Los derechos laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo

Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.

Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.

Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:

Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.

 

Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado "todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:

 

1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.

2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.

3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que "debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo". En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: "El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente... También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización". Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.

5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como "El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva...". "Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros". Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.

6- En el proyecto de PND se plantea "Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo", pero no se incluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.

 

Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.

 

Publicado 16 de abril de 2015.

Publicado enColombia
"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Qué queda para la huelga: ¿prohibirla, eliminarla, ajustarla, ampliarla?*

Desde 2012, en el marco de las reuniones de la OIT, se inició un gran debate sobre la existencia o no de un derecho de huelga; debate que en Colombia tiene otros matices, ya que la Constitución Política reconoce tal derecho. La pregunta es más bien por el marco de su extensión o alcance.

Ambas discusiones tienen diferentes escenarios pero una misma repercusión. ¿Cómo poder ejercer el derecho de la huelga? El debate es largo y de mucho peso, y por tanto requiere de suma atención por parte de las autoridades nacionales y todas las organizaciones sindicales.

El debate se inició con la elección de Guy Rider (Candidato de la Confederación Sindical Internacional) como nuevo director general de la OIT, buscando hacer efectivo el trabajo decente como su bandera principal. La propuesta del candidato Francés que quedó en segundo lugar, se basaba en darle un giro a la organización para que prestara una asesoría más técnica, no un fuerte control de normas.

La de Rider no fue una elección de consenso, fue una elección de la mayoría que venció al candidato de los empleadores. La reacción de éstos no se hizo esperar. Desde ese mismo año boicotearon el trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas (que a la fecha no ha logrado llegar a consensos sobre las decisiones a tomar en caso de violación de derecho de huelga, y ha bloqueado el estudio de 38 casos en los últimos 3 años); atacaron las metodologías de trabajo de la OIT en su sistema de control de normas; atacaron a la Comisión de Expertos independientes de la OIT, su doctrina, decisiones y el roll que tienen en la organización; y desde entonces han ignorado la violación de libertades sindicales en más de 20 países. La posición de los empleadores hoy es que en OIT no hay derecho de huelga, sino que éste existe en las legislaciones de los países, con las limitaciones que a bien tenga imponer cada país (2).

Desde el debate normativo, el ataque de los empleadores se resume en la inexistencia de la palabra huelga dentro del Convenio 87 sobre libertad sindical, y la interpretación, para ellos desbordada, que los órganos de control de normas han realizado. Desde un punto de vista político es un ataque a la OIT, a su director, a gobiernos y trabajadores del mundo.

La OIT, a través de sus órganos de control de normas, durante los últimos 50 años ha tomado decisiones en consenso sobre el derecho de los trabajadores de convocar y participar en las huelgas. El texto de la Central Sindical Internacional "The right to strike and the ILO the legal foundations" (3) (2014), es una compilación de decisiones que la Comisión de Expertos, el Comité Tripartito de Libertad Sindical, y la Organización de la OIT han tomado desde su constitución.

En el Comité de Libertad Sindical los empleadores, trabajadores y gobiernos han defendido la existencia del derecho de huelga en aproximadamente 500 casos desde 1951. En el 333er informe, caso núm. 2204, párrafo 228, lo consensuó afirmando: "Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio núm. 87."

Y en el 311º informe, caso núm. 1954, párrafo 405, se lee: "El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87". De igual forma en el caso 102 contra el gobierno de Sudáfrica el comité protegió el derecho de huelga (sin que existieran los convenios de libertad sindical) de la interpretación directa de la Constitución de la OIT, toda vez que para lograr la justicia social consagrada por la OIT en su constitución, hay un vínculo inherente entre la libertad de asociación y el derecho de huelga.

Es imposible borrar la historia de la OIT con un arrebato, pero los empleadores se han esmerado en bloquear el trabajo en la OIT. Al respecto Luc Cortebeeck, quien ha estado al frente de la vocería de los trabajadores en este debate, dice: "Lamentamos que no se haya tomado una decisión definitiva acerca del reconocimiento del derecho de huelga de acuerdo con el Convenio núm., 87. Esperamos que en febrero o marzo se encuentre una solución. Seamos lógicos: o se reconoce que el derecho de huelga deriva del Convenio núm. 87, o habrá que remitir la disputa a la Corte Internacional de Justicia".


Por su parte la Central Sindical Internacional (CSI) está firme. Sharan Burrow, su Secretaria General, afirma: "Los argumentos de los empleadores en la OIT son legalmente infundados. Yo estoy confiada en que la argumentación de la CSI de nuestro reporte prevalecerán ante cualquier tribunal internacional" (4).

 

¿Cómo está el debate en Colombia?

 

Desde hace muchos años los expertos y el Comité de Libertad Sindical han expresado al gobierno colombiano su preocupación por las graves prohibiciones normativas respecto al derecho de huelga.

Porque son múltiples las limitaciones a este ejercicio. Encontramos ocho, a saber:

 

  • - Se limita la huelga a federaciones y confederaciones.
  • - Se prohíbe la huelga en empresas o servicios públicos que no son esenciales en sentido estricto.
  • - No existe servicio mínimo para garantizar la huelga en servicios públicos esenciales en sentido estricto.
  • - Está prohibida la huelga en modalidades diferentes al cierre total de la empresa. No se pueden hacer huelgas locales, parciales, entre otras.
  • - Se permitir el despido de trabajadores que han participado en huelgas ilegales, sin necesidad de un juicio justo.
  • - Se imponen mayorías absolutas para celebrar huelgas, incluso en empresas con gran cantidad de trabajadores o distribuidas por todo el país.
  • - Se permite que un Tribunal de Arbitramento pueda obligar a terminar una huelga antes de la solución del conflicto colectivo.
  • - Se permite que autoridades administrativas hagan injerencia indebida para que los trabajadores no sindicalizados levanten la huelga por votación.

 

La más reciente violación se dio a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Anthoc, que declaró ilegal la huelga efectuada en los hospitales pese a que esta organización sindical garantizó la prestación de servicios mínimos. Según el concepto de los jueces, la ilegalidad se derivó de "poner en riesgo" los derechos de los pacientes. Es decir, generó una prohibición absoluta al ejercicio de la huelga que puede contaminar los demás servicios públicos.

