#FilosofíaOKupaYResiste: Por una universidad pública, crítica y vital.

Kropotkin, dijo en aquel cercano y lejano siglo XIX: hagamos a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros en las mismas circunstancias. Tal postulado intentó apelar a las relaciones horizontales basadas en el apoyo mutuo entre las personas. Lejos de la explotación del “Hombre por el Hombre”, este anarquista reivindicaba la solidaridad como el carácter primario que ha de tener cualquier asociación humana. Pero la explotación y subordinación entre las personas producidas por el Estado al forzar y preponderar por la propiedad privada, se encargó de señalar las ideas de Kropotkin como violentas, oscureciendo de paso, todo el ideario de los anarquistas.

Prohudhon, Stirner, Bakunin, el mismo Kropotkin, Malatesta, Weil, Goldman y Armand fueron hijos bastarnos de la ilustración. Hijos porque se atrevieron a pensar lo social en términos de libertad e igualdad –horizontal-, sin instituciones y opresores, sin la heteronomía del “deber ser” civilizado. Bastardos porque sin ser reclamados por la tradición moderna, se apropiaron de la capacidad de autodeterminación individual (producida por la modernidad filosófica) al resignificar sus propias vidas desde la conquista y apropiación de su propio ser, -un ser que aniquilaba, a su vez, de forma negativa al “ego” de la razón y,cualquier institución nacida en la formalización de la racionalidad cartesiana-. En consecuencia, los/las anarquistas nunca olvidaron su ser indómito, incendiario e iconoclasta desde un devenir animal que se levanta contra todo acto, forma o “cuerpos intermedios” (familia patriarcal, iglesia, Estado) de opresión, enajenación y dominación de su mismidad.

Por otra parte, la civilidad, forma contemporánea del civismo liberal moderno, determinó constitucionalmente qué es lo justo, lo bueno y lo correcto para las personas desde la perspectiva lineal ilustrada que se comprendió a sí misma como la mejor manera posible de filosofar, de construir academia, de hacer ciencia, de ver el mundo y vivir conforme a un enfoque privado, sangriento y heteronormativo abanderado por el liberalismo político.
El Estado liberal representa el terror contra la vulnerabilidad de la persona que, como una herida abierta, está condicionada a vivir en medio de actos violentos de represión estatal a su condición más elemental: la corpórea. A la filosofía institucionalizada y determinada por el capitalismo cognitivo jamás le ha interesado salvaguardar la physis, al pensar que, la única forma de reivindicar los discursos filosóficos-políticos es la intelectual, operante en la civilización de la barbarie que aniquila, con su perspectiva omniabarcadora, la otredad disidente que reclama espacios políticos desde la praxis vital y orgánica.

A la filosofía institucional le ha hecho falta reconocer su propia histeria y señalar que su tribunal de la razón es anacrónico e insuficiente para comprender los procesos políticos actuales que no reivindican el discurso probo, sino que procuran la conquista de la vida natural, somática y vulnerable que más fácilmente fue asimilada por la teoría anarquista al proclamar: hagamos a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros en las mismas circunstancias - determinar que ese otro piense paralelo a mí-.

Pero, más acá de la escuela política de Occidente, nuestros estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia, quienes decidieron ocupar una oficina del alma mater desde el pasado siete de diciembre, tomaron acciones para vindicar la vida ante la reducción de los espacios que procura la burocratización y privatización estatal (¿neo?)liberal, en este caso, de la universidad pública convertida en una empresa prestadora de servicios .

Ellos/as, con la actualidad de sus acciones y con el movimiento vital que es impredecible, contingente e intempestivo, escriben una nueva página en la historia del trasegar político –universitario- al ocupar los lugares de agencias, desinstitucionalizando una oficina, despojándola de su actividad mercantil y regresando el espacio a su quehacer universitario de enseñanza/aprendizaje. Por lo tanto, repoblar la universidad con discursos de fuga y acciones políticas, inenarrables por la historia universitaria nacional, es, en primer lugar, revitalizarla desdela imaginación y la capacidad de autoeducar del deseo del estudiantado, quejaquea la inercia institucional con la ocupación corporal de espacios obstruidos por la máquina.

La universidad tiene que recuperar su capacidad de acoger distintos discursos y escucharlos, este era su objetivo en sus inicios. No se puede tachar con discursos que son cortos de vista las acciones honestas del estudiantado que apela por espacios de estudio, investigación y educación para toda la comunidad universitaria. No es una respuesta violenta la que exigen las acciones de los estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia con su comunicado. Es la capacidad de escucha y diálogo lo que demanda su postura que, a su vez, solicita el ser percibidos, ser comprendidos y buscar soluciones prácticas –y no soloadministrativas- ante las difíciles condiciones de zozobra y violencia estatal que se ciñen sobre su acontecer académico/político.

Nuestra alma mater olvida su origen y se traiciona a sí misma al no escuchar su propia otredad. Invito a cada egresado, profesor, administrativo, estudiante y, en general, a toda la comunidad universitaria a hablar y atender a nuestros estudiantes que apelan a lo público de la universidad pública. No hay que temer a nuestros diletantes de filosofía basados en escrúpulos, como si se tratara de personas ajenas a nuestro entorno. Como lo diría Stirner:
Los escrúpulos son, algo tan vulgar y corriente como el hablar y el conversar. (…) Los escrúpulos vulgares y corrientes van y vienen, pero los escrúpulos sagrados permanecen y son absolutos (dogmas, artículos de fe, principios). Contra ellos se revela el profanador y mide su fuerza contra lo sagrado (…).

El libre pensamiento en su forma más libre es la crítica pura que no descansa ante ningún escrúpulo absoluto. la filosofía se ha levantado innumerables veces contra la tradición para para resistir contra la institucionalidad del pensamiento. Por eso los “luditas filosóficos” -si se me permite llamarles así a los estudiantes que valientemente ocupan su universidad- circunscriben su crítica filosófica a la resistencia de la acción política no violenta sí contestataria, abierta al diálogo, al buen trato y al cuidado de toda la comunidad universitaria de la cual ellos también hacen parte y merecen ser cuidados (no amenazados ni violentados).

Como egresada del Instituto de filosofía de la Universidad de Antioquia, como exprofesora de la misma unidad académica, como filósofa y como librepensadora celebro, respaldo y apoyo incondicionalmente a la ocupación académico/filosófica de la oficina del primer piso del bloque doce de la ciudadela universitaria de la UdeA.

