Iván Duque, un año de gobierno y todo como si nada

Cumplimos un año de gobierno en Colombia del presidente Iván Duque. Aún no vemos significativos avances ni una muestra evidente de su talante como Jefe de Estado. Su gobierno se ha visto debilitado por su inexperiencia y por reducir la agenda a modificar y/o atacar los Acuerdos de Paz. Las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no fueron aprobadas en el Congreso de la República, evidencian el desgate sufrido por este gobierno al oponerse a la Justicia Transicional creada para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. 

 

Continuidad al servicio del capital privado

 

El primer año de Duque mostró que su gabinete, venido en su mayoría del sector privado y del empresariado, está conformando un Estado corporativista, privilegiando el interés privado en detrimento del  público. Veamos algunos algunos particulares: la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, viene de representar el gremio de la telefonía móvil –Asomovil–, el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, representante de la Federación Nacional de Avicultores –Fenavi–; Sylvia Constain, ministra de Tecnología de la información y las comunicaciones, trabajaba con las grandes empresas tecnológicas Facebook y Apple en Colombia, y el Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene de representar a la Federación Nacional de Comerciantes –Fenalco–. Este perfil del Gabinete evidencia la efectiva privatización del aparato de Estado –para mayor beneficio de unos pocos–  que desde la apertura económica propulsada por el entonces presidente César Gaviria, realizan en Colombia en contra del Estado Social de Derecho. 

A lo anterior se suma, la línea ideológica de extrema derecha en la cual se ha ubicado el presidente Iván Duque desde que fue congresista por el Centro Democrático, partido dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido por sus acciones en contra de las clases populares, de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y trabajadoras del país. A pesar del distanciamiento existente entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno uribista por el tema del acuerdo con la Farc, tal distanciamiento no se refleja en materia económica. Las coincidencias existentes entre ambos gobiernos permiten a Duque continuar con algunas políticas heredadas, líneas estructurales del poder en beneficio del capital privado, nacional e internacional. 

Como parte de ello, la firma de tratados de libre comercio y la admisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –Ocde–, no distan mucho entre los gobiernos Uribe-Santos. A esto se suma el desmonte de la legislación agraria y rural, en perjuicio de los derechos del campesinado, indígenas y afrodescendientes.  A su vez, la búsqueda de la limitación de los mecanismos de participación ciudadana también está en la agenda actual del Gobierno, tanto las consultas populares, como las consultas previas, libres e informadas para pueblos indígenas, afros, rom, palenqueras y raizales están en la mira para su modificación, todo ello enmarcado en el modelo de desarrollo extractivista privilegiado por los últimos gobiernos: explotación de minerales, hidrocarburos y agricultura, extensiva como forma de generar mayores ingresos para unos cuantos. 

 

Represión y profundización del modelo neoliberal y extractivista

 

El pasado mes de marzo se realizó en el suroccidente colombiano una movilización que duró más de 29 días, la denominada Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Las organizaciones movilizadas en el departamento del Cauca exigían al actual Gobierno, entre otras, el cumplimiento y la implementación de los acuerdos históricamente firmados por los diferentes gobiernos con las organizaciones, incluído el Acuerdo de Paz firmado con las Farc; el desmonte del paramilitarismo y medidas efectivas de protección a los líderes sociales; la no fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos; la negativa a la autorización de minería en páramos; el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; la no intervención en países extranjeros, y un diálogo franco y abierto entre las organizaciones y el gobierno nacional para discutir  asuntos de suma importancia para el país, entre otras demandas. 

La respuesta del presidente Iván Duque no se hizo esperar, por un lado instalaba las mesas de negociación y por el otro reprimía la movilización social. Después de avanzar en los diálogos y de firmar una vez más acuerdos, el diálogo entre Duque y las organizaciones no se pudo dar. Según el exFiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, detectaron “un posible atentado contra el mandatario”, hecho que frustró el encuentro entre las partes.   

De manera simultánea, en el Congreso de la República se discutía el Plan Nacional de Desarrollo, derrotero del gobierno hasta el 2022, Plan que condensa el modelo de país y de desarrollo que el actual Gobierno quiere para Colombia. Muchas críticas recibió el trámite y la aprobación del mismo, por lo que ya cursan demandas de inconstitucionalidad de algunos de los artículos aprobados. Se introdujo en el texto una seria de reformas que por la forma como fueron discutidas y presentadas, vicían su aprobación. Cabe resaltar que, como lo han señalado académicos, investigadores, analistas y congresistas de la oposición, el Plan de Desarrollo es una muestra más de la profundización del modelo neoliberal y extractivista imperante desde gobiernos anteriores. 

 

Afectaciones para las poblaciones y territorios rurales

 

La política de desarrollo rural y agraria de Duque no es distinta a la implementada por el gobierno anterior. El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sentó con claridad cómo se va a enfocar en grandes gavelas para el capital nacional e internacional. Por su parte, para los campesinos, afrodescendientes e indígenas este Gobierno plantea más de lo mismo, y mayor regresividad en los derechos. 

En el caso de los pueblos indígenas, el artículo 338 es una muestra de cómo el Estado se baja de sus funciones como garante de derechos y se los cede a los sectores económicos y empresariales, en este caso el derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada. Según el texto aprobado, a partir de ahora serán las empresas interesadas en proyectos a desarrollarse en territorios colectivos quienes financien los procesos y gastos en los cuales deban incurrir para la garantía del derecho a la Consulta Previa. Es decir, juez y parte. Este artículo es un vil ataque a los derechos de los pueblos indígenas, afros, raizales, palenqueros y rom, que verán una vez más sus territorios explotados y sus comunidades divididas y amenazadas por intereses externos. 

A lo anterior se suma la grave situación para el campesinado y víctimas del conflicto armado, pues en este periodo se termina la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras, ley 1448 de 2011. Durante el gobierno de Iván Duque no se han visto mayores avances en su implementación y, por el contrario, a través de la bancada del Centro Democrático se ha presentado una iniciativa para cambiar el sentido de la ley en beneficio de quienes se aprovecharon del despojo a las víctimas. Como bancada de oposición y de la paz buscaremos, a través del legislativo, no sólo rechazar la propuesta del Centro Democrático sino que se prorrogue por un tiempo más esta ley, hasta que se haga efectiva la restitución de las tierras a las víctimas. 

No es alentador el panorama del agro colombiano con el actual Gobierno. Los paros de los productores de panela y café evidencian cómo se están llevando a cabo los planes del Gobierno en materia agropecuaria. Las importaciones, debido al desmonte de aranceles, la no existencia de subsidios para la producción nacional, potenció una crisis sin atención desde el Ejecutivo, y sin esperanza que gire en su actitud. Asimismo, la gran cantidad de hectáreas sembradas de coca y recientemente de marihuana, debido entre otras cosas al no cumplimiento con los planes de sustitución firmados por las comunidades, muestra también la poca atención que las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes reciben desde el Gobierno.