Ante tantas prohibiciones, ¿por qué las autoridades han permitido estos límites? Si no tomamos en cuenta los intereses económicos y políticos de los empleadores o gobiernos, la respuesta parece ser fácil. Porque nos han hecho creer que la huelga es un mecanismo de presión para mejorar salarios, y no un derecho. Autores como Perdomo (2015), o Sánchez (2008), han afirmado que el error radica en concebir la huelga solo como una etapa de la negociación colectiva. Entendida así la huelga tendría que limitarse por intereses superiores, como la vida, la salud, la seguridad; o por intereses no superiores, como la educación, la economía o la prestación del servicio.

Pero si entendemos que la huelga no es un mecanismo de presión, sino un derecho para defender derechos laborales, la línea de los límites es diferente. La huelga es un derecho para garantizar el salario móvil, el cumplimiento de las condiciones laborales, las condiciones de salud, seguridad social (Ley 584 de 2000, art. 7); o para proteger de manera solidaria (C-201/02) o ante políticas públicas que afectan directamente los derechos laborales (C-858/08).

En un contexto laboral como el de Colombia, el derecho de huelga como libertad para defender derechos y condiciones laborales, no solo es una concepción necesaria, sino una realidad inmodificable. Por efecto de una ley o por una discusión no desaparecerá el derecho de huelga. El último informe nacional de trabajo decente realizado por la Escuela Nacional Sindical muestra cómo en los últimos años ha aumentado de manera progresiva el uso de huelgas en Colombia. Durante 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral produjo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%. Y en los últimos cinco años se rompió el récord histórico de movilizaciones que lleva la ENS.

Lo cierto es que las mayorías en el Congreso de la República podrán borrar el ejercicio del derecho de la huelga, y los empleadores no deben continuar con su intento de prohibirlo o ignorarlo. Por el contrario, y desde su perspectiva, sería mucho más gravoso que no se regulara el ejercicio de la huelga.

En el marco normativo latinoamericano, la mejor y más importante norma sobre huelga que define límites mínimos y máximos, es el protocolo de San Salvador, que en su artículo 8 dice: "Los Estados partes garantizarán: a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses [...]. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. b) El derecho a la huelga. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley".

El mandato es claro: permitir el ejercicio de la huelga en la mayor medida posible, y limitar (sin prohibir de manera absoluta el derecho humano de huelga) solo para casos predeterminados en la ley y por razones amplias y suficientes.

Ajustar el derecho de huelga a los estándares internacionales es una obligación que, en el marco de los derechos humanos, debe asumir el Estado. Adicional a esto, existe el mandato internacional derivado de las decisiones de los organos de control de normas de la OIT. Y recientemente la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-796 de 2014, indicó que existen ambitos de la huelga que no ponen en riesgó la vida, salud o seguridad de la población, y exhortó al Estado colombiano a legislar sobre la huelga, en sentido de garantizar el ejercicio de la huelga con el mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas (5).

Publicado 17 de febrero de 2015.

 

*  Documento de análisis basado en el texto “Evolución normativa de la huelga en Colombia 2008-2015”. Escuela Nacional Sindical.

Ibidem. “Dos afirmaciones que no aceptaron los empleadores, que la huelga sea concebida como un derecho fundamental, o que la huelga se encuentre reconocida en el Convenio 87 de la OIT. En el mismo texto, los empleadores negaron tales afirmaciones, posiciones como: “El Grupo de los Empleadores de la Comisión de la Conferencia considera que ni los trabajos preparatorios del  Convenio núm. 87 ni una interpretación basada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados proporcionan una base para elaborar, a partir del Convenio, principios que regulen detalladamente el derecho de huelga”. O “el derecho de huelga no tiene ningún fundamento jurídico  en los  convenios sobre libertad sindical”. Además atacaron a los expertos, al afirmar: “Los miembros empleadores reiteraron su posición en 2011 y señalaron que las observaciones de la Comisión de Expertos sobre el derecho de huelga y los servicios esenciales no eran compatibles con el texto y la historia de la preparación y negociación del Convenio núm. 87”.

3 www.ituc-csi.org/the-right-to-strike-and-the-ilo?lang=es

http://www.ituc-csi.org/new-legal-report-right-to-strike tomado el 13 de febrero de 2015

5 C-796 de 2014. Exhortar al congreso para que en el término de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la constitución política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado.

Publicado enColombia
Martes, 20 Enero 2015 17:54

Salario mínimo, insuficiente e irreal

Salario mínimo, insuficiente e irreal

Luego de más de tres meses de frustradas negociaciones entre la comisión tripartita encargada de negociar el salario mínimo, el Gobierno Nacional decidió aumentarlo en un 4,6 por ciento para el 2015. Sin embargo, mientras las organizaciones sindicales demandan a puerta cerrada una remuneración justa de la remuneración mensual, la realidad es más compleja pues pocas son las empresas en Colombia que cumplen de forma efectiva con el pago del salario mínimo.

Ángela tiene 32 años y un hijo de cinco. Es madre soltera, como el 84 por ciento de las mujeres en el país1. Es una mujer robusta y alta de acento santandereano y costumbres boyacenses. En el pasado vivió más de la mitad de su vida en Chitaraque, un pequeño pueblo de Boyacá, donde trabajaba en la molienda por temporadas y en uno que otro trabajo esporádico que encontraba. Ahora Ángela vive en Acacías, otro pequeño pueblo colombiano a 30 minutos de Villavicencio. Estudió para ser auxiliar de enfermería pero se cansó de no encontrar empleo y consiguió un trabajo en un almacén de ropa en el centro del municipio. Tiene un contrato laboral como el de cualquier otro empleado. Su jornada es de lunes a domingo, sin descanso, de 8 a 8, sin salud, ni pensión, ni afiliación a ninguna Administradora de riesgos profesionales (arp).

Ángela gana 23 mil pesos al día, nunca ha recibido liquidación ni prima salarial. Sin embargo se siente agradecida por su trabajo.

Los sindicalistas y los abogados que lean esta nota seguramente dirán que lo vivido por Ángela es ilegal y demandable. Ángela lo sabe, al igual que gran parte de los colombianos que trabajan en esas condiciones, sin embargo, como ella, no hacen nada al respecto, por miedo a quedar sin empleo.

