Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

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Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

Publicado enEdición Nº249
La hoja de coca se tuesta en ollas al fuego para uso tradicional en Colombia (Clara Roig)

 

Fabiola Piñacué y Herney Ruiz tienen una misma lucha en común: recuperar el consumo tradicional de la hoja de coca en Colombia pese al veto internacional

 

El viento sopla suave, seco. La tierra calienta. El sol abrasa. La brisa remueve el polvo del camino que conduce al pequeño pueblo de Lerma, en las montañas áridas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a 600 kilómetros al sur de Bogotá. A un lado de la calle principal, los niños juegan al futbol en el polideportivo. Las mujeres reposan en los bancos delante de las casas y los hombres se reúnen en las ‘tiendecitas’ que dan a la calle. “Aquí hubo un muerto”, dice Herney Ruiz señalando la entrada de una casa, “y aquí, aquí, y aquí”. Todo a su alrededor parece tranquilo. “Si pusiéramos una cruz en cada esquina donde ha habido un muerto, no podríamos cerrar las puertas de las casas”, comenta.

Herney Ruíz es una mezcla de Robin Hood y Gandalf para Lerma. Comprometido y emprendedor, ha participado en el proceso de paz del pueblo como líder comunitario y ha desarrollado una alternativa al cultivo ilícito de la hoja de coca en un municipio en el que el 80% de la economía se basa en pequeños cultivos de esta planta.

Aunque aún no es del todo rentable, su pequeña tienda de productos derivados de hoja de coca ha pasado de generar 500.000 pesos colombianos (146€) por año en 2009 a 6 millones de pesos (1.750€) en el 2015. A partir de una harina que saca de moler las hojas de coca hace panes, galletas, vino, pomadas, y hasta una torta que ofrece al obispo cuando viene de visita.

Teniendo en cuenta que la canasta básica en Colombia es de unos 116€ y el salario mínimo estaba en 220€ en 2016, tal aportación es una ayuda importante para la familia de Herney Ruiz y el pueblo de Lerma. Son los frutos acumulados de seis años de resistencia. Una ganancia que, por encima de todo, es social.

Los gobiernos de Colombia y EEUU llevan décadas intentando reducir los cultivos de hoja de coca en Colombia con políticas que han supuesto una erradicación indiscriminada y que han provocado algunos abusos contra la población rural. Comunidades golpeadas por la violencia del narcotráfico han sufrido también la pobreza y la falta de proyectos de desarrollo que las asociaciones campesinas reclaman con insistencia.

 

Un pueblo que superó el conflicto

 

En los años 80, el pueblo de Lerma vivía sumido en la violencia. El narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas sociales de la pequeña localidad. Una frase popular de esos tiempos que aún resuena en las calles cuenta que los jueves y domingos no era día de mercado si no había al menos dos o tres muertos.

 


El pasado


En Lerma el narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas: no era día de mercado si no había dos o tres muertos, se decía

 

Durante los años de la bonanza cocalera (1978-1983), Herney Ruiz, como cualquier otro niño, frecuentaba una de las 15 cantinas del pueblo. A los 13 años, vendió sus 19 matas de hoja de coca y con el dinero obtenido se compró un revólver. A los 14, entró a trabajar en una cocina donde se preparaba cocaína con un sueldo de 300 gramos de coca a la semana. Una vez aprendida la química, montó su propio negocio con el primo. “El campesino era el jefe de la cocina”, explica. Pero vino el gran cartelista de Medellín, el que tenía la plata, y pasó a controlar la producción. Después, entró la guerrilla. “Todos mis amigos de juventud están muertos”, refleja El Gato, campesino de la zona que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. Entre el 83 y el 88 murieron alrededor de 120 personas en un pueblo de 400 habitantes. Hasta que las mujeres dijeron ¡basta!

