Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Como el cangrejo. En Bogotá operan en la actualidad 124 comedores comunitarios que benefician a cerca de 35.700 personas, una cifra que ha disminuido entre los años 2016 y 2018 en un 17.24 por ciento, según lo reconoce la Personería. Los jardines y casas vecinales también presentan retroceso. La administración, con excusas, señala la presente como una coyuntura traumática, sin dejar de excusarase en la supuesta intensión oscura que prevalece en los procesos de contratación. ¿A qué juegan las instituciones y qué esperan las comunidades?

 

En Bogotá, desde el comienzo de la administración Peñalosa disminuyó la atención de jardines y comedores a los sectores populares. En efecto, entre marzo de 2017 y junio de 2018 se dejaron de entregar cerca de medio millón de raciones de alimentos a personas de escasos recursos. Así lo confirmó Carmen Teresa Castañeda, personera distrital. Realidad que confirma, una vez más, que una cosa es la campaña electoral y otra el gobierno.

 

Es una decisión con continuidad. Entre los meses de junio y julio de 2018 sólo estaban operando el 23.6 por ciento de todos los comedores de la ciudad, pues en estos meses fueron cerrados 90 de estos, dejando sin atención a 28.000 personas. Otra “decisión técnica” de Kike que por incompetencia dejó terminar los contratos de 110 comedores, excusándose en que perdieron la noción de la vigencia de la ley de garantías.

 

A todo esto debe sumarse que algunos comedores incluso llevan cuatro meses inoperantes, y 20 comedores no volverán a abrirse. Las localidades más afectadas son Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén. La culpa administrativa recae también en las alcaldías locales que tenían modalidades de contratación directa.

 

Los efectos del “receso obligado” también afectaron a 68 jardines, en especial los cofinanciados, los que representan el 15 por ciento de los cupos de la ciudad. Incluso con cierres a establecimientos para población especial, como los tres Centros Avanzar que desde comienzo de año y hasta agosto afectaron a 230 niños con discapacidades múltiples que quedaron sin la atención requerida. Cierres que se concretaron sin socialización previa con la población afectada. Es decir, estamos ante hechos consumados, ante un gobierno que impone y no discute ni concreta, mucho menos educa.

 

Qué dice la administración

 

La Secretaria Distrital de Integración Social (Sdis), a través de Juan Carlos Peña –director de nutrición y abastecimiento de la entidad–, explicó que la causa principal de la finalización de los contratos y los cambios de operador se dieron por el giro en el modelo de contratación del decreto 777 de 1992 al 092 de 2017, que rige actualmente. Pero 90 comedores vivieron esta situación de manera transitoria, 20 de manera definitiva, por condiciones inadecuadas para su manejo. Se ofertaron 114 en junio de los cuales 71 se declararon desiertos, por lo que se abrió otra licitación donde solo cinco quedaron por fuera. La medida técnica de urgencia fue suplir con la entrega de paquete alimentario o bono canjeable por alimentos.

 

Llama la atención que por medio de esta estrategia están excluyendo a las organizaciones sociales en los procesos de contratación para la prestación de estos servicios. La Administración Central alega que las condiciones locativas que ofrecen estas organizaciones no son óptimas, olvidando así que el lugar de muchos comedores no es el adecuado, precisamente porque en las zonas periféricas las infraestructuras son deficientes, y los arriendos que se logran no permiten modificar las casas de manera estructural.

 

Pese a esta realidad, la Administración insiste con estándares altos en lo referente a planta física a la hora del llamado para ofertar. Además, pide comprometer recursos en dinero para la ejecución en actividades en una proporción no inferior al 30 por ciento del valor total del convenio.

 

A su vez, los anexos técnicos elevan los estándares, haciendo que los operadores tengan que invertir sumas de dinero que sobrepasan su capacidad de endeudamiento. Las supervisiones de interventorías son estrictas en aspectos como salubridad, pero no tienen en cuenta otros aspectos, como son las actividades de inclusión y participación.

