Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

Publicado enColombia
Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

Publicado enColombia
Es inmoral e ilegítimo acatar mordazas criminales

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:


En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.


En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.


El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.

Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son:


• El sábado 24 noviembre de 2018 a las 10:40 horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos por el Estado.

• El lunes 26 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto silencio.

• El miércoles 28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.

• El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio, allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad, la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y lo ponían en alto riesgo frente a la alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo daño.

• El viernes 30 de noviembre de 2018, en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda. Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su poder.

• El lunes 3 de diciembre de 2018, la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana.

Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de

Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.

Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.

Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!


Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.


Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!


Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.


Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.


Por Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Diciembre 5 de 2018

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Nos hemos conformado con una concepción superficial de la democracia. Y eso es peligroso

A lo largo de los últimos decenios, muchos en Occidente han llegado a aceptar una concepción notablemente estrecha de para qué sirven la economía y una democracia. La economía existe para enriquecernos, o al menos para pagar las facturas. Se cree que funciona cuando suben la bolsa y el PIB. Democracia es votar por alguno de que esté “de tu lado”. Ambas están vinculadas cuando votas por alguien que promete que te hará rico, o al menos que te bajará los impuestos.

A riesgo de afirmar algo que se ha vuelto obvio en años recientes, esta visión materialista de la economía y la democracia es, en el mejor de los casos, pobre; y en el peor, es peligrosa. La insatisfacción económica prolongada y nuestra concepción de la democracia poco consistente han abierto un agujero espiritual que ha empujado a los votantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica a los abrazos de populistas irritados y nacionalistas, que ofrecen un nuevo espiritualismo basado en la nación.


Pero hay otra tradición democrática, prácticamente perdida, en la que los objetivos de una democracia y una civilización digna están irreduciblemente ligados al vigoroso desarrollo de sus ciudadanos en dimensiones sociales, intelectuales y espirituales. En esta vieja concepción, una democracia excelente es aquella que sirve de crisol para la forja del buen carácter y la búsqueda de una vida digna: una que incluye la seguridad material, pero que también va más allá.


Esta versión de la democracia no pone el acento en las urnas o en los valores bursátiles, sino en la calidad de la vidas de los ciudadanos tal y como son vividas. Reconoce, de este modo, que el crecimiento personal saludable no ocurre por sí solo: requiere de libertades y seguridad con las que el florecimiento humano sea posible.


Según esta noción, todos los ciudadanos deberían tener la seguridad como para trascender una brutal refriega por la supervivencia y sentirse a salvo, y la libertad para aspirar a hacer algo más con sus vidas. Como una vez lo expresó el jurista estadounidense Louis Brandeis: “el ‘derecho a la vida’ garantizado por nuestra Constitución” debería ser entendido como “el derecho a vivir, y no meramente a existir”.


La opinión de Brandeis tiene implicaciones radicales respecto a cómo deberían ser un país y su economía. En particular, exige que reconozcamos, limitemos y equilibremos sendos peligros sobre nuestras vidas: tanto el de la opresión gubernamental como el de la coerción privada. Eso significa, claro está, la protección ante la censura y la represión del gobierno. Pero también significa libertad ante la dominación industrial, la explotación o tanta inseguridad económica como para que uno tema constantemente al desempleo o a la pobreza. Como escribió Brandeis, nadie es realmente libre “si depende, en el terreno laboral, de la voluntad arbitraria de otro”.


Desde la revolución industrial, hemos tenido que contar con el crecimiento del poder privado: antes en forma de trust o cártel, ahora en la forma de la gran corporación, el monopolio y la multinacional. El poderío y la riqueza de estas instituciones puede exceder incluso el de los gobiernos. Especialmente en los Estados Unidos, estas empresas también han reivindicado para sí mismas muchos de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión, a gastar dinero para influir en la política y a la libertad de culto corporativo –hasta ahora, prácticamente todo excepto el derecho a votar–.


Para la mayoría de las personas en los países industrializados hoy en día, nuestro sentido de la autonomía y la seguridad está igual o más influenciado por fuerzas privadas y estructuras económicas que por el gobierno. Las condiciones de trabajo –desde la cantidad de nuestro salario y la duración de la jornada, hasta los riesgos de ser despedido, acosado o maltratado por los jefes, e incluso la seguridad personal– determinan hoy qué parte de nuestras vidas es realmente vivida.


Fuera del trabajo, nuestras vidas diarias están también profundamente determinadas por cuestiones económicas como el alquiler, el acceso al transporte o la compra diaria de alimentos, así como el seguro médico, incluso mucho más que cualquier otra libertad abstracta. Es por eso que la libertad real debe ser comprendida como ausencia de coerciones públicas y privadas: un aspecto que ha sido completamente olvidado por los denominados libertarianos, conservadores e incluso la mayoría de neoliberales.


