Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

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Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enEdición Nº253
Lunes, 28 Enero 2019 10:48

Cuando la forma quiere ser el fondo

La decisión está tomada: en Colombia nacerá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una clara respuesta a las exigencias de la Ocde para darle cabida al país en su estructura. Sin embargo, como parece ser la constante de este Gobierno, todo es forma y apariencia, nada contenido y cuerpo.

 

De los 34 países de la Ocde, 23 tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El de Colombia tendrá el nombre oficial es de Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (MinCTI). En América Latina Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela tienen ya un ministerio semejante. Es una buena noticia para el país, para el conocimiento, la investigación, la educación y la juventud colombiana.

 

La decisión política y administrativa consiste en convertir a Colciencias en el nuevo ministerio. Sin embargo, lo que no se hace plenamente público, es que el presupuesto del naciente ministerio será el mismo que en la pasada legislatura tenía Colciencias. La forma es decorosa, la creación del nuevo ministerio. Pero el fondo es dramático: el nuevo ministerio tendrá el mismo presupuesto que un (ex) Departamento Administrativo. Políticamente hay que decirlo: se trata de una jugada astuta por parte de Iván Duque, semejante a la negociación que llevó a cabo a finales del 2018 con los rectores de las universidades públicas, buscando desmovilizar a los estudiantes, a saber: una promesa a futuro. Pero en el presente, sólo queda un vacío. Es una mala noticia desde el punto financiero, por tanto de realidad del nuevo ministerio.

 

En efecto, si el presupuesto del MinCTI no aumenta significativamente, Colombia seguirá invirtiendo menos del 0,5 por ciento del PIB, y nunca habrá aumentado el presupuesto para ciencia en al menos el 1 por ciento del PIB, que fue la solicitud que en su momento formulara en tema presupuestal la Misión de Ciencia Tecnología y Cultura (1991).

 

La verdad es que Colciencias había perdido totalmente el norte de la ciencia y la investigación en el país hasta el punto, por ejemplo, que muchos investigadores, universidades, grupos de investigación e incluso editoriales universitarias no creían en Colciencias y dejaron de jugar el juego que ésta les imponía, sin más. Exactamente en el contexto del descrédito de Colciencias se crea el MinCTI.

 

La memoria del país recuerda una jugada semejante: en su momento, a raíz de los escándalos de las chuzadas, el gobierno de Santos disolvió al DAS y a cambio creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Políticamente se trata de una jugada semejante. Un filósofo importante (John Searle) lo estudió de manera precisa: “cómo hacer cosas con palabras”. Esto es, resolver los problemas reales en términos de palabras. Una vez más, la forma se superpone al fondo y termina convirtiéndose en el fondo.

 

Política, administrativa y económicamente –por lo menos en el papel; eso, en la forma-, el nuevo ministerio tendrá asiento en el Consejo de Ministros al mismo nivel que todos los demás. Pero el manejo de presupuesto sigue dependiendo del ministerio de Hacienda –actualmente bajo el mando de A. Carrasquilla–, y políticamente queda sujeto a las decisiones del Presidente de turno. No todo lo que brilla es oro.

 

Ahora bien, el fondo de lo que significa la creación del MinCTI pudiera adquirir contenido como nunca si el Gobierno y el Estado logran integrar y escuchar verdaderamente a la comunidad académica y científica. Pues lo cierto es que todos los gobiernos nacionales han permanecido de espaldas a la comunidad científica, y a la educación.


Social y culturalmente, la creación del nuevo ministerio pudiera significar que la ciencia y la investigación cobraran vida en los medios políticos y económicos. Y de manera muy significativa, en los medios de comunicación. Hasta la fecha, con la excepción de un par de emisoras universitarias, la ciencia es un tema inexistente en la vida social y cultural de Colombia, reservado tan sólo a grupos pequeños y especializados. Así, la ciencia podría estar al mismo nivel, por lo menos, del deporte, la farándula, el mundo light. Evidentemente, la ciencia, la tecnología y la innovación deberían poder estar por encima de la farándula y el deporte y, obvio, del mundo light.

 

Una cosa debe ser clara: socialmente hablando, el surgimiento del MinCTI debe ir de la mano con la creación e implementación de un programa nacional de ciencia y tecnología, que debe ir desde abajo hacia arriba, formando a niños y jóvenes en el amor a la ciencia, y de un extremo a otro, incorporando regiones, municipios y departamentos en una unidad articulada, evitando los centralismos y las jerarquías.


La ciencia debe poder convertirse en un programa a largo plazo, tanto más cuanto que la especificidad de la reflexión científica consiste en trabajar, investigar y vivir a largo plazo. Exactamente, en términos inter y transgeneracionales. De suerte que, literalmente, la creación del MinCTI significa que por primera vez la nación y los gobiernos empiezan a pensar en proyectos país; es decir, a mediano y largo plazo, situando los pies en las realidades locales, pero mirando al mundo en su totalidad.

 

No hay que llamarse a engaños. La ciencia funciona en términos de redes –de conocimiento, y la horizontalidad y la cooperación son la regla. En este sentido, el nuevo ministerio le enseñará al país la veleidad de las dependencias unilaterales –por ejemplo de una sola potencia– y la importancia de la internacionalización en toda la línea de la palabra. El pensamiento científico es por su naturaleza altamente democrático, pues los argumentos de autoridad son inexistentes en ciencia, y lo que prima son: los datos sobre los que se asan las afirmaciones, la construcción de los argumentos, el debate y la crítica, la demostraciones y refutaciones.