La cifra exacta de empresas establecidas en Colombia que incumplen con los requerimientos mínimos del salario, es desconocida. Al igual que se desconoce la cifra de empleados que encubren a la empresa para asegurar un salario.

¿Quién es el culpable entonces? ¿La empresa por incumplir la legislación laboral o el empleado por acceder a estas condiciones?

Un estudio realizado a finales del año 2014 por la Organización Internacional de Trabajo (Oit), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), evidenció que existe un alto incumplimiento del salario mínimo en América Latina y el Caribe, especialmente en las zonas rurales de estos países, debido a que las inspecciones a las empresas por parte de entes reguladores son insuficientes y no enfrentan situación de irregularidad.

Para las organizaciones que dirigieron el estudio, la culpa de que exista este tipo de irregularidades en la legislación laboral, en particular del salario mínimo, es de los tres sectores que hacen parte de la comisión laboral: trabajadores, empresas y gobierno. "Si bien la vigilancia de su cumplimiento es una responsabilidad de la inspección del trabajo, los sindicatos y las asociaciones de empleadores también pueden contribuir a una aplicación más efectiva. Los trabajadores, tanto individualmente como por intermedio de sus sindicatos, activan la inspección mediante sus denuncias de incumplimiento del salario mínimo, los empleadores, por su parte, tienen un papel fundamental en la difusión de los salarios mínimos y otras condiciones laborales en los lugares de trabajo", explica el informe.

Para la Escuela Nacional Sindical (Ens), uno de los grandes problemas deriva de la debilidad del movimiento sindical que "les impide a los trabajadores no sindicalizados contar con la capacidad y la autonomía para incidir de manera real y colectiva en la determinación de sus condiciones de trabajo; condiciones que en ausencia de sindicatos fuertes son definidas de manera unilateral por las empresas".

Si bien es cierto que el salario mínimo en Colombia es uno de los más bajos de la región, y es solo la cuarta parte del ingreso mínimo vital requerido por una familia promedio colombiana para satisfacer sus necesidades básicas económicas, sociales y culturales2; también es cierto que el problema en Colombia con este salario no queda reducido a su justo incremento anual, más aún cuando existe un alto índice de incumpliendo de su pago.

Según la Ens, la negociación del salario mínimo resulta estratégica, porque es este resultado lo que se convierte, o debería convertirse, en parámetro para la mayoría de los trabajadores que no están organizados en sindicatos. Sin embargo, como lo evidencia un estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, solamente en cinco oportunidades durante los últimos 18 años se logró un consenso, "lo que evidencia una tendencia a la fijación unilateral del Gobierno prevista en principio como respuesta residual de los intentos de concertación". Como sucedió nuevamente en la negociación tripartita de este año.

El costo de un empleado para una empresa sobrepasa en 69 por ciento del valor del salario mínimo, si incluimos prestaciones sociales, subsidios, dotaciones y riesgos profesionales, que deben pagarse de manera obligatoria por la empresa, según la legislación laboral. Mientras que el Estado debe velar por su cumplimiento, sin embargo la falta de inspección genera una alta cifra de incumplimiento por parte de los empleadores.

 

Falta de sistemas de inspección

 

Concluyen Ashenfelter y Smith, según estudios realizados en 1979, que lo requerido para que cumplan con el pago del salario mínimo en las empresas, además del aporte de cada una de las partes mencionadas anteriormente, es "una institucionalidad efectiva (con inspección, multas y sanciones y diligencia en su aplicación) para mejorar los niveles de cumplimiento con el salario mínimo". Tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Institucionalidad que debe permitirle a los inspectores gozar de una serie de atribuciones como la libre entrada a los establecimientos; el examen de documentos, libros y registros; la conducción de interrogatorios; la toma de muestras, y la facultad discrecional de advertir o iniciar un procedimiento sancionador en caso de verificar incumplimientos.

Del análisis puede concluirse que, quitando las situaciones extremas, cuando el salario mínimo es muy bajo o sumamente alto respecto del salario promedio, el mejor o peor cumplimiento con su pago está determinado por la calidad de la institucionalidad vigente, por eso además de analizar el nivel del salario mínimo es necesario revisar las instituciones que existen para verificar su cumplimiento.

Más allá de las debilidades del sistema de inspección laboral, el estudio realizado por la Fao y la Oit expone que la propia política de salarios mínimos presenta también ciertos elementos que contribuyen a una pobre aplicación. Por lo que propone que "la política de salarios mínimos debería ser abordada como una política de largo plazo, que requiere de ajustes periódicos (preferentemente regulares y anuales) y sistemáticos que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia"3.

 

1 Cifras del Estudio Mapa Mundial de la Familia 2014, Universidad de la Sabana.
2 Anzola, Sarmiento Libardo, "Colombia: ¿Salario Mínimo Legal o Remuneración Mínima Vital?", Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 138, octubre 2014.
3 Estudio de la Oit y la Fao. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_311072.pdf

 

Video relacionado

https://www.youtube.com/watch?v=RK8Wa8QbrsA

Publicado enEdición 209
Martes, 20 Enero 2015 15:33

Salarios, democracia y paz

Salarios, democracia y paz

La baja participación de la remuneración de los trabajadores en el ingreso nacional, ha tenido algún grado de incidencia en el creciente deterioro del sistema democrático y la inestabilidad política y social de nuestro país. La pobreza, la exclusión y la desigualdad son factores condicionantes de la violencia y las guerras internas que nos han desgarrado durante gran parte de nuestra vida republicana.

Acaba de fracasar, una vez más, la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales para definir el salario mínimo. El gobierno estableció un incremento de 4,4% ponderado (salario mínimo y auxilio de transporte), ligeramente superior en 0,62% a la inflación causada de ingresos bajos. El salario mínimo no solo sigue siendo aproximadamente la mitad del costo de la canasta mínima vital, sino que su cobertura es muy baja, solo cobija al 6,15% de los trabajadores, o sea a 1´272.715, excluye al 45,3% de los ocupados (9´374.632 personas) que tienen ingresos inferiores al salario minino legal. En este sentido el salario mínimo es doblemente excluyente.

