Los empresarios toman el poder: así es la ofensiva neoliberal que azota a Latinoamérica

Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Chile y los países de América Central están viendo como empresarios 'outsiders' de la política llegan a las instituciones con programas económicos liberales que precarizan las condiciones de las clases trabajadoras.


"Los brasileños tienen derechos de más y empleos de menos. La reforma laboral aprobada hace poco tiempo dio cierta tranquilidad al empleador” pero hay que profundizarla para “eliminar las trancas que padecen los inversores. Debemos entender lo difícil que resulta ser patrón en este país”. Con estas palabras, el nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, aclaró definitivamente, por si aún se necesitaba, el panorama que les espera a los trabajadores de su país. Unos días antes, Bolsonaro había anunciado la supresión del Ministerio de Trabajo, y antes aún, en plena campaña electoral, había afirmado que si llegaba al poder los que se ocuparían “realmente” de la economía serían los empresarios, los detentores del capital, “la gente que sabe de eso”.

 

Lo concretó al nombrar al frente de esa cartera, convertida de hecho en un súper ministerio, a un ultra liberal, Pablo Guedes, que ratificó la idea de Bolsonaro de que uno de los problemas de Brasil es el “exceso de derechos”. “Necesitamos flexibilizar, desregular, quitar rigideces al mercado de trabajo”, dijo Guedes semanas atrás, y repitió ahora —palabras más, palabras menos—el presidente Bolsonaro.

 

“Esto no está sucediendo sólo en Brasil. También en Argentina, en Perú, en Chile, en Paraguay, en los países de América Central, hay una ofensiva de los empresarios que se produce en paralelo al avance de la derecha”, dijo a Público en Buenos Aires Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de la provincia de Córdoba e integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. “Todos los países latinoamericanos formamos parte del mismo diseño. Desde la crisis de 2008, los grupos más concentrados han definido una política de acumulación y de extracción de riqueza que evidentemente repercute en el conjunto de la región. Para colmo, se da con las mismas recetas de los 70, de los 90, de 2000: lo único que les interesa a estos grupos es que a los estados les sobre plata para poder pagar nuestra deuda externa”.

Es en ese marco que se están multiplicando en toda la región las reformas laborales, dijo a su vez a Público Alberto Broch, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultoras Familiares de Brasil (CONTAG). “Son leyes que apuntan a quitar derechos a los trabajadores y a flexibilizar y precarizar el trabajo, dándoles más poder a los empresarios”. El presidente argentino Mauricio Macri “es como si fuera un Bolsonaro sin galones, sin el pasado de soldado y el aire fascista del brasileño pero con la misma divisa: de la economía deben ocuparse los empresarios”, agregó Morcillo.

"Van a poder hacer lo que quieran"

Cinco años atrás, en 2013, poco después de asumir la presidencia de Paraguay, Horacio Cartes, un magnate fuertemente vinculado a la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), dijo ante un grupo de empresarios uruguayos que tomaran a su país como “una mujer bonita y fácil, a la que todo se le puede hacer: en Paraguay van a poder hacer lo que quieran, las leyes los favorecen, casi no hay sindicatos, todo es flexible”.

 

“Mucho me hace acordar Bolsonaro a Cartes. Macri y el chileno Sebastián Piñera, como antes el boliviano Sánchez de Losada, algunos de los dirigentes de la oposición venezolana con chances de llegar al poder, tienen mejores modales pero piensan igual, con cabeza de CEO, de empresarios top. Por todos lados están surgiendo en América Latina empresarios con lejanos vínculos con la política, pero que irrumpen en ella con fuerza, como si se tratara de gente que viene a refrescar el panorama pero que en realidad nos quieren hacer retroceder al siglo XIX”, dijo tiempo atrás el sindicalista brasileño Artur Bueno Junior, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y Afines.

Hasta Uruguay, un país que hasta hace poco tiempo presentaba un escenario político “a la europea”, con partidos sólidos y de fuerte anclaje, ha visto el surgimiento de outsiders llegados del mundo empresarial. El más reciente es Juan Sartori, un ejecutivo de 37 años que se fue de niño a Europa, es dueño de un emporio empresarial y está casado con una hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, dueño del club Mónaco de la Liga francesa, que de uruguayo tiene apenas el acento y la pasión por el fútbol, pero pretende ser presidente de un país que casi no conoce evocando casi que como único programa su “éxito en el mundo de los negocios”.

Remake de los noventa

Héctor Morcillo sostiene que, para su reforma laboral, Macri se inspiró primero en España, luego en Italia, después en Francia. “Fue adaptando su proyecto a medida que veía que la resistencia de los sindicatos se la iba a poner difícil. Aquí hasta ahora pudimos pararla, porque hicimos una huelga general, muchas manifestaciones y resistencia callejera. En Brasil los sindicatos están más debilitados y, con un Congreso extremadamente conservador y corrupto, el presidente Michel Temer pudo hacer aprobar su reforma, Y Bolsonaro va por más: lo eligieron con un buen respaldo de votos y tendrá un parlamento todavía más volcado a la derecha donde las bancadas ‘de la bala, el buey y la biblia’ (los militares, los defensores del agronegocio y los evangelistas) contarán con aún más representantes y son marcadamente antisindicales”.


Aunque los sindicatos le frenaron a Macri la vía legislativa para aprobar su reforma laboral, que “como todas las otras en el mundo está basada en suprimir las negociaciones colectivas y por sector de actividad y en promover los convenios individuales y por empresa”, dice Morcillo, el presidente está intentando colarla por la ventana.

Este miércoles 19 fue creado en Buenos Aires el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, que reúne a un centenar de laboralistas y tiene como objetivo principal inmediato resistir “la reforma que el gobierno va concretando de hecho y en forma encubierta, a través de todo tipo de presiones para modificar a la baja los convenios colectivos de trabajo”. “Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y la democracia sindical de los trabajadores y de sus organizaciones”, señalaron en su manifiesto fundacional.