 

Así, el ministerio MinCTI puede significar una verdadera revolución mental en la historia del país. Algo que, a decir verdad, los ministerios de Educación y de Cultura no lograron llevar a cabo plenamente, hasta la fecha.

 

Iván Duque dijo que la condición para la creación del nuevo ministerio era que no aumentara la burocracia, y por derivación, entonces, la corrupción. La primera misión del futuro nuevo ministro deberá ser la convocatoria nacional de la comunidad científica, en toda la línea de la palabra: universidades, centros e institutos de investigación, las comunidades, disciplinarias e interdisciplinarias de investigadores, las academias nacionales, y la creación de una agenda nacional de innovación, tecnología y ciencia. Si esta convocatoria no se realiza, el gobierno de Duque no habrá entendido las especificidades de las dinámicas y funcionamientos de la ciencia y la investigación de punta.

 

La creación de un programa de investigación significa que, análogamente a lo que sucede en México, los investigadores deben poder recibir beneficios específicos por parte del Estado, y no solamente de las universidades, tales como reducción de impuestos, beneficios por producción intelectual, y demás. Colciencias sabía cómo funciona el sistema mexicano, pero sólo incorporó la forma (CvLac y GrupLac), pero nunca el fondo. Dejó que en manos de las universidades tales estímulos, haciéndose la sorda y ciega sobre el fondo.

 

La creación y funcionamiento del Ministerio es cosa de días, a la fecha. Pero la implementación de las políticas nacionales –programa, agenda, diálogo nacional, etcétera–, será cosa que tome varios meses. En este sentido, el reloj corre en contra del actual gobierno. Cuanto más se dilate la discusión e implementación de una política nacional de ciencia y tecnología en diálogo con la comunidad científica, tanto más evidente será que en este Gobierno todo es asunto de forma y no de fondo. La pelota, en consecuencia, se encuentra en el terreno de Duque. La carga de la demostración, por tanto, también se encuentra en su campo.

 

La demora de la activación del MinCTI en toda la línea de la palabra hará que Colombia se descuelgue del pelotón de punta en producción científica en América Latina, un pequeño pelotón conformado por México, Brasil, Argentina y Chile. (Cuba jamás aparece en estos indicadores; una clara señal del bloqueo a la Isla). La distancia entre Chile y Colombia tiende a aumentar. Si Colombia se desprende de este pelotón de punta, en el que todavía se encuentra, a la fecha, quedará relegado, sin ofender, en un grupo de países secundarios, muy rezagados del grupo de punta.

 

Las universidades, públicas y privadas, hacen lo que les corresponde. Pero en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento o en la sociedad de redes, la verdad es que el Estado debe poder jugar un papel protagónico en materia de investigación, educación, ciencia, tecnología e innovación.

 

No en última instancia, le corresponde al gobierno nacional enseñarle al sector privado qué significa la ciencia y la tecnología. Hasta la fecha, en contextos en el que el 94 por ciento de las empresas son pequeñas (de 2 a 6 trabajadores), y en el que las grandes empresas (más de 50 trabajadores) es de menos del 0,5 por ciento, el gobierno tiene una tarea educativa y política: hacerle entender al sector privado que no hay desarrollos social y humano ni es posible una política de protección y conservación de la naturaleza, si no se entiende y se apoya a la ciencia. La educación es necesaria, ciertamente, pero es insuficiente. La ciencia es la verdadera toque de piedra de una democracia fuerte, de un país nacional, en fin, de una apuesta sincera y abierta por el futuro: el futuro a mediano y a largo plazo, lo cual requiere y demanda más contenido que forma.

 

 

Publicado enEdición Nº253
#FilosofíaOKupaYResiste: Por una universidad pública, crítica y vital.

Kropotkin, dijo en aquel cercano y lejano siglo XIX: hagamos a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros en las mismas circunstancias. Tal postulado intentó apelar a las relaciones horizontales basadas en el apoyo mutuo entre las personas. Lejos de la explotación del “Hombre por el Hombre”, este anarquista reivindicaba la solidaridad como el carácter primario que ha de tener cualquier asociación humana. Pero la explotación y subordinación entre las personas producidas por el Estado al forzar y preponderar por la propiedad privada, se encargó de señalar las ideas de Kropotkin como violentas, oscureciendo de paso, todo el ideario de los anarquistas.

Prohudhon, Stirner, Bakunin, el mismo Kropotkin, Malatesta, Weil, Goldman y Armand fueron hijos bastarnos de la ilustración. Hijos porque se atrevieron a pensar lo social en términos de libertad e igualdad –horizontal-, sin instituciones y opresores, sin la heteronomía del “deber ser” civilizado. Bastardos porque sin ser reclamados por la tradición moderna, se apropiaron de la capacidad de autodeterminación individual (producida por la modernidad filosófica) al resignificar sus propias vidas desde la conquista y apropiación de su propio ser, -un ser que aniquilaba, a su vez, de forma negativa al “ego” de la razón y,cualquier institución nacida en la formalización de la racionalidad cartesiana-. En consecuencia, los/las anarquistas nunca olvidaron su ser indómito, incendiario e iconoclasta desde un devenir animal que se levanta contra todo acto, forma o “cuerpos intermedios” (familia patriarcal, iglesia, Estado) de opresión, enajenación y dominación de su mismidad.