 

Colombia es un ejemplo extremo de profundas exclusiones y desigualdades. Veamos:

 

  1. Una tasa de sindicalización del 4% de la población ocupada, que expresa la alta exclusión del derecho de asociación.
  2. Una tasa de cobertura de la negociación colectiva del 2%, que refleja la alta exclusión que existe a la acción colectiva de los sindicatos.
  3. Los 3.062 asesinatos y 13.686 hechos de violencia ocurridos contra sindicalistas en los últimos 37 años, expresan la exclusión física y política del sindicalismo.
  4. Los 14,5 millones de colombianos que viven con $150.000 al mes, y los 1,4 millones que viven con $90.000, se encuentran excluidos del acceso a la canasta básica mínima vital.
  5. Hay casi 2 millones de trabajadores desempleados, excluidos del derecho al trabajo; y 13 millones de trabajadores en la informalidad, excluidos de los derechos laborales.
  6. 14 millones de trabajadores están excluidos de la seguridad social.
  7. En Colombia sigue siendo muy baja la movilidad social, el coeficiente Beta que la mide es mayor a 0.6. Un Beta cercano a uno refleja una escasa movilidad social. Significa que los hijos alcanzan un nivel de ingreso o de educación semejante al de sus padres. Si éstos son pobres o carentes de educación, sus hijos serán pobres y sin educación; si los padres son ricos o educados, sus hijos tienen alta probabilidad también de serlo.
  8. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. El índice Gini es 0,55, indicador que mide la desigualdad del ingreso, que oscila entre cero (completa igualdad) y uno (total desigualdad).

 

Como vemos en la gráfica siguiente, el trabajo viene perdiendo progresivamente participación en el ingreso nacional.

 

 

Esta tendencia tiene como causas la acción simultánea de una cultura antisindical y de una política público–privada de precarización laboral. Pero adicional a ello, se debe a una tributación regresiva y a un sistema de gasto público social que favorecen a los grupos de altos ingresos. Las políticas salarial, laboral, social, tributaria, y de asignación del gasto público profundizan la mala distribución del ingreso y obstaculizan la movilidad social.

 

Sino reducimos nuestra intolerable desigualdad e inmovilidad social, no será posible construir una paz duradera. Para ello se deben hacer varias cosas:

 

  1. Aumentar las capacidades y calificación de las personas por la vía de una capacitación y educación pertinente y de calidad.
  2. Aumentar las oportunidades laborales, generando inversión en la economía real (agro, industria, infraestructura económica y social), que es la que crea puestos de trabajo, y no en la economía financiera especulativa.
  3. Garantizar los derechos de libertad sindical y los derechos laborales individuales.
  4. Diseñar una política tributaria que grave la riqueza, elimine la exenciones a las rentas del capital, establezca impuestos progresivos a los altos ingresos y las elevadas pensiones de prominentes ex - funcionarios del Estado, y por otra parte reduzca los impuestos al consumo de las clases medias y bajas.
  5. Asignar el gasto público a las capas de la población con altísimas necesidades insatisfechas.
  6. Elaborar una política social con enfoque de derechos en salud, pensión, riesgos laborales, educación, seguro de desempleo.
  7. Impulsar una política salarial que fortalezca la demanda interna y la capacidad de consumo de la población, empezando por establecer a mediano plazo un salario mínimo vital.

 

Implementar estas políticas y medidas para mejorar la equidad y la movilidad social deberá enfrentar intereses de grupos económicos y sectores sociales que han puesto a su servicio al Estado y las políticas públicas. En la medida que se reduzca la pobreza y se desarrolle una clase media fuerte es más fácil transformar la cultura política clientelista por una más moderna y democrática para adelantar reformas y tener un país estable política y socialmente. Es obvio que la autonomía financiera facilita la libertad de conciencia y la madurez política de la población.

El voto de opinión en nuestro país se expresa con mayor peso en los sectores urbanos donde tiene presencia la clase media. La experiencia nacional y encuestas realizadas en varios países muestran que la clase media tiene posiciones más progresistas que los otros estratos, y por tanto juega un papel regulador de escenarios políticos polarizados como el nuestro. Los casos de Bogotá y Medellín son emblemáticos de esta percepción.

La paz necesita reformas políticas que profundicen la democracia, la participación y el control ciudadano de la gestión pública; necesita acabar la corrupción, tener una seguridad social con enfoque de derechos, educación pertinente, de calidad y accesible; revisar el modelo de desarrollo extractivista, primario-exportador, por uno de agregación de valor orientado al mercado interno; y una política laboral que mejore la capacidad de compra y garantice los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores.

 

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Salario mínimo insuficiente e irreal

Periódico desdeabajo Nº209, Enero 20 - febrero 20 de 2015

 

Publicado enColombia
"Latinoamérica no crece a un ritmo deseable para generar empleo"

América Latina está en una encrucijada. La desaceleración económica que está afligiendo la región podría poner en entredicho los logros alcanzados tras años de crecimiento sostenido. Elizabeth Tinoco, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no reserva palabras alentadoras de cara a los años venideros. Advierte que el último informe elaborado por la institución sobre el panorama laboral del continente es un "llamado de alerta" y que la incertidumbre es el término que mejor define el futuro de millones de trabajadores latinoamericanos. Ahora que las previsiones de crecimiento han sido recortadas a una tasa promedio del 2% para 2015 y que los pronósticos apuntan a un aumento del desempleo, los gobernantes tendrán que resolver el eterno rompecabezas de cómo no echar a perder los avances conseguidos sin dejar estragos en las cuentas públicas.

 

Pregunta. América Latina está sufriendo una desaceleración económica. ¿Cómo afecta al mercado laboral?

Respuesta. La desaceleración está empezando a impactar, pese a la rebaja en la tasa de desempleo, que del 6,2% ha pasado al 6,1% este año. Parece una contradicción: si la desaceleración impacta en el empleo, ¿cómo puede el desempleo bajar? Resulta que la tasa de participación al mercado laboral ha descendido casi a mínimos. La gente está buscando menos trabajo, está saliendo del mercado laboral o se ha inventado un ingreso en el marco de la informalidad. Pero lo cierto es que el descenso en la tasa de participación ha tenido un efecto positivo en el desempleo.

