Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

Publicado enColombia
Esa masacre detrás del actual pacto social chino

El giro de Deng Xiaoping, —una acumulación basada en el mercado para luego lanzar los cimientos del socialismo chino—, se había materializado desde principios de la década de 1980 con la cancelación de los 60.000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista y ya no igualitaria.

En la noche entre el 3 y el 4 de junio de 1989, el Ejército Popular Chino reprimió con la violencia de los tanques la protesta masiva que desde el 26 de abril y por iniciativa de los estudiantes que querían celebrar la muerte del ex secretario del Partido Comunista Hu Yaobang, se habían instalado y habían estado manifestándose durante semanas en la plaza de Tianannmen.

Fue un baño de sangre, el de los jóvenes estudiantes que habían comenzado la protesta, pero al final la mayoría de las víctimas fueron los trabajadores, las fuentes oficiales hablaron de 300 muertos, pero otras fuentes, tanto internas como externas, hablaron, de forma más veraz, de miles de muertos. Lo que realmente no podía soportar el nuevo liderazgo chino guiado por Deng Xiaoping, el modernizador pro-occidental que había regresado al poder a fines de la década de 1970 después de haber sido derrocado por el movimiento de la Revolución Cultural nacido contra la ocupación de parte del partido de toda la esfera política y contra la «vía capitalista de Deng», era la extensión de la protesta, ahora generalizada en todo el país y precedida, un mes antes, por la sangrienta revuelta de los trabajadores de Changsha.

Tianannmen será el catalizador, símbolo y detonador de esta protesta social. Desde ese momento, hasta el día de hoy, según las mismas fuentes oficiales chinas, las victimas han sido decenas y decenas de miles, como nuestra Angela Pascucci siempre ha recordado.

En 1989, la extensión y radicalidad de la movilización social cuestionó dos principios fundamentales del giro de Deng: por un lado, las modernizaciones (industria, agricultura, defensa, ciencia/tecnología) comenzaron con la expectativa de la innombrable «quinta» modernización, la de la democratización de la política y la sociedad sobre la que había insistido el movimiento del «Muro de la Democracia» ya en 1979, también aquel reprimido por Deng; y, por otro lado, la unidad del Partido Comunista Chino que cuestionó la gran movilización en curso. No se pudo imitar el cambio que Gorbachov, de visita en China justo a mediados mayo, representó en la URSS.

Los ojos de los medios de comunicación internacionales se limitaron a ver la representación en papel maché de la estatua de la libertad, la americana, erigida en Tianannmen por grupos de estudiantes y la pintura arrojada en un único retrato de Mao. Pero había algo más en la plaza. Además de las miles de imágenes de Mao y las banderas rojas, había trabajadores, campesinos inmigrantes, mujeres…, el ágora, la práctica de la democracia para los sujetos golpeados por las reformas de Dengh.

Esta era la total representación del descontento de la nueva China, devastada por un modelo distorsionado que desde principios de la década de 1980 Deng puso en marcha junto con la dirección del partido guiado entonces por Zhao Ziyang, que luego se opondría a la represión de la protesta.

El giro de Deng Xiaoping, una acumulación basada en el mercado para comenzar entonces las bases del socialismo chino, se había materializado desde principios de los años 80 con el cierre de los 60,000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista que ya no era igualitaria; con el sistema de doble precio, con los mínimos bajo control estatal en lugar del control del mercado de materias primas (antesala de un vasto sistema de corrupción); con, la introducción de «zonas económicas especiales» abiertas a inversiones capitalistas extranjeras; el inicio de las migraciones masivas del orden de cientos de millones de personas a las ciudades «especiales» disponibles para la sobreexplotación de las multinacionales, con el empobrecimiento de la gran China del interior, distorsionando el equilibrio existente entre el campo y la ciudad; la construcción de una nueva clase de súper ricos con la reducción a cero del «tazón de arroz de hierro», el bienestar mínimo pero igual para todos.

Las transformaciones sociales y las contradicciones que se derivarán de ello se refieren a la China de hoy, que se ha convertido en el único país verdaderamente capitalista en la faz del mundo, con ganancias y un alto PIB (un espejismo para Occidente) reinvertido. El pacto social actual en China se basa en la violencia «oculta» ejercida en aquellos días de principios de junio de 1989 en Tianannmen.

Es cierto que el modelo chino de transformación del «socialismo real», que podríamos llamar capitalismo de partido centrado solo en el crecimiento económico, no ha fracasado como la iniciativa de Michail Gorbachov en la URSS con la perestroika, la glasnost y el Congreso de los Diputados del Pueblo que tuvo como objetivo cambiar sólo la esfera política; pero el alto PIB alcanzado, el hiperproductivismo y ahora la siempre importante «Ruta de la Seda», que no compensan al nuevo liderazgo «armonioso» de Xi Jinping de los desastres causados por la destrucción del medio ambiente en China, con el abismo de la desigualdad rampante. y con la búsqueda espasmódica y competitiva de materias primas por el mundo.

La realidad china actual muestra los términos de un desarrollo que para poder existir debe dividir a 1.400 millones de seres humanos de manera desigual y debe destruir y robar los recursos energéticos. Nosotros, a partir de la masacre de Tianannmen, podemos preguntarnos: ¿a qué precio?

09/06/2019

Tommaso de Francesco

veterano periodista romano, es codirector desde 2014, junto a Norma Rangeri, del diario “il manifesto”. Poeta epigramático y satírico, es también autor de novelas y cuentos y compilador de diversas antologías literarias.

Publicado enInternacional
Más de cuatro millones de migrantes venezolanos

Según la ONU, es una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) anunciaron ayer que el número de venezolanos que abandonaron su país por la crisis superó la barrera de los cuatro millones, por lo que se convirtieron en uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.


“El ritmo de salidas de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695.000 a finales de 2015, la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se disparó a más de 4 millones a mediados de 2019, y desde el 1 de enero de 2016 el ritmo se aceleró y se mantiene en la actualidad”, señalaron la OIM y Acnur en una declaración. En solo siete meses, contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en un millón, según datos de las autoridades nacionales y de otras fuentes creíbles utilizados por ambos organismos de la ONU.


Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas y otros bienes básicos, mientras se mantiene una puja de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos.


La actriz estadounidense y embajadora de buena voluntad de la ACNUR Angelina Jolie viajará hoy a la región colombiana fronteriza con Venezuela “para evaluar la respuesta humanitaria al éxodo”, dijo la agencia.


La gran mayoría de venezolanos se han trasladado a otros países de la región, como Colombia, que recibió a 1,3 millones de ellos, seguido de Perú, con 768.000; Chile con 288.000; Ecuador con 263.000; Argentina con 130.000; y Brasil con 168.000.


“Estas cifras son alarmantes y resaltan la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”, comentó el representante especial de Acnur-OIM para refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein. Citado en la declaración, Stein alabó a los países de América Latina y el Caribe “por estar haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes”, pero agregó que no pueden seguir haciéndolo solos, sin ayuda internacional.


Ambos organismos están intentando prestar parte de ese apoyo mediante un plan regional lanzado el pasado diciembre y que les permitiría asistir a 2,2 millones de venezolanos en los países receptores y a 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. El gran problema con el que se han topado es la escasa financiación que ha recibido ese plan, cuyo presupuesto actualmente solo está cubierto en un 21 por ciento.


Maduro anunció ayer que se firmarán nuevos acuerdos para incrementar el apoyo técnico humanitario en materia de salud, entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, informó la cadena Telesur.


“La verdadera ayuda humanitaria está llegando a Venezuela de la mano de China, India, Rusia, Turquía. ¡Han llegado cientos de toneladas de medicinas!”, dijo el presidente durante una jornada de trabajo con el sector salud, en el Palacio de Miraflores.