Los estudiantes reconquistan lo que les pertenece: espacios de formación política en la universidad sin condición, pública, crítica y vital que ellos se merecen. #FILOSOFÍAOKUPAYRESISTE

 

 

 

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Filosofía para profan@s. Una guía para profesores y estudiantes

Este libro contiene un conjunto de ensayos pedagógicos sobre distintos temas de la vida cotidiana: la existencia, la muerte, la trascendencia, el poder, el trabajo, la genética, la política, las novedades y el chismorreo, la cultura, el colonialismo intelectual, la auto-educación, la filosofía colombiana y latinoamericana, etcétera, problemas leídos desde los grandes filósofos europeos, latinoamericanos y, desde luego, colombianos. Es un texto para incitar a los jóvenes y a los adultos a pensar; a explorar la relación de la filosofía con los problemas diarios. En ese sentido es, también, una guía para profesores y estudiantes de la educación básica y media, ideal para el uso en clase. Más allá de su propósito didáctico, es, igualmente, una mirada crítica sobre muchos de los problemas que nos aquejan en el mundo contemporáneo. 

 

Sábado, 17 Noviembre 2018 06:02

A la libertad por la universidad

A la libertad por la universidad

En la imaginaria Ciudad del Sol de Campanella, rodeada de siete murallas, hay una casa con tantos maestros como ciencias: “el astrólogo, el cosmógrafo, el geómetra, el lógico, el retórico, el gramático, el médico, el físico, el político, el moralista… y un solo libro que contiene la totalidad del saber humano, que debe conocer todo el pueblo”.


Esta visión renacentista es el mejor símil de la universidad, un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser.


Lo aprendí cuando en 1959 entré a estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la única que existía entonces, con sede en la ciudad de León, y que tenía apenas mil estudiantes. Las clases se extendían fuera del aula y uno podía visitar a los profesores en sus casas, prestar libros de sus bibliotecas y aun sentarse con ellos a las mesas de los bares. Una intimidad académica y de por medio mucha curiosidad juvenil.


El rector de la universidad era Mariano Fiallos Gil, quien había luchado por conquistar la autonomía universitaria. Fuimos sus discípulos y formamos lo que se llamó la generación de la autonomía.


Creó el lema A la libertad por la universidad, que proclamaba un humanismo beligerante, la universidad fuera del claustro, y así salíamos a la calle a enfrentarnos con la realidad de que el país se hallaba bajo la férula de una dictadura familiar.


Solía repetir a Terencio: Soy un hombre, nada humano me es ajeno. Y nada de lo humano es ajeno a la universidad, inmersa en un entorno que en América Latina es injusto con tanta desmesura. Si a la universidad se le arrebata el humanismo y se burla su autonomía, nada queda de ella.


Es lo que hace un siglo enunciaba el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”.
Las universidades fueron en América Latina fortalezas éticas que criticaban a los gobiernos autoritarios y denunciaban los abusos de poder. Por eso fueron blanco no pocas veces de las dictaduras militares, que mandaban ocuparlas con tropas y tanques de guerra.


Ahora, cuando en las encuestas de opinión se pregunta sobre las instituciones de mayor prestigio, las que ejercen influencia sobre los ciudadanos, se olvida a las universidades, como si se hubieran ausentado de la vida pública.


La excelencia académica es un reto. Pero también las universidades tienen otro papel que cumplir más allá de las aulas. Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico.


Hay nuevas formas de populismo y de caudillismo, y las universidades no se libran de la férula ideológica, alineadas al poder político como ocurre hoy en Nicaragua, donde se ha perdido todo vestigio de autonomía en las universidades públicas y la autoridad académica se subordina a la de los comisarios políticos. Son universidades intervenidas.


Los profesores que no responden a las líneas políticas oficiales son despedidos y decenas de estudiantes han sido expulsados o se hallan en la cárcel acusados de actos de terrorismo. La lealtad política sustituye al rendimiento académico, y por tanto la calidad de la enseñanza se empobrece hasta el ridículo.


La democracia es una herramienta ineludible e insustituible, sin la que no son posibles ni la paz social ni la institucionalidad ni la transformación social ni el progreso económico. ¿Tienen que ver las universidades con la defensa de la democracia? Deben estar a la cabeza. La democracia necesita ser defendida con las herramientas del pensamiento elaborado de manera crítica en los recintos académicos. En el ejercicio pleno de su autonomía y en libre debate de las ideas, las universidades deben ser ellas mismas escuelas de democracia.
No se ha roto el molde del dogma. Un dogma vuelve siempre a sustituir a otro y el antídoto sólo está en poner en cuestión la verdad absoluta, rasgar su coraza y hacer que surja el pensamiento libre. Y crear pensamiento libre de manera incesante es tarea de las universidades.


La primera prédica de la universidad, que por su naturaleza y su misión encarna la diversidad, es en beneficio de la libertad para cerrar así el paso a la intolerancia de quienes no admiten el pensamiento ajeno y buscan anularlo. Quienes expulsan de las universidades toda forma diferente de pensar son quienes terminan levantando los cadalsos e inflamando las hogueras donde se empieza quemando libros y se terminan quemando personas, según las palabras de Heine, que nunca debemos olvidar.


Madrid, noviembre de 2018
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Jueves, 15 Noviembre 2018 08:02

Por la Universidad que queremos

Domingó, de la serie “Fugitivos del miedo” (Cortesía del autor)

La crisis de la Universidad en Colombia es más que financiera, es, a todas luces, la manifestación de la ausencia de un proyecto nacional que le brinde sentido al qué y para qué formar profesionales en las distintas disciplinas y áreas del saber. Al así ser, y ante la ausencia de una verdadera universidad pública, cada uno trata de formarse, a costa de endeudarse y endeudar a su familia por décadas, como simple recurso para un mejor trabajo y una mejor remuneración.

 

Desde hace 25 años la universidad pública en Colombia sufre una crisis financiera creciente, estructural. Esto en el marco en el que la inmensa mayoría de ellas, tanto buenas como de garaje, son privadas. Sin embargo, en verdad, la desfinanciación de la universidad pública no es una crisis: es tan sólo el síntoma de una enfermedad.


Sostener que tal crisis responde a desfinanciación es cierto, pero apunta en la solución equivocada. Si la solución fuera simplemente financiera, basta un administrador o un economista o un financista para resolver el problema; y claro, un montón de dinero suficiente, o necesario. El problema es bastante más serio. Se trata del problema del futuro en el país.