 

P. Pero la bajada en la tasa de desempleo es ficticia.

R. Sí, nuestras estimaciones dicen que se han dejado de generar alrededor de un millón de puestos de trabajo. Además, calculamos que por cada décima de rebaja en el crecimiento se dejan de generar alrededor de 100.000 empleos. Estamos frente a un desempleo latente y la tendencia es que suba. Llegará al 6,3% en 2015 y para cubrir la brecha haría falta crecer por encima del 3%. Pero la región no está avanzando a un ritmo deseable para generar más trabajo.

 

P. Uno de los lastres de Latinoamérica es el empleo informal.

R. El tema de la informalidad es uno de los grandes desafíos de la región. Hay un 47% de empleo informal, lo que equivale a por lo menos 130 millones de trabajadores.


P. ¿Qué están haciendo los Gobiernos? ¿Existen políticas públicas que han funcionado?

R. Años atrás, la informalidad estaba en 50,1% [2009]; ahora está en el 46,8% [2013]. De modo que sí ha habido políticas públicas que están atendiendo el tema. Pero ojo, esto ha sido posible en un contexto de crecimiento económico. La región ha avanzado positivamente [...], ahora hay que mantener esos indicadores laborales en un contexto de desaceleración.

 

P. ¿La previsión es que la cifra de empleos informales se mantenga o vuelva a subir?

R. Creo que el futuro es muy incierto porque estamos frente a una posible crisis laboral, en el sentido que la desaceleración aún no ha llegado a este mercado. Pero el desempleo va a aumentar el año que viene, es una pre-crisis.

 

P. Seis de cada diez ancianos latinoamericanos no cobran pensión. ¿Cuánto deberían de invertir los Gobiernos para solucionar este problema?

R. Este es otro desafío que está íntimamente relacionado con la desaceleración. Los Gobiernos ya no tienen el suficiente espacio fiscal de la década pasada. Ahora depende de cada país y del grado de crecimiento de cada uno. Otro aspecto importante es el tema de la inversión extranjera. Hay variables que afectan directamente al mercado, como la desaceleración de China, que [...] va a golpear sobre todo al sur de la región, mientras en Centroamérica y México la lenta recuperación de EE UU va a ser un factor positivo.


P. Entre 2000 y 2012 más de 50 millones de latinoamericanos salieron de la condición de pobreza. ¿Este logro se va a ver afectado por el frenazo económico?

R. Sin duda alguna. Los niveles de pobreza se han reducido gracias también a un contexto de crecimiento. Hoy contamos con 168 millones de pobres, de los cuales más de un 90% está en condición de pobreza extrema. América Latina ha venido reduciendo la pobreza sostenidamente, pero lo que no ha reducido es la desigualdad. Y uno de los motores fundamentales para disminuirla tiene que ser a través del mercado laboral.

 

P. ¿Las políticas de salarios mínimos están funcionando?

R. El salario en general es un distribuidor fundamental de riqueza y en la región. En el periodo de crecimiento económico se ha incrementado, incluso a unos niveles bastantes elevados.

 

P. Pero su crecimiento se desaceleró mucho.

R. Hoy ha disminuido. El impacto de la desaceleración se refleja también en el poco incremento tanto de los salarios medios como de los mínimos. Ha sido una medida anticíclica importante que muchos de Gobiernos tomaron en las épocas de crisis [...] porque mantiene un ritmo y un poder adquisitivo de los trabajadores que beneficia la dinámica económica del mercado interno.

 

P. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la región?

R. Crecer más, invertir más en infraestructura, en educación, en transformación productiva. Que el empleo y su generación sean una de las vías fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.

 

P. Habrá que aumentar la productividad laboral.

R. Productividad e informalidad son los dos grandes desafíos que tiene la región. Más productividad y menos informalidad. Esa es la ecuación fundamental.

 

P. ¿Cuánto hay que invertir para crear empleos de calidad?

R. En términos de inversión neta no tenemos estimaciones de cuánto cuesta un puesto de trabajo. El empleo es una consecuencia del escenario económico. Gran parte del problema del crecimiento de la década pasada es que dependimos mucho de las materias primas. Para avanzar se requieren otros motores, hace falta una diversificación productiva que permita ampliar la naturaleza y la base del crecimiento.

 

P. ¿Qué palabra elegiría para definir el futuro mercado laboral de América Latina?

R. Incertidumbre. En términos de crecimiento económico y en cómo ese crecimiento se va a traducir en empleo.

Publicado enEconomía
Miles de jóvenes protestan en Perú contra la nueva ley laboral juvenil

"¡Esto es Perú, no Bangladesh!", "¡Somos jóvenes, no esclavos!", reclamaban en pancartas miles de jóvenes peruanos —muchos de ellos universitarios y de organizaciones sindicales— que salieron a las calles de Lima y otras cuatro capitales regionales entre la tarde de jueves y la madrugada de ayer contra una nueva ley de promoción del trabajo juvenil promulgada por el Gobierno de Ollanta Humala el pasado martes. Durante la marcha, convocada a lo largo de la semana en las redes sociales, la policía golpeó a decenas de manifestantes cuando estos quisieron dirigirse al Congreso, lanzó gas lacrimógeno contra ellos y apaleó a mujeres que grababan con teléfonos móviles la violencia policial. Un grupo continuó la protesta caminando más de una hora hacia Miraflores, un distrito de clase media-alta. En el recorrido, la policía detuvo y golpeó a unos 30 jóvenes, y también a otros que acudieron a las comisarías a exigir su liberación.

La norma no contempla el pago de la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones anuales, seguro de vida y bonificación por carga familiar
La Ley Laboral Juvenil forma parte de un paquete de medidas económicas para reactivar la economía y ha generado criticas porque excluye varios beneficios laborales para los jóvenes de 18 a 24 años. Prevé un régimen de trabajo temporal de un máximo de cinco años, el pago de una remuneración mínima (unos 256 dólares), una jornada de ocho horas de trabajo, 15 días de vacaciones (en vez de 30), afiliación al seguro social de salud (pagado por el Estado) y una reparación por despido injustificado. No contempla el pago de la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones anuales, el seguro de vida y la bonificación por carga familiar, los principales motivos de crítica por parte de las organizaciones laborales y sectores de oposición.

El Gobierno argumenta que la nueva ley tiene el objetivo de facilitar la contratación formal de jóvenes y reducir el desempleo juvenil. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, un 88% de los jóvenes tiene empleo informal en Perú.

