Viernes, 08 Febrero 2019 08:06

¿Qué significa la universidad pública?

¿Qué significa la universidad pública?

En tiempos de una profunda crisis global de la educación; del surgimiento de modelos de universidad como la universidad privada, la universidad mita, la universidad corporativa, por ejemplo; contradictoriamente, en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento; en una época de una profunda crisis medioambiental, y de una crisis económica galopante y de gran alcance; también, en una época marcada por una transición civilizatoria, de la vieja civilización Occidental hacia una nueva civilización cuyo nombre aún no ha sido esculpido –en estos tiempos se impone la pregunta: ¿qué significa la universidad pública?

 

La pregunta tiene un foco bien preciso: América Latina en general, y Colombia en particular. Con sus complejidades, historia y futuros posibles.

 

a) La universidad pública implica, en primer lugar, la confianza por parte del Estado, y su compromiso abierto y denodado por la educación gratuita; esto es, por el acceso universal a la educación superior y, por consiguiente el reconocimiento expreso del derecho a la educación como un derecho humano, fundamental.

 

En este sentido, la universidad pública significa que el Estado no le cede la responsabilidad de la educación superior al sector privado –empresa, fundaciones, iglesias–, sino que asume la responsabilidad de formar sujetos libres, críticos y con mejores horizontes de vida como un asunto de gobierno y de Estado. En la historia de Colombia, la universidad pública ha sido estratificada administrativamente en tres niveles: la Universidad Nacional, universidades departamentales –como la del Valle, el Tolima o la UIS, por ejemplo–, y universidades municipales, como la Distrital, de Bogotá. Por consiguiente, la estratificación administrativa se ha traducido necesariamente en estratificación económica, pues una cosa es un presupuesto nacional, y otra distinta, en tiempos de descentralización administrativa, las universidades departamentales y municipales.

 

b) La universidad pública significa que el Estado y los gobiernos nacionales creen en el futuro, y más exactamente en el futuro a mediano y a largo plazo.

 

En efecto, en un país en el que las empresas pequeñas representan cerca del 94 por ciento de todo el sector empresarial, apostar por el futuro a mediano y largo plazo es un tema de la mayor importancia, pues ello significa exactamente apostar por la vida. Al fin y al cabo, la vida es un juego que se asume para el largo plazo, en contraste con la racionalidad efectista, cortoplacista, y productivista. No en vano el sector privado es el principal agente renuente a contratar en el país a doctores (Ph.D.) en las empresas. Mientras que en el marco de la dependencia del país de otros poderes (grandes corporaciones, E.U., etc.) se impone una visión de corto plazo, la educación en general, y la educación pública en general significan construir y sembrar al mismo tiempo para el largo alcance. Estos tiempos pertenecen a la lógica misma de la educación superior, la cual se articula en tres grandes niveles, así: la formación de pregrado, que oscila entre cuatro y cinco años, dependiendo de las carreras; la formación en Maestrías, habitualmente dos años, y la formación en estudios de Doctorado (Ph.D.), que oscilan entre cuatro y ocho años, en función de varios factores. Sin ambages, la educación pública se estructura en torno a tiempos que oscilan alrededor de doce años. Demográficamente, más de media generación. Lo cual se torna en un asunto bastante más serio cuanto la educación se mide, por ejemplo, en términos de currículo, en torno a por lo menos cuatro promociones. Así las cosas, se trata de un futuro con estimaciones de doce años que se multiplica por lo menos por cuatro. Esto es lo que significa la educación pública en términos de tiempo.

 

c) Ahora bien, en el contexto de la educación que se define en torno al desarrollo y la investigación (D + I) e incluso de la innovación (D + I + i), el aspecto verdaderamente determinante de la educación superior es la formación de investigadores, no simplemente de profesionales.

 

Hoy por hoy las universidades se miden principalmente por los grupos de investigación, por la calidad de los profesores, por la producción intelectual, en fin, por la existencia de Centros e Institutos de Investigación, mucho más que simplemente por los egresados de pregrado. Fundamentales, los egresados de pregrado tienen la exigencia, por parte de la sociedad, del mercado y de su propio desarrollo humano, de tener algo más que un pregrado. Así las cosas, la investigación se articula en dos niveles: investigación formativa y científica. Aquella se encuentra en función de ésta, en la cual encuentra su piedra de toque verdadera.