El hecho de que el Estado (o los gobiernos nacionales) no financien la Universidad pública se traduce en un apoyo a la universidad privada, en una cooptación de la capacidad crítica de profesores y estudiantes, en fin, en el hecho de que para tener futuro, los jóvenes y sus familias deben pagar por él.


Breve marco histórico de 25 años de desfinanciación de la Universidad pública


Si es cierto el dato que la desfinanciación lleva 25 años esto nos remonta al año 1997. Muchas cosas sucedían alrededor de esa época en el país. Políticamente, quizás la más profunda era la consolidación de los grupos paramilitares, la eliminación de toda forma de protesta, la cooptación de la disidencia y el imperio del miedo y de la muerte. Lo cual, claro, se traduce en muertes, amedrantamiento y silencio. De allá a hoy se trata de los gobiernos Pastrana, Uribe I y II, Santos I y II y lo que va corrido de Duque. Gobiernos de derecha y de extrema derecha, dígase lo que se diga.


En ese lapso, asistimos al asesinato de profesores críticos e independientes en los mismos campus universitarios; muchos defensores de Derechos Humanos sufrieron igual suerte, la crítica es suprimida. Al mismo tiempo, los consejos estudiantiles son suprimidos a sangre y fuego, esos que fueron alguna vez los pulmones de la democracia en Colombia. Al mismo tiempo, la Universidad privada no sabe y nunca ha sabido de consejos estudiantiles.


De manera paulatina, acaso subrepticiamente, se impone la administración sobre la academia. Métodos y procesos administrativos presuntamente corresponden a la complejización de la vida universitaria, de tal suerte que, grosso modo, en las universidades públicas se llega a la idea de que una tercera parte del tiempo es para docencia, una tercera parte para investigación y una tercera parte para trabajo administrativo (reuniones, etc.). Mientras tanto, en las universidades privadas se llena a los profesores de docencia, reduciéndoles el tiempo para la investigación, peor, pidiéndoles al mismo tiempo producción intelectual.


Por los resquicios, con el tiempo, se introduce la idea –perversa por gratuita– de los escalafones y las acreditaciones. La casi totalidad de las universidades trabajan para lograr acreditaciones y para entrar en los escalafones del caso. Jamás ha habido una voz pública que cuestione la necesidad o la lógica de los escalafones. En América Latina, la Unam de México constituye un ejemplo de dignidad y soberanía: no se definen por ningún escalafón y no trabajan para los escalafones. Ella misma se acredita por su calidad a sí misma. Un signo evidente de autonomía.


En ese período de 25 años el paramilitarismo opera abierta y subrepticiamente. Por ejemplo, nunca se ha hecho una reflexión pública sobre el hecho de que las tres universidades privadas más prestigiosas de Bogotá lograran un acuerdo de silencio acerca de la existencia de fuerzas paramilitares al interior de ellas. El país ha olvidado, o el miedo ha permeado a las instancias de la sociedad.


(Hay que recordar que S. Mancuso afirmó en una ocasión que todos los gremios habían apoyado al paramilitarismo; ni uno solo se había abstenido de apoyarlos de una forma o de otra. ¿Esto debería incluir a la industria de la educación, notablemente, a la educación privada? El silencio reina y ni una sola voz se escucha públicamente, por ejemplo, al interior de estas tres universidades privadas).


Al cabo, se creó el programa “ser pilo paga” , con la apariencia de favorecer a las poblaciones más desfavorecidas, pero con la finalidad real de beneficiar a la universidad privada, muy ampliamente, por encima de la universidad pública.


En resumen, se ha disociado la vida académica de la vida nacional y la vida política. Así, por ejemplo, la economía perdió en la Universidad el estudio de las relaciones entre economía y sociedad o economía y poder y entró a dominar, muy ampliamente la microeconomía. La sociología desapareció durante mucho tiempo de las universidades, y tan sólo hace poco ha comenzado a ser reivindicada, como carrera y como proyecto de investigación. La política se transformó en ciencia política (policy, policies) potenciando la creencia que la política era sólo un asunto de políticas públicas y de gobernabilidad. La carga emancipatoria de la política fue eliminada. La comunicación social se transformó en el trabajo entorno a los medios masivos de comunicación olvidando formas de periodismo independiente, y la importancia de la comunicación para los procesos sociales. En fin, Derecho perdió su capacidad crítica y terminó concentrándose en mecanismos constitucionales y en la predominancia del derecho privado.


Asimismo, en campos como la administración el paradigma ha llegado a ser el emprendimiento, en la ingeniería la transferencia de tecnología. En medicina predomina el modelo epidemiológico que es eminentemente foráneo y desatiende la cultura, el medioambiente, la economía y la sociología. La arquitectura, por regla general nada sabe o dice acerca de la arquitectura vernácula; sus modelos son los otros, los importados, los eficientistas.


Muchos otros ejemplos y casos podrían mencionarse. El punto es que la crítica, la independencia, la acción colectiva y la autonomía que ponen en el foco de la mirada a las gentes, se diluyó en favor de cuestiones puramente técnicas y políticamente neutras o inocuas.


En las universidades privadas se impuso la administración total, los académicos e investigadores pasaron a convertirse en sucedáneos de cara a los rankings y los escalafones, y la carga política de la ciencia pasó a un segundo plano, primando la docencia, la curricularización de los programas, los métodos administrativos de control y evaluación.


Dicho sin más, los intelectuales en general en el país desaparecieron, y se convirtieron en profesores y asalariados, con lo cual su impronta de independencia y autonomía fue cooptada y silenciada. Los intelectuales de hoy son profesores, pero sobre ellos cuelga la espada de Damocles de la persecución, el silencio y la eliminación.


Jamás habrá que olvidar que el principal asesor teórico de Uribe I escribió: “Los enemigos del Estado son en primer lugar la guerrilla y los auxiliadores de la guerrilla; en segundo lugar las ONGs, en particular las defensoras de derechos humanos; y en tercer lugar los profesores e intelectuales”. Desde aquella época a la fecha, nada ha cambiado oficialmente en el guión oficial.


Globalmente dicho, los profesores no deben pensar: deben producir artículos, libros y ponencias, por ejemplo; y los estudiantes tampoco deben pensar; simplemente deben estudiar para graduarse. El pensamiento ha sido desviado a lugares secundarios porque lo que ha llegado a primar es la productividad y el conocimiento.