El presidente Humala sostuvo el martes que hay que "ser realistas con quienes quieren tener trabajo". "Prefiero un joven que haga sus prácticas así, a un joven que no consigue trabajo porque nadie le quiere pagar una serie de cosas que la norma establece", aseveró antes de promulgar la ley. Subrayó, asimismo, su no obligatoriedad y su carácter temporal.

Publicado enInternacional
Salario mínimo vital y trabajo decente, un camino hacia la paz

Durante la última década la economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.6%, crecimiento que no se refleja en un mejoramiento de la distribución de la riqueza debido, por una parte, a la política salarial restrictiva y de contracción de costos laborales impulsada por los diferentes gobiernos; y por otra parte, a la baja cobertura de la negociación colectiva de los sindicatos: 2% de la población ocupada.

La participación de las remuneraciones de los trabajadores dentro del PIB ha venido cayendo para ubicarse en un 31%, mientras que el capital crece en participación en la misma proporción, para situarse en un 59% aproximadamente.

Esta tendencia hacia una mayor inequidad social, se refuerza por la política tributaria regresiva que crea mayores exenciones y descuentos a los impuestos directos que paga el capital, mientras que crece la tributación directa de los trabajadores y la clase media, y también la indirecta, que castiga en mayor medida a las capas pobres de la sociedad.

Para ocultar esta tendencia al empobrecimiento de los trabajadores y de la mayoría de la población, el DANE se acaba de inventar la quimera de que si una persona gana $208.404 al mes, es decir, un ingreso diario de $6.947, deja de ser pobre, y como tal tiene acceso a la canasta básica de bienes y servicios para vivir dignamente. Esto significa que un hogar de 4 personas, que es el promedio nacional, se considera no pobre si su ingreso mensual es igual o superior a $833.316.

El DANE también precisó que el ingreso promedio por persona es Colombia es $562.152 mensuales, menos que el salario mínimo legal vigente actual que es de $616.000. Esto no es más que un reflejo del vergonzoso grado de desigualdad que hay en el país, el cual, según la misma entidad, se expresa en un Gini de 0.545.

En Colombia el 6,15% de los trabajadores devenga el salario mínimo (1´272.715 personas), y el 45,3% de los ocupados (9´374.632 personas) recibieron hasta un salario mínimo legal. De estos últimos el 5.9%, es decir, un poco más de un millón, no recibieron ingresos. De acuerdo con cálculos de la ENS, la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos es por lo menos de dos salarios mínimos legales mensuales. De hecho hace varios años el Banco Mundial la calculaba en $1´200.000 mensuales.

Como se puede ver, el salario mínimo no solo tiene una baja cobertura en la población ocupada, sino que representa aproximadamente el 50% de la canasta básica de los trabajadores de ingresos bajos, por lo que en estos hogares deben trabajar dos personas o más para acceder al mínimo vital.

Existe abundante evidencia empírica que muestra que las reformas laborales regresivas que se han tramitado en el Congreso, y las que de hecho han impuesto los empresarios para reducir costos laborales, no han generado empleo. Incluso el comportamiento del salario mínimo que en los últimos años ha crecido por encima de la inflación se ha visto acompañado, según el DANE, de una reducción de la tasa de desempleo.

La tasa de desempleo del año 2013 en nuestro país, promedio anual, se ubicó en 9,6%, casi 4% por encima del promedio regional, que es de un 6%. Y esto a pesar de que en muchos de lo países latinoamericanos el salario mínimo mensual en dólares es superior al nuestro.

 

 

En un contexto global de crisis, donde la demanda externa de nuestros productos (primarios en más de un 80%) tiende a reducirse, lo más sensato sería que la política pública y empresarial contribuyera a fortalecer el mercado interno, y esto solo es posible formalizado el empleo y mejorando salarios.

A pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace muchos años con el libre comercio y las exportaciones como el soporte de la economía, el 86% de la demanda agregada sigue estando en el mercado interno.

Hoy necesitamos revisar este modelo que se fundamenta en una competitividad basada en bajos salarios y negación de derechos, y cambiarlo por un modelo que se articule con las economías de la región, que promueva una política industrial de agregación de valor, de producción de alimentos para el consumo interno, de inversión pública en infraestructura económica; una política social por fuera de las lógicas mercantiles, de trabajo decente, para así garantizar un circulo virtuoso de producción y consumo interno crecientes.

Solo de esta manera lograremos superar la monumental desigualdad que nos golpea, pobreza que nos indigna, marginalidad y exclusión que nos agravia. Empleos estables y bien remunerados, sindicatos y cultura de diálogo social, son el fundamento de una paz estable y duradera.

Publicado 24 de octubre de 2014.

*Director General ENS

 

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¿Salario Mínimo Legal o Remuneración Mínima Vital?

Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº138, octubre 2014

 

Publicado enColombia
Trabajadores arreglando redes en una fábrica de Bac Lieu, en Vietnam, esta fotografía ganó el premio correspondiente a Asia y el Pacífico.

Los ganadores de la edición 2014 del concurso que pretende encontrar al fotógrafo urbano del año (Urban Photographer of the Year), han sido dados a conocer por la organización del certamen. Esta vez, la convocatoria se centró en "el trabajo en la ciudad", y las fotografías debían reflejar la vida cotidiana de los trabajadores.

 

Marius Vieth, tomó esta fotografía que resultó ser la ganadora, titulada "La máscara de la sociedad".

Esta fotografía de Johanna Siegmann, llamada "Zona de amortiguamiento", ganó el premio correspondiente a la región de América.

 

Un guardia de tráfico bailando en la calle en Lisboa, Portugal, ganó el premio de Europa, Oriente Medio y África.

 

Fotografía tomada en Venecia, titulado "Una silueta distante".

 

Con la imagen de un tranvía decorado para Navidad en una orilla del río Danubio en Budapest, Szabolcs Simo se alzó con el galardón de la categoría para fotógrafos de entre 16 y 25 años.

 


Esta imagen fue la ganadora como mejor fotografía de mañana, fue tomada en la Capital de Corea del Norte.

 

El español Antonio Hernández Santana tomó esta fotografía, titulada "Simetría".

 

La imagen de un trabajador del acantarillado de India, captada por Sujan Sarkar, también fue galardonada.