Publicado enInternacional
“Sabemos los límites de esta derecha y debemos pensar el día siguiente a ella”

Pasados casi cinco meses desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder, vimos que los movimientos populares volvieran a las calles en Brasil. Las protestas contra el ajuste en la educación la semana pasada dejaron bien claro que el actual gobierno no goza de ninguna tranquilidad, como hacía creer el clima en las calles del país luego de las elecciones. En Argentina, el gobierno Macri entrega una sociedad más empobrecida de lo que encontró y en Colombia, masivas manifestaciones tomaron las calles y carreteras del país contra un narco-estado que niega un proceso de paz sobre décadas de guerra interna. En Venezuela, bien, la presentación es innecesaria. Sobre esta coyuntura continental, entrevistamos al periodista e investigador uruguayo Raul Zibechi días antes de las manifestaciones del 15 de mayo en Brasil.

-Correio da Cidadania: En nuestra última entrevista, de enero de 2018 (1), hablamos de los errores del progresismo y el del fin de este ciclo que abría las puertas de un avance conservador. Bueno, en Argentina ya estaba Macri, pero cerca de un año después, el país más grande del continente eligió a Jair Bolsonaro como presidente. ¿Qué impresiones tienes de este gobierno y de su proyecto para el país?


Raúl Zibechi: Creo que la principal característica del gobierno Bolsonaro es que no tiene proyecto de país. Entre otras cosas, porque lo llevó al gobierno un movimiento que es de rechazo a la izquierda, pero apenas eso, un rechazo negativo que no es capaz de construir algo como una nación.


Esto contrasta incluso con el golpe de 1964, que era muy anticomunista pero tenía un proyecto que, en aquel momento, Ruy Mauro Marini definió como sub-imperialismo. Hoy el gobierno no tiene ni siquiera esa intención. Hay una idea de subordinarse a Estados Unidos, o más en concreto, al gobierno de Trump, pero eso ya no alcanza porque se trata de una potencia en declive que lo único que busca es alargar la caída.


Entonces estamos en un momento histórico muy diferente al de medio siglo atrás. El gobierno actual en Brasil es un gobierno sin rumbo, sin proyecto, sin perspectivas.


-Correio da Cidadania: ¿Ves una profundización del modelo extractivo, especialmente en las nuevas políticas para el agronegocio, la minería y la demarcación de tierras indígenas?


Es el mismo modelo de los últimos 20-25 años pero con menores trabas, con menos impedimentos para la expansión del agronegocios. Eso es cierto, pero no debemos perder de vista que es exactamente el mismo modelo, con las mismas características. Sólo que durante algunos años hubo ciertas trabas legales y políticas. Pero ya en la última década, o mejor en los últimos años de Dilma, esas trabas empezaron a levantarse.


-Correio da Cidadania: Si miramos los índices de popularidad del gobierno, que caen cada día y los movimientos sociales y populares que vuelven a organizarse, sumados a las propias peleas palaciegas entre militares y olavistas (2), ¿qué tipo de gobernabilidad tendrán?


Desde hace tiempo pienso que el fin del ciclo progresista no será sucedido por un ciclo conservador, sino por una gran inestabilidad. Hoy asume la forma de crisis de gobernabilidad permanente, de la cual Argentina es el mejor ejemplo, pero Brasil entra también en esa situación.


Un dato mayor en Brasil es que los militares están siendo los que imponen un poco de racionalidad, en casos como Venezuela, o de sentido común, en las reformas que se quieren implementar. Eso revela la profunda crisis de la clase política brasileña que ya no es capaz de gobernar con un mínimo de sentido común. Es evidente que esto no puede durar mucho, a ello sumo los cuatro años que le corresponden a Bolsonaro, si es que llega al final de su mandato. Ya tuvo que resignar al ministro de Educación y es probable que en algún momento caiga el canciller, aunque ya lo tienen neutralizado los militares.


Pero me gustaría decir, además, que la crisis de gobernabilidad es estructural y que va a afectar también a los progresistas si retornan al gobierno.


-Correio da Cidadania: ¿Crees que con las dificultades para gobernar, el gobierno pueda dar un giro aún más autoritario? ¿Cómo esto se aplica a liderazgos comunitarios y de movimientos sociales?


Hoy los gobiernos saben que navegan en aguas turbulentas. Los sectores populares son actores muy importantes y ellos tienen claro que Junio 2013 puede repetirse, lo que cambia todo. Un giro autoritario sería muy peligroso, lo intentan, claro, pero no lo veo como algo que pueda consolidarse. Otra cosa son acciones muy represivas, fuera de control, aparentemente, que sí son muy peligrosas. Por otro lado, si dejamos a las clases medias en sus barrios “nobres” y vamos a la favela, ¿qué sería un giro autoritario allí donde no hay otra cosa que autoritarismo militar, policial y de las milicias?


Por eso creo que no podemos hacer una lectura ideologizada como hace la izquierda electoral. Si somos realistas, sabemos los límites que tiene esta derecha y debemos pensar en el día después. O sea, ¿qué construimos, partidos electorales o movimientos de base que son los que pueden hacernos salir del modelo extractivo?


-Correio da Cidadania: En este contexto, ¿cómo se queda la situación de Venezuela?


Con un gran aislamiento internacional y una gran crisis interna. El gran problema es la economía y las finanzas. No consiguen mejorar la producción y en particular la extracción de petróleo que está cayendo cada mes y se sitúa en un tercio de la que tuvo cuando Chávez llegó al gobierno en 1999. Esto es el punto clave, porque si no consiguen enderezar PDVSA, la economía deja de funcionar en algún momento.


Además hay un grave problema con los precios y con la moneda. Se trata de problemas que no parecen encontrar el modo de resolverse y eso lleva a que el apoyo de la población al régimen chavista-madurista sea cada vez menor. Eso lleva a un cierre autoritario que es inevitable si no consiguen modificar la economía. A todo esto se suma la desestabilización política de la derecha y Estados Unidos y la agresión económica, que terminan de configurar un panorama muy difícil.


-Correio da Cidadania: Se miramos a otros grandes países del continente (3), vemos una Argentina completamente desfigurada, con las cifras de fuga de capital en las alturas, una reforma jubilatoria que despierta el más profundo rechazo de la población y movimientos de mujeres muy fuertes en las calles (4). Colombia, después de décadas de guerra interna, tiene manifestaciones muy fuertes en oposición a las políticas uribistas. ¿Qué lecciones podemos tomar de estas realidades vecinas?


Mi impresión es que en el trasfondo de toda esta situación tan crítica está la acumulación por despojo, por robo, eso que llamamos extractivismo y que se resume en monocultivos muy contaminantes, minería depredadora, grandes obras como Belo Monte y frenética especulación urbana. Esto es el modelo financiero en esta etapa de crisis del imperio y de retraimiento del capitalismo. No quiero hacer esa operación cosmética que hace una parte de la izquierda y que me parece tramposa: si cambia el gobierno y asumen los progresistas, ya no estamos en el neoliberalismo. No, el neoliberalismo no es un gobierno, es un sistema que tiene un pie en la economía de despojo, un pie en la sociedad militarizada (las leyes antiterroristas las aprobó la izquierda y son parte del modelo) y otro pie en la política. La única luz que tenemos en este período tan oscuro son los movimientos de mujeres y de indígenas, que en el fondo son muy parecidos porque tocan la tecla de la opresión y sólo se pueden combatir las opresiones partiendo del cuerpo.


-Correio da Cidadania: Volviendo a la entrevista de 2017, usted habló de Lenin Moreno, entonces el nuevo presidente de Ecuador, y que aún no se sabía si haría una gira a la derecha o no. Pasados dos años, ¿cómo podemos analizar este país, que en tiempos de Correa jugó un importante papel en el ámbito de los gobiernos progresistas?