 

De esta suerte, los tiempos de la educación superior se hacen más densos, con todo y el reconocimiento explícito de que la investigación jamás se ha definido por campanas de Gauss (esto es grande promedios), sino, por el contrario, por el trabajo con diferenciales. En este sentido, la formación de investigadores en la universidad pública equivale exactamente a la formación de lo mejor de la sociedad y del país en términos de conocimiento, creatividad e innovación. El Estado y los gobiernos nacionales asumen la formación de investigadores de la máxima calidad y prestigio como un asunto de interés nacional y de compromiso país. Algo que no ha sucedido plenamente hasta la fecha.

 

d) La universidad es el espacio en el que se desarrolla lo mejor de la juventud de un país. Por consiguiente, deben ser espacios amables, de calidad en toda la expresión de la palabra, estéticos y con los mejores instrumentos posibles; esto es, laboratorios, profesores, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, pinacotecas, por ejemplo.

 

Los campus de las universidades públicas deben ser lugares amables, hermosos y con la mejor calidad de vida, algo que, en el estado actual de cosas es más bien la excepción. Espacios existencialmente plenos, en los que, si lo importante es el conocimiento, por eso mismo, exactamente, debe serlo la belleza, la armonía y el arte. En la vida, la forma es el fondo mismo, y no existe, en absoluto, ninguna separación entre forma y fondo.

 

Los edificios, los jardines, las bibliotecas, los salones y los auditorios, por ejemplo, deben ser espacios que en muchas situaciones sean mejores que las de los propios hogares de quienes estudian y trabajan en ellas. Sin embargo, en total consonancia con lo anterior, la universidad púbica debe disponer de las mejores bases de datos, repositorios, bibliotecas, sistemas de computación y demás, que hagan que el conocimiento y la vida se puedan desenvolver de manera armónica y lo mejor posible.

 

En esta realidad-proyección la juventud no es simple y llanamente una condición biológica, es ante todo una condición existencial, cultural y espiritual de suerte que la educación es afirmación de juventud y de vida, en toda la acepción de la palabra. Un investigador se forma en las primeras tres décadas de existencia, en promedio, pero se despliega en las siguientes cinco o seis. La vitalidad del conocimiento es una sola y misma cosa con la vitalidad de una forma de vida. La universidad pública es el espacio y el tiempo de esta vitalidad, para sí misma, para la sociedad y el país.

 

e) En el contexto de una sociedad laica y secular, la universidad pública implica la total libertad de pensamiento, libertad de opinión y de palabra, y de organización, y el no-confesionalismo, de ningún tipo. La universidad pública es el espacio mismo de la construcción de democracia, y más radicalmente, de que otra democracia es posible.

 

En las universidades privadas predomina la confesión, el acatamiento, la lealtad. En una palabra, la ausencia de una democracia radical (Habermas) y de libertad. Todo lo contrario sucede y debe suceder en la universidad pública.

 

La universidad pública ha sido objeto de escarnio, silenciamiento y persecución debido a que en su interior se respira crítica. Esta crítica debe permanecer y debe ser garantizada de todas las formas. En este sentido, la universidad pública es secular y laica. El respeto a todas las creencias debe ser compatible con la ausencia de preferencias por cualquiera de ellas. El secularismo es una verdadera ganancia de la modernidad, pero necesita ser ampliado y fortalecido constantemente. Los medios de comunicación de la universidad pública desempeñan un papel fundamental al respecto: boletines, circulares, cátedras, emisoras, y demás.

 

La universidad pública no se debe a ningún agente del sector privado ni tampoco del sector público, se debe al país y a la sociedad, en primer lugar. Por esta razón, la buena educación es una sola y misma cosa con la existencia de garantías de discusión y de debate, esto es, de argumentos, antes que de posiciones institucionales o personales.

 

La educación en general, y a fortiori la educación pública, se nutre de argumentos, pruebas, demostraciones, refutaciones, y jamás de autoridad, en ningún sentido de la palabra. De esta suerte, secularismo, democracia y libertad de pensamiento forman un trípode que define a una universidad libre y autónoma.

