Viernes, 20 Septiembre 2019 06:40

El poder de Netanyahu disminuye

El poder de Netanyahu disminuye

Existe una extraordinaria ironía en el destino de Netanyahu y el de Irán. El primero ha sido el capitán del Titanic, como lo llamó hace un par de días un académico israelí. El segundo –que se puede decir es mejor capitán– encabeza un par de buques tanque que salen y entran al Mediterráneo y al Golfo.

Irán también es el objetivo de la retórica del premier y su partido, Likud, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Recuerdan esas pruebas de caricatura que Netanyahu mostró ante la ONU, que supuestamente demostraba el tiempo que le llevaría a la república islámica fabricar un arma nuclear? Afirmó que a Irán "debían arrancársele los colmillos", con lo que quiso decir que el tirano nuclear islamita debía ser desarmado.

Y aquí estuvimos esta semana, con la bestia iraní, en efecto, disparándole a las plantas petroleras de Arabia Saudita, si bien recalco que los sauditas afirmaron que el ataque fue "incuestionablemente patrocinado" (aquí va un sic muy grande) por Irán. En otras palabras: fueron los hutíes quienes lo hicieron, pero los iraníes quienes están detrás del hecho.

Sin embargo, el hombre que encabezó el gran ataque antiraní en la ONU parece haber hundido su barco, y el hombre que una vez nos dijo en la conferencia de Herzeliya, hace muchos años, que Beirut era "el centro del terror", el entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, podría ser ahora quien dirija al Estado de Israel hacia el futuro.

¿Y el ganador? Irán, por supuesto.

Es extraña la frecuencia con que esto sucede. Los británicos pierden un buque petrolero al tiempo que un navío iraní aparece en el puerto sirio de Banias. ¿Y qué dijo Trump? Ni siquiera hizo su habitual alharaca para informar que más sanciones contra Irán serían reveladas "dentro de las próximas 48 horas" –tiempo suficiente para que a sus colaboradores se les ocurriera algo– y añadió que "hay muchas opciones".

Una opción para Trump, ahora que sabe el destino de Netanyahu, sería volverse en contra de los sauditas, cuyos hombres de inteligencia decapitaron al pobre Jamal Khashoggi hace un año. Le hicieron cosas inauditas antes de, seamos francos, tirarlo por un desagüe, a una fuente o a un lavabo del consulado. ¿Qué sabía el príncipe heredero saudita de este abismal y vergonzoso asunto?

Permítanme agregar otra otra pregunta: ¿habrán colocado el rostro de Khashoggi hacia la Meca, si es que lo sepultaron? Quizá Mike Pompeo pudo preguntar a Mohamed bin Salmán, con una amplia sonrisa, cuando se reunió con él miércoles pasado, qué es lo que sabe del espantoso asesinato de un viejo amigo mío.

Eso no fue amable. Los sauditas son nuestros aliados –recordemos que los británicos seguimos patrocinándolos– y ellos nos dicen que los ataques con drones de los hutíes/iraníes fue "poner a prueba la voluntad global". ¿Nuestra respuesta al asesinato de Khashoggi también fue una prueba para la voluntad global?

No que yo quiera apaciguar a Irán con sus ahorcamientos, torturas e injusticias, pero me sorprendió que en estos acalorados días en Medio Oriente nadie –ni Irán, ni Estados Unidos, ni los israelíes– recordaran que esta semana marcó el 37 aniversario de la matanza de Sabra y Chatila: una atrocidad creada por las milicias cristianas israelíes que Tel Aviv tenía en Líbano, y que asesinaron a mil 700 personas, en su mayoría palestinos en campos de refugiados a los que fueron enviados por un ministro derechista de Likud en 1982. Sí, el mismo partido Likud para el cual Netanyahu probablemente ya perdió la elección israelí.

Siempre me sorprenden estos aniversarios y cómo los olvidamos. Cómo ni un solo presidente o primer ministro o rey llegó al desolado cementerio lleno de maleza enredada donde yacen esos hombres, mujeres y niños muertos en el oeste de Beirut. Aún recuerdo sus semblantes, el olor, la vileza de las fosas comunes entre las que caminé.

Hace unos días pasé por ahí en taxi y me sorprendí al darme cuenta de que yo mismo ya los había olvidado.

En 1982 Beirut era conocida como "la capital del terror". En 1983 un pequeño ejército de atacantes suicidas se lanzó contra la embajada estadunidense, los marines y paracaidistas franceses.

¿El ataque contra Arabia Saudita fue ordenado por Irán? ¿Inspirado por Irán? ¿Ese país con el que estadunidenses, europeos y rusos, en su momento, lograron un acuerdo nuclear? El cielo nos guarde de los enemigos que se convierten en nuestros amigos, para luego volverse enemigos de nuevo, y del aliado que decapita a uno de mis colegas.

Hay muchas opciones, nos dice ahora el presidente estadunidense.

En efecto, las hay.

Traducción: Gabriela Fonseca

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Martes, 10 Septiembre 2019 08:01

Los riesgos de los “acuerdos de paz”

Los riesgos de los “acuerdos de paz”
 

Casi tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre el FMLN y el Estado, la situación del movimiento popular y de la izquierda puede definirse como una profunda derrota agravada por la crisis ética de una parte de las dirigencias.

Como suele suceder, las cosas se ven más claras abajo y a la izquierda, donde la gente común organizada es capaz de comprender las realidades con mayor profundidad que los intelectuales. La visita a San Francisco Echeverría (Cabañas, El Salvador), durante ocho días en los que convivimos con familias y combatientes que repoblaron este sitio de mil y pico de habitantes, fue la ocasión para repasar en largas veladas y en talleres de formación lo sucedido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En las décadas de 1960 y 1970, un potente movimiento campesino y estudiantil avanzó sobre el poder de la oligarquía terrateniente y los militares que gobernaron el país durante décadas. La respuesta a las ocupaciones de tierras y a las movilizaciones urbanas fueron balaceras y masacres. Como muestra vale el asesinato de una decena de religiosos, entre ellos el obispo de San Salvador, monseñor Romero, recientemente canonizado por el papa Francisco.

La única alternativa posible para los sectores populares fue integrarse a las guerrillas que crecieron de modo exponencial hacia fines de la década de 1970, al punto que pudieron lanzar una potente ofensiva militar en 1981del recién formado Frente Farabundo Martí ara la Liberación Nacional (FMLN).

Doce años de guerra tuvieron un resultado esperable: como en Vietnam, los militares asesorados por Estados Unidos y apoyados por Israel, Taiwán, Reino Unido, Argentina y Brasil, entre otros, se dedicaron al exterminio de la población civil, ensañándose especialmente con las mujeres, niñas y niños campesinos que debieron abandonar sus pueblos para deambular por los montes durante años.

Como resultado, hacia el final de la guerra había sólo dos fuerzas sobre el terreno: unos 70 mil militares apoyados por una fuerza aérea que bombardeaba las zonas guerrilleras día y noche, y las guerrillas, con un número quizá ocho veces menor, pero con gran movilidad y heroísmo, que los llevaron cerca de la conquista de la capital en la ofensiva de 1989.

El empate militar se resolvió con la negociación de la paz, en la cual el FMLN entregó las armas, desmovilizó a sus combatientes y se limitó a hacer política dentro de las instituciones estatales. Aunque consiguió dos veces hacerse con el gobierno (en 2009 con Mauricio Funes y en 2014 con Salvador Sánchez Cerén), hubo cambios apenas cosméticos en la dominación y en el despliegue de la acumulación capitalista.

Campesinos y campesinas de San Francisco Echeverría, donde el FMLN cosecha el 80% de los votos, coinciden en criticar a las direcciones. “Nos abandonaron”, dicen algunos. Otros enfatizan que hubo traiciones mayores (como la de Joaquín Villalobos) y otras no tan evidente pero no menos destructivas, ya que no pocos cuadros de la ex guerrilla se volvieron empresarios exitosos dando la espalda a quienes dieron sus vidas.