Antonio Baylos es abogado laboralista y dirige el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social de la Universidad de Castilla La Mancha. Meses atrás estuvo en Montevideo para una serie de charlas. Tanto en Europa como en América Latina, dijo entonces (17-5-18) al diario uruguayo la diaria se están llevando a cabo actualmente “reformas” que son un remake de las que se impulsaron en los años 1990.

“Primero: recortes sociales, el problema del empleo público como potencial causa; y por otro lado la actuación sobre el empleo –abaratando y facilitando el despido–y sobre los sindicatos”. Hay una diferencia clara entre una región y otra, recordaba Baylos: “el punto de partida en el cual se encuentran las democracias de Europa –incluso las del sur– es mucho más alto en materia de protección social” y el colchón amortiguador de que disponen es bastante más resistente a los embates desreguladores que la flaca colchoneta 'sudaca'. Pero las 'pulsiones' neoliberalizantes, decía, son las mismas.

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Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

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Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

Publicado enEdición Nº249
Viernes, 13 Julio 2018 07:10

Un impúdico y meloso vals

Un impúdico y meloso vals

Hacia las 23 horas del domingo primero de julio, una vez que el presidente del Instituto Nacional Electoral y el jefe del Ejecutivo Federal, Lorenzo Córdova y Enrique Peña Nieto, respectivamente, habían declarado a Andrés Manuel López Obrador virtual triunfador de los comicios, el magnate Claudio X González Laporte –fundador, ideólogo y ex presidente del consejo mexicano de hombres de negocios, hoy Consejo Mexicano de Negocios (Cmn) y presidente honorario de la trasnacional Kimberly Clark México– señaló, tras sostener una reunión privada con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (Cce), que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenía el “mandato para serenar al país”.

Erosionados el consenso ideológico y la hegemonía política del bloque en el poder, tras la arrasadora victoria popular en las urnas, González Laporte se ponía a la cabeza de la ofensiva plutocrática para intentar modificar la nueva correlación de fuerzas.


Bajo la bandera de la “conciliación” de clases y el mandamiento de “serenar al país” (ergo a la chusma, los prole) para que los mercados financieros y la inversión privada “reaccionen bien”, el esfuerzo por arrastrar a Amlo hacia la derecha del espectro político se reanudaría tres días después en un hotel de Polanco, en el marco de una reunión a puerta cerrada del virtual presidente electo con el Cce.
Al término del evento, y tras saludar con la mano a un centenar de empresarios, la mayoría de los cuales lo habían combatido, un tieso López Obrador recibió el abrazo de oso de Claudio X González, que tuvo como objetivo construir una nueva imagen del poder; manufacturar un nuevo consenso por la vía de fijar en el imaginario colectivo la “confianza” emergente en las alturas.


La fabricación de una nueva narrativa y nomenclatura de conceptos funcionales a los intereses de la plutocracia tiende a ocultar y/o maquillar las contradicciones, la conflictividad social y la lucha de clases. Su objetivo en la etapa es impedir la promesa de Amlo de separar el poder económico del poder político así como renovar el “capitalismo de cuates”; limar las aristas más progresistas del programa de López Obrador y desactivar los anhelos de cambio pacífico profundo que despertó en la masa de excluidos del sistema.


El futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo –el converso ex comparsa del capo de la “mafia del poder” Carlos Salinas de Gortari– reforzó la idea sobre una “luna de miel” entre López Obrador y los amos de México. Esposo de Maca Garza Lagüera (nieta de Eugenio Garza Sada, fundador del poderoso Grupo Monterrey), Romo fue socio de Carlos Slim y de Pedro Aspe Armella, con quien fundó el grupo financiero Vector, de su propiedad, también fue presidente del Grupo Plenus (biotecnología y servicios financieros).


Así, como por arte de magia, cuatro días después de los comicios, los melosos vínculos entre los “traficantes de influencia”, los “beneficiarios” de la corrupción que no quieren perder “el privilegio de mandar” (Amlo dixit) y el “populista” que encarnaba, según la derecha, un “peligro para México”, un “castro-chavismo” a la mexicana y la restauración de un “presidencialismo autoritario”, “hegemónico”, de nuevo tipo, se había trasmutado en “respeto”, “optimismo”, “certidumbre”, “confianza mutua”, “colaboración”, “unidad patriótica”.


Un día después irrumpiría la puesta en escena del video mensaje “Yo creo en México”, estelarizado por un grupo de diez magnates con negocios cuyas ventas son equivalentes al 4,4 por ciento del producto bruto interno (Pbi), que felicitaron al futuro mandatario y le ofrecieron su respaldo y compromiso empresarial para un trabajo conjunto.


En el inédito abanico de imágenes aparecerían: Blanca Treviño, presidenta y directora ejecutiva de la trasnacional mexicana Softtek (líder latinoamericana en provisión de tecnología de la información), y miembro de los consejos directivos de Walmart México y de la minera canadiense Goldcorp; “Mariasun” Aramburuzabala, la megamillonaria marca Forbes, presidenta de Tresalia Capital (Fondos de Capital Privado y Venture Capital), vicepresidenta de la compañía cervecera belga-brasileña AB InBev, compradora del Grupo Modelo (Corona Extra, Negra Modelo, Victoria y Pacífico) e integrante de los consejos directivos de Televisa, América Móvil, Ica, Banamex-Citigroup, Aeroméxico, Kio Networks, et al; Daniel Servitje, presidente de la trasnacional panificadora Bimbo; el banquero Antonio del Valle, presidente vitalicio del Grupo Empresarial Kaluz, dueño del conglomerado químico Mexichem y del Grupo Financiero BX+ (Banco Ve Por Más), y socio de Carlos Slim en la constructora Elementia; Carlos Danel, cofundador de Compartamos Banco (microfinanzas), hoy Gentera; José Antonio “el Diablo” Fernández, de Fomento Económico Mexicano (Femsa), la multinacional de la industria restaurantera y de la bebida, embotelladora de Coca-Cola, férreo crítico de Romo y quien en las pasadas elecciones recomendó “votar con el cerebro, no con el hígado”; el propio Claudio X González y su hijo homónimo, de Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (sic), quien llevó la batuta en la orquestación de la campaña negra contra el candidato de Morena, y, finalmente, dos integrantes de la “minoría rapaz” (como llamó Amlo a cinco miembros del Cmn), Eduardo Tricio, presidente del Grupo Industrial Lala (lácteos) y accionista de Aeroméxico y Citibanamex, y Alejandro Ramírez, dueño de la cadena Cinépolis y actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios.