 

Modelo de contratación

 

El decreto que llevó a esta desatención con los sectores populares, el 092 de enero de 2017, fue firmado por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santa María y por Simón Gaviria, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su reglamentación sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, obliga a que ahora todas pasen por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En su articulado señala sobre la idoneidad y el proceso competitivo de selección, que se expresa en exigir estándares inalcanzables para las organizaciones sociales. Las organizaciones operadoras se quejan por su inexperiencia para el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que no existió un acompañamiento real para manejar la plataforma y subir las propuestas.

 

Entonces, la competencia es desigual frente a operadores con mayor margen de maniobra financiera. Los requerimientos técnicos implican un dinero que no tienen las organizaciones sociales. No pueden disponer de espacios físicos para adecuarlos a los criterios exigidos por la Administración, renuente a invertir como coparte. Debe recordarse que algunos de las organizaciones sociales funcionan en los mismos salones comunales de barrios periféricas, donde la gente ha construido sus barrios a puro pulso, y por lo tanto cuenta con infraestructuras deficientes. Además, los anexos técnicos complicaron tanto las cosas que ahogaron gradualmente a las organizaciones al incrementar las exigencias para poder contratar.

 

Sus voces

 

Para Elsa Melo, representante de la Asociación de Vecinos Solidarios (Avesol) que lleva 35 años de existencia y que tenía a cargo el comedor comunitario del barrio Atenas desde el comienzo del programa de comedores comunitarios, esto parece de ficción y señala “Los cambios se han venido agudizando, actualmente se le pide a la organización poner en dinero efectivo sobre el valor total del convenio. Algunos hemos tratado de argumentar que los espacios y la gente también son recursos que ponemos, pues una organización social no tiene un superávit financiero. No existieron procesos de formación sobre el manejo del Secop. Y las contingencias siempre fueron corriendo los tiempos. Lo curioso es que este cambio de contratación no comenzó con Peñalosa sino bajo la administración de Gustavo Petro que puso a todas las organizaciones a licitar”.

 

La contradicción con la misma administración progresista también encierra una paradoja sobre la política pública de estos gobiernos cuando están al frente de la ciudad, y sobre el empoderamiento de la gente beneficiaria de las agendas comunitarias. La historia nos cuenta que fue Bogotá sin Indiferencia quien implementó a gran escala una política para contener el hambre y la desnutrición en la ciudad. Los comedores superaban por decenas en algunas localidades.

 

En aquel momento, los anexos expresaban unos requerimientos no solo en la administración de alimentos sino para las actividades de inclusión. Se desarrollaron actividades para la formación y participación, pero siempre de manera confusa y tímida, sin mayor claridad sobre temas y metodologías. A pesar de algunos contratistas y personas del comedor, no existió en la Administración la voluntad de empoderar a las comunidades. Los requerimientos técnicos del nivel central, siempre con nuevas versiones y cambios de orientación, no contribuyeron a la construcción de un lineamiento claro sobre el quehacer en los comedores. Ni siquiera se aprovechó para esto la coyuntura presentada en el 2009, cuando se prohibió el aporte diario de los $500 por parte de los beneficiarios, exigiéndoles a los operadores consignar lo recaudado para que la comunidad definiera qué hacer con los recursos. Complicado fue reunir el dinero completo en la cuenta pues algunos operadores se enredaron con este cambio de política, más enredados aún con el proceso para poner de acuerdo a toda esa gente con el qué hacer con esa plata. Fue así como no se logró la participación y organización de la comunidad, y los proyectos de gestión e iniciativas productivas no pudieron sostenerse, e incluso en algunos casos generó conflictos entre integrantes.

 

Por su parte, Luis enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios (Epao), que también operaron comedores, identifica una política que desdeñó el proceso de inclusión social. “Lo político supeditó a lo técnico, nunca fue importante la organización ni priorizar lo social. Tampoco existió una formación política, ni siquiera para los profesionales de inclusión. Cuando la gente solo va a comer sin formación ni intencionalidad de organización social las cosas se naturalizan. Para la comunidad puede que sea impopular cerrar el comedor, pero la gente normaliza que no llegue el almuerzo a cambio del bono”.

De ser así, el futuro de los cierres de los comedores será naturalizado. Pero eso no quiere decir que la desnutrición y el hambre se hallan superado. La lección aprendida es que desde el asistencialismo no se fomenta la organización ni la autonomía de las gentes.