Así es como Lerma inició su propio proceso de paz mucho antes que el resto del país. Se empezó con el cierre de las cantinas en el 88 y finalizó con un programa educativo impulsado por Walter Gaviria, profesor licenciado de Popayán, para enseñar a los niños nuevos valores a través de la música, el teatro y el deporte. En 1993 se fundó el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) para llevar a cabo programas de desarrollo rural. La experiencia de Lerma fue tan exitosa que en 2003 pasó a formar parte de los Laboratorios de Paz impulsados por la Unión Europea para sistematizar las buenas iniciativas de paz. En 2013, Lerma fue reconocido como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ por el Municipio de Bolívar, título que ostenta con orgullo el gran árbol que preside la entrada del pueblo.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico dejaron mella. Junto con el empeño del gobierno, se consiguió estigmatizar la hoja de coca en un territorio en el que se la consideraba sagrada, la Mamacoca, la madre de todas las plantas.

 


Los nuevos tiempos

 

A los trece años, Herney Ruiz se compró un revólver, a los 14 ya trabajaba en la producción de cocaína; ahora apoya alternativas al cultivo ilícito de coca


En el mercado de Bolívar, una vendedora esconde entre maíz y frijoles unas pocas bolsitas de hoja de coca tostada. “¿Cuántas vende al día?”, le pregunta Herney. La mujer le mira de refilón y responde que poquitas, “una o dos bolsitas namás”. Al poco tiempo, un señor con sombrero y camisa a cuadros le compra dos bolsitas más. Al minuto otro señor proveniente de la ciudad le pide otras dos “para hacer infusiones”. La vendedora saca de repente un saco entero que tenía escondido y empieza a rellenar más bolsitas. Herney lo llama “venta en resistencia”.

 

La estigmatización de la coca

 

En la cantina, una señora mayor come lentamente su sopa de maíz. Teodosia Hernández, originaria del Morro, Bolívar, es de las pocas mambeadoras (mascadoras de hoja de coca) que quedan en la región. “Mambear va bien para cualquier oficio”, explica. “Ahora mambeo para barrer y limpiar, sino todo me da pereza”.

Doña Teodosia relata cómo en sus años mozos vendía, compraba y mascaba hoja de coca todos los días. “Siempre dicen que se va a acabar, pero la hoja nunca se acaba”, afirma.

Don Agustín, emocionado por unirse a la conversación, empieza a explicar cómo se produce el mambe, una piedra calcina que se usa para quitarle la amargura a la hoja en el mascado y que es lo que le da el nombre en Colombia. Sus padres producían el mambe y le enseñaron a quemar la cal.

“¿Y usted sigue mambeando Don Agustín?”, pregunta Herney inocentemente. “¿Yo?”, se extraña. “Con el contrabando lo tachaban a uno de verraco. Así que cuando las autoridades empezaron a erradicar, yo también arranqué mis matas”, puntualiza.

 

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Doña Teodosia, una de las últimas mambeadoras en Bolívar (CR)

 

Hoy en día en Colombia los campesinos rehúyen el uso de la hoja de coca y los mascadores prefieren mantenerse en el anonimato. “El campesino es muy reservado. La represión ha hecho que la gente no luche por sus derechos”, aclara Herney.

 

El impacto de la ‘narcoguerra’

 

En el pequeño terreno de menos de un cuarto de hectárea en una pendiente empinada, Herney cultiva de todo: yuca, frijoles, piña, mango, coca. Después del largo verano de seis meses, la tierra está seca y los guineos se ven lánguidos. Quedan unos pocos plátanos verdes colgando de la mata. Herney coge uno y lo abre. La parte interior está toda negra, podrida. “Este tipo de guineo ya no sirve, tenemos que arrancarlo todo y volver a plantar con una nueva semilla”, explica Herney, exhausto.

Hace dos años de la última fumigación en Bolívar, a unos 30-40 kilómetros del pueblo, pero las consecuencias aún son palpables. “Esto ha sido una guerra biológica”, denuncia Herney, “salíamos a mirar las avionetas y al día siguiente teníamos ronchas en el cuerpo, diarrea e irritación de la vista y la garganta”, añade.

 

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Herney Ruiz muestra los plátanos podridos y lo atribuye a las fumigaciones con glisofato (CR)

 

Como parte de la llamada “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos y la ONU, en los años 90 empezaron las fumigaciones con glifosato. Los cultivos no dejaron de aumentar hasta el 2001, cuando se implementó el Plan Colombia financiado por los EEUU. La nueva ofensiva redujo los cultivos, aunque solo temporalmente. Entre 2003 y 2007 se incrementaron paulatinamente hasta alcanzar los niveles de 2001 a medida que los agricultores se adaptaban a las nuevas condiciones.

