Viernes, 15 Abril 2016 17:14

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Alrededor de 6.000 educadores del Cauca protestan en la ciudad de Popayán por la mala calidad de los servicios de salud a que acceden lo que incide de manera negativa en su bienestar. La paciencia se agotó y han decidido declararse en huelga y suspender labores en todo el departamento hasta tanto el gobierno nacional no resuelva las situaciones que inspiraron la protesta. En paz y con gran respaldo popular avanza la toma a la Secretaría de Educación Departamental del Cauca ocupada por alrededor de 300 docentes en la Ciudad Blanca.

 

Cinco días de huelga completan este viernes 15 de abril los docentes del Cauca (hombres y mujeres) agrupados en la Asociación de Instructores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca). El cese de actividades, la movilización permanente y ocupación física de estamentos competentes, fue decretado desde las primeras horas del lunes 11 de abril por las bases y los directivos de la Asociación. Decidieron llevar a cabo está estrategia por considerarla como la forma de lucha más efectiva a favor del mejoramiento de los servicios de salud a que tienen derecho, principal bandera de la movilización. Años de padecer un servicio de salud precario, , procedimientos y medicinas inadecuadas, numerosas perdidas de vidas y serias afectaciones para la integridad física de quienes padecen este servicio de salud, son los motivos que han inspirado la protesta que tiene como epicentro la Ciudad de Popayán.

 

Miguel Burbano, presidente de Asoinca, habló en entrevista telefónica para el periódico desdeabajo explicando los fundamentos y alcances de la protesta que lideran.

 

desdeabajo –da– ¿Por qué toman la decisión de parar? ¿Cuál es el fundamento de las acciones de protesta que están llevando a cabo en el departamento?

 

Miguel Burbano: De manera concreta el paro tiene un solo motivo: restablecer la salud como derecho, ese es el único propósito y sentido del magisterio asociado a Asoinca. Ahora bien, en el plan de actividades tenemos que ser un poco más extenso, podemos explicarlo en tres momentos.

 

El primero es que, a partir de la Ley 91 del 89, y de la Ley 100 del 93, la salud es concebida no ya como un derecho sino como un servicio prestado por particulares. Esto ha golpeado mucho al pueblo colombiano, cobrando por negligencia muchas vidas. Lo que hemos comentado es que el negocio está en no prestar el servicio, ese es el negocio de las empresas con la responsabilidad de prestar el servicio.

 

En el segundo momento encontramos que el magisterio no es ajeno a este problema, motivo por el cual pensamos que la dirigencia nacional, a través del ejecutivo de Fecode, ha sido ineficiente porque en vez de contrarrestar la estructura del modelo de salud lo ha convertido en un negocio, lo que hizo fue reformular o proponer una reforma contractual que para nada beneficia la transformación de la atención de la salud. Entonces, como Asoinca nosotros lo que hacemos es plantear una propuesta a través de un estudio, un análisis, una investigación, en la que proponemos al gobierno nacional el restablecimiento de la salud como derecho y no como servicio. Creamos una organización que se llama Asoprosalud y con ella demostramos que hay un respaldo financiero, una experiencia administrativa y que podemos recibir los recursos del Ministerio de Educación Nacional destinados a la salud para gestionar de manera autónoma e independiente las contrataciones de los diferentes niveles del sistema que sean necesarias.

 

El tercer momento es que hemos tenido varios encuentros con el Ministerio de Educación Nacional, con el Viceministerio de Educación, con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, con asesores jurídicos, contadores, con auditores médicos y llegamos a la conclusión que es una buena propuesta, pero el único que jurídicamente plantea que no es posible reconocerla como tal es el Ministerio de Educación. Están de acuerdo con la propuesta, que es propositiva, loable, es única en el país, pero hasta ahí. De allí a buscar las alternativas para que eso sea posible, no hacen nada.

 

En varias asambleas, incluso en una de ellas nos acompañó el delegado asesor del Viceministro, con más de 300 dirigentes. Él nos escuchó y la respuesta que dio fue: “hay que buscarle la comba al palo”, lo que no ha sido posible. Por ello, desde el 11 de abril nos decretamos en huelga regional indefinida. Esto ha causado un impacto importante, hasta el punto que el Viceministro de Educación va a instar hoy en la tarde (15 de abril) una mesa de negociación.

 

da. ¿Con cuánta participación cuentan?

MB. La jornada de protesta y movilización ha sido efectiva. Estamos hablando de más del 95 por ciento de docentes en paro, estamos hablando de más de 6.000 docentes de la ciudad de Popayán y de los diferentes municipios del departamento. El paro gana en intensidad y en este momento más de 300 personas tomamos la Secretaría de Educación del Departamento.

 

da. ¿Cuáles son las exigencias concretas que pondrán sobre la mesa de negociación para levantar el paro?

MB. Varias soluciones. Primero, la departamentalización del sistema de salud para el Cauca, es decir que el departamento tenga su propio autonomía y autodeterminación en el sistema de salud para el magisterio. Lo segundo, estamos vetando a las multinacionales en cabeza del señor Duarte que tiene el monopolio para el sistema de salud de Colombia. En un tercer momento, que los recursos sean girados a la unión temporal Asoprosalud que es coordinada por la junta directiva de Asoinca

 

da. ¿Hasta cuando continuarán con el paro?

MB. Hasta que hayan soluciones.

 

da. ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre la viabilidad jurídica de su propuesta? ¿Existe algún caso donde se hayan alcanzado objetivos similares a lo que está exigiendo Asoinca?

MB. Es un caso único el hecho que una organización sindical haga esta exigencia. Ni siquiera Fecode se ha atrevido a hacerlo. Pero ya hay un ejemplo similar en la organización indígena. Hace casi 19 años a los indígenas les dijeron lo mismo, que no era posible jurídicamente. Hoy llevan más de 19 años y tienen su autonomía en salud, autodeterminación en salud. Yo creo que son más de 30 municipios, es toda una red que ha hecho la organización indígena a través de su autonomía en el país.

 

da. ¿Cómo podría garantizarse el manejo idóneo de los recursos en el caso en que les concedan la autonomía administrativa para su manejo? ¿Cómo garantizarían que la salud prestada a los maestros tuviera una mejor calidad?

MB. Hay un primer principio y es la honestidad, la honradez, la transparencia. Ese es el primer principio en el manejo de los recursos entregados para la salud. El segundo principio es el de la calidad, es decir lo que ha perjudicado y lo que ha entorpecido es no prestar el servicio, negar una cita médica general, una cita médica especializada o cirugías. Lo que nosotros queremos hacer es no negarle el servicio a la gente. Es un derecho el que vamos a garantizar y es un derecho que tiene el docente de ser beneficiado, un derecho en los siguientes términos: oportunidad, participación y calidad.

 

da. ¿Cuántos docentes han sido los afectados por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud? ¿Tienen algunas cifras?

MB. Todo el magisterio ha pasado por estas cosas. Hace poco un compañero murió por la falta del medicamento. Todo compañero que necesita una cita de medicina general debe esperar ocho días. Incluso colocar tutelas, demandas, para que le entreguen los medicamentos, para que le autoricen exámenes, para que le autoricen procedimientos. Eso lo vivimos no solo en el Cauca, en todo el país. Son evidencias palpables, reales, concretas.

 

da. ¿Han recibido apoyo de Fecode o de otras organizaciones gremiales, sociales y sindicales?

MB. Hay apoyo de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, afro, movimientos estudiantiles, las madres comunitarias. Todos han estado acá con nosotros dándonos ánimos en la toma que desarrollamos. Pero lo escuchado de Fecode es una contradicción, es el mismo discurso del Ministerio de Educación Nacional. Uno no sabe si es que están confabulados o cuáles son las intenciones de los ejecutivos de Fecode.

