La débil reacción fiscal frente al coronavirus

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
6 de abril de 2020

 

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº267
Miércoles, 26 Febrero 2020 06:13

El síndrome de Popeye

El síndrome de Popeye

 “Hay una cultura mafiosa incrustada en el ADN de la sociedad colombiana, una cultura gangsteril que se ha expresado en la política. […] Tenemos un narco estado, una narco democracia. Aquí ha habido presidentes que llegaron a la Casa de Nariño por el narcotráfico, ha habido presidentes con vínculos directos con Pablo Escobar, el Congreso ha contado en estas décadas con decenas de representantes del narcotráfico y, eso, indudablemente se ha trasladado a los medios de comunicación que han ido involucrando en su actividad diaria una idea de país que tiene mucho que ver con la cultura mafiosa”.

Karen Méndez Loffredo, “Popeye era el payaso del Cartel de Medellín”, en https://mundo.sputniknews.com/america-latina/

El 6 de febrero murió en la ciudad de Bogotá, John Jairo Velásquez, alias Popeye, un asesino que había sido sicario a sueldo de Pablo Escobar y, con orgullo cínico, había contado con detalle muchos de sus numerosos crímenes. Luego de su muerte, el general Eduardo Enrique Zapateiro manifestó su pesar por lo que consideró, de una forma implícita, como una lamentable noticia: “Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos».

Esta apología de un criminal nato por parte del comandante activo del Ejército de Colombia no ha sido ningún lapsus lingüístico, ni una apreciación apresurada, ni un comentario anecdótico. Es, por el contrario, una clara expresión de lo que podemos denominar el Síndrome de Popeye, una patología criolla que podría resumirse con el lema “gran parte de los colombianos lleva un paraquito y un traquetico en su corazón”. Recordamos que, según la RAE, por síndrome pueden entenderse dos cosas: primero, un “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado” y, segundo, un “conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”. Las dos acepciones del término se aplican al pie de la letra al caso colombiano, donde una buena parte de la población padece el Síndrome de Popeye, como lo evidencian las declaraciones antes citadas de un general activo, del más alto rango en la jerarquía castrense.

El síndrome de Popeye, ese mal que carcome a nuestra sociedad, se ha convertido en un nuevo sentido común de la colombianidad (cuyo lema favorito es “Colombia es pasión”) que reúne los peores atributos gansteriles del capitalismo (o capitalismo gore, sangriento), entre los cuales pueden nombrarse el arribismo, el culto al dinero y a los poderosos, el desprecio a los pobres y a los trabajadores (el clasismo), la reducción de la mujer a un objeto sexual y su degradación como ser humano (sexismo, misoginia, machismo), el racismo, el culto a la violencia y a la muerte, el rechazo visceral a izquierda, democracia o reivindicaciones sociales (sustentado en un descarnado anticomunismo), el desprecio por el saber y la cultura letrada, la apología de lo ordinario y vulgar, del ruido, del escándalo, de la ostentación… En breve, es una sumatoria de dinero, violencia, arribismo e impunidad, como lo ejemplifican los personajes que se han hecho dominantes en la sociedad colombiana, entre ellos los futbolistas, cantantes (masculinos y femeninos), politiqueros, gente de la farándula, presentadores de televisión…

Esta patología colombiana, que ya se exporta a nivel mundial no sin cierta dosis de orgullo chovinista, como lo ejemplifican las brillantes intervenciones de Iván Duque en destacados foros culturales y diplomáticos (Unesco, ONU), no ha caído del cielo, no es un castigo divino, ni tampoco está en los genes de los colombianos. Es un resultado de múltiples factores, que ameritan una explicación histórica, que nos remite a los últimos 35 años de nuestra tragedia, momento en el que confluyen varios factores, tales como la emergencia y consolidación del empresariado capitalista de la cocaína (mal denominado como narcotraficantes), importantes luchas sociales y movilización popular que va a ser ahogada a sangre y fuego por el paramilitarismo, promovido, organizado y financiado por una alianza siniestra de los Estados Unidos (a través de sus socios ingleses e israelitas) con el Estado colombiano e importantes sectores de las clases dominantes de este país.

Eso se fraguó en la zona antioqueña del Magdalena Medio y se puso en práctica inicialmente en el submundo de Medellín, en donde el culto al dinero, con una violencia sádica, el exterminio de los que eran vistos como estorbo (profesores, estudiantes, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda…) se convirtió en la norma de identificación de ese sector que luego dominó la economía, la sociedad y la política colombiana. La figura prototípica que encarnó como nadie ese nuevo modelo fue el capo Pablo Escobar Gaviria, al lado del cual se formaron criminales como Popeye. Y Escobar creó un entorno delincuencial que fue acogido en las altas esferas del Estado y las clases dominantes, que transformó el capitalismo colombiano, para darle un impulso duradero a ese comportamiento gansteril, y a la estética traqueta que lo caracteriza.