Una realidad persistente, a pesar de existir una oposición cercana a las problemáticas de los habitantes pobres del campo colombiano, pues sigue existiendo y dominando en las mayorías del Congreso terratenientes, además de personas asociadas a ellos, asi como a los intereses de empresarios que no permiten realizar cambios estructurales en el modelo económico colombiano. La tendencia no parece cambiar, lo reafirma, como otra evidencia, la Reforma Tributaria –Ley de Financiamiento– aprobada a inicios de este Gobierno, otra muestra de los ataques a la clase media y popular. 

 

¿Alternativas?

 

Las movilizaciones del año pasado, realizadas por estudiantes, así como las lideradas por indígenas y campesinos, son la muestra que la lucha seguirá siendo en las calles. No ha sido de otra manera como este y anteriores gobiernos toman nota de las demandas del país nacional.

Por ello, todos y todas en unidad debemos estar atentos para movilizarnos en contra de las políticas que benefician al gran capital extranjero y nacional, y en defensa de los derechos que siguen desmontando en nuestro país. Es momento de exigir al gobierno nacional que genere políticas de empleo, coloque dique a la devaluación del peso, a la carestía de los alimentos, así como de los combustibles, al tiempo que despliegue políticas efectivas de empleo digno. 

Es momento que Duque gobierne y el pueblo sea quien le exija, porque no puede ser que llevemos ya un año y todo siga como si nada, y antes se agudicen los problemas que el colombiano y colombiana de a pie sienten diariamente, sin un Ejecutivo que reaccione ante las necesidades más sentidas de la población colombiana. 

 

*Senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS

Publicado enEdición Nº260
Raúl Castro admite errores en la reforma económica de Cuba

El gobierno ha fijado como próxima prioridad la unificación monetaria y del tipo de cambio

El presidente cubano, Raúl Castro, admitió errores en el plan de reformas económicas, pero prometió continuar con la apertura de estilo soviético, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su política contra el gobierno comunista.

Castro, quien dejará la presidencia el 19 de abril, encabezó una reunión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que examinó qué había salido bien, qué se debía rectificar y qué cuestiones obstaculizan la implementación de las medidas de apertura, reportó este martes el diario Granma.

Castro, de 86 años, continuará hasta 2021 como jefe del gobernante Partido Comunista, la fuerza política rectora del país.

A pesar de los errores e insuficiencias reconocidas en este pleno, la situación es más favorable que hace algunos años, señaló el presidente.

En los primeros tres años hubo un alto rendimiento de implementación de políticas, pero a partir de 2011 el ritmo bajó por la complejidad de las medidas y por errores en la planificación y el control, explicó el responsable de las reformas económicas, Marino Murillo, ante el Quinto Pleno del Comité Central del PCC.

El funcionario explicó que la lentitud de las reformas se debió a limitaciones financieras que imposibilitaron el respaldo adecuado a un grupo de medidas que requerían inversiones, publicó Granma.

El mandatario cubano, quien hace una década remplazó en el poder a Fidel Castro, emprendió desde 2010 un programa que incluyó la apertura de pequeños negocios privados y la compraventa de viviendas, entre otras reformas, para tratar de mantener el socialismo en el país.

Las reformas económicas de Raúl Castro buscan dar mayor espacio a la iniciativa privada en el sector servicios y la apertura a la inversión extranjera, manteniendo el Estado el control de los grandes sectores estratégicos.

El proceso de apertura ha significado especialmente el auge de restaurantes privados y el alquiler de habitaciones, algo que ha generado recelo en algunos sectores del gobierno, que critican la acumulación de riqueza en manos de particulares.

Actualmente se están revisando todas las medidas y entre las prioridades está el ordenamiento monetario, en particular los estudios para la unificación monetaria y cambiaria.

En Cuba circulan el peso CUP, moneda en la cual se pagan la mayoría de los salarios, y el peso convertible CUC, usado en el sector turismo y para los productos importados. El gobierno sostiene que la convivencia de ambas obstaculiza el control económico.

El pleno del Comité Central señaló como prioridad la unificación monetaria y cambiaria, pues los tipos de cambio diferentes benefician a las empresas estatales pero distorsionan la realidad de la economía nacional.

El PCC reiteró su apoyo a las pequeñas empresas particulares, en las que trabajan unas 580 mil personas, y reconoció que no siempre los organismos estatales se involucraron en el éxito de los negocios privados.

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Martes, 13 Diciembre 2016 07:00

La prueba PISA y la ruta del dinero

La prueba PISA y la ruta del dinero

La difusión de los resultados de la prueba PISA en México ha provocado un pequeño escándalo mediático. Las autoridades educativas se desagarran las vestiduras, los empresarios disfrazados de sociedad civil responsabilizan a los maestros del fracaso en la evaluación y una parte de la prensa pone el grito en el cielo. Ni hablar, como decía John F. Kennedy, "el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano".

Ante semejante bullicio conviene escudriñar un poco en lo que se encuentra detrás de la prueba PISA. Por ejemplo, ver quién hace negocio con ella. Porque, no hay que olvidarlo, la realización del examen no es un acto de filantropía, sino business. Como informó Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México invirtió 44 millones de pesos en la evaluación.

Los primeros rastros de la ruta del dinero de esta medición pueden encontrarse en un comunicado difundido el 7 de octubre de 2011 por Pearson, el gigante trasnacional de la enseñanza: "Pearson, la empresa líder en el aprendizaje del mundo, anuncia que ha sido elegida por la OCDE para desarrollar los marcos para la prueba PISA de 2015" (https://goo.gl/v7zs6p).

Orgullosa, la empresa informó que el negocio no quedaba allí. "Pearson también asesorará al estudio PISA sobre los beneficios, las oportunidades y las implicaciones de la implementación de pruebas adaptativas por computadora para PISA en el futuro."

Entusiasmado, John Fallon, presidente ejecutivo de Pearson International, declaró: "Una educación de alta calidad es vital para el desarrollo económico y el bienestar social de una nación y PISA es un punto de referencia clave por el cual las naciones pueden medir su propio progreso y aprender unos de otros. Así que estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con la OCDE y las comunidades académicas de todo el mundo para desarrollar la prueba 2015".

Emocionado con el acuerdo, Andreas Schleicher, subdirector de la OCDE y director de PISA, afirmó: "La prueba de 2015 tiene el potencial para comenzar una nueva era en los exámenes internacionales. Tenemos que hacer un uso mucho más inteligente de la tecnología".

Curiosamente, míster Pisa forma parte del panel asesor de Pearson. Un hecho nada excepcional en la estrategia de esta compañía, en la que, con harta frecuencia, sus ejecutivos y asesores tienen estrechos vínculos con funcionarios educativos claves de diversos países.

