Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enColombia
Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enEdición Nº247
La erradicación de la coca en Arauca fue hecha por los campesinos

La erradicación de la coca sí es posible, así lo enseña la experiencia campesina en el departamento de Arauca. Sus beneficios, en procura de autonomía, liderazgo social, organización comunitaria, entre otros aspectos, saltan a la vista.

Una noticia excepcional: el pasado 22 de marzo el departamento de Arauca fue declarado territorio libre de cultivos ilícitos. El evento donde así se confirmó el efecto positivo y concreto del esfuerzo de miles de campesinos, tuvo lugar en el municipio de Arauquita, donde se dieron cita las organizaciones sociales y populares, institucionalidad y comunidad internacional –como la Organización de Naciones Unidas–, la Agencia para la Sustitución de cultivos ilícitos y el Alto Consejero para el posconflicto.

Es de resaltar que este anuncio, como ya está dicho, fue posible debido a la resistencia, movilización y organización campesina del territorio araucano, que a pesar del abandono y violencia estatal sufrida por años, apuestan por la vida a través de alternativas económicas colectivas, como cultivar alimentos organizadamente para el consumo de la región y del país.

En esta lógica, los procesos agrarios articulados al Coordinador Nacional Agrario continúan trabajando por sembrar vida digna en todo el territorio colombiano, y para que el campesino sea reconocido como un sujeto político de derechos gracias a su labor de alimentar a la población mundial.

Compartimos la experiencia de soberanía alimentaria del territorio de Arauca, donde reemplazaron la coca por el alimento gracias a la iniciativa y organización campesina, por medio de la entrevista realizada a Carlos Núñez, miembro de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –Asonalca–, proceso articulado al Coordinador Nacional Agrario.

Comunicaciones Coordinador Nacional Agrario (Ccna): ¿Cómo era el contexto de Arauca cuando se cultivaba coca?
Carlos Núñez (CN): Este territorio fue colonizado en las décadas de los 50 y 60 a raíz de la guerra conservadora-liberal emprendida por el Estado contra el campesinado. Al crecer la población en Arauca, también crecían las necesidades insatisfechas por el Estado. En el 70 empieza el cultivo la coca y marihuana en Arauca, creando una cultura mafiosa, del trago, prostitución y dejando de producir alimento, como también se dejó de lado la organización social: la exigencia al Estado por el respeto a los derechos de la comunidad. Al tiempo que crecía este cultivo crecía la represión y persecución estatal.

En el 2002, el régimen de Uribe declara a Arauca como zona de consolidación y rehabilitación, traducido en represión extrema contra el campesinado. Decenas de líderes sociales fueron judicializados, bastantes campesinos fueron asesinados, fue implementada la extinción de dominio como arma de desplazamiento contra el campesino que tenía en su propiedad cultivo de coca. Todo esto ayudó a los campesinos para que tomaran la decisión de reemplazar la coca por alimentos.


Entre el 2007-2009, el campesinado araucano erradica la coca en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame, llegando a un 80 por ciento de erradicación. El cálculo es que en Arauca habían 5.000 hectáreas de coca (las cifras oficiales tazaban los cultivos en 2.000 hectáreas), las mismas que fueron objeto de erradicación por parte del campesinado.

Ccna. ¿Cómo fue el proceso de las comunidades en la erradicación y reemplazo ¿de la coca por alimentos?
CN. La gente tenía temor de arrancar la planta, porque temían morirse de hambre, pero había que proceder con su erradicación pues la planta trajo el atraso al territorio, ya que no requiere de mayor infraestructura, por ejemplo, la gasolina la puede transportar en caballo, sin exigir carreteras o garantías de producción al Estado. Cuando las comunidades de Arauca tomaron la decisión de erradicar nadie se murió de hambre. Hoy en día las condiciones de vida son mejores, en producción, investigación y técnica para otros cultivos, como también se ha fortalecido la organización de los campesinos.

