Gas Natural Fenosa en Colombia, historia de una intervención pactada

El gobierno de Santos ayuda a la filial de la multinacional para sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio eléctrico en Colombia.


Pedro Ramiro y Erika González* // “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”. La noticia saltaba el pasado martes, 15 de noviembre, y enseguida pasaba a ocupar grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Con muchas preguntas que, aparentemente, quedaban sin resolver: ¿será que el gobierno de Juan Manuel Santos había decidido nacionalizar el servicio eléctrico? ¿Se tratará, como en el caso de Repsol en Argentina, de una expropiación de la filial de la multinacional española? ¿Podría afectar negativamente a los intereses de una de las mayores compañías del Ibex 35?


En realidad, si escarbamos un poco más en el caso y analizamos la historia de la empresa en el país desde principios de este siglo, parece que la cosa va por otro lado: lejos de plantearse un conflicto frontal con la corporación presidida por IsidreFainé, el gobierno colombiano ha decidido pactar con Gas Natural Fenosa un intervención temporal de su subsidiaria en la Costa del Caribe para sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio eléctrico.


La situación actual


Hace tres meses, Gas Natural Fenosa anunciaba que estaba dispuesta a interponer una demanda contra el Estado colombiano ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, si no respondía ante la deuda que —según la empresa— la población y las administraciones públicas tenían con la multinacional española y que cifraban en 1.259 millones de euros. Acogiéndose al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, Gas Natural Fenosa pedía “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. Y es que Electricaribe, su filial colombiana encargada de la distribución y comercialización de electricidad en siete departamentos, ya había venido siendo objeto de numerosas críticas y movilizaciones en su contra durante todo este año por grandes deficiencias en la prestación del servicio eléctrico.


Así pues, la compañía se marcó un plazo de seis meses para negociar un “acuerdo amistoso” con el Estado colombiano que evitara el litigio ante el tribunal internacional de arbitraje. Y, desde entonces hasta anteayer, el proceso de diálogo entre el gobierno y la compañía fue avanzando, culminando con el viaje a Colombia que hizo Fainé el pasado fin de semana para reunirse directamente con el presidente Santos. En todo este tiempo, las exigencias de la multinacional se han centrado en la asunción de la deuda por parte del Estado, la puesta en marcha de cambios regulatorios y la capitalización de la empresa.


“La protección a los inversionistas es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indicaba Gas Natural en agosto en un comunicado emitido desde su casa matriz, en el que recalcaba la concepción dominante de lo que ha de ser la “seguridad jurídica”, aquella que sitúa los intereses empresariales por encima de la protección de los servicios básicos y los derechos de las mayorías sociales.


En la mañana del martes, sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos anunciaba a bombo y platillo la intervención de Electricaribe y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, mandando a la policía y al ejército a veinte de sus oficinas para “asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”.


“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción es la toma de posesión”, afirmaba el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Según el gobierno colombiano, de aquí a poco tiempo, Electricaribe no estaría en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo que podría producirse un “apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes.


Deudas acumuladas


En el núcleo del conflicto está la deuda que la compañía dice haber acumulado en todos estos años. Su origen se encuentra, desde la perspectiva de la empresa, en el impago del servicio por parte de una gran cantidad de clientes, entre los que figuran administraciones, escuelas u hospitales. Para Omar Mendivil, activista de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, por el contrario, la corporación está presionando al gobierno “con su supuestamente crítica situación financiera para exigir más seguridad jurídica, reclamando exagerados cobros de deudas por fraude, de lo que acusa a toda la comunidad, para decir que con ello están en riesgo sus inversiones”. La historia de la filial de la multinacional española en Colombia, como ahora veremos, se ha venido caracterizando por sus continuas acusaciones de impagos generalizados en la región de la Costa Atlántica.


Esta deuda, además, se ha visto agravada por el incremento del 34% en el precio de la electricidad en 2015 —la mayor parte de la generación en Colombia es a través de centrales hidroeléctricas, con lo que la disminución de lluvias provocada por el efecto climatológico de El Niñoha repercutido negativamente en el coste final de la energía— y por la demora en el pago de subsidios por parte del gobierno. Ambos factores han conducido a empeorar las ya de por sí malas condiciones en las que Electricaribe ha venido prestando el suministro eléctrico desde que fue privatizada hace una década y media.


En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidadesen la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas sin electricidad. Nada de esto es nuevo; de hecho, es el patrón de conducta que ha caracterizado las operaciones de Gas Natural Fenosa desde que inició su andadura en Colombia.


La historia de Fenosa en Colombia


Unión Fenosa comenzó con sus negocios en Colombia en el año 2000, cuando compró tres empresas del sector eléctrico que habían sido públicas hasta su privatización a finales de la década de los noventa: Electrocosta y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el nombre de Electricaribe en 2008—, y Energía del Pacífico (EPSA), compañía que operaba en el suroccidente del país controlando todo el proceso desde la generación hasta la comercialización de electricidad. En 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos y, tras culminar su fusión con Gas Natural, pasó a integrar todos sus activos en la renombrada como Gas Natural Fenosa.


Como analizamos en 2007 en el libro La energía que apaga Colombia, la llegada de la compañía española a este país suramericano siguió entonces las pautas marcadas en su estrategia de expansión internacional: tras llevar a cabo adquisiciones a muy bajo precio y con la posibilidad de operar en régimen de monopolio pero, a la vez, con poca rentabilidad inicial, ya que se trataba de empresas situadas en regiones con infraestructuras en mal estado y amplias capas de población empobrecida, se trataba de maximizar los beneficios empresariales en muy poco tiempo mediante tres vías: invertir solamente en aquellas zonas que aportasen beneficios, tener mano dura en la gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales.


Desde el principio de sus operaciones en Colombia, Unión Fenosa achacaba su agresiva política de recaudación y la mala prestación del servicio eléctrico al hecho de que la población de la costa caribeña tenía una “cultura del no pago”. Así, sostenía la empresa, el antiguo monopolio estatal habría creado una suerte de cultura clientelar que favorecería el impago; la versión de los usuarios y usuarias, sin embargo, era radicalmente distinta: ante un servicio prestado en pésimas condiciones, las familias se negaban a pagar unas tarifas que no paraban de crecer. No olvidemos que, en 2002, una persona con pocos recursos que viviera en una ciudad costera como Barranquilla tenía que destinar nada menos que el 52% de sus ingresos totales al pago de la factura mensual de Electricaribe.


Para asegurarse el cobro de las facturas a toda costa, las filiales de Unión Fenosa emplearon todos los medios a su alcance: racionamientos de electricidad, apagones, sobrefacturación, amenazas de demanda por la vía penal por acometer conexiones irregulares... Junto a ello, no realizaron las inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes ni para su extensión en barrios empobrecidos, con lo que eran continuos los cambios de tensión y las caídas del cableado que provocaban cuantiosos daños materiales e incluso llegaron a costar la vida a muchas personas por electrocuciones.
Ayudas del Estado


Ante ese contexto, se sucedieron las denuncias de la población y aumentó la movilización social. Sin exagerar demasiado, podemos decir que entre 2002 y 2003 prácticamente toda la costa del Caribe salió a manifestarse, a cortar carreteras, a concentrarse en las puertas de la empresa. Al mismo tiempo, Electricaribe anunciaba que estaba a punto de entrar en quiebra y que, por tanto, tendría que “escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”.


