Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

Publicado enColombia
Los evangelistas sionistas al rescate de Trump amenazan con una guerra civil en EU

Dos años después no variaron tanto los cuatro escenarios que postulé sobre el epílogo de Trump (https://bit.ly/2mD2MR4). Lo que sí varió es la fractura entre demócratas y republicanos que pasó de la “guerra civil soft” (https://bit.ly/2XBNWYZ) al borde de una “guerra civil casi hard”.

El día del anuncio de la "investigación" con fines de defenestración ( impeachment) en la Cámara de mayoría demócrata, Trump había fustigado a los globalistas en la ONU.

Trump retwitteó las amenazas del pastor bautista Robert Jeffress (https://bit.ly/2mMa9pC), quien advirtió que su impeachment “causaría una guerra civil (sic) como fractura (…) de la que nuestro país nunca sanará” (https://bit.ly/2p4Y5R4). Robert Jeffress es pastor del bautismo sureño de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, que aglutina a 13 mil feligreses y es ferviente partidario de Trump a quien "aconseja" en materia religiosa.

La apertura de la embajada de EU en la parte palestina de Jerusalén ocupada por Israel fue avalada por los evangelistas sionistas texanos Robert Jeffress y John Hagee (https://bit.ly/2ocZbtF).

A juicio de Robert Jeffress, los demócratas saben que no podrán ganarle al presidente en 2020 por lo que el “ impeachment es el único instrumento que tienen para deshacerse de Trump”, ya que a los "demócratas no les importa si incendian y destruyen al país".

Comentó que "nunca había visto a los evangelistas más furiosos en un tema como este intento de defenestrar en forma ilegítima al presidente de su puesto, como anular la elección de 2016 y negar los votos de millones de evangelistas".

En búsqueda del influyente voto de los judíos, el mismo pastor imprecó que "serían maldecidos con sus hijos por Dios si votasen por los demócratas", en eco a la jeremiada de Trump quien espetó que los judíos que votasen por los candidatos demócratas eran "desleales" –no especificó si a EU y/o a Israel–.

Han resonado más las incriminaciones criminales del Partido Demócrata contra Trump que las brutales inculpaciones en contra de Hunter, el hijo pródigo del ex vicepresidente Joe Biden, sobre sus tratativas mafiosas en Ucrania, con la gasera Burisma, y en China donde descolgó mil 200 millones de dólares en forma clandestina.

El Partido Demócrata se ha ido con todo y ha citado al procurador William Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los Republicanos no están mancos y Rudolph Giuliani, implacable abogado privado de Trump, se ha ido a la yugular de Joe Biden quien solicitó a las televisoras que le impidan discutir sus escándalos en Ucrania (https://bit.ly/2mGhg2D).

El mismo Trump ha despotricado de "traición" contra el jefe de la Cámara de Espionaje, Adam Schiff, vinculado a George Soros (https://bit.ly/2nziLjH) y financiado por el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (https://bit.ly/2mTizeP).

Destaca que el israelí-estadunidense Stephen Miller, consejero político de Trump y connotado mexicanófobo, arremetió contra el anónimo delator ( whistleblower), aunque indicó que es un operador del Deep State (Estado Profundo) –¿la CIA?–y a quien Trump retó a salir de su clandestinidad.

El whistleblower anónimo explotó el ucraniagate contra Trump, quien presuntamente chantajeó al presidente de Kiev para ventilar los expedientes criminales de Hunter Biden a cambio de la ayuda militar de EU.

Se trata de una batalla épica de feroces ataques y contrataques donde la percepción de los ciudadanos y el flagrante favoritismo de los multimedia tendrán un enorme impacto, no se diga las traiciones en ambos partidos, al unísono de la métrica cuantitativa de los donativos.

Si los Demócratas no consiguen defenestrar a Trump después de haber abierto la Caja de Pandora de Ucrania, cuando ya les falló el russiagate, es probable que sufran un "efecto bumerán" (https://bit.ly/2nyDt3b).

Quien salga menos mancillado y menos herido de muerte del lodazal jurídico y de espionaje que se ha desatado será el vencedor de la batalla pírrica, donde Trump, gran aficionado al box y consejero financiero del campeón de peso pesado, Mike Tyson, combatirá hasta el último round (https://bit.ly/2nxvsLK).

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalife

Publicado enInternacional
Un choque de poderes causa la mayor crisis política de este siglo en Perú

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso para poner fin a la crisis que lo enfrenta con la oposición, dominada por el fujimorismo

Una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución: ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y ha suspendido a Vizcarra

El país celebrará elecciones legislativas el 26 de enero de 2020

Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ha estallado este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La larga, tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado muchas heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.