Actualmente, se tiene una economía estable con mejores condiciones de vida, dejando atrás el atraso que imponía la coca. Han tomado forma gremios como plataneros, yuqueros, cacaoteros, ganaderos, productores de leche, entre otros, estableciendo todos ellos rutas de comercio de alimentos hacia el país.

Ccna. ¿Qué reacción tuvo el Estado cuando este proceso cuajó?
CN. El gobierno nacional habla de política antidrogas, antinarcóticos, pero al Estado le sirve que haya coca, es necesaria para justificar el sostenimiento del aparato militar que emprende y reproduce la guerra contra el pueblo. La coca es un sofisma que distrae al pueblo, y de esa manera ayuda a sostener la represión estatal. Cuando se erradicó la coca el Estado no conoció esta experiencia, ni ayudó a las comunidades. La gente fue por el certificado de erradicación a la policía antinarcóticos, al Ministerio de Defensa, el cual nunca fue entregado por el establecimiento.

El riesgo de la coca fue la política de desplazamiento de los campesinos de Arauca por parte del gobierno nacional, que junto al paramilitarismo, la judicialización y la persecución a líderes sociales, la fumigación de cultivos y la extinción de dominio buscaba sacarnos del territorio, por ser un área estratégica en riquezas naturales, como el petróleo.

Ccna. ¿Qué ventajas o desventajas tiene la erradicación de coca?
CN. La ventaja, es hacer que la tierra cumpla el papel de producir alimento, mejorar la economía, generar un espacio social, como también de proteger el medio ambiente. El campesino se enruta en el papel de mantener el territorio y protegerlo, saliéndose de la cultura mafiosa, caminando hacia una sociedad más justa, crítica, desarrollando la ciencia, la técnica y la tecnología en el territorio.

Los campesinos que cultivan coca, siguen en el atraso, son estigmatizados, la droga producto del cultivo de coca afecta a los jóvenes y demás personas que la consumen. Como pasa con los hijos de campesinos que llegan a la universidad, y por alguna razón conocen las drogas, que vienen del proceso del cultivo de la coca y es un ejemplo entre muchos sobre las consecuencias de cultivar este tipo de planta.

Otra ventaja de la erradicación, es la desaparición de los factores que contiene este cultivo, como la violencia, la descomposición social, la desorganización, la contaminación de la naturaleza, descolarización. Por eso, se está a favor de la vida, el territorio, la cultura campesina, y se le exige al Estado que responda por los derechos del campesinado. Debemos generar una propuesta transitoria para dejar la coca, y proyectar un hombre y una mujer que defienda los valores de la vida.

Ccna. ¿Qué proponen a las comunidades que no han erradicado la coca de sus territorios?
CN. Que hay que perder el miedo, que debemos construir un plan nacional para exigirle al Estado las garantías para producir alimentos y convertirnos en potencia agrícola nacional e internacional. Debemos hacer un balance en materia de consumo interno, para conocer lo que podemos producir y exportar, porque Colombia puede ser una potencia en alimentos y no en guerra.

Apuntemos a la producción sana para el mundo, aprovechando nuestras riquezas naturales. Para crear una economía sustentable y sostenible a partir del trabajo organizado del campesinado.

Publicado enEdición Nº245
Miércoles, 29 Junio 2016 08:08

Paz sin paramilitarismo (II)

Paz sin paramilitarismo (II)

La construcción de una paz estable y duradera demanda la materialización de los acuerdos de paz para erradicar y extirpar el paramilitarismo.


Hay que proceder a la conformación inmediata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


A raíz de los trascendentales avances de las conversaciones de paz entre el gobierno del señor Santos y las Farc, el país y su campo político viven una innegable apertura democrática que adquiere las dimensiones de una democracia ampliada favorable para las libertades políticas, la conciencia, la identidad y organización de las masas populares.

