Sábado, 31 Agosto 2019 06:48

¡Debacle duquista!

¡Debacle duquista!

Este artículo provee la evidencia empírica sobre la crisis silenciosa de la era duquista, cuyo gobierno atiza el conflicto armado, el atraso económico, el sufrimiento social y la ausencia de futuro, conduciendo el país a la desesperanza y la ruina.

 

La verdad es que hoy estamos inmersos en una crisis. La advenediza administración de Iván Duque Márquez (2018-2022) no ha logrado ni intentado atacar  ninguno de los heredados problemas estructurales de la economía nacional, campo en el cual sus políticas son erráticas, sólo apuntan a los asuntos de la microeconomía y desconocen los temas macro; la actividad productiva sigue sin rumbo o dirección alguna. Duque simboliza y concita la debacle, esto es, un desastre que produce mucho desorden y desconcierto, especialmente como final de un proceso.

Hablando desde el deseo, sus palabras reafirman esta realidad. En entrevista concedida al periodista Yamit Amat el pasado 10 de agosto, a propósito de cumplir su primer año como Presidente de la República, el inexperto mandatario afirma: “Nuestro balance es positivo. Propusimos un pacto nacional alrededor de la equidad, del cierre de las brechas sociales entre los colombianos, y ya está en marcha. Le prometimos al país que la economía tenía que reactivarse y crecer, y lo estamos cumpliendo de acuerdo a (sic) las más recientes estadísticas”1.

Una explicación muy exacta de esta desacertada apreciación, con fundamento en la teoría psicoanalítica, se refiere al hecho de que, en lugar de admitir honradamente muchos de sus fracasos, incompetencias e inepcia, el Presidente Duque tiende a ponerse a la defensiva y recurrir a toda clase de mecanismos de escape, como la racionalización, la proyección, la evasión, el olvido, la agresión y la mentira. Duque cree en gran medida lo que desea creer, más bien que la verdad empíricamente apoyada; piensa con el deseo.

De esta manera, viendo solamente lo que desea ver, la dinámica económica no despega y la actividad productiva se encuentra muy por debajo de su capacidad. El desempleo no para de crecer desde hace cuatro  años y la destrucción permanente de puestos de trabajo es catastrófica. El déficit comercial y fiscal permite observar a una sociedad que vive por encima de sus capacidades y que funciona mediante un endeudamiento público crónico y ascendente. Recientemente, la divisa se cotizó en $3.459, su máximo registro en la historia (el precio del dólar es la calificación de un país). El Estado está carcomido por la corrupción y la mala gestión. Las violencias generalizadas, el conflicto armado interno, la pobreza, la injusticia, el terrorismo estatal, las organizaciones criminales, el latifundismo y las actividades económicas extractivas y rentistas compiten entre sí para ver cuál puede causar más estragos entre la población. 

Economía y empleo

La economía colombiana alcanzó un crecimiento del 6,6 por ciento en el año 2011 debido al buen momento que atravesaban por aquel momento  los precios de las commodities en los mercados internacionales (materias primas y birrias de poco valor agregado, que se dividen en cuatro grupos: energía, metales, ganado y productos agrícolas). La alegría duró poco, pues pronto llegó la destorcida de los precios, provocada por la recesión de la economía mundial, la guerra comercial y de divisas y los indicios de una severa crisis financiera internacional, con lo cual el ritmo del crecimiento anual de la actividad productiva nacional descendió a 1,4 por ciento en 2017. Durante 2018-2019 el PIB no ha logrado remontar la norma de crecimiento del 3 por ciento que exige toda economía capitalista para poder funcionar con un mínimo de utilidad, acumulación, sostenibilidad y viabilidad (Gráfico 1).

 

 

Es una caída que no pasa sin consecuencias para las mayorías que habitan esta parte de mundo, el empleo una de ellas, cuya tasa durante el último medio siglo tiende a mantenerse por encima de los dos dígitos. En el año 2000 subió al máximo histórico de 19,7 por ciento. En 2015, debido al buen ritmo del crecimiento económico, tocó piso con una tasa de 8,9 por ciento. Entre 2016-2019 el flagelo de la desocupación es imparable, durante 2019 retornó a la senda crónica del 11 por ciento. De acuerdo con el Dane-Gran encuesta integrada de hogares (Geih), durante el último año (trimestres móviles abril-junio de 2018 y 2019) el número de personas desempleadas creció en 147.000 al pasar de 2.351.000 desocupados a 2.497.000 (Gráfico 1).

 

 

 

 

El desastre social y económico generado por este repunte es más agudo debido a la mayor velocidad con que se destruyen puestos de trabajo en comparación con los nuevos que se crean. Durante el último año, en cifras netas, se perdieron 363.000. Los Acuerdos de Paz dieron un respiro a las actividades ptoductivas rurales; con la intensificación de la guerra a partir de la administración Duque, a lo largo del último año se perdieron 188.108 empleos en el sector agropecuario. Por la recesión económica, la quiebra de empresas, el alza del desempleo, la caída en la demanda de consumo de los hogares, la perdida de productividad unida a los altos costos de la mano de obra y al cambio tecnológico sustitutivo de fuerza de trabajo, se destruyeron, adicionalmente, 107.838 puestos de trabajo en la industria manufacturera; 124.639 en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 82.940 en comercio, hoteles y restaurantes; 59.024 en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, 13.098 en suministro de electricidad, gas y agua. Las únicas ramas de actividad económica que generan unos pocos puestos de trabajo, caracterizados por la precariedad e inestabilidad, son la explotación de minas y canteras, la construcción, la intermediación financiera y los servicios comunales, sociales y personales (Cuadro 1). 

 

 

La tasa de desempleo sería mayor en 2019 si se mantuvieran en el mercado laboral 216.000 personas que lo abandonaron durante el último año, desalentadas al superar el año de búsqueda infructuosa de un puesto de trabajo (las personas que así proceden no son tenidas en cuenta por las encuestas del Dane como desempleadas). Además, el subempleo objetivo (por insuficiencia de horas y empleo inadecuado por competencias o por ingresos) afectó a 307.000 trabajadores adicionales en el último año, alcanzando la cifra de 2.708.000 (la tasa de subempleo objetivo pasó de 9,6 a 11%). 

Además, a mediados de agosto de 2019, el Dane entregó el boletín de Mercado laboral, informalidad y seguridad social correspondiente al trimestre móvil abril-junio, según el cual, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, el indicador se ubicó en 47,9 por ciento, mientras que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,8 por ciento

Pese a toda esta evidencia el inquilino de la Casa de Nariño no deja de proclamar que “vamos para adelante”, sin precisar que al final de tal ruta está el despeñadero.

 

Espejito, espejito…

La economía colombiana se fundamenta en las actividades extractivas, la especulación financiera y la producción de bienes primarios de poco valor agregado y bajo coeficiente de exportación. Todos los bienes y servicios que requieren sofisticados conocimientos, complejidad en el proceso productivo y tecnologías avanzadas se importan. Esta trágica y vergonzosa situación queda al desnudo en la respuesta que dio el Presidente Duque a la pregunta hecha por el periodista Yamid Amat, ¿cómo resumiría el resultado de su visita a China? El advenedizo presidente respondió: “En China logramos más de 400 millones de dólares para el financiamiento de infraestructura, más de 40 millones de dólares por año en comercio de banano, más de 3 millones de dólares potenciales por año de exportaciones de aguacate haas, más de 2 millones de dólares en cooperación técnica y más de 400 millones de dólares en inversiones en el país”. La repuesta de Duque produce pena ajena.

 

Ante esta precariedad de la estructura productiva, desmontada en sus pocos avances a lo largo de las últimas décadas, en 2019 el déficit comercial se proyecta que alcanzará un máximo histórico cercano a los USD $9.000 millones (Gráfico 2); esto es, las importaciones superarán en un 21 por ciento el valor de las exportaciones (el promedio histórico durante las cuatro últimas décadas fue de 6,3 por ciento).

Otra debilidad que muestra la economía colombiana en su relación con el resto del mundo es el déficit en cuenta corriente. Esta mide la diferencia entre los ingresos y egresos de divisas que tiene un país producto de su actividad económica con el exterior. En nuestro caso el déficit de cuenta corriente, según el Banco de la República, se estima en 4 por ciento del PIB al finalizar 2019, un dato muy superior al considerado sostenible del 2,5 por ciento. Esto significa que son más los dólares que salen que los que entran como producto de la actividad económica nacional.

 

 

Estructura productiva y economía débil.Es así como el valor de las exportaciones del país dependen mayormente de la explotación de hidrocarburos y del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. La tasa de cambio está atada al valor del petróleo (Gráfico 3). Debido a la destorcida del precio de los hidrocarburos a partir de 2015, el peso colombiano es la cuarta moneda más devaluada del mundo, superada solamente por el Bolívar de Venezuela, la Lira de Turquía y el Peso de Argentina, países que vienen también en picada por la vulnerabilidad de sus economías. En agosto de 2019 el peso colombiano alcanzó su máxima devaluación frente al dólar en la historia al ubicarse en $3.459, superior a los $3.434 que alcanzó en febrero de 2016. Teniendo en cuenta el abultado déficit de cuenta corriente que registra Colombia en 2019, es inevitable que cuando sube el dólar perdemos mucho más de lo que ganamos. En un sólo día, el 14 de agosto de 2019, la fragilidad de la economía colombiana quedó en evidencia frente a la turbulencia de los mercados mundiales: el índice referencial de la bolsa de valores se deslizó en -2,5 por ciento, el petróleo cayó en más de 4 por ciento y el peso colombiano continuó su devaluación en 1,2 por ciento. Ante esta realidad, la administración Duque intenta disfrazar los hechos. El Dane sigue aumentando su pérdida de credibilidad: ahora infló el crecimiento del PIB correspondiente al primer trimestre que fue de 2,8 por ciento y arbitrariamente lo subió a 3,1. Con este truco, el Gobierno anuncia que durante el primer semestre del 2019 la economía aumentó 3,05 por ciento.

En resumen, el balance del primer año de la administración Duque es pésimo en el mercado laboral; mal en las cuentas externas y en las fiscales; flojo en crecimiento económico, y desastroso en materia de pobreza, distribución del ingreso, seguridad y violencia (Gráfico 4). Esta apreciación es compartida por los principales medios de comunicación europeos que siguen la huella a Colombia (The Economist de Inglaterra, El País de Madrid, la DW de Berlín, Le Monde de Francia y la BBC de Londres, entre otros), todos coinciden en que ha sido un año fallido, un gobierno sin rumbo, sin nada que mostrar distinto a equivocaciones una tras de otra y genuflexo a las exigencias de los gamberros criollos de la extrema derecha y las fanáticas sectas cristianas y evangélicas que lo eligieron como presidente y a los mezquinos intereses imperiales estadounidenses. Un problema de fondo del “subpresidente” (como nombran ahora a Duque gran parte de la prensa internacional) es su falta de liderazgo, ineptitud y dependencia ciega y muda a su sociopata mentor.

En el mismo plano internacional, adicionalmente, 12 congresistas estadounidenses le enviaron una dura carta a Duque por el mal manejo laboral. Con acritud, la comunicación del 27 de junio de 2019, habla de la mala calidad del empleo y de la persecución al sindicalismo, de cara a los compromisos asumidos por el país en 2012, cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos: “Es profundamente preocupante que Colombia esté potencialmente retrocediendo en algunos de estos temas, incluso con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente aprobado y con respecto a las cooperativas, todo mientras que la violencia contra activistas laborales, civiles y de derechos humanos, incluso sindicalistas y sus líderes, sigue siendo un problema grave”. Insisten en que el gobierno de Duque no ha tomado acciones para corregir la grave violación de los derechos humanos que registra actualmente el país. 

Volviendo al plano interno, ni siquiera los empresarios lo califican bien en el balance de su primer año de gobierno; no obstante que con la primera reforma tributaria en el gobierno de Duque les “regaló” 21 billones de pesos mediante rebajas fiscales y exenciones de todo tipo2. En efecto, la Ley de Financiamiento aprobada por Duque en diciembre de 2018 le redujo la tasa de tributación a las empresas en diez puntos porcentuales, lo cual es inequitativo y abrió además un gran boquete fiscal. No obstante, según los empresarios, el arranque de este gobierno ha sido lento, complicado y sin agenda clara o concertada. 