Elecciones en 2020

El gobierno del país ha anunciado este lunes, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, tras la disolución del Parlamento.

El decreto supremo cita el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que debe convocar elecciones legislativas a celebrarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

El actual Congreso fue elegido en los comicios del 2016 para un periodo que terminaba en 2021, quinquenio que debía cumplir el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el año pasado por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Crisis política

El decreto fue firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, quien ha jurado este lunes en reemplazo del saliente Salvador del Solar. Vizcarra ha anunciado la disolución "constitucional" del Congreso peruano con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.

Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso, tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento, en el punto más álgido del enfrentamiento político que mantuvo el Legislativo con el Gobierno, desde la elección del actual Ejecutivo en 2016.

Nombramiento de Aráoz

No obstante, una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución y ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, como "presidenta en funciones" del país, después de que ese grupo votara la suspensión del gobernante Martín Vizcarra por un periodo de 12 meses. La mayoría opositora en el Parlamento ha acusado al presidente de golpista.

Los máximos jefes de las fuerzas armadas de Perú han acudido al Palacio de Gobierno para dar su respaldo a Vizcarra tras el anuncio de la disolución del Congreso. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional "reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente", según informa la Presidencia de la República.

Manifestaciones ciudadanas

Miles de peruanos celebraron este lunes en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas con gritos como "sí, se pudo" o "Perú, te quiero, por eso te defiendo". Con carteles y banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, integrantes y simpatizantes de sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida Abancay "emocionados" por celebrar lo que para ellos "es lo mejor que le ha podido suceder al Perú".

Así lo señaló a Efe el ciudadano Miguel Márquez, de 60 años, que llegó "emocionado por los cambios que va a haber" tras la medida constitucional. "Ojalá que sea el comienzo del inicio de un Gobierno más decente para el país", señaló abrigado con una bandera peruana en la espalda y sobre una motocicleta con la que se adentró hasta las avenidas del centro histórico de Lima, custodiadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por EFE

01/10/2019 - 07:49h

Publicado enInternacional
Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

Publicado enEdición Nº261
La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU activa un proceso de impeachment contra Trump

Nancy Pelosi ha anunciado que los demócratas pondrán en marcha el proceso de juicio político contra Trump por "una ruptura con sus deberes constitucionales"

Un denunciante anónimo afirma que Trump vinculó en una llamada al presidente ucraniano unas ayudas a cambio de investigar por corrupción al hijo de Joe Biden

Trump ha ordenado que se divulgue una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Vladímir Zelenski y ha cargado contra los demócratas

 

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha activado este martes el proceso de impeachment contra Donald Trump. El anuncio se ha producido tras la revelación de que el presidente habría bloqueado fondos de asistencia a Ucrania como coacción a Kiev para que se investigase por corrupción al exvicepresidente Joe Biden y su familia.

"Anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", ha asegurado Pelosi en una declaración pública tras más de tres horas reunida con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Los demócratas han abierto el procedimiento para iniciar el impeachment contra Trump después de que un whistleblower haya denunciado que el presidente de EEUU condicionó en una llamada al nuevo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, la reactivación de un paquete de ayudas por valor de casi 400 millones de dólares al país a cambio de que iniciase una investigación por corrupción contra el hijo de Biden.

Trump ha negado las acusaciones y este martes ha anunciado vía Twitter que había ordenado la divulgación de una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Zelenski. Una propuesta que no ha convencido a los demócratas y que Trump ha tachado de "caza de brujas" minutos después del anuncio de Pelosi. "Ni siquiera han visto la transcripción de la llamada. ¡Es una caza de brujas". "¡Acoso presidencial!". 

"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", ha tuiteado desde Nueva York.

Sobre las 20.00 hora peninsular, Pelosi ha convocado de urgencia a los congresistas demócratas para discutir las posibilidades reales de iniciar el procedimiento de impeachment. Los demócratas ha estado trabajando en dos escenarios: activar directamente el procedimiento para un juicio político o poner en marcha una comisión de investigación cuyas conclusiones permitan activar el proceso. Finalmente han optado por la vía del impeachment.

¿Cómo funciona el impeachment?

Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede plantear un proceso de impeachment si considera que el presidente es culpable de "traición, soborno u otros crímenes o delitos graves". Tras evaluar la acusación, la Cámara de Representantes tendrá que votar. Si una mayoría simple (51%) aprueba el impeachment, comienza el juicio político.