Por otra parte, la civilidad, forma contemporánea del civismo liberal moderno, determinó constitucionalmente qué es lo justo, lo bueno y lo correcto para las personas desde la perspectiva lineal ilustrada que se comprendió a sí misma como la mejor manera posible de filosofar, de construir academia, de hacer ciencia, de ver el mundo y vivir conforme a un enfoque privado, sangriento y heteronormativo abanderado por el liberalismo político.
El Estado liberal representa el terror contra la vulnerabilidad de la persona que, como una herida abierta, está condicionada a vivir en medio de actos violentos de represión estatal a su condición más elemental: la corpórea. A la filosofía institucionalizada y determinada por el capitalismo cognitivo jamás le ha interesado salvaguardar la physis, al pensar que, la única forma de reivindicar los discursos filosóficos-políticos es la intelectual, operante en la civilización de la barbarie que aniquila, con su perspectiva omniabarcadora, la otredad disidente que reclama espacios políticos desde la praxis vital y orgánica.

A la filosofía institucional le ha hecho falta reconocer su propia histeria y señalar que su tribunal de la razón es anacrónico e insuficiente para comprender los procesos políticos actuales que no reivindican el discurso probo, sino que procuran la conquista de la vida natural, somática y vulnerable que más fácilmente fue asimilada por la teoría anarquista al proclamar: hagamos a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros en las mismas circunstancias - determinar que ese otro piense paralelo a mí-.

Pero, más acá de la escuela política de Occidente, nuestros estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia, quienes decidieron ocupar una oficina del alma mater desde el pasado siete de diciembre, tomaron acciones para vindicar la vida ante la reducción de los espacios que procura la burocratización y privatización estatal (¿neo?)liberal, en este caso, de la universidad pública convertida en una empresa prestadora de servicios .

Ellos/as, con la actualidad de sus acciones y con el movimiento vital que es impredecible, contingente e intempestivo, escriben una nueva página en la historia del trasegar político –universitario- al ocupar los lugares de agencias, desinstitucionalizando una oficina, despojándola de su actividad mercantil y regresando el espacio a su quehacer universitario de enseñanza/aprendizaje. Por lo tanto, repoblar la universidad con discursos de fuga y acciones políticas, inenarrables por la historia universitaria nacional, es, en primer lugar, revitalizarla desdela imaginación y la capacidad de autoeducar del deseo del estudiantado, quejaquea la inercia institucional con la ocupación corporal de espacios obstruidos por la máquina.

La universidad tiene que recuperar su capacidad de acoger distintos discursos y escucharlos, este era su objetivo en sus inicios. No se puede tachar con discursos que son cortos de vista las acciones honestas del estudiantado que apela por espacios de estudio, investigación y educación para toda la comunidad universitaria. No es una respuesta violenta la que exigen las acciones de los estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia con su comunicado. Es la capacidad de escucha y diálogo lo que demanda su postura que, a su vez, solicita el ser percibidos, ser comprendidos y buscar soluciones prácticas –y no soloadministrativas- ante las difíciles condiciones de zozobra y violencia estatal que se ciñen sobre su acontecer académico/político.

Nuestra alma mater olvida su origen y se traiciona a sí misma al no escuchar su propia otredad. Invito a cada egresado, profesor, administrativo, estudiante y, en general, a toda la comunidad universitaria a hablar y atender a nuestros estudiantes que apelan a lo público de la universidad pública. No hay que temer a nuestros diletantes de filosofía basados en escrúpulos, como si se tratara de personas ajenas a nuestro entorno. Como lo diría Stirner:
Los escrúpulos son, algo tan vulgar y corriente como el hablar y el conversar. (…) Los escrúpulos vulgares y corrientes van y vienen, pero los escrúpulos sagrados permanecen y son absolutos (dogmas, artículos de fe, principios). Contra ellos se revela el profanador y mide su fuerza contra lo sagrado (…).

El libre pensamiento en su forma más libre es la crítica pura que no descansa ante ningún escrúpulo absoluto. la filosofía se ha levantado innumerables veces contra la tradición para para resistir contra la institucionalidad del pensamiento. Por eso los “luditas filosóficos” -si se me permite llamarles así a los estudiantes que valientemente ocupan su universidad- circunscriben su crítica filosófica a la resistencia de la acción política no violenta sí contestataria, abierta al diálogo, al buen trato y al cuidado de toda la comunidad universitaria de la cual ellos también hacen parte y merecen ser cuidados (no amenazados ni violentados).

Como egresada del Instituto de filosofía de la Universidad de Antioquia, como exprofesora de la misma unidad académica, como filósofa y como librepensadora celebro, respaldo y apoyo incondicionalmente a la ocupación académico/filosófica de la oficina del primer piso del bloque doce de la ciudadela universitaria de la UdeA.

Los estudiantes reconquistan lo que les pertenece: espacios de formación política en la universidad sin condición, pública, crítica y vital que ellos se merecen. #FILOSOFÍAOKUPAYRESISTE

 

 

 

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Filosofía para profan@s. Una guía para profesores y estudiantes

Este libro contiene un conjunto de ensayos pedagógicos sobre distintos temas de la vida cotidiana: la existencia, la muerte, la trascendencia, el poder, el trabajo, la genética, la política, las novedades y el chismorreo, la cultura, el colonialismo intelectual, la auto-educación, la filosofía colombiana y latinoamericana, etcétera, problemas leídos desde los grandes filósofos europeos, latinoamericanos y, desde luego, colombianos. Es un texto para incitar a los jóvenes y a los adultos a pensar; a explorar la relación de la filosofía con los problemas diarios. En ese sentido es, también, una guía para profesores y estudiantes de la educación básica y media, ideal para el uso en clase. Más allá de su propósito didáctico, es, igualmente, una mirada crítica sobre muchos de los problemas que nos aquejan en el mundo contemporáneo. 

