ley Bitcoin tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

 

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el martes la Ley Bitcoin, que permitirá el curso legal de dicha criptomoneda, con lo que el país centroamericano se convierte en el primero en el mundo en reconocer este criptoactivo como una moneda legal de intercambio.

La iniciativa, que solo establece el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Arena, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar. La normativa, que fue dada a conocer por el presidente Nayib Bukele a través de Twitter, fue introducida a la sesión del Parlamento sin mayor discusión legislativa.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido "libremente por el mercado" y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal. Los usuarios de bitcoin lo utilizan principalmente como un refugio de valor a largo plazo a la espera de que su precio suba a lo largo del tiempo.

La legislación también indica que todo agente económico beberá aceptar el bitcoin como forma de pago "cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio" y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

"Mecanismo monetario volátil"

El diputado opositor Rodrigo Ávila señaló durante su intervención en el pleno que el bitcoin es "un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes". También señaló que en "varios" países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en "otros" se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin. Agregó que el bitcoin "se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida".

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que "la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos". Apuntó que "el Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción".

"A su vez, traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país (...) que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes", agregó.

El órgano Ejecutivo deberá crear el reglamento que rija la aplicación de la ley, por lo que se espera que en está queden aclarados algunos elementos que no explica la legislación, como la "convertibilidad automática e instantánea" de bitcoin a dólar. El Salvador se convierte así en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como una moneda legal de intercambio.

09/06/2021 09:38 Actualizado: 09/06/2021 09:58

EFE

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Pedro Castillo con una leve ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo rápido

A la espera de las cifras oficiales, el conteo rápido de Ipsos, que es más preciso que la boca de urna, invirtió el orden de la encuesta siempre en un marco de extrema paridad. Le dio una ligera ventaja al candidato de la izquierda con 50,2% sobre su rival derechista que alcanza un 49,8%.

Los peruanos se fueron a dormir con la incertidumbre de quién será el próximo presidente. Un conteo rápido al cien por ciento, realizado por Ipsos con una muestra de actas electorales representativas de todo el país, le daba una ligera ventaja al izquierdista Pedro Castillo con 50,2 por ciento y a la derechista Keiko Fujimori un 49,8 por ciento. La diferencia está dentro del margen de error. Alfredo Torres, director de Ipsos, explicó que era necesaria una diferencia de dos puntos para declarar un ganador. “Esto es un empate técnico. El resultado puede cambiar”, dijo Torres. Antes, una encuesta a boca de urna, también de Ipsos, había colocado primero a Keiko con 50,3 por ciento y a Castillo le daba 49,7 por ciento. Con estas cifras quedó instalada la incertidumbre.

Al momento del cierre de esta edición no había resultados oficiales. Los primeros se anunciaron para las 23:30 hora local (1:30 de la madrugada hora de Argentina). Con una diferencia tan estrecha esos primeros resultados parciales no definirían con certeza un ganador, por lo que habría que esperar hasta este lunes para aclarar la situación.

Castillo fue el primero en pronunciarse. Lo hizo una hora después de conocerse los primeros resultados a boca de urna, que recibió en su natal pueblo de Tacabamba, en la provincia de Chota de la andina región de Cajamarca. Pidió calma y esperar los resultados oficiales.

“Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, sabe lo que hace, es inteligente. Compañeros, hermanos, compatriotas, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Esperemos los datos oficiales. Hermanos, tranquilidad”, dijo, hablándole desde un balcón a sus partidarios, que estallaron en aplausos y gritos de “sí se puede”. Tenían la esperanza que los resultados oficiales reviertan las cifras a boca de urna. El conteo rápido a favor de Castillo alimento esa esperanza.

Poco antes, en un mensaje enviado por Twitter, Castillo había llamado a “defender el voto”. “Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa del voto”, escribió. Sus partidarios se reunieron en las afueras del local de Tacabamba donde estaba el candidato.

Después se pronunció Keiko. Coincidió en que esperaría los resultados oficiales. Habló minutos antes que salga el conteo rápido, que volteó el resultado y ponía primero a Castillo. “Esta campaña ya culminó y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogo entre todos los grupos políticos. Aquí no hay un ganador o un perdedor, lo que se tiene que buscar es la unidad de todos los peruanos. Desde ya invoco a la prudencia, la calma y la paz a ambos grupos. Por esa prudencia vamos a esperar los resultados oficiales”, dijo desde su local partidario en Lima.

Horas antes había recibido los resultados a boca de urna junto a su esposo, sus dos hijas y militantes cercanos lugar. Al escuchar las cifras que le daban una mínima ventaja saltó de júbilo, comenzó a aplaudir y a abrazarse con todos. Desde el fujimorismo se encargaron de entregar esas imágenes triunfalistas a la televisión. Luego, con su mensaje, le bajaría el tono a ese inicial triunfalismo. Simpatizantes fujimoristas se reunieron en ambiente celebratorio en las afueras del local partidario. El conteo rápido fue un duro golpe.