No hay dudas de que Moreno hizo un viraje a la derecha, en alianza con el empresariado local y con Washington. Creo que ese viraje es para un buen tiempo, porque como lo demuestran las cifras, no es fácil que retorne Correa.


Ahora, hay que preguntarse cómo fue posible. La “traición” no explica nada, porque detrás de Moreno se fue la mayor parte de Alianza País que hasta el día anterior estaba con Correa. Mi impresión es que Correa dejó una situación económica muy mala, con un gran endeudamiento, y que había una gran tensión política sobre todo con los movimientos populares e indígenas. Correa se enemistó con los movimientos y éstos le pagaron apoyando a los adversarios de Correa. No comparto esa actitud, pero la entiendo.


-Correio da Cidadania: ¿Y cómo miras la entrega de Julian Assange por parte de Moreno? Más allá de las imágenes de sus fiestas y excesos, ¿qué esto dice sobre la libertad de prensa o el momento del periodismo, especialmente lo que va en contra de los intereses de los poderosos? ¿Cómo esto puede reflejar en un país como Brasil, donde según la Unesco, es el 6º país más peligroso para ejercer esta profesión?


La libertad de prensa no existe. Sólo hay libertades de todo tipo para las clases medias y altas, pero no hay libertades ni derechos para la mitad pobre, negra y favelada, y sobre todo para los y las jóvenes. Tenemos que crear nuestros propios medios, nuestros propios espacios y poderes, porque un pueblo con derechos pero sin poder, no es nada. Este es el punto. Seguir reclamando derechos y libertades al Estado, está muy bien para los sindicatos cuya base social son individuos con empleo en blanco, formal, con todos los derechos de seguridad social, pensiones, y acceso a la salud y la educación que viven en barrios donde hay saneamiento y así. Pero la otra mitad, la que no tiene empleo ni acceso a ningún servicio digno, pedir derechos no tiene sentido. Está bien que los pidan, pero si además construyen lo propio, “su” salud, “su” educación, o sea su propio mundo.


-Correio da Cidadania: ¿Cuáles son los desafíos más importantes puestos para el campo popular en esta coyuntura?


Lo que acabo de decir: construir el mundo propio. Ese mundo que tuvieron los obreros el siglo pasado, hasta que el Estado del Bienestar desmontó los ateneos, las escuelas populares, el tiempo libre de los obreros, todos los espacios de socialización que eran espacios de poder popular. Si no hacemos esto, estamos a merced de los poderosos.


Para mi esta es la estrategia más importante y eso implica pensar en el largo plazo. La clave de la resistencia de los pueblos originarios es esta, que no dejaron sus comunidades, que las siguen construyendo y sosteniendo. Veo que los pueblos negros están transitando un camino similar, re-construyendo quilombos, que son la clave de la acción popular no estatista como ya lo planteaba Abdias do Nascimento.(5)

Por Raphael Sanz
Correio da Cidadania

 

Notas

1) “El mayor error de los progresismos fue no haber tocado la riqueza; ahora vemos avance continental de las derechas” , Raúl Zibechi, Correio da Cidadania, 6 de janeiro de 2018.
2) Referencia a los partidarios del escritor Olavo de Carvalho, gurú ideológico del presidente Bolsonaro.
3) “La imposible gobernabilidad de las derechas”, Raúl Zibechi, Correio da Cidadania el 7 de mayo de 2019.
4) “Para aprobar reformas impopulares, gobierno Macri reinaugura era de violaciones del Estado”, Correio da Cidadania, 23 de diciembre de 2017.
5) Abdias do Nascimento (1914-2011), dramaturgo, actor, escritor y poeta, activista vinculado al movimiento en defensa de los derechos de los afrobrasileños. Doctor honoris causa en las universidades del Estado de Río de Janeiro (1993) y Federal de Bahía (2000), entre otras. En 1983 resultó electo como diputado federal por el PDT (Partido Democrático Trabalhista). En 1991 y entre 1997 y 1999 ejerció como senador. Sus discursos y proyectos de ley apuntaron a la superación del racismo y el apoyo al movimiento negro. Fue también secretario de Defensa de la Promoción de la Población Afrobrasileña de Río de Janeiro entre 1991 y 1994, y secretario estadual de Ciudadanía y Derechos Humanos del Estado de San Paulo entre 1999 y 2000.


http://www.correiocidadania.com.br/
Traducción de Raphael Sanz para Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Mayo 2019 05:33

La mano dura de Dios

Fieles evangelistas rezan en Rio de Janeiro durante la última misa antes de la elección brasileña de octubre de 2018 / Foto: Dpa Picture-Alliance, Ian Cheibub

Estados Unidos, en el norte de América, y Brasil, en el sur, son la plataforma de expansión de distintas vertientes de un evangelismo conservador que aspira de forma creciente a jugar fuerte en la escena política. Para sus adherentes, se trata de una “guerra espiritual” para remodelar la sociedad en función de sus creencias religiosas.

 

El fenómeno no es nuevo –data de casi cuatro décadas atrás–, pero en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar (a Brecha incluida), por la fuerza que ha tomado en países latinoamericanos, como Brasil y Costa Rica –también Guatemala, México y, crecientemente, Chile–, en Estados Unidos, en países de Asia. Su incipiente desembarco en el muy (¿muy?) laico Uruguay incluso ha llamado la atención.


Lo cierto es que el “evangelismo”, esa denominación no muy precisa que engloba a “grupos religiosos herederos del cisma del siglo XVI: luteranos, metodistas, calvinistas, bautistas, menonitas, presbiterianos y pentecostales, entre las denominaciones más conocidas”,1 está alcanzando en toda América un peso político que nunca había tenido. El ejemplo más reciente llegó de Estados Unidos, más precisamente de Alabama, un estado que acaba de aprobar una ley ultrarrepresiva en materia de aborto, muy similar a las que rigen en El Salvador y Nicaragua, donde también la presión religiosa (pentecostalista o católica) llevó a que la interrupción del embarazo fuera prohibida incluso en caso de violación o incesto. La norma lo considera un homicidio –salvo cuando está en peligro la vida de la madre– y pena con hasta 100 años de prisión a los médicos que lo practiquen. “Esta legislación es un poderoso testamento de las firmes creencias de los residentes de Alabama de que cada vida es preciosa y un regalo sagrado de Dios”, dijo la gobernadora del estado, Kay Ivey, al promulgar la ley.


Quienes la votaron en el Senado del estado eran todos hombres y todos blancos. Diversos movimientos sociales –como el feminista y la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles– intentarán bloquear la aplicación del nuevo texto y probablemente logren que un juez federal lo haga, invocando la decisión de la Corte Suprema de 1973 (fallo “Roe versus Wade”) que reconoció el derecho al aborto a nivel nacional. Intentos similares de impedir la práctica del aborto han quedado en letra muerta por resoluciones judiciales. Alabama no será la excepción. La gobernadora evangelista admitió que lo más factible es que las clínicas en que se practican las interrupciones voluntarias del embarazo en su estado permanezcan abiertas. Apuesta, sin embargo, a que a corto plazo las cosas cambien.


***


Desde que Donald Trump nombrara a los veteranos Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch sucesores de dos ministros “progresistas” que se jubilaron, el máximo tribunal de justicia estadounidense se inclinó marcadamente a la derecha. El presidente prometió en la campaña electoral que no pararía hasta “erradicar” de los tribunales a los jueces abortistas. Se lo dijo a los evangelistas con los que estableció una alianza de hecho. Y, como en otros terrenos, está cumpliendo.