Parte de esa dinámica son los acuerdos firmados el 23 de junio del año en curso entre las delegaciones concurrentes sobre el delicado tema de la seguridad de los combatientes revolucionarios en tránsito a la movilización política desde las 23 zonas de ubicación y los 8 campamentos correspondientes, e igualmente para los movimientos sociales y populares duramente golpeados por las fuerzas oscuras de la violencia paramilitar que sigue vigente como un instrumento de los señores de la guerra: terratenientes, generales, gamonales y empresarios.

 

La erradicación del paramilitarismo es un desafío central en la construcción de la paz

 

En esta columna queremos aproximarnos a otros de los dispositivos acordados en la Mesa de La Habana y que se convierte en columna central de la nueva institucionalidad para actuar a fondo contra la violencia ilegal de estos paramilitares que registran una asombrosa capacidad de mutación. Tanto que el Fiscal encargado, Perdomo, ha dicho que los mismos no existen, aunque le confiere a las bandas criminales o Gao el mismo comportamiento de las autodefensas exterminadoras de la oposición democrática y popular.

Veamos en concreto este nuevo instrumento acordado en los diálogos de paz.

Se trata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5.1.2 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Dicha Unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato.

Su mandato y misión será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

La Unidad Especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la Jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera.

 

Esta Unidad Especial de Investigación tendrá las siguientes características:

 

  • - Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.
  • - El Director/a de la Unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la Unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores/as públicos adscritos a la misma.
  • - La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción.
  • - La Unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la jurisdicción ordinaria.
  • - Su Director/a deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado/a por un período de 6 años. Al Director/a de la Unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el Director/a de la Unidad podrá ser destituido/a del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Director/a de la Unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria.
  • - Esta Unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia.
  • - Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios/asespecializados/as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto/as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios/as tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El Director/a ostentará el mando funcional de los funcionarios/as del CTI adscritos a su Unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios/as de la Policía Judicial adscritos a la misma.
  • - Los servidores/as públicos que la integren serán elegidos/as por el Director/a de la Unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios/as, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público.
  • - Esta Unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas objeto de su mandato, incluyendo las conductas criminales que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
  • - Esta Unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, considerando la experiencia judicial acumulada en los últimos años, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, incluyendo la perspectiva de género.
  • - Para garantizar su desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuesto suficientes para su funcionamiento. La financiación para el funcionamiento de la Unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. La partida que el Gobierno colombiano aporte a estos efectos será de obligatoria inclusión en el presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación que será sometido a la aprobación del Congreso y de destinación específica para la Unidad. Los recursos se ejecutarán según el plan que establezca su Director/a, sin perjuicio de los controles establecidos legalmente. La Unidad podrá solicitar fondos extraordinarios al Estado o a la cooperación internacional y en este último caso podrá negociar y recibir fondos internacionales para su funcionamiento. La Unidad podrá celebrar cualquier convenio o acuerdo de cooperación internacional para fortalecer el cumplimiento de su mandato.
  • - La Unidad de Investigación, compartirá periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un informe sobre los avances y resultados.
  • - La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la Unidad, solicitará a la Unión Europea el envío de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la Unidad y asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la Unidad a través de la Fiscalía General de la Nación.
  • - Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz. Podrá utilizar los mecanismos de acceso a documentos y fuentes de información previstos para la Jurisdicción Especial para la Paz (numeral 69 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz).
  • - La Unidad garantizará la reserva legal en el cumplimiento de sus funciones y tomará las medidas necesarias para proteger a los testigos y víctimas que así lo requieran.

 

Competencia

 

La Unidad Especial:

Perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato.

Investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores/as, instigadores/as, organizadores/as y financiadores/as de estas estructuras a la autoridad competente a efectos de apertura de juicio o de investigación por otro órgano que resultara competente.

Asumirá las investigaciones en los supuestos en los que se hayan producido compulsas de copias en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de Justicia y Paz para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales incluidas en este acuerdo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

Asumirá las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios/as del Estado.

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, continuará conduciendo la investigación penal, y adicionalmente, dará traslado a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, la Unidad solicitará ante las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras.

