La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Lunes, 22 Octubre 2018 06:10

¿Cuál crisis?

¿Cuál crisis?

No hay una crisis migratoria en Estados Unidos.

Tal vez el peor error de políticos en México y América Latina –tanto de derecha como progresistas– es aceptar la narrativa del gobierno estadunidense y responder con promesas de cooperación para buscar soluciones a un problema que no existe. Al aceptar la ficción y participar dentro de ella, se hacen cómplices de un complot político derechista con tintes fascistas aquí.

Veamos: la inmigración indocumentada a Estados Unidos está hoy día en uno de sus puntos más bajos desde 2000, y el año pasado llegó a su nivel más bajo en casi medio siglo. Los cálculos sobre flujos de inmigración indocumentada generalmente se miden con base en el número de detenciones por las autoridades en la frontera con México. En 2000 se registraron aproximadamente un millón 600 mil detenciones, bajaron un poco a mediados de esa década a poco más de un millón, y desde entonces se han desplomado. Durante el gobierno de Obama se registró un promedio de medio millón de detenciones cada año, y en el año fiscal de 2017 fueron sólo 310 mil 531; la cifra más baja desde 1971.

Más aún, en años recientes se ha registrado un influjo neto negativo, es decir, que más mexicanos (aproximadamente un millón) han retornado a su tierra de los que han cruzando al norte de manera indocumentada.

Hoy día, los casi 44 millones de inmigrantes de todas partes que viven en Estados Unidos (una quinta parte de todos los inmigrantes en el mundo) representan 13.5 por ciento de la población nacional, casi el triple del porcentaje de hace medio siglo, pero aún debajo del nivel récord de 14.8 por ciento que representaban en 1890, reporta el Centro Pew. La gran mayoría –76 por ciento– son legales.

El régimen de Trump manipula las estadísticas para generar la idea de una crisis al medir incrementos en estos últimos meses comparados con el punto más bajo en la historia reciente el año pasado o enfocados sobre algún subgrupo (por ejemplo, menores no acompañados), para volverlos dramáticos (como recordaba Mark Twain: hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas).

Ahora, la insistencia de Trump en frenar la embestida de la caravana centroamericana –cuya imagen de una masa humana avanzando hacia Estados Unidos es oro para sus propósitos– tiene mucho que ver con la coyuntura político-electoral en la cual el presidente ha anunciado explícitamente que la retórica antimigrante es clave para la estrategia electoral republicana que busca defender su control de ambas cámaras del Congreso en los comicios intermedios el 6 de noviembre.

La migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos en años recientes es resultado directo de un sistema que margina a millones; uno de los mayores éxitos de este modelo es la exportación de los seres humanos.

Centroamérica y enormes regiones de México son subsidiados –y rescatados– por los inmigrantes. Los mexicanos en Estados Unidos envían entre 24 y 28 mil millones de dólares cada año. En 2017, las remesas a América Latina y el Caribe llegaron a 75 mil millones de dólares. En Honduras y El Salvador, las remesas representan casi 20 por ciento del PIB.

Estados Unidos es el principal promotor de este modelo, y el que impone las condiciones. Cuando países intentan otra ruta, como se ha demostrado en tiempos recientes en America Latina, son calificados de amenazas a la democracia y la libertad. Vale recordar que esto es una visión bipartidista. Por ejemplo, fue Hillary Clinton, como secretaria de Estado, quien apoyó el golpe militar en Honduras contra un presidente demasiado bolivariano que llevó a la instalación del régimen actual y, entre otras consecuencias, cobró la vida de luchadoras sociales como Berta Cáceres.

No hay crisis migratoria. En el contexto trumpiano, los inmigrantes son lo que eran los judíos para los nazis. Cooperar con ese régimen sobre este asunto es complicidad con algo parecido. Los nuevos campos de concentración en Estados Unidos ya están llenos de inmigrantes y sus niños, y todos los días hay redadas y detenciones, mientras en mítines masivos el líder nutre la histeria de odio contra los otros.

Que eso esté sucediendo es la crisis.

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Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

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Don José y las vanas políticas de la tercera edad

“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”. Aunque sin tal potencia, lo sucedido con don José en Medellín, despertó y proyectó ondas no solo en esta ciudad sino por todo el país.