La “cargada”1 empresarial seguiría los días siguientes con sendos mensajes de felicitación y apoyo a Amlo del impune ecocida Germán Larrea,2 el segundo megamillonario del país (detrás de Slim), dueño del Grupo México (minería, energía, ferrocarriles), quien ha vivido de concesiones del Estado; de Alberto Bailleres, tercer hombre más rico de México, cabeza del Grupo Bal (minería, metalurgia, sector financiero y de seguros, administración de pensiones, agroindustria, comercio), y del magnate Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas (Banco Azteca, Tevé Azteca y Adn40, Electra y dueño de los equipos de fútbol Atlas de Guadalajara y Monarcas de Morelia), entre otros.


También muy significativas fueron las felicitaciones de tres conspicuos jefes políticos de la “mafia del poder” (otra vieja expresión de Amlo): los ex presidentes de la república Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyas millonarias pensiones López Obrador prometió suprimir. Y otro que sin pudor se anotó en las reverencias al futuro mandatario fue el líder del sindicato petrolero y senador del Pri Carlos Romero Deschamps, símbolo de la corrupción y el saqueo a Pemex (Petróleos Mexicanos), cuyo cacicazgo Amlo prometió acabar cuando llegue al gobierno.


El impúdico travestismo de los grupos de presión económicos-financieros-corporativos guarda relación, pues, con la inestabilidad hegemónica en el seno del bloque en el poder y la erosión del consentimiento de las masas; tras el voto de castigo popular a las políticas neoliberales de los últimos 30 años existe un desajuste de la hegemonía política sobre las mayorías pauperizadas. Este fenómeno se ve reflejado también en la crisis de representación de los partidos tradicionales y los firmantes del Pacto por México en 2012 (Pri, Pan, Prd, Partido Verde), producto del alejamiento de la burocracia dirigente y sus intelectuales orgánicos de buena parte de esos 30 millones de ciudadanos que votaron por López Obrador, aun cuando no parezca claro si comparten plenamente su proyecto de nación.


Pese a todo, no existen datos que apunten hacia una crisis orgánica del sistema. La crisis, diría Gramsci, consiste precisamente “en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo”. Los cinco largos meses de la transición hasta la toma de mando de López Obrador, exhibirán si se agudizan las contradicciones de clase en la perspectiva de un cambio social radical o si se refuncionaliza el sistema de dominación. Pero eso, ni Dios lo sabe.

13 julio, 2018

1. Junto con el “dedazo” y el “destape”, la “cargada” se incorporó al diccionario político del viejo priismo y se define como la adhesión en masa al candidato elegido desde lo más alto del poder, con la obligación de observar disciplina partidaria y un apoyo incondicional que en ocasiones llega al extremo de la ignominia. Ver Jorge Torres Castillo, “La cargada en la política”, Milenio, 28-III-17.
2. Responsable de la contaminación del río Sonora en 2014 y de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, donde quedaron 63 cuerpos atrapados en 2006.

 

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Rueda de prensa

Veinticinco líderes y lideresas sociales del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño amenazados de muerte y familiares de líderes que han sido asesinados, se reunieron en Bogotá para exigir garantías y poder retornar a sus territorios. Aseguran que detrás de los asesinatos, hay intereses de empresarios que han ocupado sus tierras y que a finales de los 90, los despojaron y desplazaron de sus tierras.

 

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los líderes sociales “están amenazados de muerte por una estrategia determinada por empresarios vinculados a la criminalidad en la región, que han sido señalados en diferentes instancias judiciales”. Recordaron que en menos de 10 días fueron asesinados dos líderes de la región, Mario Castaño y Hernán Bedoya.

 

DETRÁS DE LOS ASESINATOS Y LAS AMENAZAS, HAY INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS


Estos líderes llevan más de 20 años luchando por retornar y proteger su territorio. En repetidas ocasiones han manifestado que debido a las denuncias que han realizado han atentado contra su integridad, “nos han quitado la vida”, afirmaron. Ellos y ellas han dicho que son los empresarios palmeros, ganaderos, plataneros, mineros y bananeros los que se apropiaron del territorio. Asimismo, manifiestan una complicidad de la fuerza pública, instituciones gubernamentales y representantes de empresas como la Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, con la que se enfrentó toda su vida Mario Castaño.

 

Los líderes asesinados habían denunciado las actuaciones de mala fe de empresarios y representantes de empresas como Baldoyno Mosquera Palacios, Javier Restrepo y Juan Guillermo González, de quienes los integrantes de las comunidades han recibido amenazas directas de muerte. “¿Cuándo nos van a escuchar?”, se preguntan las personas.

 

En ese mismo sentido indican que desde 1997 ha existido una estrategia para tomar los territorios que les pertenece a las comunidades. Indicaron que “el Gobierno Nacional se ha encargado de tergiversar la realidad, dice que son ajustes de cuentas entre empresarios contra la comunidad, pero ¿qué cuentas tenemos nosotros con los empresarios? Ninguna”. Ante los medios de comunicación reiteraron que en esa región hay poderes políticos y económicos “muy poderosos que están acabando con la vida de quienes reclaman los derechos”.

 

PARAMILITARES Y FUERZA PÚBLICA PROTEGEN A LOS EMPRESARIOS


Ante el anuncio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sobre el cese al fuego unilateral, los líderes del Bajo Atrato y Urabá indicaron que “es una medida que llena de esperanza”, pero que los autores intelectuales de los asesinatos son estructuras armadas contratas directamente por empresarios, “que están pagando para que nos maten”.

 

Además, han denunciado que pese a las directrices dadas desde los altos mandos de las AGC, los integrantes de bajo mando de esa estructura operan como sicarios en el territorio. “Por 300.000 o 500.000 pesos matan a cualquiera”, expresan.