La socióloga S. Sassen ha demostrado que el capitalismo corporativo –es decir, ese mismo que les hace creer a las universidades que son “instituciones”– ya no mata físicamente a la gente. Simplemente la deja morir. Y a eso lo denomina Sassen necropolítica. Pues bien, análogamente, el Estado no elimina la educación pública, simplemente la deja pervivir, agónicamente, apenas en el límite. En el marco de estos 25 años la educación pública ha sido desfinanciada: ¿Es casualidad?


Mirando hacia el futuro


El hecho de que buena parte de los estudiantes colombianos, y sus familias, opten por la educación privada a costa de la pública significa por lo menos dos cosas: la gente prefiere pagar por su futuro y comprarlo, al precio que sea, con tal de tener un futuro (posible). Asimismo, el Estado (o los gobiernos) desfinancian la educación pública afectando así seriamente su calidad, porque no cree en el futuro y porque no le ofrecen ningún a los jóvenes. Vivimos un Estado que descree del futuro porque de darse puede ir en contra de sus intereses.


Un futuro que implica que la Universidad pública sea gratuita; efectivamente gratuita. No puede dejarse pasar que los pregrados cuestan hoy y cuestan bastante más que hace 25 años, y los costos de los postgrados, incluidos los doctorados son enormes, para ser universidades públicas. Todo ello como resultado obvio de la sutil pero efectiva infiltración sufrida por la universidad pública de de la privatización –por la puerta de atrás–, realidad sobre la que los propios estudiantes, en las protestas recientes, no parecen decir una sola palabra. Como si pagar por la educación pública estuviera justificado. Un contrasentido a todas luces.


El principal problema de la educación, en E.U., Inglaterra, Chile o Colombia, por ejemplo, es el muy alto endeudamiento que las familias adquieren para que algunos o todos sus miembros puedan estudiar; en los niveles de pregrado o de postgrado. La educación como un derecho fundamental está reducida a letra muerta, pues ese derecho pasa por el endeudamiento a largo plazo, con todo lo que ello implica.


De este modo, el primer punto de la universidad pública que queremos es que debe ser efectivamente gratuita. Y en el peor de los casos, los pagos deben ser correspondientes a un cierto porcentaje en función de la declaración de renta.


Educación que debe garantizar, en primera instancia, calidad, es decir un profesorado con formación de primer nivel la cual es la piedra angular de las universidades (Hay universidades privadas que sostienen lo contrario, que la calidad es la de los estudiantes. Lo que esconde un discurso semejante es que el futuro de las universidades es el número de matrículas, y que los profesores deben subsumirse a la administración). De este modo, el principal esfuerzo consiste en tener un profesorado de la máxima calidad, con las mayores y mejores garantías de docencia y de investigación. Sin ambages: la administración debe estar al servicio de la academia, y no al revés. Un administrativo, cualquiera que sea no debe decirle a un académico lo que debe hacer y lo que no.


Es un proceso formativo que debe estar integrado a una vida universitaria intensa, que desboque el debate, la curiosidad por el conocimiento, la vida y la creación cultural, para vivir la universidad. Contrario a ello, la inmensa mayoría de los estudiantes, si les va bien, entran a una carrera, y salen, al cabo de una carrera. Pero por ello pasaron por la Universidad. Las facultades, carreras, programas y departamentos operan como nichos aislados, al margen de lo que acontece en la vida académica en otras instancias. La Universidad debe poder ofrecerles la Universidad a los estudiantes, y no su carrera.


La interdisciplinariedad debe ser un ambiente y una práctica corriente al interior de la misma. Hoy por hoy está muy lejos de serlo. Particularmente en las dominantes, que son las universidades privadas, la interdisciplinariedad es vista como un asunto subversivo… ¡porque sí lo es! El diálogo de saberes, el diálogo de civilizaciones, la apertura de las ciencias y disciplinas debe ser el motor del conocimiento. Este es aún sueño.


De esta manera, la principal función de la Universidad debe ser la de pensar el país –en el marco del continente, y del mundo, naturalmente. Por tanto, también, necesariamente, en el contexto de la historia. Hay universidades privadas que en sus postgrados sólo incluyen bibliografía en ingles de autores foráneos. Y piensan la antropología, o la ciencia política o la economía con base en autores extranjeros. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre, decían las viejitas.


Pensar el país significa estudiar e investigar todas las maneras de exaltar y hacer posible la vida, tanto como sea posible. Y absoluta y necesariamente, las universidades deberían tener excelentes bibliotecas, bases de datos, hemerotecas, videotecas, y demás. Acogiendo a lo mejor del conocimiento de la humanidad, sin preferencias ni jerarquías. Pero ante todo, por encima de cualquier otra consideración, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, según el caso, deberían respetar la autonomía universitaria, en toda la línea de la palabra. Queremos y necesitamos universidades autónomas. Con calidad, socialmente responsables, políticamente comprometidas con la sociedad, pero autónomas.


El conocimiento es un problema a largo plazo, como la vida misma. En consecuencia, sin desatender a los avatares de cada día, las universidades deberían poder establecer planes educativos y de investigación a largo plazo; a muy largo plazo. Exactamente en este sentido, los entes gestores del conocimiento deben apoyar absolutamente la investigación básica, sin menospreciar en modo alguno la investigación aplicada y la experimental. En el país, la investigación básica es aún una promesa por cumplir, en todas las escalas y lugares.


La financiación de la educación pública en general debe ser una sola cosa con las políticas sociales; de salud y de vivienda, por ejemplo. Y el presupuesto militar y de defensa debe ser inferior al de educación, y al de ciencia y tecnología. Con un elemento adicional: en Colombia el presupuesto público, desagregado, debe ser público; esto es, conocido, discutido, socializado. Algo que jamás ha sucedido en la historia del país. Esta es una tarea inmediata e inminente de áreas como la economía, la administración, las finanzas, los estudios políticos, notablemente. Debe promoverse la creación de grupos de investigación que hagan de este tema el centro de sus agendas. Al fin y al cabo los presupuestos de la nación son públicos y el Estado y el Gobierno son simplemente gestores del mismo; ese dinero le pertenece a la nación, y la sociedad debe tener total conocimiento del mismo.

 

Experiencias de otras universidades en el mundo

 

Son muchas las experiencias de otras universidades en el mundo, de las cuales las universidades en Colombia y en América Latina deben poder aprender.


Hay universidades de élite mundial que tienen una oficina de retención de profesores. La idea es consentirlos tanto como se pueda porque son objeto de robo por parte de otras universidades. Esto genera políticas de bienestar reales. Es una de las facetas del capitalismo académico.