Esto dirige a otra intuición crucial ulterior: que el “gigantismo” –la dominación de la economía y la política por parte de empresas gigantes– es una calamidad.


Desde la perspectiva de la libertad individual hay una diferencia fundamental entre una economía dominada por multinacionales gigantes y una que abarque intereses más pequeños en condiciones de competición. Cuando el poder privado está concentrado, los ciudadanos corporativos [las empresas] pueden desplazar con sus exigencias a los humanos. Emerge cierta inhumanidad, y perdemos de vista que el florecimiento humano debería ser el objetivo.


Las condiciones de trabajo hacen esta dinámica particularmente clara. En los Estados Unidos, los empleados están sujetos regularmente a infracciones que van desde lo invasivo hasta lo abiertamente tiránico. A los trabajadores poco cualificados se les prohíben regularmente las conversaciones casuales o demorarse en la tarea (a lo que Walmart llama “robo de tiempo”), se les deniega el acceso al baño (Tyson Foods), son cacheados al salir del trabajo (Amazon), o sujetos a controles antidroga masivos sin sospecha alguna, incluso para trabajos rutinarios (en muchas industrias).


Más en general, el crecimiento de empleos inestables a tiempo parcial y su otra cara, la sobrecarga de trabajo, ha tenido un efecto corruptor y corrosivo sobre cómo la vida es realmente vivida. Tal vez más perniciosamente, el poder privado, tal y como se experimenta en la forma de un puesto de trabajo pleno de dominación, puede destruir la vida familiar. Esto tiene efectos intergeneracionales profundos, obstaculizando el desarrollo y limitando las oportunidades futuras de los hijos cuyos padres no pueden dedicarles el tiempo y la atención que necesitan.


Proteger la libertad humana y proveer de la seguridad consistente con la prosperidad humana no requiere solo de regulaciones humanas de las condiciones de trabajo, sino también de una economía abierta, compuesta de pequeñas empresas que realmente obedezcan las leyes. Para lograrlo, necesitamos poner fin, o al menos limitar radicalmente, el poder de los monopolios.


Como Brandeis entendió, la verdadera libertad implica una suspicacia contra las corporaciones enormes y los gobiernos enormes. El principio unificador es este: el poder concentrado en cualquiera de sus formas puede ser peligroso; las instituciones deben construirse a escala humana, y necesitamos, por encima de todo, perseguir metas humanas.

 

Por Tim Wu. Es profesor de derecho en la Universidad de Columbia. Su especialidad es la legislación contra los monopolios, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se le atribuye la creación del concepto de “neutralidad en la red”. Es el autor de "El interruptor principal: Auge y caída de los imperios de la información" (Fondo de Cultura Económica, 2016). Acaba de publicar su último libro, del cual este texto es una adaptación, "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" (Columbia Global Reports, 2018).

 

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Martes, 27 Noviembre 2018 05:33

Arranca la comisión de la verdad

Arranca la comisión de la verdad

Como parte de los acuerdos de paz en Colombia

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia iniciará esta semana los trabajos para la elaboración de un informe sobre el conflicto armado, que entregará dentro de tres años.


Así lo aseguró ayer el presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien recordó que dicho instrumento se creó como parte del acuerdo de paz firmado hace dos años entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político. La Comisión, que tiene once miembros, forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La entidad, que funcionará en varias regiones para abarcar todo el país, tendrá una duración de tres años y su principal objetivo será contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado, así como promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas.


Al término de los tres años de mandato, la Comisión deberá entregar el informe final de lo ocurrido en el “complejo conflicto armado”, explicó De Roux, quien recordó que la entidad que encabeza es estatal, no gubernamental.


“Esta no es una Comisión contra nadie, no somos una ONG de derechos humanos, somos una institución de Estado de carácter constitucional”, afirmó De Roux. Añadió que la Comisión no irá “en contra ni del Congreso, ni del Gobierno, ni del Ejército, ni de los Gobiernos anteriores”, ni tampoco “en contra del partido de las FARC, estamos en contra de la mentira, estamos contra el miedo”. En esa dirección, De Roux recordó que el conflicto armado de más de 50 años dejó en el país 8,5 millones de víctimas, entre muertos, heridos, secuestrados, desplazados y desaparecidos.


Al referirse a lo que la comunidad internacional y Colombia deben esperar de la Comisión, De Roux enfatizó que esperan “una visión amplia y compleja de lo que ocurrió en Colombia durante el conflicto” y en el que todos los afectados por la violencia sean escuchados y entendidos. “Que nadie le tenga miedo a la verdad de lo que nos pasó porque solo la verdad abrirá caminos para no repetir la barbarie en la que nos vimos enredados”, afirmó.