En los papeles, esa alianza no parecía tan simple. Dos veces divorciado, mundano, juerguista y mujeriego, el magnate no calzaba en el perfil de político más preciado por los religiosos conservadores, que en Estados Unidos pululan, sean del culto que sean. Máxime cuando a fines de los años noventa se declaró favorable al derecho al aborto. Pero, para las elecciones pasadas, eligió como compañero de fórmula a Mike Pence, un evangelista que se definió como “cristiano, conservador y republicano, en ese orden”. Una vez en la Casa Blanca, se rodeó de muchos otros evangélicos ultraconservadores, entre ellos, su secretario de Estado, Mike Pompeo, un duro que anda jugando al cowboy en Venezuela e Irán; su portavoz, Sarah Sanders, para quien Trump es presidente porque “Dios lo votó”; su ministra de Educación, Betsy DeVos, que está desmantelando la enseñanza pública y favoreciendo a la privada, y poniendo en práctica, a golpe de millones de dólares, eso de que “la lucha contra las ideologías disolventes y ateas se juega sobre todo en el terreno de la educación”; su ministro de Energía, Rick Perry, un petrolero texano para quien el calentamiento global es cosa de terroristas verdes… Y así.


***


La unión entre la derecha y los grupos religiosos duros no es precisamente reciente en Estados Unidos. Desde fines de los años setenta, época en que “el reverendo Jerry Falwell, teórico de la ‘mayoría silenciosa’, anuncia el fin de la neutralidad”, es un matrimonio consumado, afirma un informe publicado por el diario francés Libération (16-V-19). Desde entonces, la mayoría de los pastores y fieles de las iglesias evangélicas se inclinan en favor del Partido Republicano en cada elección. Lo hacen de manera creciente: con Ronald Reagan primero, con Bush padre e hijo luego, y sobre todo con Donald Trump ahora. Con “Trump y Pence, religión y política hacen uno”, dice el periodista Michael D’Antonio en su biografía del actual vicepresidente (The Shadow President. The Truth about Mike Pence). En las últimas elecciones, 80 por ciento del voto de los evangélicos –que representan alrededor de un cuarto de la población estadounidense– fue a parar al candidato republicano. Sin el apoyo (ideológico y económico) de los predicadores mediáticos de las megaiglesias pentecostales, Trump no hubiera sido jamás elegido, dice a Libération Katherine Stewart, especialista en el movimiento evangelista estadounidense. Y el sociólogo suizo Philippe González, profesor en la Universidad de Lausana y autor del libro Que ton règne vienne. Des évangéliques tentés par le pouvoir absolu, afirma que en la era Trump se está dando en Estados Unidos “la emergencia de una tercera generación de evangélicos conservadores que penetra realmente las instancias políticas del poder”. Otrouniversitario europeo, Yannick Fer,docente en el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia y especialista en el neopentecostalismo,declaró a Libération que “en Estados Unidos los organismos misioneros evangélicos y pentecostalistas participaron efectivamente en lo que se ha llamado soft power”. Lo hicieron sobre todo “en el contexto de la Guerra Fría y del miedo al comunismo, cuando fueron utilizados como una barrera a la difusión de ideologías políticas de izquierda”.


***


Pero ahora no sólo predican. También legislan y gobiernan, apunta Philippe González. El investigador suizo dice que fue en tiempos de Ronald Reagan que se esbozó el pasaje a la acción política de un sector del pentecostalismo que hasta entonces veía con reticencias dar ese paso. A fines de los setenta, se conformó en el país una suerte de derecha teoconservadora, que reúne a religiosos inspirados, por un lado, en George Weigel, un universitario católico muy cercano al papa Juan Pablo II (fue uno de sus biógrafos) y, por otro, en Charles Peter Wagner, un teólogo protestante muerto en 2016, que fue misionero en Bolivia durante más de 15 años y teorizó sobre la necesidad de una nueva reforma apostólica.
Wagner propulsó el neopentecostalismo como conductor de una “guerra espiritual” para liberar del “dominio de Satán” no sólo a cuerpos y espíritus, sino también territorios, países, gobiernos. “Una focalización sobre los valores familiares, la lucha contra el aborto y los derechos de la comunidad Lgbt, la oposición a la teoría de la evolución y a la ‘ideología de género’” conformaron la matriz ideológica de esta tendencia, que en Estados Unidos empezó a tener un peso político concreto en los primeros años de dos mil con la administración del republicano George W Bush, un born again, un converso al protestantismo, que estableció sesiones de lectura obligatoria de la Biblia en la Casa Blanca, señala Yannick Fer. Los gobiernos demócratas (Clinton, Obama) los exiliaron de la gestión política, pero con Trump volvieron por sus fueros, y con una fuerza mucho mayor.


***


La decisión del rubio republicano de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén les supuso una victoria simbólica: para los evangélicos neopentecostales, Israel es la tierra del pueblo elegido y defender su territorio de los acosos de Satán, un “deber sagrado”, dice González. En una reciente entrevista con la agencia Sputnik (28-I-19) a propósito de la expansión del neopentecostalismo en América Latina, el antropólogo uruguayo Nicolás Guigou destacaba cómo la flamante ministra de la Mujer y la Familia de Brasil, Damares Alves –quien en 2018 apareció en un video, que acaba de ser revelado, en el que llamaba a los padres a que prohibieran a sus hijas ver la película Frozen porque, según ella, fomenta el lesbianismo–, asumió su cargo envuelta en una bandera israelí. Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo explícito de neopentecostales como Alves, intentó seguir el camino de su “amigo” Trump en la mudanza de la embajada en Israel. Todavía no lo pudo hacer, por un tema de equilibrios políticos internos, pero sí lo hizo el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales, otro presidente latinoamericano allegado a los evangélicos, en un país en el que representan ya 40 por ciento de la población.


En la Cisjordania ocupada, subraya el informe de Libération, los neopentecostales, aliados a los sectores más duros y conservadores del judaísmo, se mueven. “Hay en Israel un auge del sionismo cristiano made in Usa”, afirma el diario francés, y cita casos concretos de asociaciones y colonos cristianos de origen estadounidense que “trabajan” codo con codo con los colonos judíos en la ocupación y el arrebato de tierras palestinas. Los rabinos locales “están muy contentos” de ver cómo estos extranjeros, a los que miraban de reojo cuando desembarcaron, porque sospechaban que querían convertirlos, hoy los respaldan, dijo un integrante de una de esas asociaciones. Un apoyo sumamente bienvenido “en tiempos de Bds” (la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones, llevada a cabo internacionalmente contra el estado de Israel). La International Fellowship of Christians and Jews, animada fundamentalmente por evangélicos, destina unos sesenta millones de dólares por año a apoyar proyectos de colonización en los territorios palestinos ocupados.


***


La “guerra espiritual” pregonada por Wagner tiene muchos blancos, según la región en la que los neopentecostales se muevan: la Iglesia Católica y los movimientos de izquierda, feministas, de la diversidad sexual en todos lados; los cultos afro en América Latina; el islamismo en África, Europa y, crecientemente, Estados Unidos; el budismo en Asia. Corea del Sur es uno de los países en que más se expandieron los evangélicos desde los años sesenta, cuando comenzó a operar en ese país, bastión de Occidente en la Guerra Fría, la Yoido Full Gospel, una iglesia fundada por el pastor Cho Yonggi, que durante años fue traductor para el ejército estadounidense. Un 20 por ciento de los 50 millones de habitantes del país serían hoy evangélicos, y en Seúl y otras ciudades surcoreanas funcionan las iglesias más grandes del mundo de esos cultos, más aun que las brasileñas. Durante los largos años de la dictadura militar iniciada en 1961, los evangélicos respaldaron de hecho el régimen. Nigeria y la República Democrática del Congo son los países africanos en que más han logrado penetrar los neopentecostales. También en Afganistán y Sudáfrica, aunque en menor medida. Ahí chocan fundamentalmente con el Gran Satán islámico, uno de sus mayores enemigos, dijo Nicolás Guigou en noviembre pasado a Brecha (16-XI-18), y en esa confrontación han sido objeto incluso de masacres, sobre todo en Nigeria.