Un profesor titular en algunos países es un profesor, literalmente, con todos los derechos y sin ninguna obligación. Porque ya se han ganado los derechos correspondientes. Ellos son el motor de la vida académica e investigativa.


Se trata de lecciones desprendidas de algunas de ellas nos indican que aquellas que tienen un hospital universitario deben ofrecerlo totalmente a sus integrantes: administrativos, profesores y estudiantes. Además, naturalmente de ser un hospital para la sociedad y el país. La disociación de políticas administrativas y académicas de un lado, y de salud, por otro, es indeseable y trae consecuencias nefastas.


Otras universidades nos legan la lección que todas deberían poder ofrecer distinto tipos de becas: por rendimiento académico, por historial del estudiante o el profesor, por méritos artísticos o bien también por méritos deportivos. Un sistema semejante sólo puede favorecer a quienes reciben esas becas, a sus núcleos familiares y al conjunto de la sociedad. En el país sigue habiendo una separación fuerte entre conocimiento intelectual y capacidades artísticas y deportivas.


En condiciones de restricciones económicas hay universidades, en una misma ciudad, que logran acuerdos para comprar libros de forma mancomunada, para ofrecerlos a los estudiantes y profesores del conjunto de universidades involucradas. Esto permite combinar eficiencia económica con la adquisición de lo mejor del conocimiento de punta en todas las áreas del conocimiento. Lo contrario es la canibalización recíproca de las universidades y la incapacidad de vivir y de trabajar en términos de redes.

 


 

Recapitulando


La Universidad que queremos es un sueño inacabado e incompleto. Nunca será posible hacer una lista de las necesidades y deseos. Por ello mismo, el tema mismo de la Universidad que queremos debe ser el objeto de discusiones argumentadas.


En cualquier caso, es cierto que el joven piensa con el deseo, mientras que el adulto y el anciano proceden con base en la experiencia y en los datos. La Universidad es el ámbito donde se dirimen distintas generaciones, profesores consagrados con mucho prestigio nacional e internacional, y jóvenes ávidos de nuevos conocimientos y posibilidades. Ninguna parte tiene por sí misma toda la razón. La Universidad es el espacio donde las tensiones generacionales se dirimen en la dirección que apunta a la exaltación y al posibilitamiento de la vida, que son exactamente el posibilitamiento y el respeto al conocimiento.


En Colombia parece predominar una mentalidad de narcotraficante: el camino fácil, el camino corto, la eficiencia y la eficacia, la lealtad ante todo, la incapacidad para decidir por sí mismos. Estos factores se encuentran entre las razones, históricas de la violencia. Y todo ello se caracteriza por una ausencia de respeto al conocimiento. Irrespeto que es, sin dudas, la principal característica de las élites gobernantes en la historia del país, lo que se traduce en la subvaloración de la educación en general, el desfinanciamiento de la universidad pública, en fin, la crisis de la Universidad. Lo demás, son consecuencias de este fenómeno: la corrupción galopante, la inseguridad jurídica, las asimetrías profundas de información en el país, la violación sistemática de los Derechos Humanos, el extractivismo y la violencia contra la naturaleza, por ejemplo.

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La idea de memoria histórica contiene un amplio universo de referencias. En nuestro país, nos traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que vivieron la Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de reconocimiento de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite asimismo a la memoria colectiva y a la forma en que estas personas explican (y se explican) su pasado.

Memoria y resiliencia


Los testimonios de las personas que prestan su memoria para complementar la historia con documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia, de superación de momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite conservarse y hacer coherente su ideología con el contexto en que tuvieron que relacionarse y vivir. Reflejan, por tanto, su capacidad resiliente.


La resiliencia posee dos dimensiones diferentes: por un lado, alude a la capacidad de adaptación y por otro, representa la facultad de resistencia, en este caso conectada a la dureza. La recuperación de la memoria histórica constituye en sí misma un acto de resiliencia que comprende su definición en un sentido amplio, es decir que implica ambas dimensiones, elasticidad y dureza.


Además, se extiende hasta el presente, pues en los relatos encontramos el sentido positivo de haber podido superar una situación extrema para poder contarla y mantener una coherencia vital entre la persona que lo cuenta y la que sobrevivió a la represión.


Trabajar con los recuerdos


Recoger testimonios orales y utilizar la memoria como objeto de estudio comporta, no obstante, algunos inconvenientes asociados a la peculiaridad del vehículo de análisis de los hechos: los recuerdos. Las memorias se pueden borrar, modificar o ampliar, y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo, representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través de una mirada del presente.


De esta forma la memoria es un elemento cargado de subjetividad pero con gran capacidad simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e ideologías.


El relato conjunto que se construye, y en el que cada individuo matiza su experiencia y la dota de peculiaridades, constituye la memoria colectiva ignorada durante décadas en función de la transmisión de una única historia oficial. Los relatos construidos de esta manera son diversos y heterogéneos en lo que respecta a las experiencias vividas, las represiones sufridas y las estrategias adoptadas, pero mantienen un elemento común: todos ellos amplían la historia que conocemos y nos muestran un contexto social que, en muchos casos, desconocíamos.


Esta reconstrucción del relato genera, en numerosas ocasiones, controversias sociales y políticas que demuestran que el conflicto sigue latente en la sociedad. Pero la recuperación de la memoria se construye como una alternativa al silencio, un silencio que en muchos casos impide el recuerdo de vivencias pasadas, el desarrollo de estrategias resilientes comunes y la reorganización del recuerdo colectivo que posibilite la (re)construcción de identidades grupales. La presencia de la memoria significa que se brinda la posibilidad de que los testimonios que son rebatidos o no quieren ser escuchados, puedan expresarse y de que esas voces, tanto tiempo calladas, puedan ser oídas.


La democracia permite echar la vista atrás


Superar el pacto del olvido, por tanto, implica asumir que el consenso social de “olvidar” debe ser sustituido por “recuperar”, así como la aceptación explícita de que el pasado es diferente a cómo lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que no pudieron participar en la construcción de ese discurso deben ser tenidos en consideración.
La democracia ha alcanzado hoy en día un grado de madurez que permite abordar este objetivo. Reconocer una parte de la historia negada, olvidada o silenciada, implica también significar a aquellos que sufrieron sin ser reconocidos o fueron estigmatizados sin poder restaurar, aunque fuera de manera simbólica, su dignidad o la de sus antepasados.
Pese a que pueda parecer inconveniente recuperar un conflicto que no afectó directamente a muchos de los que hoy conforman la sociedad, la recuperación de la memoria histórica puede facilitar una mayor cohesión social. Escuchar todas las versiones y todos los recuerdos es un síntoma de que la democracia ha alcanzado un alto grado de compromiso con todos sus ciudadanos, sin discursos hegemónicos ni silencios forzados.