Opinión refrendada de manera amplia, según el diario La República, que realiza desde hace nueve años una encuesta entre 650 empresarios de todas las regiones, de grandes, medianas y pequeñas empresas, para conocer la calificación que le dan al Presidente, a sus ministros y a algunos funcionarios clave para el desarrollo de la economía y las empresas. La primera calificación de este Gobierno se hizo a los 100 días y fue también bastante baja, máxime cuando las expectativas de cambio eran las mejores; calificación contaminada por el prematuro debate en el Congreso de una reforma tributaria y por el cuestionamiento ético y de corrupción que le hicieron al ministro de Hacienda Carrasquilla, reconocido por su odio en contra de las clases trabajadoras y populares, todo lo cual debilitó la imagen del Presidente; además, la agenda económica de todo el primer semestre de este año se desplazó por asuntos como la crisis venezolana, las objeciones de la JEP y la desgastante trama judicial del guerrillero ‘Jesús Santrich’. 

Entre tanto, los ministros del gabinete más enfocados en lo económico estaban concentrados en desarrollos micro, que poco o nada impactaban el mensaje de que las cosas mejoraban; con la llegada del estudio del PND al Congreso las cosas se decoloraron porque esa hoja de ruta fue una abigarrada colcha de retazos y un asunto de segundo plano por temas judiciales que enrarecían el ambiente en la opinión pública, situación que se ha extendido hasta terminar julio, incluso sin asimilar el impacto fundamental que tiene un trabajo como el Marco Fiscal de Mediano Plazo que traza un camino hacia una macroeconomía más sana y mejor administrada y cuyos supuestos quedaron rápidamente invalidados por la caída en el precio del petróleo, la significativa devaluación del peso colombiano y el lento crecimiento económico.

El pesimismo de los colombianos, según la más reciente encuesta de Invamer (Investigación de Mercados con Analytics y Social Media), sigue en aumento. A la pregunta: “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, un 68 por ciento respondió que mal y solo el 25,6 por ciento, dijo que bien. Los consultados consideran que el desempleo y la corrupción son los temas más preocupantes, seguidos por la inseguridad, la calidad y el cubrimiento de la salud y los efectos para Colombia de la crisis en Venezuela. Sobre el presidente Duque, en julio de 2019, el nivel de desaprobación llegó al 56,5 por ciento y el de aprobación bajó al 37. En septiembre de 2018, el nivel de aprobación era del 53,8 por ciento y el de desaprobación, del 32,5. Esto quiere decir que, en el primer año de su gestión, el jefe de Estado ha perdido 24 puntos de confianza en su gobierno por parte de la sociedad colombiana.

 

Ante estas circunstancias, con variedad de factores y resultados en contra, para sobrevivir el Gobierno acude al incremento de la deuda pública a niveles suicidas. Tal deuda, del sector público consolidado (SPC) como proporción del PIB (incluyendo Ecopetrol y similares), escaló del 42 por ciento en 2012 al 62 por ciento en 2019. Teniendo en cuenta que gran parte de la misma es en dólares, con la devaluación el país queda más vulnerable pues está expuesto a la salida de flujo de capital y el costo de mantener la deuda aumenta, lo que afecta el bolsillo de los consumidores, quienes finalmente somos quienes la pagamos. La deuda externa suma USD $135.083 millones; a inicio de 2019, con un dólar a $3.239, esta representaba cerca de $437,5 billones; con la última alza histórica en el precio de la divisa, la deuda externa registró un incremento de $31,2 billones en lo corrido del año, quedando en $468,7 billones.

El déficit fiscal también es creciente. En 2019 los gastos del Estado superan en más del 3 por ciento del valor del PIB a los ingresos públicos, situación que no muestra variaciones de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2020. En efecto, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el PGN para la vigencia 2020 que contaría con recursos por 271,7 billones de pesos, es decir, 4 por ciento más que la cifra de $259 billones de 2019. Casi la totalidad del presupuesto se orienta a la amortización de la deuda pública ($59,2 billones), a los sectores de educación ($43,1 billones) y fuerza militar ($35,7 billones, aumentó 6,8% frente a 2019) y al pago de pensiones que según el proyecto sube a 43 billones de pesos, desde 38,5 billones que se ejecutan este año (ver composición del PGN 2019-2020).

De todos los sectores que hacen parte del PGN hay que señalar que 7 de ellos tienen caídas, la más estrepitosa de las cuales (entre los sectores económicos que pueden mover la economía y generar empleo) es el agro, que se reduce en un 21,6 por ciento al pasar de 2,2 billones en 2019 a 1,8 billones en 2020.

Mirado desde otra perspectiva, la meta de austeridad en el gasto de la cual viene hablando el gobierno nacional es otra quimera: el proyecto de presupuesto suma un monto de 271,7 billones de pesos, 63,3 por ciento del cual estará destinado a gastos de funcionamiento. De los restantes recursos, el segundo mayor rubro está dirigido al pago del servicio de la deuda pública, para lo cual se dispondrá de 59,2 billones de pesos, lo que representa el 21,8 por ciento de la torta presupuestal. Finalmente, para inversión se estableció el 14,9 por ciento restante, equivalente a 40,3 billones de pesos (se reduce en 14,5% frente a la vigencia 2019).

El grueso del recorte fiscal en la inversión del año 2020 va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía) que del 2,2 por ciento del PIB en 2018 pasará al 1,4 por ciento en 2020, afectando negativamente el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con la tasa de desempleo subiendo, la intensificación del conflicto armado interno, la migración venezolana3 y el crecimiento económico por varios años por debajo del potencial, lo natural es que la pobreza, los homicidios y la desigualdad registren aumento. Los índices de sufrimiento de la sociedad colombiana han retornado a niveles angustiantes. En efecto, a partir de 2016, tras un período de descenso, los datos de pobreza, violencia y desigualdad volvieron a incrementarse (Gráfico 4). El nuestro es uno de los pocos países que presenta una tendencia de los homicidios al alza, mientras que, en comparación con 1990, la tasa mundial ha ido en descenso. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se identifica que no se trata solo de una lucha de narcotraficantes o de pandillas, sino que hay muchos problemas de territorio en el país, de luchas por concentración de la tierra, la expansión del latifundio ganadero, el control de los recursos naturales y la explotación de recursos minero-energéticos; pero, además, que hay un factor cultural, y es que en el país se entiende el asesinato como una forma de solucionar problemas. Colombia, al igual que en el resto de América Latina, registra un nivel superior de 90 por ciento de impunidad; el crimen no tiene castigo, entonces se termina matando simplemente porque se puede matar y resulta más “eficaz” y “rentable”.

Otro escenario preocupante es que Colombia sigue ocupando uno de los primeros puestos en desigualdad, además exhibe una pornográfica y permanente agudización hacia la concentración del ingreso y la riqueza. Colombia es un país inequitativo en la distribución de tierras, concentración de las cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y educativas, propiedad accionaria, reparto del valor agregado y, en general, en todas las actividades económicas. Desde la constitución como república independiente, hace doscientos años, el manejo del país se ha basado en la exclusión, y nunca la desigualdad económica ha hecho parte de una política pública que comprometa al Estado o a las clases dominantes. 

Adicionalmente, entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. En el futuro cercano no cabe esperar mayores progresos en estos índices debido a los bajos crecimientos del PIB-real, al aceleramiento de la inflación de alimentos, al aumento en los impuestos que gravan la canasta familiar, a los crónicos déficits comercial y fiscal, al aumento en el endeudamiento externo, a la mayor incidencia de la pobreza, al escalamiento del crimen organizado  y de la violencia política por el incumplimiento del Estado con los Acuerdos de Paz, a la extensión del conflicto armado interno y al acelerado crecimiento de la corrupción y las actividades ilegales.

En estas condiciones, nuestra sociedad necesita hacerse su propia introspección. Esta radiografía debe permitirnos saber dónde estamos, dónde están los problemas y los límites para solucionarlos, hacía que escenarios nos dirigimos y que sujetos sociales pueden orientar y animar el cambio. Sin respeto por la dignidad humana, bienestar, paz, justicia, igualdad, democracia, derechos humanos, armonía sociedad-naturaleza, ciencia, tecnología e innovación, ningún desarrollo es sostenible.

De acuerdo con el libro “La pobreza y la riqueza de las naciones”, del economista David Landes, si bien el clima, los recursos naturales y la geografía son elementos a tener en cuenta a la hora de explicar por qué determinados países son capaces de dar un salto al desarrollo sostenible y por qué otros no, el factor clave es, en realidad, el bagaje cultural del país, en especial el grado en que ha interiorizado el trabajo disciplinado y duro, el ahorro, la honestidad, paciencia y tenacidad, así como su grado de apertura al cambio, a la ciencia y las nuevas tecnologías y a la igualdad entre hombres y mujeres. El estancamiento o el atraso continuado de diversos países no tienen que ver simplemente con el colonialismo experimentado, con la geografía o con el legado histórico, mucho menos con la “mala suerte”, según el decir popular, es la cultura, la corrupción y una clase dirigente lumpen, violenta e inepta las que afectan el rendimiento económico y el bienestar social4. La cultura cuenta y puede cambiar; la cultura política y económica anida en las instituciones y los contextos y no en los genes. 

Ante estas evidencias, en debacle la economía nacional, y restando aún tres años de un gobierno gris, ciego, sordo e inepto, por decir lo menos, la sociedad tiene el reto de reencauzar el desastre que se avizora, a no ser que prefiera, a la estabilidad y la felicidad, las penurias, las angustias y desesperanzas ya sufridas, fruto del derrumbe económico, social y cultural.

 

1El Tiempo.https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-hace-balance-de-su-primer-ano-como-presidente-de-colombia-399468 (consulta 11 de agosto de 2019).

2Garay, Luis Jorge, Espitia Zamora, Jorge Enrique, Dinámica de las desigualdades en Colombia. En tono a la economía política de los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, en impresión.

3El número de venezolanos que han migrado a Colombia, a febrero del 2019, sumaba 1,2 millones, cifra que podría crecer en otro millón producto de las medidas de embargo y bloqueo decididas al inicio de agosto del año en curso por los Estados Unidos.

4Thomas, Friedman. (2017, sexta reimpresión). La tierra es plana. Editorial Planeta Colombiana SA.; Bogotá, p. 340.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 11:48

¡Debacle duquista!

¡Debacle duquista!

Este artículo provee la evidencia empírica sobre la crisis silenciosa de la era duquista, cuyo gobierno atiza el conflicto armado, el atraso económico, el sufrimiento social y la ausencia de futuro, conduciendo el país a la desesperanza y la ruina.

 

La verdad es que hoy estamos inmersos en una crisis. La advenediza administración de Iván Duque Márquez (2018-2022) no ha logrado ni intentado atacar  ninguno de los heredados problemas estructurales de la economía nacional, campo en el cual sus políticas son erráticas, sólo apuntan a los asuntos de la microeconomía y desconocen los temas macro; la actividad productiva sigue sin rumbo o dirección alguna. Duque simboliza y concita la debacle, esto es, un desastre que produce mucho desorden y desconcierto, especialmente como final de un proceso.

Hablando desde el deseo, sus palabras reafirman esta realidad. En entrevista concedida al periodista Yamit Amat el pasado 10 de agosto, a propósito de cumplir su primer año como Presidente de la República, el inexperto mandatario afirma: “Nuestro balance es positivo. Propusimos un pacto nacional alrededor de la equidad, del cierre de las brechas sociales entre los colombianos, y ya está en marcha. Le prometimos al país que la economía tenía que reactivarse y crecer, y lo estamos cumpliendo de acuerdo a (sic) las más recientes estadísticas”1.

Una explicación muy exacta de esta desacertada apreciación, con fundamento en la teoría psicoanalítica, se refiere al hecho de que, en lugar de admitir honradamente muchos de sus fracasos, incompetencias e inepcia, el Presidente Duque tiende a ponerse a la defensiva y recurrir a toda clase de mecanismos de escape, como la racionalización, la proyección, la evasión, el olvido, la agresión y la mentira. Duque cree en gran medida lo que desea creer, más bien que la verdad empíricamente apoyada; piensa con el deseo.

De esta manera, viendo solamente lo que desea ver, la dinámica económica no despega y la actividad productiva se encuentra muy por debajo de su capacidad. El desempleo no para de crecer desde hace cuatro  años y la destrucción permanente de puestos de trabajo es catastrófica. El déficit comercial y fiscal permite observar a una sociedad que vive por encima de sus capacidades y que funciona mediante un endeudamiento público crónico y ascendente. Recientemente, la divisa se cotizó en $3.459, su máximo registro en la historia (el precio del dólar es la calificación de un país). El Estado está carcomido por la corrupción y la mala gestión. Las violencias generalizadas, el conflicto armado interno, la pobreza, la injusticia, el terrorismo estatal, las organizaciones criminales, el latifundismo y las actividades económicas extractivas y rentistas compiten entre sí para ver cuál puede causar más estragos entre la población. 