El proceso pasa en este momento al Senado, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo preside. Por su parte, miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y miembros del Senado como jurado. En este caso, el presidente puede nombrar abogados que le defiendan. El juicio político se desarrolla en el Senado y, a su finalización, se procede a una votación. Esta vez se necesitarán al menos dos tercios de los votos. Si al menos el 67% de los senadores encuentra al presidente culpable, se le destituye de su cargo y el vicepresidente asume su puesto durante el resto del mandato.


Las siete claves para entender el impeachment contra Trump

Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento del posible proceso de destitución contra el presidente estadounidense

Carlos Hernández-Echevarría

25/09/2019 - 07:37h

"Hay que exigir responsabilidades al presidente. Nadie está por encima de la ley". Con estas palabras, la líder demócrata en el Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, ha anunciado que inicia formalmente la investigación para un posible proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento.

¿Por qué le hacen ahora un impeachment a Trump?

Los demócratas creen que Trump "ha traicionado la seguridad nacional y la integridad de las elecciones". La acusación llega después de que el presidente haya reconocido que, en al menos una llamada telefónica, presionó al nuevo presidente de Ucrania para que investigara los negocios en el país del hijo de su principal rival político, Joe Biden, vicepresidente de Obama y hoy por hoy el favorito entre los demócratas para presentarse contra él en 2020. En otras palabras: le acusan de conspirar con una nación extranjera para influir en el resultado electoral en EEUU. Pero hay más.

Después de negarlo repetidamente, Trump también ha reconocido este martes que, poco antes de esa conversación con el presidente de Ucrania, ordenó congelar las ayudas a ese país a pesar de que está en mitad de un conflicto con Rusia. Trump dice que no ofreció al presidente ucraniano un intercambio, es decir, que no le dijo que desbloquearía el dinero si atacaban a Biden, pero hay dudas sobre eso. Para empezar, el presidente sigue impidiendo al Congreso acceder a la denuncia del oficial estadounidense de inteligencia que fue la que descubrió todo el asunto y tampoco hace pública la grabación de la llamada. Eso sí, hoy en pleno jaleo se ha comprometido a hacer pública una transcripción completa de la conversación.

¿Cómo es el proceso?

Es un proceso largo y complejo. Primero debe producirse la investigación anunciada por Pelosi, en la que los seis comités de la Cámara de Representantes que han investigado a Trump remitirán al comité judicial los delitos que creen que ha cometido el presidente. Este comité debe decidir entonces si estos son "graves crímenes y faltas", como indica la Constitución, y por tanto si recomienda que se adopten como "artículos de impeachment" contra Trump. Después de eso, el pleno de la Cámara debería votar si acusa o no formalmente al presidente. Los demócratas tienen mayoría en todos esos comités y en el pleno, así que es razonable pensar que lo logren.

Después de todo ese proceso para formalizar la acusación, cambiaríamos de escenario porque el juicio en sí se celebraría en el Senado, presidido por el juez jefe de la Corte Suprema. No hay reglas claras sobre su desarrollo, la propia cámara tendría que establecerlas, pero sí sabemos que para alcanzar un veredicto condenatorio y destituir al presidente haría falta que votaran a favor de su culpabilidad dos tercios de los senadores. Eso parece muy improbable porque los republicanos tienen mayoría en la cámara y Trump tendría que sufrir al menos 20 deserciones de su propio partido. Extremadamente difícil.

¿Algún presidente ha sido destituido mediante impeachment?

Solamente dos presidentes han llegado a ser formalmente acusados por la Cámara de Representantes y juzgados en el Senado y, además, los dos fueron declarados inocentes. Andrew Johnson se libró por muy poco en 1868, cuando se quedó a un voto de ser condenado. El caso más reciente es el de Bill Clinton, procesado por mentir bajo juramento sobre su relación con la becaria Mónica Lewinsky y obstaculizar la investigación, que fue también absuelto por el Senado en 1999.

Aunque a veces se mete en ese saco a Richard Nixon, el presidente 37º nunca fue acusado formalmente. Cuando el comité judicial de la Cámara de Representantes recomendó adoptar artículos de impeachment contra él, los líderes republicanos en el Congreso le anunciaron que acabaría condenado. Nixon decidió entonces dimitir, el primer presidente de la historia de EEUU en hacerlo, antes de que el pleno de la cámara pudiera votar si acusarle o no.

Si destituyen a Trump, ¿quién manda en EEUU?