 

Un paro, una toma, una acción directa totalmente justificada. Sin titubeos avanza la protesta de Asoinca que enfrenta una problemática local con un espectro de incidencia nacional, pues el derecho a la salud lo han vulnerado a la mayoría de los colombianos, hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes o viejos. La comunidad caucana y nacional espera que los huelguistas puedan mantenerse firmes en sus reivindicaciones y acciones de protesta hasta tanto el gobierno nacional ponga punto final a las políticas que han motivado la jornada de movilización en el departamento del Cauca, dando ejemplo de que protestar es una alternativa para el restablecimiento de los derechos violentados.

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Lunes, 04 Abril 2016 07:30

Crisis en cámara lenta

Crisis en cámara lenta

Desde hace tres años América latina ha estado afectada por una desaceleración económica cuyos efectos acumulados pueden describirse como una crisis en cámara lenta. Durante al menos diez trimestres consecutivos se ha experimentado una baja en las tasas de crecimiento que ha causado una disminución en la tasa de ocupación laboral de 2,9 puntos porcentuales. En comparación, en la crisis o shock financiero de 2009 los efectos duraron cuatro trimestres, la tasa de ocupación bajó sólo 1,8 puntos, y como sabemos la recuperación fue rápida.

 

Los efectos de esta nueva crisis, detonada en buena medida por la fuerte caída en los precios de las materias primas, también se reflejaron lentamente sobre el empleo, que en un principio registró impactos moderados. Pero durante el último año esa situación cambió y la región tuvo el primer aumento significativo en la tasa de desocupación en cinco años.

 

El aumento del desempleo regional promedio fue de medio punto porcentual hasta 6,7 por ciento el año pasado. Como destacó el Panorama Laboral 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si se cumplen los pronósticos de mayor desaceleración, la tasa de desocupación podría subir hasta 6,9 por ciento en 2016. En este momento hay unas 19 millones de personas desempleadas.

 

Al mismo tiempo hay indicios de disminución del empleo asalariado y aumento en el trabajo por cuenta propia, una señal de que podría aumentar la informalidad. Casi la mitad de la fuerza de trabajo de nuestra región, integrada por más de 280 millones de personas, tiene un empleo informal, una situación que generalmente implica ingresos bajos, inestabilidad laboral así como falta de protección y derechos.

 

Los promedios regionales expresan una realidad heterogénea. Tanto la desaceleración económica como los cambios en las tasas de desempleo y otros indicadores laborales se manifiestan a diferentes velocidades en los distintos países. Incluso hay algunos en abierta contracción, mientras otros mantienen números positivos. Pero más allá de las diferencias es indudable que en la región como un todo hubo un cambio de ciclo y que el escenario, al menos por ahora, es poco alentador.

 

Este panorama plantea desafíos concretos e inmediatos, porque el empeoramiento de la situación laboral implica que la crisis se refleja en la situación de las personas, y afecta tanto a los grupos más vulnerables, incluyendo los hogares pobres, como a la clase media que ve sus expectativas de mejoramiento frustradas.

 

Este nuevo ciclo económico pone una vez más en evidencia la urgente necesidad de avanzar en procesos de diversificación y de desarrollo productivo que impulsen una transformación de las economías, en la dirección de un crecimiento más sostenido e inclusivo con más y mejores empleos. Esta sigue siendo el norte para la agenda de mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo es claramente es necesario que los países recurran a políticas macroeconómicas y del mercado laboral para mitigar los efectos de la desaceleración en las empresas, en los puestos de trabajo y en los ingresos.

 

La oportunidad es propicia para recurrir a la guía que ofrece el “Pacto Mundial para el Empleo” de la OIT, adoptado en 2009 por representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de todo el mundo, que contiene un portafolio de políticas con demostrada efectividad en momentos de recesión económica y crisis en el mercado de trabajo.

 

Se trata de medidas para reducir los impactos negativos en el empleo, apoyar a las empresas, mantener niveles de demanda agregada, e impulsar la generación y recuperación de los empleos en combinación con sistemas de protección social. Es necesario encarar el desafío del empleo con creatividad e innovación. Actuar sobre el empleo es la forma en la cual se puede beneficiar directamente a los grupos vulnerables y a las clases medias, a la vez que se promueve la base productiva de las economías.

 

De lo contrario, esta crisis en cámara lenta podría no solo complicar aún más la gobernabilidad aumentando la conflictividad social y la desconfianza en las instituciones políticas, sino dejar un legado de estancamiento económico en el progreso de nuestras sociedades e incluso de retrocesos en los logros económicos y sociales alcanzados.

 


* Director Regional de la OIT para América latina y el Caribe.

 

 

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La estructura ocupacional y el trabajo decente en Colombia

Colombia presentó en 2015 la tasa de desempleo más baja en 15 años: 8.9% promedio para todo el año, con el indicador más bajo en noviembre: 7.3%. Resultado que fue destacado por el presidente Santos al indicar que “contribuirá a favorecer a los más pobres y a fortalecer a la clase media”. Una declaración contradictoria con la política impuesta un mes atrás, cuando decretó un reajuste del salario mínimo que empobreció a los trabajadores de ingresos bajos, que son la mayoría, imponiéndoles un “incremento” del salario mínimo por debajo del IPC causado para la población de este tipo de ingresos.

Que baje la tasa de desempleo siempre será una buena noticia, sobre todo para quienes buscan desesperadamente un puesto en el mercado de trabajo y algún ingreso que les permita siquiera un mínimo de vida digna. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos siempre ante tales noticias es acerca de la calidad del empleo que se está generado, si efectivamente se trata de trabajos decentes, es decir, con protección social, estabilidad laboral, ingresos que permitan cubrir las necesidades básicas, y trabajos con derechos. Es decir, empleos que aseguren una vida con dignidad, que aseguren la autonomía personal, el desarrollo de los proyectos de vida que cada persona se propone; empleos en los que no seamos humillados ni sometidos a malos tratos.

Para responder a esta pregunta, una alternativa es esclarecer qué tanto se ha transformado la estructura ocupacional que caracteriza el mercado laboral colombiano, en la que predomina el autoempleo (trabajo por cuenta propia), y en la que una buena proporción de trabajadores ni siquiera recibe remuneración.

La siguiente tabla muestra que en un año prácticamente no hubo ninguna modificación en la estructura ocupacional del país, y las variaciones en 15 años no han sido para nada significativas:



Como se ve, de cada 100 trabajadores, un poco más de 42 son por cuenta propia; 38.36% son obreros y empleados particulares, 3.87% trabajan para el Estado (magisterio, ejército y policía, empleados públicos), 3.29% son trabajadoras domésticas, 3.17% son jornaleros o peones, y 4.64% son trabajadores que no reciben ninguna remuneración. Se trata de 1´021.202 personas que hacen parte de la población ocupada que, aunque no se las inventa el DANE, pues son resultado de acuerdos en la OIT, de todas maneras sirven para encubrir situaciones de precariedad y de desempleo.

Es claro que el trabajo por cuenta propia resulta dominante en el mercado laboral. Se trata de una categoría ocupacional que en la economía colombiana no es una alternativa de autonomía personal, producto de una buena formación académica, o de conocimientos y grandes experticias, o de acceso a recursos que te permitan montar un negocio y vivir de él, condiciones que aseguren trabajar en actividades no subordinadas a ningún patrón. El propio DANE en su informe sobre “Población ocupada total, formal e informal” (trimestre septiembre/noviembre, 23 ciudades, de 2015), indica que el 80.77% de los trabajadores por cuenta propia son informales.

Adicionalmente, según Fasecolda y la Superfinanciera, de cada 100 trabajadores afiliados a los sistemas de riesgos laborales y de pensiones, apenas el 5,26% y el 12%, respectivamente, son trabajadores independientes o por cuenta propia. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de ellos no tienen ninguna protección en sus ingresos frente accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez y vejez.