Frente a la amenaza de abandonar el servicio en amplias zonas, el gobierno colombiano —entonces presidido por Álvaro Uribe— desplegó las políticas y promulgó las leyes que exigía la multinacional española para hacer rentable su negocio: subsidios estatales —pagados directamente a la filial de Fenosa— para reducir la factura de la población con menos recursos, inversión pública en infraestructura eléctrica, capitalización de la empresa —en la que el Estado siempre ha mantenido una participación significativa, aunque con los años esta se ha ido reduciendo hasta llegar al 15% actual—, reenvío a las instituciones municipales de la responsabilidad de ofrecer el servicio a los barrios más pobres.


Ya entonces Electricaribe afirmaba, como lo hace ahora, que los clientes acumulaban una deuda insostenible.

Efectivamente, había un elevado endeudamiento de los habitantes de los barrios empobrecidos y de algunas administraciones, pero es igualmente cierto que nunca llegó a plantearse seriamente cómo hacer frente a este problema. En realidad, como tratamos de demostrar en un estudio publicado en 2008, la deuda ha venido funcionando como un elemento de presión para obligar al gobierno a seguir asegurando los ingresos empresariales vía subsidios públicos.
Con el paso de los años, las protestas contra la filial de Gas Natural Fenosa fueron reduciéndose, tanto por las políticas estatales a favor de la compañía como por sus propios programas de “responsabilidad social”, con los que —a través de otra subsidiaria llamada, no por casualidad, Energía Social— subcontrataba a destacados líderes comunitarios como cobradores de las facturas para así desarticular al movimiento social. Y en eso también tuvo mucho que ver, como en tantas otras partes de Colombia, la violencia ejercida por los grupos paramilitares contra los dirigentes sociales y sindicales: entre 1998 y 2006 fueron asesinados 27 sindicalistas relacionados con el sector eléctrico en la Costa del Caribe. Como resumía una vecina de Riohacha, la capital de La Guajira, “la dilatación de los procesos debilitó la protesta, a la vez que los paños de agua caliente de la administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las amenazas favorecieron la apatía de la comunidad”.


Las perspectivas de futuro


En 2016, solo en el municipio de Barranquilla se han producido 142 protestas por fallos de Electricaribe, lo que nos da una idea del nivel de conflicto social que está causando la prestación del servicio eléctrico en malas condiciones. La empresa, a su vez, también maneja sus propias estadísticas: 193 agresiones físicas contra el personal que realizaba el cobro o la supervisión de las conexiones en lo que va de año.


Protestas crecientes, aumento de los apagones y de la tarifa, violencia en la relación usuarios-empresa, amenaza de estar en una situación de quiebra por parte de Electricaribe, críticas a la “cultura del no pago”, apertura de mesas de negociación por el Estado... En realidad, la situación actual es prácticamente la misma que se vivió en el año 2003. Por aquel entonces, el gobierno puso en marcha las leyes y la financiación pública necesarias para lograr la rentabilidad exigida por Electricaribe. ¿Ocurrirá algo parecido en esta ocasión? Si atendemos a la postura del gobierno de Santos respecto a la inversión extranjera y a los mensajes que ha transmitido Gas Natural Fenosa, todo indica que estamos ante una segunda parte de la misma película.


El presidente Santos ha sido un invitado habitual a muchos foros internacionales impulsados por los lobbies empresariales, donde no ha dudado en promocionar una idea de “seguridad jurídica” muy favorable a los intereses de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España, celebrado en 2012 justo un mes después de que el gobierno de Cristina Fernández expropiara la filial de Repsol en Argentina, Santos se reafirmó en su declaración de intenciones: “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”. Dos años después, en el Foro Invertir en Colombia, organizado por el grupo PRISA junto a grandes multinacionales con presencia en el país como Telefónica, Ferrovial, BBVA, Endesa y Gas Natural Fenosa —representada esta última en aquel encuentro por quien fue su consejero hasta hace poco, el expresidente del gobierno Felipe González—, venía a trasmitirse un mensaje similar: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana.


Con estos antecedentes, no parece que precisamente vaya a avanzarse por la senda del conflicto con compañías como Gas Natural Fenosa, a pesar de que esté incumpliendo con su obligación de proveer un servicio público básico. La multinacional, por su parte, tampoco se ha sentido demasiado amenazada con la intervención del gobierno colombiano, tal y como se desprende de su comunicado del martes: “No se estima que la mencionada intervención temporal de la compañía colombiana tenga impacto sobre el resultado neto ni sobre el cash-flow de Gas Natural Fenosa, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”.


En sintonía con lo que ha sido la historia de la empresa en el país y en línea con lo que apuntaba hace un par de días el diario El Confidencial, más bien parece que la intervención de Electricaribe por parte del Estado colombiano a lo que responde es a un acuerdo no oficial, a un pacto gobierno-empresa no declarado públicamente, con unos objetivos muy claros: calmar las protestas sociales, inyectar liquidez y sanear las cuentas de la empresa, y crear los instrumentos necesarios para que la compañía continúe obteniendo grandes dividendos con sus operaciones en el país.

 

http://www.lamarea.com/2016/11/18/gas-natural-fenosa-colombia-historia-una-intervencion-pactada/


OMAL
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*Autores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

18 noviembre 2016

Publicado enColombia
¡Al fin! intervenida Electricaribe S.A. E.S.P.

Luego de 16 años de quebrantos y pesares de los ciudadanos del Caribe colombiano, el Gobierno decidió intervenir a Electricaribe. La fase preliminar de la toma de posesión de la empresa ha empezado mientras el país mira con expectativas las medidas sobre esta electrificadora que ha generado enormes afectaciones económicas y sociales por la pésima calidad de su servicio. Inconformes los españoles con la medida, envalentonado el gobierno nacional que ahora deberá mostrar que defiende constitucionalmente los intereses de 2.5 millones de ciudadanos caribeños frente a los intereses de acumulación del capital transnacional.

 

Después de infinidad de promesas, concertaciones, la mediación del Presidente de la República, innumerables incumplimientos y grandes afectaciones a los habitantes del Caribe, el martes 15 de noviembre fue anunciada la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricaribe S.A. E.S.P., distribuidora de electricidad propiedad de la empresa española Gas Natural Fenosa, con operaciones desde el año 2000 en el territorio de la Costa Atlántica colombiana, donde cubre un total de 2.5 millones de pobladores.

La gota que rebosó la copa fue la iliquidez de la empresa que empezaba a tener grandes dificultades para pagar el suministro de electricidad que administra XM[1], situación de alto riesgo para la región pues podían proliferar los apagones o, incluso, podía quedarse sin suministro de electricidad. El ambiente caldeado, la presión social de la ciudadanía y mandatarios locales, así como la insistencia de la compañía en no capitalizarse ni en llevar los planes adecuados para mejorar el servicio, llevaron al Gobierno, por fin, a escuchar la demanda ciudadana que por años reclamó por la intervención de esta empresa,

Usando vestido negro, de saco y corbata, llegó el superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza Daza, a las instalaciones de Electricaribe en Barranquilla, para anunciar en persona la toma de la empresa por la entidad, la que en adelante se hará con el manejo de la electrificadora para buscar estabilizar el servicio y garantizar el pago a terceros. Con sorpresa fue recibido por altos funcionarios quienes, con actitud renuente, firmaron el acta de intervención ante Mendoza Daza, quien prosiguió a reunirse con los trabajadores para tranquilizarlos y anunciar algunos efectos de la medida.