Sin duda, don José, un campesino desplazado que se vale de una guitarra y su voz para ganarse la vida, el 7 de mayo ingresó al restaurante el Tarquino –ubicado en el barrio El Poblado de Medellín– para cantar “mamá vieja” de los Visconti. Después de su acto algunos clientes del restaurante decidieron invitarle a almorzar, pero al momento de sentarse la administración del establecimiento le pidió el favor de que comiera afuera, lo que generó la indignación de los asistentes. Valeria Lotero, artista plástica, denunciante del caso y varios comensales más, manifestaron su indignación frente a la administradora, decidiendo retirarse del lugar y denunciar en redes sociales lo sucedido, lo cual generó que las personas se manifestaran contra este caso con el numeral #YoSoyDonJosé. Sin duda, lo que le ocurrió a don José causó uno de los mayores revuelos mediático en la semana comprendida entre el lunes 7 y el domingo 13 de mayo.


En los últimos días don José aseguró que no se sintió discriminado, y señaló que la dueña del restaurante siempre ha sido buena con él: “Esa señora hace 20 años me deja cantar ahí. Yo la estimo porque es muy formal con el compañero y yo. Yo la aprecio porque nos deja trabajar ahí, estoy muy agradecido” . Después de un día en boca de todos, el restaurante Tarquino también divulgó un comunicado sobre el caso de don José en el que aseguran rechazar cualquier forma de discriminación y lamentaron el incidente del 7 de mayo.
Sin embargo el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos, y el martes 8 de mayo un g

rupo de personas se sentó afuera del local en aire de protesta, destapando sus recipientes con el almuerzo, para hacerse sentir en contra del caso; indignación que ya alcanzó dimensiones nacionales. Así mismo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso su atención en el caso y anunció una investigación a través de su Twitter: “He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Tarquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (Art. 3 núm. 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11)”


Más allá de que el caso se haya expandido por justas causas o por una exageración que se deriva de un malentendido, sentido que puede ser atribuido en parte a la solidaridad y en parte a la simple caridad de los más favorecidos que entre sollozos expían las culpas de sus privilegios; da pie para exponer uno de los más grandes problemas de seguridad social en nuestro país: lo referente a la vejación de las políticas pensionales y de la tercera edad.


En Colombia existen dos grandes políticas de Estado que se enfocan en la atención de las personas mayores de 60 años, quienes actualmente representan el 9,5 por ciento del total de la población de Colombia, pero según las proyecciones estadísticas, para el 2050 alcanzarán el 20 por ciento.


La primera política surge de la Ley 1151 de 2007, que determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, luego ratificada por la Ley 1251 de 2008, mediante la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Sus retos plantean la necesidad de superar problemas como las desigualdades sociales de la vejez, la dependencia funcional, la enfermedad, discapacidad y calidad de vida de las personas adultas mayores, erradicar el hambre y la pobreza extrema de este sector de la población, en búsqueda de un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable como derecho de todas y todos los colombianos.


La segunda se centra en los regímenes pensionales, que a través de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, establece dos regímenes de pensión: el régimen público de Prima Media con Prestación Definida (RPM), manejado por Colpensiones, y el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), manejado por el sector financiero. Ambos regímenes están orientados a personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas, ya que del total de la población activa que tiene el país, solo el 32 por ciento logra aportar a pensión, salud y aseguradora de riesgos; y además, hoy por hoy sólo uno de cada 4 adultos mayores tiene pensión.


Pero regresemos con don José, un adulto mayor de 60 años, quién después de ser desplazado ha sobrevivido en Medellín gracias a su guitarra y su voz. Si lo quisiéramos volver una estadística, don José haría parte del 50 por ciento de adultos mayores que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sería también parte del 20 por ciento de adultos mayores que sobrevive exclusivamente gracias a su trabajo, y del 68 por ciento de adultos mayores que no tienen una pensión; y como trabajador, pertenece a los 14,6 millones de hombres y mujeres que se rebuscan en la informalidad, sin tener contrato ni garantías de derechos laborales.