Velará porque no existan normas que, directa o indirectamente, permitan o promuevan la existencia de estructuras paramilitares o sucesoras de estas, informando sobre lo anterior a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se adopten las medidas pertinentes.

Podrá informar periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de los avances y obstáculos en el cumplimiento de su misión.

Coordinará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz el intercambio de información sobre lo que sea de su competencia.

 

Cuerpo elite de la Policía

 

Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad.

Garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscal, jueces y otros servidores/as públicos.

Los servidores/as públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se les garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad evitando cualquier perturbación, o amenaza a sus funciones y brindando las respectivas garantías de seguridad.

La construcción de la paz demanda que todo este aparato institucional de acción ofensiva contra el paramilitarismo se materialice pies esas organizaciones están muy activas destruyendo las posibilidades regionales de la convivencia, la paz y la democracia ampliada.

 

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Paz sin paramilitarismo (I), martes 28 de junio de 2016

Publicado enColombia
Jueves, 24 Octubre 2013 14:47

La erradicación es un mito folclórico

La erradicación de cultivos para elaborar drogas "es un mito del folclore". El único efecto que ha tenido es que un cocalero lleve siete años como presidente de Bolivia, planteó la estadounidense Kathryn Ledebur.

 

"Colombia no puede terminar con el narcotráfico, cuando la demanda desde el exterior es lo que lo impulsa", agregó Ledebur, directora de la Red Andina de Información, entidad no gubernamental con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba, que estudia los impactos de la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos.

 

La coca no es cocaína

 

"El negocio del narcotráfico no es lo mismo que el cultivo ancestral de la coca realizado por las comunidades indígenas. El primero es un negocio multinacional de miles de millones de dólares, con la gente que tiene alguna conexión por necesidad, por alimentar a su familia, por ser excluidos", mientras que el cultivo realizado por las comunidades indígenas que habitan Suramérica es la continuación de nuestra cultura, afirmó Fernando Arias delegado de las Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, ante el foro de cultivos ilícitos.

 

La presencia de los delegados indígenas en el foro tenía como primer objetivo generar conciencia para que se distinga entre la coca vegetal andino, de consumo tradicional, con importantes propiedades alimenticias, y la cocaína, la droga elaborada con procesos químicos a partir de esa planta.

 

"La hoja de coca no es la mata que mata. En nuestra cultura la hoja de coca es un elemento tradicional que nos ha dado alimento, salud y muchos beneficios más. Penalizar a nuestras comunidades por tener un cultivo ancestral va en contra de nuestra cultura y es injusto con quienes defendemos nuestros ancestros y todo lo que representan", explicó el vocero indígena.

 

Comunidad Cannábica

 

Carolina Torres Meléndez es una profesional del área administrativa que consume marihuana de forma recreativa desde hace años. Con un grupo procedente de muchos rincones del país se presentaron en el Foro para pedir una reglamentación de respeto para quienes emplean esta yerba.

 

Es innegable que hoy la marihuana se emplea de forma recreativa, como también con intereses curativos. La medicina la emplea de miles de formas y cuando alguien la utiliza con objetivos curativos nadie lo critica, pero sí hay un señalamiento cuando se consume de forma recreativa.

 

"Hagamos un balance de los resultados: ¿cuántos accidentes deja el consumo de alcohol?, muchos. Cuantos deja el consumo de marihuana, menos del diez por ciento de los que deja en los borrachitos", explicó la vocera.

 

"Los colectivos que vienen de todo el país se hacen presentes para evitar la exclusión social a los consumidores y vienen de muchas partes del país, incluso casi ninguno se conocía, solo por las redes sociales por donde intercambiamos experiencias", dice Carolina Torres.

 

Pero no solo es la estigmatización sino el abuso de autoridad que se presenta con maltrato, golpes, detenciones o extorsiones contra lo que llaman Comunidad Cannábica.