 

Sábado, 17 Noviembre 2018 06:02

A la libertad por la universidad

A la libertad por la universidad

En la imaginaria Ciudad del Sol de Campanella, rodeada de siete murallas, hay una casa con tantos maestros como ciencias: “el astrólogo, el cosmógrafo, el geómetra, el lógico, el retórico, el gramático, el médico, el físico, el político, el moralista… y un solo libro que contiene la totalidad del saber humano, que debe conocer todo el pueblo”.


Esta visión renacentista es el mejor símil de la universidad, un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser.


Lo aprendí cuando en 1959 entré a estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la única que existía entonces, con sede en la ciudad de León, y que tenía apenas mil estudiantes. Las clases se extendían fuera del aula y uno podía visitar a los profesores en sus casas, prestar libros de sus bibliotecas y aun sentarse con ellos a las mesas de los bares. Una intimidad académica y de por medio mucha curiosidad juvenil.


El rector de la universidad era Mariano Fiallos Gil, quien había luchado por conquistar la autonomía universitaria. Fuimos sus discípulos y formamos lo que se llamó la generación de la autonomía.


Creó el lema A la libertad por la universidad, que proclamaba un humanismo beligerante, la universidad fuera del claustro, y así salíamos a la calle a enfrentarnos con la realidad de que el país se hallaba bajo la férula de una dictadura familiar.


Solía repetir a Terencio: Soy un hombre, nada humano me es ajeno. Y nada de lo humano es ajeno a la universidad, inmersa en un entorno que en América Latina es injusto con tanta desmesura. Si a la universidad se le arrebata el humanismo y se burla su autonomía, nada queda de ella.


Es lo que hace un siglo enunciaba el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”.
Las universidades fueron en América Latina fortalezas éticas que criticaban a los gobiernos autoritarios y denunciaban los abusos de poder. Por eso fueron blanco no pocas veces de las dictaduras militares, que mandaban ocuparlas con tropas y tanques de guerra.


Ahora, cuando en las encuestas de opinión se pregunta sobre las instituciones de mayor prestigio, las que ejercen influencia sobre los ciudadanos, se olvida a las universidades, como si se hubieran ausentado de la vida pública.


La excelencia académica es un reto. Pero también las universidades tienen otro papel que cumplir más allá de las aulas. Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico.


Hay nuevas formas de populismo y de caudillismo, y las universidades no se libran de la férula ideológica, alineadas al poder político como ocurre hoy en Nicaragua, donde se ha perdido todo vestigio de autonomía en las universidades públicas y la autoridad académica se subordina a la de los comisarios políticos. Son universidades intervenidas.


Los profesores que no responden a las líneas políticas oficiales son despedidos y decenas de estudiantes han sido expulsados o se hallan en la cárcel acusados de actos de terrorismo. La lealtad política sustituye al rendimiento académico, y por tanto la calidad de la enseñanza se empobrece hasta el ridículo.


La democracia es una herramienta ineludible e insustituible, sin la que no son posibles ni la paz social ni la institucionalidad ni la transformación social ni el progreso económico. ¿Tienen que ver las universidades con la defensa de la democracia? Deben estar a la cabeza. La democracia necesita ser defendida con las herramientas del pensamiento elaborado de manera crítica en los recintos académicos. En el ejercicio pleno de su autonomía y en libre debate de las ideas, las universidades deben ser ellas mismas escuelas de democracia.
No se ha roto el molde del dogma. Un dogma vuelve siempre a sustituir a otro y el antídoto sólo está en poner en cuestión la verdad absoluta, rasgar su coraza y hacer que surja el pensamiento libre. Y crear pensamiento libre de manera incesante es tarea de las universidades.


La primera prédica de la universidad, que por su naturaleza y su misión encarna la diversidad, es en beneficio de la libertad para cerrar así el paso a la intolerancia de quienes no admiten el pensamiento ajeno y buscan anularlo. Quienes expulsan de las universidades toda forma diferente de pensar son quienes terminan levantando los cadalsos e inflamando las hogueras donde se empieza quemando libros y se terminan quemando personas, según las palabras de Heine, que nunca debemos olvidar.


Madrid, noviembre de 2018
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Jueves, 15 Noviembre 2018 08:02

Por la Universidad que queremos

Domingó, de la serie “Fugitivos del miedo” (Cortesía del autor)

La crisis de la Universidad en Colombia es más que financiera, es, a todas luces, la manifestación de la ausencia de un proyecto nacional que le brinde sentido al qué y para qué formar profesionales en las distintas disciplinas y áreas del saber. Al así ser, y ante la ausencia de una verdadera universidad pública, cada uno trata de formarse, a costa de endeudarse y endeudar a su familia por décadas, como simple recurso para un mejor trabajo y una mejor remuneración.

 

Desde hace 25 años la universidad pública en Colombia sufre una crisis financiera creciente, estructural. Esto en el marco en el que la inmensa mayoría de ellas, tanto buenas como de garaje, son privadas. Sin embargo, en verdad, la desfinanciación de la universidad pública no es una crisis: es tan sólo el síntoma de una enfermedad.