 

f) La universidad pública significa, autonomía. Por consiguiente, la fuerza pública debe mantenerse alejada de sus campus y bajo ninguna circunstancia pueden entrar en ellos. Este aspecto no es distinto, en absoluto, a la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento, la libertad de investigación.

 

En muchas universidades privadas la investigación tiende a ser disciplinada. Esto no puede suceder en la pública. La disciplinarización de la investigación oculta afanes de imposición de jerarquías. En contraste, la universidad pública es el espacio de la plena autonomía. Para América Latina, por lo menos en su espíritu, la universidad mexicana, pública y autónoma, constituyen un buen ejemplo de lo que es una universidad, y de sus relaciones con los poderes políticos del momento.

 

En pocas palabras, los administrativos no están para decirle a los académicos lo que deben y no deben hacer. Esto es lo que sucede, ampliamente en las universidades privadas. En contraste, la universidad pública reconoce que los cargos administrativos son provisorios y que se encuentran en función de la vida académica. Los administrativos, desde rectores hacia abajo, son académicos que en algún momento cumplen una función distinta a la academia y la investigación. Por un tiempo fijo y limitado. La existencia de cargos administrativos de suyo es perjudicial a todas luces para la vida universitaria. Las universidades privadas constituyen manifiestamente un mal ejemplo para el país.

 

La universidad pública es el aprendizaje, por parte de sus integrantes, estudiantes, profesores y administrativos, de verdaderos ejercicios de democracia, de libertad y de autonomía. En este sentido, es deseable que la democracia del país se alimente de la democracia de la universidad pública y no de la universidad privada. Según parece, la historia de la corrupción y la violencia encuentra en la universidad privada remansos de alimento.

 

En fin, en un país democrático en el que el conocimiento, la naturaleza y la vida sean el fundamento de la vida social, la relación entre universidades privadas y públicas debería ser tal que la pública tenga más y mejores garantías y apoyos por parte del Estado y de los gobiernos nacionales. Un Estado social de derecho sabe de la importancia de la universidad pública. En contraste, simplemente un Estado de derecho la relega a un lugar secundario y subsidiario.

Publicado enColombia
¿Qué significa la universidad pública?

En tiempos de una profunda crisis global de la educación; del surgimiento de modelos de universidad como la universidad privada, la universidad mita, la universidad corporativa, por ejemplo; contradictoriamente, en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento; en una época de una profunda crisis medioambiental, y de una crisis económica galopante y de gran alcance; también, en una época marcada por una transición civilizatoria, de la vieja civilización Occidental hacia una nueva civilización cuyo nombre aún no ha sido esculpido –en estos tiempos se impone la pregunta: ¿qué significa la universidad pública?

 

La pregunta tiene un foco bien preciso: América Latina en general, y Colombia en particular. Con sus complejidades, historia y futuros posibles.

 

a) La universidad pública implica, en primer lugar, la confianza por parte del Estado, y su compromiso abierto y denodado por la educación gratuita; esto es, por el acceso universal a la educación superior y, por consiguiente el reconocimiento expreso del derecho a la educación como un derecho humano, fundamental.

 

En este sentido, la universidad pública significa que el Estado no le cede la responsabilidad de la educación superior al sector privado –empresa, fundaciones, iglesias–, sino que asume la responsabilidad de formar sujetos libres, críticos y con mejores horizontes de vida como un asunto de gobierno y de Estado. En la historia de Colombia, la universidad pública ha sido estratificada administrativamente en tres niveles: la Universidad Nacional, universidades departamentales –como la del Valle, el Tolima o la UIS, por ejemplo–, y universidades municipales, como la Distrital, de Bogotá. Por consiguiente, la estratificación administrativa se ha traducido necesariamente en estratificación económica, pues una cosa es un presupuesto nacional, y otra distinta, en tiempos de descentralización administrativa, las universidades departamentales y municipales.

 

b) La universidad pública significa que el Estado y los gobiernos nacionales creen en el futuro, y más exactamente en el futuro a mediano y a largo plazo.