Publicado enEdición Nº250
Cesta Caracas: "Desesperanza e incertidumbre ante el escandaloso aumento de precios"

 

Caracas, 20 de noviembre de 2017.- A la fecha de publicación de esta nueva entrega del producto de CER Latinoamericana “Cesta Caracas”, las conversaciones en los espacios públicos y privados muestran desesperación, desesperanza y alarma en el venezolano común. El acelerado aumento de precios coloca a la gente ante la sensación de estar al borde de un profundo y desconocido abismo.

Según CENDAS, el precio de la Canasta Básica Familiar de octubre de 2017 es Bs. 5.594.119,73, lo que significa 12.4 salarios mínimos. Costo que ningún venezolano común puede cubrir por más esfuerzos que haga: “Ya uno no piensa en más nada, sino en la manera de “rebuscarse” para poder llevar el pan a la mesa todos los días. Comer tres veces al día se ha convertido en un sacrificio. La crisis se va reconfigurando: hemos pasado de la escasez y el mercado negro a una liberación de precios que dejan al bachaquero como una de las opciones más "económicas" en cuanto al mercado de la escasez se refiere...Esto es una locura”. Esta opinión la expresó Fernando Villalba, quien además se define como “una persona que creyó en el proceso (revolucionario), que votó por Chávez, pero que no quiere a Maduro porque nos ha llevado a la miseria siendo un país rico”.

El Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (CER Latinoamericana) , pone a disposición los precios de los productos que se encuentran en el “mercado negro” o de “bachaqueros” de los mercados municipales de Caracas. En algunos casos, se toma en cuenta la variación entre el menor y mayor precio de un determinado producto que varía entre los bachaqueros del Mercado de Catia, Quinta Crespo y Guaicaipuro.

 

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Lunes, 13 Marzo 2017 06:58

La frontera del caos y la penuria

El puente se cruza a pie en ambos sentidos; no hay aduana ni control de pasaportes (Andy Robinson)

 

Venezolanos y colombianos trafican con todo y sin ningún control a través del puente Simón Bolívar

 

Cúcuta (Colombia)

 

Hay un tráfico de dos sentidos en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y se trafica con todo. Hay venezolanos que van en busca de alimentos y colombianos que necesitan refugio. Se comercia con arroz y cocaína, gasolina y ganado. Lo hacen guerrilleros de izquierdas y paramilitares de ultraderecha. Últimamente, muchos venezolanos, no sólo los de la ciudad fronteriza de San Antonio, cruzan a Cúcuta por el puente de Simón Bolívar, dejando atrás los carteles que anuncian: “En esta aduana no se habla mal de Chávez”. Se dirigen a los supermercados cargados de billetes venezolanos para abastecerse de productos crónicamente escasos en Venezuela. “Voy a comprar antibióticos”, dice un joven estudiante que venía de San Cristóbal a 30 kilómetros de distancia. Pero para no alimentar otra historia mediática de la tiranía bolivariana, otro venezolano recuerda que los fármacos esenciales se consiguen gratuitamente en el sistema de sanidad pública.

Germán Parra ya ha llegado a La Parada, un conjunto de oficinas de cambio de divisas y supermercados baratos en el lado colombiano del puente. Vive en Cúcuta y trabaja en la construcción. Pero a los venezolanos no se les ven con buenos ojos en Cúcuta en estos momentos. Los colombianos les echan la culpa de un aumento de la delincuencia aunque muchos robos se hacen desde motocicletas y en Venezuela es casi imposible comprarse una moto.

Crece la xenofobia en una ciudad que se siente abandonada por Bogotá. El vicepresidente colombiano Germán Vargas llegó a decir al inaugurar un proyecto de viviendas nuevas el mes pasado: “Estas son para ustedes y no para los venecos”, un término que muchos consideran insultante. “Aquí los venezolanos somos subversivos, ladrones, paramilitares, narcotraficantes”, sostiene Parra. Pese a ello, entran sin mucho control. Hay que tener permiso para cruzar pero en el puente Bolívar ningún policía pedía papeles y la gente pasaba de un lado a otro sin el miedo que se palpa en otras fronteras.