 

Por otra parte, les sorprende que aun con la presencia de la Fuerza Pública continúen sucediendo estos asesinatos. En esa línea, aseveraron que el Batallón de selva No. 54, que se encuentra en Llano Rico, acompaña al empresario cuando llega a la comunidad, “el ejército lo cuida cuando se dirige a las tierras que le ha quitado a la comunidad. Los militares lo acompañan a hacer todos los procedimientos ilegales”.

 

“PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN ABSTENERSE DE RECIBIR DINERO DE EMPRESAS INVOLUCRADAS EN ASESINATOS A LÍDERES”


Teniendo presente el inicio de la carrera electoral, los líderes y lideresas fueron enfáticos en manifestar que los políticos, “tienen que dejarnos a los campesinos en nuestras tierras tranquilos”. Afirmaron que la sociedad “no puede seguir eligiendo a los mismos de siempre” y que los partidos políticos debería abstenerse de recibir recursos para sus campaña de las empresas que están comprometidas en el asesinato de líderes.

 

Diferentes organizaciones sociales han instado a los partidos políticos a que actúen de manera transparente para que en el futuro, “no queden atrapados y dirigidos por los intereses de esas empresas”. Finalmente, los líderes exigieron una reunión con Guillermo Rivera, Ministro del Interior y con el vicepresidente Óscar Naranjo, para que se dé una respuesta clara sobre la situación de las tierras y la protección de las comunidades, y “no tengamos que volver a unas exequias nunca más”.

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Oxfam: ocho magnates poseen más riqueza que la mitad de la humanidad

La brecha de desigualdad global sigue agravándose: apenas ocho multimillonarios –entre ellos el mexicano Carlos Slim Helú– poseen más riquezas que la mitad de la humanidad, plantea un informe que publicó hoy Oxfam, en el que la organización urge a la ciudadanía global y a los tomadores de decisión a reponer la economía “al servicio de 99% de la población”.


Estos ocho magnates –Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison y Michael Bloomberg– detentan una riqueza neta de 426 mil millones de dólares, cuando la riqueza global asciende a 255 billones de dólares, donde la la mitad de la población más pobre apenas detenta 0.25%, abundó Oxfam.


La razón: los Estados abandonaron a la mayoría de la población y “se contentan con ser una extensión de la élite en el poder”. Por ello recortaron los impuestos a los más ricos –y limitaron con ello la redistribución de las riquezas–, desincentivaron la sindicalización de los trabajadores y alimentaron la sobreexplotación de los recursos naturales.
“Bastaría con utilizar los recursos existentes para erradicar desde ahora las tres cuartas partes de la pobreza extrema, ajustando los impuestos y reduciendo los presupuestos militares y otros gastos regresivos”, sostuvo Oxfam.


La organización recordó que desde el año 2015, el 1% de la población más adinerada posee más riquezas que el 99% restante, y que en los últimos 30 años el ingreso de los estadunidenses más pobres no creció, mientras que el del 1% más rico se disparó en 300%. En América Latina, el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes suman más tierras que el 99% restante.


En las próximas dos décadas, tan sólo 500 personas entregarán unos 2 billones 100 mil millones de dólares a sus herederos, señaló Oxfam.


También subrayo que una tercera parte de los mil 810 multimillonarios que registró Forbes en 2016 no generó su fortuna, sino la heredó de sus antecesores.


“Desde el año 2000, la mitad más pobre de la población nunca ha obtenido más de 1.5% de las riquezas mundiales, y el 1% más rico nunca ha pasado por debajo de 46%”, deploró Oxfam, al añadir que el ingreso del 10% más pobre del planeta apenas se incrementó en tres dólares anuales entre 1988 y 2011.


La desigualdad en la repartición de riquezas afecta en mayor medida a las mujeres, quienes ingresan entre 31% y 75% menos que los hombres, sostuvo la organización.


A la par que se agravan las desigualdades y se ejercen presiones más importantes sobre los empleados –se disminuyó la parte de trabajadores sindicalizados en las últimas décadas– y los productores, las ganancias de las empresas transnacionales de mayor tamaño se disparan, y con ellas los dividendos de sus accionistas.


Así, entre 2015 y 2016 las diez empresas más poderosas del mundo sumaron un balance mayor a los presupuestos acumulados de 180 países, entre ellos Indonesia, Israel o Colombia. Y, a la fecha, 69 de las 100 entidades internacionales con mayores ingresos no son Estados, sino empresas.


De acuerdo con Oxfam, las empresas destinan ahora 70% de sus ganancias en dividendos para los inversionistas, mientras en los años setenta esta tasa alcanzaba apenas 10% de las ganancias.


En 40 años, 60% de las ganancias dejó de ser redistribuida a los trabajadores o invertido en nuevas plantas de producción. Y, en el mismo tiempo, los países disminuyeron los impuestos sobre los ingresos de capital. En otras palabras: los accionistas ganan más y pagan menos impuestos.


Un ejemplo es el de Apple: cerca de las tres cuartas partes del precio de sus teléfonos iPhone son puras ganancias, mientras apenas 5.3% representa el costo de la mano de obra que los fabricó.


La organización lamentó que, pese a las promesas de los gobiernos en erradicar la extrema concentración de riquezas –el décimo punto de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible consiste en “reducir las desigualdades en los países”–, las políticas que se aplican resultan “amañadas”.


Este poder económico permite a las empresas incidir de manera directa en los asuntos internos de los Estados mediante el cabildeo, sobre todo en la toma de decisiones y las legislaciones que les podrían afectar, y en reducir los impuestos que les tocaría pagar.


Oxfam determinó que en los países en desarrollo la tasa de imposición sobre el ingreso se eleva a apenas 30%, “y que la mayor parte nunca se cobra”, y observó que en 1990 los países del G20 cobraban un impuesto de 40% a las empresas, y que 25 años después esta tasa disminuyó a 28.7%.


Para ilustrar este “capitalismo de connivencia”, Oxfam puso como ejemplo a Carlos Slim, quien controla siete de cada diez líneas de telefonía móvil en el país, así como 65% de las líneas fijas, y ello equivale a 2% del PIB nacional; a la par, la organización sostuvo que el gasto social se redujo en 129 mil 200 millones de dólares entre 2005 y 2009, “debido al sector amañado de las telecomunicaciones”.