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Religión, Iglesia y poder político en América Latina

La secularización del poder es un mito. La separación Iglesia-Estado no deja de ser una ficción. Presidentes, diputados, senadores, alcaldes juran ante Dios. Los símbolos religiosos están presentes en los espacios públicos. Estado laico o aconfesionales adoptan rituales políticos, acompañados de cruces, medias lunas, budas, biblias, Torá, etcétera. Dirigentes asumen morales católicas, protestantes, islámicas, judías, siendo unos devotos practicantes de su fe. Sus mandatos suelen dar cuenta de ello. El divorcio, el aborto, la familia, el sexo, la moral cotidiana y la educación son opciones valoradas a la luz de las creencias religiosas. Hoy gobiernan las iglesias. Los lugares de culto se han generalizado y la diversidad de credos se extiende. El Vaticano pierde fuelle en ciertos países latinoamericanos. Su lugar es ocupado por nuevas formas de acercarse a la fe en Cristo o en el Salvador. Las iglesias pentecostales, adventistas, mucho más interesadas en captar las almas para una militancia política terrenal, sin intermediarios, han socavado la influencia de la Iglesia católica. Su papel mediador entre Dios y el alma pecadora se ha diluido en una fe no practicante, cuya militancia se convoca aleatoria y excepcionalmente, cuando ve peligrar intereses, privilegios y bienes. Sumida en un proceso de deterioro moral y ético, casos de pederastia, desfalcos financieros, sus seguidores se han decepcionado, aumentando la apostasía. Aun así, su organización piramidal le permite seguir controlando el poder político.

En América Latina, la Iglesia católica fue capaz de combatir a la Teología de la Liberación o los movimientos nacidos a la luz del Concilio Vaticano II, como Cristianos por el Socialismo. La Iglesia de los pobres fue derrotada y muchos de sus sacerdotes asesinados en los años de la lucha contrainsurgente. Otros fueron torturados hasta la muerte por las dictaduras militares en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua. Sus superiores miraron hacia otro lado o fueron cómplices de los crímenes. ¿Cómo explicar el tedeum en la Catedral de Santiago dando gracias a Pinochet por salvar a Chile de la dictadura marxista, mientras se asesinaba a mansalva en los centros de tortura, tras el golpe de Estado? o ¿las continuas declaraciones de los rabinos en pro de la dictadura argentina?


Ningún gobernante en América Latina se atreve a desafiar el poder real de la Iglesia, sea cual sea su orientación. Gobierna bajo su ala, de lo contrario la tendrá como enemigo, sus años de gobierno serán tormentosos, cuando no sometidos a continuos descalabros y crisis. Mejor negociar entre sus adeptos. Tener el beneplácito de la Iglesia supone millones de votos, mostrarse practicante sumiso, conlleva un plus. Muchos votarán sin importarle sus principios políticos, sólo su ideología. Brasil es un buen ejemplo. Lula o Bolsonaro, ambos se acercaron a las iglesias para contar con sus apoyos y conseguir votos.


Las iglesias están en guerra, no por el control de sus feligreses sino por el poder del Estado en América Latina. Declararse ateo, agnóstico es un hándicap. En sociedades donde la religión sigue siendo el valor más importante para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y la sociedad política, no hay espacio para la separación Iglesia-Estado. Sus jerarquías son conscientes de su poder real. Pensar que la influencia de Dios en la política es nueva es no entender el origen teológico del poder. Buscar explicaciones de coyuntura a una realidad donde la debilidad de los movimientos seculares es lo que marca la agenda, es no entender el problema. Los proyectos emancipadores no han podido llevar a cabo una revolución capaz de romper la hegemonía de las iglesias, más allá de una declaración de intenciones. Ni siquiera los procesos de desamortización en el siglo XIX y las reformas liberales lograron sus objetivos. Occidente se constituyó bajo la cruz y la espada. Hoy las cruces y las espadas se diversifican. América Latina es un campo de batalla donde están en juego los valores republicanos en medio de una acometida de fundamentalismos religiosos que socavan la democracia y la libertades seculares.

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“Lo personal fue transformado, pero no lo político”

La destacada investigadora feminista Rita Segato ha propuesto una nueva mirada teórica para entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multidisciplinaria que combina los estudios de género y decoloniales, así como la antropología. Gracias al Fondo Cátedras para Profesores Visitantes de Posgrado 2018, llegó a la PUCP a realizar diversas actividades.

 

¿Cuáles son los vínculos entre esta fase apocalíptica del capitalismo, que usted propone, y la violencia creciente contra las mujeres?

Este brote feminicida en nuestros países es un síntoma de la época. Por un lado, todas estas medidas que hemos conseguido que los Estados consideren para frenar el feminicidio y los crímenes de género no han sido eficaces: estas formas de violencia continúan ocurriendo, además están en aumento. Por otro lado, la concentración de la riqueza ha llegado a tal extremo que debemos empezar a hablar de un mundo de dueños y que provoca inevitablemente la falencia institucional. Hoy hay una hipertrofia de esta ‘dueñidad’, que precariza la vida de mucha gente. Y, en el caso de los hombres, vulnera lo que tienen que mostrar al mundo, específicamente a los ojos de otros hombres, como su potencia y carácter de dominio sobre los territorios que considera suyos (su casa, su mujer, su familia). La respuesta a esa vulneración es la violencia masculina. Para expresar su masculinidad, a muchos hombres hoy solo les queda la violencia y en su forma extrema.