Ahora que el FMLN sufrió una dura derrota (cayendo del 50 al 14% de los votos) y es poco probable que retorne al gobierno en un plazo breve, los sectores populares exigen una mirada a más largo plazo que incluye un balance desde la firma de los acuerdos de paz hace 27 años.

Las preguntas se acumulan: ¿Por qué entregaron las armas mientras un ejército de asesinos las conserva? ¿Por qué confiaron en un Estado oligárquico? ¿Por qué abandonaron, de forma simultánea, a los movimientos de abajo y llegaron hasta rehusar manifestarse para evitar “provocaciones” que pusieran en cuestión la supuesta paz conseguida? En suma, porqué dejaron de luchar.

Con algo más de profundidad, y desde quien acompaña sin interpretar, quisiera preguntar: ¿Porqué no intentamos transitar otros caminos que no pasen por la guerra o las elecciones, como si fueron dos opciones únicas y excluyentes? ¿Porqué se abandonó la práctica de la crítica y la autocrítica, siendo la única que permite corregir errores?

Lo más indignante es que las llamadas izquierdas siguen transitando los mismos caminos que mostraron nula efectividad y, peor aún, daños irreparables a los movimientos anti-sistémicos y a los sectores populares.

9 septiembre 2019 0

 
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Domingo, 08 Septiembre 2019 05:43

La crisis autoinfligida de Argentina

La crisis autoinfligida de Argentina

Lluvia de inversiones, brotes verdes, segundo semestre, crecimiento invisible, luz al final del túnel, tormenta, pasaron cosas, pacto de caballeros, reperfilamiento, paraguas cambiario. Estas son algunas de las expresiones que forman parte del arsenal retórico de Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Argentina, a la hora de describir edulcoradamente sus ilusiones, obstáculos y políticas económicas. La realidad, en cambio, habla otro lenguaje, más llano: emergencia alimentaria, precarización laboral, inflación, pobreza, recesión, deuda y default (suspensión de pagos). El 11 de agosto, dos tercios del electorado le dijo no a Macri en las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).

El lunes 12, el día después de las elecciones, el peso argentino perdió un 30% de su valor. Esa tarde, el presidente casi sin dormir (según él mismo dijo días después) explicó que "hoy, ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir". En su mensaje, afirmaba también que la estampida de capitales que se fugaban del país se explicaba por la amenaza de que Cristina Fernández (la ex presidenta que va de candidata como vicepresidenta con Alberto mismo apellido) reaparezca en escena con sus políticas intervencionistas y antimercado.

Parte de los analistas coincide en que los mercados temen que en octubre vuelva al poder el gobierno que impuso controles de capitales, restricciones a la compra de dólares, retenciones a exportaciones o derechos de importación. Este énfasis en calmar a los mercados, el ente abstracto que dicta sus designios desde el más allá, es otro juego retórico para distraer la atención de los errores propios del gobierno. El país está camino a su tercer año de recesión, con la actividad industrial frenada, sin generar empleo, con salarios golpeados por la inflación y con una mayor brecha entre ricos y pobres. A pesar de haber puesto "Pobreza cero" como eje y promesa de campaña en 2015, Macri llegará al fin de su mandato con más de 34% de pobres.

Esta situación, además, se da en el marco de un endeudamiento feroz, que representa casi un PBI (más del 88% del PBI con datos del primer trimestre), y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de por medio. Argentina recibió el préstamo más grande de la historia del organismo. Christine Lagarde y Nicolás Dujovne fueron los artífices, entre brindis, sonrisas, vinos y equipos "cortos de mujeres", como señaló la Directora del organismo. Cuando se firmó, se postulaba como peor escenario posible un crecimiento económico nulo e inflación de 20% anual. Hoy esa proyección fallida sería vista como un paraíso. Dujovne dejó su cargo después de las PASO, Lagarde tampoco está al frente del FMI.

Tampoco es la primera vez que el autoproclamado "mejor equipo de los últimos 50 años" provoca una estampida que devalúa la moneda local. Hubo dos hitos en 2018 y fueron simultáneos. En marzo se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se discutió por primera vez en la historia. En ese momento, el dólar valía 20 pesos. El mismo día en que se obtuvo la media sanción para el aborto legal, 14 de junio, y mientras la marea verde se retiraba del Congreso, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, dejaba su cargo sin poder "calmar a los mercados". En agosto, cuando el proyecto fue rechazado por la cámara de senadores, el dólar ya estaba en torno a 40 pesos. En menos de 6 meses la moneda argentina valía prácticamente la mitad. No había elección de por medio, ni fantasma kirchnerista. El FMI ya estaba sentado a la mesa de negociaciones. Fue una crisis autoinfligida.

En 2015, al inicio de su gestión, Sturzenegger diagnosticó que el problema de la inflación, que acompaña a la Argentina desde el 2007, era estrictamente monetario y que se atendía desde el BCRA. Propuso un programa de metas de inflación que no se cumplió nunca. En su horizonte de fantasías, se comprometía a obtener una tasa de inflación decreciente y que culminaría en 2019 con un 5% anual. Las proyecciones actuales no bajan del 55% de inflación acumulada solo en este año. En su camino, Sturzenegger creó distintos instrumentos financieros que hicieron al país más sensible a los humores del mercado. Para alimentar a sus inversiones especulativas, usó tasas de interés que asfixiaron al crédito para las productivas. El fracaso del BCRA es absoluto y explica también parte de la recesión por los efectos que tuvo en la economía real.

Traumas económicos

Argentina, país con récord de psicólogos por habitante, tiene dos traumas económicos importantes en la historia reciente: la hiperinflación de fines de los 80s y el "corralito" a los depósitos en el sistema financiero de 2001. Esos dos sucesos explican por qué tanto nerviosismo, filas extensas en los bancos para retirar ahorros, dolarización y compras anticipadas de productos para almacenar. Es que quienes vivieron o recuerdan esos episodios expresan el síntoma: compulsión por comprar dólares. Los grandes jugadores fugan sus depósitos al exterior. Los más pobres, cuando pueden, stockean alimentos. Estos comportamientos, forzaron a Macri a implementar políticas que van en contra de la ideología de su programa. "Este es el único camino", decía Dujovne mientras llevaba adelante planes de austeridad. Pero después de las PASO, el GPS lo hizo recalcular: se ofrecieron bonos a trabajadores para moderar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios, planes sociales y pensiones, así como se realizó una quita de impuesto al valor agregado a bienes específicos de la canasta alimentaria. El ministro amigo del FMI y del ajuste fue reemplazado por Hernán Lacunza, quien además también defaulteó deuda y aplicó los temidos controles de cambios.

Mientras "los mercados" especulan con bonos, tasas, dólares y reperfilamientos de deuda, en las calles las organizaciones sociales reclaman sus propios futuros. Uno de los pedidos es la declaración de la Emergencia Alimentaria, una medida que garantizaría la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años, que se amontona en comedores comunitarios. Según las últimas estadísticas oficiales casi uno de cada dos niños, niñas y adolescentes vive en un hogar pobre. La pobreza, además, se refuerza para aquellos hogares en los que una mujer es la única fuente de sustento.

La pregunta que sobrevuela es si las medidas desesperadas de las últimas semanas alcanzan para contener la situación frente a la fragilidad de un modelo económico que ya entró en transición (aunque no se sepa bien hacia qué). Marchas y contramarchas, un horizonte incierto y poco poder de negociación del gobierno no contribuyen a la calma. Además, es difícil confiar en la capacidad de gestión de la crisis de un gobierno en retirada, que no ha sabido gestionar tampoco en la abundancia. Hay pocas certezas sobre qué sucederá en los próximos meses, la situación se dirime día a día, pero lo que todos comprenden es que el próximo equipo económico que asuma tendrá grandes responsabilidades. La más importante, sin duda, será remover escombros y levantar caídos. Eso implica generar mecanismos y políticas que contengan y alivien los efectos sociales que se esconden detrás del torbellino financiero.