Campaña de miedo

Castillo estuvo adelante en todas las encuestas desde el comienzo de la campaña de segunda vuelta hace dos meses. Una masiva campaña de miedo en su contra, con amplio apoyo mediático, asustando con una supuesta “dictadura comunista y chavista” si ganaba Castillo, y algunas inconsistencias al presentar sus propuestas de cambio, fueron haciendo crecer a Keiko como el mal menor, y en la última semana la elección comenzó a dársele vuelta al candidato que levantó las banderas del cambio del modelo económico neoliberal. Ha sido una campaña desigual, con la cancha inclinada a favor de Keiko, que tuvo el apoyo de los grandes medios y de todo el poder económico.

Lima, bastión de Keiko; el interior votó por Castillo

Keiko ganó en Lima y otras cinco regiones de la costa. En la capital, que concentra un tercio del electorado, obtuvo cerca del 70 por ciento. Si se ve territorialmente, la mayor parte del país votó en su contra. Castillo triunfaba en la mayoría de regiones del interior, y en las zonas del sur andino, las más pobres y marginadas, lo hacía ampliamente. En algunas de esas regiones andinas superaba el 80 por ciento. La elección deja una notoria división del país, territorial y social. División con la que deberá lidiar el próximo gobierno en un contexto de polarización y serios problemas de gobernabilidad.

El nuevo gobierno asumirá luego de cinco años de un período presidencial convulsionado, con cuatro presidentes -uno que duró menos de una semana-, dos Congresos y los últimos jefes de Estado procesados por corrupción. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 por un mínimo margen de votos, como en esta elección, renunció en marzo de 2018 en medio de una guerra con el Congreso de mayoría fujimorista; lo reemplazó su vice, Martín Vizcarra, que en septiembre de 2009 en uso de sus facultades constitucionales disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. El nuevo Parlamento, sin mayoría fujimorista y fragmentado en pequeñas bancadas, destituyó a Vizcarra en noviembre de 2020 por cargos de corrupción en investigación. Su remplazante, el legislador Manuel Merino, tuvo que renunciar antes de cumplir una semana en el cargo por las masivas protestas sociales en su contra y fue sustituido por el actual mandatario Francisco Sagasti.

Los analistas estiman que este nuevo período presidencial podría ser tan inestable como el que se cierra. La extrema polarización de esta campaña y la fragmentación política, expresada en un Congreso con diez bancadas en el cual el cual nadie tendrá mayoría propia, amenazan extender para el nuevo período presidencial los problemas de gobernabilidad e inestabilidad.

Los dos candidatos comenzaron el día con el tradicional desayuno electoral. Castillo lo hizo en el patio de su casa en Cajamarca. Keiko se desplazó de su vivienda en una exclusiva zona de Lima al distrito popular de San Juan de Lurigancho, el más grande la capital del país, donde se armó una mesa al aire libre para desayunar ante la prensa. Los dos estuvieron acompañados de sus familias. Coincidieron en agradecer el apoyo recibido y en pedir a la población que vaya a votar.

Los dos candidatos votaron rodeados de simpatizantes. Castillo lo hizo primero, al mediodía, en su natal poblado de Tacabamba. Llegó caminando, flanqueado por una multitud, mientras desde los balcones de la estrecha calle recibía los aplausos de los vecinos. Antes de votar, visitó la casa de sus padres. Luego de sufragar dio un mensaje de unidad.

“Saludo al país por esta fiesta democrática. Espero que el día de hoy, más allá de la fiesta política, los peruanos podamos entender que si no nos unimos no podremos sacar al país de esta crisis”, señaló el candidato. Tenía previsto viajar a Lima para recibir los resultados, pero suspendió su viaje porque dijo que se quedaría con sus padres que estaban delicados de salud.

Keiko votó en un colegio de un barrio residencial de Lima. Una de las zonas acomodadas donde tiene amplio respaldo. En su territorio en estas elecciones, fue recibida y despedida con aplausos. Fue una entrada y salida tumultuosa y desordenada. “Gracias a los que nos han apoyado”, fueron sus breves palabras.

El incidente más grave en el proceso electoral se produjo cuando fue a votar la candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Castillo, Dina Boluarte. Lo hizo en un barrio de clase media de Lima. Para la candidata de la izquierda que recibe importante respaldo en el interior del país y en zonas populares, pero amplio rechazo en los barrios residenciales de la capital, fue como entrar en territorio enemigo. Fue abucheada e insultada. Estaba custodiada por la policía, lo que evitó que se vaya más allá de la agresión verbal. Mientras le gritaban de todo, la candidata levantaba los brazos. Una lamentable muestra del nivel de intolerancia al que han llegado ciertos sectores en esta campaña y de la polarización que se ha dado en el país. 