Aunque Pablo Escobar murió en 1993 su legado criminal se ha mantenido desde entonces, alimentado por varias fuentes, entre ellas la del político del entorno del Cartel de Medellín que llegó a ser gobernador de Antioquia y luego presidente del país, y la de los medios de desinformación (Caracol, RCN, El Tiempo, Semana…) que se han encargado de presentar a los criminales como héroes y ejemplos a imitar. Se construyó en Colombia, como resultado de los procesos antes señalados, un capitalismo gore (esencialmente criminal), cuyo sentido común lo forjó Pablo Escobar, lo legitimó el uribismo y lo expresa como uno de sus principales símbolos el sicario Popeye.

No por casualidad este individuo se regodeaba, con un sadismo inocultable, de sus múltiples asesinatos y acciones criminales, que muestran con toda crudeza los síntomas de ese Síndrome que se ha impuesto en la sociedad colombiana. Algunos de sus rasgos son evidentes, vistos a través de algunas de afirmaciones y acciones. Primero su presencia en la sociedad colombiana, como si hubiera sido un gran pensador, lo cual fue posible por la difusión consciente por parte de los grandes medios de desinformación, en la que en este caso se lleva las palmas Caracol, que le hizo una serie de televisión con el nombre de JJ y la que alcanzó los máximos raftings en sintonía. Esa serie es una apología del crimen que le dio popularidad a un vulgar sicario, que al mismo tiempo se presentaba como un youtuber y twitero, y cuanta estupidez se le ocurría era amplificada por medios como Caracol y compañía. Esta es una cota muy elevada de exhibición de la cultura traqueta, en la que la televisión comercial ha jugado un papel de primer orden. Tanto que puede decirse que en la TV colombiana se han institucionalizado dos programas: El Minuto de Dios (una concesión perpetua a los curas eudistas, a los que pertenecía Rafael García Herreros, quien llamaba a Pablo Escobar “Pablito” y de quien recibió dinero) y La Hora Traqueta, para series y telenovelas donde se engrandece a los narcos y sus sicarios.

Otro rasgo de Popeye es la obediencia al Patrón (como llamaban a Pablo Escobar), una reminiscencia del poder de los grandes hacendados y latifundistas que desde el siglo XIX han dominado este país. Esa sumisión llega al extremo de matar solo por cumplir los designios del Patrón y por eso al pueblo colombiano se le ha querido imponer (y lo han logrado en importantes sectores de la sociedad) la sumisión, la obediencia, la resignación ante el poder de capos y gamonales, bien sean traquetos declarados o encubiertos, como los que han alcanzado hasta la presidencia de la República. Y por ello mismo Popeye los adoraba a los dos, al Patrón del Cartel de Medellín y al Patrón del Centro Demoniaco (el heredero del primero), lo que indica que tras la muerte de Escobar, Popeye simplemente cambió de Patrón.

Pero, de lejos el rasgo más detestable de Popeye y le genera más popularidad, es su encarnación de la violencia, en el sentido de expresar el poder que da la impunidad de los ricos y opulentos (como el propio Escobar), que disponen de la vida de los demás, como si fueran de su propiedad. Que un individuo se regodee, como si fuera un gran orgullo, de haber matado en forma directa a 300 personas y de haber participado en la muerte de 3000, es un indicador de lo que es un sicópata. Lo preocupante radica en que esa violencia bestial en lugar de generar un rechazo social, le granjeó afectos y amistades de colombianos comunes y corrientes, para quienes representa el macho, el duro, el despiadado, como ejemplo a seguir y a imitar. Tanto así que ahora ese rasgo de violencia caracteriza el comportamiento de muchos políticos colombianos, uno de los cuales se destaca por haber justificado el asesinato de miles de colombianos, masacrados bajo la denominación de falsos positivos y el sub presidente avala el bombardeo criminal en el que fueron masacrados 18 niños.

Otro rasgo de Popeye que se ha convertido en norma en la sociedad colombiana es el desprecio a las mujeres, reducidas a un puro objeto sexual, vilipendiadas como seres humanos y sometidas a la violencia, por ser consideradas como inferiores. Al respecto el hecho más despreciable en términos de humanidad, pero más apreciado como muestra del machismo criminal, fue el asesinato por parte de Popeye de su propia novia, para cumplir las órdenes de Pablo Escobar y demostrar su sumisión incondicional a la lógica patriarcal, que genera un feminicidio diario, que poco nos avergüenza y se ha hecho dominante en la vida cotidiana de los hogares colombianos, sin importar la clase social.

Desde el punto de vista político la expresión más evidente del Síndrome de Popeye es el odio a lo que huela a izquierda, reivindicaciones sociales y mejora de las condiciones de vida de la población pobre. Para enfrentar cualquier proyecto medianamente reformista que se atreva a cuestionar el orden terrateniente-financiero-paramilitar dominante en nuestro país, Popeye nunca ocultó que lo combatiría a sangre y fuego, como cuando anunció que “si al poder de Colombia llega la izquierda, armará su ejército de extrema derecha para defenderla”. Y en otra ocasión por las redes sociales dijo: “Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Afirmaciones traquetas como la anterior, que se han convertido en la jerga cotidiana de los políticos del establecimiento y de gran parte de la mal llamada “opinión pública”, no son solo amenazas. Son algo peor, la justificación de lo que se ha hecho en este país, por el conjunto de las clases dominantes y el Estado (bloque de poder contrainsurgente) en los últimos 70 años, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo sintomático, además, es que ese comportamiento criminal, propio del miedo a la democracia que profesan los viejos y nuevos ricos y sus sicarios, se ha convertido en una suerte de sentido común político de un numeroso sector de colombianos, para los cuales el asesinato, la desaparición y persecución de aquellos que piensen distinto está más que justificado. No por azar, Popeye participó como un vocero de la extrema derecha en el referéndum de 2016, apoyando abiertamente el no y también respaldó a Duque en la campaña presidencial.