En el momento en que el presidente fuera condenado por el Senado y apartado del cargo, automáticamente el vicepresidente se convertiría en presidente. Mike Pence recibiría todos los poderes, pero solo hasta que tomara posesión el ganador de las elecciones de noviembre de 2020. En el caso de que Pence no pudiera asumir el caso por cualquier motivo (muerte, incapacidad, dimisión...) se daría la coincidencia de que sería la líder demócrata Nancy Pelosi la que se mudaría a la Casa Blanca, la primera mujer en ostentar el cargo, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes es la siguiente en el orden sucesorio.

¿Podría Trump presentarse otra vez tras ser destituido?

Estaríamos en terreno inexplorado, pero parece que no. Nunca se ha destituido al presidente mediante impeachment, pero sí a otros cargos como jueces federales. En esos casos, tras condenarles el Senado y apartarlos del cargo, la cámara ha votado inmediatamente después para prohibirles que puedan ocupar otra vez cualquier responsabilidad en el gobierno. Es lo que se llama "descualificación" y está prevista en la Constitución.

¿Qué pasa con las elecciones del año que viene?

La Constitución dice claramente que el proceso de impeachment no puede continuar después de que el acusado abandone el cargo, así que en el improbable caso de que las cosas se alarguen hasta entonces, el proceso moriría si Trump pierde las elecciones de noviembre de 2020 y su sucesor toma posesión en enero de 2021. Pero, ¿y si gana? Interesante, pero no tengo la respuesta.

Ahora en serio, ¿puede Trump perder el cargo?

Es extremadamente difícil, pero no imposible. Cuando se inició el proceso de impeachment contra Nixon por el Watergate, el presidente acababa de arrasar en su reelección y sólo un 19% de los estadounidenses pensaba que debía dejar el cargo. 14 meses de investigación después, Nixon se vio obligado a dimitir ante el abandono de los senadores de su partido y el 57% de los ciudadanos quería echarlo. Todo puede ser.

Publicado enInternacional
Viernes, 20 Septiembre 2019 06:40

El poder de Netanyahu disminuye

El poder de Netanyahu disminuye

Existe una extraordinaria ironía en el destino de Netanyahu y el de Irán. El primero ha sido el capitán del Titanic, como lo llamó hace un par de días un académico israelí. El segundo –que se puede decir es mejor capitán– encabeza un par de buques tanque que salen y entran al Mediterráneo y al Golfo.

Irán también es el objetivo de la retórica del premier y su partido, Likud, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Recuerdan esas pruebas de caricatura que Netanyahu mostró ante la ONU, que supuestamente demostraba el tiempo que le llevaría a la república islámica fabricar un arma nuclear? Afirmó que a Irán "debían arrancársele los colmillos", con lo que quiso decir que el tirano nuclear islamita debía ser desarmado.

Y aquí estuvimos esta semana, con la bestia iraní, en efecto, disparándole a las plantas petroleras de Arabia Saudita, si bien recalco que los sauditas afirmaron que el ataque fue "incuestionablemente patrocinado" (aquí va un sic muy grande) por Irán. En otras palabras: fueron los hutíes quienes lo hicieron, pero los iraníes quienes están detrás del hecho.

Sin embargo, el hombre que encabezó el gran ataque antiraní en la ONU parece haber hundido su barco, y el hombre que una vez nos dijo en la conferencia de Herzeliya, hace muchos años, que Beirut era "el centro del terror", el entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, podría ser ahora quien dirija al Estado de Israel hacia el futuro.

¿Y el ganador? Irán, por supuesto.

Es extraña la frecuencia con que esto sucede. Los británicos pierden un buque petrolero al tiempo que un navío iraní aparece en el puerto sirio de Banias. ¿Y qué dijo Trump? Ni siquiera hizo su habitual alharaca para informar que más sanciones contra Irán serían reveladas "dentro de las próximas 48 horas" –tiempo suficiente para que a sus colaboradores se les ocurriera algo– y añadió que "hay muchas opciones".

Una opción para Trump, ahora que sabe el destino de Netanyahu, sería volverse en contra de los sauditas, cuyos hombres de inteligencia decapitaron al pobre Jamal Khashoggi hace un año. Le hicieron cosas inauditas antes de, seamos francos, tirarlo por un desagüe, a una fuente o a un lavabo del consulado. ¿Qué sabía el príncipe heredero saudita de este abismal y vergonzoso asunto?

Permítanme agregar otra otra pregunta: ¿habrán colocado el rostro de Khashoggi hacia la Meca, si es que lo sepultaron? Quizá Mike Pompeo pudo preguntar a Mohamed bin Salmán, con una amplia sonrisa, cuando se reunió con él miércoles pasado, qué es lo que sabe del espantoso asesinato de un viejo amigo mío.