Por Mercedes D'Alessandro

07/09/2019 - 20:17h

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Jueves, 29 Agosto 2019 06:20

Contra el silencio y el olvido

Contra el silencio y el olvido

Después de más de un año de la rebelión cívica en Nicaragua, y de la despiadada ola represiva que dejó centenares de muertos, heridos, encarcelados y exiliados, el régimen se encierra en sí mismo para negar toda posibilidad democrática. Su aspiración parece ser la de prolongarse en una "normalidad" forzada, que haga a la comunidad internacional acostumbrarse a convivir con una dictadura más en América Latina, de las muchas a lo largo de la historia.

El férreo control único, policía, fiscales, tribunales, diputados, magistrados electorales, apunta a ganar tiempo y silencio para llegar a las elecciones del año 2021, y bajo las mismas reglas fraudulentas del sistema electoral viciado, y quizás apenas retocado, conseguir de nuevo la relección de Ortega, que empezaría su quinto periodo acercándose a los ochenta años de edad.

Un país convertido en el reino del olvido, sujeto a la mediocridad cotidiana, del que nadie se acuerde, como el Paraguay del doctor Francia, en la primera mitad del siglo XIX, que describe en colores tan sombríos Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo.

Si los niveles de deterioro siguen progresando, las condiciones económicas habrían devuelto a Nicaragua en ese año de 2021 al Producto Interno Bruto que tenía a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Un país situado en la cola del desarrollo, ese territorio de allá atrás desde donde los ruidos llegan confusos y amortiguados.

Y más exiliados, jóvenes sobre todo. Ya hay centenares de miles en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en Estados Unidos. El primer producto de exportación de Nicaragua son los nicaragüenses: las remesas de los emigrantes se colocan ya muy por encima del café, o de la carne, o del oro.

De acuerdo a esa visión arcaica, los aliados internacionales de Ortega son ahora casi todos lejanos y fantasmagóricos: Abjasia y Osetia del Sur, los dos territorios del Cáucaso que Putin arrancó a Georgia; Sudán del Sur, sometido a la guerra civil y las hambrunas, con el que Ortega ha establecido recientemente relaciones diplomáticas; Irán, cuyo canciller, Mohamad Javad Zarif, estuvo hace algunas semanas de visita oficial en Managua; y, hasta cuando dure, la agónica Venezuela de Nicolás Maduro.

Pero Nicaragua es, por el contrario, un país vital y abierto, que resistirá el aislamiento y la parálisis, y que no dejará nunca de demandar libertad y democracia, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Y que pugnará siempre para que no se olvide que por debajo de la losa de silencio que se trata de imponer, y por encima de la arbitrariedad cotidiana, está latente la rebeldía, que es la que al fin y al cabo se impondrá.

Las arbitrariedades llegan a volverse cómicas, pese a la cauda trágica que arrastran. Este es el único país del mundo donde los colores de la bandera nacional, azul y blanco, convertidos en símbolos de resistencia por la gente, están prohibidos, y exhibirlos o desplegarlos es penado con golpizas y prisión: como en una novela de Jorge Ibargüengoitia, a un ciudadano que pintaba las paredes de su casa de azul y blanco la policía le decomisó la brocha y los botes de pintura, y luego, manu militari, fue vuelta a pintar de verde y amarillo, colores que la autoridad estimó que la casa de este ciudadano debería tener: los gustos y colores están confiscados.

Que no se olvide, fuera de nuestras fronteras, que la empresa de televisión 100% Noticias sigue silenciada, sus oficinas y estudios ocupados por fuerzas policiales, y su director, Miguel Mora, pasó preso medio año en una celda de aislamiento.

Las instalaciones de la empresa de comunicaciones que publica el semanario Confidencial y emite los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, también se encuentran ocupadas, y su director, Carlos Fernando Chamorro, fue forzado al exilio en Costa Rica, igual que otros periodistas de esos medios.

Los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria de papel y tinta en la aduana lo que los obliga a salir con un reducido número de páginas, y hace inminente el cese de su publicación.

Un país donde los jóvenes, con inmensa sabiduría y madurez, han renunciado a la lucha violenta y buscan una salida democrática sin más derramamiento de sangre, merece ser escuchado, y no ser sometido al silencio y al olvido que la dictadura pretende, convirtiendo en normal lo anormal.

Lo que la gente quiere, y se impondrá al fin y al cabo, es un país con alternabilidad democrática, sin posibilidad de relección, ni de sucesión familiar; donde los votos sean contados limpiamente, donde impere la separación de poderes, donde los jueces fallen de manera independiente, donde la política no sea el refugio de los mediocres, los actos de corrupción deban ser castigados, y todos puedan expresarse libremente; un país libre de la mentira oficial.

Y es lo que Nicaragua conseguirá.

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El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enEdición Nº260
El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enColombia
La economía boliviana impulsa a Evo Morales hacia su reelección

El 43% de los ciudadanos cree que está "un poco mejor" que hace un año, pero los especialistas advierten de la necesidad de reducir el déficit comercial

La percepción económica de la población impulsa el proyecto del presidente de Bolivia, Evo Morales, de reelegirse por cuarta vez en octubre, cuando se celebrarán unas elecciones presidenciales en las que parte como gran favorito. Según una encuesta de Ciesmori publicada por el diario El Deber, el 36% de los bolivianos piensa que la situación económica del país hoy es “buena” y el 27%, que es “regular”. Pese a la crisis de Argentina y Brasil, y al débil comportamiento de las economías sudamericanas en general, el PIB boliviano crecerá más del 4% en 2019, una tasa algo más baja que en años anteriores, pero todavía capaz de despertar ilusiones. El 40% de los consultados para el sondeo considera que su situación personal y familiar estará “un poco mejor” dentro de un año, frente al 15% que cree que estará “mucho mejor” y el 13% que considera que estará “igual”.

Estas previsiones contrastan agudamente con las advertencias de los analistas opositores respecto al callejón sin salida al que supuestamente se encamina la economía boliviana. Un último informe de la Fundación Milenio, de corte liberal, asegura que la pérdida de casi 2.000 millones de dólares anuales causada por el déficit comercial del país (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones), que a su vez se debe a la caída de los precios internacionales del gas, deteriorará en los próximos años el nivel de las reservas de divisas -uno de los talones de Aquiles de muchas economías de la región- hasta un punto peligroso para la estabilidad financiera del país. Para evitarlo, dice, el próximo Gobierno debería “ajustar”, es decir, reducir, la inversión pública y disminuir las importaciones —en su mayoría de productos industriales—, lo que a su vez ralentizaría el crecimiento.

Intención de voto del 37%

El factor que contará para el voto de octubre será, sin embargo, las percepciones de la gente y no las de los expertos de los centros de investigación. Y el 43% de la gente cree que hoy está “un poco mejor” que hace un año (10% mucho mejor; 21%, igual). Estos datos constituyen una parte de la explicación de por qué el desplome de la imagen de Evo Morales, pronosticado por muchos hace un tiempo, no se ha producido finalmente. Aunque el líder nacionalista ya no logra una intención de voto superior al 50%, como hizo en sus primeras postulaciones, casi todas las encuestas permiten pronosticar que ganará estas elecciones en la primera vuelta, para lo que la ley le exige obtener más del 40% de la votación y una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo, el expresidente Carlos Mesa. El sondeo de Ciesmori le da a Morales una intención de voto del 37% y a Mesa, una del 26%.

Morales es cuestionado por haber trastornado las leyes bolivianas para poder postular indefinidamente, pero este asunto parece haber perdido peso en la opinión de los electores. En cambio, alrededor del 40% de la población aprueba la gestión gubernamental, centrada en el crecimiento de los distintos sectores de la economía, la construcción de infraestructura, el aumento del gasto y el ingreso público, así como en la redistribución de la riqueza colectada por el Estado mediante innumerables programas sociales de diverso grado de eficiencia.