Otro síntoma esencial del Síndrome de Popeye es el clasismo, irradiado desde las altas esferas del poder político y económico que supone el desprecio a los pobres, campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres humildes… para venerar a los ricos y poderosos (nuevos y viejos), y exaltar el dinero, en medio de una morbosa exhibición del lujo y un desprecio por los que nada tienen.

Ha sido otro militar, en esta caso retirado, el ex general Mario Montoya quien ha mostrado este clasismo cuando refiriéndose a los asesinatos (denominados eufemísticamente como “falsos positivos”) en los que está involucrado, para librarse de responsabilidades sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los culpables de esos crímenes son los soldados rasos: “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”. Aparte del clasismo que destila esta afirmación, ahora resulta que los responsables de los asesinatos, preparados desde las altas cumbres del poder político y militar del que Montoya formaba parte, son los pobres. ¡Bonita forma de lavarse las manos, por lo demás untadas de sangre, de un “héroe de la patria” carcomido por el Síndrome de Popeye!

Esta tampoco es una declaración apresurada o no pensada de un militar (como la del Comandante del Ejército), es por el contrario una muestra representativa del clasismo imperante en este país, donde cunde el desprecio por los pobres y desvalidos, los cuales para quienes padecen el Síndrome de Popeye, son los nadies, como diría Eduardo Galeano, “que cuestan menos que la bala que los mata”.

En conclusión, el Síndrome de Popeye perdura más allá de la reciente muerte física del sicario del Cartel de Medellín, puesto que es un virus que se ha proyectado por la sociedad colombiana durante los últimos veinte años, impulsado desde la Casa de Narquiño por un finquero paisa que, como heredero de Pablo Escobar, alcanzó la presidencia de la República. Ese virus ha inoculado a importantes sectores de la población con su culto a la patria, la familia, la venganza, el odio, la brutalidad, la ostentación, la impunidad, a los sicarios y matones (tanto del país como del exterior y de ahí su admiración por criminales de la talla de Donald Trump y los sionistas del Estado de Israel). Como lo ha dicho Omar Rincón, Popeye es “como los políticos, los abogados, los expresidentes, los empresarios, los emprendedores, los críticos, los periodistas y, más aún, la farándula”. Todos ellos expresan la estética traqueta, de origen paisa, que se basa en ser gritón, violento, y “derechoso, religioso y finquero”

Desde luego, no todos los colombianos padecen el Síndrome de Popeye y porciones significativas de la población que lo han soportado ya están encontrando la cura que los libre de tan peligroso virus, más destructivo que el coronavirus, como se ha expresado en la extraordinaria movilización de fines del año anterior, porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Eso también se aplica al Síndrome de Popeye que empieza a borrarse en grandes sectores de la sociedad urbana colombiana, que han empezado a romper con el paramilitarismo de los uribeños, cuya hegemonía está seriamente cuestionada después de 20 años de su dominio criminal.

Por Renán Vega Cantor | 26/02/2020 

Publicado enColombia
El sepelio de Edison Lexander Lezcano, primer cuerpo identificado por la Justicia Especial para la Paz, en Dabeiba. JEP

Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en combate para mostrar resultados.

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad, busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las transcripciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Incluso han pedido que lo excluyan de la jurisdicción.

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de los soldados el origen de este fenómeno. "Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos", señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por estratos.

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso 03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número de bajas.

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del número de cuerpos sin exhumar e identificar.

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC. El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia transicional.

Cuerpos recuperados

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos, forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un total de 54.

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda con su nombre.

"SIN ACUERDO DE PAZ, ESTOS CASOS QUEDARÍAN EN LA IMPUNIDAD"

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de ejecución extrajudicial de militares.

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido, seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado desde el año 2003.

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras de los familiares de desaparecidos.

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar formidables obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.

Bogotá 22 FEB 2020 - 22:06 COT

Publicado enColombia
Bolsonaro refuerza el perfil militar de su gobierno

El mandatario brasileño designó a tres militares en puestos clave

El presidente aumenta su vínculo con las Fuerzas Armadas mientras acentúa la tensión con el Poder Legislativo. Podrían trabarse reformas fiscales y administrativas este año.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reforzó aún más el nutrido cuadro de militares que ocupan su gabinete. En los últimos días se designaron tres militares en cargos importantes. El caso más relevante fue el cambio del diputado Onyx Lorenzoni por el general Walter Souza Braga Netto en la Casa Civil de la Presidencia, un cargo similar a la jefatura de gabinete. De esta forma, Bolsonaro comienza el año aumentando su vínculo con las Fuerzas Armadas y acentuando las tensiones con el Poder Legislativo. De este  modo, se podría trabar la discusión de reformas fiscales y administrativas en el país.