Estos indicadores revelan que para la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, el trabajo por cuenta propia es un recurso de sobrevivencia y no de autonomía, pues no encuentran un lugar distinto en el trabajo formal que les asegure un trabajo decente, por lo que tienen que salir al rebusque ocupándose en cualquier trabajo que les permita acceder a algún ingreso. Recordemos que Colombia tiene un Estado social muy débil, que no les asegura a los desempleados ninguna protección en sus ingresos que los proteja de caer en la pobreza extrema o indigencia. De ahí que el autoempleo en cualquier actividad posible, y principalmente en el comercio informal, sea la alternativa más posible.

Se supone que los trabajadores asalariados dependientes deberían tener un trabajo que les asegure estabilidad laboral y protección social. Ocurre así con los trabajadores del Estado que tienen un vínculo legal y reglamentario, los denominados “empleados públicos” adscritos a la carrera administrativa, con los provisionales y con los trabajadores oficiales (trabajadores de obras y de mantenimiento en municipios, departamentos y otras instituciones del Estado), estos últimos “una especie en vías de extinción”, pues en todas partes los están acabando, remplazando sus funciones con trabajadores subcontratados o tercerizados. Sin embargo, en el Estado existe una enorme nómina paralela cuyo número no se ha podido establecer con precisión, que tienen un empleo precario, en el sentido de que se trata de trabajadores vinculados mediante contrato civil de prestación de servicios, sin estabilidad laboral alguna, pues su vinculación dura lo que dura el control del respectivo directorio político que los “recomienda” sobre la entidad que los contrata, aparte de que ellos mismos deben pagar su propia seguridad social. Es, en suma, son contratos que además encubren, o enmascaran, una verdadera relación laboral de subordinación.

 

 

Si excluimos la protección social en salud, que con toda su precariedad es la más amplia, en promedio apenas el 38,8% de toda la población ocupada tiene acceso a la protección social. Lo que significa que el trabajo informal, medido desde la protección social, supera el 60% de la población ocupada total, con la situación más grave en materia de pensiones, pues a mediano y largo plazo nos vamos a encontrar con una población adulta que en su mayor parte no va a tener ningún ingreso que le asegure una vida con dignidad en su vejez. Hoy de cada 4 adultos mayores, apenas uno recibe pensión.

Como lo indica la tabla 2, la protección social de los trabajadores asalariados es mayor que la del promedio, aunque todavía la informalidad y la desprotección siguen siendo muy altas, sobre todo entre las trabajadoras domésticas (informalidad del 85%), y entre los peones y jornaleros (informalidad del 90%), entre otras razones por la debilidad del Estado, que en este terreno tiene el reto de seguir fortaleciendo el sistema de inspección del trabajo, principalmente en la mayoría de los municipios por fuera de las grandes ciudades, en los que muchos empleadores incumplen la ley porque están seguros que ninguna autoridad los va a vigilar y sancionar. Pero también por la debilidad de los sindicatos, pues donde los trabajadores están organizados los sindicatos tienen la capacidad de garantizar condiciones de trabajo decente.

Como vemos, en 15 años, con dos gobiernos de Uribe y uno y medio de Santos, con bonanzas de exportaciones de materias primas como petróleo, carbón, ferroníquel y oro, que nos permitieron tasas de crecimiento de la economía superiores al 4% promedio anual, esta estructura ocupacional no se modificó. Lo que indica que no hubo ninguna política para industrializar el país, ni para desarrollar y democratizar el campo, ni para mejorar cobertura y calidad de la educación, ni para desarrollar infraestructura. Mientras los sectores dominantes aprovechaban su control sobre el Estado para hacer negocios y acaparar rentas, la estructura del mercado de trabajo propia de un país atrasado apenas presentó leves modificaciones: se redujo 3 puntos porcentuales la categoría ocupacional “obrero, empleado del gobierno”, y dos puntos la categoría “trabajador familiar sin remuneración”, una disminución que muy seguramente permitió que creciera 6 puntos la categoría “obrero, empleado particular”, donde se ubican la mayoría de los trabajadores asalariados, mientras la categoría “trabajador por cuenta propia” mantuvo una posición hegemónica, incrementando incluso su participación en el total del empleo.

Esta problemática también la diagnosticó recientemente la OCDE, que con relación a las cifras de empleo señaló: “... sin embargo, debajo de estas cifras favorables se esconde un grave problema estructural de informalidad: 52% de la población trabaja por cuenta propia, comparado con 27% en México, 39% en Grecia y 17% en el promedio de países OCDE”. (Portafolio, enero 27 de 2016).

Publicado 16 de febrero de 2016.

http://es.presidencia.gov.co/noticia/Presidente-celebra-caida-de-desempleo-porque-favorece-a-los-mas-pobres-y-fortalece-la-clase-media

2 FASECOLDA: https://consultas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xGrupos.aspx

SUPERFINANCIERA: FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIASAFILIADOS AL SISTEMA  AÑO 2015

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La OIT teme que el número de parados en el mundo supere los 200 millones en 2017

El último informe del organismo advierte de la desaceleración económica de países emergentes por la caída del precio de materias primas como el petróleo. En países desarrollados, pese al aumento del empleo, alerta sobre el trabajo temporal o a tiempo parcial forzoso y del estancamiento de la clase media.

 


El año 2015 se acabó con la cifra de 197,1 millones de desempleados en todo el mundo. Esto supone un millón más de personas sin trabajo que en 2014, pero 27 millones más que en los años anteriores a la crisis económica mundial que se dejó sentir con fuerza en 2008.

Son los alarmantes datos del último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las perspectivas laborales y sociales en el mundo. Y, precisamente, lo más alarmante son las perspectivas, porque el desempleo a nivel mundial seguirá creciendo según sus previsiones hasta alcanzar los 199,4 millones en 2016 y sobrepasando los 200 millones en 2017; y lo sufrirán sobre todo los países en desarrollo.


El motivo de esta tendencia está, según el organismo internacional, es la desaceleración económica de los países emergentes y en desarrollo, lastrados por las continuadas caídas de los precios de materias primas como el petróleo, cuyo valor cayó en 2015 a niveles de 2004 y que actualmente se sitúa por debajo de los 25 dólares por barril de brent. Para países exportadores, como Brasil, Rusia o los países del Golfo la situación es más que delicada. Y, en un mundo globalizado, repercute también en los países ricos. En conjunto, la economía mundial creció en 2015 un 3,1% ─un 0,5% menos de los esperado─ y se seguirá estancando en niveles "considerablemente menores" a los años previos a la gran recesión, apunta la OIT.


El empleo crece en los países desarrollados, aunque compensará sólo "marginalmente" el crecimiento del paro global. España sería uno de los ejemplos, pero sobre todo destacan Estados Unidos y otros países del centro y el norte de Europa. Ahora bien, según este estudio, pese a las mejoras, los países del sur europeo siguen presentando tasas altas de desempleo. Y lo que es más preocupante, bajas tasas de actividad. "Cuando el empleo decente escasea, más trabajadores pueden dejar de buscar empleo", afirma el informe. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. No sólo en EE.UU y en Europa, donde "se espera que el subempleo se mantenga o crezca" dando lugar a trabajo temporal o a tiempo parcial involuntario, sino en todo el mundo.


Trabajo de mala calidad, el problema acuciante


El empleo vulnerable, es decir, la proporción del trabajo por cuenta propia y el familiar no remunerado, los más precarios, ha alcanzado a 1.500 millones de personas en todo el mundo, más del 46% del empleo total. Su reducción es mucho más lenta e irá a peor especialmente en economías emergentes, donde el número de trabajadores vulnerables aumentará en 25 millones.

Ante este panorama, los expertos advierten de un crecimiento muy lento, incluso un parón total, de las clases medias (personas que con un consumo diario equivalente a entre cinco y 13 dólares) en países emergentes, elevando el riesgo de alimentar el malestar social.