 

La resolución que reglamenta la intervención

 

Mediante la resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14/11/2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias, las deudas, etcétera, quedan bajo el dominio del organismo de control por un lapso no mayor a dos (2) años, tiempo durante el cuál debe procederse a solucionar los problemas que originaron la medida o liquidar la empresa.

Dos motivos fueron los principales causales de esta determinación. Están contenidos en el artículo 59 del capítulo 4 en la Ley 142 de 1994: “59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”. Y “59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Argumentando las causas de la toma en posesión, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica: “10. Que de conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., el déficit en la caja de la compañía para el mes de noviembre del 2016 (432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos  proyectados para ese mes en flujo de caja ($543.324.488.534)”.

En la misma resolución la Superintendencia aclara que en comunicación del día 4 de noviembre, los expertos financieros contratados para analizar la situación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P., manifestaron: “la revisión hasta la fecha evidencia una empresa en situación financiera precaria que, con los niveles actuales de deuda neta, capital y generación operacional de caja, tendrá dificultad para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros. Al mismo tiempo, dadas las dificultades recientes que la Empresa enfrenta, incluyendo la ejecución de garantías financieras por parte de varios acreedores, la posibilidad de acudir a fuentes de financiación externa se han vuelto más limitadas”.

Además, la Superintendencia agrega: “12. Que con base en lo anterior, el asesor experto financiero concluyó en la comunicación citada que “(…) sin fuentes no operacionales de financiación, tales como aportes o garantías de sus accionistas, existe el riesgo de que Electricaribe incumpla sus obligaciones de pago en el corto plazo””. Motivos suficientes para prever un incumplimiento en sus obligaciones contraídas con XM en el Mercado de Energía Mayorista, situación que puede derivar en interrupciones del servicio y en la subsecuente agudización de las alteraciones del orden público, como ha venido pasando en los últimos meses por cuenta de las constantes fallas en el suministro de electricidad.

 

La voz de Gas Natural Fenosa

 

El mismo 15 de noviembre en la ciudad de Barcelona se pronunció Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en España): “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro. La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de COP 4.052.080 millones (€ 1.260 millones) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”.

Era de esperarse esta reacción. En los últimos años los artilugios empleados por Electricaribe y sus propietarios han apelado a culpar a las deudas del gobierno y la morosidad de los habitantes del Caribe por las deficiencias propias de su servicio, argumento falaz. Pero además, osan reivindicar para sí la propiedad de los bienes, haberes y dividendos de la empresa: “De acuerdo con el procedimiento iniciado, Gas Natural Fenosa mantiene la consolidación de Electrificadora del Caribe por el método de integración global, y espera que dicha administración temporal no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad. Asimismo, no se estima que la mencionada medida temporal de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía colombiana tenga impacto sobre el EBITDA ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”. Descaro.

Paradoja. En las cifras de Electricaribe y sus propietarios nunca aparecen, por supuesto, el total de los$346.932.1 millones de pesos que fueron girados por el Gobierno que correspondían a la ejecución de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, destinados normalizar a 102.540 usuarios (Ver Recuadro 1), tampoco las cuentas de los $133.401 millones girados entre el 2011 y 2016 por el Gobierno y del posible detrimento de $65.733 millones sobre estos recursos que expone la Contraloría General de la Nación.

 

La preocupación se difunde en España

 

El “temido” enfado y respaldo del gobierno español, usado con frecuencia por los directivos de Electricaribe para amedrentar al gobierno colombiano cuando intentó apretarle el cinturón a esta empresa (para luego darle indulgentes reprimendas), llegó por cuenta de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español: “El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) controlada por Gas Natural Fenosa. Esta empresa española lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia y ha mostrado su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas. El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea solo temporal y que alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios”.

Ahora la pelota de la soberanía y de la dignidad nacional (si es que existe), se encuentra en la cancha del gobierno colombiano quien con sus acciones deberá lograr la absolución por dos errores que propiciaron la situación con Electricaribe: “Primero, por ser el responsable de la laxitud de los organismos de control con competencias directas sobre esta empresa. La tolerancia ha sido extrema, incluso cuando actuaciones de esta compañía han derivado en graves alteraciones al orden público en decenas de municipio de la Costa Atlántica […]. Segundo, es el responsable de estructurar políticas para el sector eléctrico donde él, o los usuarios, deben “pagar por la harina y por el molino”. En los últimos veinte años los gobiernos impulsaron leyes o promulgaron decretos que impusieron a los colombianos comprar la electricidad a privados, en un lucrativo negocio, además de pagar por que fuera generada eficientemente y a un bajo costo en épocas de crisis; también para que pudiera conducirse por redes con especificaciones técnicas loables hasta sus hogares”[2]

Como lo reglamenta la Ley 142, la Superintendencia intervendrá a Electricaribe por un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que debe decidir liquidar o no a la empresa, si no se superan los problemas que dieron origen a la medida. Considerando los efectos de la intervención (destitución de junta directiva de Electricaribe) y la renuencia de Gas Natural Fenosa para capitalizar la empresa, es de esperarse que sea el Estado quien “raspe la olla” para inyectar recursos y subsanar la situación de la electrificadora, pero si hace esto se verá en el dilema de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa o liquidarla, asumiendo: 1. la operación de la electrificadora (estatizarla) o 2. Entregarla a un operador local total o parcialmente. Interesante diatriba.

En todo caso, lo que resalta esta intervención es la quiebra de un modelo privatizador que regaló los bienes públicos a empresas capitalistas, dándoles manga ancha para sus operaciones, permitiéndoles todo tipo de desafueros, y facilitando la elevación de las tarifas por el servicio prestado, es decir, colocando a la ciudadanía a enriquecer empresas de interés particular.

Lo que coloca a la orden del día esta intervención es, entonces, la necesidad de revertir el proceso vivido, reestatizando este tipo de empresas pero, sobre todo, abriendo un debate y proceso nacional a través del cual esta posible nueva estatización de bienes y servicios estratégicos sea asumida superando los errores del pasado, para lo cual es indispensable que la ciudadanía y los trabajadores intervengan en el diseño, operación y administración de estos bienes públicos, para que además de estatales sean en verdad públicas.

 

[1]  Compañía de expertos de mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano

 


(Recuadro)

 

Las apropiaciones ilegales de Electricaribe

 

Tomado de: “La crisis de Electricaribe fue auspiciada por el Gobierno”. https://desdeabajo.info/ediciones/item/29582-la-crisis-de-electricaribe-fue-auspiciada-por-el-gobierno.htm desdeabajo. Edición Agosto 20–Septiembre 20 de 2010.

Mediante el boletín de prensa #1318 la Contraloría General de la República informa: “Apenas $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone)[3] que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora”. Esto quiere decir que recursos girados por el Gobierno a la electrificadora para legalizar usuarios y adecuar las redes de los barrios subnormales pudieron ser transferidos a terceros, cometiéndose una clara extralimitación y un manejo dudoso de los recursos que fueron empleados, en el mejor de los casos, para sufragar costos que se encuentran por fuera de lo contemplado en el programa de apoyo gubernamental.