Por Carlos Noriega | 07/06/2021


Quien gane el ballottage heredará un escenario complejo

Elecciones en Perú: el país atraviesa una inédita crisis sanitaria, económica y política

Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo por la covid-19 y económicamente es uno de los más golpeados. Grandes inequidades y exclusiones como consecuencia del modelo neoliberal. 

Por Carlos Noriega

07 de junio de 2021

Desde Lima

Un país en una profunda crisis sanitaria, económica, social y política, de las peores que recuerde su historia, es el que encontrará el próximo gobierno. Una crisis a la que se suma la extrema polarización y división que ha dejado esta campaña electoral. A ese complicado escenario se agrega una inestabilidad política que ha marcado los últimos cinco años.La salud en tiempos de pandemia y la economía serán los dos grandes retos del nuevo gobierno. Además de lograr estabilidad en un fragmentado y agitado ambiente político.

El durísimo golpe de la pandemia - Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo y económicamente es uno de los más golpeados- ha puesto en trágica evidencia las debilidades y grandes inequidades y exclusiones de un modelo neoliberal que se había vendido como exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que se ha desmoronado por sus grandes carencias sociales.

Perú impuso una temprana y rígida cuarentena cuando estalló la pandemia, la primera en la región, pero con un 70 por ciento de trabajadores en la informalidad, con precariedad salarial y sin derechos laborales, muchos sobreviviendo día a día, poca ayuda gubernamental para aguantar la cuarentena, deficientes servicios públicos y la incapacidad de un Estado debilitado por el modelo neoliberal, la cuarentena tuvo muchas fisuras y los contagios se multiplicaron.

Un sistema de salud precario 

La pandemia colapsó un sistema de salud precario, desfinanciado y abandonado por treinta años de neoliberalismo. Esta campaña electoral se ha desarrollado con el trasfondo de dramáticas escenas de hospitales desbordados, gente muriendo sin poder ser atendida por falta de camas y de oxígeno, negocios privados lucrando en nombre del libre mercado con la desesperación de miles y elevando los precios de la atención médica, del escaso oxígeno y de los medicamentos.

Enfrentar la pandemia será la primera tarea urgente del próximo gobierno. Entre tantos problemas, heredará un programa de vacunación en marcha, que en febrero comenzó lento, pero se viene acelerando, y contratos ya cerrados por 60 millones de dosis de  vacuna y un plan para inmunizar a toda la población mayor de 18 años para diciembre. El actual gobierno ha anunciado que cuando deje el poder en julio ya estarán vacunados diez millones de personas, un tercio de la población. El próximo gobierno deberá darle continuidad al programa de vacunación.

“El próximo gobierno va a recibir una segunda violenta ola de la pandemia en franco descenso y un programa de vacunación estabilizado, pero va a encontrar un precario sistema de salud. Deberá duplicar la capacidad hospitalaria, pagar deudas laborales al personal de salud, contratar más personal y trabajar mucho para mejorar el sistema de atención primaria de salud que está en una situación delicada. Se necesita aumentar la inversión, Perú es uno de los países de la región que menos invierte en salud, y hacer una profunda reforma y modernización del sistema sanitario. El tema de la salud debería ser una prioridad absoluta para el próximo gobierno”, le declaró a PáginaI12 el exministro de Salud Víctor Zamora.

Aumentaron el desempleo y la pobreza

Con la crisis de 2020, el PIB cayó once puntos, hay más de dos millones de nuevos desempleados y 3,3 millones han caído en la pobreza, la que se ha elevado de 21,2 a 31,1 por ciento, lo que significa un retroceso de diez años en su reducción. Además de esta cifra de pobreza, medida en términos monetarios, hay otro 35 por ciento considerado oficialmente no pobre pero que vive en situación de vulnerabilidad. La deuda externa, aunque sigue siendo baja en relación al PIB comparada con otros países de la región, subió de 27 a 36 por ciento del PIB. El déficit fiscal se elevó de 1,6 por ciento en 2019 a 8,9 por ciento en 2020.

“La magnitud de la crisis es enorme. La situación es muy grave, difícil, complicada. Se está recuperando el PIB, pero no el empleo. Para reactivar la economía se necesita un programa inmediato de inyectar ingresos a la economía, a través de inversión pública, créditos a las empresas y bonos de ayuda económica a la población. En Perú se entregaron solamente dos bonos universales de apoyo económico a la población durante la larga cuarentena (de unos 200 dólares cada uno). Estos bonos, además de ser una compensación por los efectos de la cuarentena, reducen la pobreza y tienen un contenido reactivador de la economía porque incrementan la demanda. El próximo gobierno debería entregar dos bonos universales a la población, pero lamentablemente ninguno de los dos candidatos contempla su entrega. No habrá reactivación económica si no se enfrenta y se vence la pandemia. Por eso es muy importante avanzar en la vacunación, que es lo que nos dará la inmunidad de rebaño”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

El actual gobierno ha proyectado para este año un crecimiento del PIB de 10 por ciento, pero diversos economistas consideran optimista este pronóstico. A favor del nuevo gobierno jugará el alto nivel de los precios internacionales de minerales, como el cobre, que constituyen la principal exportación del país. 