Días atrás, el excapitán Bolsonaro sorprendió nombrando a un nuevo general en actividad como ministro jefe de la Casa Civil, el actual jefe de Estado Mayor Conjunto y exinterventor federal en Río de Janeiro, Walter Souza Braga Netto. "El general se volvió conocido cuando fue interventor de Rio de Janeiro en seguridad pública haciendo un trabajo excepcional. Bajó la temperatura del delito. Bienvenido Braga Netto, muchas gracias por aceptar la invitación", dijo el presidente.

El flamante ministro tendrá a su cargo la coordinación de los 22 ministerios del gobierno y responderá directamente a Bolsonaro. Tendrá sus oficinas en el Palacio del Planalto al igual que los generales Augusto Heleno, ministro de Seguridad, y Luiz Eduardo Ramos, ministro de Gobierno. El pasado viernes también se anunció al almirante Flavio Rocha como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

"El nombramiento del general Braga Netto es la profundización de la distancia del gobierno respecto al Congreso. Y una señal clara para las Fuerzas Armadas, porque la Casa Civil es una posición muy importante", dijo el diputado de Demócratas, Pedro Paulo. Braga Netto reemplaza a Onyx Lorenzoni, diputado en uso de licencia que pertenece al derechista partido Demócratas. Lorenzoni fue ahora designado ministro de Ciudadanía, dependencia encargada de gestionar los programas sociales. 

Estos movimientos en el gabinete ocurren una semana después de la caída del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, cuya gestión mereció críticas por la falta de respuestas eficaces ante las inundaciones que afectaron a Minas Gerais y Espíritu Santo. Asumió como su reemplazante  Rogerio Marinho.

A todo esto, el general y vicepresidente, Hamilton Mourao, es el nuevo titular del Consejo de la Amazonia, con jurisdicción sobre los nueve estados que comprenden esta región de 4,5 millones de km2, más del 50 por ciento de la superficie de Brasil. 

Las designaciones elevaron a nueve el número de ministros militares (son 22 en total), sin contar los altos asesores de gobierno.

La "militarización" del Planalto sería la clara demostración de que Bolsonaro le cierra la puerta a la clase política y no tiene intenciones de pedirle nada al Congreso este año. Incluso debilitado, Lorenzoni era un canal de acceso para los parlamentarios. "Con el nuevo juego de fuerzas en el corazón del gobierno, las reformas económicas liberales deseadas por el ministro de Economía Paulo Guedes y el exalcalde Rodrigo Maia (actual presidente de la Cámara de Diputados) dependerán de los esfuerzos de ambos para que puedan encaminarse en el Congreso", destacó la revistaCarta Capital.

"El ministro Guedes quiere una reforma administrativa con una disminución en el número de funcionarios, por ejemplo, y tiene una propuesta para que Bolsonaro envíe al Congreso. Con la negativa del presidente, manifestada principalmente en la militarización del gabinete, Guedes tendrá que luchar solo por la reforma", agregó Carta Capital. El ministro Guedes atraviesa un complejo momento económico ya que la devaluación del real trepó a su nivel histórico el jueves pasado. El Banco Central debió intervenir de urgencia para bajarlo.

Publicado enInternacional
Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

*Ver artículos:

** Ver:

 

Publicado enColombia
El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

Publicado enColombia
Alienta EU deserción de militares venezolanos; prepara más sanciones

Washington. Estados Unidos mantiene comunicaciones directas con miembros del ejército venezolano a quienes ha instado a desconocer al presidente, Nicolás Maduro. Además, Washin-gton prepara nuevas sanciones para aumentar la presión sobre el gobernante socialista, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en entrevista exclusiva con la agencia de noticias Reuters publicada este viernes.

Washington "espera más deserciones de militares" venezolanos, agregó la fuente estadunidense en condición de anonimato. Algunos soldados han desconocido a Maduro desde que Guaidó se proclamó "presidente encargado".

"Todavía estamos teniendo conversaciones con miembros del antiguo régimen de Maduro, con miembros militares, pero esas conversaciones son muy, muy limitadas", comentó la fuente de Washington sin dar detalles.

Otra fuente estadunidense cercana a la oposición venezolana expresó sus dudas sobre si el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró sentar bases suficientemente sólidas para promover un motín más amplio en las filas militares venezolanas, en las que Washington sospecha que muchos oficiales se benefician de la corrupción y el narcotráfico.

Trump reafirmó el pasado domingo que el uso del ejército en Venezuela es "una opción".

Washington, a petición de Guaidó, envía medicamentos e insumos básicos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a la ciudad colombiana de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela, para enfrentar la crisis que hay en el país petrolero. El gobierno bolivariano ha acusado que la entrega de esa "asistencia" sería el pretexto para una intervención militar estadunidense.

La subsecretaria de Estado estadunidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dijo en conferencia: "Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano. No vamos a entrar por la fuerza a territorio venezolano. Esto es un movimiento civil, de ayuda humanitaria".

"Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario", respondió Guaidó en Caracas a la agencia francesa al ser cuestionado dos veces si haría uso de las facultades como titular de la AN y "presidente encargado" para autorizar una intervención militar.