Eso no fue amable. Los sauditas son nuestros aliados –recordemos que los británicos seguimos patrocinándolos– y ellos nos dicen que los ataques con drones de los hutíes/iraníes fue "poner a prueba la voluntad global". ¿Nuestra respuesta al asesinato de Khashoggi también fue una prueba para la voluntad global?

No que yo quiera apaciguar a Irán con sus ahorcamientos, torturas e injusticias, pero me sorprendió que en estos acalorados días en Medio Oriente nadie –ni Irán, ni Estados Unidos, ni los israelíes– recordaran que esta semana marcó el 37 aniversario de la matanza de Sabra y Chatila: una atrocidad creada por las milicias cristianas israelíes que Tel Aviv tenía en Líbano, y que asesinaron a mil 700 personas, en su mayoría palestinos en campos de refugiados a los que fueron enviados por un ministro derechista de Likud en 1982. Sí, el mismo partido Likud para el cual Netanyahu probablemente ya perdió la elección israelí.

Siempre me sorprenden estos aniversarios y cómo los olvidamos. Cómo ni un solo presidente o primer ministro o rey llegó al desolado cementerio lleno de maleza enredada donde yacen esos hombres, mujeres y niños muertos en el oeste de Beirut. Aún recuerdo sus semblantes, el olor, la vileza de las fosas comunes entre las que caminé.

Hace unos días pasé por ahí en taxi y me sorprendí al darme cuenta de que yo mismo ya los había olvidado.

En 1982 Beirut era conocida como "la capital del terror". En 1983 un pequeño ejército de atacantes suicidas se lanzó contra la embajada estadunidense, los marines y paracaidistas franceses.

¿El ataque contra Arabia Saudita fue ordenado por Irán? ¿Inspirado por Irán? ¿Ese país con el que estadunidenses, europeos y rusos, en su momento, lograron un acuerdo nuclear? El cielo nos guarde de los enemigos que se convierten en nuestros amigos, para luego volverse enemigos de nuevo, y del aliado que decapita a uno de mis colegas.

Hay muchas opciones, nos dice ahora el presidente estadunidense.

En efecto, las hay.

Traducción: Gabriela Fonseca

Publicado enInternacional
Martes, 10 Septiembre 2019 08:01

Los riesgos de los “acuerdos de paz”

Los riesgos de los “acuerdos de paz”
 

Casi tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre el FMLN y el Estado, la situación del movimiento popular y de la izquierda puede definirse como una profunda derrota agravada por la crisis ética de una parte de las dirigencias.

Como suele suceder, las cosas se ven más claras abajo y a la izquierda, donde la gente común organizada es capaz de comprender las realidades con mayor profundidad que los intelectuales. La visita a San Francisco Echeverría (Cabañas, El Salvador), durante ocho días en los que convivimos con familias y combatientes que repoblaron este sitio de mil y pico de habitantes, fue la ocasión para repasar en largas veladas y en talleres de formación lo sucedido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En las décadas de 1960 y 1970, un potente movimiento campesino y estudiantil avanzó sobre el poder de la oligarquía terrateniente y los militares que gobernaron el país durante décadas. La respuesta a las ocupaciones de tierras y a las movilizaciones urbanas fueron balaceras y masacres. Como muestra vale el asesinato de una decena de religiosos, entre ellos el obispo de San Salvador, monseñor Romero, recientemente canonizado por el papa Francisco.

La única alternativa posible para los sectores populares fue integrarse a las guerrillas que crecieron de modo exponencial hacia fines de la década de 1970, al punto que pudieron lanzar una potente ofensiva militar en 1981del recién formado Frente Farabundo Martí ara la Liberación Nacional (FMLN).

Doce años de guerra tuvieron un resultado esperable: como en Vietnam, los militares asesorados por Estados Unidos y apoyados por Israel, Taiwán, Reino Unido, Argentina y Brasil, entre otros, se dedicaron al exterminio de la población civil, ensañándose especialmente con las mujeres, niñas y niños campesinos que debieron abandonar sus pueblos para deambular por los montes durante años.

Como resultado, hacia el final de la guerra había sólo dos fuerzas sobre el terreno: unos 70 mil militares apoyados por una fuerza aérea que bombardeaba las zonas guerrilleras día y noche, y las guerrillas, con un número quizá ocho veces menor, pero con gran movilidad y heroísmo, que los llevaron cerca de la conquista de la capital en la ofensiva de 1989.