Dedicado a servicios y contenidos educativos, Pearson es uno de los cuatro grupos editoriales más importantes en el mundo. Se describe a sí misma como la compañía líder mundial en educación, con más de 35 mil empleados en más de 70 países, que ayudan a la gente de todas las edades a que sus vidas progresen. En 2015 facturó más de 5 mil 655 millones de dólares.

La multinacional Pearson posee 50 por ciento de las acciones de la editorial Penguin Random House; de Longman, del influyente diario Financial Times y la mitad de la revista The Economist. Es dueña, también, de la más importante empresa estadunidense dedicada a la elaboración de exámenes, la National Evaluation Series. Su objetivo es "lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo".

Pearson –apunta su página web– "es la compañía mundial de aprendizaje, con experiencia en cursos educativos y evaluación, y una gama de servicios de enseñanza y aprendizaje impulsados por la tecnología". Su gran apuesta comercial es la elaboración de exámenes estandarizados, similares a los utilizados en la reforma educativa de México.

En un estudio sobre la estrategia empresarial de Pearson para conquistar el mercado estadunidense y canadiense, Donald Guststein documentó cómo este consorcio obtiene el grueso de sus ganancias a través de los textos digitales, las herramientas de enseñanza virtual y los exámenes online, convirtiendo a cada estudiante y a cada maestro en sus clientes.

Aunque parezca historia de ciencia ficción, no lo es. El objetivo de Pearson es convertirse en un poder fáctico trasnacional, capaz de definir en qué consiste una educación exitosa, al tiempo que "garantiza" que sus productos y servicios permiten alcanzarla. Su creciente control de los mercados de evaluación, elaboración de guías de estudio y plataformas digitales, producción de libros de texto y su actual papel en la prueba PISA son un paso adelante en ese propósito.

La empresa justifica su estrategia con base en consideraciones altruistas. Según Alice Hunt, su directora de comunicaciones para las operaciones no estadunidenses, la compañía tomó "conciencia de los debates sobre la educación en todo el mundo y la necesidad de contribuir a ellos. Vemos nuestra contribución a estos debates como una parte realmente importante de la discusión general, que abarca gobiernos, otros políticos y grupos de la sociedad civil".

Cada día, el monopolio crece e invade áreas antes ocupadas por los estados. De acuerdo con la académica estadunidense Diane Ravitch, "Pearson está sobrepasando los límites del papel de un negocio lucrativo. En varios casos, la corporación actúa como una agencia cuasi gubernamental. Pero no es una agencia cuasi gubernamental: es un negocio que vende productos y servicios ¿Qué parte de la cadena educativa no está controlada por Pearson? ¿Actúa en el mejor interés de los estudiantes, de la nación o de su propio negocio?"

Pearson respondió esta pregunta. En 2011 firmó un contrato por 32 millones de dolares para realizar los exámenes oficiales de las escuelas públicas de Nueva York durante cinco años. La compañía fue multada con 7.5 millones de dólares. Un fiscal encontró que utilizaba para sus propios negocios la información que obtenía al hacer los exámenes. Si esto hizo en Nueva York, imaginemos qué no hará con la información de la prueba PISA.

La barahúnda por los resultados del examen de la OCDE no debe llevarnos a perder de vista una de las consecuencias más relevantes y graves de la prueba PISA. Con ella (y con la reforma educativa en marcha) Pearson está dando un paso más en el control y la gestión de la educación en nuestro país y en el mundo.

Twitter: @lhan55

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Lunes, 28 Noviembre 2016 14:28

Trabajo social se moviliza en Colombia

Trabajo social se moviliza en Colombia

 

El 2 de octubre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional –MEN–, mediante la Resolución 16460, reorganizó la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –Conaces, instancia encargada de coordinar y orientar los procesos asociados al “aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, sus programas académicos” (*)

 

La resolución precisa que la Conaces se apoyará en expertos académicos, organizados en diez (10) salas de evaluación, que se “integrarán según las áreas del conocimiento o campos de acción de la educación superior definidos en la clasificación internacional normalizada de la Educación adaptada para Colombia Cine-2011, y de acuerdo con las necesidades del servicio y las políticas en materia de Educación Superior”. Las salas de evaluación apoyarán el proceso de evaluación, además de presentar las recomendaciones de orden académico sobre las condiciones para el otorgamiento y/o renovación del registro calificado, y formular propuestas para la adopción de criterios relacionados con el aseguramiento de la calidad, entra otras funciones.

 

En este contexto, el 28 de diciembre de 2015, el MEN emitió la Circular 79, por la cual se informa sobre la “Nueva composición y estructura de las salas de evaluación de Conaces a partir del 1 de enero de 2016”. En esta nueva formulación orgánica, la Comisión ubica a los programas de Trabajo Social como integrantes de la sala de evaluación Salud y Bienestar, lo que implica nuevos referentes para la consecución del registro calificado y de alta calidad (ya que en su mayoría quienes la conforman son profesionales de las ciencias de la salud), así como de la transformación de la visión del campo de aplicación de esta profesión y disciplina.

 

Estos actos administrativos, expedidos por el MEN, desconocen la formación histórica de la profesión, su labor y aporte a los procesos de transformación de la realidad del país en general, y de las condiciones de vida de sus comunidades en particular. En consecuencia, estos hechos han generado la indignación de quienes están vinculados a Trabajo Social en el país, promoviendo que de manera amplia, egresados, estudiantes y docentes pongan de manifiesto entre otros puntos los siguientes:

 

- La historia del Trabajo Social tiene una formación ubicada en el contexto de las ciencias sociales y humanas que no puede borrar una disposición ministerial.

- La construcción histórica del estatuto epistemológico, teórico, metodológico y ontológico se enmarca en las ciencias sociales y humanas.

- La decisiones tomadas por el MEN ponen en riesgo el ejercicio de la profesión porque restringen el desempeño profesional al área de la salud, la asistencia a adultos mayores y discapacitados, y asistencia a la infancia y servicios para jóvenes; desconociendo la multiplicidad de escenarios académicos y laborales en los que nos hemos desempeñado en el mundo, y en los 80 años de historia en Colombia.

- Al así proceder, se desconocen aportes importantes en los temas sobre diseño, formulación y gestión y evaluación de las políticas públicas, algunas de ellas como: las políticas públicas de mujer y géneros, las políticas públicas de infancia y adolescencia, las políticas públicas de juventud, las políticas públicas de educación, entre otras.

- Trabajo Social es una disciplina-profesión que históricamente ha tenido una incidencia importante en diferentes sectores y atención de problemas sociales, como la estructuración de servicios sociales, ambiente y biodiversidad, rehabilitación social, farmacodependencia, establecimiento de pisos de seguridad y protección social, en la educación popular y en el fortalecimiento de las comunidades para afrontar colectivamente sus problemas sociales.