Por si fuera poco, las empresas escapan a las agencias tributarias de los países donde operan, al abusar de los servicios que ofrecen los paraísos fiscales, tal y como lo reveló el año pasado la investigación global Los Papeles de Panamá, en la que participó Proceso.


De acuerdo con Oxfam, el modelo neoliberal es tan insostenible que amenaza con “dislocar” nuestras sociedades. Además, éste se basa en seis planteamientos engañosos, entre ellos que el mercado debe prevalecer sobre el Estado, que las empresas deben orientarse a maximizar las ganancias de los accionistas, o que el modelo no es sexista.
Cambiar de modelo


Superando el discurso fatalista, Oxfam llamó a la humanidad a explotar su “talento increíble, riquezas enormes e imaginación sin fronteras”, e imponerse un modelo económico que se centre en el ser humano “antes de que sea demasiado tarde”.


“Una economía enfocada sobre el ser humano debe combatir el reforzamiento de los principios neoliberales que, bajo el pretexto de la globalización, colocan a los países unos contra otros, nivelan hacia abajo los impuestos y los salarios, explotan a las poblaciones y los recursos en las cadenas de surtimiento globales, y donde las empresas transnacionales no rinden cuentas a nadie”, aseveró.


En este modelo, los gobiernos estarían al servicio de 99% de la población más pobre, los Estados cooperarían en lugar de hacerse competencia –en materia fiscal, entre otros–, se promovería la igualdad de género, se emplearía energías renovables y se incrementaría el impuesto a las empresas y las personas más adineradas.


Oxfam exigió a los gobiernos que abran las instituciones a un abanico de personas más amplio –y no sólo a la élite–, incentiven la rendición de cuentas –sobre todo en materia de cabildeo–, y que los Estados reasuman la prestación de servicios públicos de calidad, como la salud y la educación.


Asimismo, pidió apostar a los modelos de economía social, como el modelo cooperativista, que no ofrecen “recompensas indebidas” a los accionistas.


Incluso aseveró que, tan sólo al recaudar 1.5% de impuestos sobre las fortunas que superan los mil millones de dólares, se aseguraría la educación y la salud de seis millones de niños. Y los multimillonarios ni cuenta se darían: sus ingresos se incrementan en 10% en promedio cada año.

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Temor del 1% a los de abajo, causa del impeachment

La pregunta decisiva, ante la crisis brasileña, debería ser: ¿por qué los grandes empresarios que habían apoyado a Lula y a Dilma rompieron con los gobiernos del PT y lanzaron una potente ofensiva hasta conseguir la destitución? La ofensiva de la derecha brasileña contra la presidenta Dilma Rousseff fue producto de un viraje abrupto, a consecuencia de la intensificación de las luchas de clases, en particular de los pobres, negros y habitantes de las favelas.

Para dilucidar esta hipótesis es necesario reconstruir lo sucedido en los años pasados. Los hechos dicen que el punto de inflexión en la tolerancia de la burguesía sucedió en 2013. Con la distancia del tiempo es posible mostrar la confluencia entre diversos sectores de trabajadores y de jóvenes en una coyuntura que permitió dar un enorme salto cualitativo en la capacidad de movilización de los sectores populares. Para ello veremos tres hechos: las movilizaciones de junio de 2013, el alza notable de las huelgas y la creciente organización de los diversos abajos.

Sobre el primer punto hemos hablado bastante: en junio de 2013 millones de jóvenes ganaron las calles contra el aumento al transporte urbano y la represión policial, en acciones que deben comprenderse como una gigantesca denuncia contra la desigualdad que los gobiernos del Partido de los Trabajadores no modificaron, aunque hayan disminuido la pobreza. Hoy sabemos que la desigualdad no sólo no cayó, sino que tiende a aumentar, incluso en los periodos de bonanza económica, cuando el uno por ciento acaparaba 25 por ciento de la riqueza, porcentajes que habrán subido durante la presente crisis.

La segunda se relaciona con las huelgas. Las luchas obreras en Brasil habían alcanzado un pico luego de la salida de la dictadura, en el periodo de aprobación de la nueva Constitución Federal en 1988 y las primeras elecciones presidenciales directas en 1989. En esos años se alcanzó un pico histórico de mil 962 huelgas, en 1989, y algo menos en 1990, para descender abruptamente en la década neoliberal y estabilizarse bajo los dos gobiernos de Lula en torno a 300 huelgas anuales.

En 2013 se produjo un aumento repentino de las huelgas (aunque en 2012 ya habían crecido), batiendo el récord de la serie histórica de los 30 años pasados. Según el informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Económicos, Balance de las huelgas en 2013 (http://goo.gl/o35Wi6), ese año hubo 2 mil 50 huelgas. Pero el crecimiento cuantitativo es un dato que no alcanza a mostrar los fuertes cambios registrados en las protestas.

El informe citado destaca que hubo una expansión de las luchas hacia sectores que habitualmente no se movilizan. Sostiene que hubo un desborde de las categorías profesionales más frágiles, tanto desde el punto de vista de las remuneraciones como por las condiciones de trabajo, salud y seguridad. Se refiere, de modo particular, a los trabajadores de la industria de la alimentación y la limpieza urbana.

En la industria frigorífica trabajan 800 mil personas, de las cuales entre 20 y 25 por ciento presentan problemas de salud, ya que realizan entre 70 y 120 movimientos por minuto, cuando se recomienda no superar 35. En 2010, 70 por ciento de los obreros de la multinacional Brasil Foods sufrían dolores por el trabajo, y 14 por ciento pensaron en suicidarse por la presión a que los someten (http://goo.gl/x0Bxfi). Un joven que ingresa a la industria a los 25 años, a los 30 ya tiene lesiones irreversibles.