El mismo Departamento de Estado de EEUU reconoce que tales políticas provocaron que los cultivos se esparcieran por todo el país, hasta en áreas remotas. Entonces, el gobierno colombiano introdujo una nueva ofensiva: las erradicaciones forzosas con presencia de militares y agentes antinarcóticos en el terreno.

Después de 25 años, en octubre de 2015, el gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato presionado por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que confirmaba sus efectos nocivos en el ser humano y el medio ambiente.

Sin embargo, después de un aumento de los cultivos en 2016, el gobierno decidió retomar el uso del glifosato esta vez por vía terrestre y con un protocolo especial para evitar la afectación a las comunidades campesinas.

Las erradicaciones también continúan, y muchas familias se quejan de que pierden el sustento económico y no disponen de una alternativa viable. “Las erradicaciones trajeron pobreza y descomposición social. Aumentaron los atracos en la carretera y muchas familias se fueron a la ciudad. La escuela pasó de 120 alumnos a 60”, valora Herney.

Otra de las apuestas del gobierno colombiano es la sustitución de cultivos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que contempla la participación comunitaria y la sustitución voluntaria. Algo que para Dora Troyano, impulsora de la campaña “Coca y Soberanía” en Colombia, es clave. “Las comunidades tienen que poder decidir si quieren cultivar la hoja de coca como un producto agrícola más, y para eso debe estar despenalizada y las familias tienen que ser propietarias de la tierra”, puntualiza.

Hugo Cabieses, economista peruano experto en drogas y desarrollo rural, piensa que la solución pasa por la diversificación. “Los organismos internacionales y de cooperación creen que la única posibilidad es sustituir la coca por un solo producto. Pero tenemos que remplazar esta cultura del monocultivo por una que favorezca la diversificación, no solo de cultivos sino también de actividades económicas sostenibles y viables en el territorio”, insiste.

 

Las razones


“Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja; para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier, que aprendió a recoger la hoja en territorios de las FARC

 



Por el camino hacia el río, Herney se encuentra a un productor de coca, de aquellos que cultivan la coca “para otra cosa”. Edier aprendió a recoger la hoja en el Putumayo, donde trabajó como jornalero durante tres años en los cultivos dominados por las FARC. Harto del control de la guerrilla, recorrió el sur de Colombia de cultivo en cultivo. Trató de sembrar maíz y cacahuetes en Nariño y perdió la semilla. Trató de cultivar café en Bolívar y el verano arrasó con todo. Sólo le quedó la coca. “Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja. Para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier.

 

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Campesinos recogen hoja de coca para consumo propio en el terreno de su casa (CR)

 

Los nuevos acuerdos de paz recién firmados entre las FARC y el Gobierno prevén una reforma rural que pretende conceder tierras al campesinado a través de un fondo de distribución de tierras y promover el desarrollo social y económico de las zonas rurales. Sin embargo, los habitantes de Lerma dudan de los beneficios para los campesinos y temen una lucha abierta por la tierra y por los recursos naturales, pues aquellos que solo han vivido la guerra, dicen, no saben qué es la paz.

 


Fabiola Piñacué


“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa: “muchos proveedores venden al narcotráfico porque paga más: ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, y yo pago de 25 a 30.000”


Como Herney, hay más innovadores y pioneros en el departamento del Cauca. Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa, recoge la hoja de coca extendida en el patio antes de que el sol la seque demasiado. Mientras, en la casa de campo de su socio, que es a la vez almacén y planta de procesado, se realizan los últimos preparativos para llevar una nueva encomienda a la fábrica de Bogotá, donde Coca Nasa elabora los productos derivados de la hoja de coca.

Este mes está complicado. Hay muy poca hoja de coca para recoger y todos los trabajadores están en la cosecha del café. A Fabiola Piñacué le preocupa no poder obtener la hoja necesaria para satisfacer la producción de galletas, té, ron, jabones y cremas que elabora a base de hoja de coca

“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa, “cada vez toca buscar a los proveedores porque muchos de ellos le venden al narcotráfico, que paga más. Si ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, yo les intento pagar de 25 a 30.000”. Una diferencia de unos 3€ por cada 12kg de hoja de coca; 3€ con los que come una familia colombiana al día. “Pero si se nos adelantan”, reconoce Piñacué, “aquí no hay ni Dios ni ley”.