Y es que la indignación que genera lo sucedido, que se transmite por redes sociales y se evidencia en las tendencias de Facebook y Twitter, no se manifiesta en hechos reales o tangibles; don José debe seguir viviendo del rebusque, pues su situación particular no ha cambiado a pesar de haber despertado fuertes reacciones de solidaridad (¿tal vez lástima?) por su repentina fama en diferentes medios de comunicación.
La realidad es que en Colombia los adultos mayores se ven cotidianamente sometidos a situaciones de discriminación que se han normalizado en toda la sociedad. El sistema económico que impera en el país los considera obsoletos, ya que han dejado de ser productivos para las empresas; el sistema de salud los considera una carga, pues requieren 3 veces más cuidados y atención que una persona en edad adulta; el 9,3 por ciento viven solos, a pesar de que en la mayoría de los casos tiene una familia con posibilidad de cuidarlos y acompañarlos; el 40 por ciento sufre de depresión como consecuencia de la sensación de no servir para nada y el 4 por ciento ha sufrido violencia intrafamiliar severa . Todo esto evidencia que las políticas existentes son insuficientes para atender una población que no solo es vulnerable, sino que va creciendo con el tiempo.


Si en Colombia no se da una profunda transformación del modelo económico, laboral y cultural, seguiremos viendo a más hombres y mujeres como don José, que a pesar de tener toda su vida encima, deben buscar en las calles el sustento diario, sin tener claridad de sus derechos como adultos mayores.

 

Más de 20 años

“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”, aseguró don José al ser preguntado por su oficio. Por su parte, una joven que ya no es estudiante de secundaria, entrevistada por un noticiero de televisión afirmó: “cuando yo iba para el colegio siempre lo veía en los buses, cantando”. Otros entrevistados, todos, confirman que don José es un campesino desplazado.


“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”. Sí, don José fue desplazado, pero hace más de 20 años, sin embargó nunca pudo beneficiarse de una política pública que le brindara acogida en la urbe, una política que le facilitara capacitación laboral y lo incluyera en algún plan de empleo, por lo cual tiene que rebuscarse por cuenta propia. Cuando fue desplazado tenía 40 años o un poco menos, ahora está en los 60 o algo más. Don José no solo sufrió el infortunio del desplazamiento, sino el de la exclusión estatal, no solo el de la exclusión en el restaurante-


Hay que recordar que producto de la guerra, del total de personas desplazadas desde el año 1985 hasta el día de hoy, el 8,3 por ciento tenían 60 años o más al momento de su expulsión, es decir, 599.251 adultos mayores tuvieron que abandonar sus terruños debido al conflicto.


Y frente a esto la respuesta del Estado y de las administraciones locales es insuficiente. A pesar de que según la Ley 1448 de 2011 las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, vemos que a la fecha la población desplazada que llegó a las ciudades no ha tenido las garantías para retornar a sus tierras, y tampoco les han garantizado una vida digna en los nuevos lugares que habitan. En su mayoría de los casos estas personas quedaron obligadas a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades y robustecer la cifra de las personas que viven en la informalidad laboral.

 

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Huelga planetaria…gran logro de las luchas de las organizaciones de mujeres y de los feminismos

Declarar una guerra en todo el mundo es una gran osadía, un gesto de máxima rebeldía y poderío. Con esta huelga enfrentaron la trivialización que diversas instituciones han hecho del día internacional dedicado a lucha por los derechos de las mujeres


Declarar una huelga en todo el mundo es una gran osadía, un gesto de máxima rebeldía y poderío, equiparable solamente a las luchas que durante muchos años adelantaron los obreros y obreras del mundo para conquistar el 1 de Mayo como día internacional de la clase obrera.

 

En el 2017, las feministas y organizaciones de mujeres realizamos, por primera vez, una huelga planetaria contra el sistema patriarcal, contra la desigualdad del capitalismo neoliberal y contra las distintas formas de exclusión, aprovechando los medios y tecnologías como whatsapp y el internet, entre otros.

 

Con esta huelga enfrentamos y confrontamos la trivialización que los medios de comunicación, las empresas, los partidos y hasta los sindicatos han pretendido hacer del día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres.A pesar de que el sentido de esta protesta mundial tiene variedad de interpretaciones y sentidos para las organizaciones y grupos que la promovemos en tantos lugares de la tierra, es claro que logramos emocionar a miles de mujeres, reconocerlas y valorar su aporte a la construcción de la riqueza material y espiritual y concitamos su indignación contra este destructivo orden sociosexual, contra esta civilización que amenaza la vida humana y no humana.

 

Se preguntarán algunas personas porque este 8M nos declaramos en huelga y nos fuimos a la calles, nos dedicamos a marchar, reír, cantar y lanzar nuestras arengas. ¿Contra quién fue esta huelga? ¿Acaso puede considerarse que el compañero, marido, amante, la familia, son los explotadores?

 

¡Sí! Radicalmente sí, cuando en la familia no hay un reparto democrático de las labores domésticas y se cree que la mamá, la esposa o compañera es la responsable del orden, del aseo, del bienestar común.