Los trabajadores de la limpieza urbana de Rio de Janeiro realizaron una huelga memorable durante el carnaval de 2014 y consiguieron aumentos de 37 por ciento en sus salarios. Fue una huelga masiva y combativa que se sostuvo con base en la democracia directa, desconociendo al sindicato burocrático (http://goo.gl/zvl58G). La inmensa mayoría son negros y mestizos que viven en las periferias urbanas y en las favelas.

En 2014 irrumpieron las camadas menos calificadas y peor pagadas de la clase trabajadora, alentadas por las movilizaciones de junio de 2013 e impulsa-das por la crisis que se comenzó a sentir en 2012.

La tercera cuestión consiste en el aumento de la organización y el activismo en las favelas, donde viven los brasileños más pobres. El 24 de junio de 2013, mientras millones se manifestaban en paz en las avenidas, la policía ingresó disparando al Complexo da Maré, en Rio de Janeiro, y asesinó a 10 jóvenes negros. Es lo común. Lo diferente fue la respuesta de los favelados: 5 mil vecinos cortaron la estratégica avenida Brasil durante dos horas. Fue el comienzo. En julio, las acciones se multiplicaron por la desaparición del obrero Amarildo de Souza en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP), de la favela Rocinha.

En diciembre y enero sucedieron los rolezinhos de miles de jóvenes pobres que se reúnen en los shoppings y desafían, bailando, a la policía. De ahí hubo decenas de reacciones a la brutalidad policial. Los favelados neutralizaron el control y comenzaron a organizar en muchas favelas grupos culturales, de denuncia, de defensa de los derechos humanos, que se conectan con otros grupos de otras favelas. Han perdido el miedo.

Los de abajo relanzaron su lucha por la dignidad y por la vida. Fue la señal de alarma para los de arriba. En uno de los países más desiguales del mundo, donde las clases coinciden con el color de piel, el clasismo y el racismo se expresan con la brutal violencia que caracteriza a las sociedades coloniales. Porque Brasil debe ser analizada como sociedad colonial, donde la acumulación de capital se apoya en la segregación que supone el no reconocimiento de la humanidad de los de abajo.

La crisis ha develado que la democracia es apenas el taparrabo que usan los de arriba para esconder sus vergüenzas: la primera y básica es que no están dispuestos a compartir el pastel con negros y mestizos. Para ellos, sólo las migajas que sobran. Pero el problema es otro: nos creímos el cuento. Unos por conveniencia. Otros por pereza o miedo.

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Lunes, 22 Febrero 2016 06:11

Democracia a la venta

Democracia a la venta

Esta es la mejor democracia que el dinero puede comprar. Cuando uno de los principales precandidatos es un multimillonario, y cuando todos los demás de ambos partidos –con excepción de uno– son patrocinados por multimillonarios, es difícil hablar de una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.


Como para confirmarlo, ahora hay un potencial candidato independiente, Michael Bloomberg, que amenaza con ingresar a esta, la elección más cara de la historia mundial, y que dice estar dispuesto a invertir mil millones de dólares de su propia fortuna para buscar la presidencia. Ya deberían poner un anuncio de Se vende en el jardín frente a la Casa Blanca.


En 2010, la Suprema Corte, en un caso conocido como Citizens United, emitió un fallo que declara que las donaciones de campaña tanto de individuos como de empresas son, en esencia, libre expresión, y por lo tanto no pueden ser limitadas. Esto llevó a la creación de Comités de Acción Política ampliados, o súper PAC, que son entidades dedicadas a promover sus intereses en una elección y, aunque no pueden por ley coordinarse con un candidato o partido, pueden comprar publicidad en televisión, generar campañas de propaganda y más, a favor de un partido o candidato. Más aún, no tienen que divulgar de dónde reciben sus contribuciones ni los montos donados.


El ex presidente Jimmy Carter calificó este fallo de legalización del soborno en las elecciones. Abundó, en una entrevista reciente con la Radio 4 de la BBC: el fallo erróneo de la Suprema Corte, donde ahora millonarios y multimillonarios pueden entregar montos ilimitados de dinero, permiten que el soborno legal pueda prevalecer, porque todos los candidatos, sean honestos o no, o sean demócratas o republicanos, dependen de estas infusiones masivas de efectivo de gente muy rica para poder contar con el dinero para hacer sus campañas.


Explicó que cuando los candidatos son electos hacen lo que los ricos desean. Y eso es dejar que la gente rica se haga más y más rica, y dejar de lado a la clase media. Todas las estadísticas demuestran que la clase media está estancada o va hacia abajo en el ingreso por el trabajo que realizan, indicó.


Miles de millones se invertirán en esta contienda presidencial que supuestamente refleja la voluntad del pueblo. Pero unos cuantos ricos determinan en gran medida quiénes serán los candidatos entre los cuales el pueblo podrá escoger. Pero esta vez hay una diferencia.


Esta vez hay dos precandidatos, por ahora, que no reciben fondos de multimillonarios ni tienen un súper PAC: el por ahora republicano Donald Trump, que lo puede hacer porque es multimillonario, y el precandidato demócrata y proclamado socialista democrático Bernie Sanders, quien se destaca por rehusar aceptar fondos de cualquier interés empresarial o multimillonario y por financiar su campaña casi exclusivamente con donaciones pequeñas (en promedio de 27 dólares) de más de un millón de ciudadanos, un nuevo récord.


La periodista financiera Nomi Prins ofreció datos sobre los patrocinadores ricos de algunos de los principales precandidatos en un reportaje para TomDispatch, entre lo que informa: el ultraderechista cristiano Ted Cruz cuenta con tres millonarios –todos proclamados cristianos– que han financiado su súper Pac con más de 35 millones, además de los 65 millones que ha recaudado hasta ahora para su campaña.


Marco Rubio ha recaudado más de 33 millones de contribuciones de individuos y PAC, entre ellos Goldman Sachs. Se destaca por tener entre sus tres principales patrocinadores al jefe del fondo buitre Paul Singer, famoso por su disputa contra el anterior gobierno de Argentina; otro conocido es el ejecutivo en jefe de Oracle, Larry Ellison, quien es el tercero en la lista de los hombres más ricos del país, según Forbes.