El líder opositor, reconocido por más de 40 países, recalcó que hará "todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños" o pacientes por falta de medicinas.

En un video difundido en redes sociales, Guaidó explicó que la llegada de suministros a Cúcuta marca el comienzo de "la primera fase, la fase de acopio", que se completará cuando se instalen los demás centros de recepción, que ha avanzado que estarán en "algunos puntos adicionales en Colombia y de Brasil".

Indicó que, una vez instalados todos los centros, "vendrá una segunda e importante fase, la fase de la entrada de la ayuda humanitaria, cuyo éxito depende de que su ingreso no sea impedido por cómplices del usurpador".

Ante ello convocó a dos movilizaciones ciudadanas, una el 12 de febrero y otra que está por definirse, para exigir a los militares que no bloqueen la ayuda y se abra un canal humanitario que deje entrar los insumos a Venezuela.
Enlaces Patrocinados

Publicado enCrisis Venezuela
Domingo, 11 Noviembre 2018 05:58

Trump se ofende e insulta

Trump se ofende e insulta

Su anfitrión francés habló de formar un ejército europeo y el visitante se empacó, lo atacó por Twitter y se abrió de las conmemoraciones. Un momento de extrema vulgaridad en una ceremonia solemne.

 

Antes de que pisara el suelo de Francia el presidente norteamericano Donald Trump lanzó su bomba envenenada desde Twitter contra el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Junto a decenas de otros jefes de Estado y de gobierno, Trump viajó a Francia para participar en las conmemoraciones de los 100 años del Armisticio, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. El multilateralismo del evento seguramente le provocó una indigestión de rabia que hizo explotar en su cañón preferido, Twitter: “el Presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse contra Estados Unidos, China y Rusia. Esto es muy insultante, pero tal vez Europa debería primero pagar su contribución a la OTAN a la que Estados Unidos subvenciona ampliamente”.


Poco le importó a la diplomacia de verbo grosero el marco consensual y reconciliador de las ceremonias. Cuando llegó a París y se reunió con Macron, Trump tenía cara de haber dormido con pesadillas. Las imágenes de los dos responsables muestran a un Trump insolente, vulgar, desafiante mientras su homólogo trata de disipar el efecto con modales de alta costura. Trump se molestó con las declaraciones que hizo Macron hace unos días donde el mandatario decía: “los europeos sólo estarán protegidos si se decide la creación de un verdadero ejército europeo. Debemos protegernos ante China, Rusia, e incluso ante Estados Unidos”.


Según Trump, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Europa se protege bajo el paraguas norteamericano sin pagar el precio justo. Luego de este primer episodio antagónico que no fue más que el preludio a muchos otros, la presidencia francesa explicó que el famoso “ejército europeo” evocado por Macron no apuntaba hacia los Estados Unidos y que, por consiguiente, hubo una “confusión” en la forma con que se interpretaron las palabras del Presidente francés. Macron abrió más tarde los paracaídas para desactivar una controversia que se agregó al clima de ímpetu y abismos profundos que separan a Estados Unidos y el Viejo Continente desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Macron sacó los violines para ejecutar la melodía de la conciliación.


En el encuentro que mantuvo con Trump dijo: “debemos compartir mejor la carga en el seno de la OTAN”. Los dos responsables teatralizaron las reiteradas frases de “convergencia”, “amistad” y “alianza” tan comunes cuando las relaciones son ásperas. Nada ocultará sin embargo la ruptura radical que existe entre uno y otro lado del Atlántico. OTAN, medio ambiento, políticas multilaterales, relaciones comerciales, postura ante Irán, comercio mundial y filosofía de la gobernabilidad, no existe ningún tema donde los europeos y los norteamericanos compartan el más mínimo principio. El presidente Macron es un adepto de los evangelios multilaterales y Trump detesta el multilateralismo.


Trump no sólo se expresa como un malcriado sino que, además, manifiesta su desacuerdo boicoteando el acontecimiento central que rodea las conmemoraciones. Uno de los momentos más fuertes de estos dos días es el foro internacional sobre la paz y la gobernabilidad mundial. Este encuentro es, de hecho, una tribuna ideal de la defensa del multilateralismo. La delegación norteamericana se lo tomó muy a pecho y decidió no participar en el foro. En vez de acudir a la cumbre, Trump irá el cementerio norteamericano de Suresnes, en las afueras de París. Este sábado, ni siquiera se animó a desafiar el frío que hacia en el Norte de Francia y a último momento anuló la visita prevista al cementerio de la localidad de Bois Belleau.


La diplomacia francesa había preparado el foro con la intención de hacer del foro una suerte de “Davos” dedicado a la seguridad colectiva y no a la economía, como es el caso del foro de Davos que se lleva a cabo en Suiza. Justin Vaïsse, el presidente del foro por la paz, explicó que se necesitaba la presencia “ de ONG, empresas y fundaciones para tratar temas como el cambio climático, la gobernabilidad de internet, la inteligencia artificial o el desarrollo de los Estados. Este foro es un lugar de defensa y de adaptación del multilateralismo”.