Precisa el organismo de control en su boletín: “En términos generales, de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía se entregaron el 95% ($133.401 millones), desde el 2011 al 30 de abril de 2016. Se trata de recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC-226-2012, por $21.489 millones; GSC 157-2012, por $86.072 millones; y GSA-106-2011, por $46.076 millones”.

Esta tabla muestra los detalles de un posible detrimento patrimonial del orden de $65.733 millones de pesos por cuenta de Electricaribe, quien además de maltratar a los usuarios, incumplir en el servicio, también osó despilfarrar sistemáticamente los fondos que el Estado destinó para que fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones técnicas del servicio. Aunque el plazo máximo de ejecución de estos tres proyectos era el 31 de diciembre del 2015, y fueron desembolsados el 95 por ciento de los recursos, el cumplimiento de los contratos GSC 226, 227 y GSA 106 apenas fue del 44.7 por ciento, 68 por ciento y 27 por ciento respectivamente ¿A dónde fue a parar el resto del dinero?

Pero esta situación no era nueva, en el “Informe de actuación especial a los recursos de los fondos PRONE y FAER, transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A E.S.P, durante las vigencias 2008 al 2014”, publicado por la Contraloría General de la República en noviembre del 2015 se detalla: “Para el área de influencia de Electricaribe, le asignaron $346.932.1 millones que corresponde a la aprobación de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, para normalizar a 102.540 usuarios”. Más adelante, en el mencionado informe se precisa: “No obstante haber girado el MME los recursos oportunamente, a la fecha no se han iniciado los proyectos PRONE y FAER 2014 y se observa una baja ejecución de los recursos del FAER vigencia 2013 [...]”. Era vieja la costumbre de la empresa de malversar los recursos girados por el Gobierno, ¿Y las sanciones de los entes de control?

Además de lo anterior, el informe de actuación especial de la Contraloría destaca 20 hallazgos que produjo su actuación de fiscalización, entre los que destacan: pobres avances en las obras, incumplimiento en las contrataciones para ejecutar los proyectos de normalización de redes, cesiones de contratos de normalización sin autorización del Ministerio de Minas y Energía, desembolsos a contratistas y proveedores de Electricaribe por fuera de la reglamentación, diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado por sobre-estimación del número de beneficiarios, pésimos manejos de las interventorías en las obras de los contratistas de Electricaribe, y gran laxitud de esta empresa ante sus incumplimientos, entre otros.

 

[3]Según el Artículo 1° del Decreto 1123 del 11 de abril del 2008: “Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa”.


 

Publicado enColombia
Patentan el propulsor sin combustible que revoluciona las leyes de la física

El ingeniero Roger Shawyer ha patentado una nueva versión del motor sin combustible EmDrive, que permitirá viajar a Marte en solo unas semanas.

La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha revelado que recibió nueva solicitud de patente para la última versión del propulsor sin combustible EmDrive por parte su inventor, el ingeniero británico Roger Shawyer, informa la revista científica 'Science Alert'.


De acuerdo con su creador, el magnetrón que se usa en el motor EmDrive genera microondas y la energía de sus oscilaciones se acumula en el resonador, convirtiendo la radiación en empuje. De esta manera el aparato requiere una fuente de energía eléctrica para funcionar y no necesita combustible.


La modificación del EmDrive, patentada por Shawyer, es diferente de las versiones anteriores del propulsor gracias a una nueva lamina superconductora. Según el científico, ello puede reducir el cambio de la frecuencia de la onda electromagnética a medida que se propaga en la cavidad del motor y, por lo tanto, aumentar la propulsión del EmDrive.
Como apunta la revista, ha sido un gran año para EmDrive, tachado de "imposible" por muchos científicos por revolucionar algunas de las principales leyes de física. En mayo, los investigadores de la NASA informaron de una exitosa prueba de 10 semanas de duración de su prototipo de EmDrive y el inventor Guido Fetta acaba de conseguir la aprobación para poner a prueba su propia versión en el espacio.


El concepto físico de este propulsor aún divide a los científicos. La NASA necesitó varios años para confirmar que la tecnología del EmDrive funciona. De acuerdo con la revista, si se sigue desarrollando el propulsor EmDrive, dentro de unos 10 años los viajes al espacio serán mucho más baratos gracias al rechazo del convencional sistema de combustible. Además, este tipo de motor será capaz de llevar a Marte aparatos cósmicos en cuestión de semanas.

Publicado: 31 oct 2016 14:26 GMT

¿Qué es la tormenta solar que anuncia Obama?

El presidente estadounidense aprueba un decreto para mejorar la respuesta ante “eventos meteorológicos del espacio”


Combina términos científicos que pueden sonar apocalípticos con el lenguaje burocrático de un documento presidencial. El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó el jueves una orden ejecutiva para coordinar “esfuerzos” de su Gobierno para “preparar a la nación ante eventos meteorológicos del espacio”. Estos eventos pueden ser “destellos solares, partículas de energía solar y ruidos geomagnéticos” .


Según el decreto, son fenómenos que ocurren de forma regular y pueden afectar infraestructuras clave, como satélites GPS, sistemas de comunicación, aviación y de distribución eléctrica. “Tiene el potencial de afectar e interrumpir simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros”, advierte.


Pero el documento presidencial no aborda la probabilidad de que ocurran esos fenómenos ni sus consecuencias, sino que se centra en mejorar la coordinación ante su posible impacto. “Una preparación exitosa ante eventos meteorológicos del espacio es un esfuerzo de toda la nación que requiere colaboración entre gobiernos, gestores de emergencia, el mundo de la academia, medios de comunicación, la industria farmacéutica, organizaciones sin ánimo de lucro y el sector privado”, explica.


Los ruidos geomagnéticos son una afectación del campo magnético de la tierra como consecuencia de la actividad solar. Los destellos solares son una breve erupción de intensidad en la superficie del sol o cerca de ella, que se asocian con manchas solares. Es un fenómeno común que raramente tiene efectos relevantes. Las partículas de energía solar son iones y electrones expulsados desde el sol como resultado de esas erupciones.


El caso más conocido de un fenómeno meteorológico del espacio fue una tormenta solar en 1859, conocida como el evento Carrington, según explica la revista Newsweek. Se pudieron observar auroras en el cielo desde lugares alejados de los polos, como el Caribe. Y los sistemas de comunicación por telégrafo quedaron alterados en Europa y América del Norte.
Un siglo después, en 1967, tres potentes erupciones solares inutilizaron el sistema de radares de EE UU encargado de detectar la llegada de misiles soviéticos. Inicialmente, en plena Guerra Fría, Washington pensó que el culpable era Moscú.


El decreto de Obama establece un calendario y un protocolo de actuación ante este tipo de fenómenos. El Gobierno federal, apunta el texto, tiene que tener la capacidad de predecir y detectar un evento meteorológico del espacio, los programas necesarios para que el sector público y privado adopten medidas mitigadoras, y la capacidad de responder y superar ese tipo de situaciones.

Jueves, 29 Septiembre 2016 05:58

Acuerda OPEP recortar la producción

Acuerda OPEP recortar la producción

Argel. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llegó el miércoles a un acuerdo para reducir la producción por primera vez desde 2008, luego de que Arabia Saudita, su miembro más importante, suavizó su postura frente a su archirrival Irán, y por la creciente presión de los bajos precios del petróleo.