 

En efecto, en un país en el que las empresas pequeñas representan cerca del 94 por ciento de todo el sector empresarial, apostar por el futuro a mediano y largo plazo es un tema de la mayor importancia, pues ello significa exactamente apostar por la vida. Al fin y al cabo, la vida es un juego que se asume para el largo plazo, en contraste con la racionalidad efectista, cortoplacista, y productivista. No en vano el sector privado es el principal agente renuente a contratar en el país a doctores (Ph.D.) en las empresas. Mientras que en el marco de la dependencia del país de otros poderes (grandes corporaciones, E.U., etc.) se impone una visión de corto plazo, la educación en general, y la educación pública en general significan construir y sembrar al mismo tiempo para el largo alcance. Estos tiempos pertenecen a la lógica misma de la educación superior, la cual se articula en tres grandes niveles, así: la formación de pregrado, que oscila entre cuatro y cinco años, dependiendo de las carreras; la formación en Maestrías, habitualmente dos años, y la formación en estudios de Doctorado (Ph.D.), que oscilan entre cuatro y ocho años, en función de varios factores. Sin ambages, la educación pública se estructura en torno a tiempos que oscilan alrededor de doce años. Demográficamente, más de media generación. Lo cual se torna en un asunto bastante más serio cuanto la educación se mide, por ejemplo, en términos de currículo, en torno a por lo menos cuatro promociones. Así las cosas, se trata de un futuro con estimaciones de doce años que se multiplica por lo menos por cuatro. Esto es lo que significa la educación pública en términos de tiempo.

 

c) Ahora bien, en el contexto de la educación que se define en torno al desarrollo y la investigación (D + I) e incluso de la innovación (D + I + i), el aspecto verdaderamente determinante de la educación superior es la formación de investigadores, no simplemente de profesionales.

 

Hoy por hoy las universidades se miden principalmente por los grupos de investigación, por la calidad de los profesores, por la producción intelectual, en fin, por la existencia de Centros e Institutos de Investigación, mucho más que simplemente por los egresados de pregrado. Fundamentales, los egresados de pregrado tienen la exigencia, por parte de la sociedad, del mercado y de su propio desarrollo humano, de tener algo más que un pregrado. Así las cosas, la investigación se articula en dos niveles: investigación formativa y científica. Aquella se encuentra en función de ésta, en la cual encuentra su piedra de toque verdadera.

 

De esta suerte, los tiempos de la educación superior se hacen más densos, con todo y el reconocimiento explícito de que la investigación jamás se ha definido por campanas de Gauss (esto es grande promedios), sino, por el contrario, por el trabajo con diferenciales. En este sentido, la formación de investigadores en la universidad pública equivale exactamente a la formación de lo mejor de la sociedad y del país en términos de conocimiento, creatividad e innovación. El Estado y los gobiernos nacionales asumen la formación de investigadores de la máxima calidad y prestigio como un asunto de interés nacional y de compromiso país. Algo que no ha sucedido plenamente hasta la fecha.

 

d) La universidad es el espacio en el que se desarrolla lo mejor de la juventud de un país. Por consiguiente, deben ser espacios amables, de calidad en toda la expresión de la palabra, estéticos y con los mejores instrumentos posibles; esto es, laboratorios, profesores, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, pinacotecas, por ejemplo.

 

Los campus de las universidades públicas deben ser lugares amables, hermosos y con la mejor calidad de vida, algo que, en el estado actual de cosas es más bien la excepción. Espacios existencialmente plenos, en los que, si lo importante es el conocimiento, por eso mismo, exactamente, debe serlo la belleza, la armonía y el arte. En la vida, la forma es el fondo mismo, y no existe, en absoluto, ninguna separación entre forma y fondo.

 

Los edificios, los jardines, las bibliotecas, los salones y los auditorios, por ejemplo, deben ser espacios que en muchas situaciones sean mejores que las de los propios hogares de quienes estudian y trabajan en ellas. Sin embargo, en total consonancia con lo anterior, la universidad púbica debe disponer de las mejores bases de datos, repositorios, bibliotecas, sistemas de computación y demás, que hagan que el conocimiento y la vida se puedan desenvolver de manera armónica y lo mejor posible.

 

En esta realidad-proyección la juventud no es simple y llanamente una condición biológica, es ante todo una condición existencial, cultural y espiritual de suerte que la educación es afirmación de juventud y de vida, en toda la acepción de la palabra. Un investigador se forma en las primeras tres décadas de existencia, en promedio, pero se despliega en las siguientes cinco o seis. La vitalidad del conocimiento es una sola y misma cosa con la vitalidad de una forma de vida. La universidad pública es el espacio y el tiempo de esta vitalidad, para sí misma, para la sociedad y el país.