A doscientos metros del puente, los residentes de La Invasión, un asentamiento ilegal en el lado venezolano que la policía intenta desalojar, cruzan el río en balsa para ir a trabajar en Colombia y volver a casa por la tarde. Una de ellas, la colombiana Kailin Vélez de 28 años, trabaja de camarera en una casa de comidas en La Parada. ¿Por qué vivir en San Antonio y trabajar en Cúcuta? “Porque la vivienda y los servicios públicos en Venezuela son mucho más baratos que en Colombia pero los salarios son mucho más bajos”. En cuanto a la comida depende de si queda algo de precio regulado. Escribe en el cuaderno una tábula con los precios comparativos, todo convertido a pesos colombianos. Salario mínimo: Venezuela, 140.000; Colombia, 737.000. Alquiler más luz y agua: 15.300 pesos al mes en Venezuela; 750.000 en Cúcuta. Patatas: 800 el kilo en Colombia; 1.500 en Venezuela. Frijoles: 6.000 en Cúcuta. ¿Y en San Antonio? “No hay”.

Todo tiene matices en la frontera, aunque nadie lo creería viendo la televisión o leyendo el periódico. En los medios colombianos la historia es la del venezolano que huye del desabastecimiento causado por el socialismo bolivariano hacia la cornucopia del capitalismo colombiano. Pero el matiz es que los bachaqueros, los vendedores del mercado negro, y los contrabandistas han aprovechado los precios tirados de bienes esenciales subvencionados en Venezuela para venderlos a venezolanos en Cúcuta. O para reexportarlos a Venezuela. “Un bachaco es una especie de hormiga. Los bachaqueros en la cola trabajan a sueldo de bachaqueros de cuello blanco y de mucho dinero”, dice Guiomar Caminos, residente de San Cristóbal. “Cuando llegamos al supermercado, muchas veces, ya no queda nada”, añade Esther Julia, su mujer, mientras cena macarrones a la boloñesa en su casa.

Luego está la cuestión de la gasolina. A lo largo de la frontera de 2.000 kilómetros, hay ríos o caminos de tierra, las trochas, como dicen los venezolanos, donde cruzan los contrabandistas de gasolina fuera de la vista de las fuerzas de seguridad. Puesto que en Venezuela se puede llenar el depósito por el equivalente a un dólar, todo el estado colombiano de Santander se abastece de gasolina venezolana. El gobierno en Caracas cerró la frontera durante varios meses el año pasado con el fin de afrontar ese tráfico ilegal. Incluso ahora, solo pueden pasar peatones por el puente con la excepción de las horas de madrugada cuando pasan camiones cargados de alimentos. Pero si Donald Trump piensa que la frontera entre EE.UU. y México es porosa, la de Colombia y Venezuela es un colador.

La narrativa dominante en la frontera es que miles de venezolanos hambrientos llegan en busca de refugio económico desde el desastre al otro lado. Pero, por dura que sea la escasez, cuesta encontrar a alguien en San Cristobal con aspecto de muerto de hambre. Hay más indigentes a la vista en Colombia. Es más, hay otros refugiados, aún más desesperados, que cruzan la frontera en el otro sentido. Hace dos semanas, trascendió que casi 200 campesinos colombianos de una comunidad en Catatumbo, en el norte del estado de Santander, a 200 kilómetros de Cúcuta, habían llegado a un pueblo venezolano en busca de santuario tras ser desplazados por paramilitares de ultraderecha.

Esto ocurre en un momento en el que la guerrilla de las FARC se ha desmovilizado. Hasta ahora justificaba su lucha armada por la necesidad de defender a los campesinos de los paramilitares. Por eso, quizás las autoridades colombianas desmintieron la noticia pese a que existen múltiples testimonios de que ocurrió. Los paramilitares “se dedican a intimidar a los campesinos para que no reivindiquen sus derechos de acceso a la tierra y compensación por sustituir sus cultivos de coca”, declara Yefri Torrado, experto en derecho de la Universidad Libre de Cúcuta.