- Trabajo Social no solo se ha preocupado por la investigación de los problemas sociales colombianos, también ha sido abanderada en procesos de atención, organización y desarrollo en comunidades, con mujeres, jóvenes, adultos y en áreas que sobrepasan los límites de la salud; no sobre recalcar los avances en términos de la rehabilitación social, en el área de los procesos comunitarios en contextos de vivienda, educación, familia, etcétera.

- Trabajo social es una disciplina-profesión que ha contribuido notoriamente en procesos de investigación de los diversos problemas sociales colombianos. En especial, frente a la actual coyuntura que vive el país, con respecto de lo que ha significado la participación del Trabajo social en la compresión del conflicto armado, la atención a las víctimas, la recuperación de la memoria histórica y colectiva, la construcción de escenarios de paz y el trabajo en todas las regiones del país desde la pedagogía de paz. De hecho, Trabajo Social ha sido una profesión altamente comprometida con la paz y los derechos humanos.

- Históricamente diferentes profesionales en esta área del saber, han incidido de manera contundente para establecer modelos de atención social, políticas públicas y un sin fin de iniciativas que impactan en la vida cotidiana de los colombianos. Podría mencionarse en los últimos tiempos a mujeres como Gilma Jiménez (exsenadora de la República Qepd), Martha Nubia Bello (Coordinadora del informe Basta Ya), Adriana Córdoba (exveedora Distrital de Bogotá), Gloria Cuartas (exalcaldesa de Apartadó) y colegas como Alejo Vargas (Asesor y acompañante en el proceso de paz con las Farc en el actual gobierno), quienes han trabajado arduamente por atender situaciones, pero además quienes han fomentado la inspiración por el Trabajo Social, como una Ciencia Social consolidada, con alta incidencia política ,y con un compromiso por la defensa de los derechos humanos.

- En fin, Trabajo Social, como punto de referencia en las Ciencias Sociales para transformar las condiciones que afectan el desarrollo y bienestar colectivo. Trabajo social, contiene en su interior una carga histórica y política que confronta y propone frente a los problemas sociales, su naturaleza, abordaje, políticas públicas y forma de concebir el bienestar social. Más aún, interroga el papel de quienes se ven sujetos a sus implicaciones y consecuencias.

 

Además, la normatividad internacional y las decisiones que ello derivan para el MEN, no pueden desconocerse las condiciones y dinámicas propias de los países y sus comunidades, teniendo en cuenta que una misma idea no puede ser aplicada de la misma forma sobre contextos distintos.

 

Por todo ello, Trabajo Social, de manera gremial, ha movilizado a sus estudiantes, docentes y egresados en todas las regiones de Colombia de forma pacífica y propositiva, manifestando su indignación y recordándole al país sus aportes históricos, su papel al servicio del bienestar social y, no menos importante, su aporte a las ciencias sociales. Ello reclama y promueve un escenario favorable para la consolidación de ejercicios de participación que incidan en la modificación de las determinaciones tomadas por la Conaces, que permita ejercer el Trabajo Social de manera digna y acorde con las problemáticas del país.

 

* Decreto 2230 de agosto 8 de 2003.

 

 

Publicado enEdición Nº230
Mitos neoliberales: la evaluación educativa

Antes que nada procede ubicarnos en el mundo que vivimos, en la época que nos toca existir. En todos los ámbitos de la vida social, el mundo se desliza cada vez más hacia patrones que obedecen a los principios y objetivos de la ideología neoliberal y a los intereses del capital corporativo. La superconcentración de la riqueza y el nivel de los megamonopolios alcanzan hoy su máximo histórico. Cuatro megabancos controlan la economía del planeta (ver) y mil 318 corporaciones, representando 20 por ciento, controlan 60 por ciento de la riqueza, y de esas sólo 147 manejan 40 por ciento del flujo económico global (ver: Vitali, et al.,). Pero este mundo comandado por las élites necesita anestésicos que hagan eficiente la integración de los ciudadanos y que lubriquen sus mecanismos de dominación. Requieren de construir ideología para justificar su orden. Un orden que encierra cada vez más riesgos reales y potenciales y que conduce, en el mediano plazo, al colapso de la humanidad y de su entorno planetario, tal y como lo indican los reportes científicos sobre la crisis ecológica y los análisis sobre la inequidad social.
Todo esto resulta necesario para entender el conflicto en torno a la llamada reforma educativa cen¬trada en un método de evaluación que intenta do¬mesticar a un sector social que se confronta con los poderes fácticos del país y del mundo, no solamente mediante acciones de desobediencia civil e incluso de actos excesivos, sino también de ideas y de proyectos alternativos. Se trata de los 500 mil maestros afiliados al sindicato disidente (CNTE), más los miles que se han ido sumando en los meses recientes justamente como reacción a esa reforma. Estamos hablando, entonces, de un sector que influencia e interactúa con (en las escuelas, es decir, con alumnos y padres de familia) unos 20 millones de mexicanos.


Quienes se sitúan en favor de la reforma en la educación comparten de alguna manera una visión general sobre la realidad y, por tanto, coinciden con los supuestos ideológicos de la civilización moderna. Se trata de enormes mitos, ideas generalizadas y largamente construidas que los análisis rigurosos basados en datos duros han mostrado que son falsas. Destacan, entre otras: el desarrollo es sinónimo de progreso, el crecimiento económico conduce al bienestar social, la producción moderna o agroindustrial de alimentos es superior a la tradicional o campesina, o la ciencia y la tecnología son por definición moralmente buenas y la democracia electoral es legítima. Deconstruir estos mitos modernos es una tarea que realizan intelectuales e investigadores situados en el pensamiento crítico y/o complejo. La modernidad y su motor profundo, el capitalismo corporativo, están en crisis porque sus principales pilares ideológicos están siendo cuestionados uno a uno. El mito de la educación de calidad que hoy se esparce por buena parte del mundo industrial o desarrollado, en realidad ha sido precedido por otro más: el de la ciencia de calidad que se introdujo hace unas dos décadas en el sistema científico y tecnológico del país y que hoy determina buena parte de los sistemas de evaluación académica. En ambos casos se busca generar individuos adaptados y sintonizados con las necesidades de las empresas y las corporaciones y, sólo en segundo plano, con las necesidades del país y, finalmente, con las problemáticas más agudas de la sociedad. El perfil del científico desarrollado o de calidad es esencialmente el de un investigador especializado formado para publicar artículos en revistas internacionales de al¬to impacto, no importa a lo que se dedique, ni sus contribuciones como profesor o formador de nuevos cuadros, su conciencia social y ambiental ni su visión o formación humanística. Para ello se diseñaron métodos cuantitativos que califican hasta el valor de impacto de las revistas en que se publica. En México, por fortuna, y gracias a las numerosas críticas, este modelo ha tenido que ser matizado, por ejemplo por el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.