En esa nota se citaba un informe de 2017 de la consultora Latinobarómetro que daba cuenta del avance del protestantismo en el que es todavía el mayor reservorio planetario de la Iglesia Católica. Se decía que el evangelismo habría pasado de abarcar 5 por ciento de la población latinoamericana a abarcar 20 por ciento en unas pocas décadas. Las cifras actuales serían aun mayores, y la tendencia al crecimiento de estos cultos se mantendría e incluso se acrecentaría en los próximos años. La World Christian Database, una publicación de la Universidad de Oxford que reúne datos y estadísticas sobre el cristianismo en el mundo, proyecta un crecimiento exponencial de los pentecostales en el mundo en los próximos 30 años: serían más de 1.000 millones en 2050, contra 1.600 millones de católicos. n

23 mayo, 2019


1. Pablo Semán, “Pentecostalismo y política en América Latina. ¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen?”, Nueva Sociedad, marzo-abril de 2019.

Publicado enSociedad
Viernes, 10 Mayo 2019 06:14

Militares, policías y democracia

Militares, policías y democracia

¿Es posible modificar la cultura política y la actitud concreta hacia la población de las fuerzas armadas y policiales? A la luz de la experiencia reciente en Uruguay y Brasil, la respuesta es negativa. Luego de tres décadas y media de democracia y más de una década de gobiernos de izquierda, los aparatos represivos reafirman su papel tradicional y no están dispuestos a modificarlo.

Me referiré en particular a las fuerzas armadas, ya que tienen alguna especificidad respecto a las policiales. En Uruguay acaba de registrarse una crisis entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el alto mando militar (por el encubrimiento por los mandos de torturadores y asesinos), que se saldó con el relevo en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar. Sin embargo, los problemas a los que me refiero no se relacionan con una u otro persona. Son estructurales.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, ofreció una entrevista en la que explica el inmovilismo por la endogamia de la familia militar. "Las relaciones de los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales se dan en entornos familiares que proceden de la misma profesión", explica (https://bit.ly/2GRl8Fi).

Eso explica, en su opinión, la "enorme carga de los militares retirados sobre los oficiales más jóvenes en relación con un relato construido y difundido en los entornos cotidianos de los oficiales. Es imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares".

La izquierda en el gobierno desde 2005, sostuvo la necesidad de modificar la educación en las escuelas militares, algo que tampoco puso en práctica.

En Brasil sucede algo similar. Los militares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. No sólo los retirados que están en el gobierno de Jair Bolsonaro, que son los que pueden hacer declaraciones públicas, sino las propias fuerzas armadas como institución. Ellas jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula, de la mano del anterior comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas.

La izquierda brasileña critica con dureza a Bolsonaro y al juez Sergio Moro, ahora ministro, lo cual es acertado. Pero no habla de la comunicación del general el día antes del juicio a Lula, el 3 de abril de 2018: "Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo y las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia" (https://bit.ly/2q4Iwq9). Fue una presión indebida sobre la justicia, pero representaba la opinión de las fuerzas armadas.

Me interesa constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo, y que la izquierda no está debatiendo lo que hacer al respecto.

Sobre la primera cuestión, no podemos engañarnos, ya que el papel de los militares en la sociedad (al igual que si hablamos de las fuerzas policiales) no depende de tal o cual oficial, ni siquiera del gobierno de turno, porque responde a una cuestión estructural. Las fuerzas armadas pueden aceptar la democracia y aún las reglas de las instituciones democráticas, pero no van a cambiar sus modos y harán todo lo posible para neutralizar cualquier actitud del poder político que afecte sus intereses.

Coincido con las afirmaciones del ministro Bayardi en el sentido de la "endogamia", como parte de la explicación del continuismo militar respecto a las dictaduras. En Brasil la dictadura terminó en 1985 (casi 35 años de democracia) y el PT gobernó entre 2003 y 2016. En Uruguay la dictadura terminó en 1984 y el Frente Amplio gobierna desde 2005. Ahora se reconoce lo evidente, que no hubo cambios en la mentalidad ni en la actitud de los militares, pese a que ambos gobiernos les han otorgado beneficios materiales importantes, tanto salariales como presupuestales para la modernización de las fuerzas.

La segunda cuestión es la izquierda. El problema es que no debatimos sobre las fuerzas armadas, quizá porque deberíamos entonces discutir sobre las continuidades en la cultura del poder judicial, de la policía, del parlamento, en fin, de todos los estamentos con poder que conforman la sociedad. Y por último terminaríamos debatiendo sobre las y los militantes de izquierda.

Lo más grave, a mi modo de ver, es que no sólo no debatimos sobre los armados sino que tampoco sabemos qué hacer. Los tiempos transcurridos en democracia y bajo gobierno de izquierda son suficientes para hacer balance. La realidad de estos dos países es la misma que la de todo el continente, más allá del color de los gobiernos.

Podemos seguir haciéndonos los distraídos, hasta que la falta de actitud se nos vuelva en contra. El problema de los cuerpos armados, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos está hablando de los límites que tiene administrar el Estado.

Publicado enPolítica
“Ni una gota de sangre en Mapiripán fue casualidad”, dicen líderes comunales

Un relato de la primera travesía de la Comisión de la Verdad por este municipio del suroriente de Meta

Llegaron a la 1 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Entraron en volquetas, camiones y camionetas lujosas. Iban acompañados de los que se decían legales. Eran casi 200 hombres, “pero en un caserío tan pequeño como Puerto Alvira parecían mil”, cuenta Carmen*, una campesina de la zona. Le disparaban al que se les atravesara por el camino y al que quedara medio vivo le pasaban las llantas de las volquetas por la cabeza para rematarlo. Algunos estaban de botas y camuflado; otros estaban de civil, pero encapuchados. Entraron gritando, dando órdenes, escupiéndole en la cara y disparándole a los pies al que se atreviera a mirarlos a los ojos. Sacaron a la gente de sus casas. La llevaron a la pista de aterrizaje de las avionetas y a la cancha de fútbol. Allí la organizaron en filas. Hicieron formar hasta a los bebés. Sacaron una lista. “Las siguientes personas, un paso al frente”. Gritaron los nombres y los apellidos de 29 campesinos. A esos 29 los amarraron. A unos los degollaron y a los demás los llevaron al pie del puerto, donde estaban los surtidores de gasolina. Le dispararon a uno de los tanques. La gasolina se derramó sobre las víctimas, que estaban heridas pero vivas. Les prendieron fuego. Sus cuerpos ardieron toda la tarde. “Los finados quedaron pequeñitos de lo chamuscados y oliendo a un olor que a uno no se le borra jamás”, dice Carmen, quien sobrevivió y lo vio todo. “Lo que los paramilitares hicieron en Mapiripán en cinco días, aquí, en Puerto Alvira, lo hicieron en cinco horas”, cuenta.

 

La ruta del terror


La masacre de Puerto Alvira, un caserío ubicado en el suroriente de Meta, a orillas del río Guaviare, fue una de las matanzas que paramilitares perpetraron en un recorrido del terror que inició diez meses atrás en el casco urbano de Mapiripán y que se extendió por varias veredas, inspecciones y caseríos.


“Las comunidades de estos pueblos soportaron todas las crueldades posibles. Fueron prácticamente exterminadas. En algunos lugares no quedaron sino las ruinas de las casas incendiadas, pero sus historias de dolor quedaron eclipsadas por la masacre de Mapiripán de julio de 1997, que solo fue un capítulo de la política de exterminio que vivimos en el sur de Meta”, dice Juan, defensor de derechos humanos.