En economías avanzadas, las mejoras en el mercado laboral son "limitadas y desiguales", afectando seriamente al crecimiento de la clase media. La OIT destaca que la desigualdad de ingresos ha aumentado "de manera significativa en los países más avanzados del G-20" al tiempo que los ingresos más altos siguen creciendo.
Pobreza laboral


Al nivel global, la OIT asegura que el número de empleados en situación de extrema pobreza (que viven con menos de 1,9 dólares diarios) se ha reducido "considerablemente" desde el año 2000, situándose en 2015 en 327 millones. No obstante, advierte de que hay 967 millones de trabajadores en situación de pobreza moderada o casi moderada (viven con entre 1,9 y cinco dólares al día), una cifra que no ha dejado de crecer desde el comienzo del nuevo milenio. Y no es algo circunscrito a países en desarrollo o emergentes, sino que la pobreza laboral también está creciendo en Europa, apunta el organismo.

 

La OIT insta, para paliar estas cifras, a aplicar políticas que aumenten la cantidad y calidad del empleo y que hagan frente a la desigualdad de ingresos. La mejora de los sistemas de protección social, diseñarlos para reducir el paro de larga duración, el subempleo y la pobreza laboral. Pero, sobre todo, insta a llevar a cabo una reforma financiera que obligue a los bancos a inyectar recursos en "la economía real" y en inversión para el "crecimiento empresarial sostenible". En ningún caso recomienda el organismo "recortes de gasto a gran escala" en los países afectados por el descenso de los precios del petróleo, ya que "tendrían repercusiones negativas a nivel mundial" y empeorarían estas perspectivas en todos los países.

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En su último informe, Obama elogia sus siete años de gobierno

En su último informe presidencial, que marca el principio del fin de su presidencia, que ocurrirá justo en un año, Barack Obama ofreció un elogio de sus logros durante sus siete años y, con su gran talento retórico, llamó a un futuro más seguro y la necesidad esencial del liderazgo estadunidense para enfrentar los desafíos económicos, políticos y de seguridad internos e internacionales.


Pero el mensaje, sobre todo, tenía la intención explícita de expresar optimismo frente a la retórica política pesimista de los republicanos.


En el informe anual –el llamado discurso sobre el estado de la Unión, presentado ante el Congreso y con la presencia de la Suprema Corte y el estado mayor–, Obama recordó que durante su presidencia se logró rescatar al país de la peor crisis económica desde la gran depresión, poner fin a dos guerras, evitar otra con Irán, se reinventó el sector energético, se promulgó la reforma de salud, se promovieron los derechos de las mujeres y la comunidad gay y se impulsó una nueva diplomacia internacional.


Reconoció que este año electoral y con un Congreso dominado por el Partido Republicano, que se ha destacado por frenar casi todas sus propuestas durante la mayoría de su estancia en la Casa Blanca, no anunció nuevas iniciativas de ley ni programas a impulsar con la gran excepción del Acuerdo Transpacífico (ATP) que goza de apoyo republicano y la cúpula empresarial, pero genera feroces divisiones dentro de su propio partido y amplia oposición entre algunos de los sectores claves en sus elecciones.


Afirmó que seguirá trabajando para promover cambios en varios rubros, entre ellos mejorar un sistema migratorio descompuesto (no mencionó las redadas que le han ganado el repudio de un amplio sector de sus aliados), instó al Congreso a levantar el embargo a Cuba, y reiteró su intención de continuar el cierre del campo de detención en Guantánamo.


Hay, dijo, cuatro grandes preguntas para el futuro: dar a cada persona la oportunidad y seguridad en una nueva economía, cómo hacer que la tecnología funcione para nosotros, incluso para resolver el cambio climático, cómo mantener seguro a Estados Unidos y ser líder del mundo sin volvernos su policía, y cuarto, cómo hacer que el ámbito político refleje lo mejor y no lo peor del país.


Obama rechazó que el país se esté debilitando en términos económicos y en su liderazgo internacional, como repiten los republicanos (sin mencionarlos por nombre). Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, Punto, afirmó, y señaló que los peligros no son resultado de una disminución del poder estadunidense, sino de una serie de cambios en varias regiones que requieren de un nuevo sistema internacional.


Las prioridades para ese sistema incluyen la lucha antiterrorista, pero advirtió contra exagerar la amenaza de un Estado Islámico, ya que no amenazan nuestra existencia nacional. Pero esa amenaza, argumentó, no es la única, ya que se espera que continúe la inestabilidad en varias partes del mundo durante décadas. Advirtió: no podemos tomar el control y reconstruir cada país que cae en crisis. Eso no es liderazgo; esa es una receta para el atolladero, derramar sangre y tesoro estadunidenses, que finalmente nos debilita. Es la lección de Vietnam, de Irak, y ya la deberíamos haber aprendido.


Por lo tanto, reiteró la importancia de los esfuerzos multilaterales para abordar estos desafíos mundiales, y enumeró como triunfos en este sentido el caso de Irán, la negociación exitosa del ATP, y los acuerdos alcanzados en París sobre el cambio climático.


Como ejemplo de una nueva era diplomática, señaló que los 50 años de aislar a Cuba no lograron promover la democracia y por eso restauramos relaciones diplomáticas, abrimos la puerta a viajes y comercio y nos posicionamos para mejorar las vidas del pueblo cubano. Instó al Congreso: "reconozcan que la guerra fría se acabó. Levanten el embargo".
Esta fue la única mención de América Latina esta noche.


En otro frente, reprobó todo ataque político por motivos de raza o religión, en clara referencia a políticos como Donald Trump y otros republicanos. "Cuando políticos insultan a musulmanes.... No nos hace más seguros...traiciona lo que somos como país".


Declaró que lo más importante es recuperar la vida cívica y política del país, buscando consensos y respetando diferencias. Más que nada, nuestra democracia se desmorona cuando la persona promedio siente que su voz no importa; que el sistema está amañado a favor de los ricos, o los poderosos, o algún interés reducido. Insistió en mayor participación, reducir la influencia del dinero en nuestra política y facilitar –no entorpecer– el proceso del voto.


Sin cambios como estos, aquellos con dinero y poder captarán más control sobre las decisiones que podrían enviar a un joven soldado a la guerra, o permitir otro desastre económico, y reducir los derechos de igualdad y de voto por los cuales generaciones de estadunidenses lucharon hasta la muerte.


Concluyó –con gran efecto retórico– que son los ciudadanos comunes y su trabajo constante, su esfuerzo, manifestantes en protestas, policías honestos, trabajadores, inmigrantes, enfermeras, maestros y más, todos los que se mantienen activos en la vida pública, quienes lo hacen confiar en el futuro del país.


Como siempre, los invitados por la Casa Blanca para sentarse junto a Michelle Obama simbolizaban algunos de los temas principales del informe. Entre ellos estaba el mexicano Óscar Vázquez, un dreamer (hijos de inmigrantes indocumentados que llegaron de niños y que han encabezado algunas de las luchas por la legalización) que a pesar de ser un estudiante estelar en ciencias no podía ir a la universidad por ser indocumentado y que se regresó a México para solicitar una visa y con el apoyo de políticos estadunidenses pudo regresar, se enlistó en el ejército y fue enviado a Afganistán, y ahora es empleado en una empresa ferrocarrilera.


Entre los invitados también estaban un refugiado de Siria, la primera mujer en convertirse en un ranger del ejército, los soldados de élite, varios veteranos de guerras, y se dejó un asiento vacío en honor a los muertos por la violencia de armas de fuego en este país.