Si en la ciencia se ha intentado imponer un modelo caricaturesco de investigador, reduccionista, individualista, competitivo y especializado, con la reforma educativa se busca igualmente generar maestros amaestrados. Para quienes nos dedicamos a la enseñanza, y yo lo he hecho desde hace 48 años, sabemos que la calidad de un maestro depende de toda una variedad de atributos y destrezas, objetivas y subjetivas, además del contexto institucional y material, y sobre todo de valores. Querer reformar la educación mediante un examen a los maestros, con criterios importados de Europa (OCDE) o los países industriales es una tomadura de pelo, más aún si los métodos de evaluación no han sido analizados, discutidos y consensuados con los propios maestros.


La reforma educativa que se quiere imponer de manera autoritaria por la SEP, los empresarios (con Mexicanos Primero como ariete) y avalada en los días recientes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación obedece a un pensamiento moldeado por los mitos neoliberales, que visualiza un paraíso mercadotécnico y que olvida los procesos de inequidad social y depredación ecológica que desencadenan. Muy contrariamente a lo que se difunde, la rebelión de los maestros no sólo es manifestaciones, paros, mítines, toma de carreteras y aeropuertos. Como hemos estado leyendo en La Jornada, en al menos media docena de pensadores del magisterio, existe una contrapropuesta magisterial de mejoramiento de la educación que busca otros objetivos, y que no elude la evaluación, sino sus métodos. Se trata de un modelo educativo diseñado para construir otra modernidad, que no olvida que al final de cuentas el sueño neoliberal es una pesadilla colectiva.

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Huelga de maestros chilenos en rechazo a la reforma educativa

Miles de profesores chilenos marcharon este lunes por las calles de Santiago en el inicio de una huelga general en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que establece aumentos salariales condicionados a evaluaciones docentes.


Sin los profesores no hay reforma y El profe luchando también está enseñando, fueron algunas de las consignas que exhibieron en carteles los manifestantes convocados por el Colegio de Profesores de Chile, que cuenta con unos 100 mil afiliados de enseñanza pública secundaria. La medida de fuerza, de acuerdo con el gremio, tiene una adhesión cercana a ciento por ciento.


El líder del gremio de los profesores, Jaime Gajardo, declaró: es muy importante que las autoridades pongan de su parte; esto significa que tengamos una mesa de diálogo. Añadió que el proyecto gubernamental no puede ser aprobado en el Congreso tal como ha sido redactado, pues en más de 90 por ciento es rechazado por los docentes.


Los profesores se oponen a la propuesta que recientemente envió al Legislativo la presidenta Bachelet, en el contexto de una amplia reforma educativa que viene impulsando para terminar con el sistema que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que reducía recursos públicos y fomentaba la participación de la iniciativa privada en la educación.


La propuesta de la mandataria determina un aumento salarial de 28 por ciento para los profesores dentro de la Nueva Política Nacional Docente, que les exige evaluaciones periódicas en su desempeño. El gobierno quiere extender a unos 850 mil docentes este nuevo sistema, cuyo costo se elevaría a unos 2 mil 300 millones de dólares.


Gajardo dijo que se trata de un proyecto individualista y competitivo, y estimó que detrás de esas exigencias se evidencia la desconfianza y el control, de ahí que el Colegio de Profesores esté exigiendo también un diálogo con las autoridades. Esto es, dijo, porque el magisterio nacional quiere una carrera profesional docente con base en sus planteamientos y necesidades.


Los maestros, que mantienen paralizados centros docentes municipales y algunos particulares subvencionados por el Estado, marcharon en este primer día de huelga por la Alameda y frente al palacio presidencial de La Moneda en orden y sin incidentes. Tuvieron además el apoyo de estudiantes de secundaria y el anuncio de que se sumarán los universitarios.


El gremio cuenta también con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores. Manifestaciones similares se desarrollaron en otras ciudades del país.


En tanto, el Ministerio de Educación rechazó la huelga y dijo estar abierto al diálogo.

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En Colombia el 16 por ciento de los niños no acceden a la educación primaria

Según estudio realizado por la Unesco, la cobertura de la educación primaria en Colombia no supera el 83,9 por ciento de los infantes. Entre ellos, más del 15 por ciento desertan por falta de recursos económicos.

 

Quince países de Latinoamérica y el Caribe participaron en el Tercer Estudio Regional Comparativo (Terce) realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece). Los resultados fueron expuestos el miércoles 3 de diciembre en Brasilia, dando un diagnóstico alentador de la educación primaria en la región.

Estudio que en algunos aspectos es revelador. Por ejemplo, para el caso de Colombia muestra un panorama diverso, pues mientras el porcentaje de alumnos inscritos en educación primaria es del 83,9 por ciento –más bajo que el promedio regional obtenido de 91,2 por ciento–, el porcentaje de repetición es uno de las más bajos: solo el 2,4 por ciento de los estudiantes matriculados tuvieron que repetir el año cursado. Vale la pena anotar que en este resultado puede pesar la existencia y aplicación por los centros de estudio del decreto 230 que no permitía la perdida del año lectivo por parte de ningún estudiante, decreto que duró hasta hace cuatro años cuando fue reemplazado por el 1290 que brinda autonomía a cada una de las instituciones ante el tema de la promoción.

Las cifras del Terce demuestran que en Colombia hace falta garantizar una educación gratuita y de calidad que aseguren que el 16 por ciento de niños que hoy no llegan a la escuela en adelante sí lo hagan.

Los datos del estudio fueron recolectados en el 2013 por las organizaciones gracias a la cooperación de los países y a los resultados obtenidos luego de evaluar a más de tres mil escuelas y casi doscientos mil estudiantes de los grados tercero y séptimo de la región con pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencia. Por otro lado, el estudio tuvo en cuenta variables sociales y económicas de cada uno de los países participantes, como desigualdad social, pobreza e inversión educativa.

Estos datos destacan a Colombia como el segundo país, entre los catorce analizados, con el más alto índice de pobreza, con un 16 por ciento, apenas superado por Honduras, cuyo porcentaje fue del 30 por ciento.

Mientras tanto, en materia de inversión educativa, el país aporta un 4,4 por ciento del PIB y un 15,8 por ciento del presupuesto público, lo que lo posiciona por debajo de países como México, Guatemala y Chile, cuyos porcentajes van del 19,4 al 21 por ciento del presupuesto público. Sin embargo, es necesario destacar que en lo que ha corrido del 2006 al 2013 este porcentaje creció en el país.

Una de las cifras más preocupantes evidenciadas en el estudio es el alto índice de deserción de la escuela primaria que caracteriza a Colombia, donde el 15,3 por ciento de los estudiantes matriculados abandonan la institución, "ya sea por la ineficiencia de las instituciones para mantener a los estudiantes o por variables externas como la condición económica, que obliga al estudiante a trabajar para aportar al ingreso familiar", concluyen las organizaciones que realizaron el estudio.