Dos fuentes de la OPEP dijeron que el grupo reducirá su bombeo desde los 33.24 millones que produce actualmente a 32.5 millones de barriles por día. "La OPEP ha llegado a una decisión excepcional. Tras dos años y medio, ha logrado un consenso para gestionar el mercado", confirmó el ministro de Energía de Irán, Bijan Zanganeh, a la agencia Shana.

Tras el anuncio, que sorprendió a los operadores, los precios del crudo aumentaron casi 6 por ciento, una vez que los productores llegaron a su primer pacto de esta naturaleza desde el hundimiento del mercado hace dos años, por exceso de suministro.

En Londres el contrato del referente global, el Brent, ganó 2.72 dólares (5.92 por ciento), a 48.69 dólares por barril, tras tocar un máximo de más de dos semanas de 48.96 dólares.

En Nueva York el referencial West Texas Intermediate (WTI) sumó 2.38 dólares (5.33 por ciento), a 47.05 dólares por barril, tras haber alcanzado los 47.45 dólares, su cota más elevada desde el 8 de septiembre.

La mezcla mexicana de exportación también avanzó, aunque en menor medida, el barril subió 73 centavos (1.97 por ciento) a 37.77 dólares, de acuerdo con el dato de cierre de Pemex.

Los miembros de la OPEP tendrán que acordar los niveles de bombeo de cada país en su próxima reunión formal en noviembre, cuando se podría extender una invitación a países que no pertenecen al grupo, como Rusia, para que se unan a los recortes, añadieron las fuentes.

"No sabemos aún quién va a producir cuánto. Quiero oír de boca del ministro de Petróleo de Irán que no van a volver a los niveles previos a las sanciones. En lo que se refiere a los sauditas, va en contra de todo lo que han estado diciendo", sostuvo Jeff Quigley, director de mercados energéticos de Stratas Advisors.

(Con información de la Redacción

Publicado enInternacional
Para la construcción de una nueva política minero energética y ambiental
El pasado 25 de agosto nació esta iniciativa, por participación popular, transformaciones políticas y económicas, hacia una transición energética y la construcción del buen vivir y la paz, desde los territorios.

 

 

Vivimos tiempos de toda expoliación de la naturaleza, transformada en una mercancía más. Ante el afán de empresas multinacionales –y otras nacionales– por acumular más ganancias, ni quienes habitan el territorio ni el medio ambiente son importantes ni merecen protección. Las decisiones de las comunidades frente a sus entornos son irrespetadas, y quienes se oponen al afán de lucro privado o público son objeto de señalamientos, persecución y muerte. Los más de 50 líderes sociales, hombres y mujeres, defensores del territorio asesinados en el curso de los últimos dos años1, así lo atestiguan.

 

Imponer y no dialogar, acumular y no vivir, irrespetar y no atender la voz de quienes padecen los efectos inmediatos de toda intervención industrial y económica, es la razón que explica la multiplicación de conflictos en diversidad de territorios. Como sucede hoy en Caquetá, Meta, Putumayo donde las comunidades se oponen a la extracción petrolera, o en la Guajira, Cesar, Santander, Tolima y Antioquia, que enfrentan la imposición de proyectos mineros, o Huila, Santander y Antioquia, departamentos donde se emplazaron El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, grandes proyectos hidroeléctricos.

 

Arrasamiento empresarial que encuentra resistencia en muchos territorios, síntesis de una esperanza de cambio que deben materializarse en algún momento. De así ser, nuevas formas de organización de la sociedad se harán realidad, y con ellas mayores niveles de igualdad, justicia y dignidad, expresión de otra democracia posible. De su mano, tomarán forma reivindicaciones como soberanía sobre los bienes de la naturaleza, defensa del patrimonio hídricos, derecho a la energía, defensa de la naturaleza, defensa de los derechos humanos y la paz, como premisas fundamentales para un buen vivir.

 

Ante esta realidad, son necesarias iniciativas que busquen articular las resistencias en curso, así como superar este tipo de conflictividad social, política y económica. A ello responde la constitución de la Mesa social minero–energética y ambiental por la paz (Msmea), instalada en Bogotá el pasado 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justo cuando se conmemoraban los 65 años de la creación de Ecopetrol, como empresa Estatal.

 

Por coincidencia, este acto de lanzamiento público, fue un día después del anuncio del gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de la paz de La Habana, de la terminación de la negociación política del conflicto social y armado más antiguo del continente. Esta circunstancia nos alegró, porque coincide también con nuestro propósito de aportar a la construcción de paz.

 

La actual Mesa social tiene como antecedente la Segunda Asamblea nacional por la paz, realizada en 2015 y organizada por la Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio del Trabajo, y la Universidad Nacional de Colombia (ver recuadro). El evento contó con la participación de diversos sectores de la sociedad afectados directa o indirectamente por la política minero-energética que se aplica en el país.

 
La Mesa social minero energética y ambiental por la paz –Msmea

 

En momentos en que el país se esfuerza por superar el conflicto armado interno, es necesario realizar transformaciones estructurales en el modelo económico, la estructura institucional y el régimen político-social. Todo ello para construir una verdadera democracia. Sin estos cambios, el anhelo de paz con justicia social y ambiental quedaría incompleto.

 

Una tensión social que no parece tener solución. Las políticas minero energéticas siguen relacionadas con la explotación de la naturaleza, ahondando las históricas relaciones de poder que niegan a las mayorías, y materializan una estrategia neoliberal de despojo en donde la esfera de lo público pasa a manos de las trasnacionales e incluso lo estatal prosigue por una fase privatizadora.

 

No es casual, por tanto, los privilegios impositivos y de otro orden a la inversión extranjera directa, los que están generando en los territorios una lógica de devastación del medio ambiente, enferman y empobrecen a las y los trabajadores colombianos, ignoran derechos fundamentales de las comunidades y destruyen su tejido sociocultural.

 

Propósito

 

La Mesa tiene como objetivo propiciar y potenciar la organización de los sectores sociales para la construcción deliberativa y participada de una política pública de Estado y un nuevo modelo minero energético alternativo, que garantice los derechos de los trabajadores/as, el buen vivir de las comunidades, respetuoso de los derechos de la naturaleza humana y no humana y que viabilice la soberanía energética. Lo anterior hace parte de la construcción hacía una verdadera paz integral, con justicia social y ambiental.

 

A su vez, la Mesa busca constituirse como un sujeto social y político para la movilización y la presentación de propuestas alternativas, que deberá permitir avanzar en una correlación de fuerzas para los futuros escenarios de interlocución y negociación, promover y consolidar la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de la paz completa, integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. Todo deberá pasar por colocar los bienes naturales al servicio de los planes de vida y el buen vivir de las comunidades, participar activa y propositivamente en los diversos escenarios de solución política integral al conflicto armado interno y da un Sí a la refrendación de los acuerdos. Igualmente es necesario incorporar otros temas: Los acuerdos de la Cumbre Agraria étnica y popular de la pasada Minga y su acta No. 10 de acuerdos con el Gobierno en materia mineroenergética, las salvedades y/o pendientes de la Mesa de La Habana referidos a lo minero energético, los puntos sobre la participación de la sociedad y los puntos sobre la participación de la sociedad y las transformaciones contenidas en la agenda acordada entre el gobierno nacional y el Eln.

 

Por último, la Mesa busca ser un espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático, tanto en su composición como en los propósitos que la animan.

 

* Global Witness, En terreno peligroso, Report / June 20, 2016. London.