 

e) En el contexto de una sociedad laica y secular, la universidad pública implica la total libertad de pensamiento, libertad de opinión y de palabra, y de organización, y el no-confesionalismo, de ningún tipo. La universidad pública es el espacio mismo de la construcción de democracia, y más radicalmente, de que otra democracia es posible.

 

En las universidades privadas predomina la confesión, el acatamiento, la lealtad. En una palabra, la ausencia de una democracia radical (Habermas) y de libertad. Todo lo contrario sucede y debe suceder en la universidad pública.

 

La universidad pública ha sido objeto de escarnio, silenciamiento y persecución debido a que en su interior se respira crítica. Esta crítica debe permanecer y debe ser garantizada de todas las formas. En este sentido, la universidad pública es secular y laica. El respeto a todas las creencias debe ser compatible con la ausencia de preferencias por cualquiera de ellas. El secularismo es una verdadera ganancia de la modernidad, pero necesita ser ampliado y fortalecido constantemente. Los medios de comunicación de la universidad pública desempeñan un papel fundamental al respecto: boletines, circulares, cátedras, emisoras, y demás.

 

La universidad pública no se debe a ningún agente del sector privado ni tampoco del sector público, se debe al país y a la sociedad, en primer lugar. Por esta razón, la buena educación es una sola y misma cosa con la existencia de garantías de discusión y de debate, esto es, de argumentos, antes que de posiciones institucionales o personales.

 

La educación en general, y a fortiori la educación pública, se nutre de argumentos, pruebas, demostraciones, refutaciones, y jamás de autoridad, en ningún sentido de la palabra. De esta suerte, secularismo, democracia y libertad de pensamiento forman un trípode que define a una universidad libre y autónoma.

 

f) La universidad pública significa, autonomía. Por consiguiente, la fuerza pública debe mantenerse alejada de sus campus y bajo ninguna circunstancia pueden entrar en ellos. Este aspecto no es distinto, en absoluto, a la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento, la libertad de investigación.

 

En muchas universidades privadas la investigación tiende a ser disciplinada. Esto no puede suceder en la pública. La disciplinarización de la investigación oculta afanes de imposición de jerarquías. En contraste, la universidad pública es el espacio de la plena autonomía. Para América Latina, por lo menos en su espíritu, la universidad mexicana, pública y autónoma, constituyen un buen ejemplo de lo que es una universidad, y de sus relaciones con los poderes políticos del momento.

 

En pocas palabras, los administrativos no están para decirle a los académicos lo que deben y no deben hacer. Esto es lo que sucede, ampliamente en las universidades privadas. En contraste, la universidad pública reconoce que los cargos administrativos son provisorios y que se encuentran en función de la vida académica. Los administrativos, desde rectores hacia abajo, son académicos que en algún momento cumplen una función distinta a la academia y la investigación. Por un tiempo fijo y limitado. La existencia de cargos administrativos de suyo es perjudicial a todas luces para la vida universitaria. Las universidades privadas constituyen manifiestamente un mal ejemplo para el país.

 

La universidad pública es el aprendizaje, por parte de sus integrantes, estudiantes, profesores y administrativos, de verdaderos ejercicios de democracia, de libertad y de autonomía. En este sentido, es deseable que la democracia del país se alimente de la democracia de la universidad pública y no de la universidad privada. Según parece, la historia de la corrupción y la violencia encuentra en la universidad privada remansos de alimento.

 

En fin, en un país democrático en el que el conocimiento, la naturaleza y la vida sean el fundamento de la vida social, la relación entre universidades privadas y públicas debería ser tal que la pública tenga más y mejores garantías y apoyos por parte del Estado y de los gobiernos nacionales. Un Estado social de derecho sabe de la importancia de la universidad pública. En contraste, simplemente un Estado de derecho la relega a un lugar secundario y subsidiario.