Economía y empleo

La economía colombiana alcanzó un crecimiento del 6,6 por ciento en el año 2011 debido al buen momento que atravesaban por aquel momento  los precios de las commodities en los mercados internacionales (materias primas y birrias de poco valor agregado, que se dividen en cuatro grupos: energía, metales, ganado y productos agrícolas). La alegría duró poco, pues pronto llegó la destorcida de los precios, provocada por la recesión de la economía mundial, la guerra comercial y de divisas y los indicios de una severa crisis financiera internacional, con lo cual el ritmo del crecimiento anual de la actividad productiva nacional descendió a 1,4 por ciento en 2017. Durante 2018-2019 el PIB no ha logrado remontar la norma de crecimiento del 3 por ciento que exige toda economía capitalista para poder funcionar con un mínimo de utilidad, acumulación, sostenibilidad y viabilidad (Gráfico 1).

 

 

Es una caída que no pasa sin consecuencias para las mayorías que habitan esta parte de mundo, el empleo una de ellas, cuya tasa durante el último medio siglo tiende a mantenerse por encima de los dos dígitos. En el año 2000 subió al máximo histórico de 19,7 por ciento. En 2015, debido al buen ritmo del crecimiento económico, tocó piso con una tasa de 8,9 por ciento. Entre 2016-2019 el flagelo de la desocupación es imparable, durante 2019 retornó a la senda crónica del 11 por ciento. De acuerdo con el Dane-Gran encuesta integrada de hogares (Geih), durante el último año (trimestres móviles abril-junio de 2018 y 2019) el número de personas desempleadas creció en 147.000 al pasar de 2.351.000 desocupados a 2.497.000 (Gráfico 1).

 

 

 

 

El desastre social y económico generado por este repunte es más agudo debido a la mayor velocidad con que se destruyen puestos de trabajo en comparación con los nuevos que se crean. Durante el último año, en cifras netas, se perdieron 363.000. Los Acuerdos de Paz dieron un respiro a las actividades ptoductivas rurales; con la intensificación de la guerra a partir de la administración Duque, a lo largo del último año se perdieron 188.108 empleos en el sector agropecuario. Por la recesión económica, la quiebra de empresas, el alza del desempleo, la caída en la demanda de consumo de los hogares, la perdida de productividad unida a los altos costos de la mano de obra y al cambio tecnológico sustitutivo de fuerza de trabajo, se destruyeron, adicionalmente, 107.838 puestos de trabajo en la industria manufacturera; 124.639 en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 82.940 en comercio, hoteles y restaurantes; 59.024 en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, 13.098 en suministro de electricidad, gas y agua. Las únicas ramas de actividad económica que generan unos pocos puestos de trabajo, caracterizados por la precariedad e inestabilidad, son la explotación de minas y canteras, la construcción, la intermediación financiera y los servicios comunales, sociales y personales (Cuadro 1). 

 

 

La tasa de desempleo sería mayor en 2019 si se mantuvieran en el mercado laboral 216.000 personas que lo abandonaron durante el último año, desalentadas al superar el año de búsqueda infructuosa de un puesto de trabajo (las personas que así proceden no son tenidas en cuenta por las encuestas del Dane como desempleadas). Además, el subempleo objetivo (por insuficiencia de horas y empleo inadecuado por competencias o por ingresos) afectó a 307.000 trabajadores adicionales en el último año, alcanzando la cifra de 2.708.000 (la tasa de subempleo objetivo pasó de 9,6 a 11%). 

Además, a mediados de agosto de 2019, el Dane entregó el boletín de Mercado laboral, informalidad y seguridad social correspondiente al trimestre móvil abril-junio, según el cual, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, el indicador se ubicó en 47,9 por ciento, mientras que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,8 por ciento

Pese a toda esta evidencia el inquilino de la Casa de Nariño no deja de proclamar que “vamos para adelante”, sin precisar que al final de tal ruta está el despeñadero.

 

Espejito, espejito…

La economía colombiana se fundamenta en las actividades extractivas, la especulación financiera y la producción de bienes primarios de poco valor agregado y bajo coeficiente de exportación. Todos los bienes y servicios que requieren sofisticados conocimientos, complejidad en el proceso productivo y tecnologías avanzadas se importan. Esta trágica y vergonzosa situación queda al desnudo en la respuesta que dio el Presidente Duque a la pregunta hecha por el periodista Yamid Amat, ¿cómo resumiría el resultado de su visita a China? El advenedizo presidente respondió: “En China logramos más de 400 millones de dólares para el financiamiento de infraestructura, más de 40 millones de dólares por año en comercio de banano, más de 3 millones de dólares potenciales por año de exportaciones de aguacate haas, más de 2 millones de dólares en cooperación técnica y más de 400 millones de dólares en inversiones en el país”. La repuesta de Duque produce pena ajena.

 

Ante esta precariedad de la estructura productiva, desmontada en sus pocos avances a lo largo de las últimas décadas, en 2019 el déficit comercial se proyecta que alcanzará un máximo histórico cercano a los USD $9.000 millones (Gráfico 2); esto es, las importaciones superarán en un 21 por ciento el valor de las exportaciones (el promedio histórico durante las cuatro últimas décadas fue de 6,3 por ciento).

Otra debilidad que muestra la economía colombiana en su relación con el resto del mundo es el déficit en cuenta corriente. Esta mide la diferencia entre los ingresos y egresos de divisas que tiene un país producto de su actividad económica con el exterior. En nuestro caso el déficit de cuenta corriente, según el Banco de la República, se estima en 4 por ciento del PIB al finalizar 2019, un dato muy superior al considerado sostenible del 2,5 por ciento. Esto significa que son más los dólares que salen que los que entran como producto de la actividad económica nacional.

 

 

Estructura productiva y economía débil.Es así como el valor de las exportaciones del país dependen mayormente de la explotación de hidrocarburos y del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. La tasa de cambio está atada al valor del petróleo (Gráfico 3). Debido a la destorcida del precio de los hidrocarburos a partir de 2015, el peso colombiano es la cuarta moneda más devaluada del mundo, superada solamente por el Bolívar de Venezuela, la Lira de Turquía y el Peso de Argentina, países que vienen también en picada por la vulnerabilidad de sus economías. En agosto de 2019 el peso colombiano alcanzó su máxima devaluación frente al dólar en la historia al ubicarse en $3.459, superior a los $3.434 que alcanzó en febrero de 2016. Teniendo en cuenta el abultado déficit de cuenta corriente que registra Colombia en 2019, es inevitable que cuando sube el dólar perdemos mucho más de lo que ganamos. En un sólo día, el 14 de agosto de 2019, la fragilidad de la economía colombiana quedó en evidencia frente a la turbulencia de los mercados mundiales: el índice referencial de la bolsa de valores se deslizó en -2,5 por ciento, el petróleo cayó en más de 4 por ciento y el peso colombiano continuó su devaluación en 1,2 por ciento. Ante esta realidad, la administración Duque intenta disfrazar los hechos. El Dane sigue aumentando su pérdida de credibilidad: ahora infló el crecimiento del PIB correspondiente al primer trimestre que fue de 2,8 por ciento y arbitrariamente lo subió a 3,1. Con este truco, el Gobierno anuncia que durante el primer semestre del 2019 la economía aumentó 3,05 por ciento.

En resumen, el balance del primer año de la administración Duque es pésimo en el mercado laboral; mal en las cuentas externas y en las fiscales; flojo en crecimiento económico, y desastroso en materia de pobreza, distribución del ingreso, seguridad y violencia (Gráfico 4). Esta apreciación es compartida por los principales medios de comunicación europeos que siguen la huella a Colombia (The Economist de Inglaterra, El País de Madrid, la DW de Berlín, Le Monde de Francia y la BBC de Londres, entre otros), todos coinciden en que ha sido un año fallido, un gobierno sin rumbo, sin nada que mostrar distinto a equivocaciones una tras de otra y genuflexo a las exigencias de los gamberros criollos de la extrema derecha y las fanáticas sectas cristianas y evangélicas que lo eligieron como presidente y a los mezquinos intereses imperiales estadounidenses. Un problema de fondo del “subpresidente” (como nombran ahora a Duque gran parte de la prensa internacional) es su falta de liderazgo, ineptitud y dependencia ciega y muda a su sociopata mentor.

En el mismo plano internacional, adicionalmente, 12 congresistas estadounidenses le enviaron una dura carta a Duque por el mal manejo laboral. Con acritud, la comunicación del 27 de junio de 2019, habla de la mala calidad del empleo y de la persecución al sindicalismo, de cara a los compromisos asumidos por el país en 2012, cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos: “Es profundamente preocupante que Colombia esté potencialmente retrocediendo en algunos de estos temas, incluso con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente aprobado y con respecto a las cooperativas, todo mientras que la violencia contra activistas laborales, civiles y de derechos humanos, incluso sindicalistas y sus líderes, sigue siendo un problema grave”. Insisten en que el gobierno de Duque no ha tomado acciones para corregir la grave violación de los derechos humanos que registra actualmente el país. 

Volviendo al plano interno, ni siquiera los empresarios lo califican bien en el balance de su primer año de gobierno; no obstante que con la primera reforma tributaria en el gobierno de Duque les “regaló” 21 billones de pesos mediante rebajas fiscales y exenciones de todo tipo2. En efecto, la Ley de Financiamiento aprobada por Duque en diciembre de 2018 le redujo la tasa de tributación a las empresas en diez puntos porcentuales, lo cual es inequitativo y abrió además un gran boquete fiscal. No obstante, según los empresarios, el arranque de este gobierno ha sido lento, complicado y sin agenda clara o concertada. 

Opinión refrendada de manera amplia, según el diario La República, que realiza desde hace nueve años una encuesta entre 650 empresarios de todas las regiones, de grandes, medianas y pequeñas empresas, para conocer la calificación que le dan al Presidente, a sus ministros y a algunos funcionarios clave para el desarrollo de la economía y las empresas. La primera calificación de este Gobierno se hizo a los 100 días y fue también bastante baja, máxime cuando las expectativas de cambio eran las mejores; calificación contaminada por el prematuro debate en el Congreso de una reforma tributaria y por el cuestionamiento ético y de corrupción que le hicieron al ministro de Hacienda Carrasquilla, reconocido por su odio en contra de las clases trabajadoras y populares, todo lo cual debilitó la imagen del Presidente; además, la agenda económica de todo el primer semestre de este año se desplazó por asuntos como la crisis venezolana, las objeciones de la JEP y la desgastante trama judicial del guerrillero ‘Jesús Santrich’. 

Entre tanto, los ministros del gabinete más enfocados en lo económico estaban concentrados en desarrollos micro, que poco o nada impactaban el mensaje de que las cosas mejoraban; con la llegada del estudio del PND al Congreso las cosas se decoloraron porque esa hoja de ruta fue una abigarrada colcha de retazos y un asunto de segundo plano por temas judiciales que enrarecían el ambiente en la opinión pública, situación que se ha extendido hasta terminar julio, incluso sin asimilar el impacto fundamental que tiene un trabajo como el Marco Fiscal de Mediano Plazo que traza un camino hacia una macroeconomía más sana y mejor administrada y cuyos supuestos quedaron rápidamente invalidados por la caída en el precio del petróleo, la significativa devaluación del peso colombiano y el lento crecimiento económico.

El pesimismo de los colombianos, según la más reciente encuesta de Invamer (Investigación de Mercados con Analytics y Social Media), sigue en aumento. A la pregunta: “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, un 68 por ciento respondió que mal y solo el 25,6 por ciento, dijo que bien. Los consultados consideran que el desempleo y la corrupción son los temas más preocupantes, seguidos por la inseguridad, la calidad y el cubrimiento de la salud y los efectos para Colombia de la crisis en Venezuela. Sobre el presidente Duque, en julio de 2019, el nivel de desaprobación llegó al 56,5 por ciento y el de aprobación bajó al 37. En septiembre de 2018, el nivel de aprobación era del 53,8 por ciento y el de desaprobación, del 32,5. Esto quiere decir que, en el primer año de su gestión, el jefe de Estado ha perdido 24 puntos de confianza en su gobierno por parte de la sociedad colombiana.