Lo más alarmante es que esta tasa de abandono tuvo un aumento del 0,5 por ciento entre el 2006-2013, una de las más altas de la región.

Una de las posibles causas de este indicador podría explicarse por el alto índice de desigualdad social vigente en Colombia que para el 2012, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), correspondía al 0,54, el más alto de los 15 países analizados, lo que imposibilita la existencia de condiciones dignas para que un niño pueda desempeñarse plenamente en el ámbito educativo.

 

Desempeño de los estudiantes de educación primaria

Mientras tanto, los resultados obtenidos por los estudiantes de grado primero y sexto de las escuelas primarias colombianas fueron alentadores y mostraron un avance significativo en comparación con lo obtenido en las pruebas del 2006.

En el área de matemáticas los resultados tuvieron un aumento de 19,53 puntos para los grados terceros, mientras que los grados sextos obtuvieron un aumento de 21,98 puntos.

Una mejoría semejante presentó Ciencias Naturales, prueba que fue aplicada a los estudiantes de grado sexto, que obtuvo un resultado favorable en relación con el promedio regional, y un aumento del 22,18 en comparación con los resultados del 2006.

 

 

Lenguaje y matemáticas

Un dato curioso: la diferencia relevante presentada en las puntuaciones de lectura de tercer grado, significativamente más alta en niñas que en niños.

A nivel regional los resultados fueron similares pues en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, República Dominicana y el estado mexicano de Nuevo León, las niñas también mostraron resultados superiores a los de los niños en esta área. Por otro lado, y para el caso colombiano, los niños, demostraron un mayor desempeño que las niñas en el área de matemáticas, tanto en el grado tercero como en el sexto.

En general el estudio Terce evidenció un mejoramiento en los resultados obtenidos en la región en todos los grados y áreas evaluadas. Sin embargo, los países que obtuvieron mayores puntajes son los mismos que han mejorado el presupuesto en educación, y cuya brecha de desigualdad y pobreza son menores. Es en esa medida que la dirigencia colombiana debe hacer esfuerzos significativos para que realmente exista una educación primaria gratuita, obligatoria y de calidad; correspondiéndole a las organizaciones sociales demandan la efectiva aplicación del derecho humano fundamental a una educación pública, gratuita y universal.

 

 

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Las protestas de los maestros y la calidad de la educación en Colombia

El malestar que ronda el magisterio colombiano no es injustificado. La paciencia de más de 300 mil educadores públicos de todo el país está llegando a su límite debido a las bajas remuneraciones, los obstáculos para ascender en el escalafón docente, la sobrecarga de trabajo, el ineficiente sistema de salud y el bajo reconocimiento social de su profesión. La poca voluntad del Estado para dar respuesta a los problemas que padecen día a día los maestros está empeorando las condiciones de vida de los encargados de formar a los colombianos del futuro.

 

Algo anda mal en el sistema educativo colombiano. Los resultados del país en evaluaciones internacionales de calidad de la educación no son los mejores. En las últimas pruebas PISA, realizadas en el 2013, Colombia ocupó el puesto 62 entre 65 países. En un módulo especial que medía la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de la vida cotidiana, los alumnos colombianos ocuparon el último puesto entre 44 países.

 

Si bien es cierto que los países que presentan la evaluación en su mayoría son miembros de la OCDE, y por ende con condiciones mucho más favorables que las colombianas, lo revelador de estas pruebas es que el desempeño del país viene en caída. En la evaluación del 2009 Colombia fue 52 entre 65 países, lo que representa una pérdida de 10 puestos en solo cinco años.

 

Pero este no es el único síntoma. El magisterio, representado por FECODE, la semana pasada realizó un paro nacional de 3 días con el objetivo de presionar al Gobierno y denunciar la histórica desatención de los problemas de los educadores públicos. Una lectura de sus condiciones laborales revela el porqué de su malestar y la mala calidad de la educación del país.

 

Profesionales con la peor remuneración

 

Los salarios de los maestros de la educación pública preescolar, básica y media de Colombia han sido históricamente bajos en relación con la importancia de su labor. Representantes sindicales del gremio aseguran que son los trabajadores profesionales del Estado con peor remuneración.

 

Existen dos estatutos reglamentarios de la profesión docente; el 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002, cada uno con un escalafón propio que define el salario mensual de acuerdo con la formación académica del educador y su antigüedad en el servicio. Para quienes están por el estatuto 2277 los salarios en este 2014 varían entre $616.000, correspondientes a maestros del nivel de bachiller, y $2´711.939, para los mejor preparados académicamente y con más años de servicio. En el estatuto 1278 de 2002 los salarios oscilan entre $1´201.819 y $5´334.216.

 

Aparentemente el decreto 1278 contempla mejores ingresos para los maestros. Sin embargo, una lectura de las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación en materia de evaluación, revela que más que un escalafón docente se trata de una carrera de obstáculos que burla las expectativas que tienen los maestros de mejorar su calidad de vida, al punto de que los más antiguos han preferido continuar con el estatuto antiguo, el 2277 de 1979.

 

Considerando los múltiples niveles que contempla el escalafón docente, tenemos que el maestro promedio en Colombia no devenga más de $1´500.000 mensuales, salario que, según datos de la Fundación Compartir, es 18% inferior al que perciben profesionales de medicina, ingeniería, derecho y economía. Esta realidad ubica al maestro promedio colombiano en un nivel socioeconómico medio-bajo, equivalente al estrato 3, que solo le permite cubrir necesidades básicas e impide un desarrollo personal y familiar adecuado.

 

Aníbal López, maestro de español de la Institución Educativa San Francisco, en el oriente antioqueño, dice que debido a los bajos ingresos los docentes de la educación pública tienen que privarse de muchas cosas. "No nos alcanza el dinero, tenemos que hacer préstamos para que los hijos estudien, embargarnos porque el salario nuestro nunca ha sido digno. No ganamos lo que realmente merecemos".

 

Esta situación ha obligado a los maestros a buscar otras formas de generación de ingresos, de allí la figura del "profesor taxista" que ha ganado espacio al interior de los colegios urbanos. Este tipo de maestros tienen que dictar clase en diferentes lugares para poder reunir un ingreso decente. Y en las zonas rurales los maestros no encuentran otra opción que invertir sus recursos en actividades comerciales.

 

Carlos Julio Díaz, asesor de la Escuela Nacional Sindical, ex presidente de la CUT Antioquia, y el mismo educador, explica que los maestros han ganado fama de "malas pagas" porque es de dominio público que su salario no es suficiente para solventar las deudas que contraen. Estas preocupaciones por el día a día repercuten indudablemente en su desempeño laboral.