De lo que no se habló de manera directa –aunque hubo referencias implícitas– fue de la guerra contra las drogas (ni aparecieron El Chapo o Sean Penn), ni de las redadas de inmigrantes, ni el gran movimiento nacional detonado por la violencia policiaca contra afroestadunidenses, ni la venta récord de armas estadunidenses al mundo, entre otros asuntos.
Y aunque habló de la desigualdad económica como algo que se tenía que abordar para un futuro próspero y más democrático, no mencionó que la concentración de la riqueza aumentó durante su presidencia.


Tampoco hubo lágrimas.

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Los grandes retos de Colombia por el Trabajo Decente
  • — Aumentó en 10% cifra de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos—
  • — 48.6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos—
  • — 64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social—
  • — 3´700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales—
  • — 3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros—
  • — De cada 10 personas ocupadas en trabajos precarios, 7 son mujeres—
  • — 12´573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales—
  • — Desde 2010 Min-Trabajo impuso 9.048 sanciones, pero solo cobró 38—
  • — Se mantiene violencia antisindical: 15 homicidios en este 2015—

 

El mundo laboral se detiene este miércoles 7 de octubre. Y lo hace para reflexionar sobre el trabajo, su calidad y los retos que Colombia debe asumir para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las personas y escenario en el que la ciudadanía negocia mejores condiciones laborales en un marco de respeto y diálogo social.

Para contribuir a esta necesaria reflexión la Escuela Nacional Sindical publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente, en el marco de las Jornadas Mundiales que el sindicalismo mundial y la sociedad civil celebran hoy.

La ENS ratifica su esperanza en los acuerdos que avanzan en La Habana y en su potencialidad para propiciar transformaciones profundas en estructuras y relaciones laborales todavía signadas por la precariedad, la incertidumbre de los trabajadores, la desigualdad, la discriminación y las amenazas o presiones a quienes ejercen su derecho de sindicalizarse.

Ahora que caminamos hacia el acuerdo de paz con las FARC, el país debe tener la capacidad de reconocer las carencias en Trabajo Decente y convertirlas en retos que deberán ser abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los acuerdos en torno a las políticas de trabajo decente, y en las grandes reformas que se necesitan para implementar los acuerdos para terminar el conflicto armado.

Otro gran reto para la construcción de la paz será que aprendamos como sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera para las personas y el bien público. Los acuerdos de paz generarán una ola modernizadora del país, y esperamos que esa ola contribuya a democratizarlo. En el mundo del trabajo la modernización y la democratización pasa por la legalidad laboral y el diálogo social.

En estos asuntos, como muestra el informe, falta mucho camino por recorrer para llegar a condiciones de trabajo decente que al menos generen empleo estable y productivo, que cese la persecución contra los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales sindicalizándose, y que el Estado tenga la capacidad de proteger los derechos de la población que trabaja.

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Sindical que publicará la ENS a comienzos de noviembre, más del 60% del movimiento sindical colombiano respalda el proceso de negociaciones de paz, y se movilizará masivamente en su defensa buscando especialmente reparación colectiva y reconstrucción del tejido social. Por el lado empresarial, estudios contratados por la Cámara de Comercio de Bogotá sitúan en el 55% el respaldo al proceso.

 

He aquí las 7 claves para entender las dificultades y los retos para lograr el trabajo decente en Colombia:

 

Romper el cuello de la informalidad

 

Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia trabajan 21´503.000 personas, pero el 64% de ellas carece de alguna protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías o afiliación a una caja de compensación), es decir, 13´750.000 personas, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.

Tenemos que señalar que 9´163.000 personas trabajan por cuenta propia, y es en este sector en donde se crea más empleo. El 64% de los colombianos trabajadores no tienen posibilidad de contar con un proyecto de vida a largo plazo.

La práctica de relaciones laborales ilegales es un fenómeno extendido que padecen al menos 3´700.000 personas en el país, quienes prestan sus servicios a un empleador y éste no les garantiza derechos laborales ni protección social.

La informalidad es situación que ha permanecido casi invariable durante décadas, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de los cambios legales para promover la formalización.

El cumplimiento de la ley laboral es el acto esencial de las obligaciones empresariales y el control a su incumplimiento el primer deber del Estado. Estas acciones son fundamentales a emprender para construir trabajo decente. Ellas pueden iniciarse en las áreas ya priorizadas en el Plan de Acción Laboral.

 

Forjar la paz en el campo con trabajo decente

 

Implementar los acuerdos de paz en el desarrollo rural implicará, sin duda, un proceso amplio de modernización de las relaciones laborales con trabajo decente, mediante la negociación colectiva con organizaciones sindicales que se reconstruyan. El impulso modernizador del campo deberá tener en el centro la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, y la presencia de la institucionalidad pública laboral (jueces laborales e inspectores del trabajo). Ya el Gobierno le ha pedido a la Organización del Trabajo (OIT) cooperación técnica para la implementación de las normas internacionales en el agro (inspección rural, asociación sindical).

La realización del Censo Nacional Agropecuario ha descorrido la indiferencia y los velos que le ocultaron al país las complejas realidades del trabajo rural, que se realiza en la actividad agropecuaria, la pesca, la silvicultura y la minería.

En el país hay 4.6 millones de personas trabajando en el sector rural, y de ellas 2.9 millones trabajan en la agricultura y 1.7 millones en otras actividades. El llamado cuentapropismo es alto, constituye el 50% de la población trabajadora. Así que más de 3 millones de trabajadores carecen de relación laboral alguna.

Dos datos, el de afiliación al sistema de riesgos laborales y los salarios en el sector agrícola, muestran el drama laboral en el campo: el 91% de las personas que trabajan en la agricultura carecen de protección por riesgos laborales, mientras la tasa nacional de afiliación es del 41,6%. El ingreso de los trabajadores de la agricultura es en promedio el 73% del salario mínimo ($469.333), mientras que el promedio nacional de ingresos es el 125% de un salario mínimo ($816.646). La brecha es dramática.

La precariedad del trabajo rural no se refiere únicamente a las cada vez más limitadas unidades agrícolas familiares. La precariedad está en boyantes sectores cobijados por el Plan de Acción Laboral, como el palmicultor o el floricultor, en los que 180.000 personas trabajan en situación precaria. Igualmente es histórica, y sin remedio, la informalidad en la caficultura y la ganadería. En cambio en la industria bananera existe un modelo moderno de relaciones laborales con negociación colectiva, diálogo social y contratación laboral directa. Es un ejemplo a seguir.

 

Hacer del ingreso digno un propósito de país

 

El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia, se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Pero eso no se da en Colombia.

La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10´450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes. O sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero eso no es lo peor, según el DANE este porcentaje subió más de 10 puntos entre 2013 y 2014, es decir los ingresos de los colombianos disminuyeron en el último año a pesar de la prosperidad o la paulatina disminución del desempleo.

Según las cotizaciones al sistema de pensiones, en el extremo superior sólo el 4,4% de los trabajadores acceden a ingresos laborales superiores a 8 salarios mínimos, que les permiten ubicarse en el decil más alto de los ingresos. Y apenas otro 4,3% de los asalariados obtiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos, que les permiten disponer de alguna parte de sus ingresos para algo más que satisfacer sus necesidades básicas.

La inequidad laboral y el acceso a la propiedad de la tierra son las principales razones por las que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente, y no ha habido una variación significativa en esta situación. El coeficiente de Gini es de 0.538, sin variación en los últimos 3 años.

 

Combatir la desigualdad de género en el trabajo

 

Para las mujeres colombianas la vida laboral sigue siendo fuente de discriminación, exclusiones y razón de pesadas cargas que llevan solas.

La tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12%) que para los hombres (7%). La inmensa mayoría de las mujeres (53,4%) gana por su trabajo 1 salario mínimo mensual o menos. Y las mujeres siguen sosteniendo la vida familiar. En promedio una mujer trabaja en su casa, o en las de otros, 6,3 horas diarias, realizando labores domésticas o de cuidado sin remuneración alguna.