 

Los que faltaron

 

Los grandes ausentes en este Foro fueron los delegados de las entidades financieras de Colombia y del mundo, si se tiene un cuenta que buena parte de las utilidades de los narcos son blanqueadas por las organizaciones financieras en el mundo entero sin que hasta la fecha se implementen políticas represivas que castiguen con rigor a los banqueros y demás empresarios que prestan sus instituciones para el lavado de activos producto del narcotráfico.

 

Otro lunar visible fue el desaire empresarial, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, prefirió subrayar que se trató de una "oportunidad perdida para contribuir con soluciones. El empresariado no asistió al foro, evidenciando su descontento con la ONU, por su apoyó a la protesta campesina en Catatumbo, y su mediación en el subsiguiente paro nacional de actividades de los trabajadores agropecuarios y mineros.

 

"El tema de drogas ilícitas, queramos o no, es muy relevante para la seguridad en el campo y el desarrollo agrario", dijo Hochschild.

 

"Estuvieron (presentes en este evento) más de 1.000 personas, 800 de las cuales son de esas regiones (de cultivos ilegales) y hubiera sido una gran oportunidad para los gremios empresariales de explicar sus puntos de vista y proponer soluciones y escuchar otras opiniones", añadió.

 

"Para llegar a buenas soluciones es muy importante tener intercambios con diferentes puntos de vista, no boicoteando o evitando eventos. Eso no nos lleva a ninguna parte", expresó.

 

En un comunicado de prensa, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC– y de la mesa directiva del Consejo Gremial Nacional, rechazó que la ausencia empresaria se califique de boicot. "Simplemente no asistimos", dijo Mejía, pues solo fueron contactados por la ONU con ocho días de anticipación.

 

Mejía discutió dos días con otros gremios sobre la asistencia, pero entonces la huelga se agudizó en distintas regiones y la ONU intervino como mediadora. "Sea justo o injusto, legal o ilegal, la institucionalidad se irrespetó", cuestionó.

 

Además, "esos paros son organizados por las farc, aparentemente. Es lo que nos ha informado Inteligencia militar", comentó.

 

El "Foro nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas", realizado en Bogotá entre el 24-26 de septiembre, hace parte de una serie de eventos propuestos desde La Habana por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las farc. Sus conclusiones se enviarán a la mesa de negociación instalada hace un año en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia farc.

Publicado enEdición N°196
En Brasil, 55 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y, de ellas, 19 millones sobreviven en una situación de pobreza extrema. Son cifras que estremecen en este país de dimensiones continentales y de 190 millones de habitantes que, aunque subido al carro del progreso, sigue figurando entre los más desiguales del planeta. Sin embargo, hay motivos para el optimismo: la última década y media no sólo ha registrado crecimiento económico, sino también un mejor reparto de la renta.

Entre 1995 y 2008, la pobreza absoluta se redujo un 33% y de esa situación salieron 12,8 millones de brasileños. De continuar esta tendencia, Brasil puede erradicar la miseria para 2016, con sólo un 4% de población pobre. Eso dice, al menos, un reciente estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Durante las dos legislaturas del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el índice Gini, uno de los indicadores de la desigualdad más usados internacionalmente, ha bajado cinco puntos. Pocos gobiernos lo consiguen. El Gini de Brasil sigue siendo uno de los más altos del mundo, con un 0,52 (donde 1 indica la desigualdad perfecta y 0 la igualdad perfecta), pero se aprecian signos de cambio.

El dato que más invita a la confianza es que la renta de los pobres crece en un porcentaje mayor que la de los ricos: según la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, en los últimos cinco años el ingreso del 10% de la población más pobre subió un 50%; el del 10% más rico lo hizo sólo un 7%.