 

Recuadro 1

 

Territorios con energía construyendo paz para la nación Segunda Asamblea nacional por la paz

 

A mediados de la década de los noventa del siglo XX la USO propuso, en la negociación de su Convención Colectiva, que Ecopetrol se comprometiera con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, apoyar la búsqueda para la solución política del conflicto social y armado, entre otras cosas. De ahí surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Pdpmm, así como la Comisión de Derechos Humanos de la USO y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De allí también nace, en agosto de 1996, la Primera Asamblea Nacional por la Paz*.

 

El esfuerzo de la USO por aportar a la construcción de la paz no cesa. En la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 propuso realizar la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. En el año 2014, con el punto acordado entre sindicato y empresa, se establece una comisión bilateral para avanzar en la preparación de la asamblea, definir contenidos y metodologías (USO et al, 2016: 9). Finalmente, la Segunda Asamblea se realiza en 2015, con el auspicio de Ecopetrol, la cual se limitó a la financiación, pero sin jugar un papel protagónico y jalonar al empresariado. Participaron como convocantes: la USO, el gobierno nacional –en cabeza del Ministerio del Trabajo–, y la Universidad Nacional de Colombia.

 

Durante 8 meses fueron realizadas múltiples asambleas en regiones y subregiones, a las que asistieron aproximadamente 10.800 pobladores de 1.800 organizaciones, quienes debatieron y compartieron en torno a tres ejes temáticos: Política minero energética; desarrollo territorial para la Paz, y Pedagogía para la paz y pos acuerdos.

 

Además, la asamblea posibilitó que las comunidades debatieran sus problemas territoriales y aspiraciones. Por ejemplo, sobre la forma como la extracción de bienes naturales y minero-energéticos debe estar orientada a contribuir al buen vivir y a la exclusión de zonas mineras y de petróleo para garantizar el agua, la soberanía de los pueblos, alimentaria, hídrica, energética, entre otros derechos y garantías. Y se enfatizó en el rechazo a privilegiar los intereses de las trasnacionales.

 

Terminadas las asambleas locales y regionales, se realizó la Asamblea Nacional –18-20 de noviembre de 2015– en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia de 1.500 delegados de todo el territorio nacional. La conclusión fue la necesidad de constituir una Mesa social minero energética y ambiental –que ahora estamos constituyendo– con los retos y objetivos ya planteados.

 

* USO, Universidad Nacional de Colombia & Ministerio de Trabajo, Memorias de la Segunda Asamblea por la Paz, La imprenta, Bogotá, 2016

 

Recuadro 2

Digamos, ¡Basta ya¡

 

A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
Que para el gobierno y las multinacionales petroleras o mineras les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
(apartes del Llamamiento de la Mesa social minero-energética y ambiental por la paz)

 

Recuadro 3

Ideas para la construcción de las propuestas

 

Presentamos un resumen de algunas de las propuestas que la Mesa ha venido construyendo son:

 

- Iniciar una transición energética hacia energías alternativas como la solar, fotovoltaica, la eólica, geotérmica, la térmica, la mareomotriz y otras que tienen más bajos impactos ambientales. Estas energías deben ser descentralizadas, autónomas y de fácil acceso para las comunidades. La transición exige un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución, comercialización de la energía y de cada una de las fuentes energéticas. En últimas, entendemos la necesidad de replantear nuestras relaciones con la naturaleza, y considerar el planeta como un ser vivo, generador de bienes para la vida y no de recursos para enriquecer el capital.


- El Estado debe recuperar el control, la fiscalización y dirección de la política minero-energética, a través del fortalecimiento de lo público. Y hacer énfasis en la búsqueda para que las empresas sean 100 por ciento estatales y se reviertan los procesos de privatización de los bienes estratégicos de la nación. De esta manera, el Estado debe liderar la investigación e innovación en ciencia y tecnología hacia la transición energética buscando el desarrollo de energías alternativas.


- Identificar las afectaciones del sector minero energético producidas en el cuerpo humano, al reconocer los problemas de salud causados en los trabajadores y las trabajadoras del sector, las comunidades del área de influencia, los afectados y las afectadas por los proyectos minero energéticos y la naturaleza.


- Reconocer el agua y la energía como un bien común y público, determinante en la producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar en manos del estado y las comunidades organizadas a través de los acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las necesidades humanas y de los ecosistemas. Demandar el reconocimiento de la autonomía territorial y la participación de las comunidades locales en la definición de proyectos minero – energéticos, como lo reconoce la constitución, el convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional.


- Desmontar los batallones minero energéticos, ya que en la actualidad una tercera parte del ejército está al servicio exclusivo de la protección del sector extractivista.

 

Recuadro 4
Responsabilidad colectiva

 

Desde la Mesa social minero-energética y ambiental llamamos a la sociedad colombiana, a todas sus organizaciones sociales, para participar, ampliar y profundizar un gran Dialogo Nacional minero-energético y ambiental.

 

Es un momento para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que habitan estos territorios, y para construir con propuestas la paz que tanto anhela nuestro pueblo y que tanto necesita nuestro país.

 

 

Informes:
Mesa Social Minero-energética y Ambiental
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Publicado enEdición Nº228
La nueva medida de todas las cosas: el carbono

La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las culturas. Han habido civilizaciones que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su "civilización petrolera", el modelo de producción y consumo industrial y basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en las últimas décadas.

Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos sociales y el cambio climático es uno de los principales. Pero no son causados por toda "la humanidad". Más que la era del antropoceno, como algunos la llaman, vivimos la era de la plutocracia, donde todo se define para que los muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus ganancias, a costa de todo y todos los demás. Esta absurda injusticia social, económica, ambiental, política, requiere de muchas armas para mantenerse y una de ellas es la guerra conceptual. Inventar conceptos que oculten las causas y características de la realidad, que desvíen la atención de la necesidad de cambios reales y profundos y mejor aún, que sirvan para hacer nuevos negocios a partir de las crisis.

En este contexto, el ensayo La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas?, de Camila Moreno, Daniel Speich y Lili Fuhr, editado recientemente por la Fundación Heinrich Böll, es un aporte importante. (http://mx.boell.org/es/metrica-del-carbono)

Muestra cómo ante la convergencia de graves crisis ambientales locales, regionales y globales, junto a las crisis económicas y financieras, se echa un fuerte foco de luz sobre el cambio climático –que Nicholas Stern llamó "la mayor falla de mercado que el mundo ha atestiguado", al tiempo que se posiciona las unidades de CO2 (dióxido de carbono) como medida para definir tanto la gravedad del problema. Así, otros temas quedan en la oscuridad del contraste de ese rayo de luz y todo se reduce a contar emisiones de CO2 a la atmósfera. Las autoras no dejan duda de que el cambio climático es real y grave, pero cuestionan "¿Es más importante y más urgente que la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo cultivable, el agotamiento del agua dulce? ¿Acaso es posible considerar cada uno de estos fenómenos como algo independiente y separado de los otros?"

"La manera en que describimos y enmarcamos un problema, determina en gran medida el tipo de soluciones y respuestas que podemos considerar", plantean.

Justamente debido a la gravedad de la crisis ambiental, tenemos que evitar el "epistemicidio ecológico" en curso que reduce la óptica, elimina conocimientos y destruye alternativas.