Lo que usted dice se puede ver en Perú. En Madre de Dios, hay mucha explotación minera, sobre todo ilegal, y trata de personas.¿Por qué los lugares de explotación minera, de hidrocarburos o de grandes obras están acompañados siempre por la instalación de burdeles y trata?

La explicación del sentido común es que ahí hay muchos hombres solos, que necesitan remedios para su libido desatada. Yo no creo mucho en esto. Porque la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad’ y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles. Hay un doble efecto. Y ese consumidor deshumanizado es la mano de obra que hoy las grandes empresas necesitan.

Usted dice que esta precarización, fruto del capitalismo, empuja a estos hombres a ser más violentos. ¿Podríamos decir que es a raíz de la colonialidad que estamos como estamos?

Mis análisis y resultados me llevan a decir que es imposible pensar en sociedades humanas sin algún nivel de asimetría patriarcal. Pero el patriarcado precolonial, o en medios comunales, es muy distinto al que hoy conocemos, moderno y poscolonial.Y como Aníbal Quijano, a quien considero mi maestro y el sociólogo más importante del mundo en el último cuarto del siglo pasado, pienso que la colonialidad establece un nuevo patrón de trabajo y de relaciones sociales, que funda nuestras ideas sobre progreso, desarrollo, modernidad, capital y subsiste hasta ahora. En esta época, se ha ido agravando y ha entrado en una de sus fases más destructivas.

Por un lado, se alcanzó el voto universal, y hoy se lucha por paridad y alternancia; por otro lado, las cifras de agresiones sexuales y feminicidios aumentan. ¿Qué piensa de estas políticas de igualdad dentro del sistema dominante?

Creo que la lucha es en todos los frentes. No es que debamos abandonar el campo estatal. Hasta ahora no hemos visto muchos frutos de esa tendencia del feminismo que pretende ocupar espacios de poder, pero no es para que desaparezca. Pensamos que entramos al Estado y lo capturamos, pero acaba capturándonos y nos masculiniza. Impone su patrón político. En los 60 y 70, dijimos que lo personal es político y transformamos completamente lo personal. Las mujeres intentamos, con mucha imaginación, transformar nuestros afectos, nuestra sexualidad, nos profesionalizamos, es decir nos transformamos a nosotras. Lo personal fue transformado, pero no lo político. Y creo que esa es la principal característica de nuestro tiempo: ahora comienza la transformación de lo político. ¿Es suficiente entrar al Estado?

Por Suny Sime
Punto.edu

 

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251
“La clase media es el pueblo del Estado, el problema es que eso anula la política”

La configuración de los Estados como centros de concentración de poder entró en crisis en el último tercio del siglo XX. Muy avanzado el siglo XXI, el ensayista Emmanuel Rodríguez aborda el problema del Estado y la imposibilidad de una revolución con las mimbres de las experiencias históricas.

Vivimos en sociedades de clases. En los polos que se construyen sobre esa división se construye la “política de clase”. La “política de clase” es una política “de parte” (no aspira a serlo de un “todo”) y como tal no busca, es más, rechaza, la ficción unitaria y la reconciliación en los términos que plantean los Estados. Esa política de parte ha sido confundida con “el proceso de creación histórica” que llamamos revoluciones y es necesario revisar críticamente esa confusión para plantear el futuro inmediato de la política de clase.


Con esas cuatro ideas como punto de salida y de llegada, el historiador y sociólogo Emmanuel Rodríguez (Madrid, 1974) ha escrito La política contra el Estado. Sobre la política de parte(Traficantes de Sueños, 2018). Un ensayo que no pretende esquivar ninguna polémica pero que se presenta “por fuera” del debate coyuntural de la política realmente existente. Como Rodríguez comenta en la entrevista, La política contra el Estado puede ser un mapa para navegar el tiempo histórico en el que estamos inmersos.


¿Está en crisis la idea de los Estados tal y como los conocemos?


Para ser precisos no es una crisis de los Estados como institución, es una crisis de lo que identificamos como Estado históricamente, desde su conformación a partir del Estado moderno —tomando como posible inicio la Paz de Westfalia de mediados del siglo XVII— pero sobre todo de lo que entendemos como un Estado que es soberano, con lo que eso implica. Un Estado que tiene la capacidad de regular aquellas que son tres características fundamentales, que son el territorio, la población y la seguridad.