El Gobierno publicita los logros de su gestión con una campaña de comunicación de grandes alcances, que satura los espacios comerciales de los canales de televisión, mientras la Ley Electoral prohíbe a los partidos poner anuncios políticos hasta septiembre. Esta desproporción fue denunciada por los candidatos opositores al Tribunal Electoral, sin lograr que este organismo reaccionara.

Resistencia en las grandes ciudades

El apoyo a Morales se explica también por otras razones, además de las puramente económicas. El presidente no estaría tan bien situado en esta campaña si solo votaran los habitantes de las principales ciudades, que es donde encuentra más resistencia. En cambio, el voto rural continúa respaldándolo con cifras de 80 y 90% de adhesión. En general, se puede decir que los bolivianos que se reconocen indígenas y que tienen bajos ingresos -lo que incluye a la inmensa mayoría de los que viven en el campo- constituyen el electorado constante y “duro” del primer presidente indígena de la historia nacional.

Todavía existe alrededor de un 10% de votantes “indecisos” que podrían cambiar los resultados de modo que Morales se viera obligado a concurrir a una segunda vuelta o “balotaje”, que sería una contienda mucho más difícil para él, ya que permitiría la unificación de la oposición, ahora dividida en varias facciones. En el hipotético caso de que se sumaran los votos de Mesa con los de quien aparece tercero en las encuestas, el candidato de la próspera región de Santa Cruz, Óscar Ortiz, entonces una segunda vuelta sería un hecho. En cambio, Ortiz decidió atacar a Mesa para elevar su porcentaje de 10%. Las cosas pintan bien para el hombre que algunos consideran un dictador en ciernes y otros, un héroe de la lucha desarrollista que ha obsesionado a Bolivia a lo largo de toda su historia. Igual de bien que lo que se pinta la economía, en el presente, para la mayoría de los bolivianos.

Por Fernando Molina

La Paz 21 AGO 2019 - 11:33 COT

Publicado enInternacional
Noam Chomsky (Filadelfia, 1928). Fotografía de Jean Baptiste Paris.

El profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Noam Chosmky analiza el contexto en oriente medio en relación a los intereses de control de Estados Unidos.

 

“Cualquier preocupación sobre armas iraníes de destrucción masiva podría calmarse por medio de atender el llamamiento de Irán a establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio”, dice el legendario intelectual público Noam Chomsky, pero eso no hace que el Gobierno de Trump deje de inventar historias sobre la amenaza de Irán de “conquistar el mundo” para aumentar las tensiones y de este modo reforzar la posición de Trump ante las elecciones de 2020.

En esta transcripción exclusiva de una conversación emitida en Alternative Radio, Noam Chomsky –el brillante profesor del MIT y lingüista a quien en un índice se cita como la octava persona más citada de la historia, con Shakespeare y Marx— aborda la estrategia de disuasión militar iraní y las acciones tomadas por los líderes estadounidenses que no pueden tolerar lo que el Departamento de Estado describe como el “desafío exitoso” de Irán.

David Barsamian: Vamos a hablar sobre Irán, en concreto situándolo en la política exterior estadounidense post-1945. Washington diseñó su Estrategia Gran Área e Irán toma enorme importancia debido a su riqueza petrolífera.


Noam Chomsky: Riqueza petrolífera y posición estratégica. Se dio por hecho en la planificación de la Estrategia Gran Área que EE UU dominaría Oriente Medio, lo que Eisenhower llamó la “parte del mundo más importante estratégicamente”, un premio material sin análogo alguno.


La idea básica de la primera fase de la Estrategia y las primeras fases de la guerra eran que EE UU tomaría lo que llamaban la Gran Área, por supuesto, el hemisferio occidental, el antiguo Imperio británico y el Lejano Oriente. Asumieron en ese momento que Alemania probablemente ganaría la guerra, así que habría dos grandes potencias, una basada en Alemania con gran parte de Eurasia y EE UU con su Gran Área. Para cuando estaba claro que los rusos derrotarían a Alemania, tras Stalingrado y después la gran batalla de tanques en Kursk, se modificó la planificación, y la idea era que la Gran Área incluiría tanto de Eurasia como fuera posible, por supuesto, manteniendo el control de los recursos petrolíferos de Oriente Medio.

Hubo un conflicto respecto a Irán justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos apoyaron a un movimiento separatista en el norte. Los británicos querían mantener el control. Los rusos fueron básicamente expulsados. Irán era un Estado cliente bajo control británico. Había, sin embargo, un movimiento nacionalista, y el líder iraní, Mohammad Mossadegh, lideró un movimiento para intentar nacionalizar el petróleo iraní.

Los británicos, obviamente, no querían. Intentaron detenerlo, pero estaban en sus dificultades de la posguerra y no pudieron. Llamaron a EE UU, que básicamente tuvo el papel principal en implementar un golpe militar que derrocó el régimen parlamentario e instaló al shah, que era un cliente leal. Irán siguió siendo uno de los pilares del control de Oriente Medio mientras el shah siguió en el poder. El shah tenía relaciones muy cercanas con Israel, el segundo pilar del control. No eran formales porque, teóricamente, se suponía que los Estados islámicos estaban en contra de la ocupación israelí, pero las relaciones eran extremadamente cercanas. Fueron reveladas en detalle después de que cayera el shah. El tercer pilar del control estadounidense era Arabia Saudí, así que había una especie de alianza tácita entre Irán e Israel e, incluso más tácita, Israel y Arabia Saudí, bajo la tutela de EE UU.

En 1979, el shah fue derribado. EE UU al principio consideró el intento de llevar a cabo un golpe militar que restauraría el régimen del shah. No funcionó. Después vino la crisis de los rehenes. Iraq, poco después —bajo Saddam Hussein—, invadió Irán. EE UU apoyó con fuerza la invasión iraquí, finalmente incluso interviniendo de forma bastante directa para proteger la navegación iraquí en el Golfo. Un crucero portamisiles derribó un avión civil iraní, matando a 290 personas en espacio aéreo comercial. Finalmente, la intervención de EE UU básicamente convenció a los iraníes, si no de capitular, de aceptar un acuerdo que era mucho menos que lo que esperaban tras la agresión iraquí. Fue una guerra asesina. Saddam usó armas químicas. EE UU fingió no saberlo —de hecho, intentó culpar a Irán de ello. Pero al final hubo un acuerdo de paz.


Inmediatamente, EE UU recurrió a sanciones contra Irán y a severas amenazas. Esto ya era el primer Bush. Su gobierno también invitó a los ingenieros nucleares iraquíes a EE UU para formación avanzada en producción de armas nucleares, lo que, por supuesto, era una seria amenaza para Irán.

Es bastante irónico que cuando Irán era un Estado cliente leal bajo el shah en los 70, el shah y otros altos responsables dejaron muy claro que estaban trabajando para desarrollar armas nucleares. En ese momento, Kissinger y Rumsfeld y Cheney estaban presionando a las universidades estadounidenses, sobre todo al MIT —hubo un gran escándalo en el campus por esto—, para traer ingenieros nucleares iraníes a EE UU para formación, aunque, por supuesto, sabían que estaban desarrollando armas nucleares. De hecho, más tarde se preguntó a Kissinger por qué cambió su actitud hacia el desarrollo de armas nucleares iraníes en años posteriores cuando, por supuesto, se convirtió en un tema importante, y dijo, de forma muy sencilla, que entonces eran un aliado.

Las sanciones contra Irán se volvieron más duras, más intensas. Hubo negociaciones para abordar los programas nucleares iraníes. Según la inteligencia estadounidense, después de 2003, no había pruebas de que Irán tuviera programas de armas nucleares, pero probablemente estaban desarrollando lo que se llama una capacidad nuclear, que muchos países tienen; esto es, la capacidad de producir armas nucleares si surge la ocasión. Ya que Irán estaba aumentando rápidamente sus capacidades, con más centrifugadoras, etc., Obama finalmente aceptó el acuerdo conjunto, el pacto nuclear con Irán, en 2015.