¿Por qué cruzarían los campesino a Venezuela? “Porque hay indicios de que los paramilitares cuentan con aliados en la administración local y en el ejército colombiano; cuando se ha visto a los paramilitares del Águila Roja suele ser en lugares próximos a las bases militares”, añade. Al otro lado, aún pueden contar con la protección de los guerrilleros que se esconden en territorio venezolano, y las fuerzas de seguridad están más dispuestas a denunciar violaciones colombianas aunque sólo sea para relativizar las suyas.

Cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró preocupado por las cuestiones humanitarias en la frontera tras la llegada de los refugiados, las autoridades colombianas lo acusaron de querer desviar la atención de la crisis humanitaria en Venezuela. Puede ser verdad pero quizás hay otra explicación: con la inminente entrada de las FARC en política, hay que dejar muy claro que el camino de la izquierda, al igual que el puente de Bolívar. conduce al caos y la penuria. “Aquí, en la frontera, se está jugando la hegemonía política”, remacha Torrado.

 

 

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Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231
Lunes, 23 Septiembre 2013 09:20

Falleció el narrador y poeta Álvaro Mutis

Falleció el narrador y poeta Álvaro Mutis

Reconocido como una de las voces literarias más significativas en lengua castellana, el escritor y poeta colombiano Álvaro Mutis falleció a los 90 años de edad, este domingo en la ciudad de México, donde estableció su residencia desde 1956. El deceso ocurrió en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde fue hospitalizado el pasado 15 de septiembre, confirmó su esposa Carmen Miracle.

 

Los restos del escritor son velados en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo 140.


La relevancia del autor en el ámbito de las letras iberoamericanas está determinada por su vigor y riqueza verbal, así como por su característico entretejido de lírica y narrativa.


Influido por Pablo Neruda, Octavio Paz, Saint-John Perse y Walt Withman, empleó la poesía como vía de conocimiento para el acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuese posible el amor y la buena muerte, según se consigna en una de sus múltiples semblanzas.


Recientemente cumplió su novena década y por ello se realizaron celebraciones literarias en su honor en su natal Colombia, donde el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional realizaron un homenaje. Entre el 26 y el 29 de agosto de este año se realizaron lecturas de sus poemas, una mesa de debate, un ciclo de conferencias sobre su obra, exilio o figura, y se proyectaron los filmes La mansión de Araucaima e Ilona llega con la lluvia, basados en sus novelas.


Álvaro Mutis Jaramillo nació en Bogotá, Colombia, el 25 de agosto de 1923, si bien por cuestiones familiares debió cambiar su residencia a Bruselas, Bélgica, donde vivió entre los dos y nueve años de edad y realizó parte de sus estudios de educación básica.


Tras la repentina de muerte de su padre, el abogado Santiago Mutis Dávila, a los 33 años, quien ocupaba un puesto diplomático en aquel país europeo, la familia tuvo que regresar a Colombia, donde se estableció en una finca propiedad del abuelo materno.


Ambos hechos fueron determinantes para este carismático escritor, cuya literatura está marcada por los recuerdos de infancia entre ambos mundos: los contrastes entre Europa y América Latina, los viajes en barco trasatlántico y la exuberancia de la selva.


“Podría afirmarse que toda la obra de Mutis no es más que una apuesta por salvar esos momentos de natural y auténtica alegría de su infancia, a partir de la espesura de desesperanza adquirida con el paso irremediable de los años”, según escribió Jorge Bustamante García en la edición que La Jornada Semanal dedicó al autor el pasado 25 de agosto de 2013, con motivo de su 90 cumpleaños.


A principios de la década de los años 40 del siglo pasado, Mutis comenzó a trabajar en la radio de su país natal, donde dirigió un programa dedicado a la literatura al tiempo que se desempeñó como lector de noticias.


En ese mismo periodo fue cuando inició su carrera literaria, a partir de la influencia que ejercieron sobre él los escritores surrealistas. Sus primeros poemas y críticas fueron publicados en la revista Vida y en lo suplementos de los diarios El espectador y La Razón. La Balanza es el título de su primer poemario, publicado en 1947, en colaboración con Carlos Patino.