La acción colectiva es la palabra envenenada para Trump. Con su propia agenda de ogro solitario contra el mundo y una actitud de patotero en jefe del patio planetario, Trump sembró su mal humor en un acontecimiento que tiene varios ejes: uno de los principales es volver a reafirmar el carácter irreversible de la reconciliación franco alemana. Por ello, Macron y la canciller alemana Angela Merkel acudieron a Rethondes, un predio despejado cercano a la localidad de Compiègne, al norte de París, donde, el 11 de noviembre de 1918, en el vagón de un tren, se firmó el Armisticio que selló la paz luego de cuatro años de una de las guerras más cruentas del Siglo XX. Países vencedores y países vencidos se hicieron presentes así como las naciones que surgieron con el desmembramiento de los imperios que siguió al conflicto mundial. La primera potencia mundial miró hacia otro lado.


Incluso lo que en un momento se evocó como casi seguro, tampoco se plasmó enla realidad: no habrá en Francia una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Según deslizaron fuentes presidenciales francesas, el encuentro Trump-Putin no tuvo lugar debido a “la escasa predisposición norteamericana”. La memoria del Armisticio de 1918 habrá servido al final para poner en escena de forma cinematográfica la discordia entre Washington y las capitales europeas. Al principio de su mandato iniciado en 2017, Emmanuel Macron activó lo que se llamó “la diplomacia del beso”. Gestos efusivos de amabilidad, cuidadosos honores diplomáticos y guiños afectuosos se congelaron con el tiempo. “Nos fuimos haciendo buenos amigos”, dijo Trump ante Macron. Una frase de plástico. La distancia quedó retratada en la frialdad que rodeó el saludo oficial entre los dos presidentes en las escaleras de la presidencia francesa. El próximo foco multilateral donde Trump estará presente es la cumbre del G20 que se celebra a finales de mes en la Argentina. Ya debe estar pensando con que descortesía sepultará lo poco que va quedando del sistema internacional hecho de pactos y consensos que se plasmó luego de la Segunda Guerra Mundial.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Publicado enInternacional
Martes, 07 Agosto 2018 08:36

Lo que no hay que hacer

Lo que no hay que hacer

Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.


A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por las propias Naciones Unidas, la ley mexicana legitima la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006, que militarizó el combate a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, no sólo no ha disminuido la inseguridad en México, sino que se ha multiplicado. Las cifras de homicidios ligados a esa “guerra” se dispararon año tras año: en 2009 eran el doble que en 2007, y en la larga década pasada hasta ahora los muertos han superado los 250 mil, según datos oficiales, y los 300 mil de acuerdo a asociaciones de derechos humanos. “El aumento de la presencia de fuerzas militares y policíacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las ‘fuerzas del orden’”, advertían ya en 2012 militantes de grupos humanitarios al hacer un balance de la “guerra contra las drogas” (desinformemonos.org, 20-VIII-12).


El concepto de “seguridad interior”, escribía a fines del año pasado en una columna el diputado Vidal Llerenas (eleconomista.mx, 30-XI-17), “se inspira en las leyes patrióticas de Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. (…) Ahora, en México, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aun más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ‘necesarias’ para garantizar la seguridad de la sociedad ante peligros ‘mayores’ a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos”.


***


En Rio de Janeiro la militarización de la seguridad interior fue decidida por el presidente Michel Temer en febrero, con el pretexto de terminar con la violencia. En los cinco meses transcurridos desde entonces, señala Fuego Cruzado, una plataforma web creada por Amnistía Internacional para dar cuenta de los tiroteos en Rio, la violencia en la ciudad se acentuó en todos los niveles: los tiroteos aumentaron 37 por ciento respecto al comienzo de la operación militar y crecieron las muertes de delincuentes, de policías, de habitantes víctimas de “balas perdidas”. Unos pocos días antes de ser asesinada –el 14 de marzo, justo un mes después del lanzamiento de la intervención militar– por integrantes de una banda formada, entre otros, por ex policías, la activista Marielle Franco advirtió que el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad interior sólo podía acrecentar los niveles de violencia en las favelas, el foco central de la intervención, y dejar a sus habitantes cada vez más indefensos ante el fuego cruzado entre militares y narcos. “Hay además –decía Franco– una tradición de relativa convivencia y de reparto de territorios entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes.”


***


En varios países centroamericanos la participación de los militares en la seguridad interior se remonta a mucho tiempo atrás, a comienzos de los años dos mil. En República Dominicana, señala la socióloga Lilian Bobea, directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana, la tasa de muertes violentas pasó de 13,9 cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 26,7 en 2005. Ese año, el presidente Leonel Fernández impulsó una reforma para desmilitarizar a la Policía. Un año después, la tasa de muertes violentas en el país volvió a caer: del 26, 7 cada 100 mil a 17.


***


El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, propias de un país en guerra, o incluso peores (81,7 homicidios cada 100 mil habitantes, según datos del año pasado). Desde hace 15 años las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interna, con el pretexto de combatir “amenazas emergentes”, como la ligada a las pandillas narco del tipo de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. El Plan Mano Dura, de 2003, el Plan Súper Mano Dura, de 2004, y el Plan Antidelincuencial, de 2006, fueron variantes de una misma fórmula que asociaba a los militares con la Policía Nacional en la seguridad interna y se acompañaba de toda una serie de medidas “de excepción” que minaban los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Se suponía que la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln) al gobierno, en 2009, provocaría un cambio de esa política, pero tras un período de negociación con las pandillas, que se conoció como “la tregua”, se volvió a la mano dura. “El mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad”, dijo esta semana (30-VII-18) al diario argentino Página 12 Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana, que investiga la violencia en El Salvador. “Se prometió a los pandilleros cosas como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.”