¡Sí! Absolutamente cierto, si el goce sexual es solo para el varón y si hacer el amor se convierte para la mujer en un acto forzado.

 

Sí! Si las hijas e hijos no comparten todas las tareas del hogar, según su edad y circunstancias, y si las adultas de la familia se ven obligadas a renunciar a su formación, educación, al disfrute del tiempo libre, para que las y los más jóvenes vivan “al ancho”, estudien, vayan a cine, salgan de rumba, mientras ellas se quedan en casa, limpiando, lavando, cocinando, empobreciéndose en todo sentido.

 

El 8M pretende justicia para las mujeres en el ahora, no en un hipotético futuro donde se producirá la liberación de las y los oprimidos. Busca erradicar esa primera esclavitud, que es por supuesto, la sujeción al trabajo gratuito, no remunerado que nos pretenden inculcar como parte del amor abnegado y sufrido, del amor romántico según el cual, debemos entregarlo todo, sin esperar nada a cambio.

 

Por eso, la huelga también se hace contra el orden global heteropatriarcal –un patriarcado en el que predominan los varones y la lógica heterosexual– que es depredador de la naturaleza, que destruye nuestras corporalidades, que nos somete a tráfico y explotación sexual desde la infancia, un orden civilizatorio al servicio de la acumulación de poder y riqueza para unos pocos, a costa de la miseria y dolor de millones de personas.

 

Por eso, la huelga fue realizada contra toda entidad o institución cómplice de este orden y de esta civilización, llámese pareja, familia, iglesia, partido, organización social, sindicato o movimiento barrial.

 

No fue fácil. Nosotras la hicimos en Colombia en medio de la contienda electoral en la cual las élites dueñas del país están concentradas en “atornillarse” a los cargos de elección popular por otro cuatrienio, mientras que los movimientos sociales y democráticos, enfrentan complejos y simultáneos escenarios: participan en la lucha electoral, demandan del gobierno de Santos cumplimiento a lo pactado mediante el Acuerdo de Paz con las Farc, apoyan un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional –Eln–, y, al mismo tiempo, esquivan las balas criminales que le disparan los enemigos de la paz, la ultraderecha, los paramilitares que se quedaron en la retaguardia esperando precisamente este momento.

 

Así que, ¿a quién le importa la guerra contra las mujeres, que de manera continua produce víctimas en los hogares, en las calles, en los colegios y universidades, en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo, el ejercicio político, y, de manera agravada, en las regiones donde opera el narcotráfico y las bandas criminales?

 

Distintas modalidades de una guerra casi invisible

 

Las modalidades de daño que se utilizan en esta guerra del heteropatriarcado contra las mujeres, van desde las exclusiones en el mundo político, social, cultural y económico, hasta el exterminio físico y las lesiones que no son letales en forma inmediata y que ocasionan en las niñas, las jóvenes y adultas daño emocional permanente. Invisible, pero tangible: son vidas humanas destrozadas por largo tiempo, quizás para siempre.

 

Así ocurre con el abuso sexual infantil infringido por el padre (o personas a cargo de las y los menores), al interior del idealizado hogar o familia tradicional que afecta en forma determinante la capacidad de construirse una estructura del yo, esa que hace que alguien sienta que es alguien.

 

Esta violencia que no es imaginada. En el 2017, el Instituto de Medicina Legal practicó 17.908 exámenes médico legales por presunto delito sexual a menores de edad. El 84,2 por ciento de las víctimas eran niñas, entre los 10 a 14 años de edad, con 8.278 casos. Luego están las menores de 5 a 9 años.

 

A pesar de los esfuerzos de entidades internacionales y nacionales que buscan enfrentar esta problemática, poco hemos aprendido de las consecuencias que deja para toda la vida en quienes padecen esta vulneración. Como muestra la película realizada en 1997 “Bliss, el amor es extasis” (que puede verse en Netflix), la protagonista es violada a la edad de cinco años por su padre. En su vida adulta y de casada, esta mujer es desdichada y no puede identificar las razones por las cuales tiene una personalidad límite. No encuentra sustento en sí misma, depende de manera enfermiza de la aprobación y apoyo ajeno, y busca inconscientemente, reproducir el abuso sexual infantil vivido.