 

"No se puede esperar que los estudiantes en Colombia tengan competencias si quienes los están formando no leen un libro porque están preocupados por los problemas de la vida diaria, por el arrendamiento, los servicios, la cuota del banco. Esas preocupaciones no te dejan pensar, te desconcentran", asegura Díaz.

 

Escalafón sin peldaños

 

Una alternativa que encuentran los maestros para mejorar su nivel de ingresos, son los estudios de posgrado. En teoría, éstos les permiten ascender en el escalafón docente y capacitarse en beneficio de la calidad que requiere el sistema educativo. Sin embargo, quienes albergan tales esperanzas encuentran una serie de obstáculos que, en la mayoría de los casos, los hacen desistir de sus propósitos capacitación.

 

El educador Aníbal López cuenta que ha tenido que aplazar su posgrado porque lo que gana lo tiene comprometido en la educación de su hija y en costear las necesidades del día a día. Considera que el Estado no ha sido un apoyo, porque no existen becas o estímulos suficientes para culminar su ciclo académico. Los gastos para un docente como él, que reside en un municipio apartado de un centro urbano, se incrementan por el coste de transporte y la manutención.

 

Bertha Rentería, maestra de la Institución Educativa Punta de Piedra, de Turbo, es una de las pocas docentes que tienen estudios de posgrado, pero el dinero que invirtió en ellos no provino del Ministerio de Educación o de alguna otra entidad del Estado, salió de sus ahorros y los créditos que contrajo.


Ahora bien, tener un posgrado no es garantía suficiente para ascender en el escalafón. El decreto 1278 de 2002 contempla otras medidas que dificultan el acceso a los mejores salarios que ofrece el nuevo estatuto docente. El primer obstáculo es la evaluación por competencias que aplica el Ministerio de Educación para determinar si un maestro merece ascender en el escalafón docente según los resultados que obtenga.

 

Así explica Fernando Ospina, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la metodología de la evaluación por competencias:

 

"Se evalúa bajo el método Rash, en el que las preguntas más acertadas por los maestros son las que menos porcentaje de valor tienen. Es un cercenamiento del derecho con otra connotación: el puntaje que se le asigna es del 80%, mientras que en todas las pruebas en Colombia y en el mundo es con el 60%. No es garantista el ascenso porque es frene y frene. Hay unos pocos que ascienden. En promedio, entre el 18 y el 20% pasa la prueba. Es la única profesión en Colombia que tiene eso".

 

Como si fuera poco, en su artículo 36 el decreto enuncia que aún después de superar las evaluaciones de la universidad para obtener el título, y las del Ministerio de Educación, el candidato a ascender debe esperar la disponibilidad presupuestal para que se haga efectivo el incremento salarial.

 

Edgar Ramírez, docente de la Universidad Nacional sede Medellín, y doctor en Educación y Sociedad, lo explica así: "Es problemático encontrar maestros con especializaciones y maestrías que están del orden de $2.5, cuando en otras profesiones las condiciones económicas son muy distintas. Total, cuando hay maestros por vocación que hacen estos ciclos de largo plazo, no hay una especie de compensación o retribución desde lo económico y desde la valoración social que se debe hacer de ellos".

 

¿Evaluación o castigo?

 

Además de la evaluación de competencias para los ascensos en el escalafón, el decreto 1278 contempla otras dos evaluaciones que ponen en entredicho la estabilidad que antes caracterizaba al magisterio.

 

La primera evaluación es la del periodo de prueba, que se les hace a los maestros que llevan menos de un año de servicio pero que ya superaron el concurso de ingreso a la carrera docente. El artículo 31 señala que los maestros que no ganen la prueba con el 60%, "serán retirados del servicio". Esta evaluación también se aplica a los directivos académicos, y el castigo en caso de perderla es regresar a la actividad docente, como si se tratara de una ocupación secundaria o residual.

 

La segunda evaluación se denominada "de desempeño". Se realiza cada año y es vitalicia. Sobre ella Luis Fernando Ospina, presidente de ADIDA, dice: "Esta evaluación se toma como una manera de ejercer autoridad por parte del gobierno. Más que para mejorar, se toma como que de eso depende su continuidad, entonces se presta para chantajes en el acto educativo diario. Al maestro se le exige un montón de papelería y está más preocupado en mostrar resultados al rector que en desarrollar procesos de aprendizaje y mejoramiento de enseñanza".

 

La evaluación se realiza con los criterios del rector, los padres de familia, los estudiantes, e incluso, los colegas. La sanción que establece el decreto 1278 para los profesores que pierdan la prueba durante dos años consecutivos, es el retiro del servicio y la exclusión del escalafón docente.

 

El profesor Edgar Ramírez explica que las evaluaciones siempre serán motivo de controversias, pero es importante reconocer la intencionalidad de las pruebas. "Hay una línea dura o draconiana que cree que, bajo una matematización del conocimiento, aquellos que saquen las mejores notas son los mejores profesores; y hay otra línea de concertación, en la que se buscan niveles de responsabilidad y compromiso, en donde se diseñen unos sistemas más para mejorar, cualificar y avanzar que en la perspectiva de la sanción", concluye Ramírez.

 

Desprotegidos

 

Las presiones que padecen los educadores públicos por las múltiples evaluaciones a las que son sometidos y la sobrecarga de funciones, producto del hacinamiento escolar, están afectando si salud física y mental. El aula de un colegio oficial promedio en Colombia tiene 40 estudiantes y algunos maestros dictan clases en varios cursos.

 

Bertha Rentería señala que en estos momentos hay sobrecarga de trabajo porque el Ministerio de Educación está pidiendo demasiadas cosas. "Aparte de hacer bien el trabajo, los maestros tienen la presión de algunos rectores, coordinadores, colegas y todo eso hace que la gente ande más estresada. Si usted tiene un buen sueldo, posibilidades de salir a vacacionar con su familia, va a tener más forma de estar relajado y tranquilo".

 

El presidente de ADIDA, Fernando Ospina, manifiesta que en los últimos meses tuvo acceso a un estudio del Centro Nacional de Consultoría, según el cual 130 mil maestros padecen enfermedades metabólicas como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Pero no solo los trastornos físicos los aquejan: 30 mil docentes tienen problemas de salud mental y han desarrollado cuadros de psicosis o neurosis, así como adicciones al alcohol y/o las drogas.

 

Esta situación convierte a los maestros en un grupo poblacional vulnerable que demanda un sistema de salud que dé respuestas efectivas a sus problemas físicos y psicológicos. Por ello cuentan con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que funciona como régimen especial porque difiere del que rige para resto de la población colombiana.