Usando las cifras oficiales, la Escuela Nacional Sindical constató que 7 de cada 10 personas ocupadas en los trabajos más precarios (servicios sociales, comunales y personales) son mujeres, mientras que 8 de cada 10 persona ocupadas en agricultura, pesca y ganadería son hombres. También reconoció que si bien las mujeres aumentan su participación laboral, ello no significa que accedan a cargos de dirección: sólo el 25,8% de las mujeres desarrolla un cargo de dirección o autoridad, ello a pesar de que las mujeres tienen hoy niveles más altos de escolaridad que los hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo se reduce a considerar la oferta de empleos como política para generar equidad de género en el trabajo y no apunta a resolver otro de los problemas serios de la desigualdad laboral, que es la doble jornada, como carga que todavía pesa sobre sus hombros.

 

Definir una política de salud laboral

 

En el trabajo las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura, el 58,4% de los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12´573.409 personas).

Reconociendo que solo el 41,6% de quienes trabajan están afiliados a una ARL, en el año 2014 y oficialmente se registraron en el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2 diarias en promedio), 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios) y las Aseguradoras de Riesgos Laborales apenas reconocieron 9.771 casos de enfermedad laboral (27 casos diarios).

Aceptando que la informalidad y la precariedad del trabajo hacen que casi el 60% de las personas que trabajan no tengan acceso a la atención por riesgos o enfermedades laborales, y que el sistema está diseñado para evitar el reconocimiento de estos hechos, es clara la existencia de un enorme subregistro.

El Gobierno, las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas están en mora de diseñar un sistema de seguridad laboral que se fundamente en la afiliación universal, mejorar la prevención y no simplemente atenuar los riesgos para la salud o los efectos de los accidentes en el trabajo, y estudiar a fondo los impactos que en la salud de las personas tienen el trabajo precario y desprotegido.

 

Fortalecer la inspección laboral

 

La creación del Ministerio de Trabajo no ha contribuido, como se esperaba, a fortalecer y hacer eficiente un modelo de inspección laboral que atienda los estándares del derecho internacional del trabajo y las prioridades establecidas en el Plan de Acción Laboral; un modelo que garantice el ejercicio de los derechos humanos en el trabajo, mejore las condiciones de los trabajadores y tenga capacidad de hacer valer su capacidad legal, policiva y sancionatoria.

Las cifras que prueban la ineficacia de la inspección laboral abruman y provienen del propio Ministerio de Trabajo. De cada 4 quejas que presentan trabajadores y sindicatos buscando protección a las libertades sindicales, en 3 casos los inspectores no actúan, no protegen derechos. A pesar del uso masivo de la intermediación laboral ilegal, los inspectores del trabajo solo han iniciado 261 investigaciones entre 2012 y 2014. Desde su creación en el 2010 Ministerio de Trabajo ha impuesto 9.048 sanciones y multas, pero solo se han cobrado 38, al rededor del 0,5% del total. Así que la función disuasiva de las sanciones es inexistente y el monto de las multas es irrisorio, la impunidad es casi completa.

La consolidación del modelo de inspección laboral le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo generar la carrera administrativa que ofrezca estabilidad laboral a los inspectores, llevarlos al trabajo de campo y procurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Una situación que no se ha conseguido hasta ahora.

 

Garantizar el diálogo social

 

El diálogo social se garantiza por los derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a los trabajadores que se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Diálogo social hay si tenemos sindicatos fuertes y gremios empresariales representativos, y ninguna de estas cosas ocurre en el país.

En Colombia sólo 4,4 de cada 100 personas que trabaja está sindicalizada. La modificación de esta tasa impone reducir la tercerización y la persecución antisindical, aunque los sindicatos vienen dando fuertes batallas para afiliar trabajadores tercerizados, lo que ha generado un aumento del número de sindicalizados en el país, que pasaron de 830 mil en 2010 a 960 mil en 2014, cifra que no incluye a los trabajadores bajo la modalidad de contrato sindical gestionados por sindicatos ficticios. Este aumento de la sindicalización, que ocurre en medio de grandes obstáculos, quebró la tendencia a la baja que ocurría desde 1984, cuando la tasa de sindicalización alcanzó a ser del 16%.

Esta recuperación de la afiliación sindical ha sido recibida con hostilidad por el empresariado. La Encuesta de Opinión Sindical de la ENS muestra cómo para los dirigentes encuestados los principales problemas para el ejercicio de la libertad sindical son: despidos injustificados, hostigamiento, amenazas de despidos y prohibiciones para sindicalizarse.

El segundo gran derecho sindical, el de negociación colectiva, ha disminuido. En 2013 se firmaron 459 convenciones colectivas, en 2014 solo 347, mientras tanto aumentan las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos colectivos y los contratos sindicales. Los primeros pasan de 204 a 236 del 2013 al 2014, y los contratos sindicales se disparan y pasan de 984 a 1.925 en esos dos años. Hoy están vigentes 3.441 contratos sindicales, administrados por 141 sindicatos de papel. La inmensa mayoría de estos contratos tercerizan trabajadores del sector de la salud.

La dinámica de la movilización y protesta de los trabajadores por razones laborales se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, en comparación a lo ocurrido entre 1990 y 2010.

En este contexto restrictivo de las libertades sindicales y de esfuerzos de las organizaciones por crecer y aumentar la sindicalización, se mantiene la violencia antisindical. El Sistema de información en derechos humanos de la ENS ha registrado 15 homicidios de sindicalistas en el transcurso del año 2015, registró 21 casos en 2014, de un total de 380 violaciones a derechos humanos de miembros de organizaciones sindicales. Y desde 1977 ha registrado 3.088 homicidios que han afectado a 450 sindicatos.

Enormes retos enfrentarán sindicatos y sociedad entera en el futuro cercano cuando operen la comisión de la verdad, la justicia especial de paz y se concrete el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima.

Alcanzar la paz duradera requiere garantizar trabajos productivos, con derechos y con protección social; libertades sindicales y diálogo social eficaz. Para lograrlo es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque tanto en sentido general como en el particular del mundo del trabajo, el esfuerzo mayor que deberá emprender la sociedad colombiana será fortalecer esas instituciones públicas para prevenir y solucionar los conflictos laborales, lo que sin duda requerirá de nuevos marcos legales que contribuyan a establecer relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos laborales, en el diálogo y la negociación colectiva.

Con seguridad deben comenzar debates públicos alrededor de la política de formalización laboral, el fortalecimiento de la inspección laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

 

Cuadros con información relevante*

 

 

 

 

*Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Escuela Nacional Sindical (ENS), Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

 

 

Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado, tres veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa, dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

 

Publicado 7 de octubre de 2015.

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La burbuja del petróleo estalla en Puerto Gaitán

El auge y caída de un municipio pobre del interior de Colombia ilustra la crisis provocada por el descenso en los precios del crudo

Las toninas son unos delfines rosados que, se supone, uno puede avistar en el río Meta. Hasta 2007, una réplica de estos cetáceos sobre una fuente saludaba a la entrada de Puerto Gaitán. Todo terminó cuando el petróleo empezó a permear la vida del último núcleo urbano previo a Campo Rubiales, el mayor complejo petrolero de Colombia. Hoy, un inmenso arco por el que se pagó más de un millón y medio de euros y decorado con coloridas flores inexistentes en la zona da la bienvenida al visitante con un pequeño letrero en el que se lee: Puerta al paraíso.


Hace 10 años Puerto Gaitán contaba con 18.000 habitantes y era el municipio más pobre del departamento del Meta, en el interior del país. Con la bonanza petrolera, las tornas se invirtieron y la localidad alcanzó los 45.000 vecinos en 2014. Pasó a ser la más rica y su gente disfrutaba de una de las mejores rentas per cápita del país. Campo Rubiales, a poco más de 160 kilómetros, tuvo la culpa. En 2007 apenas producía 25.000 barriles de crudo diario. Bajo la gestión de Pacific Rubiales, dirigida por el venezolano Ronald Pantin, trabajador durante más de 20 años de PDVSA, la producción superó los 230.000 barriles diarios, el 25% de la producción de Colombia.