 

Herminia Hernáiz, Doctora en Psicología Clínica y Psicoanalista1, señala en relación con esta lesión emocional: “La intemporalidad del inconsciente hace que el trauma vivido se repita sin cesar como una forma de intentar resolverlo, sin embargo esa misma función de resolución deja como suspendido el proceso de convertirse en persona o la consolidación del ser”. En palabras simples, es un daño que es casi siempre irreversible y la posibilidad de que quien lo padece encuentre cualquier forma de gratificación, es remota. Las víctimas, mayoritariamente niñas, lo “borran” de la memoria, como una suerte de defensa para vivir con menos dolor y miedo, porque, como dice la protagonista de la película “quien tenía que protegerlas del daño, era el daño”.

 

Lamentablemente, estas y otras vulneraciones sexuales que padecen las mujeres en los distintos momentos de sus vidas, se tratan como si tuvieran fecha de vencimiento. Así que cuando algunas se han atrevido a denunciar a sus acosadores y violadores, pasados los años, cuando por fin tienen fuerza o están a salvo de ellos, son sometidas a toda clase de sospechas, como le ocurrió recientemente a la periodista Claudia Morales (El Espectador, enero 18 de 2018).



Cabe recordar que frente a la denuncia de tantas actrices estadounidenses contra los directores Harvey Weinstein, Bret Ratner, el realizador James Toback y los actores Dustin Hoffman y Kevin Spacey, se produjo un gran movimiento de solidaridad en Estados Unidos y otros lugares del mundo, expresado en las redes sociales como el “#me too” (a mí también) y en Francia el #Times up, (¡levántate!).

 

Mediante un manifiesto, cien actrices e intelectuales francesas destacadas, como Catherine Deneuve, expresaron su desacuerdo con la campaña. Advierten que si bien es cierto la violación es un delito, “defendemos una libertad para importunar, indispensable para la libertad sexual. Ahora estamos suficientemente advertidas para admitir que el impulso sexual es por naturaleza ofensivo y salvaje, pero también somos lo suficientemente clarividentes como para no confundir el coqueteo torpe con el ataque sexual. En síntesis, consideran que “Los incidentes que pueden tener relación con el cuerpo de una mujer no necesariamente comprometen su dignidad y no deben, por muy difíciles que sean, convertirla necesariamente en una víctima perpetua”. Afirman que una mujer no es reductible a su cuerpo, así que lo que allí le ocurra, no puede ser definitivo. Se convierten, con tal afirmación en seguidoras de René Descartes, quien planteaba “pienso, luego existo”. Asimismo, se alinderan con la religión católica, para la cual lo que importa es salvar el alma, un orden abstracto que es mucho más importante que la materialidad del ser.

 

La división cuerpo/mente o cuerpo/alma afecta la integridad y dignidad del ser, que es consciencia incarnada, es decir, corporalidad. Para facilitar la comprensión de este concepto, recordemos que las especies animales si tienen cuerpo, pero no pueden dar cuenta de su biografía y de las experiencias vividas: por eso, solamente la especie humana no tiene un cuerpo, es corporalidad2.

 

En Colombia, por su parte, el columnista de Semana, Antonio Caballero, consideró “que tocar un coño y unas tetas” o robar un beso, no podía asimilarse al abuso sexual, en un intento por desprestigiar la palabra de las mujeres acosadas y abusadas sexualmente.

 

Tales planteamientos contribuyen a la impunidad del acoso y del abuso sexual. Cada mujer vulnerada se pregunta si tiene sentido denunciar, cuando no obtendrá justicia y en cambio, deberá soportar, además del sufrimiento ya vivido, el escarnio social y toda clase de comentarios mal intencionados sobre las razones por las cuáles tardó en denunciar. En algunas sociedades, las víctimas prefieren suicidarse, porque se las estigmatiza y expulsa de su comunidad, como si padeciesen una enfermedad contagiosa.

 

En este orden sociosexual patriarcal, la corporalidad, es decir la vida de ellas está al servicio de ellos. Las víctimas de todas las formas de abuso, acoso y explotación son principalmente quienes disponen de menores recursos de poder sexual, económico, político y cultural; vale decir, la mayoría de las campesinas, afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueras, rom, lesbianas transexuales intersexuales, habitantes de los barrios marginales, desempleadas, desarraigadas o desterritorializadas y mujeres con alguna discapacidad, es decir, las subordinadas y sometidas a las asimetrías del poder socioeconómico. Las más afectadas, dada su escasa capacidad para defenderse, son las niñas y las jóvenes, como lo recuerda sin velo alguno el rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Andrea Samboní por parte de Rafael Uribe Noguera, miembro de una familia acaudalada de la capital del país, suceso que recordó a todos y todas que en Colombia aún se paga el derecho de pernada por el cual no pocos oligarcas, mafiosos y otros personajes llegados a ricos, aún salen de cacería de mujeres de todas las edades como satisfacción del mismo.