El empate militar se resolvió con la negociación de la paz, en la cual el FMLN entregó las armas, desmovilizó a sus combatientes y se limitó a hacer política dentro de las instituciones estatales. Aunque consiguió dos veces hacerse con el gobierno (en 2009 con Mauricio Funes y en 2014 con Salvador Sánchez Cerén), hubo cambios apenas cosméticos en la dominación y en el despliegue de la acumulación capitalista.

Campesinos y campesinas de San Francisco Echeverría, donde el FMLN cosecha el 80% de los votos, coinciden en criticar a las direcciones. “Nos abandonaron”, dicen algunos. Otros enfatizan que hubo traiciones mayores (como la de Joaquín Villalobos) y otras no tan evidente pero no menos destructivas, ya que no pocos cuadros de la ex guerrilla se volvieron empresarios exitosos dando la espalda a quienes dieron sus vidas.

Ahora que el FMLN sufrió una dura derrota (cayendo del 50 al 14% de los votos) y es poco probable que retorne al gobierno en un plazo breve, los sectores populares exigen una mirada a más largo plazo que incluye un balance desde la firma de los acuerdos de paz hace 27 años.

Las preguntas se acumulan: ¿Por qué entregaron las armas mientras un ejército de asesinos las conserva? ¿Por qué confiaron en un Estado oligárquico? ¿Por qué abandonaron, de forma simultánea, a los movimientos de abajo y llegaron hasta rehusar manifestarse para evitar “provocaciones” que pusieran en cuestión la supuesta paz conseguida? En suma, porqué dejaron de luchar.

Con algo más de profundidad, y desde quien acompaña sin interpretar, quisiera preguntar: ¿Porqué no intentamos transitar otros caminos que no pasen por la guerra o las elecciones, como si fueron dos opciones únicas y excluyentes? ¿Porqué se abandonó la práctica de la crítica y la autocrítica, siendo la única que permite corregir errores?

Lo más indignante es que las llamadas izquierdas siguen transitando los mismos caminos que mostraron nula efectividad y, peor aún, daños irreparables a los movimientos anti-sistémicos y a los sectores populares.

9 septiembre 2019 0

 
Publicado enInternacional
Domingo, 08 Septiembre 2019 05:43

La crisis autoinfligida de Argentina

La crisis autoinfligida de Argentina

Lluvia de inversiones, brotes verdes, segundo semestre, crecimiento invisible, luz al final del túnel, tormenta, pasaron cosas, pacto de caballeros, reperfilamiento, paraguas cambiario. Estas son algunas de las expresiones que forman parte del arsenal retórico de Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Argentina, a la hora de describir edulcoradamente sus ilusiones, obstáculos y políticas económicas. La realidad, en cambio, habla otro lenguaje, más llano: emergencia alimentaria, precarización laboral, inflación, pobreza, recesión, deuda y default (suspensión de pagos). El 11 de agosto, dos tercios del electorado le dijo no a Macri en las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).

El lunes 12, el día después de las elecciones, el peso argentino perdió un 30% de su valor. Esa tarde, el presidente casi sin dormir (según él mismo dijo días después) explicó que "hoy, ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir". En su mensaje, afirmaba también que la estampida de capitales que se fugaban del país se explicaba por la amenaza de que Cristina Fernández (la ex presidenta que va de candidata como vicepresidenta con Alberto mismo apellido) reaparezca en escena con sus políticas intervencionistas y antimercado.

Parte de los analistas coincide en que los mercados temen que en octubre vuelva al poder el gobierno que impuso controles de capitales, restricciones a la compra de dólares, retenciones a exportaciones o derechos de importación. Este énfasis en calmar a los mercados, el ente abstracto que dicta sus designios desde el más allá, es otro juego retórico para distraer la atención de los errores propios del gobierno. El país está camino a su tercer año de recesión, con la actividad industrial frenada, sin generar empleo, con salarios golpeados por la inflación y con una mayor brecha entre ricos y pobres. A pesar de haber puesto "Pobreza cero" como eje y promesa de campaña en 2015, Macri llegará al fin de su mandato con más de 34% de pobres.

Esta situación, además, se da en el marco de un endeudamiento feroz, que representa casi un PBI (más del 88% del PBI con datos del primer trimestre), y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de por medio. Argentina recibió el préstamo más grande de la historia del organismo. Christine Lagarde y Nicolás Dujovne fueron los artífices, entre brindis, sonrisas, vinos y equipos "cortos de mujeres", como señaló la Directora del organismo. Cuando se firmó, se postulaba como peor escenario posible un crecimiento económico nulo e inflación de 20% anual. Hoy esa proyección fallida sería vista como un paraíso. Dujovne dejó su cargo después de las PASO, Lagarde tampoco está al frente del FMI.