Eso, que son las atribuciones del Estado soberano, no está garantizado a día de hoy. No lo está desde hace bastante tiempo. El largo siglo XX es un continuo desengaño con lo que eran las atribuciones del Estado soberano.


Si consideramos el periodo de entreguerras, y lo que en cierta medida es una guerra civil global en términos de lucha de clases —con distintas matizaciones—, nos encontramos que el enfrentamiento en términos de dictaduras que son soberanas, no simplemente comisariales, como por ejemplo las que resultan de la revolución rusa o el fascismo y el nazismo, giran y se organizan en torno a esta idea del Estado soberano.
Desde los años 70 vemos que eso es cada vez menos operativo, y el Estado se convierte en una pieza que articula el proceso de desregulación financiera y lo que llamamos la globalización. Es decir, que se convierte en un gestor social y económico de una cadena de producción cada vez más globalizada y fragmentada. Por otra parte, también es un regulador, en este caso bastante subordinado, del capital financiero.


Esas son las funciones del Estado: conserva, por supuesto, la función prioritaria de regulador social sobre determinado territorio, pero cada vez es menos eficaz en ese terreno. Sencillamente, a día de hoy se ve cada vez más incapacitado para manejar las palancas que históricamente tuvo a la hora de organizar en términos intervencionistas un mercado propio. Incapacitado también en la función que tenía para desarrollar programas de desarrollo industrial y organizar el mercado de trabajo nacional.

¿Esa crisis es coyuntural o permanente?


Yo diría que es irreversible. No tiene solución. El Estado queda como un garante de cierto orden social, un regulador económico subordinado a fuerzas que se le escapan y progresivamente —en la medida en que es menos eficiente como gestor social del ciclo de acumulación, que se produce a escala global— nos encontramos con que queda relegado a atribuciones cada vez más represivas. Esa es la trampa que tienen las políticas que han abogado por el soberanismo, el hecho de que la única capacidad soberana, en términos clásicos, que le va a quedar, es aquella que se articula sobre la población en términos represivos.

¿Cómo funciona la UE en este contexto de crisis de los estados? ¿como un súper Estado o como otra cosa? ¿Estamos ante una futura sustitución de los Estados por esta estructura?


Más que vaya a venir a sustituirlos, hay que anotar que el Estado ha sido una pieza que ha funcionado y operado a favor del proceso de globalización. Esta no se entiende sin la colaboración de todos los Estados. Estos han permitido una regulación que precisamente destruía los viejos mecanismos de regulación, de control de capitales, de la organización de los mercados internos. Se han destruido ciertas dinámicas proteccionistas y los Estados han operado como mecanismos de liberación de flujos. No de todos, obviamente el del trabajo no.


Lo que nos encontramos en este momento es que hay distintos niveles que operan de forma bastante caótica, como ha investigado gente como Saskia Sassen, Bob Jessop, etc. Atribuciones que antes estarían en manos del Estado, como por ejemplo, la regulación del ciclo de acumulación, ya no dependen de ellos. En cierta medida, porque eso se produce a escala global y por medios financieros.


Es lo que ha hecho la UE, por ejemplo, a la hora de santificar y proteger políticamente sus propios mecanismos de funcionamiento; las famosas tres condiciones de Maastrich: el control de la deuda pública, el control del gasto público y el control de la inflación. Básicamente, las tres garantías para el funcionamiento del ciclo de extracción financiera.


A la vez, te encuentras con que hay una delegación de funciones por parte del Estado sobre las regiones y sobre las ciudades. En el sentido de que estas se vuelven piezas que compiten en esa cadena de producción global y no se pueden escapar de esa competición. De este modo, hay ciudades-empresa, ciudades cuasi-Estado como Londres y la City, que tienen a veces más poder que su propio Estado a la hora de imponer condiciones.

¿Cómo se explicita esa crisis de los Estados en España?


España, y creo que esta es una cuestión específica de aquí, ha sido durante el siglo XIX y buena parte del XX una potencia decadente, a diferencia de otros países con pasado imperial, como Francia, Inglaterra, y en menor medida Italia y Alemania (las potencias perdedores de la II Guerra Mundial y, en el caso alemán, también de la primera). El pasado glorioso de España se pierde definitivamente a principios del XIX y ya no se incorpora como una potencia imperialista nada más que como una de segundo o de tercer orden durante los repartos de África.


Siempre ha habido un complejo de inferioridad respecto a Europa y eso la sitúa histórica y culturalmente en una posición distinta respecto a las dinámicas continentales. Ha tenido también un retraso en términos de crecimiento económico —que el franquismo acentúa— y todo el proceso de incorporación a “Europa” se toma como la incorporación a la modernidad. El ingreso en la Comunidad Económica Europea, como pasa en buena medida en los países del Este con la UE, implica esa incorporación a la modernidad capitalista asociada a determinados valores y a determinada mecánica de intervención del Estado, que es lo que llamamos Estado del bienestar.