En una travesía de varios días, un equipo de la Comisión de la Verdad recorrió las trochas y las sabanas que a finales de los noventa se convirtieron en rutas de dolor y muerte y que, desde entonces, han sido escenario de masacres, torturas, asesinatos selectivos, despojos de tierras, desplazamientos y desapariciones forzadas.


La Comisión estuvo en Mapiripán y en otros cuatro caseríos de la zona, donde escuchó los relatos de algunos de los pobladores que decidieron regresar a sus casas después de años de destierro. Aún parecen pueblos fantasmas: casas abandonadas, techos pudriéndose, escuelas y centros de salud en ruinas, paredes perforadas por balas, calles y patios destruidos por bombas y cilindros, locales ahogados en maleza. Y en esa desolación, 10 o 20 familias que volvieron, sin ninguna garantía, para reclamar las tierras que les quitaron cuando los obligaron a irse.


No somos ‘efectos colaterales


“Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros; le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente inocente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue chiripa; que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros”, dice Francisco, un líder comunal de la región.


“Si de algo sirve desenterrar la verdad –anota Francisco– es para que la gente entienda que en este conflicto nada ha sido casualidad y que ni un solo campesino torturado, desaparecido o asesinado fue un “efecto colateral”, anota el líder.


No fueron casualidad los asesinatos de 50 campesinos en el matadero municipal de Mapiripán, donde los torturaron, los castraron y los degollaron para luego botarlos al río Guaviare. Tampoco lo fue la primera matanza de la inspección de La Cooperativa, que fue simultánea a la de Mapiripán. “No les bastó con matarlos. También los despedazaron y les dieron de comer a los perros los cuerpos desmembrados de sus víctimas”, dice una sobreviviente de ese caserío.


No fueron ‘efectos colaterales’ las personas que murieron en la masacre de Puerto Siare –las botaron en canecas y en lonas con arena para incinerarlas–, ni lo fueron los campesinos sobrevivientes a los que los obligaron a cargar los cadáveres de sus propios vecinos para botarlos, con el estómago lleno de piedras, en el río Meta.


No fueron casualidad las masacres de Tillavá, del Mielón, del Pororio, de Guacamayas y del Rincón del Indio, a donde los masacradores llegaban, mataban, se iban y volvían para seguir matando. No quemaron todas las casas del Anzuelo porque sí, ni cerraron por azar las trochas que conectaban todas las veredas con el centro poblado de Mapiripán. “Andar por cualquier camino era una pena de muerte. Hubo una época en la que ningún civil podía entrar al casco urbano y las remesas solo llegaban, por río, desde Venezuela”, cuenta un campesino de la región.


No fue casualidad que hayan tomado el control casi absoluto del Danubio, Santa Helena, San Antonio, El Alto del Águila, Merecure y otras veredas para fundar grandes haciendas. “O me firma la escritura de la finca o lo mato”, “me dice dónde está el enemigo o lo pico a pedazos”, “se largan a otra parte o se van para la fosa”, les decían.


Lo lograron. Aterrorizaron a las comunidades. Los que no murieron, huyeron. Vaciaron veredas y caseríos. Despojaron fincas campesinas enteras. Se quedaron con buena parte de las tierras de los indígenas y, al final, a esas tierras les aparecieron nuevos dueños.


Tenemos muchas preguntas


“Veinte años después del horror –dice Francisco–, estas tierras, vaciadas de comunidades, están forradas en palma. Hace poco llegaron unos señores a explorarlas. Dicen que todo el tiempo vivimos encima de miles de pozos de petróleo y que no nos dimos cuenta. En los periódicos anuncian que esta tierra es apta para grandes industrias, que en buena parte de Mapiripán se ‘consolidará’ el futuro agroindustrial y petrolero de Colombia”.


“Vivir de suposiciones cansa –señala Francisco–. Los sobrevivientes solo queremos la verdad y tenemos muchas preguntas: ¿Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?”.

Por Comisión de la Verdad
Prensa Rural

Publicado enColombia
Kevin Kühnert, el líder de los jóvenes socialdemócratas alemanes que quiere colectivizar BMW

Apenas tiene 29 años, pero son suficientes para guiar el actual debate sobre cuestiones económicas y sociales de la izquierda en Alemania. Se llama Kevin Kühnert. Con sus sonadas propuestas suele agitar al establishment político alemán. Sus ideas, como esa que formulaba hace unos días y según la cual sería bueno "colectivizar" una empresa tan importante como el fabricante de coches BMW, levantan ampollas, especialmente en la que es su familia política: el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).


Kühnert, el líder de Jusos –la organización juvenil del SPD–, se empeña últimamente en traer ingentes dosis para el gran partido de centro-izquierda germano de eso que el semanario liberal británico The Economist llama "Socialismo milenial". Sus ideas no pasan desapercibidas porque tienen mucho que ver con un número creciente de cuestiones que preocupan a grades sectores de las sociedades occidentales.


De hecho, Kühnert se ha hecho un nombre en política hablando de problemas como la precariedad y la temporalidad en el mercado de trabajo, de la necesidad de un mayor salario mínimo, de imponer mayores impuestos a las rentas más altas o, más recientemente, la colectivización. Estos son temas con los que han crecido en influencia y relevancia figuras de la política internacional como la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez o el actual líder del laborismo británico Jeremy Corbyn.


Control democrático de los beneficios


En su última y más comentada intervención, Kühnert se mostraba a favor de una colectivización de empresas como BMW en una larga entrevista sobre el tema del socialismo concedida a la revista Die Zeit. BMW es una de las compañías que ejercen de referente internacional para la reputada industria alemana del automóvil. "El reparto de los beneficios debe estar controlados democráticamente", decía Kühnert a Die Zeit en su primer número de mayo a cuenta de la colectivización de BMW.


Por hacer esas declaraciones a Kühnert le llovieron críticas por todas partes. Las hubo de otros socialdemócratas y, por supuesto, de responsables de partidos rivales: liberales, conservadores y ultraderechistas. Asociaciones empresariales también salieron a la palestra para criticar al líder de Jusos. "¡Populistas del mundo uníos!", llegó exclamar el diario conservador Die Welt, ilustrando en fila a Kühnert junto a Jean-Luc Mélechon, líder de Francia Insumisa, y a Pablo Iglesias, líder de Podemos, entre otros.


En declaraciones a la revista Der Spiegel, Kühnert se reafirmaba días después de la lluvia de críticas tras la publicación de la entrevista y decía haber hablado "en serio" cuando mencionaba la idea de colectivizar empresas como BMW. La colectivización no figura precisamente entre las prioridades del SPD, partido que actualmente forma una coalición gubernamental con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido conservador bávaro hermanado a la formación de la canciller.


De ahí que hubiera personalidades del SPD, como el diputado del Bundestag Johannes Kahrs, que descalificaron abiertamente al líder de Jusos. "Menudo disparate. ¿Qué ha fumado éste?", afirmaba Kahrs en su cuenta de Twitter. En tono menos ofensivo pero no por ello más conciliador reaccionaba la presidenta del SPD, Andrea Nahles. "Veo equivocadas las respuestas que da Kevin Kühnert", dijo la lideresa de los socialdemócratas germanos. Sin embargo, en el SPD, también los hay comprensivos con Kühnert y con los motivos por los que el líder de Jusos habla ahora de colectivizar BMW o, como el año pasado, de subir el salario mínimo a 12 euros la hora cuando ese mismo salario mínimo estaba entonces en algo más de 8,5 euros la hora. La coalición de Gobierno lo incrementó a 8,84 euros el año pasado.