Aunque se sabe bien cuáles son las causas del cambio climático, y los principales rubros industriales que lo provocan: alrededor de 80 por ciento se debe a la explotación y generación de energía, al sistema alimentario agroindustrial y al crecimiento urbano (construcción, transporte), basados en el uso y quema de petróleo, gas y carbón. Todo esto emite CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) como metano y óxido nitroso.

Se sabe también que lo necesario son reducciones reales, en su fuente y en la demanda, de todos esos gases y cambiar lo que las originan. Y se sabe que existen alternativas reales, diversas, descentralizadas y viables; quizá el ejemplo más fuerte es que 70 por ciento de la humanidad se alimenta de agricultura campesina y agreocológica, pescadores artesanales y huertas urbanas, que no son los que emiten gases de efecto invernadero.

Pero las propuestas dominantes –de instituciones y gobiernos– no son éstas, sino otras principalmente basadas en mercados de carbono y altas tecnologías que permitirían supuestamente seguir emitiendo GEI como siempre, pero "compensarlos" absorbiendo el carbono emitido y almacenándolo en fondos geológicos, es decir, formas de geoingeniería.

La propuesta de "compensación" (offset en inglés) se viene desarrollando hace años, asociada a los esquemas de pagos por servicios ambientales, por biodiversidad, etcétera, componentes esenciales de la llamada "economía verde". Se trata de justificar la destrucción en un lugar, mientras en otro otros se supone la "compensan" con algún pago, como si fuera lo mismo dejar sin bosques o agua a un pueblo entero en un país o región, porque hay una comunidad que los cuida y en otro. Esos pagos generan "bonos", instrumentos financieros especulativos que son comerciados en mercados secundarios.

Ahora, para que todo pueda ser medido en unidades de CO2, todos los gases se traducen a la abstracción de “CO2 equivalente”, sin considerar si se trata de gases emitidos por una trasnacional minera que devasta ecosistemas y pueblos, por la quema de un bosque o el estiércol de algunos animales de un pastor. El concepto de que lo necesario son "cero emisiones netas", no reales sino compensadas, completa esta operación (http://tinyurl.com/jssokpr). De esta forma, la "economía del carbono" podría englobar todos los rubros anteriores, para convertirse en la nueva "moneda" de cambio, que justifica la contaminación y produce ganancias para quienes la causan.

No solamente se pierden de vista las causas del cambio climático, también de esta forma se simplifica burdamente la consideración de los otros graves problemas ambientales y las interacciones entre todos ellos y se eliminan del campo de análisis y acción los impactos sociales, el sistema que los provoca y las verdaderas soluciones.

 

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Hiroshi Amano, durante su participación en el foro de premios Nobel de Lindau.

Miles de experimentos tuvo que hacer el japonés Hiroshi Amano para conseguir el hito tecnológico que ha cambiado la iluminación y la comunicación digital.

 


MADRID.- Los ledes, esos puntitos de luz, están ya en todas partes, en las pantallas, grandes y pequeñas, y en la nuevas bombillas. Pero no salieron de la nada, sino del esfuerzo durante décadas de investigadores como Hiroshi Amano, premio Nobel de Física desde 2014 por conseguir hacer realidad el esquivo led azul, un hito tecnológico tan reciente que todavía no se ha explotado todo su potencial. Además, la historia de cómo se obtuvo el led azul tiene mucho que ver con la investigación dirigida, la que se propone lograr un objetivo concreto más que aumentar el conocimiento, pero acaba teniendo una gran relevancia general. También tiene que ver con la incapacidad de las empresas por sí solas para hacer avanzar la ciencia.

 

Amano, ingeniero japonés, es uno de los premios Nobel más jóvenes en la actualidad. Tiene 55 años y obtuvo el galardón junto a su mentor Isamu Akasaki hace solo dos años, pero el trabajo premiado lo realizó cuando estaba en la veintena. Compartieron ambos el Nobel con otro investigador japonés, Shuji Nakamura, “por la invención de diodos emisores de luz azul eficientes, lo que ha permitido que existan fuentes de luz blanca brillantes que ahorran energía”. Del trabajo de Amano vienen las nuevas bombillas que han sustituido a las incandescentes de toda la vida.


Amano contribuyó a hacer realidad a finales de los años ochenta lo que tantos científicos habían dejado por imposible en los años setenta, un diodo luminoso azul, que abrió la puerta a la luz blanca que está reduciendo el coste de la iluminación en todo el planeta y al mismo tiempo inició la segunda revolución digital, la de los teléfonos inteligentes y las grandes pantallas planas.


Los ledes son dispositivos electrónicos semiconductores como lo es el transistor, y su composición (galio, fósforo e indio entre otros elementos) determina el color de la luz que emiten. El primer led que se desarrolló fue el rojo, en 1962, en 1974 llegó el verde, y la tecnología se plasmó en los grandes monitores de aeropuertos y estaciones, pero el azul se resistió a los esfuerzos de numerosos científicos. El fracaso llevó al abandono general de esta línea de investigación, con la excepción de Akasaki, dice Amano. Sin embargo, la empresa en la que trabajaba también la dejó y Akasaki se pasó a la Universidad de Nagoya, donde Amano se convirtió en uno de sus estudiantes.


Si algo tienen en común Akasaki y Amano es su perseverancia, desde luego. Amano, que acudió por primera vez este año al foro de premios Nobel de Lindau (Alemania) dice que decidió conscientemente dedicarse íntegramente a esta línea de investigación porque encajaba en su vocación por la ingeniería, a la que veía como la forma de conectar a la gente entre sí. Hizo una elección que muchos científicos no se atreven a hacer, seguir una línea de investigación minoritaria, que no está de moda y no atrae tantos fondos como otras más populares, y le salió bien, aunque le costara miles de experimentos llegar a su objetivo. Sin embargo, Amano reconoce que no apreció la importancia de su trabajo, lo que resulta llamativo en un premio Nobel: “Pensé que el uso del led azul iba limitarse a las pantallas de todo tipo, que era lo que interesaba a las empresas”. Pero posteriores trabajos de investigación llevaron a conseguir la luz blanca, el aspecto más llamativo de este salto tecnológico, mediante la combinación de los tres colores o el añadido de fósforo a un led azul. “Una nueva tecnología lleva a nuevas aplicaciones”, es la explicación de Amano, que recuerda que la luz led blanca para iluminación general es ocho veces más eficiente que las bombillas incandescentes.

 

A Amano, como japonés, le interesa especialmente saber que la luz led facilitará la reducción del consumo eléctrico que se ha fijado Japón para 2020 como medida para depender menos de la energía nuclear, tras la catástrofe de Fukushima. Los ledes pueden, además, funcionar como lámparas alimentadas con energía solar en lugares donde no hay red eléctrica, y se utilizan también, en su versión ultravioleta, para el tratamiento de agua y la desinfección en hospitales, además de en conversores de corriente eléctrica continua, procedente de energía solar, a corriente alterna.


A los científicos menores de 35 años que por centenares asistieron este año, como todos los años, al foro de Lindau, Amano contó cómo, al no disponer de dinero para comprar un carísimo sistema de hacer crecer cristales lo desarrollaron a su medida en el laboratorio, a pesar de que nadie allí conocía el tema. “Los profesores se equivocaron tanto como los estudiantes”, aseguró. Pasaron tres años y no lograban mejorar su producto, pero al final lo consiguieron y en 1989 nació el primer led azul. Sobre la base de otro método distinto, Nakamura, que sí trabajaba en una empresa, pidió posteriormente otra patente de led azul, y comparte ahora el premio Nobel con maestro y discípulo.