Sostener que tal crisis responde a desfinanciación es cierto, pero apunta en la solución equivocada. Si la solución fuera simplemente financiera, basta un administrador o un economista o un financista para resolver el problema; y claro, un montón de dinero suficiente, o necesario. El problema es bastante más serio. Se trata del problema del futuro en el país.


El hecho de que el Estado (o los gobiernos nacionales) no financien la Universidad pública se traduce en un apoyo a la universidad privada, en una cooptación de la capacidad crítica de profesores y estudiantes, en fin, en el hecho de que para tener futuro, los jóvenes y sus familias deben pagar por él.


Breve marco histórico de 25 años de desfinanciación de la Universidad pública


Si es cierto el dato que la desfinanciación lleva 25 años esto nos remonta al año 1997. Muchas cosas sucedían alrededor de esa época en el país. Políticamente, quizás la más profunda era la consolidación de los grupos paramilitares, la eliminación de toda forma de protesta, la cooptación de la disidencia y el imperio del miedo y de la muerte. Lo cual, claro, se traduce en muertes, amedrantamiento y silencio. De allá a hoy se trata de los gobiernos Pastrana, Uribe I y II, Santos I y II y lo que va corrido de Duque. Gobiernos de derecha y de extrema derecha, dígase lo que se diga.


En ese lapso, asistimos al asesinato de profesores críticos e independientes en los mismos campus universitarios; muchos defensores de Derechos Humanos sufrieron igual suerte, la crítica es suprimida. Al mismo tiempo, los consejos estudiantiles son suprimidos a sangre y fuego, esos que fueron alguna vez los pulmones de la democracia en Colombia. Al mismo tiempo, la Universidad privada no sabe y nunca ha sabido de consejos estudiantiles.


De manera paulatina, acaso subrepticiamente, se impone la administración sobre la academia. Métodos y procesos administrativos presuntamente corresponden a la complejización de la vida universitaria, de tal suerte que, grosso modo, en las universidades públicas se llega a la idea de que una tercera parte del tiempo es para docencia, una tercera parte para investigación y una tercera parte para trabajo administrativo (reuniones, etc.). Mientras tanto, en las universidades privadas se llena a los profesores de docencia, reduciéndoles el tiempo para la investigación, peor, pidiéndoles al mismo tiempo producción intelectual.


Por los resquicios, con el tiempo, se introduce la idea –perversa por gratuita– de los escalafones y las acreditaciones. La casi totalidad de las universidades trabajan para lograr acreditaciones y para entrar en los escalafones del caso. Jamás ha habido una voz pública que cuestione la necesidad o la lógica de los escalafones. En América Latina, la Unam de México constituye un ejemplo de dignidad y soberanía: no se definen por ningún escalafón y no trabajan para los escalafones. Ella misma se acredita por su calidad a sí misma. Un signo evidente de autonomía.


En ese período de 25 años el paramilitarismo opera abierta y subrepticiamente. Por ejemplo, nunca se ha hecho una reflexión pública sobre el hecho de que las tres universidades privadas más prestigiosas de Bogotá lograran un acuerdo de silencio acerca de la existencia de fuerzas paramilitares al interior de ellas. El país ha olvidado, o el miedo ha permeado a las instancias de la sociedad.


(Hay que recordar que S. Mancuso afirmó en una ocasión que todos los gremios habían apoyado al paramilitarismo; ni uno solo se había abstenido de apoyarlos de una forma o de otra. ¿Esto debería incluir a la industria de la educación, notablemente, a la educación privada? El silencio reina y ni una sola voz se escucha públicamente, por ejemplo, al interior de estas tres universidades privadas).


Al cabo, se creó el programa “ser pilo paga” , con la apariencia de favorecer a las poblaciones más desfavorecidas, pero con la finalidad real de beneficiar a la universidad privada, muy ampliamente, por encima de la universidad pública.


En resumen, se ha disociado la vida académica de la vida nacional y la vida política. Así, por ejemplo, la economía perdió en la Universidad el estudio de las relaciones entre economía y sociedad o economía y poder y entró a dominar, muy ampliamente la microeconomía. La sociología desapareció durante mucho tiempo de las universidades, y tan sólo hace poco ha comenzado a ser reivindicada, como carrera y como proyecto de investigación. La política se transformó en ciencia política (policy, policies) potenciando la creencia que la política era sólo un asunto de políticas públicas y de gobernabilidad. La carga emancipatoria de la política fue eliminada. La comunicación social se transformó en el trabajo entorno a los medios masivos de comunicación olvidando formas de periodismo independiente, y la importancia de la comunicación para los procesos sociales. En fin, Derecho perdió su capacidad crítica y terminó concentrándose en mecanismos constitucionales y en la predominancia del derecho privado.


Asimismo, en campos como la administración el paradigma ha llegado a ser el emprendimiento, en la ingeniería la transferencia de tecnología. En medicina predomina el modelo epidemiológico que es eminentemente foráneo y desatiende la cultura, el medioambiente, la economía y la sociología. La arquitectura, por regla general nada sabe o dice acerca de la arquitectura vernácula; sus modelos son los otros, los importados, los eficientistas.


Muchos otros ejemplos y casos podrían mencionarse. El punto es que la crítica, la independencia, la acción colectiva y la autonomía que ponen en el foco de la mirada a las gentes, se diluyó en favor de cuestiones puramente técnicas y políticamente neutras o inocuas.


En las universidades privadas se impuso la administración total, los académicos e investigadores pasaron a convertirse en sucedáneos de cara a los rankings y los escalafones, y la carga política de la ciencia pasó a un segundo plano, primando la docencia, la curricularización de los programas, los métodos administrativos de control y evaluación.