Recuperar la memoria es también una forma de cerrar unas heridas que permanecen abiertas desde hace demasiado tiempo, porque poder hablar del pasado sin temor implica que este se puede conocer en el presente sin que ello suponga revivir antiguos traumas y disputas. Además, para quienes pueden o quieren compartir sus recuerdos, hablar de ello es también una forma de superación, de terapia individual que al ser compartida se convierte en colectiva.


Conocer diferentes versiones, escuchar los relatos que han estado ocultos durante décadas no puede evidentemente cambiar lo que ya ocurrió y, además, aquellos que nos lo relatan tampoco lo pretenden. Pero sus recuerdos sí pueden modificar el conocimiento actual sobre la historia, afectando de esta forma al presente y al futuro.


Recordar es un derecho y, para muchos, un deber para poder perdonar y cerrar las heridas abiertas. La recuperación de sus memorias permite, además, que aquellos que se han sentido víctimas, sin poder reclamar o reivindicar su historia, puedan asumir un papel activo en la reelaboración de la memoria colectiva.


Hoy, segundas y terceras generaciones tienen la oportunidad de redactar un nuevo discurso sobre el pasado con la distancia emocional y las herramientas democráticas de las que disponemos, una narración en la que las víctimas y los culpables pueden probablemente adoptar un nuevo significado y en la que la antigua confrontación puede dar paso a una pluralidad de relatos que sirvan para que en el futuro se conozca una historia necesaria y diferente.

Por:
M. Victoria Gómez García/Magdalena Díaz GorfinkielVicente Díaz Gandasegui
Profesora titular Sociología, Universidad Carlos III
Magdalena Díaz Gorfinkiel
Profesora de Sociología, Universidad Carlos III
Vicente Díaz Gandasegui
Profesor Visitante Lector en el departamento de Análisis Social, Universidad Carlos III

06/11/2018


Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

Publicado enSociedad
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enColombia
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enEdición Nº251
De camino a la movilización por la educación pública

El camino a la educación es una oportunidad y esperanza para muchos hijos e hijas del campo colombiano.

 

Las cosas de la vida. El 10 de octubre vimos las primeras luces del día en una vereda de un municipio cercano a la ciudad de Medellín. Habíamos conciliado el sueño con la idea de estar presentes en la movilización convocada por la defensa de la Universidad, por una “educación pública, gratuita y de calidad”, y pese a que el día no prometía sol persistimos en nuestra convicción.

   

Partimos pues del campo a la ciudad. El recorrido que tuvimos que transitar para llegar a la capital antioqueña es igual al emprendido por cientos de campesinos de la región en procura de mejores oportunidades formativas y que, gracias a la educación pública, algunos de ellos han podido concretar.

 

De la vereda al pueblo

 

En la vereda donde habíamos gozado unos días de placer con la posibilidad de contemplar montes sin el obstáculo de los edificios ni la violencia sonora de carros y pitos, o el aire irrespirable de los miles de exostos con que nos cruzamos a cada paso, los vecinos más próximos están a unos quince minutos a pie; vive allí una familia: mamá, papá, y dos hijas, animadas por el sueño de la educación superior. Para llegar al pueblo deben caminar, a buen paso, unas dos horas, en su mayoría por caminos de herradura. La geografía de la región es montañosa y muy quebradiza, con zonas boscosas, potreros para ganadería y cultivos de café, caña, plátano, entre otros.

   

Es un territorio bello. Por estos días las lluvias interminables transformaron el camino en un lodazal y las inofensivas quebradas en pequeños ríos turbulentos difíciles de cruzar. Lo que para nosotros, habitantes de la ciudad, fue toda una travesía, para las hijas de la familia constituyó, durante sus años de educación primaria y secundaria, el camino de rutina para ir a la escuela, el cual hacían de ida y regreso, cuando menos, cinco días a la semana, así durante doce años consecutivos.

 

 

 

Pese a la cercanía a Medellín, en la región han transitado por décadas distintos grupos armados; hoy en día reina allí la paz y la pobreza. Pobreza que remarcó el pasó de la guerra; y pobreza de la cual todos y todas quieren salir algún día, por lo cual se esfuerzan por estudiar para ver si por esa vía logran conseguir mejores ingresos. El esfuerzo que tiene que hacer en cada familia para satisfacer este propósito no es poco y así, perseverando y pese a las necesidades cotidianas, los campesinos mandan a sus hijos a la única escuela pública del pueblo, con la convicción de darles un mejor porvenir. Tal fue el caso de las hijas de la familia en mención, quienes terminaron su bachillerato gracias, además, al tesón de sus padres, y a poder acudir a la educación pública que ofrece el municipio.

 

Del pueblo a la ciudad

 

Luego de varias horas de paso rápido, llegamos al pueblo, embarrados hasta las rodillas pero purificados por la estadía en el campo, de inmediato tomamos el bus de regreso a la urbe. La lluvia no cesaba, y teníamos temor de que se menguara la protesta de los estudiantes.

   


Así como nosotros, esta otra parte del recorrido la hacen todos aquellos jóvenes del pueblo que una vez terminado el bachillerato logran el ingreso a la educación superior. Por infortuna, solo una minoría logra retornar al municipio a ejercer sus estudios. La inexistencia de proyectos productivos de diversa índole reduce las posibilidades de empleo a lo que ofrece la alcaldía, cosas administrativas y poco prometedoras, burocracia, y nada más.

 

Ante el anhelo de proseguir sus estudios, tanto para las dos hijas de esta familia, como para el resto de jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando, hay dos alternativas: presentarse a las universidades públicas y competir entre miles de aspirantes por los limitados cupos que hay disponibles o, bien, endeudarse (si pueden acceder al crédito) para estudiar en una universidad privada. Para el caso de la familia campesina –y la de mis padres en su época–, la primera es/era la única posibilidad.