La repercusión en la vida de Puerto Gaitán fue inmediata. De apenas dos calles pavimentadas se ha pasado a calzadas asfaltadas y a partir de las dos pequeñas plazas han crecido negocios de telefonía, ferreterías, restaurantes... En siete años se crearon 120 hospedajes. La entrada de millones de pesos en las arcas públicas permitió celebrar un festival de música en enero. Durante tres días, más de 65.000 personas mueven la economía local de tres o cuatro meses. Por su escenario han desfilado artistas internacionales como Marc Anthony, Juan Luis Guerra o Daddy Yankee. El patrocinio del sector petrolero, en algunos casos de hasta mil millones de pesos (300.000 euros), cubría las actuaciones.

El tiempo verbal, sin embargo, debería ser ya el pretérito. Desde el pasado verano, muchos establecimientos han tenido que cerrar y en otros cuelga el cartel de "se alquila" o "se vende". Donde hace años se pagaban 450.000 pesos (143 euros) por una habitación hoy son 150.000 (50 dólares). Entre 2009 y 2013, las licencias de construcción oscilaban entre las 180 y las 200 al año; en 2014, eran de 132. En estos siete meses, se han firmado 32.


Industria en horas bajas


La crisis mundial del crudo ha golpeado de lleno Colombia. Según la Asociación Colombiana del Petróleo, para este año estaban programadas las perforaciones de 47 pozos. En mayo solo se habían iniciado nueve. El Estado colombiano dejará de recibir en 2016 entre 15 y 20 billones de pesos por ingresos del petróleo. Entre directos e indirectos, el sector generaba 120.000 empleos, de los que 20.000 se podrían ver afectados.


Wilson Romero, propietario de una droguería y de una clínica por la que solían pasar 50 o 60 personas al día, se da con un canto en los dientes cuando atiende a cinco personas. "Casi tenemos que hacer fiesta, lo normal es recibir a dos o tres al día", se resigna Romero, un hombre de 60 años que se desenvuelve por el pueblo como si fuese el alcalde. En dos años tuvo que despedir a cuatro de sus 14 empleados y no descarta prescindir de dos más en los próximos meses.


La mayoría de sus clientes eran trabajadores de Campo Rubiales. Como los que acudían a Juan Pablo Posso, director del Instituto Petróleo HSEQ, uno de los encargados de capacitarlos en labores de altura y primeros auxilios. De una media de 200 personas se ha pasado en menos de un año a 80, la mayoría de ellas dedicadas a la construcción.


Con la caída de sol, los camiones cisterna pernoctan a las afueras de Puerto Gaitán. Los aparcamientos, desiertos, se asemejan a un cementerio de vehículos. Hace solo un día que Natalia Leyva, hoy aspirante a alcaldesa, ha decidido cerrar el suyo. En sus terrenos llegó a alojar a 330 camiones cada noche. Los últimos meses, no pasaba de tres. Los lugareños viven inmersos en la añoranza. Los hay quienes, como Wilson Romero, apuran alguna cerveza en la terraza de un bar antes de moda. Es viernes por la noche y apenas hay sillas ocupadas en el local donde aún cuelgan carteles promocionando el Mundial del año pasado. Enfrente, el delirante arco sigue dando la bienvenida a un paraíso que ha resultado efímero.

 

El crecimiento económico se frena en América Latina


El horizonte económico no es halagüeño para Colombia, como tampoco para el resto de la región latinoamericana. Si la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recortaba la previsión de crecimiento en América Latina para 2015 en cuatro décimas, hasta el 0,5% (1,7% para 2016), sólo en Colombia, el retroceso es de medio punto, hasta el 3%. La caída de precios de las materias primas es uno de los principales lastres de las economías, sumado a la falta de inversión y la pérdida de confianza.


De la revisión del FMI solo saca la cabeza Argentina, con un pronóstico del 0,1% para el presente año, cuatro décimas por encima de lo esperado. Junto a Colombia, el Fondo redujo la estimación de crecimiento de Perú, hasta el 3,2%, y Chile, al 2,5%. Brasil caerá un 1,5% y México avanzará un 2,4%, por debajo de lo previsto.


Las exportaciones de hidrocarburos en Colombia representan el 54% del total del país, el 40% de la inversión extranjera proviene de la industria petrolera y la quinta parte de los ingresos fiscales del país los genera este sector. Pese a ello, las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen una estela de crecimiento sostenible para el país en un momento en que, si algo necesita, son unas boyantes arcas para afrontar, llegado el caso, el posconflicto tras más de cinco décadas de guerra.

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Situación laboral y sindical de Colombia, en cifras

Pobreza y desigualdad:

El crecimiento económico del país beneficia más a personas de altos ingresos. La desigualdad no disminuye. En 2014 el índice Gini (que mide la concentración de la riqueza) fue 0,538. Bajó sólo 0,001 puntos con respecto a 2013.
La tasa de pobreza fue 28,5% (13´210.000 personas pobres). En las zonas rurales la pobreza es más alarmante: 41,4%. La tasa de pobreza extrema, o indigencia, fue de 8,1% (3´742.000 personas).

Generación de empleo e ingresos:


En 2014 el total de ocupados fue 21´503.000, o sea 2´290.000 nuevos ocupados con respecto a 2010. Más allá de este incremento, se debe analizar la calidad del empleo generado, que en mayor porcentaje ha sido en la informalidad.
Desempleo en 2013 fue de 9.6%, en 2014 de 9.10%. Cúcuta fue la ciudad con mayor desempleo (15,0%) y San Andrés la de menor (7,0%); para un total de 2'151.000 desocupados.

La mayoría de los ocupados, 51,8%, se caracteriza por ser no asalariados, esto es 11´130.000 personas, en su mayoría con empleos de baja calidad.
En materia de ingresos, el 48,7% de los ocupados tuvo ingresos de 0 a 1 salario mínimo legal (el 23,2% devengó de 0 a 0,5 smlmv; y el 25,4% de más de 0,5 a 1 smlmv). Esto como producto de la informalidad y subcontratación laboral.

 

Formalización laboral:


En el primer semestre de 2014 la tasa de informalidad laboral nacional, según acceso a la seguridad social, fue de 63,0%; en las 13 áreas metropolitanas fue 48,4%, o sea 5´076.000 personas. Esta es por lo general una población con deficiente calidad de empleo en cuanto a ingresos, estabilidad, negociación colectiva, jornada laboral y acceso a seguridad social. Cúcuta fue la ciudad con la mayor tasa de informalidad (70,7%) y Bogotá con la menor (43,7%).
El 46,6% de la población ocupada no tiene contrato de trabajo, 29,5% tiene contrato escrito, y 18,8% uno verbal.
La tasa de afiliación al sistema de pensiones fue 35,6%, cifra inferior en 6,4 puntos a la meta del gobierno.
Solo uno de cada 4 adultos mayores recibe pensión.

 

Enfermedad y muerte en el trabajo:

Sólo el 41,6% del total de ocupados (8´935.748) está afiliado al sistema de riesgos laborales. O sea que de 100 ocupados, 58 están por fuera del sistema. Además del total de afiliados solo 4,7% son trabajadores independientes.


En 2014 los accidentes se incrementaron 15,7% respecto a 2013, y esa misma tendencia se observó en las enfermedades laborales y las muertes en el trabajo. Se produjeron 580 muertes calificadas, mayoritariamente en sectores inmobiliario y construcción.

 

Las brechas de género:

En cuanto a la participación en el mercado laboral, la brecha entre hombres y mujeres no presentó cambios significativos: en 2014 fue de 22 puntos.