En los años 50, Mutis se vinculó a los jóvenes poetas que giraron en torno de la revista Mito, y en el transcurso de esa década publicó varios poemarios, entre ellos Los elementos del desastre, en el que aparece un personaje que será reincidente en su obra e incluso su alter ego, Maqroll El Gaviero, considerado un hito de la literatura contemporánea en lengua española.


En ese mismo decenio, en 1956, es cuando llega a México procedente de Bogotá, escapando de una acusación de presunto fraude. Tres años después, fue detenido por la Interpol y recluido durante 15 meses en la cárcel de Lecumberri (por cuestiones políticas), experiencia que cambió su visión del dolor y del sufrimiento humano.


No obstante su pasión por las letras, Álvaro Mutis debió trabajar durante muchos años en el área de relaciones públicas en importantes compañías. Eso no le impidió acercarse a personajes de la cultura como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Luis Buñuel.


Entre esos trabajos ajenos a la literatura, se encuentran el de director de propaganda de una compañía de seguros, jefe de relaciones públicas de una modesta empresa de aviación y de la Esso, en Colombia.


También fue narrador en castellano de la serie de televisión Los intocables y luego, por poco más de 20 años, se desempeñó como gerente de ventas para América Latina de la Twentieth Century Fox y la Columbia Pictures.


A ello se suman sus colaboraciones periodísticas en revistas, así como su participación en el programa de televisión Encuentros, dedicado a entrevistas con escritores.


Amigo íntimo de Gabriel García Márquez, de hecho ha sido siempre el primer lector de todos sus borradores, Álvaro Mutis cuenta en su haber con los siguientes poemarios: La balanza (1947), Los elementos del desastre, (1953), Reseñas de los hospitales de Ultramar, separata en la revista Mito (1955), Los trabajos perdidos (1965) Summa de Maqroll El Gaviero (1973), Caravansary (1981), Los emisarios (1984) Crónica regia y alabanza del reino (1985), y Un homenaje y siete nocturnos (1986).


Su obra narrativa, en tanto, está comprendida por los libros Diario de Lecumberri (1960), La mansión de Araucaíma (1973), La verdadera historia del flautista de Hammelin (1982), La nieve del Almirante (1986), Ilona llega con la lluvia (1988), Un bel morir (1989), La última escala del Tramp Steamer (1989), La muerte del estratega (1990), Amirbar (1990), Abdul Bashur, soñador de navíos (1991) y Tríptico de mar y tierra (1993).


Entre los premios recibidos por Mutis se encuentran el Nacional de Letras de Colombia, en 1974; el Nacional de Poesía de Colombia, en 1983; el grado de Comendador de la Orden del Águila Azteca, de México, en 1988; el Premio Xavier Villaurrutia, en 1988; la Orden de las Artes y las Letras del gobierno de Francia, en el grado de Caballero, en 1989; el Príncipe de Asturias de las Letras en 1997, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1997, y el Cervantes en 2001.


(Con información de Dpa)

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Miércoles, 24 Marzo 2010 17:56

La escasez mundial de agua

En los últimos años, el cambio climático ha desplazado otros temas ambientales para convertirse en el problema mundial número uno. Pero la alarmante escasez de agua es un asunto igualmente importante e incluso una amenaza más inmediata.
 
Una década atrás se anunció que para 2025 un tercio de la población mundial sufriría esta escasez. Pero ya se alcanzó ese umbral. Dos mil millones de personas sufren este problema. Para 2025, ese cálculo pudiera ser el doble (más de cuatro mil millones, tomando en consideración el aumento de la población del planeta), salvo que haya cambios en las tendencias de hoy. En este siglo, las guerras serán por el agua, como en las últimas décadas han sido –y siguen siendo– por el control del petróleo.
 
“La población mundial se triplicó en el siglo XX, pero el consumo de agua aumentó siete veces”, señaló la experta Maude Barlow, del Council of Canadians, en su libro Convenio azul. “Para 2050, cuando hayamos sumado otros tres mil millones de personas a nuestra población, sólo para cubrir nuestras necesidades requeriremos un aumento del 80 por ciento en el suministro de agua. Nadie sabe de dónde la sacaremos”.
 