Desde entonces, según la inteligencia de EE UU, Irán lo ha cumplido totalmente. No hay nada que indique alguna violación iraní. El Gobierno de Trump se salió y ahora ha aumentado considerablemente las sanciones contra Irán. Ahora hay un nuevo pretexto: no son las armas nucleares; es que Irán está entrometiéndose en la región.

A diferencia de EE UU.


O cualquier otro país. De hecho, lo que están diciendo es que Irán está intentando aumentar su influencia en la región. Tiene que convertirse en lo que el secretario de Estado Pompeo llamó un “país normal”, como nosotros, Israel y otros, y no intentar nunca expandir su influencia. Esencialmente, está diciendo: “sólo ríndete”. Pompeo en concreto ha dicho que las sanciones estadounidenses están diseñadas para intentar reducir las exportaciones de petróleo iraníes a cero. EE UU tiene influencia extraterritorial: obliga a otros países a aceptar las sanciones estadounidenses bajo amenaza de que serán excluidos del mercado estadounidense y, en particular, de los mercados financieros, que están dominados por EE UU. Así que EE UU, como principal Estado canalla del mundo, impone sus propias decisiones unilaterales sobre otros, gracias a su poder. Bolton [John, consejero de Seguridad Nacional], por supuesto, como ha dicho, sólo quiere bombardearles.

Mi especulación es que gran parte de los gestos agresivos en este momento se debe probablemente a dos motivos: uno, intentar mantener a Irán desequilibrado e intimidado, y también intimidar a otros de forma que no intenten interferir en las sanciones de EE UU; pero pienso que es en gran parte doméstico. Si los estrategas de Trump están pensando con claridad —y asumo que lo hacen— la mejor forma de enfocar las elecciones de 2020 es inventarse grandes amenazas por todos lados: inmigrantes de Centroamérica que vienen aquí a cometer genocidio contra estadounidenses blancos, Irán a punto de conquistar el mundo, China haciendo esto y aquello. Pero seremos salvados por nuestro valiente líder con el pelo naranja, la única persona que es capaz de defendernos de todas estas terribles amenazas, no como esas mujeres que “no sabrán cómo hacer nada”, o “somnoliento” Joe [Biden, candidato a las primarias del Partido Demócrata] o “loco” Bernie [Sanders, otro candidato]. Ésa es la mejor forma de ir a unas elecciones. Eso significa mantener las tensiones, pero sin tener intención de ir realmente a la guerra.

Por desgracia, es suficiente malo por sí mismo. No tenemos absolutamente ningún derecho de imponer ninguna sanción sobre Irán. Ninguno. Se da por hecho en todo debate que de alguna forma esto es legítimo. No hay absolutamente ninguna base para ello. Pero también, las tensiones pueden estallar fácilmente. Podría pasar cualquier cosa. Un barco estadounidense en el Golfo podría chocar con una mina, digamos, y algún comandante diría: “Vale, vamos a tomar represalias contra una instalación iraní”, y después un barco iraní podría disparar un misil. Pronto, estás en camino. Así que podría estallar.

Mientras tanto, hay efectos horribles por todo el lugar, lo peor en Yemen, donde nuestro cliente, Arabia Saudí, con fuerte apoyo estadounidense —armas, inteligencia— junto a su brutal aliado de Emiratos Árabes Unidos, está creando de hecho lo que la ONU ha descrito como “la peor crisis humanitaria del mundo”. Está bastante claro; realmente no es polémico lo que ocurre. Si hay un enfrentamiento con Irán, la primera víctima será Líbano. Tan pronto como haya alguna amenaza de guerra, con seguridad Israel no querrá afrontar el peligro de los misiles de Hezbolá, que probablemente están dispersos por todo Líbano ahora. Así que es muy probable que el primer paso previo al conflicto directo con Irán sería destruir Líbano o algo así.

Y esos misiles en Líbano son de Irán.


Vienen de Irán, sí.

Entonces, ¿cuál es la estrategia de Irán en la región? Se escucha este término, el “arco chií”, la población chií en Iraq, Baréin, Líbano y Siria.


El arco chií es una invención jordana. Por supuesto, Irán, como cualquier otra potencia, está intentando aumentar su influencia. Lo está haciendo, habitualmente, en las áreas chiíes, naturalmente. Es un Estado chií. En Líbano, no tenemos registros detallados porque no pueden hacer un censo —rompería la frágil relación que existe allí en el sistema sectario—, pero está bastante claro que la población chií es el mayor de los grupos sectarios.

Tienen un representante político, Hezbolá, que está en el Parlamento. Hezbolá se desarrolló como una fuerza guerrillera. Israel estaba ocupando el sur del Líbano tras su invasión de 1982. Esto fue en violación de las órdenes de la ONU, pero básicamente se quedaron allí, en parte mediante un ejército asociado. Hezbolá finalmente echó a Israel. Eso les convirtió en una “fuerza terrorista”. No tienes derecho a echar al ejército invasor de un Estado cliente, obviamente.


Desde entonces, Hezbolá sirve a los intereses iraníes. Envió combatientes a Siria, que son una gran parte del apoyo al Gobierno de Assad. Técnicamente, eso es bastante legal. Ése era el Gobierno reconocido. Es un Gobierno podrido, así que puedes, con argumentos morales, decir que no deberías hacerlo, pero no puedes decir con argumentos legales que no deberías. EE UU estaba intentando derrocar al Gobierno. No es secreto. Finalmente, quedó claro que el Gobierno de Assad controlaría Siria. Todavía hay algunos focos sin resolver, las áreas kurdas y otras, pero básicamente ha ganado la guerra, lo que significa que Rusia e Irán tienen el papel dominante en Siria.

En Iraq, hay una mayoría chií, y la invasión estadounidense básicamente entregó el país a Irán. Había sido una dictadura suní pero, claro, con la dictadura suní destruida, la población chií consiguió un papel sustancial. Así que, por ejemplo, cuando el ISIS [también conocido como Daesh] estuvo cerca de conquistar Iraq, fueron las milicias chiíes las que les hicieron retroceder, con apoyo iraní. EE UU participó, pero de forma secundaria. Ahora tienen un rol fuerte en el Gobierno. En EE UU, esto se considera más intromisión iraní. Pero pienso que la estrategia iraní es bastante sencilla: es expandir su influencia como pueden en la región.

Por lo que respecta a su postura militar, no veo ningún motivo para cuestionar el análisis de la inteligencia estadounidense. Parece bastante acertado. En sus exposiciones en el Congreso, señalan que Irán tiene gastos militares muy bajos para los estándares de la región, mucho menos que los otros países —eclipsados por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, por supuesto Israel— y que su doctrina militar es esencialmente defensiva, diseñada para disuadir una invasión el suficiente tiempo como para que se inicien los esfuerzos diplomáticos. Según la inteligencia de EE UU, si tienen un programa de armas nucleares —el cual no tenemos motivos para pensar que lo tienen, pero si lo tienen— sería parte de su estrategia disuasoria.

Ésa es la verdadera amenaza iraní: tiene una estrategia disuasoria. Para los Estados que quieren tener libertad para desbocarse en la región, la disuasión es una amenaza existencial. No quieres ser disuadido; quieres poder hacer lo que quieras. Ésos son en primer lugar EE UU e Israel, que quieren tener libertad de actuar por la fuerza en la región sin disuasión alguna. Para ser preciso, ésa es la verdadera amenaza iraní. Es lo que el Departamento de Estado llama “desafío exitoso”. Ése es el término que el Departamento de Estado utilizó para explicar a principios de los 60 por qué no podemos tolerar el régimen de Castro, debido a su “desafío exitoso” a EE UU. Es absolutamente intolerable si tienes la intención de poder dominar el mundo, por la fuerza, si es necesario.

Y parece que un componente de ello es la amenaza de un buen ejemplo.