 


Una lucha dura


Durante quince años, Piñacué se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a las empresas multinacionales y a su propia comunidad indígena


Fabiola obtiene la hoja de coca de las montañas andinas de Tierradentro, una región a 600 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Cauca, donde se establecieron las primeras comunidades indígenas del país. Prueba de ello son los más de cien hipogeos de roca pintada que recorren las cumbres de las montañas en el Parque Arqueológico de Tierradentro.

Hoy en día, indígenas, mestizos y blancos conviven alrededor del cultivo de la hoja de coca, práctica que se mantiene arraigada en la cotidianeidad. Cada vecino tiene sus matas, ya sea en el jardín de su casa o en las plantaciones arriba en la montaña.

 

De las aromáticas al Coca Sek

 

Muchas veces, a Fabiola Piñacué le cuesta encontrar hoja de coca limpia y sin pesticidas para destinarla a la fabricación de alimentos. La mayoría de los cultivadores la destina al narcotráfico, y solo los que mantienen prácticas tradicionales no utilizan químicos. “Para ellos es un orgullo que les compremos directamente”, comenta la emprendedora, “y les duele darla al narcotráfico, pero si les toca, les toca”, añade.

Durante estos últimos quince años, esta emprendedora colombiana ha tenido que luchar duro para el reconocimiento al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca. Fabiola se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a empresas multinacionales y a la misma comunidad indígena de la que ella es originaria.

 

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La plaza Mayor de Belalcázar cercada por la policía nacional colombiana (CR)

 

La hoja de coca en Colombia solamente está permitida para el uso tradicional de las comunidades indígenas, que la han mascado por generaciones. Cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada y así también el consumo en su estado natural.

Coca Nasa empezó con 200 pesos para vasos desechables y una idea: lograr sacar de la estigmatización la coca y recuperar el uso ancestral de la hoja. “El gobierno, con su política prohibicionista, extirpó la cultura”, comenta Fabiola Piñacué.

 

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A través de campañas publicitarias como la del gobierno de Álvaro Uribe que definía a la hoja de coca como “la mata que mata”, se satanizó la hoja y se eliminó el consumo cotidiano en las comunidades rurales. “Ahora solo los abuelos mambean (mascan hoja de coca). El uso de la hoja de coca se erradicó junto a la erradicación de la planta”, denuncia la empresaria.

Con el dinero obtenido vendiendo té de coca -un buen remedio para el soroche o mal de altura- a los compañeros de la universidad, Fabiola Piñacué compró bolsas para empacar la hoja de coca entera y tostada, que triunfaba entre los jóvenes porque les permitía seguir estudiando durante la noche. Luego compró una maquinilla para el sellado, un molinito para convertir las hojas de coca en harina y diseñó la etiqueta del envase. En el 2000 llegó la industrialización: aromáticas, galletas, ron y el famoso Coca Sek, una bebida energizante parecida a la Coca-Cola.

 


El deterioro


Colombia solo permite el uso tradicional de la hoja a las comunidades indígenas; cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada


En el 2006, la multinacional demandó a Coca Nasa por plagio de marca. Coca-Cola alegaba que otra empresa no podía usar el término “coca” en sus productos para referirse a la hoja de coca, pero Coca Nasa ganó el juicio. Y es que todo apunta que las dos bebidas no solo comparten el nombre, también ciertos ingredientes.

 

La lucha por el reconocimiento

 

Aunque Coca-Cola ha negado varias veces que siga utilizando hojas de coca en la preparación de su brebaje, en 1988 el periódico New York Times publicaba un artículo en el que un representante de la empresa reconocía el uso de la hoja de coca, eso sí, sin el alcaloide de cocaína.

La farmacéutica Stepan Company de Nueva Jersey se encarga del proceso de descalinización y es la única empresa en Estados Unidos autorizada por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA en inglés) para importar y comercializar hojas de coca.