Publicado enFotorreportajes
Miércoles, 24 Septiembre 2014 11:07

Luces que brillan

Luces que brillan

¿Recuerda usted actores de la televisión nacional como Carlos Muñoz, Víctor Mallarino, Margarita Rosa de Francisco o Carlos "el gordo Benjumea? Ellos y otros muchos actores de cine, teatro y televisión, se dieron cita en el Congreso de la República el pasado 21 de agosto, con el apoyo de los senadores Iván Cepeda, Jorge Robledo y la representante del Partido Verde Ángela Robledo, para ratificar la creación de la Asociación Colombiana de Actores (ACA); allí expusieron de manera abierta todos los problemas que durante 60 años de labores han soportado por amor al arte.

 

Las caras conocidas eran muchas. También los recuerdos. Actoras/es de gran trayectoria, como Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, Carlos "el gordo" Benjumea, Carlos Muñoz estaban allí. El motivo de su encuentro no era una grabación más, ahora estaban citados para presentar en sociedad una de sus principales creaciones, la ACA, el sindicato que ahora los reúne y por medio del cual están brindando una de sus principales batallas: la de sus derechos, la de la dignidad. Al momento han logrado sindicalizar más 700 trabajadores de la actuación.

 

La coyuntura

 

El sindicato de actores nace en punto álgido de la televisión nacional, pues la firma de tratados de libre comercio desregularizó el mercado y abrió las puertas para la llegada de nuevas producciones extranjeras a la parrilla de los canales, es el caso de la serie "Avenida Brasil", que actualmente se emite por Rcn. Precisamente, tal desregulación fue el punto de quiebre para que los actores lograran la conformación de ACA, para alzar su voz de protesta y plantear negociaciones colectivas con los directivos de los canales privados.

Estas transformaciones en el mundo del trabajo de quienes tienen por oficio la actuación, sumado a los nuevos roles, valores y transformaciones culturales en general introducidos por el neoliberalismo, impusieron un tipo de programación que explota sin vergüenza alguna el espectáculo, no es casual, por tanto, el énfasis en seriados que recaen una y otra vez en lugares comunes como narcotráfico y violencia.


Esta realidad es la que lleva a Andrés Sandoval, actor y miembro de ACA a plantear su oposición a la devastadora idea de los creativos y libretistas de crear seriados que durante más de una década retoman tales lugares comunes, para enfatizar "Si bien la televisión debe mostrar apartes de la situación nacional, los espectadores no están obligados a ver siempre lo mismo. Los contenidos que hoy se trasmiten muestran una idea equivocada del país...".

Con igual perspectiva Santiago Alarcón, presidente de ACA, exhortó a la Comisión Nacional de Televisión para que los contenidos que hoy son trasmitidos por la pantalla chica sean revisados actualizándolos de acuerdo a la necesidad cultural y política de los televidentes, debido a que los programas con formato de "reality" y los seriados sobre narcotráfico se apoderaron de la programación y construyen un paradigma equivoco en la sociedad colombiana de violencia sin sentido. Con este mismo sentido, Consuelo Luzardo invitó a los directivos de los canales Caracol y Rcn a que le apuesten a la emisión de contenidos que vayan de la mano con la coyuntura nacional, y construyan identidad en torno a la paz.

 

Más allá de la pantalla

 

La historia rosa tejida detrás de la vida de los actores nacionales no es tan cierta como algunos podrían pensar, de hecho la mayoría de ellos se enfrenta a graves situaciones a la hora de ser contratados por los canales privados. Denunciaron que en el mejor de los casos son contratados por meses y en otras ocasiones por días, jornadas laborales de más de 12 horas diarias, con una tasa de desempleo del 90 por ciento y la imposibilidad de vivir únicamente de su trabajo actoral.
El sindicato expresó su preocupación por la forma como los actores firman hoy sus contratos laborales, pues existen cláusulas que los obligan a ceder derechos adquiridos. Por ejemplo, desde el año 1993 el gremio dejó de recibir regalías por la reproducción de las obras debido al llamado apagón Gaviria (ver apagón) lo que según Vicky Hernández había sido un acuerdo temporal entre los actores y las productoras de televisión de la época para darle un respiro a la industria que por esos días pasaba por una aguda crisis; a esto se suma la inexistencia de seguridad social y el nulo reconocimiento de regalías por la venta de las producciones nacionales al extranjero.

Uno de los puntos al que le apunta el recién constituido sindicato es construir la llamada ley del actor, buscando con ella regular los principales aspectos en términos contractuales, económicos y políticos para mejorar las condiciones de vida de los artistas de la televisión, el cine y el teatro en Colombia.

Además de este propósito, Andrés Sandoval, vocero de ACA, afirmó que los desafíos del sindicato están centralizados en dignificar estas profesiones, participar en la creación de una política cultural acorde con las necesidades de los espectadores y que los contenidos cumplan con una importante función social.

Los integrantes de este nuevo sindicato, se mostraron abiertos a aprender de la labor sindical y dejaron en claro que quieren cambiar el paradigma del sindicato, que se les vea de forma positiva y constructiva. Asimismo dejaron en firme su intención de participar desde el teatro, el cine y la televisión en procesos y espacios de paz, pues son conscientes que su responsabilidad también es ayudar a la construcción de una sociedad más equitativa y pacífica.

Finalmente dejaron en firme compromisos con Luis Eduardo Garzón, ministro de trabajo, y con Mariana Garcés, en la cartera de cultura, quienes asumieron la responsabilidad de ayudar a construir la normativa que regule claramente el trabajo de los actores y actrices colombianos.

 


"Somos actores, somos creadores, somos trabajadores"

 

Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, ofrecen o venden a la teleaudiencia un sinfín de productos. La televisión que llegó a Colombia hace 60 años, durante la dictadura de Rojas Pinilla, fue en un primer momento considerada de carácter educativo, y durante algunos años funcionó con programas que tenían un formato similar al de la recordada Radio Sutatenza; ambos medios buscaban educar, alfabetizar y cohesionar la identidad nacional.

Las radionovelas pasaron a ser telenovelas trasmitidas en directo desde algunos teatros del centro de Bogotá. Sobre el particular el recordado "Gordo" Benjumea declaró que "eran tiempos buenos, arcaicos, pero de buena televisión". La mayoría de los actores y actrices que la hacían posible venían del mundo del teatro, de tal forma que los contenidos de las telenovelas tenían sentido artístico y cierta trascendencia política.