 

El estudio publicado en agosto de 2017 que realizaron entre 2010 y 2015 varias Ongs, sobre una muestra de 142 municipios (mucho menos del 10 por ciento de los municipios que tiene Colombia) en los cuales hacen fuerte presencia la fuerza pública, guerrilla y paramilitares o Bacrim, muestra que la prevalencia de violencia sexual contra las mujeres fue del 18,36 por ciento, es decir, 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual (Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015). Es fácil imaginar lo que puede estar ocurriendo en el resto del país…

 

Todos los bandos enfrentados en el conflicto armado utilizaron la violencia sexual como instrumento de guerra. Sin embargo, no hay que confundirse: las violencias contra las niñas, jóvenes y adultas se exacerban en el conflicto y postconflicto, pero no son producidas por estos. Hacen parte del orden sociosexual, es decir, del ordenamiento social que otorga a los varones el control sobre las corporalidades/vidas de las mujeres, sobre sus bienes, sobre su capacidad productiva y reproductiva.

 

Los saberes contribuyen al desconocimiento del trabajo de las mujeres

 

Como ocurre en toda contienda bélica, los distintos ámbitos del conocimiento, contribuyen a legitimar la desigualdad, explotación y dominación.

 

En un campo estratégico, como es el saber económico, se postula una tajante división entre el mundo de la producción mercantil, la que se comercializa, y el ámbito de la producción y reproducción de la vida, que se consume en los hogares y familias.

 

Los enfoques liberal y neoliberal tienden a mostrar a los seres humanos como una especie de hongos, que brotamos de la tierra, convertidos y convertidas en adultas o adultos, sin que nadie nos proporcione cuidados en las enfermedades infantiles, soporte afectivo y alimentario y estímulo para los aprendizajes básicos de sobrevivencia y convivencia social como el control de esfínteres, el auto-aseo, la auto-alimentación, el lenguaje mismo. Por lo tanto, tampoco existen las personas que limpian la ropa, las casas, hacen los alimentos, cuidan a menores, enfermas enfermos y mayores, quienes, en su mayoría, son mujeres.

 

Desde los años 80 del siglo anterior, las organizaciones de mujeres y las feministas luchamos por la valoración del trabajo invisible y no remunerado en la esfera familiar, y actualmente, este se contabiliza, a través de las llamadas Cuentas satelitales del trabajo doméstico no remunerado3. Porque este trabajo es indispensable para que funcione la humanidad, este 8M le dijimos al mundo: “Nosotras movemos el mundo, nosotras podemos pararlo”.

 

Para hacer posible otro orden civilizatorio el 8M demandamos políticas justas para las mujeres

 

Oxfam informa que 8 varones poseen la misma riqueza que las 3.500 millones de personas más pobres del planeta y que, de mantenerse el ritmo actual, “llevará 170 años para que se emplee a mujeres y hombres en la misma proporción, se les pague el mismo salario por el mismo trabajo, y tengan los mismos niveles de representación en puestos de dirección” (Oxfam, 2017).

 

Esta descomunal desigualdad hace parte de la concentración de poder y control sobre la sexualidad, la afectividad y la capacidad reproductiva de las mujeres por parte del heteropatriarcado y es la condición para mantener la extrema vulnerabilidad de millones de mujeres, niñas y adultas en este planeta. Contra esta desigualdad paramos el 8 de marzo.

 

En estos años finales de la segunda década del siglo XXI, reconociendo las limitaciones de las políticas públicas de género, estamos retomando los ideales emancipatorios del feminismo de los años 70 del siglo pasado que el neoliberalismo intentó cooptar a través del discurso liviano o light de género.