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, las ventajas de este Fondo es que no exige copagos para acceder a atención médica, y no hay límites en la atención de enfermedades y en el suministro de medicamentos. Pero la realidad es mucho menos optimista. El operador encargado de la prestación del servicio no es nacional sino que es diferente para cada región. La región 4, correspondiente a Antioquia, Córdoba y Chocó, es administrada por la Fundación Médico Preventiva. Los maestros de esta región afirman que el servicio que reciben es incluso peor que el que ofrece el sistema general de salud, porque la Fundación Médico Preventiva ni siquiera es EPS sino que es una IPS.

 

La falta de idoneidad en la prestación de servicios de salud por parte de las entidades establecidas, genera múltiples inconvenientes para los maestros y sus familias, toda vez que no cuentan con todos los niveles de atención y con frecuencia deben acudir a médicos particulares. Esto, sin mencionar que el régimen especial del magisterio también sufre de los mismos achaques del régimen general, como el "paseo de la muerte" y los retrasos en las asignaciones de citas y tratamientos de enfermedades.

 

Pero si por el lado de los maestros activos llueve, por el lado de los pensionados no escampa. Éstos están afectados en doble vía. Por un lado padecen el mismo régimen de salud de los maestros activos, con el agravante de que no tiene un direccionamiento favorable a personas de tercera edad. Y por otro lado, el sistema de prestaciones sociales los obliga a pagar el 100% del dinero que aportaban cuando estaban en servicio activo, pero les quita el acceso a las cajas de compensación familiar.

 

Luis Hernando Ricaurte, secretario de la Comisión de Salud de ADIDA, cree que un jubilado requiere una buena oferta cultural, por lo que es necesaria la vinculación a las cajas de compensación familiar. Esta situación también les impide seguir recibiendo subsidios por hijos con dependencia económica, olvidando que muchos jubilados aún están pagando sus estudios.

 

Fue precisamente la mala atención en salud, los bajos salarios y las evaluaciones de competencias lo que llevó a cientos de maestros a las calles de Colombia a manifestar su descontento y a buscar apoyo de la sociedad; y a recordarnos que es uno de los gremios más relevantes e importantes del país, pero a la vez de los más vulnerables.

 

Publicado 20 de mayo 2014.

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América Latina ocupa los últimos puestos del informe PISA sobre educación

A pesar de los esfuerzos y los reiterados compromisos anunciados por los Gobiernos de la región para hacer de la educación su bandera política, los países de América Latina han experimentado un retroceso en los niveles educativos en los últimos tres años que los ha relegado a los últimos puestos de la lista del Informe PISA sobre Educación 2012, divulgado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

De los ocho países latinoamericanos que integran el informe, Chile es el mejor situado al colocarse en el puesto número 51 con 423 puntos en matemáticas, por debajo de la media fijada por PISA (de 494), mientras que en lectura obtiene 441 y en ciencia 445. El país latinoamericano peor situado –y último de la lista- es Perú en el número 65 (368 en matemáticas y 373 en ciencias), a pesar de que ha conseguido un avance notable en materia de lectura al registrar una mejora de 5,2 puntos anuales (384 puntos).


El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de entre 15 y 16 años en 65 países –las 34 naciones de la OCDE y otros 31 Estados o territorios- que representan un conjunto cercano al 80% de la población mundial.


México ocupa la posición 53 (413 puntos en matemáticas; 415 para ciencias y 424 para lectura), lo que supone un importante avance en la última década, aunque todavía está lejos de la puntuación media fijada por la OCDE. "De mantenerse las tasas de mejoras actuales, a México le llevará más de 25 años alcanzar los niveles medios de la OCDE y más de 65 para obtener los de lectura", advierte el informe.


Entre 2003 y 2012, el número de mexicanos de 15 años matriculados aumentó del 58% a poco menos del 70%, pero ese nivel de cobertura sigue siendo el tercero más bajo de toda la OCDE. Solo en dos de los 34 países miembros de la Organización, el porcentaje de escolarizados es inferior al 90%.


En el puesto 55, a diez posiciones del final de la lista, se sitúa Uruguay. Con 409 puntos en matemáticas, 416 en ciencia y 411 en lectura, el país que gobierna José 'Pepe' Mujica ha retrocedido en todas esas áreas en los últimos diez años y ha caido ocho posiciones respecto al informe de 2009.


Tras Uruguay está Costa Rica, que ha caido un punto en la lista respecto al informe de 2009 –aunque entonces no se analizaron todas las areas-, colocándose en la posición 56. Sin embargo, la nación que dirige Laura Chinchilla irrumpe con fuerza en lectura y se igual con (441 puntos), mientras que México (424); Argentina (396); Brasil (410) y Uruguay (411) están por detrás.


Brasil se encuentra muy rezagado en el ránking, en el puesto 58, a pesar de que el informe le dedica un capítulo titulado "Lecciones esperanzadoras de un gran sistema federal". La reforma de la educación brasileña tuvo lugar en un contexto de "pobreza, enseñanza de mala calidad y un curriculum irrelevante", asegura este estudio, que dota con 391 puntos en matemáticas a sus estudiantes, con 405 en ciencias y 410 en lectura.


Argentina sigue a Brasil en la posición 59, lo que significa que continua retrocediendo en materia educativa, según PISA –en 2009 estaba en el puesto 58-. El dato más desalentador del informe 2012 para Argentina es que los jóvenes no comprenden lo que leen. La comprensión de lectura se sitúa en 396 puntos. Con una bajada de 1,6 puntos, el país que Gobierna Cristina Fernández se aleja aún más del promedio. El informe analiza en el capítulo "Argentina profundiza el retroceso en calidad educativa" las causas que han llevado al empeoramiento.


En el puesto 62 se encuentra Colombia, penúltimo país latinoamericano de la lista antes de Perú –último-, la nación de la región que más ha retrocedido en los últimos tres años, ya que el país que lidera Juan Manuel Santos ha caído 10 posiciones con respecto al año 2009. Colombia obtiene 376 puntos en matemáticas; 399 en ciencia y 403 en lectura.


Todos los países latinoamericanos progresaron en alguno de los tres capítulos examinados por PISA, salvo Uruguay y Costa Rica, cuyos alumnos ofrecieron peores resultados tanto en matemáticas como en ciencia y lectura.


El informe revela una correlación entre los resultados académicos y la puntualidad de los alumnos (quienes admitieron llegar tarde logran 10 puntos menos en las pruebas de matemáticas).


Uruguay, Costa Rica, Chile y Perú están en la franja más alta de impuntualidad, con el 50-60% de los estudiantes que llegan tarde al menos una vez en las dos semanas anteriores a las evaluaciones PISA.


Y sin embargo, a pesar de los malos resultados, los alumnos de América Latina parecen ser los más felices con sus coelgios. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13),Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE y por encima de Shanghai (28), el lugar con mejores resultados académicos. Argentina figura en el puesto 54 de esa "lista de la felicidad".

 

Por Yolanda Monge Washington3 DIC 2013 - 18:37 CET

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