 

 

 

A ritmo de motor recorridos en poco tiempo los kilómetros que separan esta parte del departamento de Antioquia con su ciudad capital. Al llegar a la terminal de transporte tomamos el Metro y nos dirigimos a la movilización. La primera impresión fue de asombro: desde el puente peatonal del Metro se veía un río interminable de gente, crecido como los que habíamos cruzado horas antes, pareciera que la lluvia le hubiera dado fuerza a la movilización. Con sombrillas, plásticos o dejándose mojar, iban los estudiantes irrumpiendo la ciudad, con el ímpetu y alegría juvenil, exigiendo y poniendo en claro al nuevo Presidente y al país que la educación no debe ser seguir siendo un privilegio de pocos, que más que un servicio mercantil ella es un derecho fundamental de la sociedad, y la esperanza para muchos de poder acceder a un mejor futuro.

 

 

El río de gente, en su mayoría joven, también contaba con el rostro de algunos mayores, sin duda profesores. Los canticos se elevaban hasta los edificios donde no faltaban quienes miraban y aplaudían, pero no se arriesgaban a sumarse a la marcha. En medio de ella, nosotros, con rostro de sorpresa y de complacencia, recordábamos que la hija mayor de la familia, por fortuna y luego de presentarse en dos oportunidades, logró pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar Ingeniería Ambiental, y que la menor de ellas aspira a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional.

 

  

 

Era un recuerdo placentero, que además nos situaba en lo que estaba ocurriendo, dándole sentido a la exigencia de tantos miles de educandos, pues tanto el futuro de ellas como el de millones de personas más que solo tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas depende, en buena medida, de recordarles a nuestros dirigentes que existen ríos que hay que saberlos cruzar, no sea que se los lleve la creciente.

 

Esperamos que este río mantenga su creciente.

 

Publicado enEdición Nº251
Colombia. Resiste al modelo neoliberal de neo privatización en el siglo XXI*

Colombia vive con especial intensidad la aplicación de la agenda neoliberal privatizadora de nuevo signo que recorre el continente y el mundo. La mutación del modo de producción capitalista como resultado de las aceleradas innovaciones tecnológicas que anuncian el desembarco de la cuarta revolución industrial ha hecho que el mundo del capital construya una perspectiva deshumanizada de los procesos sociales y una nueva manera de entender tanto la educación como la formación profesional. La despedagogización del hecho educativo es solo la punta del iceberg de los intentos del gran capital y los gobiernos neoliberales por destruir la escuela pública que conocimos en los últimos dos siglos.

 

La actual lucha que libran las comunidades académicas colombianas, conformadas por docentes, estudiantes, investigadoras(es), personal administrativo de las universidades públicas, en esta oportunidad acompañados de amplias franjas de la población, la están dando por la defensa de la educación pública en general y de la universitaria en particular. Los universitarios y universitarias colombianas parten de la denuncia respecto a las nefastas consecuencias que acarrean las reducciones de presupuesto impuestas por los anteriores gobiernos, lo cual continúa con la actual administración. Las universidades colombianas están desfinanciadas en aproximadamente tres billones y medio de pesos en materia de nómina y gastos de funcionamiento, y aproximadamente en 17 millones de pesos en infraestructura. Es decir, las universidades públicas de Colombia carecen de infraestructuras adecuadas para que se pueda desarrollar con las mínimas condiciones el ejercicio pedagógico y educativo en general. El caso de la Universidad Nacional es dramático con infraestructuras de los años treinta del siglo XX, que no tienen las condiciones mínimas ni siquiera anti sísmicas, entre otras importantes carencias que hoy se le exigen a cualquier construcción educativa moderna.


Esta lucha presupuestal del profesorado universitario colombiano, el magisterio y los estudiantes de ese país, tiene unas dimensiones muy importantes de crítica a la estructura y organización del presupuesto público en Colombia. Mientras se desfinancia la educación pública en ese país, a pesar que las aspiraciones sociales de cobertura están aumentando y que cada vez las universidades públicas reciben más solicitudes de estudiantes para ingresar, el presupuesto público se reorienta a otras agendas como la bélica.


Sólo la Universidad Nacional, recibe dos veces al año solicitudes de más de 70000 bachilleres pero solo puede admitir el 10%, es decir, 7000, lo cual implica una exclusión del 90% de la población juvenil en edad para la prosecución universitaria, ello gracias a la desfinanciación en materia educativa. Esto adquiere niveles dramáticos de crisis educativa si tomamos en cuenta que el 70% de los jóvenes de Colombia van a la universidad pública, es decir, es mayor el número de estudiantes de la pública respecto a la privada. Mientras esto ocurre los gobiernos neoliberales destinan la mayor porción del presupuesto a la industria de la guerra, el pago de la deuda externa -cuyo origen y uso, es decir su legitimidad es cuestionada por amplios sectores- , y para definiciones de extractivismo, es decir minería e hidrocarburos, mientras la universidad pública es arrinconada reduciéndosele de manera significativa su presupuesto.


En los últimos tiempos una parte importante de la política de financiamiento universitario se destina al llamado “subsidio a la demanda”, donde pagan becas a jóvenes pobres pero no incrementan el presupuesto universitario para infraestructura, funcionamiento ni nómina. Hoy la flexibilización laboral del personal docente universitario está a la hora del día, donde muchos solo acceden a “contratos temporales” de dos a cuatro meses, rompiendo la carrera profesional. Pareciera que crean las condiciones para financiar formas alternativas de formación a las hasta ahora conocidas del sector universitario. Es una política de complementar mercados, definidos en los estándares de formación de la óptica neoliberal.


Esto se extiende a las iniciativas para interferir en la formación mediante la disputa por el tipo de currículos, con la intención de apropiación y determinación respecto del conocimiento que está circulando en las universidades y es un hecho que el neoliberalismo ha venido tomando la orientación curricular. La formación que se está implementando desde el Bachillerato es fundamentalmente en el plano de las competencias en el mundo del trabajo y no en formación integral de la personalidad, mucho menos en materia de construcción de ciudadanía crítica. A ello se le adiciona que los colegios de bachillerato se están articulando con los SENA que son los Instituto Tecnológicos que forman para que salgan rápidamente al mundo del trabajo que requiere el modo de producción en manos del gran capital, que tienen como rasgo distinto que el trabajo es pagado con salarios precarios, mientras se profundiza la desfinanciación de las universidades públicas.