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Una pancarta con la frase "Aceptamos el bitcóin, libre, rápido y sin contagios" en una cafetería en una playa, La Libertad, El Salvador, el 25 de abril de 2021Jose Cabezas / Reuters

El presidente salvadoreño anunció este sábado que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró este domingo las ventajas de la vida en El Salvador, un día después de anunciar sus planes para convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

Como primer punto en la lista, el mandatario mencionó "buen tiempo, playas para hacer surf de clase mundial, propiedades frente a la playa en venta". Además, destacó a través de su cuenta en Twitter que El Salvador es "uno de los pocos países en el mundo sin impuestos a la propiedad".

Otros dos puntos en la lista están relacionados con la intención de las autoridades de usar al bitcóin como moneda de curso legal. De esta manera, Bukele reiteró que no habrá "impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin", ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con "la residencia permanente inmediata".

El presidente señaló este sábado que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para darle al bitcóin un nuevo estatus. "A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Publicado: 7 jun 2021 01:32 GMT

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Bukele anuncia planes para convertir El Salvador en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal

El mandatario declaró que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley al respecto.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El mandatario declaró en un video, transmitido durante la conferencia Bitcoin 2021 en Miami que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley al respecto.

"A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Jack Mallers, fundador de la plataforma de pagos Strike, señaló que la compañía trabaja con las autoridades salvadoreñas para realizar la iniciativa.

"Lo que es transformador aquí es que el bitcóin es tanto el mayor activo de reserva jamás creado, como una red monetaria superior. Tener el bitcóin proporciona una manera de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos [derivados] de la inflación de su moneda fíat", declaró.

En el contexto de la noticia, la CNBC informa que aproximadamente un 70% de los ciudadanos salvadoreños no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Señala que más del 20% del producto interno bruto de la nación consiste en el dinero que los migrantes envían a sus casas, mientras que los servicios de transferencias internacionales pueden solicitar el pago de un 10% o más de la suma en concepto de comisiones.

Publicado: 5 jun 2021

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Sábado, 05 Junio 2021 06:10

Tiempos inciertos

Joe Biden FOTOS PÚBLICAS, CARLOS M. VAZQUEZ

Con el politólogo estadounidense Corey Robin

La política estadounidense vive tiempos convulsos. El período de gobierno de Joe Biden comenzó con un intento de reanimar la economía con un gigantesco paquete de estímulo, mientras la izquierda y la derecha tratan de recomponerse para enfrentar el tiempo que se viene. Para hablar sobre estos temas, Brecha conversó con Robin, teórico político y profesor de ciencia política de la City University of New York.

 

Empecemos con la administración Biden. Parecía –por lo que Biden representa y por el hecho de que peleó una primaria contra la izquierda– que sería un presidente más bien conservador, pero su gobierno se muestra más audaz de lo esperado. ¿Eso es así? ¿Cómo interpreta estos primeros meses del gobierno de Joe Biden?

—Es muy temprano para saberlo. En los primeros dos meses de la administración Biden, la principal legislación fue el paquete de estímulo, que, en términos de gasto, fue mucho mayor de lo que mucha gente esperaba. Y no es solo que fuera tan grande, también es adonde está dirigido. Mucho va a comunidades de color, y mucho dinero va directamente a la gente. Creo que desde el principio flotó la noción de que iba a ser una presidencia transformadora. Ahora estamos en la realidad. Va a haber discusiones sobre una ley de infraestructura y una reforma laboral. Ahí vamos a ver. No se trata tanto de la personalidad de Biden o de lo que él quiera personalmente, sino del Partido Demócrata, que tiene una pequeñísima mayoría en la legislatura, por lo que necesita estar unificado para que esto se apruebe. Creo que en las próximas semanas y meses vamos a tener una mejor visión de esto.

¿En qué estado está la izquierda estadounidense hoy, después de la derrota de Bernie Sanders y después de los grandes movimientos de protesta del año pasado?

—Es una pregunta difícil de responder. Ha habido un par de escaramuzas con la administración Biden en las que la izquierda pudo ejercer un poco más de presión de lo que muchos hubieran anticipado. Pero no hemos llegado al punto de las grandes peleas sobre las leyes laborales y el derecho al voto. Ahí vamos a tener una mejor idea. Otro tema es que la izquierda ha estado relativamente callada. No estuvo en las calles como estuvo durante la administración Trump o, incluso, durante el segundo mandato de Barack Obama. Mi sensación es que la izquierda no va a hacer lo mismo que hizo durante el primer mandato de Obama –o sea, nada–. Creo que la gente está más preparada para una pelea. Pero está por verse.

Entonces, hay mucha incertidumbre. Es un momento interesante.