El de El Salvador es casi un caso de escuela sobre la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, decidida con el argumento de que la Policía Nacional Civil no bastaba para quebrarle la yugular a la delincuencia. “Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero, y lo único que lograron es aumentar la violencia” y “criminalizar a los jóvenes pobres”.


La investigadora cita a otro gran protagonista del combo securitario: los medios de comunicación. “Antes de que la violencia alcanzara estos niveles, los medios ya habían construido al gran monstruo”, dice. “Primero, el culpable del problema del desarrollo del país fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es entonces cuando quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros”. La prensa, piensa la universitaria, contribuyó a blanquear la deteriorada imagen de las fuerzas armadas tras el fin de la guerra interna y presentarlas “como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, es infiltrado y termina sirviendo al crimen organizado”.
Marroquín señala que en este segundo período de gobierno de un Fmln ya muy debilitado se han tomado medidas que hasta hace poco parecían inimaginables para un partido de izquierda. Hoy “se permite apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo (…). Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la Policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque ‘parecen pandilleros’, porque son pobres”, dice. Y apunta: “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. ‘Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia’, sería el mensaje”.



Con Dawn Marie Paley, autora de “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”1

La experiencia mexicana


Diego Castro


El narcotráfico está en el centro de las polémicas sobre seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es utilizado para dar legitimidad al aumento de armas y otros equipamientos policiales y militares, y es fuente de justificación de miles de muertes. México, con la ayuda de Estados Unidos, libra su “guerra contra las drogas” desde 2006; el resultado: desapariciones, asesinatos y mucha impunidad.


A los pocos días [de asumir como presidente] y sin haber dicho una palabra en su campaña electoral al respecto, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narco” a mediados de diciembre de 2006. La inauguró con una operación en el estado de Michoacán que, según nos cuenta Dawn Marie, marcaría la modalidad de intervención: miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal destinados supuestamente a controlar el flujo y la producción de amapola. “El sexenio de Calderón supuso la experimentación de una guerra contra la gente, con niveles de violencia no conocidos hasta entonces, cuando la cifra de homicidios venía bajando. Desde entonces hay documentadas 35 mil personas desaparecidas, y más de 260 mil asesinadas.”


En esos años la atención de Estados Unidos, que antes se encontraba [puesta] en Colombia, pasó a enfocarse en México, con la Iniciativa Mérida –una propuesta similar al Plan Colombia–, que comenzó a funcionar en 2008. Esto supuso el aumento en la transferencia de dinero de Estados Unidos a México con destino a la seguridad. Según Dawn Marie, “a la vez que iba aumentando la ‘ayuda económica’ de Estados Unidos, en México aumentaban los muertos”.


¿Qué relación tuvo la intensificación de la lucha social y la declaración de guerra contra el narco? Para Dawn Marie fue directa. Insiste en que la denominada guerra contra el narco no es otra cosa que la justificación de la existencia de un enemigo interno para multiplicar el ataque contra el pueblo mexicano, contra su entramado comunitario, contra sus formas de vida y resistencia. Las víctimas serían fundamentalmente hombres jóvenes, los motivos inexistentes. Las matanzas no tienen un patrón común, en general los jóvenes asesinados no están vinculados a grupos del crimen organizado, aunque el discurso oficial siempre los intente conectar. El resultado: miedo, terror, confinamiento forzado a espacios privados, ruptura del tejido social. “Esta no es una estrategia que tenga que ver con controlar las drogas. Por ejemplo, el Plan Colombia no fue exitoso en disminuir la cantidad de cocaína que se consume en Estado Unidos, lo cual era su pretexto. Pero fue efectivo en otras cosas, abrir mercados, mayor apertura económica, hacer reformas políticas, todo con el mismo dinero y el discurso de la prosperidad para salir del ‘flagelo’ del narcotráfico. Y también se comprobó con el Plan Colombia que la militarización para la prohibición es funcional al capital, aquélla se relaciona a todos los casos de despojo extremo para liberar territorio para la caña de azúcar, para la palma. También acabar con sindicatos como en los casos de Chiquita y Coca Cola, contratando paramilitares para asesinar a gente organizada. Este despojo liberó territorios para la ampliación de actividades económicas que permitieron mayor acumulación de capital.”

Por Daniel Gatti
3 agosto, 2018

1. 2008. Libertad bajo Palabra.

(Brecha publica, con la autorización de su autor, estos fragmentos de la entrevista con Dawn Marie Paley publicada previamente en zur.org.uy)

Publicado enSociedad
Sábado, 26 Mayo 2018 06:10

Luz verde para balear a manifestantes

Luz verde para balear a manifestantes

El tribunal rechazó dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza. Ayer la ya habitual represión de los viernes sumó un muerto y 25 heridos.