 

Ante estas circunstancias, con variedad de factores y resultados en contra, para sobrevivir el Gobierno acude al incremento de la deuda pública a niveles suicidas. Tal deuda, del sector público consolidado (SPC) como proporción del PIB (incluyendo Ecopetrol y similares), escaló del 42 por ciento en 2012 al 62 por ciento en 2019. Teniendo en cuenta que gran parte de la misma es en dólares, con la devaluación el país queda más vulnerable pues está expuesto a la salida de flujo de capital y el costo de mantener la deuda aumenta, lo que afecta el bolsillo de los consumidores, quienes finalmente somos quienes la pagamos. La deuda externa suma USD $135.083 millones; a inicio de 2019, con un dólar a $3.239, esta representaba cerca de $437,5 billones; con la última alza histórica en el precio de la divisa, la deuda externa registró un incremento de $31,2 billones en lo corrido del año, quedando en $468,7 billones.

El déficit fiscal también es creciente. En 2019 los gastos del Estado superan en más del 3 por ciento del valor del PIB a los ingresos públicos, situación que no muestra variaciones de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2020. En efecto, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el PGN para la vigencia 2020 que contaría con recursos por 271,7 billones de pesos, es decir, 4 por ciento más que la cifra de $259 billones de 2019. Casi la totalidad del presupuesto se orienta a la amortización de la deuda pública ($59,2 billones), a los sectores de educación ($43,1 billones) y fuerza militar ($35,7 billones, aumentó 6,8% frente a 2019) y al pago de pensiones que según el proyecto sube a 43 billones de pesos, desde 38,5 billones que se ejecutan este año (ver composición del PGN 2019-2020).

De todos los sectores que hacen parte del PGN hay que señalar que 7 de ellos tienen caídas, la más estrepitosa de las cuales (entre los sectores económicos que pueden mover la economía y generar empleo) es el agro, que se reduce en un 21,6 por ciento al pasar de 2,2 billones en 2019 a 1,8 billones en 2020.

Mirado desde otra perspectiva, la meta de austeridad en el gasto de la cual viene hablando el gobierno nacional es otra quimera: el proyecto de presupuesto suma un monto de 271,7 billones de pesos, 63,3 por ciento del cual estará destinado a gastos de funcionamiento. De los restantes recursos, el segundo mayor rubro está dirigido al pago del servicio de la deuda pública, para lo cual se dispondrá de 59,2 billones de pesos, lo que representa el 21,8 por ciento de la torta presupuestal. Finalmente, para inversión se estableció el 14,9 por ciento restante, equivalente a 40,3 billones de pesos (se reduce en 14,5% frente a la vigencia 2019).

El grueso del recorte fiscal en la inversión del año 2020 va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía) que del 2,2 por ciento del PIB en 2018 pasará al 1,4 por ciento en 2020, afectando negativamente el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con la tasa de desempleo subiendo, la intensificación del conflicto armado interno, la migración venezolana3 y el crecimiento económico por varios años por debajo del potencial, lo natural es que la pobreza, los homicidios y la desigualdad registren aumento. Los índices de sufrimiento de la sociedad colombiana han retornado a niveles angustiantes. En efecto, a partir de 2016, tras un período de descenso, los datos de pobreza, violencia y desigualdad volvieron a incrementarse (Gráfico 4). El nuestro es uno de los pocos países que presenta una tendencia de los homicidios al alza, mientras que, en comparación con 1990, la tasa mundial ha ido en descenso. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se identifica que no se trata solo de una lucha de narcotraficantes o de pandillas, sino que hay muchos problemas de territorio en el país, de luchas por concentración de la tierra, la expansión del latifundio ganadero, el control de los recursos naturales y la explotación de recursos minero-energéticos; pero, además, que hay un factor cultural, y es que en el país se entiende el asesinato como una forma de solucionar problemas. Colombia, al igual que en el resto de América Latina, registra un nivel superior de 90 por ciento de impunidad; el crimen no tiene castigo, entonces se termina matando simplemente porque se puede matar y resulta más “eficaz” y “rentable”.

Otro escenario preocupante es que Colombia sigue ocupando uno de los primeros puestos en desigualdad, además exhibe una pornográfica y permanente agudización hacia la concentración del ingreso y la riqueza. Colombia es un país inequitativo en la distribución de tierras, concentración de las cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y educativas, propiedad accionaria, reparto del valor agregado y, en general, en todas las actividades económicas. Desde la constitución como república independiente, hace doscientos años, el manejo del país se ha basado en la exclusión, y nunca la desigualdad económica ha hecho parte de una política pública que comprometa al Estado o a las clases dominantes. 

Adicionalmente, entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. En el futuro cercano no cabe esperar mayores progresos en estos índices debido a los bajos crecimientos del PIB-real, al aceleramiento de la inflación de alimentos, al aumento en los impuestos que gravan la canasta familiar, a los crónicos déficits comercial y fiscal, al aumento en el endeudamiento externo, a la mayor incidencia de la pobreza, al escalamiento del crimen organizado  y de la violencia política por el incumplimiento del Estado con los Acuerdos de Paz, a la extensión del conflicto armado interno y al acelerado crecimiento de la corrupción y las actividades ilegales.

En estas condiciones, nuestra sociedad necesita hacerse su propia introspección. Esta radiografía debe permitirnos saber dónde estamos, dónde están los problemas y los límites para solucionarlos, hacía que escenarios nos dirigimos y que sujetos sociales pueden orientar y animar el cambio. Sin respeto por la dignidad humana, bienestar, paz, justicia, igualdad, democracia, derechos humanos, armonía sociedad-naturaleza, ciencia, tecnología e innovación, ningún desarrollo es sostenible.

De acuerdo con el libro “La pobreza y la riqueza de las naciones”, del economista David Landes, si bien el clima, los recursos naturales y la geografía son elementos a tener en cuenta a la hora de explicar por qué determinados países son capaces de dar un salto al desarrollo sostenible y por qué otros no, el factor clave es, en realidad, el bagaje cultural del país, en especial el grado en que ha interiorizado el trabajo disciplinado y duro, el ahorro, la honestidad, paciencia y tenacidad, así como su grado de apertura al cambio, a la ciencia y las nuevas tecnologías y a la igualdad entre hombres y mujeres. El estancamiento o el atraso continuado de diversos países no tienen que ver simplemente con el colonialismo experimentado, con la geografía o con el legado histórico, mucho menos con la “mala suerte”, según el decir popular, es la cultura, la corrupción y una clase dirigente lumpen, violenta e inepta las que afectan el rendimiento económico y el bienestar social4. La cultura cuenta y puede cambiar; la cultura política y económica anida en las instituciones y los contextos y no en los genes. 

Ante estas evidencias, en debacle la economía nacional, y restando aún tres años de un gobierno gris, ciego, sordo e inepto, por decir lo menos, la sociedad tiene el reto de reencauzar el desastre que se avizora, a no ser que prefiera, a la estabilidad y la felicidad, las penurias, las angustias y desesperanzas ya sufridas, fruto del derrumbe económico, social y cultural.

 

1El Tiempo.https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-hace-balance-de-su-primer-ano-como-presidente-de-colombia-399468 (consulta 11 de agosto de 2019).

2Garay, Luis Jorge, Espitia Zamora, Jorge Enrique, Dinámica de las desigualdades en Colombia. En tono a la economía política de los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, en impresión.

3El número de venezolanos que han migrado a Colombia, a febrero del 2019, sumaba 1,2 millones, cifra que podría crecer en otro millón producto de las medidas de embargo y bloqueo decididas al inicio de agosto del año en curso por los Estados Unidos.

4Thomas, Friedman. (2017, sexta reimpresión). La tierra es plana. Editorial Planeta Colombiana SA.; Bogotá, p. 340.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enEdición Nº260
Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


 

Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Gabriel Beltrán, Cometas, escultura, acero, 100 x 80 x 36 cms (Cortesía del autor)

Juego mi vida, cambio mi vida,
de todos modos
la llevo perdida...
Y la juego o la cambio por el más infantil
espejismo,
la dono en usufructo, o la regalo...
León de Greiff

 

La función proyectiva, como hecho consciente, basada en la creación de realidades imaginadas que simulan acontecimientos, es una característica que asume en los humanos un grado tal que algunos la señalan como el hecho distintivo frente a las demás especies. La construcción de una trampa por el cazador del paleolítico implica, por ejemplo, la predicción de todos los movimientos del animal que quiere cazar. En ese sentido, es posible afirmar que la planeación en su significado más radical, nos ha acompañado a lo largo de nuestro devenir como especie. Claro, que el éxito depende de que la representación sea adecuada y pertinente, y nos conduzca a la realización del propósito. Sin embargo, en los albores del capitalismo, ese hecho superlativo humano va a ser rebajado en su condición y condenado como indeseable, pues el juego de azar de las “fuerzas libres del mercado”, será elevado a la categoría de máxima expresión civilizatoria. Condena que reaparecerá con fuerza en los años ochenta del siglo pasado con el discurso ultraliberal, y que en la actualidad sigue vigente como ideología dominante.


Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, en su artículo 35, propone retirar el manejo del presupuesto de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP), cercenando de forma terminante la actividad central de esa Dependencia. Y dado que es precisamente el DNP el encargado de la formulación del Plan, qué duda cabe que asistimos a una inequívoca confesión de incompetencia. Ahora, lo destacable del asunto es que invita a preguntar si para las élites que han detentado el poder, la planeación en el manejo de los asuntos del Estado ha sido realmente importante y, también, sí el peso cultural de los procesos de proyección es significativo en el conjunto de la sociedad.


Capitalismo y planeación


Cuando las reflexiones sobre el capitalismo toman fuerza en el siglo XVIII, y los fisiócratas proclaman el laissez-faire, el campo de las interacciones económicas es “naturalizado” y objetivado, pues el mercado, en su deber ser, ha de corresponderse con la imagen del encuentro de fuerzas no programadas que en su competencia dan como resultado un sistema de ajuste automático que, pese a su “ceguera”, no sólo tiende a ser equilibrado sino que asigna los recursos de la sociedad de una forma óptima. Emerge así la centralidad de lo que bien puede llamarse un azar esencial –según la terminología usada por el biólogo Jacques Monod, en su obra clásica El azar y la necesidad–, es decir, el encuentro de dos cadenas causales totalmente independientes (la oferta y la demanda surgen de racionalidades e intereses distintos), que coinciden aleatoriamente en el “espacio mercado”, y dan siempre a luz la sociedad más armónica posible. Esa predica, tiene mucho de paradójica y contradictoria, en un mundo autorreferenciado como racional pero que, pese a eso, sigue siendo poco cuestionada hasta hoy.


Sin embargo, y en contravía del discurso, el desarrollo del industrialismo, que durante el siglo XIX logra ritmos que transforman radicalmente el paisaje económico del mundo y procura un crecimiento material sin precedentes ve, simultáneamente, casi morir el sentido de la competencia, tan caro al discurso liberal, como bien lo señala Eric Hobsbawn: “Poco importa el nombre que le demos («capitalismo corporativo», «capitalismo organizado», etc.) en tanto en cuanto se acepte –y debe ser aceptado– que la concentración avanzó a expensas de la competencia de mercado, las corporaciones a expensas de las empresas privadas, los grandes negocios y grandes empresas a expensas de las más pequeñas y que esa concentración implicó una tendencia hacia el oligopolio. […]. En cuanto a la banca, un número reducido de grandes bancos, sociedades anónimas con redes de agencias nacionales, sustituyeron rápidamente a los pequeños bancos: el Lloyds Bank absorbió 164 de ellos” (1), dando como resultado la conformación de fortunas personales que vieron en el despreciado Estado un instrumento adicional, fácilmente manipulable y utilizable para el fortalecimiento de su posición. Las familias Krupp en la industria europea o los Rothschild en la banca de ese mismo continente; así como John D. Rockefeller en la industria del petróleo, Cornelius Vanderbilt en los ferrocarriles, Andrew Carnegie en la producción de acero, y J.P. Morgan en la banca de los Estados Unidos, estuvieron en condición de someter los intereses de sus respectivos Estados a los de sus empresas, siendo por ello motejados como los barones ladrones. Como consecuencia, el riesgo que representaba el exceso de poder de ese pequeño grupo de capitalistas obligó en 1890, en los Estados Unidos y durante el gobierno de Benjamín Harrison, a la promulgación de la Ley Sherman Antitrust, aunque su implementación con un impacto significativo tuvo que esperar hasta 1906 cuando Theodore Roosevelt la aplica a la Standard Oil, la empresa de Rockefeller, dándo así inicio a lo que algunos denominan el capitalismo regulado.