Dicho sin más, los intelectuales en general en el país desaparecieron, y se convirtieron en profesores y asalariados, con lo cual su impronta de independencia y autonomía fue cooptada y silenciada. Los intelectuales de hoy son profesores, pero sobre ellos cuelga la espada de Damocles de la persecución, el silencio y la eliminación.


Jamás habrá que olvidar que el principal asesor teórico de Uribe I escribió: “Los enemigos del Estado son en primer lugar la guerrilla y los auxiliadores de la guerrilla; en segundo lugar las ONGs, en particular las defensoras de derechos humanos; y en tercer lugar los profesores e intelectuales”. Desde aquella época a la fecha, nada ha cambiado oficialmente en el guión oficial.


Globalmente dicho, los profesores no deben pensar: deben producir artículos, libros y ponencias, por ejemplo; y los estudiantes tampoco deben pensar; simplemente deben estudiar para graduarse. El pensamiento ha sido desviado a lugares secundarios porque lo que ha llegado a primar es la productividad y el conocimiento.


La socióloga S. Sassen ha demostrado que el capitalismo corporativo –es decir, ese mismo que les hace creer a las universidades que son “instituciones”– ya no mata físicamente a la gente. Simplemente la deja morir. Y a eso lo denomina Sassen necropolítica. Pues bien, análogamente, el Estado no elimina la educación pública, simplemente la deja pervivir, agónicamente, apenas en el límite. En el marco de estos 25 años la educación pública ha sido desfinanciada: ¿Es casualidad?


Mirando hacia el futuro


El hecho de que buena parte de los estudiantes colombianos, y sus familias, opten por la educación privada a costa de la pública significa por lo menos dos cosas: la gente prefiere pagar por su futuro y comprarlo, al precio que sea, con tal de tener un futuro (posible). Asimismo, el Estado (o los gobiernos) desfinancian la educación pública afectando así seriamente su calidad, porque no cree en el futuro y porque no le ofrecen ningún a los jóvenes. Vivimos un Estado que descree del futuro porque de darse puede ir en contra de sus intereses.


Un futuro que implica que la Universidad pública sea gratuita; efectivamente gratuita. No puede dejarse pasar que los pregrados cuestan hoy y cuestan bastante más que hace 25 años, y los costos de los postgrados, incluidos los doctorados son enormes, para ser universidades públicas. Todo ello como resultado obvio de la sutil pero efectiva infiltración sufrida por la universidad pública de de la privatización –por la puerta de atrás–, realidad sobre la que los propios estudiantes, en las protestas recientes, no parecen decir una sola palabra. Como si pagar por la educación pública estuviera justificado. Un contrasentido a todas luces.


El principal problema de la educación, en E.U., Inglaterra, Chile o Colombia, por ejemplo, es el muy alto endeudamiento que las familias adquieren para que algunos o todos sus miembros puedan estudiar; en los niveles de pregrado o de postgrado. La educación como un derecho fundamental está reducida a letra muerta, pues ese derecho pasa por el endeudamiento a largo plazo, con todo lo que ello implica.


De este modo, el primer punto de la universidad pública que queremos es que debe ser efectivamente gratuita. Y en el peor de los casos, los pagos deben ser correspondientes a un cierto porcentaje en función de la declaración de renta.


Educación que debe garantizar, en primera instancia, calidad, es decir un profesorado con formación de primer nivel la cual es la piedra angular de las universidades (Hay universidades privadas que sostienen lo contrario, que la calidad es la de los estudiantes. Lo que esconde un discurso semejante es que el futuro de las universidades es el número de matrículas, y que los profesores deben subsumirse a la administración). De este modo, el principal esfuerzo consiste en tener un profesorado de la máxima calidad, con las mayores y mejores garantías de docencia y de investigación. Sin ambages: la administración debe estar al servicio de la academia, y no al revés. Un administrativo, cualquiera que sea no debe decirle a un académico lo que debe hacer y lo que no.


Es un proceso formativo que debe estar integrado a una vida universitaria intensa, que desboque el debate, la curiosidad por el conocimiento, la vida y la creación cultural, para vivir la universidad. Contrario a ello, la inmensa mayoría de los estudiantes, si les va bien, entran a una carrera, y salen, al cabo de una carrera. Pero por ello pasaron por la Universidad. Las facultades, carreras, programas y departamentos operan como nichos aislados, al margen de lo que acontece en la vida académica en otras instancias. La Universidad debe poder ofrecerles la Universidad a los estudiantes, y no su carrera.


La interdisciplinariedad debe ser un ambiente y una práctica corriente al interior de la misma. Hoy por hoy está muy lejos de serlo. Particularmente en las dominantes, que son las universidades privadas, la interdisciplinariedad es vista como un asunto subversivo… ¡porque sí lo es! El diálogo de saberes, el diálogo de civilizaciones, la apertura de las ciencias y disciplinas debe ser el motor del conocimiento. Este es aún sueño.


De esta manera, la principal función de la Universidad debe ser la de pensar el país –en el marco del continente, y del mundo, naturalmente. Por tanto, también, necesariamente, en el contexto de la historia. Hay universidades privadas que en sus postgrados sólo incluyen bibliografía en ingles de autores foráneos. Y piensan la antropología, o la ciencia política o la economía con base en autores extranjeros. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre, decían las viejitas.