—Lo es. Creo que es un momento fascinante. Es el momento más interesante que hemos tenido en mucho tiempo. Porque hacía mucho que el Partido Demócrata no estaba tan inclinado a la izquierda. Y la izquierda ha construido cierta capacidad política que antes no tenía. Además, la derecha tiene mucha incertidumbre sobre su futuro, porque las herramientas habituales que tenía para oponerse a la izquierda ya no le funcionan tanto. Estamos viendo una nueva constelación del balance de fuerzas, y por eso la incertidumbre es tan grande.

Ha comparado el momento actual con situaciones anteriores de «realineamiento» de la política estadounidense, como la emergencia del movimiento conservador en los setenta y el del New Deal en los treinta. ¿Cuáles son los puntos de comparación?

—Creo que son muchos. Últimamente los historiadores han estado mirando los años setenta con mucho más cuidado, como un momento muy similar al nuestro en términos de que nadie sabía hacia dónde irían las cosas. Había un sentido muy claro de que el orden del New Deal estaba colapsando. Tenías un movimiento conservador y un Partido Republicano cada vez más combativos, y dentro del Partido Demócrata tenías intentos reales de salirse del New Deal. Jimmy Carter fue el primero en impulsar la desregulación. Instaló a Paul Volker en la Reserva Federal, donde desarrolló una política monetaria contractiva. Estaba claro que el orden anterior se estaba viniendo abajo, pero nadie sabía lo que pasaría. Hoy vemos algo parecido: la ortodoxia neoliberal de la era de Reagan –impuestos bajos, gasto bajo– está cambiando. El paquete de estímulo que fue aprobado en el gobierno de Donald Trump y nuevamente ahora es una evidencia de ello. Creo que hay muchos parecidos con el realineamiento de los setenta. Pero, nuevamente, es muy temprano para saber hacia dónde va todo esto.

En estos años ha participado de polémicas sobre hasta qué punto se podía calificar a Trump de autoritario o hasta qué punto era capaz de actuar autoritariamente. ¿Qué podemos decir en retrospectiva sobre lo que fue Trump?

—Creo que habría que aclarar algunas cosas sobre Trump que tienen que ver con pensar la derecha desde una perspectiva histórica. Mucha gente tiene dificultades para hacer eso. La mayor parte del tiempo, la gente de izquierda no le presta ninguna atención a la derecha y, cuando esta, de repente, aparece en la escena, captura su imaginación. Parece que fuera algo nuevo y diferente. Pero la verdad del asunto es que muchas de las características típicas de Trump salen directamente del recetario tradicional del conservadurismo: el lenguaje racista, los alardes populistas, el desprecio al Estado de derecho, la hostilidad a las instituciones y las creencias establecidas. Una cosa que, si bien no es nueva, se intensificó mucho es la conciencia creciente en el Partido Republicano de que ya no son capaces de ganar mayorías. En la era de Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush, el movimiento conservador fue capaz de comandar una fuerza mayoritaria, de hablar por la mayoría. Ese ya no es el caso. Entonces, los conservadores dependen cada vez más de partes de la Constitución estadounidense que son muy antimayoritarias y antidemocráticas, como el Senado, el Colegio Electoral y la Suprema Corte. Estas son las partes del sistema estadounidense hostiles a la democracia popular. Si alguien dijera que la Constitución estadounidense es un documento autoritario, yo no tendría ningún problema. Pero creo que es mejor pensarlo como un documento antidemocrático. Y es en eso que se escudan Trump y el Partido Republicano. Eso es muy distinto de lo que se ve en muchos autoritarios de alrededor del mundo, que son hostiles al orden constitucional. El Partido Republicano y el movimiento conservador no serían nada sin el orden constitucional actual. Entonces, se los puede considerar un partido conservador muy tradicional, en términos del siglo XIX, que busca quedarse en el poder restringiendo el derecho al voto, dibujando los límites de los distritos al Congreso a su favor, usando a los jueces. Eso se parece más a la política estadounidense del siglo XIX que a cualquier tipo de nuevo orden.

Uno no está acostumbrado a pensar en el conservadurismo como algo estridente o violento. El conservadurismo, al contrario, se presenta a sí mismo como moderado, cauteloso.

—Exactamente. Las dificultades para entender a Trump dependen de las dificultades para entender la tradición conservadora en su conjunto, y ese es el problema.

¿Cómo se relacionan históricamente el populismo y esta tradición conservadora?

—Es una pregunta interesante. Quiero ser cuidadoso, porque sé que en América Latina la palabra populismo tiene connotaciones muy distintas que en Estados Unidos y en Europa. A lo largo de los años he aprendido a ser muy cuidadoso al hablar de este tema. Yo uso la palabra populismo en un sentido minimalista, no en el sentido de la ciencia política ni en el de los historiadores. Aunque el conservadurismo es un movimiento en defensa del poder de las elites, no lo hace de una forma tradicionalista. No usa métodos tradicionales, ni argumentos tradicionales, ni tácticas tradicionales. Y una cosa que el conservadurismo entendió desde el principio fue que era necesario encontrar una forma de apelar a lo popular. No a la democracia, pero sí a las imágenes, a los símbolos, a los mitos populares. Y eso es a lo que me refiero con populista. Es un intento de hacer una alianza entre las elites y las masas para hablar en nombre del todo, de una forma que es distinta de las defensas tradicionales de la jerarquía.