Esa crisis de los Estados, por estos motivos, no se vive con la agudeza de otros lugares porque no ha sido un Estado o un país que tenga una posición central. Sin embargo, sí se ve materialmente en cuestiones determinantes: España se ha incorporado a todo ese proceso con funciones muy específicas. La globalización no supone nuestra incorporación como un Estado de producción industrial y de tecnologías medias y avanzadas (salvo en segmentos muy determinados). Lo que va a producirse, en cambio, en esa dinámica de globalización financiera, es una nueva centralidad de las dinámicas territoriales que David Harvey llama el circuito secundario de acumulación. Eso hace que su posición competitiva esté ligada a las burbujas inmobiliarias.


¿Qué determina esto? Una posición frágil en los ciclos bajistas, sobre todo cuando son a nivel global, porque en cierta medida su posición, aunque es muy exitosa en esta globalización financiera —exitosa en términos relativos—, conlleva que a partir de 2007-2008 la crisis adquiera aquí perfiles mucho más agudos que en otros lugares.

¿En qué afecta esto a esas tres condiciones de territorio, población y seguridad?

En que el Estado no es capaz de regular la crisis social, o no tiene las competencias. Estas son, durante la crisis, derivadas a la Unión Europea. Por otra parte, el Estado no tiene capacidad de regular las luchas intestinas de las élites competitivas que se producen a nivel territorial. La crisis de la clase política la conduce a una situación agónica. Creo que eso es lo que expresa también Catalunya.

¿Cómo se refleja esa crisis en la clase media, que precisamente es el vector al que todos los partidos se apuntan por ser la plasmación de ese estado centralizador y aplanador de las diferencias entre clases?


Lo que se pretende en el libro es responder a eso mismo. Los Estados liberales no consiguen unificar completamente a sus sociedades. Es un conflicto que se plantea en términos de Guerra Civil después de la Revolución francesa y durante la propia constitución de los Estados liberales. Un conflicto en un primer momento con los viejos poderes —las aristocracias terratenientes, las lógicas del antiguo régimen— y, posteriormente, en la dinámica progresiva de industrialización, con la creación de una nueva plebe, con el movimiento obrero. Esa nueva plebe no está integrada en el “pueblo”, no está integrada en la nación.
Esa “otra” nación se corresponde básicamente con el propio movimiento obrero. Y va a adquirir expresiones muy radicalizadas, sobre todo en el siglo XIX, y posteriormente en la crisis de los años 10, 20 y 30 del siglo XX. Es a esa otra nación a lo que los marxismos y el anarquismo tratan de dar una articulación. Este pueblo se construye, en determinadas ocasiones, con una posición de completa unilateralidad, es decir, se decanta como política de parte y autodeterminación social independiente al propio Estado.


La autodeterminación obrera va a ser el gran problema del Estado liberal, del Estado como lo conocemos: ¿Cómo integrar eso? ¿Cómo se hace? El artilugio, que no se puede esbozar en tres palabras, básicamente pasa por un proceso de reformas sociales e integración política de ese cuerpo social. Pero también se adoptan salidas de corte autoritario: el Fascismo es un intento de convertir el Estado básicamente en el gran mecanismo de unificación, en el cual el pueblo carece de divisiones, y aquella parte heterogénea del pueblo va a ser incluso suprimida, se le va a declarar enemigo interno.


El mecanismo político después de la II Guerra Mundial consiste en una vuelta a una democracia liberal pero con Estados fuertemente intervencionistas, que tienen herencias fascistas y conserva tintes corporativos. Pero, por otra parte, hay toda una labor de ingeniería social destinada a convertir a esa clase que se había secesionado —el movimiento obrero— en algo distinto, que es eso que llamamos clases medias. Esta denominación es un constructo cultural pero tiene una base material articulada por el propio Estado a través de mecanismos de redistribución y a través de una integración en términos capitalistas en el consumo. Mediante el consumo, el salario se integra en el ciclo de acumulación de forma positiva, que es lo que llamamos fordismo.


Por medio de ese mecanismo, la clase media se va a convertir en el pueblo que el Estado, por lo menos el Estado occidental, es capaz de unificar. Y donde no sea capaz, el Estado tendrá límites evidentes. No conseguirá nunca superar una especie de estado de guerra civil permanente, que es lo que pasa en América Latina y en cierta medida en algunos países asiáticos.


El gran triunfo del Estado moderno es la capacidad de haber construido su propio pueblo. No es el resultado simplemente de operaciones de mercado, no es simplemente que se produzca la incorporación social al consumo, hay toda una tecnología, de tipo estatal, que también genera mecanismos de integración; a través de la educación, a través de los servicios públicos. Ese es el gran resultado: la clase media es el pueblo del Estado. El problema, y la paradoja del asunto, es que eso también anula la política. Detiene el motor dinámico de lo que es la política moderna. En la medida en que el Estado va progresivamente “engordando” y consumiendo los mecanismos de integración social, el Estado destruye o convierte la política en un mero espectáculo cada vez más impotente.