"La excitación causada por las afirmaciones de Kühnert muestran que ha planteando el buen interrogante: (…) la cuestión del reparto de la riqueza", ha dicho en este sentido el responsable de Interior de la ciudad-estado de Berlín, el también socialdemócrata Andreas Geisel. Con él coincide Alexander Kritikos, del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW, por sus siglas alemanas).


Un SPD sumido en una crisis existencial


"Uno tiene que diferenciar entre esas afirmaciones de Kühnert y el por qué él dice lo que dice. A saber, uno tiene que pensar en qué se puede hacer para que la economía de mercado funcione mejor", dice Kritikos a eldiario.es. "Hay problemas como el reparto de la riqueza. En los últimos años, aunque hubo crecimiento económico, la mitad menos favorecida no sacó provecho de ese crecimiento", abunda este investigador. Éste es el contexto en el que se expresa Kühnert, quien no habla de socialismo queriendo repetir experiencias como la de la extinta República Democrática de Alemania (RDA).


El SPD, como muchos otros partidos socialdemócratas en Europa, se ha convertido de un tiempo a esta parte en un partido en crisis. Los socialdemócratas, liderados por Martin Schulz, firmaron el peor resultado de su historia en las pasadas elecciones generales de 2017 (20,5%). Ese desastre electoral forzó en último término que a Schulz le sustituyera Nahles. Pero con ella al frente, el SPD, que en su día fue el gran referente de la izquierda alemana, sigue sumido en una profunda crisis existencial.


Los sondeos no hacen pensar que la depresión políltica socialdemócrata esté resuelta. Al partido los sondeos de intención de voto le atribuyen ahora un 15%. El SPD está por detrás en las encuestas de la CDU/CSU (29%) y de Los Verdes (20%), y no muy por encima de la ultraderecha. La formación ultra Alternativa por Alemania (AfD) se identifica hoy por hoy con un 13% del electorado.


Las ideas de Kühnert, aunque no sirvan para reanimar del todo a su partido, permiten al SPD no perder de vista lo que parece ser para la izquierda el signo de los tiempos. "No sé si la idea de la colectivización va ayudar al SPD a forjarse un perfil, pero el SPD tiene todavía que plantearse qué políticas quiere representar, y posicionarse", concluye Kritikos.

Publicado enInternacional
El poder en Francia vive bajo el influjo amarillo

El movimiento dejó una estela poderosa que abrió brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, la solidaridad colectiva y las fallas de la democracia.

Ya no importa saber si son muchos o pocos, si llegan a 50 mil o a apenas unos miles. Los chalecos amarillos se han metido por todos los intercisos de la sociedad y la habitan de forma expandida, más allá de las cifras de sus movilizaciones, los relatos de sus divisiones o la contra propaganda del gobierno y los medios que, con todas las artimañas, intentan expulsarlos de la escena social a través de procesos groseros y violentos de deslegitimación. El movimiento que surgió a mediados de noviembre de 2018 es una pesadilla de un solo color. Este sábado, en lo que fue el acto número XXV de su irrupción callejera, el movimiento reunió en París no más de 2000 personas. Pero el impacto de esa estrecha presencia callejera testimonia una suerte de tensión que rodea todo lo que ocurre en torno al color amarillo. Primero fueron un enigma social, luego un desafío al poder, después un dolor de cabeza político y un cuestionamiento de la desigualdad arraigada en el sistema liberal, más tarde una exigencia de renovación institucional y de justicia fiscal, al fin, un fenómeno cultural a través del cual se interrogan todas las injusticias pasadas y presentes de los liberalismos que gobiernas al mundo. Aún no pasó a la historia y, no obstante, el movimiento amarillo vive en un tiempo presente que se prolonga y ha atraído detrás de él una extraordinaria producción de libros, artículos y ensayos. Es hoy un vasto territorio de papel surgido desde el fondo de un país al que se creía “indiferente” ante la política.


En el libro Le fond de l’air est jaune (El Fondo del aire es amarillo), el periodista Joseph Confraveux (Mediapart) pone de relieve una dimensión fuera de lo común: durante los últimos 30 años de luchas sociales y movimientos de todo tipo, nadie logró instalar en la sociedad el tema de la “injusticia social”. Los chalecos amarillos sí. Se han convertido en una suerte de subconsciente que desvela a quienes tratan de presidir los destinos colectivos de Francia. La presidencia de la República y el gobierno llevan seis meses diseñando respuestas para contener la bronca de esa Francia que no ha perdido su encono hacia el poder. Desde diciembre de 2018, cada paso del poder sigue las huellas amarillas. A finales de abril, el presidente Emmanuel Macron inició un proceso de descontaminación de la imagen que lo persigue desde mayo de 2017 y cuyos rasgos fueron acentuados por los chalecos amarillos. Una suerte de presidente Rey que todo lo hace, todo lo puede y todo lo controla. Macron decidió “compartir” con el primer ministro Edouard Philippe la implementación de las medidas que el mismo Macron anunció unos días antes como resultado del “gran debate nacional” que el macronismo inventó como fórmula para apaciguar la revuelta amarilla cuando esta se encontraba en su máximo nivel. Todo empieza de amarillo y termina con el mismo color. Emmanuel Macron animó en persona ese debate al cabo del cual reconoció que en el país existía “un profundo sentimiento de injusticia fiscal, territorial y social. Y hay que darle una respuesta”. El mandatario decidió mejorar las jubilaciones y bajar los impuestos. No se sabe aún de donde sacará los 5000 millones de euros que ese recorte fiscal implica pero lo cierto es que es una de las respuestas directas al malestar que originó el volcán de los chalecos. Aunque las manifestaciones amarillas de los sábados atraen cada vez menos gente, estas se han institucionalizado y convertido en un “termómetro” al que se consulta como un oráculo. El movimiento dejó una estela poderosa que abrió múltiples brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, las finanzas, la fiscalidad, la democracia, la justicia social, la solidaridad colectiva, la igualdad, los medios de comunicación, las redes sociales, las fallas de la democracia representativa y los muchos mecanismos de sumisión de que cuenta el poder. El llamado “sistema” recibió un golpe de tales magnitudes que, incluso si no perdió el combate, sigue en medio del ring aturdido por los golpes.


Hace un par de días, el diario Libération publicó una columna firmada por más de 1500 actores de la cultura en respaldo a la revuelta amarilla. Bajo el título “Chalecos amarillos, no nos engañamos”, actores, periodistas, científicos, escritores, dibujantes y guionistas escriben que no sólo se trata de un fenómeno “sin precedentes” sino, también, de que los chalecos amarillos constituyen “un movimiento que el poder quiere desacreditar y al que reprime severamente cuando, en realidad, la violencia más amenazadora es económica y social”. Los “chalecos amarillos somos nosotros”, escribe este grupo. Los firmantes impugnan de forma muy firme el extraordinario arsenal legislativo y policial con el que el macronismo se dotó para reprimir a los chalecos amarillos y, por añadidura, a todo aquel que se le ocurra manifestar. Los autores de la columna estiman que esa represión “pisotea nuestras libertades individuales”. Basta con salir a la calle con los chalecos para comprobar la exacerbación y la violencia desmedida con la que actúa la policía. De los palos y los gases, en París, no se salva nadie: hombres o mujeres, jóvenes o de tercera edad, sanos o minusválidos, todos han vivido el violatorio privilegio de verse insultados, agredidos o maltratados por la policía. Y los que fueron arrestados incluso de forma injustificada, con falsas acusaciones policiales, experimentaron la justicia parcial y expeditiva de los tribunales de “comparecencia inmediata”.
El poder vive aún bajo el influjo amarillo, tiene miedo e incurre en una suerte de exceso autoritario que termina por empanar la ética democrática de la cual el país se prevalece ante el resto de los mundo. Sin buscar ese objetivo, los chalecos amarillos mostraron todas las contradicciones de las democracias modernas: desde su desigualdad de raíz, hasta su autoritarismo armado cuando se trata de reprimir y criminalizar a los movimientos sociales. Esa violencia, sumada a la que desparraman los Black Blocs y otros extremistas, fueron poco a poco adquiriendo el protagonismo de las marchas amarillas. Por ello, los autores de la columna publicada en el matutino Libération invitan a renovar la apuesta para resurgir:

“utilicemos nuestro poder, el de las palabras, el de la música, el de la imagen, el del pensamiento y el del arte para inventar un nuevo relato y apoyar a todos aquellos y aquellas que, desde hace meses, luchan en las calles y las rotondas”. Los chalecos amarillos ganaron una batalla objetiva y subjetiva substanciales: empujaron al poder a reflexionar, a trastornar su agenda, a mirar hacia la gente. Luego, reinstalaron temáticas de autonomía, de libertad y de justicia que parecían enterradas. Entonces no importa cuántas personas manifestarán cada sábado. Los chalecos amarillos han impregnado toda la sociedad. Llegaron a ese cielo influyente donde viven los poderes inmateriales.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enPolítica
 Luz Marina Monzón. Camilo Rozo

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, surgida de los acuerdos de paz, calcula cerca de cien mil casos

Luz Marina Monzón (Villavicencio, 1964) lleva media vida dedicada al tema de los desaparecidos en Colombia. Desde que comenzó a trabajar con la Comisión Colombiana de Juristas, hace más de 20 años, ha representado algunos de los casos más emblemáticos. Abogada con especializaciones en ciencias penales y criminológicas y derechos humanos, dirige desde hace poco más de un año la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la entidad encargada de atender las estremecedoras dimensiones del fenómeno en medio del conflicto armado que durante más de medio siglo ha asolado Colombia. Con cerca de cien mil casos, la cifra supera a todas las dictaduras del Cono Sur.


Surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, la Unidad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que dos años y medio después de la firma del pacto aún enfrenta resistencias en algunos sectores del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque. En este contexto, Monzón comienza este lunes una gira para fortalecer relaciones con autoridades, organizaciones de derechos humanos y familiares en el exilio en Madrid, Berlín y Barcelona.


Pregunta. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha dicho que la búsqueda de desaparecidos es el reto de más largo aliento para Colombia


Respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, la dimensión del problema es gigantesca. Nosotros estamos teniendo una aproximación a un universo que no está definido en el país, que es más o menos cien mil personas. La gran deuda es determinar cuántos y quiénes son los desaparecidos en Colombia. El período durante el cual ha tenido lugar la desaparición es extenso, eso indica que el desafío de la búsqueda implica abordar distintos escenarios históricos, geográficos… ¿Vamos a encontrar a todos los desaparecidos? No necesariamente. El desafío es de largo aliento. Si esta búsqueda se hace con la responsabilidad, con el respeto y con la entereza científica, personal y humanitaria que demanda este mandato podemos construir muchas bases de convivencia y paz.


P. Usted tiene una extensa trayectoria que precede a la Unidad. ¿Recuerda alguna historia en particular que ilustre el drama de la desaparición en Colombia?


R. La desaparición colectiva de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Urabá [en 1990]. Pensar en una experiencia de un corregimiento de muy pocos habitantes, donde una noche se llevan 43 hombres de esa comunidad, cómo queda devastada no solamente la familia sino toda la población. Destruye no solamente la vida de esos familiares que se dedican a buscar, sino la seguridad de esa comunidad y los lazos que se construyeron de confianza, de progreso, de proyección. De la noche a la mañana llegaron y sometieron a estas personas, se las llevaron y nunca más volvieron a saber. Cómo se transformó esa vida colectiva de ese corregimiento me impactó bastante. Haber escuchado a los familiares decir que durante meses dormían en los potreros porque temían que si dormían en las casas iban a llegar nuevamente. Eso es atroz.


P. ¿Qué es lo más difícil de buscar personas desaparecidas en Colombia?


R. El mayor obstáculo es la información. Cuando emprendes la búsqueda deberías planificar, luego hacer los hallazgos y luego emprender lo que es todo un proceso de identificación. Todas esas actividades están sustentadas en algo común, que es la información. Qué calidad de información tienes disponible, qué tan actualizada está, qué tan completa, es lo que te permite llegar a conclusiones en cualquiera de esas fases. Eso no se ha consolidado en Colombia. La fiscalía tiene la información de la investigación penal; Medicina Legal la de su trabajo de necropsias sobre cuerpos; el Centro de Memoria Histórica la que le da su mandato de hacer memoria en este país; la Unidad de Víctimas, un registro dirigido a la reparación. Son pedacitos de información, valiosísimos, pero no completos. Ese es el gran desafío de la búsqueda.


P. ¿Cómo se articula el trabajo de la Unidad con la Comisión de la Verdad y la JEP?


R. Ha sido un gran desafío. El concepto es interesante, pero el diseño es retador. Es importante que se piense un sistema en el que una sola institución no sea encargada de la satisfacción de todos los derechos, sino que se divida el mandato. Sin embargo, las instituciones no tienen la misma vigencia. Hay una Comisión de la Verdad de tres años, una JEP que tiene 15 años (prorrogables otros cinco), y una Unidad de Búsqueda que tiene 20 años. La búsqueda no tiene el mismo dinamismo que tiene la construcción de un proceso de verdad, y mucho menos la construcción de un proceso judicial. La sincronía está siendo unos de los retos más grandes.


P. ¿Teme que algún sector se oponga a la búsqueda de víctimas?


R. No debería pasar, es un acto humanitario para darle alivio al sufrimiento de tanta gente que vive en la incertidumbre. Pero hay circunstancias que pueden ser un riesgo para la Unidad. Por ejemplo, la persistencia del conflicto armado.


P. ¿Que le pediría al presidente Duque para poder desarrollar su labor?


R. Que pusiera en su agenda prioritaria la búsqueda de los desaparecidos. Que comprendiera la necesidad que tiene el país de reconocer no solamente una reparación en los términos económicos en los que se ha implementado hasta ahora, sino en los términos de reconocimiento y dignificación de quienes buscan a tantas personas sobre las cuales no se conoce su paradero.


Son sufrimientos muy distintos. La Unidad no solamente va a buscar a las personas desaparecidas forzadas, va a tener que buscar a quienes fueron secuestrados, donde las familias dieron quizás mucha plata por su rescate y no supieron nunca más de ellos. Familias a las que un día les arrebataron a sus hijos de sus casas, de sus fincas, y nunca más volvieron a saber de ellos porque fueron reclutados. Todos están buscando, pero las vivencias son distintas. Todo eso conspira contra una convivencia pacífica. El reconocimiento y el respaldo a la búsqueda de los desaparecidos tiene que ser la perspectiva de la construcción de paz en este país.


P. ¿Ha llegado a sentir falta de recursos, o de voluntad política?


R. Sí. No tengo los recursos que deberían haberse dispuesto para este año por parte del Gobierno. No veo en algunos momentos la disposición a darle lugar a este tema en la agenda política, y creo que eso dificulta aún más la tarea.


P. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


R. Un momento de un gran desafío, de una gran responsabilidad y de una gran oportunidad.


P. ¿El país está experimentando una batalla por la memoria y el relato del conflicto?


R. Sí, pero justamente me parece que esa es una gran oportunidad. Estamos dando una batalla por la memoria y no una batalla por la vida.

Por Santiago Torrado
Bogotá 6 MAY 2019 - 01:31 COT

Publicado enColombia
Página 1 de 45