Oponiéndose a la izquierda.

—Sí. El conservadurismo nace como un contramovimiento, contra la revolución francesa y contra la democracia de masas. Pero los conservadores siempre entendieron que si quieren contrarrestar a la izquierda, van a tener que ofrecer su propia forma de política de masas. No pueden ofrecer una defensa jerárquica tradicional. Por eso el conservadurismo, incluso remontándose a Edmund Burke, siempre tuvo su propia política de masas. No es solamente un tema de las elites.

En América Latina solemos recibir las cosas que pasan en la derecha estadounidense con cierto retraso. Primero la derecha evangélica, ahora los libertarians. Nos vendría bien saber qué está pasando allá en ese campo para saber qué esperar en los próximos años.

—Sí, hay un gran historiador acá, en Estados Unidos, Greg Grandin, que ha escrito bastante sobre la forma como Estados Unidos exporta su derecha a América Latina. En cuanto a lo que pasa acá, durante la Guerra Fría y hasta Bush tuvimos lo que se llamaba una fusión entre tres corrientes de la derecha: el sector de la seguridad nacional, la derecha religiosa evangélica y la derecha económica, de libre mercado. Todos se reunían bajo la bandera del anticomunismo, que era un pegamento que funcionaba en Estados Unidos y en el exterior. Pero lo que pasa cada vez más –y esto se ve claramente con Trump– es que esas cosas ya no funcionan tan bien juntas como antes. Muchos de los conservadores de la seguridad nacional han roto con Trump; incluso, se han ido del Partido Republicano. Y los libertarians obtuvieron desregulaciones y reducciones de impuestos, pero si ves los presupuestos de Trump, el gasto social fue bastante alto. A los evangélicos les fue muy bien con las nominaciones de jueces, pero el movimiento se empezó a fragmentar. El problema que tiene la derecha es que estas tendencias ya no se retroalimentan entre ellas tan bien como antes y, de hecho, comenzaron a disputar entre ellas.

Quizás esto es más una cosa de Internet que de la realidad, pero parecería que se está dando un renacimiento de posturas extremadamente reaccionarias en Estados Unidos: desde tradicionalismos hasta eso que se llama neorreacción. ¿Esto es algo importante o marginal?

—Es algo que se está debatiendo bastante. Para mí, hay que mirar cómo el partido gobierna. Hay que recordar que los republicanos estaban hasta hace poco en el poder. Tuvieron el control total del Estado los primeros dos años de Trump. Y la verdad es que la forma como gobernaron, más allá de las nominaciones de jueces, fue relativamente moderada. Y en los últimos dos años fueron lo mismo. Tenés, también, al movimiento de milicias –que no es algo nuevo, pero está más audaz– y, quizás más importante, la sensación en el Partido Republicano de que ya no pueden formar mayorías por medios democráticos. Y eso es lo más importante. Cosas como las que pasaron el 6 de enero y Qanon se llevan toda la atención porque dan miedo, pero creo que lo más significativo es lo que está pasando con el Partido Republicano.

El año pasado vimos grandes manifestaciones antirracistas, que fueron reprimidas con mucha violencia. ¿Pudo ver el movimiento de cerca? ¿Cuánto cambió el terreno político?

—Creo que hay elementos de continuidad y novedad. Estados Unidos tiene una historia extraordinariamente violenta. Hubo muchos disturbios en los años sesenta y setenta, que luego continuaron, pero se les prestó menos atención. Lo nuevo fueron un par de cosas. Por un lado, este es un movimiento mucho más multirracial. En los sesenta y los setenta fue abrumadoramente negro. Por otro lado, las redes sociales permiten ver el lado oscuro del Estado mucho más que antes. También es verdad que hay grabaciones de televisión de la represión de los setenta. Pero ahora hay más, con grabaciones de asesinatos de personas negras por la Policía. Y, por último, el discurso conservador de ley y orden ha perdido fuerza en la política estadounidense. Nixon y Reagan llegaron al poder azuzando la amenaza de la violencia negra y los disturbios en las calles. Así construyeron mayorías populares. La retórica de Trump, que intentó hacer lo mismo, no le hizo ningún favor.

Uno de los eslóganes de las manifestaciones reclamaba quitar el presupuesto a la Policía. Acá, en América Latina, sería utópico pensar que un movimiento de masas reclamara esto. ¿De dónde salió ese reclamo?