 

¿Desde dónde articular esa posibilidad comunitaria popular que se opondría o caminaría aparte del Estado? ¿Cómo hacerlo a partir de ahora?


Creo que hay reflexiones interesantes en América Latina. Hay un intento de repetir la hipótesis fundamental de lo que ha sido la izquierda occidental, con una variante latinoamericana, que es la de apoyar este propio proceso de integración social a través de mecanismos estatales. En el caso de América Latina eso implicaba construir Estados propiamente dichos, Estados con capacidad fiscal, con capacidad redistributiva, presentes en la vida social y capaces de organizarla en el sentido de incluir, sino a la totalidad de la población, sí a una parte significativa.


Hay toda una reflexión sobre lo que es la izquierda latinoamericana, sobre cómo se construye. Y hay una decepción de buena parte de los sujetos que han operado. En el caso de Bolivia es muy claro. El propio Proceso Constituyente ya empieza a manifestar insuficiencias manifiestas en el reconocimiento de comunidades, pues tienes sociedades indígenas y comunitarias que viven prácticamente al margen del Estado.


En la medida en que la Constitución no reconoce buena parte de esas demandas —que se basan en la no integración en el Estado sino que piden jurisdicción propia, capacidad de autogobierno territorial— y tras la estabilización de los gobiernos progresistas —cuando se ven dinámicas de corrupción, de autoritarismo, inercias del Estado muy fuertes— se plantea la necesidad de reconfigurar cómo se piensa políticamente el proyecto estratégico de la izquierda.


Surgen entonces toda una serie de definiciones, de posibilidades. Una de ellas es esta de los horizontes comunitarios populares, que lanza Raquel Gutiérrez y Huascar Salazar en Bolivia. Lo que plantean básicamente es que el horizonte político está ligado a la construcción de dinámicas de autodeterminación que son dinámicas de parte, que no son integrables en estos procesos de captura estatal. Consiste en fomentar iniciativas de carácter cooperativo, con capacidad de autosustentar la vida. Se plantea una comunidad de lucha, que se construye en el conflicto, que es protagonista y sujeto directo de la acción y dibuja esos horizontes como las posibilidades de la política hoy.


Traducido en términos más propios, se trataría de la construcción de contrapoderes. Contrapoder es algo que no simplemente se opone al Estado, sino que es la constitución de un poder propio. Cada vez más vivimos en un régimen que puede reconocerse en la metáfora de la poliarquía —en la condición de que la política está organizada a partir de instancias que tienen soberanías limitadas y superpuestas, y por tanto no son soberanías en estricto sentido—. La cuestión es cómo construyes poderes propios, que tengan la capacidad de intervenir y organizar la vida, y de sostener comunidades que tienen la capacidad de fundarse a sí mismas y mantener una posición propia. Esa es la clave. En sociedades tan estatalizadas como la nuestra eso es difícil de imaginar, porque apenas queda la memoria, los restos y embriones de cosas parecidas. Memorias como la del sindicalismo revolucionario, la del sindicalismo que no estaba integrado en el Estado.

Denuncias también una incomparecencia de los partidos en ese conflicto, en esa tensión contra el Estado o en el funcionamiento al margen del Estado.


El partido es una máquina que está organizada siempre para la conquista del Estado. Históricamente, se puede pensar que esas máquinas partidarias tenían capacidad de organizar un Estado distinto, de reformarlo radicalmente. Ese era el proyecto, por ejemplo, de los partidos comunistas; lo era también de los partidos fascistas; en términos reformistas, lo era de los partidos socialdemócratas.


Tomando la imagen de Gramsci, cada partido es la prefiguración de una forma de Estado. A medida que transcurre el siglo XX, y —sobre todo en los países occidentales— la sociedad se homogeneiza, los partidos acaban configurados como prolongaciones de la Administración. Es lo que ha señalado muchas veces Nicos Poulantzas. En el sentido de que los partidos modernos dependen de las subvenciones y de las prebendas que concede el Estado. Se forman como los únicos canales de representación y básicamente viven solamente a partir de los presupuestos públicos. Es muy difícil que tengan autonomía.


Eso los hace completamente distintos a la dinámica de los años 20 o 30. Los partidos, incluso de ultraderecha, se forman como organizaciones funcionales a la propia operativa del Estado, aunque promuevan determinadas transformaciones del Estado. Pero la virulencia que conocimos, la capacidad de refundar el orden político creo que ahora mismo está fuera de la posibilidad de ese tipo de articulaciones. Otra cosa es que el partido sea una mera función de un movimiento de masas, eso es lo que originalmente era el fascismo y también los partidos obreros. A día de hoy realmente los partidos concentran la capacidad, las funciones decisivas, y es muy complicado que ese tipo de políticas produzca transformaciones, ya venga desde ámbitos emancipatorios como desde ámbitos si quieres de ultraderecha o conservadores.