En el tema del desempleo, la brecha permaneció en 4,9 puntos a nivel nacional y en 7,0 puntos en zonas rurales.

En materia salarial, el 53,4% de las mujeres se concentró en el rango salarial de entre 0,0 y 1 smmlv, mientras que en ese rango está el 45,3% de los hombres. De las personas que recibieron más de 1,5 smmlv, solo el 36% eran mujeres.

 

Los jóvenes continúan en desventaja:


A pesar de los esfuerzos planteados por la Ley 1429 de primer empleo, la calidad de los empleos de los jóvenes no mejora. Colombia continúa con una de las tasas de desempleo juvenil más alta del promedio de América Latina.

En 2014 la tasa de desempleo juvenil fue 15,8%. Los jóvenes desempleados representaron el 51,1% del total de desempleados. Y a las mujeres jóvenes les va peor: tienen tasa de desempleo de más de 8 puntos por encima de los hombre jóvenes: 20,7% contra 12,2%, respectivamente.

 

Trabajo infantil sigue en altos niveles:

- La tasa de trabajo infantil fue de 9,3%, rebajó 0,4 puntos con respecto a 2013. La tasa ampliada, que tiene en cuenta a los niños, niñas y adolescentes que trabajaron en el hogar más de 15 horas a la semana, fue de 13,9%.


- 1´039.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Colombia. Los sectores en los que más lo hacen son: comercio, hoteles y restaurantes (38,2%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,0%), e industria manufacturera (11,4%).


- El 53,1% de los niños, niñas y adolescentes trabajan sin remuneración; 22,9% reciben hasta 1/4 smmlv; 12,8% más de 1/2 smmlv; y 9,3% entre 1/4 y 1/2 smmlv.

 

Negociación colectiva sigue marginal

- En los dos últimos años se firmaron 432 acuerdos colectivos en el sector público, que beneficiaron aproximadamente 728.517 funcionarios.

- En 2014 se instauraron ante el Ministerio del Trabajo 50 querellas por uso ilegal de pactos colectivos, que es una estrategia de los empleadores para impedir la organización de los trabajadores, o evitar que los sindicatos se fortalezcan.

- Crecieron también los contratos sindicales, usados para mantener la intermediación ilegal y vulnerar derechos de libertad sindical. En 2013 se firmaron 964 contratos sindicales, y a julio de 2014 ya eran 819, la mayoría en el sector salud.

 

Crece la protesta sindical y laboral:

- En 2014 hubo 370 acciones de protesta, con predominio de las agrupadas como jornadas o manifestaciones, con 80,81%. Los ceses de actividades (paros y huelgas) representaron el 17,5% de las acciones.

 

La violencia antisindical persiste:

En 2014 se registraron 341 casos de violencia contra sindicalistas, discriminados así: 20 homicidios, 210 amenazas, 73 hechos de hostigamientos, 12 detenciones arbitrarias y 23 atentados de muerte, entre otras.

 

Los datos hasta aquí presentados dan cuenta, pues, del déficit que en el tema laboral y sindical tiene el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos".

 

* A marzo de 2014

 

29 de abril de 2015.

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Seis de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad en América Latina

Unos 27 millones los jóvenes trabajan de manera irregular en América Latina y el Caribe, y "hay un potencial incremento de la informalidad en este marco de desaceleración económica en la región", informó este miércoles Elizabeth Tinoco, la directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la presentación en Lima de un nuevo estudio sobre empleo juvenil.

 

La OIT alertó de que seis de cada diez puestos de trabajo disponibles para jóvenes latinoamericanos tienen condiciones de informalidad, es decir, de escasa calidad, salarios bajos, sin contrato, estabilidad, protección social, ni derechos.

 

Tinoco señaló que la tasa de informalidad en el empleo juvenil en América Latina ha caído un par de puntos desde la última medición en 2013, "aunque la reducción se debe a la disminución de la fuerza laboral, es decir, una cantidad menor de jóvenes busca trabajo porque está desalentado, porque lo que va a ganar no es suficiente, o porque decidió volver al colegio".

 

La informalidad juvenil no agrícola llega al 55.7% en promedio en la región, aunque ésta trepa hasta el 86,4% en el sector de emprendedores jóvenes –o trabajadores por cuenta propia–. La misma condición afecta al 32% de los que trabajan en empresas formales.

 

Tinoco también planteó que la sociedad en América Latina debe dar prioridad a la reforma del sistema educativo, como un problema estructural en relación al empleo de calidad. Guillermo Dema, especialista regional de la OIT en empleo juvenil, precisó que los jóvenes con empleos precarios tienen en promedio 2.5 años menos de estudios que sus pares en un trabajo formal.

 

El informe 'Formalizando la informalidad juvenil. Experiencias innovadoras en América Latina y el Caribe' plantea algunas salidas al problema. "Por ejemplo, subsidios a las empresas que permitan a un joven acceder a un primer empleo formal. Hay un bucle continuo: si un joven tiene un primer empleo informal, le va a costar salir de ese sector. Y el subsidio se debe a la poca productividad del joven al principio", anotó Dema.

 

Según el experto, entre los factores que contrarrestan la informalidad en algunos países figuran el que los programas laborales para esta población no sean temporales, "sino parte de las políticas públicas; que partan de un diagnóstico preciso de la situación de la juventud y que los jóvenes participen en los procesos de elaboración de los programas para ellos".

 

"Chile está implementando un subsidio a la pequeña empresa y al trabajador, mientras que México no solo tiene un programa de primer empleo formal para el joven, sino que viene acompañado de un incentivo para que adquiera su primera casa", precisó Tinoco.

 

Por su parte, Carmen Moreno, directora de la OIT para los países andinos, planteó que un componente importante debe ser la formalización de las pequeñas empresas, "con un programa de incentivos a las microempresas de baja productividad donde se concentra la informalidad".

 

La directora regional de la OIT destacó que América Latina tiene en este momento la generación más educada de su historia, y si hay frustración entre quienes no encuentran las oportunidades que merecen, estos puede traducirse en cuestionamientos al sistema y a la democracia, en particular. Además, puso énfasis en que los programas destinados al empleo juvenil no pueden apartarse de la ley, menoscabando los derechos laborales de las personas: "Deben estar en armonía con la ley general", expresó.

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El 40% de latinoamericanos recibe dos dólares por una hora de trabajo

A pesar de los avances sociales cosechados en la última década, más de 200 millones de los latinoamericanos viven en situación vulnerable

Los avances sociales y económicos de Latinoamérica durante la última década no han logrado soslayar una dura realidad: el 40% de la población está en situación vulnerable, es decir, tiene el riesgo de caer en la pobreza, lo cual se agrava con la desaceleración económica.


Algunas estadísticas arrojan luz sobre la dimensión de este problema. En salarios, el 40% más vulnerable de latinoamericanos ingresan un promedio de 1.72 dólares por hora, mientras que el 60% más asentado tiene un ingreso medio de 5.12 dólares la hora. Y las diferencias son también evidentes al analizar los años de educación de cada sector de la población: mientras el 40% más desfavorecido ha estudiado una media de 6,4 años, el 60% con mayores ingresos lo ha hecho 9,3 años.

 

 


Según se puede observar en la infografía, la región fue una de las más exitosas a la hora de aumentar los ingresos del 40% más pobre de la población, pero en países como México, Perú, Colombia, Brasil o Paraguay, más de la mitad de este grupo sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza.


Con estas diferencias sociales afronta América Latina la nueva década, en un entorno de bajo crecimiento económico generalizado, tanto regional como global. Tal y como indica un informe del Banco Mundial, los principales retos para la región en los próximos años girarán en torno a cómo mejorar tanto la calidad de vida como los ingresos del 40% más desfavorecido de la población, para garantizar que no regresen a la pobreza y preservar así los importantes logros cosechados en el pasado.

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