 

En su mejor versión, el enfoque de género conduciría a reformas para el logro de la igualdad legal entre mujeres y hombres, y a una distribución más equilibrada del poder entre ellas y ellos, por medio de políticas públicas, que al estar insertas en Estados patriarcales capitalistas, ni siquiera disminuyen las brechas socioeconómicas. Tengamos en cuenta que pasados casi 25 años de la puesta en marcha del enfoque de género en las políticas públicas para las mujeres, la desigualdad salarial por razón de género en el mundo se mantiene en el 23 por ciento, es decir, las mujeres ganamos el 77 por ciento de lo que ganan los hombres (Fondo de Población de Naciones Unidas, 2017). Igualmente, en la mayor parte del mundo no somos más del 22 por ciento del poder político. Y el feminicidio, se ha convertido en una pandemia universal, que cada vez cobra vidas de mujeres más jóvenes.

 

A diferencia del enfoque de género, las feministas emancipatorias consideramos que hay que transformar el orden económico y la forma como se distribuye la riqueza, la propiedad de la tierra, de los medios de producción y el orden cultural y sexual sobre el cual está establecida esta sociedad.

 

Exigimos que todos los gobiernos del mundo acojan e impulsen tres componentes fundamentales para reducir la desigualdad –CRI: mayor inversión en el gasto social, reformas tributarias a favor de las mujeres y la protección, y avance en materia de derechos de las trabajadoras y trabajadores, según lo propuesto por Oxfam y Development Finance International (DFI).

 

Paramos el 8M para denunciar el femigenocidio, o genocidio de las mujeres el mundo y por qué la justicia para las niñas, las adultas las mayores.

 

El 8M paramos para construir un país y un mundo donde nacer mujer no sea una desgracia, donde no haya ablación del clítoris, como todavía ocurre en algunas comunidades indígenas de Colombia.


Nuestro paro asumió diversas formas: nos salimos de las casas, dejamos de hacer oficio, dejamos de hacer el amor para el disfrute ajeno, con el fin de dedicarnos a conquistar un lugar bajo el sol donde sea posible vivir sin miedo al abuso sexual por parte del padre, el hermano, el padrastro, el tío, el amigo cercano, el profesor, el jefe, el director o realizador de cine, o simplemente, el transeúnte que siente que las mujeres son un objeto para su deleite y control personal.

 

Decidimos que en el 8M nuestra mejor labor era hacer posible un lugar, donde por fin, nacer mujer no signifique tener que sacrificar el proyecto personal a la maternidad o esposidad.

 

Usamos nuestras voces, nuestras canciones y nuestros bailes para invitar a todas y todos a construir un mundo sin explotación ni subordinación, en el cual podamos decidir sobre nuestro placer, nuestro deseo y nuestra capacidad reproductiva, y elijamos con quién, para qué y cuándo tenemos relaciones sexuales.

 

El 8M invitamos, convocamos y movimos el planeta para que entre todas y todos transformemos las sociedades, erradiquemos de la vida humana al patriarcado, al capitalismo, al colonialismo, al extractivismo, al guerrerismo: las generaciones venideras tienen derecho a un mundo viable y con justicia para todas las niñas, las jóvenes y las adultas; durante este 8M, y las jornadas preparatorias se lo recordamos y se lo dijimos con claridad al mundo entero.

 


 

* Feminista por justicia emancipatoria y corporalizada- Economista, Especialista en Políticas Públicas y Género, Candidata a Magister en Filosofía, Doctora en Procesos Sociales y Políticos de América Latina-Colectiva Feministas Emancipatorias.
1 https://cinepsicoanalisisycultura.wordpress.com/2012/11/23/bliss-el-amor-es-extasis/
2 Corporalidad. Es una categoría que indica que no hay un antagonismo u oposición entre mente y cuerpo, como pretenden algunas iglesias y otros enfoques teóricos. En cada ser humano, está presente una rica y compleja historia y biografía humana: somos una consciencia que está incarnada y se expresa en la diversidad propia de la especie humana: el género, la etnia, la condición social y económica, la orientación/opción sexual, entre otras situaciones y condiciones. No es correcto decir: tengo un cuerpo, como quien posee cualquier objeto del cual puede tomar distancia. Somos corporalidad.
3 Ley 1413 del 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.

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Huelga planetaria…gran logro de las luchas de las organizaciones de mujeres y de los feminismos

Declarar una guerra en todo el mundo es una gran osadía, un gesto de máxima rebeldía y poderío. Con esta huelga enfrentaron la trivialización que diversas instituciones han hecho del día internacional dedicado a lucha por los derechos de las mujeres


Declarar una huelga en todo el mundo es una gran osadía, un gesto de máxima rebeldía y poderío, equiparable solamente a las luchas que durante muchos años adelantaron los obreros y obreras del mundo para conquistar el 1 de Mayo como día internacional de la clase obrera.