La demanda de agua potable va en rápido aumento, pero su suministro es limitado, disminuye y se afecta por el deterioro de las cuencas, consecuencia de la deforestación y la erosión. También se agota el agua subterránea y se excava cada vez más hondo para hallarla. La extracción del líquido subterráneo provoca caídas en los niveles freáticos en India, China, Rusia, Estados Unidos y Asia Occidental. 
 
La agricultura usa el 70 por ciento del agua, pues el sistema agroindustrial exige grandes volúmenes. Se necesitan tres metros cúbicos para producir un kilo de cereales y 15 para un kilo de carne vacuna, por la alimentación con granos en la ganadería intensiva. Además, gran parte del agua de superficie está contaminada. Y si se la utiliza, habrá problemas de salud. Cinco millones de seres mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua.
 
El problema se agudiza por el cambio climático. El calentamiento global provoca deshielos de los glaciares. Por ejemplo, los del Himalaya alimentan varios ríos de India, China y el sudeste asiático. Según Yao Tandong, de la Academia de Ciencias de China, la reducción de los glaciares en las regiones de meseta provocará una catástrofe ecológica.
 
El problema de agua en Yemen está descrito en The Guardian del 27 de febrero pasado. Se prevé que Sana a, la capital, quedará sin agua en 2017, ya que de la cuenca del río se extrae cuatro veces más agua que la que cae cada año. De los principales 21 acuíferos, 19 ya no se llenan luego de una sequía y la creciente demanda. El Gobierno considera trasladar la capital, desalinizar el agua costera y bombear dos mil metros montaña arriba.
 
La escasez también se ha convertido en motivo de conflicto, en especial cuando una fuente, como un gran río, sirve a más de un país. El país o los países que tienen la toma en la parte alta pueden afectar el volumen que fluye hacia los países río abajo.
 
En África, unos 50 ríos se comparten por dos o más países. Según artículo de Population Reports, el acceso de las cuencas de los ríos Nilo, Zambezi, Níger y Volta es un potencial de conflictos. También describe que la cuenca del mar Aral, en Asia Central, está asediada por conflictos internacionales por el agua, entre Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, que a su vez dependen del Amu Darya y el Syr Darya.
 
Oriente Medio sufre escasez, con aumento de situaciones conflictivas. 
 
En su reciente libro Water, Steven Solomon describe la creciente tensión por los recursos compartidos del Nilo, en especial entre Egipto y Etiopía. En la cuenca del Jordán, dice, “en uno de los lugares de tensión, israelíes, palestinos, jordanos y sirios compiten por el control y la división de los escasos recursos de una región que hace tiempo tenía suficiente agua potable para todos”.
 
Según Population Reports, en el oeste estadounidense los agricultores que quieren más agua para riego se enfrentan a las zonas urbanas, que piden más agua para uso doméstico y municipal. En India, Karnataka tenía una disputa con Andhra Pradesh a raíz de la altura de una represa sobre el río Krishna, que puede afectar el caudal disponible por ambos Estados. Otra cuestión es la lucha por la posesión y la distribución de los escasos recursos. Maude Barlow describe en su libro las políticas privatizadoras del agua, hasta hace poco bajo control directo del gobierno.
 
La privatización en Occidente se esparció a los países en desarrollo con préstamos y proyectos del Banco Mundial. Esto tiene efectos adversos para el acceso de la población al recurso, según el autor, que documenta la lucha en muchos países por hacer del agua un bien público, y para que el acceso sea un derecho humano. Todo guarda la misma gravedad que el cambio climático, porque el agua es el producto más importante para todo el mundo, y su escasez afecta la salud y la geopolítica. Dice Solomon: “Así como los conflictos petroleros fueron centrales en la historia del siglo XX, la lucha por agua potable seguramente será un nuevo punto crucial para el orden mundial y el destino de la civilización”. Por eso es necesario reconocer la situación crítica del agua, cuya solución debe ocupar el primer lugar de la agenda mundial y de los países.
 
* Fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
Traducción: Raquel Núñez Mutter.
 
Publicado enEdición 155
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