Publicado enEdición Nº253
El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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Publicado enEdición Nº253
Los profesores realizaron marchas y plantones en cientos de escuelas californianas en demanda de que se eliminen los recortes al gasto, que sea menos abultado el número de alumnos por clase y que se ponga un alto a las reformas privatizadoras. El paro se suma a una ola de acciones reivindicadoras de la enseñanza pública en al menos seis estados. Foto Afp

Sigue la rebelión contra el deterioro de la educación pública

Exigen mayores recursos y el fin de las reformas privatizadoras



Más de 30 mil maestros estallaron una huelga en Los Ángeles paralizando el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos con una serie de exigencias para restaurar recursos escolares, reducir el tamaño de los grupos, cuestionar los exámenes estandarizados y rescatar a la educación pública del proceso de privatización impulsado por las “reformas educativas” financiadas por multimillonarios.


Los maestros iniciaron marchas y plantones frente a cientos de escuelas con algunos de los más de 600 mil alumnos (72 por ciento de ellos latinos, aunque se hablan más de 90 idiomas en el sistema) y algunos padres que fueron a apoyarlos en un día de lluvia. “Estamos en una batalla por el alma de la educación pública”, declaró Alex Caputo Pearl, presidente del sindicato United Teachers of Los Ángeles (UTLA).


Esta huelga –la primera del UTLA en 30 años– se suma a una ola de acciones sin precedente en por lo menos seis estados de cientos de miles de maestros que estallaron a lo largo del año pasado en una rebelión contra las políticas de austeridad y privatización; en 29 estados hay menos financiamiento para educación que hace 10 años.


Aún más notable, muchas de estas acciones estatales se realizaron en estados conservadores con gobiernos republicanos –como Virginia Occidental, donde comenzó, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Carolina del Norte– que sacudieron a sus cúpulas políticas, consiguieron conquistas sorprendentes y transformaron el panorama político regional. A diferencia de éstos, la huelga en Los Ángeles es en una ciudad y un estado bajo control demócrata liberal.


Esta huelga demuestra que la resistencia es contra el consenso bipartidista que impulsó lo que llamaron “reformas educativas” a lo largo del país, que incluyeron la promoción de un modelo de privatización de la educación pública mediante las llamadas escuelas chárter, e imponiendo medidas de evaluación de escuelas, maestros y alumnos por medio de exámenes estandarizados.


El UTLA exige que los gobiernos municipal y estatal (en Estados Unidos los sistemas de educación pública son administrados a nivel municipal y estatal, no federal) inviertan fondos para contratar a más personal de apoyo, reducir el tamaño de los grupos y disminuir los exámenes estandarizados. El sindicato señala que el deterioro de las escuelas públicas ha nutrido un éxodo a las escuelas chárter desviando así aún más fondos estatales. Denuncia que un grupo promedio tiene más de 32 estudiantes en las secundarias y preparatorias, con algunos casos donde superan 40 y literalmente no hay dónde sentarse más que en el piso.


Después de 20 meses de negociaciones –el contrato colectivo anterior caducó en junio de 2017– el sindicato rechazó la última oferta del comisionado de educación de la ciudad, el banquero inversionista Austin Beutner, quien argumenta que el distrito no puede aceptar las demandas de los maestros porque eso llevaría a la bancarrota.


Los mega-ricos son parte de la disputa en Los Ángeles. Las escuelas chárter –concepto promovido por todo el país financiado por multimillonarios como solución a los problemas supuestamente endémicos del sistema de educación pública– son escuelas públicas pero administradas de manera privada por diversos grupos, y en su mayoría su personal no está sindicalizado. Sus campeones en Los Ángeles incluyen al multimillonario filántropo Eli Broad y Reed Hastings, jefe ejecutivo de Netflix, junto con otros titanes que han impulsado estas escuelas a escala nacional como parte de una “reforma”, incluido al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Bill Gates, la familia Walton (los herederos de Walmart) y un diverso grupo de especuladores financieros. Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Los Ángeles está en una escuela chárter.


Mientras el gobernador (cuya campaña fue respaldada por el sindicato magisterial) llamó a las partes a regresar a la mesa de negociación, los profesores fueron acompañados por representantes de los sindicatos nacionales de docentes. Randi Weingarten, de la Federacion Americana de Maestros, declaró: “los ojos de la nación están observando esto y los educadores y enfermeros del país están respaldando a los educadores en Los Ángeles”.

 

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