A las tradicionales funciones de represión del Estado gendarme, son sumadas, entonces, las de administración que involucran el ejercicio sistemático de la planeación. En el campo de la empresa, en 1911, Frederick Winslow Taylor formuló la Organización Científica del Trabajo, en la que el proceso productivo, y de forma específica la actividad del trabajador, es objetivada hasta el punto que el obrero es reducido a un instrumento más que codifica los movimientos en el aprendizaje y los reproduce maquinalmente en la actividad laboral. El derecho a la planeación de su actividad, esa característica de la complejidad de la acción humana, le es arrebatada y es asumida enteramente por la dirección, dando lugar a la separación tajante entre planeación y ejecución en el proceso productivo. El estallido de las dos grandes conflagraciones mundiales, en la primera mitad del siglo XX, dio campo a intentos de regulación del comercio internacional luego de la segunda postguerra, y en general al reglaje de las diferentes aristas de las relaciones entre los países, dando lugar al nacimiento de las llamadas entidades multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, entre otras, y a las asambleas de países como la actual Organización de las Naciones Unidas, en un intento de dotar de una forma estatal al conjunto de países, y de esa manera poder controlar y planificar el proceso de acumulación global. El modelo fordista, surgido de las necesidades de un capital masificado y de gran escala, acepta la mediación del Estado en las relaciones capital-trabajo, así como la socialización de servicios básicos como salud y educación, y no reniega de la inversión pública en capital fijo colectivo bajo su forma de obras de infraestructura, dando origen a lo que será conocido como Estado del Bienestar.


Las crisis de los años setenta, marcaron el fin de ese relativo idilio entre Estado y mercado regulado, y es el discurso defendido por lo teóricos alemanes de la escuela de Friburgo, dirigidos por Walter Eucken, y los de la Sociedad Mont Pelerin, encabezados por Friedrich Hayek, los que van a oponerse al papel del Estado en la economía, pero no porque dudaran de su éxito económico, como hoy quiere hacerse creer, sino todo lo contrario, pues si bien reconocían que el Estado-centrismo de Bismarck y el de Hitler habían mostrado su capacidad para procurar crecimiento material, relacionaban esa exitosa acumulación con las confrontaciones y las derrotas de su nación en las dos grandes guerras del siglo XX. Muchos de ellos, incluso planteaban como ideal la construcción de sociedades pequeñas y frugales donde el mercado realmente pudiera funcionar.


El ordoliberalismo alemán, dado su fuerte contenido anti-estatal, fue transformado en lo que conocemos como neoliberalismo, en razón de las necesidades de desregulación de las relaciones capital-trabajo, así como de la apropiación privada de los emprendimientos de los Estados, en el intento de revertir el descenso de la tasa de ganancia. En el discurso dominante, la planeación es aceptada para la unidad empresarial, pero sigue siendo negada como deseable para el universo macroeconómico, que bajo el engañoso concepto de mercado mete en el mismo saco la producción y distribución de bombones –donde competencia y “perfecta información” pueden tener algún sentido–, con la extracción y circulación de petróleo, por ejemplo, donde las fuentes del recurso son disputadas a cañonazos.


En la actualidad, los resultados del regreso al capitalismo desregulado podemos palparlos en el surgimiento de conglomerados como el imperio GAFA (Google, Facebook, Amazon y Apple), que en sus respectivos campos son absolutos monopolios, y parecen marcar el inexorable fin de lo poco que queda aún de papel del Estado en la función administrativa de la acumulación. El fin del modelo fordista, y su forma gubernamental conocida en la literatura como Estado del Bienestar, ha dado lugar a una nueva etapa de capitalismo salvaje, donde los modernos barones ladrones amenazan con sobrepasar en poder, incluso a los Estados más grandes. La crisis de las entidades multilaterales, incluida la ONU, no hacen más que reflejar el paso adelante de la total desregulación en el escenario de las relaciones internacionales –siendo el retiro de los Estados Unidos de la Unesco y la parálisis total de la Organización Mundial del Comercio ejemplos de eso– y el regreso, de forma abierta, a una ley de la selva, en la que los formalismos, que durante cerca de ocho décadas velaron las tensiones entre las diferentes potencias, hoy pierden su razón de ser.


El termino planeación quedó encerrado, entonces, en su connotación burocrática con un sentido reduccionista, que desdibuja y margina ese aspecto proyectivo que incluso la biología hace extensivo a todo lo vivo. Dice Jacques Monod al respecto: “Diremos que éstos (los seres vivos) se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía” (2), entendiéndose por esto último la existencia de un “proyecto” como condición necesaria de lo más complejo. Pero, no basta con reconocer en la planeación, entendida en su sentido más amplio, la característica de los seres “teleonómanos” (con proyecto), para recuperar su sentido, pues la naturaleza del proyecto, de la meta, califica de diferente forma el para qué de la planeación. Y es precisamente en el tipo de metas conscientes, como por ejemplo la conservación de las variables físicas del planeta, donde el sentido de la anticipación rigurosa debe recuperarse.


¿Planeación de qué, en Colombia?


Arturo Escobar, cuando habla de la planeación remarca que “Quizá ningún otro concepto ha sido tan insidioso, ninguna otra idea pasó tan indiscutida. Esta aceptación ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos que ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en Occidente, donde ha estado asociada con procesos fundamentales de dominación y control social” (3). Afirmación en la que la planificación responde al sentido restrictivo al que aludíamos arriba, y en el que el propósito fue siempre adaptar el Estado-Nación a las exigencias de las necesidades de la acumulación del centro capitalista. En ese sentido, repasar, así sea brevemente, la historia de la “planeación” en Colombia, mostrará de forma inequívoca la extrema dependencia del país de los centros de poder internacional, lo qué siendo válido en general para el mundo subordinado, en el caso de Colombia, por la obsecuencia exacerbada de los gobernantes, la subalternidad que resulta es gravemente insultante.


Como un eco del respice polum (“mirar hacia el norte”) –política inaugurada de forma explícita por Marco Fidel Suárez, presidente de la república entre 1918 y 1921–, Pedro Nel Ospina, en ejercicio de su presidencia invita en 1923 a un grupo de técnicos norteamericanos para que hagan un diagnóstico de la economía colombiana, que vivía una grave crisis económica en ese momento. La misión fue encabezada por Edwin Walker Kemmerer, quien acompañado de cuatro técnicos más de la misma nacionalidad, recomiendan, entre otras cosas, organizar la primera estructura burocrática a semejanza de los países del norte. Entre las instituciones creadas, producto de las recomendaciones de esa misión, están el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, y la transformación de la antigua Corte de Cuentas en Contraloría Nacional de la República. Posteriormente, durante el estallido de la crisis mundial del 29, en el período de transición de la presidencia de Miguel Abadía Méndez –tristemente célebre por ser el artífice de la masacre de las bananeras– a la de Enrique Olaya Herrera, es invitado nuevamente Kemmerer a Colombia para asesorar al gobierno. Alfonso Patiño Rosselli nos deja una descripción lapidaria de lo que fue esa segunda Misión: “Es poco decir al respecto, sin duda. La segunda misión Kemmerer no sólo erró por omisión, sino por acción. Recomendó seguir una política –el sostenimiento de la convertibilidad del peso por oro, de libertad cambiaria y de la restricción crediticia– totalmente contraindicada y fatal. La buena fe con que insistió en ella en nada reduce el absurdo de fondo que significó” (4). Los paralelos con las recomendaciones, en tiempos más recientes de los técnicos del FMI, saltan a la vista, y nos prueban que muy poco cambia en cuanto a nuestras relaciones de dependencia, y en nuestra insistencia de buscar siempre directrices externas.


La segunda etapa significativa del tutelaje extranjero, tiene su punto de inicio en 1948 cuando comienzan los contactos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), en solicitud de apoyo financiero, el que fue condicionado a la visita de una Misión Económica, que fue aprobada en 1949 bajo la dirección de Lauchlin Currie, quien entrega su informe en 1951 y concluye que el país necesita de un sistema de planeación estatal. De esa recomendación surgen el Comité de Desarrollo Económico, el Consejo Nacional de Planificación y la Oficina Presidencial de Planificación, que son reformadas a través de la ley 19 de 1958, que crea el Consejo Nacional de Política económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnicos, siendo este último reformado en 1963, y en 1964 mediante el decreto 1675 que le asigna las funciones actuales.


En 1968 tiene lugar una nueva reforma al sistema de planeación, que consagra que el Plan de Desarrollo de cada gobierno, al ser sometido al legislativo y convertido en ley es condicionante imperativo de las acciones del Ejecutivo. La obligación de los gobiernos de presentar un plan de desarrollo tuvo su antecedente en las exigencias del programa de asistencia norteamericano conocido como la Alianza para el Progreso, que supeditaba la asistencia y financiación de proyectos específicos a la aprobación de la Agency for International Development (AID), que no sólo estudiaba la viabilidad de la propuesta, sino que evaluaba su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo país. El programa norteamericano, lanzado en 1961 en Punta del Este –Uruguay– tuvo en Colombia el segundo receptor en “ayuda”, siendo superado el país tan sólo por Brasil.


No está de más señalar que la obsesión por la “planificación” estuvo motivada por el espíritu de la Guerra Fría, y qué frente al relativo éxito material de la Unión Soviética, con sus planes quinquenales, el desarrollismo fue exacerbado en el mundo, obligando a los países del centro capitalista a buscar legitimar su dominio, en los países de sus respectivas órbitas geopolíticas, procurando el crecimiento material de éstas sociedades.


Con el paso del tiempo parece que este peso de las “recomendaciones” de los Estados Unidos no desaparece. Ni sus efectos. Las expresiones de agradecimiento que Iván Duque hace ante Mike Pompeo, secretario de Estado de Norteamérica, por un imaginario apoyo de los “padres fundadores” de los Estados Unidos a la independencia de Colombia, van más allá de un lapsus debido a la ignorancia, son la manifestación de que el Respice Polum sigue enteramente vivo entre los gobernantes del país y que la necesidad de buscar afuera la explicación de lo que son, delata esa característica de espíritu sometido que le ha dado a Colombia ese tinte de heteronomía que impide cualquier manifestación de soberanía. La autonomía, que queda definida por el grado de diferenciación establecida con lo que es considerado exterior al ser –en este caso los demás países–, ha sido hasta ahora un imposible en Colombia.


Es claro que la reducción del Departamento de Planeación a su mínima expresión, no es más que un reconocimiento que en la actualidad, incluso más que en el pasado, las reformas de la institucionalidad vienen de fuera, por lo que no tiene sentido mantener una organización supuestamente dedicada a planear. Las reformas neoliberales de los noventa, que tuvieron el pomposo apelativo de la “modernización de la economía”, más conocidas como apertura económica, fueron plasmadas en el plan de desarrollo “La Revolución pacífica”, anunciado el día de la posesión de Cesar Gaviria al grito de “bienvenidos al futuro”. Gaviria tuvo su primera reunión, luego de posesionarse, con el vicepresidente de Estados Unidos Dan Quayle, que traía el mensaje de la obligatoriedad de asumir como política las directrices del Consenso de Washington. ¿Cuál planeación, entonces? Que las decisiones de la inversión queden concentradas en el Ministerio de Hacienda es un corolario de la estructura dependiente de las fuerzas externas, pues esta institución, como sancionador del gasto, simplemente intermedia entre los técnicos de las entidades multilaterales y el gobierno colombiano, y entre el Departamento de Estado de E.U y los que fungen como administradores de la nación.


La dirigencia colombiana es centrí-fuga, mantiene un pie adentro del país, el de las rentas que percibe acá, y el otro afuera, en espera de huir hacía sociedades que considera deben darle abrigo por haberles servido incondicionalmente. De allí que entregar territorio del país, como lo hicieron en el tratado Michelena-Pombo de 1833, en los litigios fronterizos con Venezuela; el Tratado Lleras-Lisboa de 1853, el Tratado Vásquez Cobo–Martins, y el Tratado García Ortiz – Mangabeira, en las disputas territoriales con Brasil, o no reclamar el retorno de concesiones como las de Cerro Matoso o el Cerrejón cuando la ley lo posibilitaba, no es de extrañar en quienes nunca han tenido una mirada de autoestima acerca de sí mismos. Entregar la soberanía por infantiles espejismos, ha sido la historia de las relaciones internacionales de Colombia. La revolución cultural debe comenzar, entonces, por la conquista de autonomía, que no es otra cosa que estar en condiciones de poder concebir una nación con proyecto: el de una sociedad igualitaria y amable.