Pensar el país significa estudiar e investigar todas las maneras de exaltar y hacer posible la vida, tanto como sea posible. Y absoluta y necesariamente, las universidades deberían tener excelentes bibliotecas, bases de datos, hemerotecas, videotecas, y demás. Acogiendo a lo mejor del conocimiento de la humanidad, sin preferencias ni jerarquías. Pero ante todo, por encima de cualquier otra consideración, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, según el caso, deberían respetar la autonomía universitaria, en toda la línea de la palabra. Queremos y necesitamos universidades autónomas. Con calidad, socialmente responsables, políticamente comprometidas con la sociedad, pero autónomas.


El conocimiento es un problema a largo plazo, como la vida misma. En consecuencia, sin desatender a los avatares de cada día, las universidades deberían poder establecer planes educativos y de investigación a largo plazo; a muy largo plazo. Exactamente en este sentido, los entes gestores del conocimiento deben apoyar absolutamente la investigación básica, sin menospreciar en modo alguno la investigación aplicada y la experimental. En el país, la investigación básica es aún una promesa por cumplir, en todas las escalas y lugares.


La financiación de la educación pública en general debe ser una sola cosa con las políticas sociales; de salud y de vivienda, por ejemplo. Y el presupuesto militar y de defensa debe ser inferior al de educación, y al de ciencia y tecnología. Con un elemento adicional: en Colombia el presupuesto público, desagregado, debe ser público; esto es, conocido, discutido, socializado. Algo que jamás ha sucedido en la historia del país. Esta es una tarea inmediata e inminente de áreas como la economía, la administración, las finanzas, los estudios políticos, notablemente. Debe promoverse la creación de grupos de investigación que hagan de este tema el centro de sus agendas. Al fin y al cabo los presupuestos de la nación son públicos y el Estado y el Gobierno son simplemente gestores del mismo; ese dinero le pertenece a la nación, y la sociedad debe tener total conocimiento del mismo.

 

Experiencias de otras universidades en el mundo

 

Son muchas las experiencias de otras universidades en el mundo, de las cuales las universidades en Colombia y en América Latina deben poder aprender.


Hay universidades de élite mundial que tienen una oficina de retención de profesores. La idea es consentirlos tanto como se pueda porque son objeto de robo por parte de otras universidades. Esto genera políticas de bienestar reales. Es una de las facetas del capitalismo académico.


Un profesor titular en algunos países es un profesor, literalmente, con todos los derechos y sin ninguna obligación. Porque ya se han ganado los derechos correspondientes. Ellos son el motor de la vida académica e investigativa.


Se trata de lecciones desprendidas de algunas de ellas nos indican que aquellas que tienen un hospital universitario deben ofrecerlo totalmente a sus integrantes: administrativos, profesores y estudiantes. Además, naturalmente de ser un hospital para la sociedad y el país. La disociación de políticas administrativas y académicas de un lado, y de salud, por otro, es indeseable y trae consecuencias nefastas.


Otras universidades nos legan la lección que todas deberían poder ofrecer distinto tipos de becas: por rendimiento académico, por historial del estudiante o el profesor, por méritos artísticos o bien también por méritos deportivos. Un sistema semejante sólo puede favorecer a quienes reciben esas becas, a sus núcleos familiares y al conjunto de la sociedad. En el país sigue habiendo una separación fuerte entre conocimiento intelectual y capacidades artísticas y deportivas.


En condiciones de restricciones económicas hay universidades, en una misma ciudad, que logran acuerdos para comprar libros de forma mancomunada, para ofrecerlos a los estudiantes y profesores del conjunto de universidades involucradas. Esto permite combinar eficiencia económica con la adquisición de lo mejor del conocimiento de punta en todas las áreas del conocimiento. Lo contrario es la canibalización recíproca de las universidades y la incapacidad de vivir y de trabajar en términos de redes.

 


 

Recapitulando


La Universidad que queremos es un sueño inacabado e incompleto. Nunca será posible hacer una lista de las necesidades y deseos. Por ello mismo, el tema mismo de la Universidad que queremos debe ser el objeto de discusiones argumentadas.


En cualquier caso, es cierto que el joven piensa con el deseo, mientras que el adulto y el anciano proceden con base en la experiencia y en los datos. La Universidad es el ámbito donde se dirimen distintas generaciones, profesores consagrados con mucho prestigio nacional e internacional, y jóvenes ávidos de nuevos conocimientos y posibilidades. Ninguna parte tiene por sí misma toda la razón. La Universidad es el espacio donde las tensiones generacionales se dirimen en la dirección que apunta a la exaltación y al posibilitamiento de la vida, que son exactamente el posibilitamiento y el respeto al conocimiento.


En Colombia parece predominar una mentalidad de narcotraficante: el camino fácil, el camino corto, la eficiencia y la eficacia, la lealtad ante todo, la incapacidad para decidir por sí mismos. Estos factores se encuentran entre las razones, históricas de la violencia. Y todo ello se caracteriza por una ausencia de respeto al conocimiento. Irrespeto que es, sin dudas, la principal característica de las élites gobernantes en la historia del país, lo que se traduce en la subvaloración de la educación en general, el desfinanciamiento de la universidad pública, en fin, la crisis de la Universidad. Lo demás, son consecuencias de este fenómeno: la corrupción galopante, la inseguridad jurídica, las asimetrías profundas de información en el país, la violación sistemática de los Derechos Humanos, el extractivismo y la violencia contra la naturaleza, por ejemplo.

La idea de memoria histórica contiene un amplio universo de referencias. En nuestro país, nos traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que vivieron la Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de reconocimiento de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite asimismo a la memoria colectiva y a la forma en que estas personas explican (y se explican) su pasado.