Jeb Bush, quien el pasado fin de semana suspendió su campaña, había acumulado más fondos que cualquiera de los precandidatos –más de 128 millones hasta finales del año pasado– con ocho de sus 10 principales donantes del sector financiero, incluido Goldman Sachs, todos los cuales seguramente hoy están muy decepcionados con el fracaso de sus inversiones en él.


Hillary Clinton, precandidata demócrata, y su marido Bill, el ex presidente del país, ganaron 139 millones entre 2007 y 2014, casi todo por ofrecer discursos a empresas de Wall Street y compañías internacionales, y por sus libros. Clinton ofreció 12 discursos a empresas del sector financiero entre 2013 y 2015 ganando 2 millones 935 mil por sus palabras.


Para su campaña Clinton ha recaudado más de 100 millones. Sólo 17 por ciento de sus fondos provienen de pequeñas donaciones individuales y 81 por ciento de grandes contribuciones de donantes. Cuatro de los seis principales bancos de Wall Street figuran entre los 10 contribuyentes más generosos a su carrera política, aunque ahora han sido más titubeantes. Más aún, cuenta con varios multimillonarios, entre ellos Haim Saban y George Soros.


Este costoso espectáculo ahora arroja varias interrogantes: ¿ganarán los candidatos millonarios y/o los patrocinados por multimillonarios, o el único que depende en gran medida sólo del apoyo financiero de los ciudadanos comunes? O, por otro lado, ¿se verá un gran combate entre dos gladiadores multimillonarios: Trump contra Bloomberg? ¿O todo acabará como siempre, con varios multimillonarios patrocinando a sus gallos para ver quién es el mejor actor en este espectáculo llamado democracia?


No sorprende que tres de cada cuatro estadunidenses opinan que la corrupción es generalizada en el gobierno, según una encuesta Gallup en 2015, y que 84 por ciento opinan que el dinero tiene demasiado poder en este sistema político, según una encuesta de CBS News. Por ahora, la democracia es un lujo en este país.

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Llegó el fin del "milagro peruano" de Humala

Los tiempos de bonanza económica llegaron a su fin. Y al presidente Ollanta Humala le está tocando pagar la factura al final de la fiesta. Una factura que los adversarios políticos del presidente peruano, y los grupos económicos que han gobernado de la mano con él pero ahora le dan la espalda, se están encargando de que sea lo más costosa posible. Después de estar creciendo entre 6 y 10 por ciento durante la última década, el incremento del PBI en el año 2014 bajó a 2,3 por ciento. Para este año se espera un nivel similar.


Olvidando que en este gobierno la economía ha seguido siendo manejada por la tecnocracia neoliberal, la oposición de derecha, que domina el escenario político, y el establishment económico y mediático, carga a Humala con todas las culpas por la caída de la economía, al mismo tiempo que defienden el modelo neoliberal. "El crecimiento se ha frenado por la ineficacia del gobierno en promover la inversión privada y por su incapacidad para llevar a cabo la inversión pública", ha escrito en su columna del diario El Comercio, el más importante del país, Roberto Abusada, economista del neoliberal Instituto Peruano de Economía y asesor económico de la dictadura de Alberto Fujimori. Opinión que, con algunos matices, es la dominante en los medios.


"Culpar a Humala por la caída de la economía es una crítica que parte de una lógica autista que se desconecta del contexto internacional. Siempre se puede decir que el gobierno pudo implementar políticas anticíclicas, pero la desaceleración económica se debe fundamentalmente a factores externos, como la importante caída de los precios internacionales de los minerales, que para la economía peruana son fundamentales. El nivel de crecimiento de la economía peruana depende del nivel de los precios de los minerales", señaló a Página/12 José de Echave, economista de la ONG CooperAcción, especializada en temas mineros.


Humberto Campodónico, economista y catedrático de la Universidad de San Marcos, también fue consultado por este diario sobre el tema: "El fin del súper ciclo de los precios altos de las materias primas, como los minerales, es un tema central para explicar la caída de la economía peruana. Todos los países dependientes de exportaciones de recursos naturales se han caído. Eso no es responsabilidad de Humala".


La vulnerabilidad de la economía peruana y su alta dependencia de la minería se reflejan en que cerca del 60 por ciento de los ingresos por exportaciones vienen de la minería.


En diálogo con Página/12, Salomón Lerner, quien fue jefe de la campaña electoral de Humala y su primer ministro en los primeros cinco meses de gobierno, aseguró que "el gran error de Humala es haber continuado con el modelo económico neoliberal excluyente, incluso lo ha profundizado, haciendo todo lo contrario al proyecto de cambio que se ofreció en la campaña". "Creo que este cambio de Humala –precisa el ex primer ministro– se da por su temor a una reacción en contra de los empresarios."


Humberto Campodónico y José de Echave coinciden en que "el gran error" de Humala es su apuesta por la continuidad del modelo neoliberal. Una diferencia de Humala con los gobiernos anteriores es la fuerza que le ha dado a los programas sociales. "En esto se ha avanzado, pero no lo que se esperaba", apunta el ex primer ministro Lerner.


Los tres expertos consultados para esta nota concuerdan en que en lo económico el Perú se enfrenta no a problemas coyunturales del actual gobierno, sino a una crisis del modelo neoliberal que ha marcado los últimos 25 años del país. "Sin duda estamos ante una crisis del modelo que trasciende a Humala", asegura De Echave. "La economía peruana es, de lejos, la más neoliberal de Sudamérica. Eso viene desde hace años y ha continuado con Humala. Ahora estamos ante una crisis del modelo neoliberal que no se quiere reconocer. Le están echando toda la culpa a Humala para negar la evidente crisis del modelo", dice, por su parte, Campodónico. Y Lerner apunta: "La derecha está acusando a Humala de ser el causante de la caída económica del país cuando son los neoliberales los que han gobernado, eso es inentendible. Humala está cargando con las culpas de la derecha".