 

1. Eric Hobsbawn, La era del imperio, 1875-1914, Ed. Crítica, p. 52, 2009 (1ª reimpresión), p. 52
2. Jacques Monod, El azar y la necesidad, Planeta-Agostini, 1993, p. 20
3. Arturo Escobar, El final del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, Instituto Colombiano de Antropología y Cerec, 1999, p. 55
4. Alfonso Patiño Rosselli, La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1935, Banco de la República, p. 354

* Integrante del Consejo de redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue César Augusto Caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

Publicado enColombia
Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue Cesar Augusto caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

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Juego mi vida, cambio mi vida,
de todos modos
la llevo perdida...
Y la juego o la cambio por el más infantil
espejismo,
la dono en usufructo, o la regalo...
León de Greiff

 

La función proyectiva, como hecho consciente, basada en la creación de realidades imaginadas que simulan acontecimientos, es una característica que asume en los humanos un grado tal que algunos la señalan como el hecho distintivo frente a las demás especies. La construcción de una trampa por el cazador del paleolítico implica, por ejemplo, la predicción de todos los movimientos del animal que quiere cazar. En ese sentido, es posible afirmar que la planeación en su significado más radical, nos ha acompañado a lo largo de nuestro devenir como especie. Claro, que el éxito depende de que la representación sea adecuada y pertinente, y nos conduzca a la realización del propósito. Sin embargo, en los albores del capitalismo, ese hecho superlativo humano va a ser rebajado en su condición y condenado como indeseable, pues el juego de azar de las “fuerzas libres del mercado”, será elevado a la categoría de máxima expresión civilizatoria. Condena que reaparecerá con fuerza en los años ochenta del siglo pasado con el discurso ultraliberal, y que en la actualidad sigue vigente como ideología dominante.


Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, en su artículo 35, propone retirar el manejo del presupuesto de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP), cercenando de forma terminante la actividad central de esa Dependencia. Y dado que es precisamente el DNP el encargado de la formulación del Plan, qué duda cabe que asistimos a una inequívoca confesión de incompetencia. Ahora, lo destacable del asunto es que invita a preguntar si para las élites que han detentado el poder, la planeación en el manejo de los asuntos del Estado ha sido realmente importante y, también, sí el peso cultural de los procesos de proyección es significativo en el conjunto de la sociedad.


Capitalismo y planeación


Cuando las reflexiones sobre el capitalismo toman fuerza en el siglo XVIII, y los fisiócratas proclaman el laissez-faire, el campo de las interacciones económicas es “naturalizado” y objetivado, pues el mercado, en su deber ser, ha de corresponderse con la imagen del encuentro de fuerzas no programadas que en su competencia dan como resultado un sistema de ajuste automático que, pese a su “ceguera”, no sólo tiende a ser equilibrado sino que asigna los recursos de la sociedad de una forma óptima. Emerge así la centralidad de lo que bien puede llamarse un azar esencial –según la terminología usada por el biólogo Jacques Monod, en su obra clásica El azar y la necesidad–, es decir, el encuentro de dos cadenas causales totalmente independientes (la oferta y la demanda surgen de racionalidades e intereses distintos), que coinciden aleatoriamente en el “espacio mercado”, y dan siempre a luz la sociedad más armónica posible. Esa predica, tiene mucho de paradójica y contradictoria, en un mundo autorreferenciado como racional pero que, pese a eso, sigue siendo poco cuestionada hasta hoy.


Sin embargo, y en contravía del discurso, el desarrollo del industrialismo, que durante el siglo XIX logra ritmos que transforman radicalmente el paisaje económico del mundo y procura un crecimiento material sin precedentes ve, simultáneamente, casi morir el sentido de la competencia, tan caro al discurso liberal, como bien lo señala Eric Hobsbawn: “Poco importa el nombre que le demos («capitalismo corporativo», «capitalismo organizado», etc.) en tanto en cuanto se acepte –y debe ser aceptado– que la concentración avanzó a expensas de la competencia de mercado, las corporaciones a expensas de las empresas privadas, los grandes negocios y grandes empresas a expensas de las más pequeñas y que esa concentración implicó una tendencia hacia el oligopolio. […]. En cuanto a la banca, un número reducido de grandes bancos, sociedades anónimas con redes de agencias nacionales, sustituyeron rápidamente a los pequeños bancos: el Lloyds Bank absorbió 164 de ellos” (1), dando como resultado la conformación de fortunas personales que vieron en el despreciado Estado un instrumento adicional, fácilmente manipulable y utilizable para el fortalecimiento de su posición. Las familias Krupp en la industria europea o los Rothschild en la banca de ese mismo continente; así como John D. Rockefeller en la industria del petróleo, Cornelius Vanderbilt en los ferrocarriles, Andrew Carnegie en la producción de acero, y J.P. Morgan en la banca de los Estados Unidos, estuvieron en condición de someter los intereses de sus respectivos Estados a los de sus empresas, siendo por ello motejados como los barones ladrones. Como consecuencia, el riesgo que representaba el exceso de poder de ese pequeño grupo de capitalistas obligó en 1890, en los Estados Unidos y durante el gobierno de Benjamín Harrison, a la promulgación de la Ley Sherman Antitrust, aunque su implementación con un impacto significativo tuvo que esperar hasta 1906 cuando Theodore Roosevelt la aplica a la Standard Oil, la empresa de Rockefeller, dándo así inicio a lo que algunos denominan el capitalismo regulado.


A las tradicionales funciones de represión del Estado gendarme, son sumadas, entonces, las de administración que involucran el ejercicio sistemático de la planeación. En el campo de la empresa, en 1911, Frederick Winslow Taylor formuló la Organización Científica del Trabajo, en la que el proceso productivo, y de forma específica la actividad del trabajador, es objetivada hasta el punto que el obrero es reducido a un instrumento más que codifica los movimientos en el aprendizaje y los reproduce maquinalmente en la actividad laboral. El derecho a la planeación de su actividad, esa característica de la complejidad de la acción humana, le es arrebatada y es asumida enteramente por la dirección, dando lugar a la separación tajante entre planeación y ejecución en el proceso productivo. El estallido de las dos grandes conflagraciones mundiales, en la primera mitad del siglo XX, dio campo a intentos de regulación del comercio internacional luego de la segunda postguerra, y en general al reglaje de las diferentes aristas de las relaciones entre los países, dando lugar al nacimiento de las llamadas entidades multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, entre otras, y a las asambleas de países como la actual Organización de las Naciones Unidas, en un intento de dotar de una forma estatal al conjunto de países, y de esa manera poder controlar y planificar el proceso de acumulación global. El modelo fordista, surgido de las necesidades de un capital masificado y de gran escala, acepta la mediación del Estado en las relaciones capital-trabajo, así como la socialización de servicios básicos como salud y educación, y no reniega de la inversión pública en capital fijo colectivo bajo su forma de obras de infraestructura, dando origen a lo que será conocido como Estado del Bienestar.


Las crisis de los años setenta, marcaron el fin de ese relativo idilio entre Estado y mercado regulado, y es el discurso defendido por lo teóricos alemanes de la escuela de Friburgo, dirigidos por Walter Eucken, y los de la Sociedad Mont Pelerin, encabezados por Friedrich Hayek, los que van a oponerse al papel del Estado en la economía, pero no porque dudaran de su éxito económico, como hoy quiere hacerse creer, sino todo lo contrario, pues si bien reconocían que el Estado-centrismo de Bismarck y el de Hitler habían mostrado su capacidad para procurar crecimiento material, relacionaban esa exitosa acumulación con las confrontaciones y las derrotas de su nación en las dos grandes guerras del siglo XX. Muchos de ellos, incluso planteaban como ideal la construcción de sociedades pequeñas y frugales donde el mercado realmente pudiera funcionar.


El ordoliberalismo alemán, dado su fuerte contenido anti-estatal, fue transformado en lo que conocemos como neoliberalismo, en razón de las necesidades de desregulación de las relaciones capital-trabajo, así como de la apropiación privada de los emprendimientos de los Estados, en el intento de revertir el descenso de la tasa de ganancia. En el discurso dominante, la planeación es aceptada para la unidad empresarial, pero sigue siendo negada como deseable para el universo macroeconómico, que bajo el engañoso concepto de mercado mete en el mismo saco la producción y distribución de bombones –donde competencia y “perfecta información” pueden tener algún sentido–, con la extracción y circulación de petróleo, por ejemplo, donde las fuentes del recurso son disputadas a cañonazos.


En la actualidad, los resultados del regreso al capitalismo desregulado podemos palparlos en el surgimiento de conglomerados como el imperio GAFA (Google, Facebook, Amazon y Apple), que en sus respectivos campos son absolutos monopolios, y parecen marcar el inexorable fin de lo poco que queda aún de papel del Estado en la función administrativa de la acumulación. El fin del modelo fordista, y su forma gubernamental conocida en la literatura como Estado del Bienestar, ha dado lugar a una nueva etapa de capitalismo salvaje, donde los modernos barones ladrones amenazan con sobrepasar en poder, incluso a los Estados más grandes. La crisis de las entidades multilaterales, incluida la ONU, no hacen más que reflejar el paso adelante de la total desregulación en el escenario de las relaciones internacionales –siendo el retiro de los Estados Unidos de la Unesco y la parálisis total de la Organización Mundial del Comercio ejemplos de eso– y el regreso, de forma abierta, a una ley de la selva, en la que los formalismos, que durante cerca de ocho décadas velaron las tensiones entre las diferentes potencias, hoy pierden su razón de ser.


El termino planeación quedó encerrado, entonces, en su connotación burocrática con un sentido reduccionista, que desdibuja y margina ese aspecto proyectivo que incluso la biología hace extensivo a todo lo vivo. Dice Jacques Monod al respecto: “Diremos que éstos (los seres vivos) se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía” (2), entendiéndose por esto último la existencia de un “proyecto” como condición necesaria de lo más complejo. Pero, no basta con reconocer en la planeación, entendida en su sentido más amplio, la característica de los seres “teleonómanos” (con proyecto), para recuperar su sentido, pues la naturaleza del proyecto, de la meta, califica de diferente forma el para qué de la planeación. Y es precisamente en el tipo de metas conscientes, como por ejemplo la conservación de las variables físicas del planeta, donde el sentido de la anticipación rigurosa debe recuperarse.


¿Planeación de qué, en Colombia?


Arturo Escobar, cuando habla de la planeación remarca que “Quizá ningún otro concepto ha sido tan insidioso, ninguna otra idea pasó tan indiscutida. Esta aceptación ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos que ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en Occidente, donde ha estado asociada con procesos fundamentales de dominación y control social” (3). Afirmación en la que la planificación responde al sentido restrictivo al que aludíamos arriba, y en el que el propósito fue siempre adaptar el Estado-Nación a las exigencias de las necesidades de la acumulación del centro capitalista. En ese sentido, repasar, así sea brevemente, la historia de la “planeación” en Colombia, mostrará de forma inequívoca la extrema dependencia del país de los centros de poder internacional, lo qué siendo válido en general para el mundo subordinado, en el caso de Colombia, por la obsecuencia exacerbada de los gobernantes, la subalternidad que resulta es gravemente insultante.


Como un eco del respice polum (“mirar hacia el norte”) –política inaugurada de forma explícita por Marco Fidel Suárez, presidente de la república entre 1918 y 1921–, Pedro Nel Ospina, en ejercicio de su presidencia invita en 1923 a un grupo de técnicos norteamericanos para que hagan un diagnóstico de la economía colombiana, que vivía una grave crisis económica en ese momento. La misión fue encabezada por Edwin Walker Kemmerer, quien acompañado de cuatro técnicos más de la misma nacionalidad, recomiendan, entre otras cosas, organizar la primera estructura burocrática a semejanza de los países del norte. Entre las instituciones creadas, producto de las recomendaciones de esa misión, están el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, y la transformación de la antigua Corte de Cuentas en Contraloría Nacional de la República. Posteriormente, durante el estallido de la crisis mundial del 29, en el período de transición de la presidencia de Miguel Abadía Méndez –tristemente célebre por ser el artífice de la masacre de las bananeras– a la de Enrique Olaya Herrera, es invitado nuevamente Kemmerer a Colombia para asesorar al gobierno. Alfonso Patiño Rosselli nos deja una descripción lapidaria de lo que fue esa segunda Misión: “Es poco decir al respecto, sin duda. La segunda misión Kemmerer no sólo erró por omisión, sino por acción. Recomendó seguir una política –el sostenimiento de la convertibilidad del peso por oro, de libertad cambiaria y de la restricción crediticia– totalmente contraindicada y fatal. La buena fe con que insistió en ella en nada reduce el absurdo de fondo que significó” (4). Los paralelos con las recomendaciones, en tiempos más recientes de los técnicos del FMI, saltan a la vista, y nos prueban que muy poco cambia en cuanto a nuestras relaciones de dependencia, y en nuestra insistencia de buscar siempre directrices externas.