 

La Corte Suprema de Israel validó ayer la posición del ejército israelí y dio luz verde al uso de francotiradores y armas de fuego contra los manifestantes palestinos, al rechazar dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza.


Al mismo tiempo que el tribunal tomaba esa decisión, el ejército israelí reprimía en Gaza las protestas del noveno viernes de la llamada Gran Marcha del Retorno, con un saldo de 25 heridos, según fuentes médicas palestinas.


Ayer también falleció un palestino de 24 años, identificado como Sami Habib, uno de los heridos de las protestas de las últimas semanas, informó el vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra. Estas noticias, sin embargo, no repercutieron en los tribunales de la Corte Suprema de Israel.


Tres magistrados de ese tribunal rechazaron por unanimidad las dos peticiones, una presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, y otra presentada por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI).


El tribunal aceptó los argumentos de los militares al decidir que los disparos a los manifestantes se habían producido “de acuerdo a la ley” porque estos representaban “un peligro real para los soldados y ciudadanos israelíes”, según el fallo reproducido por la agencia palestina de noticias Wafa.


Para Adalah y Al Mezan, el tribunal ignoró por completo la amplia base de datos que le presentaron los peticionarios, que incluye múltiples testimonios de heridos e informes de organizaciones internacionales que participan en la documentación del asesinato y las heridas de manifestantes desarmados en Gaza. “Vale la pena señalar que el tribunal supremo israelí se negó a ver videos que documentan tiroteos israelíes de manifestantes y, en lugar de examinar realmente el caso, aceptó completamente las reclamaciones presentadas por el Estado”, aseguraron las dos organizaciones en un comunicado conjunto.


Los organizaciones también señalaron que “esta decisión, que justifica el fusilamiento de manifestantes, contradice las conclusiones y los resultados preliminares de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos de la ONU que documentan y evalúan los acontecimientos en Gaza”.


La decisión del tribunal supremo otorga plena legitimidad a las “acciones ilegales del ejército israelí, que han provocado la muerte de más de 100 personas y heridas a miles de manifestantes, entre ellos mujeres, niños, periodistas y paramédicos”, concluyó un comunicado de las organizaciones.


De los asesinados, el 94 por ciento murió por heridas en la parte superior cuerpo.


Adalah y Al Mezan habían presentado su petición el 23 de abril exigiendo que ordene a los militares israelíes que dejen de utilizar francotiradores y balas de plomo para dispersar las protestas palestinas en la Franja de Gaza. El abogado de Adalah, Suhad Bishara, argumentó en la petición que las prácticas militares israelíes constituyen violaciones tanto del derecho internacional como de la ley israelí.


Desde el 30 de marzo, el ejército israelí ha matado a más de 120 residentes palestinos de Gaza, incluidos 15 niños, e hirió a aproximadamente 3000, cerca de la mitad con balas de plomo.


Un día antes que la Corte Suprema validara la posición del ejército israelí, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró que el gobierno aprobará la próxima semana la edificación de otras 2500 viviendas en asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. “Llevaremos 2500 nuevas unidades de vivienda al Consejo Supremo de Planificación en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania), de las cuales 1400 se construirán inmediatamente”, escribió el ministro, que reside en una colonia en territorio ocupado, en su cuenta de Twitter. Lieberman aseguró que el gobierno impulsará “la construcción a través de Judea y Samaria del norte al sur, en pequeños y grandes asentamientos. Seguiremos estableciéndonos y desarrollando allí con hechos”.


La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de la integrante del Comité Ejecutivo, Hanan Ashraui, se opuso al anuncio y aseguró que “la intención declarada de Israel de edificar miles de unidades para colonos en la Cisjordania ocupada revela la verdadera naturaleza del colonialismo israelí, expansionismo e ilegalidad”. “Sin duda, Israel está trabajando deliberadamente para aumentar su población de colonos judíos extremistas y superponer el ‘Gran Israel’ sobre toda la Palestina histórica”, rechazó la OLP en un comunicado.


“Es evidente que las recientes medidas provocadoras e ilegales adoptadas por Estados Unidos, Guatemala y Paraguay animaron a Israel a avanzar y aumentar su empresa ilegal de asentamientos y de este modo, la anexión total de la Cisjordania ocupada”, agregó. Ashraui subrayó que esas “atroces políticas” reafirman la “necesidad imperiosa de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación criminal inmediata de las flagrantes violaciones del derecho internacional y convenciones”.


También reclamó a la comunidad internacional que tome “medidas serias y concretas para lograr el cese total de toda actividad en asentamientos y hacer a Israel responsable con mediadas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde”.


Esta semana, los palestinos pidieron a la CPI en La Haya que inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos, incluida la colonización, desde junio de 2014, cuando Palestina aceptó la jurisdicción del tribunal, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de esa corte.
La construcción de asentamientos israelíes en territorio ocupado es considerada ilegal por la comunidad internacional y uno de los principales obstáculos para la paz, aunque la Administración estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump se ha mostrado más tolerante con esta política.


Los palestinos se han negado a regresar a las negociaciones de paz, estancadas desde 2014, hasta que se cumplan varias condiciones, una de las principales la paralización del crecimiento de las colonias.

Publicado enInternacional
Página 1 de 5