Adicionalmente al hecho que no se le dan recursos a las universidades públicas, se están modificando las legislaciones y creando las condiciones institucionales para permitir abrirlas a la inversión directa del capital privado por la vía de asociaciones públicas, donde el diseño que se presenta es que a futuro, en la medida que los inversionistas privados empiezan a actuar en las universidades públicas, es decir a hacer inversiones, también entren a los consejos de dirección de las casas de estudios superiores, ya no solo para definir la administración de las inversiones sino para opinar y decidir sobre temas del currículo, los procesos pedagógicos y el pensamiento. Es decir, se está construyendo una transición a una especie de universo pedagógico corporativo. Por ello, esta lucha de las universidades públicas colombianas que se inicia por temas de agenda presupuestaria, es cada día más una crítica al modelo neoliberal para el sector universitario, a la neo privatización y la apropiación de los contenidos por parte del capital privado.


Tales circunstancias han llevado a que académicos de una solvencia moral como Adolfo Atehortúa Cruz, Ex Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, hayan cumplido hasta el día de hoy una huelga de hambre en apoyo a esta justa lucha. Atehortúa es un académico de 61 años y su condición se deterioró aceleradamente. Otros docentes se mantienen en huelga de hambre y se anuncian incorporaciones a esta lucha si no se abre un amplio debate nacional al respecto.


Lo que ocurre en Colombia es la muestra evidente y contundente de las consecuencias de la agenda neoliberal para la educación pública, gratuita, popular y de calidad en América Latina y el Caribe. Resistir en Colombia es resistir en toda nuestra región. Además en este caso, a pesar de firmarse recientemente el llamado acuerdo de paz y de entrar la sociedad colombiana a la etapa de “post conflicto” el gobierno de este país le otorga más recursos presupuestarios a la guerra (Ministerio de Defensa) que a la educación pública.


Finalmente hoy, martes 23 de octubre la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) inicia un paro docente y movilizaciones por 24 horas que cierran el círculo de resistencias antineoliberales respecto a lo que implican sus políticas para la educación pública.


Como Candidato a la Secretaría Ejecutiva del CLACSO expreso mi solidaridad activa con la lucha de mis hermanas y hermanos docentes colombianos y colombianas, con los cuales desde los ochenta del siglo pasado, aprendí que una y un docente que lucha, es un y una maestra(o) que enseña a vivir en justicia, libertad y con dignidad.

 

*Reproducimos el comunicado que emitiera el 23 de octubre de 2018 el Dr. Luis Bonilla-Molina, candidato a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (CLACSO) con motivo del paro de las universidades públicas, el paro de los docentes de primaria y bachillerato convocado por FECODE y la huelga de hambre que sostienen importantes figuras de la educación colombiana.


Bogotá, 23 de octubre de 2018.

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“Las finanzas de las universidades públicas colombianas en tiempos de crisis”. Leopoldo Múnera

El 18 de septiembre sesionó en la Universidad de Antioquia, el Encuentro nacional de profesores universitarios que tuvo como temática la “Crisis de la universidad pública: mitos y realidades”. Allí intervino el doctor en ciencias políticas Leopoldo Múnera Ruiz, quien expuso con cifras el profundo déficit financiero por el que atraviesan las universidades públicas en Colombia. También enfatizó en la manera cómo las políticas públicas favorecen a las instituciones privadas y al sector financiero con programas como Ser Pilo Paga, entre otros temas de gran importancia.

 

Múnera se refirió al Acuerdo por lo superior 2034, en el cual se propuso una inversión constante y progresiva para lograr una tasa de cobertura bruta en educación superior del 84 por ciento en 2034, es decir, crear 1.722.183 nuevos cupos. Sin embargo, la inversión destinada a las universidades públicas sería de apenas el 35 por ciento, ya que el 65 restante sería para la educación técnica y tecnológica. Lo mismo para la creación de nuevos cupos. También sería incrementado el subsidio a la demanda, es decir el endeudamiento de la ciudanía con créditos estudiantiles, de tal manera que el 50 por ciento que acceda a la educación superior estará endeudada con el Icetex.

 

 

 

En cuanto a las finanzas de la universidad pública, la involución del Gasto Público en educación superior es evidente: en 2002 correspondía al 0,50 por ciento del PIB y para el 2016 descendió al 0,42 por ciento, a pesar de que la cobertura aumentó considerablemente en los últimos 25 años. Así las cosas, el Estado pasó de invertir $12 millones anuales por estudiante en 1993 a escasos $5 millones anuales en 2017.

 

 

Por su parte, Ser pilo paga (Spp) es, de acuerdo a Múnera, un programa basado en la igualdad individual de oportunidades para un promedio de 10 mil estudiantes por cohorte, programa que instrumentaliza la acreditación institucional como un criterio para la distribución de los recursos e intenta borrar las fronteras entre lo público y lo privado en función del crédito y el subsidio a la demanda.

Hay gran desigualdad respecto a la distribución de los recursos destinados a ese programa. Por ejemplo, entre 2015 y 2017 la Universidad de Los Andes vinculó a 1.906 estudiantes beneficiarios y recibió del Estado más de 47 mil millones de pesos; en contraste, la Universidad Nacional, del Valle y la de Antioquia en el lapso de tiempo inscribieron a 2.490 alumnos y recibieron en total tan solo 12 mil millones de pesos, para las tres universidades públicas.

 

La diferencia también es abismal en el costo por estudiante matriculado. Al Estado le cuesta 24,8 millones de pesos cada estudiante inscrito/a en Los Andes; en la del Valle y en la Nacional 5,7 y 5,4 millones respectivamente, y en la Universidad de Antioquia 1,9 millones de pesos.

 

 

De acuerdo a Leopoldo Múnera, el programa Spp tampoco disminuye la desigualdad en la distribución de los recursos para la educación entre los 32 departamentos del país, como queda evidente Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Chocó y San Andrés, departamentos en donde la tasa de cobertura en educación no supera el 4 por ciento; el índice multidimensional de pobreza oscila entre el 56 por ciento (Chocó) y el 84 por ciento (Guaviare) y los beneficiarios del programa en cada departamento no alcanzan a ser más de 100 personas.

En su intervención el profesor Múnera mostró como la desfinanciación ha obligado a las universidades públicas a generar sus propios recursos, ya sea aumentando el valor de las matrículas, ofertando programas de extensión y, en el peor de los casos, a través de reducir la inversión en planta docente e investigación.

Un dato increíble brindado en esta exposición: ningún gobierno de los que ha tenido el país durante los últimos 25 años –desde que fuera aprobada la ley 30 de 1993– ha desarrollado políticas que fomenten la educación pública de calidad y de acceso universal; la versión más grotesca de ello fue el programa Spp, un claro ejemplo de que la educación está pensada como un negocio de los grandes capitales que manejan el sector educativo.

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