 

Amano, que ni siquiera era doctor todavía, estuvo realizando tres experimentos diarios para llegar a su objetivo y dejó de lado vacaciones y diversiones hasta conseguirlo. Ahora sigue trabajando en su universidad de siempre, sigue siendo modesto, a pesar del galardón, y es un jefe motivador, en palabras de uno de sus estudiantes, que acudió a Lindau. Su trabajo se centra en nanoestructuras que se espera mejoren los ledes y las células solares.

 

Como recordó a los asistentes Jürgen Kluge, el nuevo presidente del consejo directivo de la fundación que organiza el foro de Lindau, nada es gratis en esta vida: “Solo podéis venir una vez, no queremos volver a veros hasta que seáis premios Nobel!”, aseguró, medio en broma medio en serio.

 

 

¿Lo cambiará esto todo?: Descubren una fuente de energía casi ilimitada en el fondo del océano

El elemento descubierto en el fondo oceánico podría convertirse en una fuente de energía que dure miles de años. Ahora se desarrollan métodos para su extracción.

 

 

Un estudio llevado a cabo por especialistas del Departamento de Energía de Estados Unidos revela que en las aguas de los océanos hay más de cuatro millones de toneladas de uranio, lo que podría convertirse en una fuente de energía ilimitada que dure miles de años, informa la revista Industrial & Engineering Chemistry Research, publicada por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS).


Según las estimaciones más favorables, los actuales depósitos de uranio apenas durarán cien años más. Sin embargo, los océanos del planeta cuentan con una reserva de más de 4.000 millones de toneladas, suficiente para satisfacer la demanda global durante los próximos 10.000 años. Hasta hace poco este recurso era imposible de explotar debido a la complejidad y a los costes de la misión. Sin embargo, ahora se desarrollan métodos de extracción de este material útil.


Asimismo, los científicos afirman que la humanidad será capaz de utilizar este uranio del fondo oceánico en la industria nuclear, ayudando a generar la cantidad necesaria de energía para todos los habitantes del planeta. Sin embargo, los expertos advierten que la extracción del material del océano es extremadamente peligrosa y que no resultará fácil.


"Para que la energía nuclear siga siendo una fuente de energía sostenible –afirma uno de los científicos– es necesario disponer de una fuente económicamente viable y segura de uranio".

Publicado enMedio Ambiente
Detectan "espectaculares" ondas gravitacionales en el espacio

"La observación futura permitirá comprender cómo se forman los hoyos negros a partir de la muerte de estrellas enormes y probar si son como las predijo Einstein", afirma experto

 

Ondas gravitacionales en el tejido del espacio-tiempo, una de las predicciones formuladas por Albert Einstein hace un siglo, han sido detectadas por segunda vez. Los descubridores creen que este hallazgo "espectacular" podría anunciar una nueva era de entendimiento del universo.

Un equipo internacional de más de mil investigadores, entre ellos varios profesores británicos, observó la colisión y fusión de dos hoyos negros, que liberó fuerzas colosales rara vez vistas.

El suceso, ocurrido a mil 400 millones de años luz de distancia, causó una cantidad de energía equivalente grosso modo a la masa del sol convertida en ondas gravitacionales. Estas ondas fueron "capturadas" por los detectores gemelos Ligo (Observatorio Interferómetro Láser de Ondas Gravitacionales) emplazados en Livingston, Luisiana, y Hanford, Washington (EU). La observación se realizó el pasado diciembre, pero apenas se da a conocer al público.

Las ondas gravitacionales fueron predichas en la teoría de la relatividad general de Einstein, la cual plantea que la gravedad ocurre a causa del espacio y el tiempo curvos. Las ondas se estrechan y comprimen todo en su camino, sean humanos o planetas enteros, al distorsionarse el tejido del espacio-tiempo.

El doctor Stephen Fairhurst, uno de los miembros del equipo en la Universidad de Cardiff, señaló: “Este hecho anuncia el verdadero principio de la astronomía de ondas gravitacionales y la apertura una nueva ventana hacia el universo.

“Las diferentes masas y giros observables que presenciamos en el evento mostraron que estamos comenzando a recabar información vital acerca de la población de hoyos negros en el universo.

"La observación futura de ondas gravitacionales nos permitirá entender cómo se forman los hoyos negros a partir de la muerte de estrellas enormes, y probar si en verdad son como las predice la teoría de Einstein."

Visión diferente

Los científicos esperan que las ondas gravitacionales ofrezcan una visión por completo diferente del universo, y les permitan estudiar hechos que podrían estar ocultos a los tradicionales telescopios ópticos y radiotelescopios. Al analizar la detección más reciente, pudieron inferir que los hoyos negros en colisión eran 14 y ocho veces más grandes que el Sol, respectivamente.

Sheila Rowan, directora del Instituto de Investigación Gravitacional de la Universidad de Glasgow, quien también participó en el descubrimiento, expresó: “Sabemos por esta segunda detección que las propiedades medidas por Ligo nos permitirán comenzar a responder algunas preguntas claves mediante astronomía gravitacional.

“Podremos estudiar este fenómeno y entender mejor la historia cósmica, con el objetivo de llenar los ‘eslabones perdidos’ en nuestro conocimiento.”

Los hallazgos han sido aceptados para publicación en la revista Physical Review Letters.

El doctor Chad Hanna, de la Universidad Estatal de Pensilvania, en EU, quien codirigió el equipo de detección, señaló: “Ahora tenemos mucho más confianza en que las fusiones de dos hoyos negros son comunes en el universo cercano.

"Puesto que ya podemos detectar ondas gravitacionales, serán una fuente fenomenal de nueva información acerca de nuestra galaxia y un canal enteramente nuevo de descubrimientos sobre el universo."

La Colaboración Científica Ligo está integrada por más de mil científicos de 17 países, entre ellos investigadores de 17 universidades del Reino Unido. Cada instalación de Ligo cuenta con dos tubos, cada uno de 4 kilómetros de largo, dispuestos en forma de L. Se proyecta un haz láser por cada tubo para determinar con gran precisión la distancia entre espejos ubicados a cada extremo. Si una onda gravitacional está presente, alterará la distancia entre los espejos en una cantidad mínima.

El profesor Andreas Freise, de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Birmingham, cuyo equipo contribuyó a desarrollar instrumentos para Ligo, indicó: "Los detectores de Ligo Avanzado son una obra maestra de física experimental. Son los detectores de ondas gravitacionales más sensibles jamás construidos. Partimos de un concepto bien conocido, un interferómetro de luz, pero requería nuevas tecnologías que hemos desarrollado a lo largo de varias décadas para crear estos dispositivos de escucha extremadamente sensibles a las señales de gravedad del universo".

El doctor Ed Daw, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Sheffield, quien ha investigado las ondas gravitacionales con Ligo desde 1998, añadió: “La detección de la colisión de un par de hoyos negros fue asombrosa; la detección de una segunda es espectacular, porque apunta a que pasan muchas cosas de estas allá.

"Pero también plantea más preguntas: ¿qué formó estos hoyos negros? ¿Cuántos hay? ¿Podremos empezar a probar en verdad la relatividad general en detalle?"

Traducción: Jorge Anaya