Tampoco es la primera vez que el autoproclamado "mejor equipo de los últimos 50 años" provoca una estampida que devalúa la moneda local. Hubo dos hitos en 2018 y fueron simultáneos. En marzo se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se discutió por primera vez en la historia. En ese momento, el dólar valía 20 pesos. El mismo día en que se obtuvo la media sanción para el aborto legal, 14 de junio, y mientras la marea verde se retiraba del Congreso, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, dejaba su cargo sin poder "calmar a los mercados". En agosto, cuando el proyecto fue rechazado por la cámara de senadores, el dólar ya estaba en torno a 40 pesos. En menos de 6 meses la moneda argentina valía prácticamente la mitad. No había elección de por medio, ni fantasma kirchnerista. El FMI ya estaba sentado a la mesa de negociaciones. Fue una crisis autoinfligida.

En 2015, al inicio de su gestión, Sturzenegger diagnosticó que el problema de la inflación, que acompaña a la Argentina desde el 2007, era estrictamente monetario y que se atendía desde el BCRA. Propuso un programa de metas de inflación que no se cumplió nunca. En su horizonte de fantasías, se comprometía a obtener una tasa de inflación decreciente y que culminaría en 2019 con un 5% anual. Las proyecciones actuales no bajan del 55% de inflación acumulada solo en este año. En su camino, Sturzenegger creó distintos instrumentos financieros que hicieron al país más sensible a los humores del mercado. Para alimentar a sus inversiones especulativas, usó tasas de interés que asfixiaron al crédito para las productivas. El fracaso del BCRA es absoluto y explica también parte de la recesión por los efectos que tuvo en la economía real.

Traumas económicos

Argentina, país con récord de psicólogos por habitante, tiene dos traumas económicos importantes en la historia reciente: la hiperinflación de fines de los 80s y el "corralito" a los depósitos en el sistema financiero de 2001. Esos dos sucesos explican por qué tanto nerviosismo, filas extensas en los bancos para retirar ahorros, dolarización y compras anticipadas de productos para almacenar. Es que quienes vivieron o recuerdan esos episodios expresan el síntoma: compulsión por comprar dólares. Los grandes jugadores fugan sus depósitos al exterior. Los más pobres, cuando pueden, stockean alimentos. Estos comportamientos, forzaron a Macri a implementar políticas que van en contra de la ideología de su programa. "Este es el único camino", decía Dujovne mientras llevaba adelante planes de austeridad. Pero después de las PASO, el GPS lo hizo recalcular: se ofrecieron bonos a trabajadores para moderar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios, planes sociales y pensiones, así como se realizó una quita de impuesto al valor agregado a bienes específicos de la canasta alimentaria. El ministro amigo del FMI y del ajuste fue reemplazado por Hernán Lacunza, quien además también defaulteó deuda y aplicó los temidos controles de cambios.

Mientras "los mercados" especulan con bonos, tasas, dólares y reperfilamientos de deuda, en las calles las organizaciones sociales reclaman sus propios futuros. Uno de los pedidos es la declaración de la Emergencia Alimentaria, una medida que garantizaría la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años, que se amontona en comedores comunitarios. Según las últimas estadísticas oficiales casi uno de cada dos niños, niñas y adolescentes vive en un hogar pobre. La pobreza, además, se refuerza para aquellos hogares en los que una mujer es la única fuente de sustento.

La pregunta que sobrevuela es si las medidas desesperadas de las últimas semanas alcanzan para contener la situación frente a la fragilidad de un modelo económico que ya entró en transición (aunque no se sepa bien hacia qué). Marchas y contramarchas, un horizonte incierto y poco poder de negociación del gobierno no contribuyen a la calma. Además, es difícil confiar en la capacidad de gestión de la crisis de un gobierno en retirada, que no ha sabido gestionar tampoco en la abundancia. Hay pocas certezas sobre qué sucederá en los próximos meses, la situación se dirime día a día, pero lo que todos comprenden es que el próximo equipo económico que asuma tendrá grandes responsabilidades. La más importante, sin duda, será remover escombros y levantar caídos. Eso implica generar mecanismos y políticas que contengan y alivien los efectos sociales que se esconden detrás del torbellino financiero.

Por Mercedes D'Alessandro

07/09/2019 - 20:17h

Publicado enInternacional
Jueves, 29 Agosto 2019 06:20

Contra el silencio y el olvido

Contra el silencio y el olvido

Después de más de un año de la rebelión cívica en Nicaragua, y de la despiadada ola represiva que dejó centenares de muertos, heridos, encarcelados y exiliados, el régimen se encierra en sí mismo para negar toda posibilidad democrática. Su aspiración parece ser la de prolongarse en una "normalidad" forzada, que haga a la comunidad internacional acostumbrarse a convivir con una dictadura más en América Latina, de las muchas a lo largo de la historia.