Se cuestiona que en los años del boom del crecimiento no se haya iniciado una diversificación productiva que haga a la economía peruana menos dependiente de la minería. "En diversificación económica no se ha hecho nada, ni en gobiernos anteriores ni en este", indica De Echave. También se crítica que el país no haya aprovechado mejor los altos precios de los minerales para obtener más rentas. "Uno de los problemas del Perú es no haber gravado adecuadamente las sobreganancias de las mineras por los altos precios de los minerales. En países como Bolivia y Ecuador entre el 70 y 80 por cuenta de la renta de los recursos naturales queda en el Estado, en el Perú solamente un tercio de esta renta ha ido al Estado", señala Campodónico. Sobre las medidas tomadas para reactivar la economía, Lerner y Campodónico cuestionan que se haya apostado solamente por la oferta, con medidas para favorecer a los empresarios, como la flexibilización de los controles ambientales, la rebaja de impuestos a las empresas o el canje de obras por impuestos, y se haya olvidado la reactivación de la demanda. El sueldo mínimo se mantiene en solamente 220 dólares, uno de los más bajos de la región. En los cuatro años del actual gobierno, la pobreza disminuyó de 28 a 23 por ciento. En las zonas rurales se eleva a 46 por ciento. Salomón Lerner advierte que con la caída de la economía "se va a retroceder en lo poco avanzado en reducir la pobreza".

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Domingo, 28 Septiembre 2014 05:38

Brasil: donar para luego cobrar

Brasil: donar para luego cobrar

Desde que la campaña electoral de este año se inició, oficialmente, a mediados de junio y hasta el día 6 de septiembre, los partidos que disputan plazas que van de diputado estatal a diputado nacional, de senador a gobernador y, para completar, a presidente de la República, han recaudado nada menos que 500 millones de dólares.

Vale repetir: eso, hasta el primer sábado de septiembre. No se sabe cuánto habrá caído en los cofres de los partidos en las semanas siguientes, y mucho menos cuánto recaudarán las dos candidaturas presidenciales que pasen a segunda vuelta. No es absurdo suponer que hasta el domingo 26 de octubre, cuando todo ese proceso termine, la suma total alcance siderales 750 millones de dólares.


Las reglas para realizar donaciones electorales en Brasil son claras y pasan por revisiones que buscan hacerlas más rigurosas en cada elección. La expresión asegurar transparencia es repetida como un mantra. Al mismo tiempo, saben todos que, al margen de las donaciones que obedecen a todas las letras de la ley, llueven en los cofres de los partidos lo que se llama caja dos, traducción local para dinero negro.


Es imposible calcular el monto de esas donaciones ilegales, pero ningún analista consideraría absurdo pensar en por lo menos 25 por ciento del total declarado de manera legal.


Esa es la fuente principal de la corrupción que alcanza, sin excepción, a todos los partidos que tienen voz y participación activa en el escenario político brasileño. Y no me refiero solamente al dinero negro: también las donaciones legales responden, de forma clara, a asegurar privilegios futuros. Basta con saber que de esos 500 millones de dólares donados hasta la primera semana de septiembre, más de la mitad tuvo origen en solamente 19 grupos empresariales. Se dona hoy para cobrar mañana, y ese mecanismo perverso es considerado parte del juego político.


El PT y la actual presidenta, Dilma Rousseff, reclaman una reforma política que tendrá, por fuerza constitucional, que partir del Congreso Nacional, prohibiendo donaciones privadas. Ocurre que ese mismo congreso es integrado por diputados y senadores que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de las donaciones realizadas por aquellos grupos económicos a los que beneficiarán después.


De acuerdo con la actual legislación electoral brasileña, las empresas pueden donar hasta 2 por ciento de los ingresos declarados en el año anterior. Las donaciones individuales tienen como tope 10 por ciento de la renta declarada. Sin embargo, no hay límites absolutos, o sea, grupos que ingresan miles de millones de dólares pueden hacer donaciones siderales sin que eso signifique más que cosquillas en sus contabilidades. Al fin y al cabo, más que donación se trata de una inversión, cuyo retorno está asegurado por el grado de influencia que esas empresas conquistan sobre los que son electos.

En el balance parcial recién divulgado, el donador más generoso es de JBS S.A., la mayor industria de carnes del mundo, una potencia planetaria que se consolidó en las dos presidencias de Lula: alrededor de 55 millones de dólares llovieron en las cajas de al menos 168 candidatos a diputado nacional, 197 postulantes a diputado estatal, 12 a gobernador, 13 a senador y los tres principales candidatos a la presidencia.

También los gigantescos grupos de la construcción, que suelen conquistar obras públicas de valores multimillonarios, son de una generosidad asombrosa a la hora de donar. Por razones nada ideológicas, sus dineros suelen concentrarse en los candidatos oficialistas, pero la oposición –por las dudas– también recibe su parte. Cuando surge algún fenómeno de sorpresa, como es este año el caso de Marina Silva, los recaudadores, en lugar de golpear puertas, no necesitan hacer otra cosa que sentarse y esperar por las ofertas.


Hasta fines de agosto, las mayores constructoras brasileñas donaron unos 34 millones de dólares a las campañas de los partidos y alianzas de los tres principales candidatos: Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva.


Entre los donantes individuales, este año se observan curiosidades. Alexandre Grendene, dueño de Grendene, que la revista Forbes dice que es el mayor fabricante mundial de chancletas, donó, hasta la primera semana de septiembre, nada menos que medio millón de dólares al Partido Comunista de Brasil. Bastante más coherente parece ser la señora Maria ( Neca) Alice Setubal, una de las herederas del Itaú, el mayor banco privado de Brasil. Ella donó unos 700 mil dólares al partido de Marina Silva, de quien es una de las principales asesoras.

La banca en general suele tener brotes de generosidad en temporadas electorales. Hasta fines de agosto, los pulpos del sector donaron unos 15 millones de dólares, la mayor parte destinada a los dos candidatos de oposición.
Esa fiesta perpetúa un sistema plagado de vicios y es la matriz de la parte sustancial de la corrupción irremediable que el país enfrenta. Se dona hoy para cobrar mañana. Quien más dona: más sabrá cobrar.


Cada político electo contrae una deuda y la generosidad de los donantes se transforma en apetito voraz a la hora de obtener los resultados de su inversión.

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