Memoria y resiliencia


Los testimonios de las personas que prestan su memoria para complementar la historia con documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia, de superación de momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite conservarse y hacer coherente su ideología con el contexto en que tuvieron que relacionarse y vivir. Reflejan, por tanto, su capacidad resiliente.


La resiliencia posee dos dimensiones diferentes: por un lado, alude a la capacidad de adaptación y por otro, representa la facultad de resistencia, en este caso conectada a la dureza. La recuperación de la memoria histórica constituye en sí misma un acto de resiliencia que comprende su definición en un sentido amplio, es decir que implica ambas dimensiones, elasticidad y dureza.


Además, se extiende hasta el presente, pues en los relatos encontramos el sentido positivo de haber podido superar una situación extrema para poder contarla y mantener una coherencia vital entre la persona que lo cuenta y la que sobrevivió a la represión.


Trabajar con los recuerdos


Recoger testimonios orales y utilizar la memoria como objeto de estudio comporta, no obstante, algunos inconvenientes asociados a la peculiaridad del vehículo de análisis de los hechos: los recuerdos. Las memorias se pueden borrar, modificar o ampliar, y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo, representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través de una mirada del presente.


De esta forma la memoria es un elemento cargado de subjetividad pero con gran capacidad simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e ideologías.


El relato conjunto que se construye, y en el que cada individuo matiza su experiencia y la dota de peculiaridades, constituye la memoria colectiva ignorada durante décadas en función de la transmisión de una única historia oficial. Los relatos construidos de esta manera son diversos y heterogéneos en lo que respecta a las experiencias vividas, las represiones sufridas y las estrategias adoptadas, pero mantienen un elemento común: todos ellos amplían la historia que conocemos y nos muestran un contexto social que, en muchos casos, desconocíamos.


Esta reconstrucción del relato genera, en numerosas ocasiones, controversias sociales y políticas que demuestran que el conflicto sigue latente en la sociedad. Pero la recuperación de la memoria se construye como una alternativa al silencio, un silencio que en muchos casos impide el recuerdo de vivencias pasadas, el desarrollo de estrategias resilientes comunes y la reorganización del recuerdo colectivo que posibilite la (re)construcción de identidades grupales. La presencia de la memoria significa que se brinda la posibilidad de que los testimonios que son rebatidos o no quieren ser escuchados, puedan expresarse y de que esas voces, tanto tiempo calladas, puedan ser oídas.


La democracia permite echar la vista atrás


Superar el pacto del olvido, por tanto, implica asumir que el consenso social de “olvidar” debe ser sustituido por “recuperar”, así como la aceptación explícita de que el pasado es diferente a cómo lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que no pudieron participar en la construcción de ese discurso deben ser tenidos en consideración.
La democracia ha alcanzado hoy en día un grado de madurez que permite abordar este objetivo. Reconocer una parte de la historia negada, olvidada o silenciada, implica también significar a aquellos que sufrieron sin ser reconocidos o fueron estigmatizados sin poder restaurar, aunque fuera de manera simbólica, su dignidad o la de sus antepasados.
Pese a que pueda parecer inconveniente recuperar un conflicto que no afectó directamente a muchos de los que hoy conforman la sociedad, la recuperación de la memoria histórica puede facilitar una mayor cohesión social. Escuchar todas las versiones y todos los recuerdos es un síntoma de que la democracia ha alcanzado un alto grado de compromiso con todos sus ciudadanos, sin discursos hegemónicos ni silencios forzados.


Recuperar la memoria es también una forma de cerrar unas heridas que permanecen abiertas desde hace demasiado tiempo, porque poder hablar del pasado sin temor implica que este se puede conocer en el presente sin que ello suponga revivir antiguos traumas y disputas. Además, para quienes pueden o quieren compartir sus recuerdos, hablar de ello es también una forma de superación, de terapia individual que al ser compartida se convierte en colectiva.


Conocer diferentes versiones, escuchar los relatos que han estado ocultos durante décadas no puede evidentemente cambiar lo que ya ocurrió y, además, aquellos que nos lo relatan tampoco lo pretenden. Pero sus recuerdos sí pueden modificar el conocimiento actual sobre la historia, afectando de esta forma al presente y al futuro.


Recordar es un derecho y, para muchos, un deber para poder perdonar y cerrar las heridas abiertas. La recuperación de sus memorias permite, además, que aquellos que se han sentido víctimas, sin poder reclamar o reivindicar su historia, puedan asumir un papel activo en la reelaboración de la memoria colectiva.


Hoy, segundas y terceras generaciones tienen la oportunidad de redactar un nuevo discurso sobre el pasado con la distancia emocional y las herramientas democráticas de las que disponemos, una narración en la que las víctimas y los culpables pueden probablemente adoptar un nuevo significado y en la que la antigua confrontación puede dar paso a una pluralidad de relatos que sirvan para que en el futuro se conozca una historia necesaria y diferente.

Por:
M. Victoria Gómez García/Magdalena Díaz GorfinkielVicente Díaz Gandasegui
Profesora titular Sociología, Universidad Carlos III
Magdalena Díaz Gorfinkiel
Profesora de Sociología, Universidad Carlos III
Vicente Díaz Gandasegui
Profesor Visitante Lector en el departamento de Análisis Social, Universidad Carlos III

06/11/2018


Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

Publicado enSociedad
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enColombia
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enEdición Nº251
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