El férreo control único, policía, fiscales, tribunales, diputados, magistrados electorales, apunta a ganar tiempo y silencio para llegar a las elecciones del año 2021, y bajo las mismas reglas fraudulentas del sistema electoral viciado, y quizás apenas retocado, conseguir de nuevo la relección de Ortega, que empezaría su quinto periodo acercándose a los ochenta años de edad.

Un país convertido en el reino del olvido, sujeto a la mediocridad cotidiana, del que nadie se acuerde, como el Paraguay del doctor Francia, en la primera mitad del siglo XIX, que describe en colores tan sombríos Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo.

Si los niveles de deterioro siguen progresando, las condiciones económicas habrían devuelto a Nicaragua en ese año de 2021 al Producto Interno Bruto que tenía a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Un país situado en la cola del desarrollo, ese territorio de allá atrás desde donde los ruidos llegan confusos y amortiguados.

Y más exiliados, jóvenes sobre todo. Ya hay centenares de miles en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en Estados Unidos. El primer producto de exportación de Nicaragua son los nicaragüenses: las remesas de los emigrantes se colocan ya muy por encima del café, o de la carne, o del oro.

De acuerdo a esa visión arcaica, los aliados internacionales de Ortega son ahora casi todos lejanos y fantasmagóricos: Abjasia y Osetia del Sur, los dos territorios del Cáucaso que Putin arrancó a Georgia; Sudán del Sur, sometido a la guerra civil y las hambrunas, con el que Ortega ha establecido recientemente relaciones diplomáticas; Irán, cuyo canciller, Mohamad Javad Zarif, estuvo hace algunas semanas de visita oficial en Managua; y, hasta cuando dure, la agónica Venezuela de Nicolás Maduro.

Pero Nicaragua es, por el contrario, un país vital y abierto, que resistirá el aislamiento y la parálisis, y que no dejará nunca de demandar libertad y democracia, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Y que pugnará siempre para que no se olvide que por debajo de la losa de silencio que se trata de imponer, y por encima de la arbitrariedad cotidiana, está latente la rebeldía, que es la que al fin y al cabo se impondrá.

Las arbitrariedades llegan a volverse cómicas, pese a la cauda trágica que arrastran. Este es el único país del mundo donde los colores de la bandera nacional, azul y blanco, convertidos en símbolos de resistencia por la gente, están prohibidos, y exhibirlos o desplegarlos es penado con golpizas y prisión: como en una novela de Jorge Ibargüengoitia, a un ciudadano que pintaba las paredes de su casa de azul y blanco la policía le decomisó la brocha y los botes de pintura, y luego, manu militari, fue vuelta a pintar de verde y amarillo, colores que la autoridad estimó que la casa de este ciudadano debería tener: los gustos y colores están confiscados.

Que no se olvide, fuera de nuestras fronteras, que la empresa de televisión 100% Noticias sigue silenciada, sus oficinas y estudios ocupados por fuerzas policiales, y su director, Miguel Mora, pasó preso medio año en una celda de aislamiento.

Las instalaciones de la empresa de comunicaciones que publica el semanario Confidencial y emite los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, también se encuentran ocupadas, y su director, Carlos Fernando Chamorro, fue forzado al exilio en Costa Rica, igual que otros periodistas de esos medios.

Los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria de papel y tinta en la aduana lo que los obliga a salir con un reducido número de páginas, y hace inminente el cese de su publicación.

Un país donde los jóvenes, con inmensa sabiduría y madurez, han renunciado a la lucha violenta y buscan una salida democrática sin más derramamiento de sangre, merece ser escuchado, y no ser sometido al silencio y al olvido que la dictadura pretende, convirtiendo en normal lo anormal.

Lo que la gente quiere, y se impondrá al fin y al cabo, es un país con alternabilidad democrática, sin posibilidad de relección, ni de sucesión familiar; donde los votos sean contados limpiamente, donde impere la separación de poderes, donde los jueces fallen de manera independiente, donde la política no sea el refugio de los mediocres, los actos de corrupción deban ser castigados, y todos puedan expresarse libremente; un país libre de la mentira oficial.

Y es lo que Nicaragua conseguirá.

www.sergioramirez.com

Facebook: escritorsergioramirez

Twitter: sergioramirezm

Instagram: sergioramirezmercado

Publicado enInternacional
El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enEdición Nº260