También está eso, pero no creo que sea cierto en el caso de Irán. Es un Gobierno miserable. El Gobierno de Irán es una amenaza a su propio pueblo. Creo que es bastante justo decirlo. Y no es un modelo real para nadie. Cuba era bastante diferente. De hecho, si miras atrás al principio de los 60 en los documentos internos que han sido desclasificados, había gran preocupación porque —como dijo Arthur Schlesinger, el consejero cercano de Kennedy, especialmente sobre asuntos latinoamericanos— el problema con Cuba es “la difusión de la idea de Castro de tomar los asuntos en las propias manos”, que tiene gran atractivo para otros en la región que están sufriendo las mismas circunstancias que Cuba bajo el régimen de Batista, apoyado por EE UU.
Eso es peligroso. La idea de que la gente tiene el derecho de tomar las cosas en sus propias manos y de separarse de la dominación estadounidense no va a ser aceptable. Eso es el desafío exitoso.

Otro tema que se manifiesta después de 1945 es la resistencia de Washington al nacionalismo independiente.


Sí. Pero eso es automático para una potencia hegemónica. Lo mismo con Gran Bretaña, cuando estaba controlando la mayor parte del mundo; lo mismo con Francia y sus dominios. No quieres nacionalismo independiente. De hecho, a menudo se hace totalmente explícito. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando EE UU estaba empezando a intentar organizar el mundo de la posguerra, la primera preocupación era asegurarse de que el hemisferio occidental estaba totalmente bajo control.

En febrero de 1945, EE UU convocó una conferencia hemisférica en Chapultepec (México). El principal tema de la conferencia era precisamente lo que describías: era acabar con cualquier tipo de “nacionalismo económico”. Ésa era la frase que se utilizó. El Departamento de Estado advirtió internamente que los países latinoamericanos están infectados —ahora estoy prácticamente citando— “por la idea de un nuevo nacionalismo”, que significaba que la gente del país deberían ser los primeros beneficiarios de los recursos del país. Obviamente, eso es totalmente intolerable. Los primeros beneficiarios deben ser los inversores estadounidenses. Ésa es la filosofía del nuevo nacionalismo, y debe ser aplastada. Y la conferencia de Chapultepec, de hecho, hizo explícito que el nacionalismo económico no sería tolerado.

Así que, por ejemplo, por coger un caso que se debatió, Brasil, un país importante, podía producir acero, pero no el acero de alta calidad del tipo en que EE UU se especializaría. Por lo demás, hay, como siempre, una excepción no mencionada a las reglas. A EE UU se le permite seguir políticas de nacionalismo económico. De hecho, EE UU estaba destinando masivamente recursos gubernamentales para el desarrollo de lo que se convirtió en la economía de alta tecnología del futuro: ordenadores, internet, etc. Ésa es la excepción habitual. Pero para los otros, no pueden sucumbir a esta idea de que los primeros beneficiarios de los recursos de un país debería ser la gente de ese país. Eso es intolerable. Esto se enmarca en todo tipo de bonita retórica sobre los mercados libres y tal y cual, pero el significado es totalmente explícito.

A menudo has citado a George Kennan, el venerado responsable del Departamento de Estado, en su famoso informe de 1948: “Tenemos el 50% de la riqueza mundial pero sólo el 6,3% de su población… Nuestra verdadera tarea en el período que viene es idear un modelo de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad”. Eso era 1948. Me interesó descubrir que dos años después, hizo una declaración. “La protección de nuestras materias primas” en el resto del mundo, particularmente en América Latina, se impondría sobre la preocupación por lo que llamó “represión policial”.


Dijo que la represión policial puede ser necesaria para mantener el control sobre “nuestros recursos”. Recuerda que estaba en el extremo blando del espectro político, de hecho, tanto que por ese tiempo le echaron y le sustituyeron por un partidario de la línea dura, Paul Nitze. Era considerado “demasiado suave” para este duro mundo. Su estimación de que EE UU tuviera el 50% de los recursos mundiales es probablemente exagerada ahora que se ha hecho más trabajo en detalle. Las estadísticas no son fantásticas para ese período, pero hay estudios. Era probablemente menos que eso. Sin embargo, puede ser cierto hoy en un sentido diferente. En el período contemporáneo de la globalización, las cadenas de suministro globales, las cuentas nacionales, en el sentido de la parte del país del PIB global, son mucho menos relevantes de lo que solían ser.

Una medida mucho más relevante del poder de un país es la riqueza controlada por corporaciones multinacionales con sede doméstica. Ahí, lo que encuentras es que las corporaciones estadounidenses poseen cerca del 50% de la riqueza mundial. Ahora, hay buenas estadísticas. Hay estudios sobre ello por un economista político muy bueno, Sean Kenji Starrs, quien tiene varios artículos y un nuevo libro que va a salir sobre ello con extenso detalle. Como señala, esto es un grado de control de la economía internacional que no tiene absolutamente ningún paralelo o equivalente en la historia, de hecho. Será interesante ver cuál es el impacto de la bola de demolición de Trump sobre todo esto, que está rompiendo el sistema de cadenas de suministro globales que se ha desarrollado cuidadosamente durante años. Puede tener algún impacto. Realmente no lo sabemos. Hasta ahora, sólo está haciendo daño a la economía global.

Volviendo a Irán, mencionaste en nuestro libro Malestar Global que “cualquier preocupación sobre armas iraníes de destrucción masiva podría calmarse por medio de atender el llamamiento de Irán a establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio”. Esto está casi al nivel de samizdat [literatura prohibida por la URSS]. Apenas se sabe o se informa de ello.


No es un secreto. Y no es sólo el llamamiento de Irán. Esta propuesta para una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio y extendida a zona libre de armas de destrucción masiva en realidad viene de los Estados árabes. Egipto y otros la iniciaron a principio de los 90. Pidieron una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Hay zonas así que se han establecido en diversas partes del mundo. Es bastante interesante mirarlas. No son completamente operativas porque EE UU no las ha aceptado, pero están ahí teóricamente. La de Oriente Medio sería extremadamente importante.

Los Estados árabes presionaron por ello durante largo tiempo. Los países no alineados, el G-77 —ahora son alrededor de 130 países— la han pedido firmemente. Europa en general la apoya. Probablemente no Inglaterra, sino otros. De hecho, hay un apoyo global casi total, a lo que se añade un régimen de inspecciones de un tipo que ya existe en Irán. Eso básicamente eliminaría cualquier preocupación no sólo respecto a las armas nucleares, sino a las armas de destrucción masiva.

Sólo hay un problema: EE UU no lo permitirá. Esto aparece regularmente en las sesiones de control regulares del Tratado de No Proliferación, la más reciente en 2015. Obama lo bloqueó. Y todo el mundo sabe exactamente por qué. Nadie lo dirá, por supuesto. Pero si miras a las publicaciones de control de armas o a las publicaciones profesionales, son bastante abiertas sobre ello, porque es obvio. Si hubiera un acuerdo de este tipo, las armas nucleares de Israel quedarían bajo inspección internacional. EE UU quedaría obligado a reconocer formalmente que Israel tiene armas nucleares. Por supuesto, sabe que las tiene, todo el mundo lo sabe, pero no se te permite reconocerlo formalmente. Por un buen motivo. Si lo reconoces formalmente, la ayuda estadounidense a Israel tiene que acabar, según la ley de EE UU. Por supuesto, puedes encontrar formas de sortearlo; siempre puedes violar tus propias leyes. Pero eso se convierte en un problema. Significaría que las armas de Israel tendrían que ser inspeccionadas —no sólo las nucleares, sino también las biológicas y químicas. Eso es intolerable, así que no podemos permitirlo. Por lo tanto, no podemos avanzar a hacia una zona libre de armas de destrucción masiva, que acabaría con el problema.

Hay otra cosa que sólo puedes leer en samizdat. EE UU tiene un compromiso especial con esto, un compromiso único, junto con Gran Bretaña. La razón es que cuando EE UU y Gran Bretaña estaban planeando la invasión de Iraq, buscaron desesperadamente algún pretexto legal para ella de forma que no pareciera simple agresión directa. Apelaron a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1991 que pedía a Saddam Hussein que acabar con sus programas de armas nucleares, lo que de hecho había realizado. Pero el pretexto fue que no lo había hecho, así que había violado esa resolución; por lo tanto, se suponía que eso daba alguna legitimidad a la invasión.