 

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Té con hojas de coca, que se usa para el mal de altura (Clara Roig)

 

Fabiola y su equipo recorren el pueblo de Belalcázar coche arriba, coche abajo, resolviendo problemas. Cualquier tarea es una odisea. El motor del tostador está roto y nadie en el pueblo tiene las herramientas para arreglarlo. No se encuentran jornaleros para recoger la poca hoja que queda y, por ende, la última producción de cien kilos de hoja de coca tostada que enviaron a la fábrica de Bogotá se la retuvieron los policías en Neiva, ciudad aledaña, pensando que era para el narcotráfico.

“Hay mucha ignorancia por parte de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, sostiene Fabiola Piñacué enfadada. “Al menos ahora cuando nos retienen la producción puedo decir que es una violación a nuestros derechos y demandar”, afirma.

 


La reivindicación


“Hay mucha ignorancia de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, afirma la fundadora de Coca Nasa”


En agosto de 2015, Coca Nasa consiguió finalmente que el Consejo de Estado colombiano reconociera el derecho al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca a las comunidades indígenas. Aunque tales derechos ya estaban garantizados por Naciones Unidas y la Constitución colombiana, la batalla más ardua ha consistido en hacer respetar estas garantías.

La ONU prohíbe el consumo y comercialización de la hoja de coca a nivel mundial dejando un espacio legal para el uso tradicional en territorios con evidencia histórica. Por su parte, la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura de 1997, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, entendiendo a la hoja de coca como tal.

 

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Empleados de Coca Nasa negocian con jornaleros para poder recoger la hoja de coca (CR)

 

Con este marco jurídico, Coca Nasa obtuvo en el año 2000 los registros sanitarios para poder sacar adelante su proyecto. No obstante, en enero de 2007 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Inmiva) emitió una circular para que los productos derivados de la hoja de coca fueran retirados de la venta, alegando que solo se podían vender en territorio indígena, aunque posteriormente el intento de restricción fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.

Justo en esa época se estaba por determinar el resultado de la demanda de Coca-Cola, que finalmente resultó favorable para los productores de Coca Sek. Y fue también en ese entonces que la institución de la ONU encargada del control de drogas (la JIFE) pidió al gobierno colombiano que ejerciera sus obligaciones en la lucha contra las drogas.

 

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Mujer "mambea" hoja de coca (Clara Roig)

 

“Después de la pelea legal con Coca-Cola empezó la persecución de Inmiva”, denuncia David Curtidor, marido de Fabiola Piñacué y abogado de la empresa. “Nos hemos desgastado en batallas legales”, añade. En efecto, los procesos judiciales han repercutido en la rentabilidad y productividad de la empresa. Coca Sek, uno de sus productos estrella, se dejó de producir por falta de fabricantes que quisieran envasar la bebida.

 

A por el consumo global

 

Aún así, Piñacué se siente orgullosa. Para ella la lucha legal va más allá de la viabilidad de su proyecto. “Es un servicio a la comunidad. Las sentencias que se han aprobado sirven para todos los pueblos indígenas de Colombia”, comenta. Desde que Coca Nasa empezó a reclamar, la Corte Suprema colombiana ha sido proactiva en hacer respetar el derecho al uso tradicional de la hoja de coca delante de jueces y fiscales que defienden que es ilegal. La retención es menor y hay la previsión de volver a producir Coca Sek.

 

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Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa (Clara Roig)

 

Coca Nasa tiene la esperanza de llegar a un público masivo. En Perú, un 14% de la población (unos tres millones y medio) consume hoja de coca al menos una vez al año, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei-Devida) del 2013. En Bolivia, un tercio de la población son consumidores regulares, de acuerdo con un estudio del gobierno financiado por la Unión Europea. Por su parte, Alfredo Menacho, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) del Perú, ha analizado el mercado potencial de la hoja de coca y en el caso de que fuera legal exportarla, podría generar 40.000 millones de dólares al año.

Fabiola piensa que el cambio en la política de drogas se ha generado a través del consumo. Gracias a que cada vez hay más gente que compra su producto, tiene menos impedimentos para vender. Ahora ya no se pregunta cuanto vende, sino cuánto podría llegar a vender. Y los acuerdos de paz abren un nuevo horizonte de estabilidad en toda Colombia.

 

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Las hojas de coca se pasan por un molinillo para hacer la harina de coca (CR)

 

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