—Es un movimiento que se fue desarrollando de a poco. Acá también era utópico en los noventa, cuando yo era un estudiante. Es una historia de lenta organización y con el tiempo de organización de masas, que irrumpió en la conciencia colectiva rompiendo muchos tabúes. Estados Unidos es el país que más presencia policial tiene y donde más se encarcela. Pero la combinación de la organización de largo plazo y el debilitamiento de la derecha cambió las cosas. Lo que entusiasma del reclamo de quitar el presupuesto a la Policía es que no es solo retórica, sino que se trata de dar presupuesto a otras prioridades. A menudo, el neoliberalismo es erróneamente pensado como una filosofía antiestatista, pero no lo es: solo favorece a cierta parte del Estado, a la parte judicial, policíaca y carcelera. Hablar de quitar el presupuesto a la Policía implica cambiar las prioridades políticas del Estado. Tiene el potencial de ser algo muy transformador.

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Las autoridades italianas localizan un cargamento de Captagon. Ciro Fusco/EFE

Siria se ha convertido en epicentro mundial de producción de fenetilina de una marca llamada Captagon y su comercio empieza a tener peso en el PIB de una economía dañada por la guerra

 

En el verano de 2015, un poderoso cargo de seguridad abordó a un empresario de la provincia siria de Latakia para pedirle un favor. Quería que el comerciante, un importador de suministros médicos, obtuviera grandes cantidades del extranjero de un medicamento llamado fenetilina. El régimen, dijo, estaría dispuesto a comprar el lote.

Tras una búsqueda en Internet, el comerciante tomó una decisión. Sacó a su mujer y a sus hijos del país y esa misma semana abandonó su casa y obtuvo lo que pudo de sus empresas para empezar desde cero en otro país. "Sé lo que me pedían", afirma desde su nuevo hogar en París. "Querían el ingrediente principal del Captagon. Y esa droga es un negocio turbio".

Otros empresarios del norte de Siria no han tenido tantas reservas morales. La fabricación de Captagon en el corazón del régimen se ha convertido en uno de los únicos éxitos empresariales recientes de Siria; una industria en crecimiento tan grande y sofisticada que está empezando a rivalizar con el Producto Interior Bruto (PIB) de la maltrecha economía nacional.

Desde un país en ruinas y el también desastroso colapso al otro lado de la frontera, en Líbano –donde a finales de abril oficiales saudíes encontraron un cargamento de Captagon escondido en granadas y exportado desde Beirut–, se está imponiendo una realidad: ambos países se están convirtiendo rápidamente en narco-Estados, si es que no encajan ya en esa definición.

La cocaína de los pobres

Antes de la incautación en abril de millones de pastillas de Captagon, lo que llevó a Arabia Saudí a prohibir todas las importaciones agrícolas procedentes del Líbano, en los últimos dos años se habían interceptado al menos otros 15 envíos de esta droga en Oriente Medio y Europa.

Seis agentes de policía y de los servicios de inteligencia de Oriente Próximo y Europa han declarado a The Guardian que todos fueron enviados desde el epicentro del Captagon en Siria o a través de la frontera del Líbano, donde una red de intocables –familias del crimen, líderes de milicias y dirigentes políticos– han formado cárteles transfronterizos que fabrican y distribuyen cantidades de droga a escala industrial.

Captagon es uno de los varios nombres de marca del compuesto farmacológico clorhidrato de fenetilina. Se trata de un estimulante con propiedades adictivas que se utiliza con fines recreativos en todo Oriente Medio y que a veces se denomina "la cocaína de los pobres". También es utilizada por grupos armados y fuerzas regulares en situaciones de combate, ya que se considera que tiene propiedades que aumentan el coraje y adormecen los miedos.

A todos los efectos, la frontera entre ambos países se difumina; una zona sin ley donde los traficantes operan con la complicidad de los funcionarios de ambos lados. Los traficantes mueven materia prima y productos acabados, tanto hachís como Captagon, a lo largo de una ruta que pasa por el valle libanés de la Bekaa, la ciudad fronteriza siria de Qusayr y las carreteras hacia el norte a través del corazón alauita del Gobierno de Asad, hacia los puertos de Latakia y Tartus.

El simil con el cártel de Sinaloa

Latakia ha estado bajo el intenso escrutinio de las agencias de policía e inteligencia europeas y estadounidenses. Samer al-Asad, primo del líder sirio Bashar al-Asad, es una figura influyente en el puerto. Según el comerciante exiliado y otros tres empresarios de Latakia, todo aquel que quiera operar debe pagar una importante tajada de los ingresos a cambio del acceso a las redes y la protección.

A pesar del escrutinio sobre el puerto, se han realizado pocas incautaciones en origen. En cambio, la lista de incautaciones desde 2019 compite con el apogeo del cártel de Sinaloa de México por su escala y eficiencia.