Eran otros tiempos. Con el paso de los años la imagen impuso su dictamen, y el mundo del espectáculo televisivo creó alrededor de la figura de actores y actrices un mundillo de fantasía que hace parte de las estrategias comerciales de los hoy todo poderosos Caracol y Rcn. Un mundo ficticio que asegura a los canales rentabilidad económica en contravía de las verdaderas condiciones humanas y sociales de los trabajadores de la televisión.

Otra actriz recordada con cariño por quienes la conocieron a través de infinidad de programas realizados durante años, Consuelo Luzardo, recordó que en los años 70, "cuando hacían las trasmisiones en vivo, trabajaban máximo doce horas, incluyendo los ensayos. Las condiciones laborales por aquella época eran decentes y humanas, pues solo grababan en estudios o teatros y los pagos salariales estaban acorde con lo trabajado y cumplían con los requisitos legales".

Las reflexiones se multiplican. Otra voz, Ernesto Benjumea enfatiza que para el Estado colombiano la profesión de actor no existe, "es un trabajo vocacional, hay que tener talento, pero también se estudia, hay suficiente bibliografía, hay 100 o 150 años de maestros en este oficio y hay en Colombia muy pocas escuelas y facultades que estén formado actores o maestros en artes escénicas, y aquí viene la segunda aberración y es que el país permite que existan facultades que gradúan actores pero esos actores no tienen donde trabajar. Yo me gradué de una escuela de formación de actores y no hay donde trabajar. Yo tengo un título que dice que soy actor pero no tiene ninguna validez para el Estado colombiano...", afirma con fuerza que parece más bien rabia.

 

Vicisitudes

 

Hasta finales de la década de los ochenta la audiencia tenía más opciones para decidir qué ver en la televisión, existían varios noticieros, más programadoras trabajando en la producción de contenidos de entretenimiento y la continua producción de dramatizados, lo que implicaba que los actores tenían trabajo por hacer. En aquella época seriados como "La casa de las dos palmas", "Don Chinche", "San tropel" o "Dejémos de vainas", retrataban la idiosincrasia colombiana, a tal punto de fidelizar a millones de personas y de construir cierto sentido de identidad nacional.


Todo esto es efecto de los tratados de libre comercio, sobre los cuales se refirió Julio Correal, secretario de asuntos laborales de ACA: "No tenemos que renunciar a nuestra idiosincrasia ni a nuestra cultura por atender los tratados internacionales". Debe recordarse que estos tratados involucran transformaciones drásticas en la forma como hoy se ve televisión, cambiando la llamada cuota de pantalla que regula la aparición al aire de producciones nacionales y extranjeras en el 50% respectivamente, a un 70% para las producciones internacionales y el 30 restante para las nacionales.

Pero también son los efectos de un mundo cambiante, donde los trabajadores ilustrados, otrora beneficiados por su formación, capacidades y por las regulaciones laborales de sus países, ahora pasan a ser los nuevos proletarios, sometidos a nuevas leyes del trabajo (a destajo o por días, sin seguridad social ni ningún otro tipo de beneficios laborales), recayendo en sus manos el reto de romper el individualismo en que el neoliberalismo introdujo a las sociedades, y a los trabajadores en particular, para reconquistar lo perdido durante los últimos treinta años de ofensiva patronal.

 

Apagón


Al inicio de la década de los noventa, con el mal recordado "apagón Gaviria", la televisión nacional entró en una aguda crisis económica por la carencia de electricidad las 24 horas del día, así que las productoras y actores acordaron congelar por un tiempo el pago de las regalías que le correspondía a los actores por la emisión de los seriados, acuerdo con vigencia hasta que se normalizaba la crisis energética. Los trabajadores, los actores y actrices cumplieron, no exigieron pago, renunciaron de manera temporal a un derecho pero los empresarios incumplieron su parte: beneficiados de la bondad de su contraparte, se aprovecharon de la misma y, una vez superadas las circunstancias que llevaron al "apagón", incumplieron la palabra empeñada. Desde entonces los contratos comenzaron a modificarse y la vinculación laboral empezó a hacer por la modalidad de contratista. 

Trayectoria


Durante 60 años de televisión, los actores y actrices lideraron con distinto empeño el esfuerzo de organizarse en un colectivo que los representara: primero existió el Circulo colombiano de artistas, el que según la reconocida y veterana actriz Vickie Hernández, "fue de mal en peor hasta que ahora es una especie de sombra, ahí sí con unas personas que realmente no sé qué hacen y creo que nadie lo sabe muy bien, aparte de viajar a nombre del círculo, eso fue una historia de fracasos"; luego hubo conatos de asociación, existió "Acto" pero nunca se consolidó, después apareció La sociedad colombiana de gestión, que en 2010 logró la aprobación de la ley Fanny Mickey, la que le dio al gremio el reconocimiento de la explotación comercial de su imagen.

Las condiciones laborales de este gremio fueron empeorando con los años, las programadoras desaparecieron o fueron compradas por Caracol y Rcn, de tal modo que los espacios de producción quedaron reducidos a su mínima expresión, así que muchos de ellos regresaron al teatro. Sin embargo las condiciones culturales del país no les fueron favorables, pues la demanda o consumo de teatro y cine son mínimos, así que muchos de ellos debieron aprender otros oficios para poder subsistir.

En términos laborales los canales crearon condiciones para contratarlos que son devastadoras, contratos por capítulos, o por meses, pagos a destajo o por fuera de las fechas acordadas y la obligación de renunciar a derechos laborales que por ley deberían tener, como salud, pensión y riesgos profesionales. Actores como Héctor Ulloa –Don Chinche– pasaron al olvido y de paso a la pobreza.

Todo tiene un límite. En 2014 un grupo de actores decidió organizarse, entre ellos Julio Correal, ahora secretario general de ACA, quien afirmó sobre el particular: "Es un camino largo el que hay que recorrer, después de tantos años de no tener una organización que nos representara, este es un espacio para decirles que si logramos mantenernos unidos con un discurso claro y coherente, podemos tener unas reivindicaciones preciosas que mejoren la condiciones de nosotros como trabajadores".

 

 

Publicado enEdición Nº206