La segunda etapa significativa del tutelaje extranjero, tiene su punto de inicio en 1948 cuando comienzan los contactos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), en solicitud de apoyo financiero, el que fue condicionado a la visita de una Misión Económica, que fue aprobada en 1949 bajo la dirección de Lauchlin Currie, quien entrega su informe en 1951 y concluye que el país necesita de un sistema de planeación estatal. De esa recomendación surgen el Comité de Desarrollo Económico, el Consejo Nacional de Planificación y la Oficina Presidencial de Planificación, que son reformadas a través de la ley 19 de 1958, que crea el Consejo Nacional de Política económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnicos, siendo este último reformado en 1963, y en 1964 mediante el decreto 1675 que le asigna las funciones actuales.


En 1968 tiene lugar una nueva reforma al sistema de planeación, que consagra que el Plan de Desarrollo de cada gobierno, al ser sometido al legislativo y convertido en ley es condicionante imperativo de las acciones del Ejecutivo. La obligación de los gobiernos de presentar un plan de desarrollo tuvo su antecedente en las exigencias del programa de asistencia norteamericano conocido como la Alianza para el Progreso, que supeditaba la asistencia y financiación de proyectos específicos a la aprobación de la Agency for International Development (AID), que no sólo estudiaba la viabilidad de la propuesta, sino que evaluaba su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo país. El programa norteamericano, lanzado en 1961 en Punta del Este –Uruguay– tuvo en Colombia el segundo receptor en “ayuda”, siendo superado el país tan sólo por Brasil.


No está de más señalar que la obsesión por la “planificación” estuvo motivada por el espíritu de la Guerra Fría, y qué frente al relativo éxito material de la Unión Soviética, con sus planes quinquenales, el desarrollismo fue exacerbado en el mundo, obligando a los países del centro capitalista a buscar legitimar su dominio, en los países de sus respectivas órbitas geopolíticas, procurando el crecimiento material de éstas sociedades.


Con el paso del tiempo parece que este peso de las “recomendaciones” de los Estados Unidos no desaparece. Ni sus efectos. Las expresiones de agradecimiento que Iván Duque hace ante Mike Pompeo, secretario de Estado de Norteamérica, por un imaginario apoyo de los “padres fundadores” de los Estados Unidos a la independencia de Colombia, van más allá de un lapsus debido a la ignorancia, son la manifestación de que el Respice Polum sigue enteramente vivo entre los gobernantes del país y que la necesidad de buscar afuera la explicación de lo que son, delata esa característica de espíritu sometido que le ha dado a Colombia ese tinte de heteronomía que impide cualquier manifestación de soberanía. La autonomía, que queda definida por el grado de diferenciación establecida con lo que es considerado exterior al ser –en este caso los demás países–, ha sido hasta ahora un imposible en Colombia.


Es claro que la reducción del Departamento de Planeación a su mínima expresión, no es más que un reconocimiento que en la actualidad, incluso más que en el pasado, las reformas de la institucionalidad vienen de fuera, por lo que no tiene sentido mantener una organización supuestamente dedicada a planear. Las reformas neoliberales de los noventa, que tuvieron el pomposo apelativo de la “modernización de la economía”, más conocidas como apertura económica, fueron plasmadas en el plan de desarrollo “La Revolución pacífica”, anunciado el día de la posesión de Cesar Gaviria al grito de “bienvenidos al futuro”. Gaviria tuvo su primera reunión, luego de posesionarse, con el vicepresidente de Estados Unidos Dan Quayle, que traía el mensaje de la obligatoriedad de asumir como política las directrices del Consenso de Washington. ¿Cuál planeación, entonces? Que las decisiones de la inversión queden concentradas en el Ministerio de Hacienda es un corolario de la estructura dependiente de las fuerzas externas, pues esta institución, como sancionador del gasto, simplemente intermedia entre los técnicos de las entidades multilaterales y el gobierno colombiano, y entre el Departamento de Estado de E.U y los que fungen como administradores de la nación.


La dirigencia colombiana es centrí-fuga, mantiene un pie adentro del país, el de las rentas que percibe acá, y el otro afuera, en espera de huir hacía sociedades que considera deben darle abrigo por haberles servido incondicionalmente. De allí que entregar territorio del país, como lo hicieron en el tratado Michelena-Pombo de 1833, en los litigios fronterizos con Venezuela; el Tratado Lleras-Lisboa de 1853, el Tratado Vásquez Cobo–Martins, y el Tratado García Ortiz – Mangabeira, en las disputas territoriales con Brasil, o no reclamar el retorno de concesiones como las de Cerro Matoso o el Cerrejón cuando la ley lo posibilitaba, no es de extrañar en quienes nunca han tenido una mirada de autoestima acerca de sí mismos. Entregar la soberanía por infantiles espejismos, ha sido la historia de las relaciones internacionales de Colombia. La revolución cultural debe comenzar, entonces, por la conquista de autonomía, que no es otra cosa que estar en condiciones de poder concebir una nación con proyecto: el de una sociedad igualitaria y amable.

 

1. Eric Hobsbawn, La era del imperio, 1875-1914, Ed. Crítica, p. 52, 2009 (1ª reimpresión), p. 52
2. Jacques Monod, El azar y la necesidad, Planeta-Agostini, 1993, p. 20
3. Arturo Escobar, El final del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, Instituto Colombiano de Antropología y Cerec, 1999, p. 55
4. Alfonso Patiño Rosselli, La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1935, Banco de la República, p. 354

* Integrante del Consejo de redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

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Sábado, 13 Abril 2019 16:08

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Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

 

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Migración, xenofobia, desarraigo. También en Colombia

Como judío errante, decía mi abuela, creo que hablaba de parte de su familia originaria de Antioquia, que vivía de un lado a otro. Se mudaban de pueblo en pueblo y al poco tiempo se aburrían y se mudaban de nuevo. Yo en mis apenas nueve años de vida, tenía la percepción, no se si correcta o equivocada de que el colombiano era así, como judío errante.

 

Tenía un tío que emigró a los Estados Unidos, y oía relatos de familiares que vivían en otros países, además sentía gran admiración por cualquier extranjero, ellos significaban siempre algo mejor, lo sabía porque cuando llegaban de pasada o de vacaciones algunos de los familiares que venían de fuera, todo era algarabía, contaban sus experiencias y parecían tener muchas posibilidades económicas y alta calidad de vida en esos mundos lejanos y anhelados por los que estábamos aquí.

 

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores para el 2015, 4,7 millones de colombianos vivía en el exterior lo que equivale al 10 por ciento del total de la población. Colombia es el país de Suramérica cuya población más emigra. Es decir, uno de cada 10 colombianos vive en el exterior; sus destinos preferidos EE.UU. y España; hasta el 2015 todavía emigraban a Venezuela y Ecuador como tercer y cuarto país de acogida.

 

Mi familia y yo formamos parte de esas estadísticas, y el país de acogida fue Venezuela. Por años tuve la conciencia de ser extranjera, aunque nunca viví el estrés de ser indocumentada, sí fui por mucho tiempo extranjera, incluso recuerdo haber sido la única estudiante de mi grupo en la universidad con cédula de transeúnte. En cada lugar me preguntaban de dónde era, pero en un momento indeterminado para mi me adapté totalmente al país de acogida, aprendí a reírme de sus chistes, comprender su humor, su forma de ver la vida, aprendí a amar sus playas y sus comidas, su música, aprendí que la diversidad de nacionalidades existentes allá me hacía menos diferente.

 

En las navidades hacíamos natillas o buñuelos pero también hallacas; escuchaba gaitas de Maracaibo y villancicos que recordaban mi infancia, realmente empecé a comprenderme colombo-venezolana.

 

Doble desarraigo

 

El síndrome de desarraigo o síndrome de Ulises se refiere a síntomas de estrés con implicaciones somáticas experimentadas por el emigrante, incluso antes de dejar su tierra de origen y arriesgarse, casi siempre en condiciones no favorables, a dejar sus afectos, su red de apoyo, su familia y su lugar seguro, o por lo menos conocido.

 

Se presentan síntomas como estados ansiosos, llantos incontrolables, fatiga, perdida de memoria, dolores y predisposiciones a enfermedades virales, perturbaciones de sueño y alimentación, ensimismamiento, aislamiento y depresiones desde leves hasta severas.

 

Ante el síndrome de desarraigo, la persona se encuentra en estado de vulnerabilidad, se siente fuera de lugar y empieza a dudar de sus capacidades. Pierde sus referentes de vida, no hay una red de apoyo ni contención emocional por parte de familia y amigos. es lo que en el argot popular llaman salirse de la zona de confort, pero en este caso, es más que un lugar donde ya sabemos qué hacer y cómo movernos, es dejar un cumulo de aprendizajes y referentes de vida que sirven para enfrentarse a los retos cotidianos de trabajo y relaciones.

 

El doble desarraigo implica enfrentar dos veces la misma circunstancia. Como está sucediendo en este momento con los colombianos que vivieron por muchos años en Venezuela y están retornando a Colombia. En está situación el proceso de readaptación es a veces, incluso, más complicado porque al regresar al lugar de origen descubres que de nuevo eres extranjero, esta vez en tu país natal.

 

El repertorio de aprendizajes culturales del lugar de residencia anterior se hacen evidentes, y empiezas a estar en una especie de distonía total, Las circunstancias del país son distintas, las dinámicas ciudadanas también.

 

Dentro de la lista de causas y circunstancias que disparan y agravan los síntomas de desarraigo o doble desarraigo están, sobre todo el rechazo, el miedo al rechazo, el temor que inicialmente implica desplazarse de un país a otro con los riesgos involucrados en estos casos: casi siempre las personas que emigran lo hacen en condiciones de precariedad por lo que están más expuestas y son víctimas de posibles abusos, trata de personas, abusos sexuales y maltratos generales.

 

La respuesta de la población en el país de acogida suele variar, pero la xenofobia hacia los grupos que emigran en cantidad significativa, aparece inevitablemente.

 

En el caso de Colombia y su rol, por primera vez en su historia como país huésped, ha empezado a estimular los más primitivos temores de algunas personas que ya están estigmatizando y generando conductas de rechazo y desprecio hacia la población venezolana, que aumenta cada vez más en el país. Aunque parte de ella está de transito hacia otros países de la región.

 

Ya se han reportado, por ejemplo, protestas en la ciudad de Cúcuta, manifestando la incomodidad por las molestias ocasionadas en distintas áreas de la ciudad por los venezolanos. También han circulado panfletos amenazándolos con la muerte en caso de delinquir. El 23 de enero del presente año, lanzaron una bomba molotov en el coliseo del barrio Sevilla, al norte de la ciudad, en contra de los venezolanos que se encontraban allí.

 

El caso tal vez más perturbador lo constituye un audio subido a las redes en el que amenazan con matar a los venezolanos que se encuentran en Subachoque sino se van de la localidad; quien lo grabó usa una voz de robot y especifica que no importa la condición, delincuente o no, todo ciudadano de esa nacionalidad debe irse.

 

En algunos lugares no les alquilan inmuebles e incluso las ofertas de trabajo especifican que no aceptan venezolanos.

 

¿Qué elementos o pensamientos distorsionados generan tales expresiones de xenofobia o rechazo al extranjero, generalmente un grupo en particular? Qué pasó con los colombianos que, recuerdo a mis nueve años, veían en el extranjero la posibilidad enriquecerse con relatos nuevos, acentos diferentes, culturas y experiencias distintas? Tal vez, a pesar del modernismo y la tecnología, las ciencias y las redes sociales, no somos tan globales, la globalización termina siendo un tema concerniente, al fin de cuentas, a los negocios, no a nuestra condición de humanidad. La Tierra sigue siendo un lugar de disputa y los territorios (llamados países) lugares a los cuales no podemos pertenecer, en el que nos niegan vivir y participar, si no tenemos la categoría que el lugar, o la gente del lugar, exige.