Si te molestas en leer esa resolución de la ONU, cuando llegas al artículo 14, compromete a los firmantes, EE UU y Gran Bretaña incluidos, a trabajar por una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Así que EE UU y Gran Bretaña tienen una especial responsabilidad en hacerlo. Intenta encontrar algún debate sobre ello. Y, por supuesto, podría resolver cualquier problema que uno piense que hay. De hecho, según la inteligencia de EE UU, en esencia no hay ninguno.
El verdadero problema es básicamente lo que describe la inteligencia estadounidense, la postura iraní de disuasión. Eso es un verdadero peligro y constantemente se considera una amenaza existencial para Israel y EE UU, que no pueden tolerar la disuasión.

Hay grandes días de pago para una política exterior militarista tal como la que tiene EE UU. Por ejemplo, Lee Fang, escribiendo en The Intercept, informa de que “grandes fabricantes de armas”, como Lockheed Martin y Raytheon, “han dicho a sus inversores que aumentar el conflicto con Irán podría ser bueno para el negocio”.


Claro que lo es. Ése es un factor. No creo que sea el factor principal, pero ciertamente es un factor. Es lo que se llama “bueno para la economía” si puedes producir bienes materiales que puedes vender a otros países. EE UU es preeminente en fuerza militar. Ésa es una ventaja comparativa real —la fuerza militar. Otros países pueden producir ordenadores y televisiones, pero EE UU es el mayor exportador de armas. Su presupuesto militar aplasta a cualquier cosa en el resto del mundo. De hecho, es casi tan grande como el resto del mundo combinado, mucho más grande que el de otros países. El incremento estadounidense en el presupuesto militar bajo Trump –el incremento- es mayor que todo el presupuesto militar ruso. China está mucho más atrás. Y, por supuesto, EE UU está mucho más avanzado tecnológicamente en hardware militar. Así que ésta es la ventaja comparativa estadounidense. Naturalmente, querrías continuarla. Pero pienso que lo principal es simplemente asegurar que el mundo sigue básicamente bajo control.

Por David Barsamian  Truthout

 Traducido por Eduardo Pérez

2019-08-16 11:15

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La paliza a Macri y un futuro sin certezas

Si algo se merecía la soberbia clasista de Mauricio Macri es una derrota contundente, aplastante, a manos de los adversarios que tanto ha fustigado en los últimos años.

Perder por 15 puntos (47 a 32% a escala nacional) y hacerlo por dos puntos adicionales en la provincia de Buenos Aires, donde competía su pupila más aventajada, María Eugenia Vidal, otra soberbia pero con perfil más popular, estaba fuera de los cálculos del poder y también de la oposición.

Como enseñan los resultados por provincia y por distritos, las clases acomodadas de la capital federal y del norte de la provincia siguieron apostando por Macri. Una parte considerable de las clases medias lo abandonó, pero los sectores populares fueron los que le otorgaron el triunfo aplastante a la oposición. En efecto, en algunas secciones del cinturón pobre de las grandes ciudades la diferencia a favor de Alberto Fernández fue de hasta 40 puntos.

Se trató de una decisión masiva y maciza de aquella porción de la población que más sufrió el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos (gas, electricidad, transporte), que tuvieron aumentos superiores al 1.000% en los cuatro años macristas.

En ese sentido, se puede afirmar que fue una derrota del neoliberalismo salvaje, el que no se veía en ese país desde la década en la que gobernó Carlos Menem (1989-1999), con su secuela de privatizaciones y la desarticulación del aparato productivo de un país que décadas atrás había figurado entre las naciones más desarrolladas y, sin duda, el que contaba con la industria más potente de América Latina.

Aquel neoliberalismo no fue solo económico. Encarnó un ataque sin precedentes a los derechos humanos, hasta que llegó la actual ministra de Interior, Patricia Bullrich. Hubo mano blanda con los militares que torturaron y desparecieron en dictadura (1976-1983), represión de la protesta social y ataques mediáticos a los organismos de derechos humanos y a los sindicatos opositores, completaron un panorama de neoliberalismo social que nunca se había practicado, de forma tan extrema, en nombre del peronismo.

Los cuatro años de Macri serán recordados, además, por la brutal escalada del dólar que abrió el 2018 a 18 pesos, trepó hasta los 40 a mediados de ese año y ahora pegó otro salto hasta superior los 60 pesos. Una devaluación que tendrá impactos muy negativos en los precios internos, en la inflación, pero también en la pequeña y mediana empresa, que siguen siendo las que más empleo aportan.

La innecesaria sumisión del Gobierno Macri al FMI y, personalmente, a su todavía directora, Christine Lagarde, hicieron más bochornoso aún el pedido de préstamos que deja a la Argentina en una situación de gran dependencia, con altas probabilidades de impago de su deuda. Un nuevo default dejaría al país en una situación de enorme vulnerabilidad, algo que el mercado global ya está previendo.

La pregunta es si el impago lo declarará Macri (algo que el tándem Alberto y Cristina Fernández debe desear), o será un fruto envenenado que recogerá el próximo Gobierno. Lo cierto es que, cuando el riesgo país supera los 1.500 puntos y la economía está paralizada, las empresas argentinas cayeron hasta un 60% en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires se desplomó un 37%, el descalabro es mera cuestión de tiempo.

Pero aquí no se terminan los problemas. Son apenas el comienzo. La impresión es que en las elecciones presidenciales de octubre ganará el neokircherismo en primera vuelta, ya que la diferencia de votos es irreversible en apenas dos meses.

Encuentro varios problemas que me permiten concluir que el neoliberalismo salvaje derrotado en las urnas dará paso a un neoliberalismo más suave, pero en modo alguno a un postneoliberalismo, como estiman algunos comentaristas.

El primero es que la situación global cambió profundamente en los últimos años, con una guerra comercial implacable que coloca a la economía global al borde de la recesión, incluyendo países tan importantes como Alemania. Cuando Macri ganó las elecciones en 2015, no gobernaba Trump ni había un Brexit duro a la vuelta de la esquina. Esta coyuntura no concede mucho margen de maniobra a ningún gobierno del mundo.

La segunda es que, en consecuencia, el capital financiero (esa realidad que los analistas denominan los mercados) está más nervioso e intransigente que antes. La consultora Bloomberg describe de este modo la coyuntura argentina: "Los inversores no están dispuestos a dar al líder opositor Alberto Fernández —presumiblemente, el próximo presidente de Argentina— el beneficio de la duda".

Esta realidad llevó a Alberto Fernández a asegurar, una y otra vez, la "absoluta voluntad de pago" de un eventual gobierno peronista. Solo atinó a decir que habrá que negociar algunos aspectos del acuerdo firmado por Macri con el FMI.

El tercer asunto es que la sombra de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) sigue planeando sobre la sociedad argentina y, de modo muy particular, sobre las clases medias. En la actual campaña electoral los voceros de la candidatura opositora se empeñaron en asegurar que aprendieron de los errores del pasado, que no van a imponer un nuevo cepo cambiario ni a promover la intervención del Estado en la economía, que provocó fuertes distorsiones en las tarifas de los servicios públicos y alejó a los inversores del país.

El problema es que más allá de las afirmaciones de los candidatos, la duda sigue existiendo para una parte importante de la población, que recuerda además la corrupción que envolvió al Gobierno de Cristina. Eso explica que, a pesar de la desastrosa situación económica, un 32% de los argentinos se hayan pronunciado por el continuismo macrista.

La cuarta y última, es que la población más pobre y vulnerable ha sido duramente castigada por la política económica de Macri y no parece estar dispuesta a aceptar cualquier solución a sus reclamos. En los últimos cuatro años, los sindicatos y los movimientos territoriales de las periferias urbanas estuvieron de forma casi ininterrumpida en la calle, un escenario que no van a abandonar hasta que no vean satisfechas por lo menos algunas de sus demandas.