¿Desde qué lugares plantear la transformación en un momento en el que multinacionales de la información como Google adquieren más poder que los viejos Estados?


Creo que, por un lado, lo que necesitamos son mapas. Son guías, en el sentido más figurado del término. Diagnósticos. Una topografía de cuál es el mundo en el que vivimos, y ese mundo, como señalas, no es un mundo hecho exclusivamente de Estados. Muchas veces no son éstas las instancias decisivas y no parece que lo vayan a seguir siendo, lo cual no quiere decir que desaparezcan y que no tengan poder.
Luego están los instrumentos, las herramientas, las armas que tú utilizas en esa travesía. Y eso creo que pasa por una reinterpretación de tres instituciones que fueron clásicas de esa “política de parte” en el siglo XIX y la primera mitad del XX: el Sindicato, la Cooperativa y el Ateneo. En los últimos 30 o 40 años los movimientos sociales han sido un permanente intento de reinvención de esas instituciones.


Cooperativa entendida como organización de redes económicas, de carácter autogestionado —y utilizaría esa denominación antes que economía social y solidaria—. No hablo del tercer sector o de la economía que ocupa los nichos que el Estado de bienestar va dejando sino de producción y consumo, socialmente significativo y necesario. Se puede considerar que esto ha llegado a resultados modestos pero, donde el tejido social es más fuerte, existen ese tipo de redes económicas.


Por otra parte, el Sindicato —todas las organizaciones de defensa de derechos—, que a menudo son reclamativas del propio Estado pero que a la vez generan comunidad y son capaces de gestionar una parte de la vida. Ahí se encuadra el sindicalismo social: relativo al movimiento de vivienda, a la cuestión de los derechos de salud, todas las organizaciones de precarios, etc. Son movimientos que tienen ciertas semejanzas con el viejo sindicalismo.


La tercera es el Ateneo, que es el espacio donde uno produce una instancia cultural propia, cultural en el sentido más denso de la palabra. Una forma de vida, al fin y al cabo. Esos son los centros sociales, en parte, y otro tipo infinito de organizaciones o de especializaciones de este tipo de dinámicas: desde los huertos urbanos, en el sentido más naif, hasta espacios productivos como las librerías.


Esto es completamente insuficiente, pero es la materia viva sobre la que se puede generar espacios comunitarios que luego operen como contrapoderes propiamente dichos.


Sin eso, lo que hay es una política que es siempre delegativa respecto a la política profesional, al partido, al Estado. Y es una política que cada día es más impotente. También es un terreno en el que tú juegas siempre en campo enemigo, en el sentido de que el Estado va a quedar más reducido a actuaciones de corte represivo. Eso no quiere decir que en el Estado no se pueda intervenir a determinados niveles, pero eso ya es otra cuestión.


En la introducción hablas de una especie de revolución permanente, que pierde de forma definitiva el componente de momento fundacional en el que se basó la idea de la conquista del poder, un mito que sigue vigente.


El mito de la revolución opera sobre lo que sería en términos latos una fundación absoluta. Una fundación social, pero sobre todo estatal. Una nueva forma de Estado que articula, a partir del triunfo del sujeto “clase victoriosa” —podía ser la clase obrera, el movimiento obrero— un Estado nuevo que es el Estado socialista. Aunque en las visiones más audaces y más interesantes era un Estado condenado a la extinción, un Estado puramente transicional, luego este se acababa fundado sobre lo que son los principios del Estado soberano.


La idea de revolución está sometida, y creo que eso es algo que observamos todos. No puedes concebir que en un mundo tan complejo se vaya a producir un proceso de fundación absoluta. Lo que hay son crisis y esas crisis se resuelven de una manera o de otra. Como mito, que está siempre fundando en la ordenación absoluta de un nuevo Estado, creo que lo tenemos, no solamente que desechar, porque en la práctica está desechado, si no que pensar y criticar a partir de lo que ha sido la experiencia histórica del mismo.


La cuestión no está tanto en que seamos capaces de fundar la sociedad como un todo a través del Estado, como en que seamos capaces de construir poderes propios, contrapoderes, a partir de las comunidades que ya existen, que son vivas, que tienen que proliferar y crecer. Eso es lo que estaría en el centro de la política de parte. Es una política de fundación de ciudades —en el sentido figurado y metafórico de la palabra, nuevas polis— y no tanto de fundación de un orden social absoluto que está al margen de las posibilidades históricas y de lo que a día de hoy es posible.


PABLO ELORDUY
@PELORDUY

PUBLICADO
2018-10-21 05:53:00

Publicado enPolítica
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