Los expertos lo atribuyen a una década y media de estabilidad macroeconómica, crecimiento y baja inflación, pero también a las políticas públicas. Los programas asistenciales, que se han convertido en el buque insignia del lulismo, comenzaron en realidad en tiempos del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, pero con Lula alcanzaron objetivos más ambiciosos. Hoy, el 57% de los brasileños vive en una familia que percibe algún tipo de ayuda directa.
Ayudas sin condiciones

El programa Bolsa Familia llega hoy a 11 millones de hogares y 45 millones de personas (un 25% de la población) y supone un coste del 0,4% del PIB. Se trata de un programa de transferencias directas y sin condiciones para familias en situación de extrema pobreza, por un monto que ronda los 60 reales (unos 25 euros) más 20 reales por cada hijo.

Su finalidad es atacar la urgencia, el hambre, en un país donde diversas instituciones calculan en unos 130 reales al mes el coste de la cesta básica. Pero el programa ha funcionado porque se inserta dentro de un marco en el que existen otras subvenciones que miran al medio plazo y apuntan a la inserción en el sistema educativo y productivo. Frente a las tradicionales críticas de la derecha a las políticas asistenciales, beneficiarios de esta ayuda han entrado en el mercado de trabajo en mayor medida que los que no la reciben.

En el nordeste, donde hay más pobreza y menos trabajo, la Bolsa Familia ha tenido un impacto mucho mayor que en el resto del país. La asistencia social no se mira con buenos ojos en el próspero sur. Y no es casual que sea en la región nordeste donde los índices de popularidad de Lula que procede de una familia humilde de esta zona superan el 95%.

Lula lanzó en 2002, el año en que ganó sus primeras elecciones, un eslogan breve y conciso: "Hambre cero". Ocho años después, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha sido aclamado internacionalmente y otros gobiernos le han pedido ayuda para poner en marcha iniciativas similares.

En la campaña electoral recién comenzada, nadie cuestiona los logros de la Bolsa Familia. La candidata de Lula, Dilma Rousseff, pretende capitalizar lo que muchos consideran el mayor logro del lulismo. El opositor José Serra, del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), no sólo no critica el programa sino que promete ampliarlo, así como "ligarlo a cuestiones de preparación para el empleo, la educación y la salud". En el nordeste, anunció que doblará el monto del subsidio. Las ayudas a los más pobres son un tema obligado de la agenda electoral.
Ventaja de Dilma Rousseff

"Con Serra, Brasil puede más" fue el lema de campaña que escogió el hasta ahora gobernador de São Paulo. Un eslogan que resume el discurso de una campaña peculiar, marcada por el legado de un Lula que ostenta históricos índices de popularidad, por encima del 80%. No caben los ataques directos. Serra se esfuerza por ser percibido como continuista y por transmitir que él será mejor heredero de Lula que la delfina del presidente.

No parece una misión fácil para el líder del PSDB. Porque, según el Instituto Sensus de Brasil del 5 de agosto, Rousseff tiene una amplia ventaja con 44,1% de los votos, mientras Serra se queda en 31,5%. Sin embargo, los comicios del próximo 3 de octubre se perfilan como los más reñidos de la historia de Brasil. Otras encuestas señalaban a finales de julio un empate técnico entre los dos candidatos, con Serra ligeramente por delante (37% frente a 36% para Rousseff), lo que da un papel relevante al 8% de intención de voto que acapara la candidata del Partido Verde y ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Rousseff se anotó un tanto al sellar la alianza del PT con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, una formación política de centro que, aunque no consiguió lanzar un candidato con posibilidades de victoria, es la más votada del país. El PSDB de Serra lo tiene más complicado desde que su tradicional aliado, el conservador Partido Demócrata quedase debilitado tras el escándalo de corrupción que se destapó en Brasilia el pasado noviembre.

Pero Rousseff arrastra su inexperiencia electoral y es menos conocida que su oponente. Por ello, Lula ha intensificado su ya intensa agenda de jefe de Estado para recorrer el país al lado de Rousseff. El objetivo: que todos los brasileños sepan que ella es la candidata del presidente más popular de la historia.

NAZARET CASTRO 14/08/2010 23:00
Publicado enInternacional