Este conjunto de factores hace que, sea cual sea el color del próximo gobierno, no habrá mucho margen para el optimismo.

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Lunes, 12 Agosto 2019 06:09

Contundente derrota de Macri

Contundente derrota de Macri

Mauricio Macri recibió un contundente rechazo en las urnas este domingo y será muy difícil que logre la reelección como presidente de Argentina. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 47% de los votos y lo superó por quince puntos, dejando al peronismo a un paso de volver a la Casa Rosada. "Hemos tenido una mala elección", reconoció el actual mandatario que habló antes de que se difundan los datos oficiales. También aseguró que inmediatamente se pondrá a trabajar para revertir estos resultados en Octubre, cuando se realicen las elecciones generales y vinculantes. La tarea será cuesta arriba, su partido también perdió por 17 puntos los comicios para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y apenas logró imponerse en Córdoba y la Capital Federal, cuna política de Macri.

"Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron, gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia", señaló Alberto Fernández minutos después de conocerse los resultados. "A partir de hoy se acabó el concepto de venganza y de grieta", destacó en seguida anticipándose a un discurso del oficialismo que seguramente busque extremar la polarización antes de los comicios de Octubre para convencer a los votantes que prefirieron otras fuerzas políticas. "No venimos a derrotar un regimen, sino a crear una nueva Argentina", concluyó ante un enfervorizado auditorio de más de cuatro mil personas que colmó la sede del Frente de Todos, el espacio político que logró nuclear a casi todo el amplio espectro peronista.

Un tono muy parecido había usado un rato antes la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que habló primero y cuya intervención se transmitió por pantalla gigante, ya que se encontraba en Río Gallegos, capital de la austral provincia de Santa Cruz. Allí tiene residencia y por tanto allí debía votar. "Sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas. A los que nos votaron y a los que no", explicó. "Todos debemos escuchar la voz de las urnas para intentar que la Argentina tenga la posibilidad de ser una opción mejor, más feliz", agregó.

Como contó eldiario.es, Cristina fue la gran protagonista del triunfo de ayer. La mujer que hace cuatro años dejó la Casa Rosada nunca cedió el centro de la escena política e incluso fue quien nominó a Alberto Fernández como candidato a presidente. También fue el centro de las críticas de la alianza electoral de Macri durante la campaña. Algo que seguro se profundizará en los próximos días aprovechando las causas judiciales por corrupción que aún tiene abiertas.

Pero las elecciones del domingo no solo avizoran un cambio presidencial y de gobernador en la Provincia de Buenos Aires. También se votaron candidatos para disputar 130 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores (Argentina tiene un sistema bicameral como Estados Unidos). Si se repitieran los comicios en Octubre el peronismo podría alcanzar el quórum propio, es decir, el número mínimo de legisladores necesario para debatir y votar los proyectos de ley. Esto podría sacar al Congreso de la parálisis que vivió este año en el que Cambiemos evitó pasar por el recinto medidas que podían afectar su imagen.

El peronismo también pudo cerrar el día festejando un rotundo triunfo en la única elección vinculante de la jornada. Alicia Kirchner, hermana del fallecido ex presidente y cuñada de la actual candidata a vice, reeligió como gobernadora de la provincia de Santa Cruz.

Y mientras el peronismo celebraba, el oficialismo se sumía en la preocupación. Anoche ya improvisaron una reunión de funcionarios jerárquicos en la sede de campaña de Cambiemos y comenzaron a circular versiones de posibles cambios en el gabinete. El gobierno sabe que tiene dos meses todavía, pero la diferencia parece irremontable aún para los más optimistas.

¿Para el gobierno aún hay esperanza?

El único dato alentador para Macri es que para casi todos los cargos en juego los comicios no fueron vinculantes. Se trató de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo creado en el año 2009 para permitir que todos los votantes participen de las internas de los partidos para elegir sus candidatos sin necesidad de que estén afiliados. Sin embargo, como todas las fuerzas políticas presentaron listas únicas para los cargos nacionales, lo que se vio fue la encuesta electoral más representativa posible. De hecho, votó un 75,85% del padrón, una proporción mayor a la que participó de las elecciones generales españolas (71,76%).

Si bien es un número considerable, para la Argentina es inferior al que habitualmente vota en las elecciones generales. En los comicios presidenciales de 2015, por ejemplo, de las PASO participó un 74, 91% del padrón y en las generales la cifra llegó al 81, 07%. Eso significó que se sumaran dos millones de votantes nuevos que en aquel momento fueron muy útiles para la estrategia macrista. Los encuestadores caracterizan a este grupo como "desencantado de los partidos". Una línea permeable a inclinarse por Cambiemos ya que suele apelar a un discurso considerado "apolítico".

En aquella instancia a Macri le funcionó. Había quedado a ocho puntos de Daniel Scioli, el candidato del peronismo, en las PASO (30% vs 38%). Y logró achicar esa diferencia a tres (34% vs 37%). Eso forzó a un desempate entre los dos principales rivales y terminó dándole un triunfo a Macri con el 51% de los votos. El recuerdo ilusiona al entorno del actual presidente, pero la remontada en esta oportunidad deberá duplicar a la anterior. Y lo que más preocupa es que esta vez quedaron a más de 2,3 millones de votos de diferencia. Asi que ni siquiera consiguiendo que todos los que se quedaron en sus casas ahora los voten a ellos les alcanzaría.

Su estrategia, entonces, deberá apuntar a lograr que aquellos que hayan elegido otros partidos cambien su decisión en Octubre y lo acompañen. Por eso apuntará a polarizar la elección apelando al "voto útil" y continuará la campaña de demonización del kirchnerismo. La semana pasada ya había iniciado ese camino con mensajes en su cuenta de Twitter en los que se planteaba un antagonismo entre su propuesta y la de los "mafiosos, corruptos, delincuentes y narcotraficantes". La dificultad con la que se encontrará es que ahora deberá explicarle a quienes no lo votaron en las PASO que no se refería también a ellos.

Una jornada de votación tranquila y las dudas sobre el manejo de la información

La jornada electoral transcurrió sin mayores controversias. El único dato que llamó la atención durante los comicios fueron las denuncias de que las boletas de Cambiemos llegaron a varias escuelas dobladas ocultando el tramo que correspondía al candidato presidencial. Esta estrategia buscó evitar que la imagen de Mauricio Macri afecte el resultado de los demás candidatos de su partido que van pegados a él en la boleta. Pero no resultó efectiva al final.

Lo que dejó más lugar a dudas fue el desempeño del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en su tarea de llevar a cabo el recuento de votos. La entrega de datos se demoró una hora y media más del tiempo previsto. Incluso los primeros datos oficiales se publicaron quince minutos después de que Macri hubiera reconocido la derrota. La pregunta que quedó en el ambiente es si contaba con información antes que los demás.

El ministro Rogelio Frigerio dijo que no. Que probablemente se había expresado sobre bocas de urna y datos de los fiscales distribuidos por los colegios donde se realizó la votación. Argumentó que la demora en hacer públicos los datos oficiales fue a raíz de que la Justicia Electoral les había pedido que dieran difusión a los resultados provisorios recién cuando contaran al menos con un 10% del padrón procesado de los cuatro distritos principales (Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal). Desde el Ministerio dijeron que la demora fue específicamente porque aguardaban los datos de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo cuando los hicieron públicos ya estaba procesado el 39,36% de esa jurisdicción.

Los funcionarios se negaron a responder al respecto. Apenas felicitaron a la fuerza política ganadora y repitieron lo que había dicho el presidente minutos antes: que les tocaba escuchar a las urnas y trabajar para revertir la situación. Al parecer les queda poco tiempo.

Por Javier Borelli- Periodista en Tiempo Argentino

12/08/2019 - 10:45h

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