 

Generalizar, omitir y distorsionar, los tres universales del lenguaje, evidencian formas no racionales de analizar la realidad. Y aunque en el pensamiento del xenofóbico, probablemente están presentes los tres, es la generalización la que prepondera cuando identifica a la persona con la nacionalidad o grupo étnico al que pertenece. La generalización se trata de catalogar de buena o mala una persona o situación a partir de una sola experiencia. Por ejemplo, si una persona de pelo rojo me robó, califico de ladrón a todos los de pelo rojos. Generalizo una sola experiencia como definitiva. El pensamiento es distorsionado, según la psicología cognitiva, porque la condición y conducta ética de la persona no está determinada por elementos como su color de piel, nacionalidad, orientación sexual.

 

El pensamiento real y valido es que una persona puede tener acciones reprobables siendo tanto colombiana, venezolana, china, indígena, negra, blanca, amarilla, judía, cristiana, atea, heterosexual, lesbiana, transexual, carnívora, vegetariana, vegana y mil etcéteras que no determinan la ética de nuestro comportamiento. Y puede ser bondadosa y correcta también, independiente de todas las causas biológicas, raciales y culturales.

 

Las crisis presentes en varios países del mundo han generado movimientos poblacionales de gran magnitud, que de manera biológica o natural, ponen en alerta los instintos de las personas residentes, impulsándolos a proteger sus espacios. Estamos, en su primera respuesta, ante la ley de supervivencia. Sin embargo, seria oportuno apelar a nuestra propia humanidad para generar empatía con los congéneres de especie, recordar que los limites geográficos son el fruto de nuestras invenciones y que todos los pobladores del planeta que compartimos tienen el mismo derecho a buscar lugares donde construir o, por lo menos, intentar tener una vida digna.

 

Creo que el principal aprendizaje con mi experiencia de doble desarraigo, es que en las condiciones actuales de este hogar llamado Tierra, es que no hay lugares seguros y definitivos. Los ciudadanos de Colombia como país históricamente migrador, pueden ahora vivir la experiencia de acoger a los venezolanos e incorporar toda la riqueza humana y cultural de un pueblo con el cual han compartido por décadas, tal vez por siglos, luchas y sueños, conviviendo como iguales a lo largo de miles de kilómetros de frontera, en muchos casos con doble nacionalidad, un país y un pueblo que también los aceptó y en el cual aún viven millones de sus connacionales.

Publicado enEdición Nº247
La estadística como estratagema en la política venezolana

 

El escrutinio de la economía venezolana en el año 2016, requiere del abordaje profundo de dos categorías claves: escasez e inflación.

Si bien, la noción de totalidad implica un recorrido dialéctico sin la barrera disciplinaria; en este artículo no se pretende desarrollar un abordaje exhaustivo sobre la crisis. En las siguientes líneas, se precisa a manera de exploración: el uso de los indicadores económicos como recurso argumentativo en la opinión pública venezolana.

El agotamiento del capitalismo rentístico en Venezuela, no se gestó en el Gobierno de Maduro, yacería en el absurdo tal afirmación. Empero, las secuelas de la caída sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2013, se patentizan con las hendiduras en la inversión social. ¿Cuáles son los índices tomados por el Ejecutivo para su diagnóstico económico? ¿Se consideran las condiciones concretas para la toma de decisión?. Un ejemplo de esta desconexión, es la relación del salario real con la dinámica inflacionaria: el presidente Maduro ha fijado repetidos “aumentos” salariales, que se traducen para los trabajadores en débiles ajustes, ante la pérdida acelerada del poder adquisitivo.

Por otro lado, ¿Qué impacto tiene la restricción financiera de PDVSA? es innegable la dificultad de la empresa para cumplir con los aportes en inversión social, ante la caída de los precios del crudo. La dificultad del Ejecutivo para obtener nuevos ingresos o préstamos externos, representan un obstáculo importante para mantener el ritmo de los subsidios directos o los programas sociales. El presupuesto planteado para el año en curso, se soporta en buena medida sobre la recaudación tributaria en un deprimido aparato productivo. La meta anual en materia de inflación, ha terminado desaparecida en el informe de las previsiones del Ejecutivo para el 2017; evidenciando un agotamiento de la estrategia económica.

Los programas sociales llamados misiones, fueron creados en el Gobierno de Chávez, permitiendo una redistribución relativa de la renta. Estos contribuyeron a mejorar el índice de desigualdad (Coeficiente Gini) bajo una inflación menor a la de sus predecesores y, con altibajos en el crecimiento. En los últimos tres años, se han aportado cifras como el porcentaje invertido en lo social, pero no se contrasta con las consecuencias de la caída del PIB. En el caso de las asignaciones directas (Hogares de la Patria) diseñada en el gobierno del presidente Maduro, los altos precios de los productos básicos, terminan evaporando la iniciativa de protección al consumo, en un mercado regulado sólo en teoría desde el gobierno.

Los datos oficiales sobre la contracción económica del año 2016, son desconocidos y, únicamente se accede a los de estudios hechos por organismos internacionales u empresas privadas. El Banco Central de Venezuela (BCV), tiene la obligación de presentar regularmente los datos inflacionarios, así lo establece el marco normativo interno. En cambio, el mutismo y el retraso en los reportes, se han convertido en los rasgos distintivos del ente. Esta omisión se puede leer claramente, a manera de reconocimiento implícito de la caída abrupta.

En las dos últimas décadas, la pugna se centró sobre la veracidad de las cifras. Inclusive, en los gobiernos que preceden a Chávez, los informes inflacionarios avalados por organismos como el FMI, estaban sujetos a la sospecha de la izquierda. En la crisis de los 90, se presumía el maquillaje de las cifras, para esconder las dimensiones reales de los efectos del paquete neoliberal del gobierno de CAP (2) y, continuado en el de Caldera. Esto llevó a una crecida inflacionaria superior al 103%, en el período de 1993-1998.

En el año en curso, la Asamblea Nacional, ha comenzado a emitir cifras de inflación sin validez para otras instancias del Estado. Es preciso señalar la pugna de la Asamblea Nacional contra el Ejecutivo, desencadenando una cesantía del Parlamento, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante el desacato parlamentario, el gobierno del presidente Maduro ha tomado el atajo de los decretos de emergencia económica, a modo de vía operativa para librar la batalla legal contra la “guerra económica”. Desde la óptica gubernamental, se trata de un estado de excepción, que amerita la entrega de poderes especiales al gobierno, para decidir sobre materia tributaria, de fiscalización entre otras.

Este dilema sobre los indicadores económicos no es nuevo, ni exclusivo de Venezuela. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los diputados de oposición ante el Congreso argentino, decidieron crear su propio índice inflacionario (IPC), cuestionando los datos emitidos por el INDEC. Esta institución es la encargada de la estadística oficial. La batalla de los índices de precios, involucraba a un conjunto de consultoras privadas alineadas con la oposición. La agencia experimentó el cuestionamiento constante del FMI, arguyendo la presentación de cifras falsas.

En la actualidad, la credibilidad del INDEC sigue en vilo en el Gobierno de Macri, al ocultarse la información sobre la inflación del año 2016, bajo el pretexto del “apagón estadístico”. No obstante, el respaldo del FMI a la gestión del nuevo gobierno, ha terminado por levantar las sanciones al INDEC. La estimación de las consultoras privadas, las universidades y el Índice del Congreso en Argentina, revelan los graves efectos de las medidas de shock en materia económica. El incrementó de la inflación se estima a niveles mucho más altos que el promedio regional, sólo debajo del comportamiento de Venezuela. Estas cifras difieren totalmente de las presentadas por el Gobierno de Macri.

Si bien, en el caso argentino se presenta una alta inflación, no se puede extrapolar para el estudio venezolano. Lo rescatable de la comparación, no son los datos en sí, ni tampoco la contraposición de los modelos económicos que es materia para otro texto; en este caso se trata de advertir el uso clave de la estadística o de los indicadores económicos, en la argumentación política. Es elemental mencionar a Joel Best, cuando apunta a la comprensión de la estadística como “construcción social”; lejos del reino de la matemática pura. Los actores políticos sin distinción de ideologías, recurren a la estadística a modo de instrumento retórico frente a la opinión pública y, convierten a los organismos técnicos en una parte esencial de la confrontación.

Partiendo de esta premisa, se puede reflexionar sobre las gestiones del BCV y el INE en Venezuela. En los últimos años, se convocó a expertos para modificar la metodología en el cálculo de la inflación y del PIB. En el fondo, la emisión de información económica implica un reto para la evaluación de la política gubernamental. Frente a las distensiones, el uso de las estadísticas pasa de ser un problema de los técnicos para convertirse en material bélico de primer orden en la ofensiva política. ´

La omisión del BCV y el INE, son paleadas con otros indicadores oficiales. Así, lo registrable es el número de viviendas construidas, el número de toneladas de alimentos distribuidos o el porcentaje de la inversión social. La inflación o la escasez desaparecen en números y, se subsumen en un discurso genérico contra la agresión externa (imperialista) e interna de los grupos de oposición (derecha). En contraparte, la oposición desconoce el origen estructural de la inflación y, tratan de presentarla como un fenómeno chavista, haciendo hincapié en el espinoso ciclo de Maduro.

El Banco Mundial, la CEPAL y el FMI, exponen una recesión continua durante los últimos 3 años en Venezuela. La contracción en 2016, se estimó entre los 8 pts. a 10 pts.; con niveles de inflación superiores al 100%; ubicando al país en el tope del ranking mundial. En el escenario más optimista, presentado por la CEPAL, la recuperación económica luce distante para Venezuela. Precisamente, ante el escenario caótico presentado en los reportes de las agencias privadas o los organismos internacionales, el gobierno recurre al reconocimiento de la FAO en materia de alimentación, o a las cifras diseccionadas de los informes de la CEPAL, como la esperanza de vida.

Los síntomas del malestar económico son evidentes en lo cualitativo. El brutal desplome del salario real, la perversión del control de cambio y, la dificultad para el acceso a los productos básicos, son parte de la cotidianidad de los venezolanos. La caída de los precios petroleros, desequilibró los ingresos en divisas del país, creando serias dificultades para las importaciones y el pago de la deuda internacional. Adicional, la sequía obligó a la reducción de las operaciones de empresas estatales y privadas en 2016, ante la inestabilidad energética altamente dependiente del sistema hidroeléctrico.

Los reportes de organismo de investigación no gubernamentales, presentan la evolución de los precios de la canasta básica, a niveles astronómicos para el ingreso promedio de los hogares venezolanos. Es complicado para quienes no conocen la dinámica interna del país, percibir la diferencia en los índices de precios tomados desde las entidades oficiales, las agencias privadas y los institutos de investigación.

En síntesis, el problema no reside sólo en la autenticidad de la fuente, sino en el contexto de las cifras. De esta forma, mientras el gobierno titula en sus medios de comunicación el número de familias beneficiadas con su mecanismo de distribución de alimentos (CLAP), basado en precios por debajo del salario mínimo (regulados), el resto de los medios asumen los de organizaciones que reflejan los precios abiertos (especulativos), donde el salario mínimo es incapaz de cubrir el 10% de los productos básicos.

En los últimos años, la diferencia entre los datos oficiales y no gubernamentales, cruza al límite de lo inconcebible. No se trata de pequeños puntos porcentuales del cálculo o de errores en alguna variable. Es simplemente, la consecuencia de una economía distorsionada, asentada en un sistema de triple tasas de cambio y, un poderoso mercado clandestino alentado por la lucrativa actividad del contrabando y la reventa interna. En distintas modalidades operan redes de comercialización paralelas, bautizadas con el eufemismo de “bachaqueo”. La distribución de alimentos desde los CLAP es irregular, empujando a satisfacer el consumo en el mercado ilegal ante la escasez de productos en las cadenas de comercialización regulares.

¿Cómo se puede mapear la pobreza sin indicadores económicos? El análisis cualitativo de los datos económicos, es fundamental para el diseño de las políticas públicas. No obstante, a la hora de pensar en opciones, los centros de investigación académicos tampoco están exentos del modelaje de la opinión pública. En el caso venezolano, las universidades autónomas son un espacio de confrontación directa con el gobierno, impregnando el entorno de su producción académica; el resto de las universidades bajo control gubernamental, disponen de exiguos observatorios o think tanks dedicados a la estadística económica.

A modo de cierre, es importante recordar los espasmos del capitalismo y, su agonía a nivel global. Los sectores reformistas y neoliberales, tratan de aprovechar los traspiés de la política económica del chavismo, para estereotipar al estilo Zimbabue, cualquier iniciativa anticapitalista. Por ello, es desacertado presentar la experiencia venezolana, como una prueba inexpugnable del fracaso socialista, a sabiendas de la permanencia del modelo rentístico y la condición periférica.

 

José Fortique /@jfortique

 

 

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