Entre estas incautaciones están cinco toneladas de pastillas de Captagon encontradas en Grecia en julio de 2019, dos alijos similares en Dubái en los meses siguientes y cuatro toneladas de hachís descubiertas en la ciudad egipcia de Port Said en abril de 2020, envueltas en el embalaje de la empresa Milkman. En ese momento la empresa era propiedad del magnate del régimen Rami Makhlouf.

También hubo un envío de Captagon a Arabia Saudí oculto en hojas de té, así como incautaciones en Rumanía, Jordania, Bahréin y Turquía. En julio del año pasado se interceptó en el puerto italiano de Salerno el mayor alijo de la historia de esta droga, con un valor en el mercado de más de 1.000 millones de euros, que se cree que estaba destinado a ser un punto de paso en la ruta hacia Dubai.

El cargamento estaba oculto en rollos de papel y maquinaria enviados desde una imprenta de Alepo y los funcionarios italianos atribuyeron inicialmente la importación al grupo terrorista Estado Islámico. En diciembre pasado, la autoría se atribuyó a la poderosa milicia libanesa Hezbolá. Ellos niegan su implicación y afirman que no tienen nada que ver con el comercio regional y mundial de Captagon, que se está asociando rápidamente con los dos países fallidos.

Siria, "epicentro mundial de la producción de Captagon"

La organización Centre for Operational Analysis and Research, que se centra en Siria, publicó recientemente un informe en el que destaca el papel del Captagon y el hachís en el país, cuya economía se ha visto paralizada por una década de guerra, las sanciones de Occidente, la corrupción arraigada y el colapso del Líbano, donde miles de millones de dólares han desaparecido en el pozo del sistema bancario del país.

"Siria es un narco-Estado con la presencia de dos drogas mayoritarias: el hachís y el estimulante de tipo anfetamínico Captagon", dice el informe. "Siria es el epicentro mundial de la producción de Captagon, que ahora está más industrializado, adaptado y técnicamente sofisticado que nunca.

"En 2020 las exportaciones de Captagon desde Siria alcanzaron un valor de mercado de al menos 3.460 millones de dólares. Aunque se trata de una conjetura, es posible que el techo del mercado sea mucho más alto. Aunque el tráfico de Captagon fue en su día una de las vías de financiación utilizadas por los grupos armados de la oposición, la consolidación del control territorial ha permitido al Gobierno de Asad y a sus principales aliados regionales consolidar su papel como principales beneficiarios del comercio de estupefacientes en Siria".

Un exinfiltrado del régimen en el exilio y que mantiene conexiones con algunos funcionarios dentro del país, afirma que "la guerra en Siria no solo ha causado la muerte de cientos de miles de personas, más de seis millones de refugiados, ocho millones de desplazados internos, alrededor de un millón de heridos y la destrucción total de pueblos y ciudades, sino que también ha provocado un colapso total de la economía tras la crisis bancaria libanesa, la pandemia y una ley de Estados Unidos que fija sanciones. Todo ello ha convertido al país oficialmente en un narco-Estado, con unos pocos empresarios próximos al régimen y señores de la guerra convertidos en señores de la droga".

"Al principio del conflicto, un dólar equivalía a 50 libras sirias. El tipo de cambio bajó, pero logró mantenerse en 500-600 libras sirias a lo largo de ocho años de guerra, hasta que comenzó la crisis libanesa en 2019. Entonces empezamos a ver el colapso total de ambas divisas simultáneamente, lo que demuestra lo interconectadas que están. El Líbano había estado actuando como el respirador de Siria. Y de repente perdió su suministro de oxígeno", dice.

Varios meses después de que el comerciante de Latakia huyera de Siria, un visitante llegó al Líbano en un jet privado procedente de Arabia Saudí. Era el príncipe Abdulmohsen bin Abdulaziz al-Saud, un miembro de la familia real, que entonces tenía unos 20 años. Cuando el príncipe se preparaba para volar a casa, el 26 de octubre de 2015, fue detenido, supuestamente con dos toneladas de pastillas de Captagon en su equipaje.

Durante los siguientes cuatro años estuvo recluido en una habitación situada encima de una comisaría de policía en el barrio de Hamra, en Beirut, donde recibió más prebendas que otros presos, mientras continuaban las negociaciones para su liberación.

Según un miembro de los servicios de inteligencia libaneses, "Hezbolá le tendió una trampa". "Cayó en una trampa y a Riad le llevó mucho tiempo liberarlo porque la gente de aquí quería una compensación. El Estado no estaba involucrado. Todo se hizo para que desapareciera. Se pagó a la gente adecuada y se fue a casa en 2019. El captagon tiene un gran poder para conseguir cosas".

Por Martin Chulov

30 de mayo de 2021 21:47h

Traducido por Emma Reverter

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Cargas policiales durante el Paro Nacional en Bogotá. Foto: Colombia Informa

La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.

 

El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad. 

Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín. 

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”. 

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.

Por Raúl Zibechi

27 may 2021 06:00

Publicado enInternacional
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