 

En el 2017, las feministas y organizaciones de mujeres realizamos, por primera vez, una huelga planetaria contra el sistema patriarcal, contra la desigualdad del capitalismo neoliberal y contra las distintas formas de exclusión, aprovechando los medios y tecnologías como whatsapp y el internet, entre otros.

 

Con esta huelga enfrentamos y confrontamos la trivialización que los medios de comunicación, las empresas, los partidos y hasta los sindicatos han pretendido hacer del día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres.A pesar de que el sentido de esta protesta mundial tiene variedad de interpretaciones y sentidos para las organizaciones y grupos que la promovemos en tantos lugares de la tierra, es claro que logramos emocionar a miles de mujeres, reconocerlas y valorar su aporte a la construcción de la riqueza material y espiritual y concitamos su indignación contra este destructivo orden sociosexual, contra esta civilización que amenaza la vida humana y no humana.

 

Se preguntarán algunas personas porque este 8M nos declaramos en huelga y nos fuimos a la calles, nos dedicamos a marchar, reír, cantar y lanzar nuestras arengas. ¿Contra quién fue esta huelga? ¿Acaso puede considerarse que el compañero, marido, amante, la familia, son los explotadores?

 

¡Sí! Radicalmente sí, cuando en la familia no hay un reparto democrático de las labores domésticas y se cree que la mamá, la esposa o compañera es la responsable del orden, del aseo, del bienestar común.


¡Sí! Absolutamente cierto, si el goce sexual es solo para el varón y si hacer el amor se convierte para la mujer en un acto forzado.

 

Sí! Si las hijas e hijos no comparten todas las tareas del hogar, según su edad y circunstancias, y si las adultas de la familia se ven obligadas a renunciar a su formación, educación, al disfrute del tiempo libre, para que las y los más jóvenes vivan “al ancho”, estudien, vayan a cine, salgan de rumba, mientras ellas se quedan en casa, limpiando, lavando, cocinando, empobreciéndose en todo sentido.

 

El 8M pretende justicia para las mujeres en el ahora, no en un hipotético futuro donde se producirá la liberación de las y los oprimidos. Busca erradicar esa primera esclavitud, que es por supuesto, la sujeción al trabajo gratuito, no remunerado que nos pretenden inculcar como parte del amor abnegado y sufrido, del amor romántico según el cual, debemos entregarlo todo, sin esperar nada a cambio.

 

Por eso, la huelga también se hace contra el orden global heteropatriarcal –un patriarcado en el que predominan los varones y la lógica heterosexual– que es depredador de la naturaleza, que destruye nuestras corporalidades, que nos somete a tráfico y explotación sexual desde la infancia, un orden civilizatorio al servicio de la acumulación de poder y riqueza para unos pocos, a costa de la miseria y dolor de millones de personas.

 

Por eso, la huelga fue realizada contra toda entidad o institución cómplice de este orden y de esta civilización, llámese pareja, familia, iglesia, partido, organización social, sindicato o movimiento barrial.

 

No fue fácil. Nosotras la hicimos en Colombia en medio de la contienda electoral en la cual las élites dueñas del país están concentradas en “atornillarse” a los cargos de elección popular por otro cuatrienio, mientras que los movimientos sociales y democráticos, enfrentan complejos y simultáneos escenarios: participan en la lucha electoral, demandan del gobierno de Santos cumplimiento a lo pactado mediante el Acuerdo de Paz con las Farc, apoyan un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional –Eln–, y, al mismo tiempo, esquivan las balas criminales que le disparan los enemigos de la paz, la ultraderecha, los paramilitares que se quedaron en la retaguardia esperando precisamente este momento.

 

Así que, ¿a quién le importa la guerra contra las mujeres, que de manera continua produce víctimas en los hogares, en las calles, en los colegios y universidades, en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo, el ejercicio político, y, de manera agravada, en las regiones donde opera el narcotráfico y las bandas criminales?

 

Distintas modalidades de una guerra casi invisible

 

Las modalidades de daño que se utilizan en esta guerra del heteropatriarcado contra las mujeres, van desde las exclusiones en el mundo político, social, cultural y económico, hasta el exterminio físico y las lesiones que no son letales en forma inmediata y que ocasionan en las niñas, las jóvenes y adultas daño emocional permanente. Invisible, pero tangible: son vidas humanas destrozadas por largo tiempo, quizás para siempre.

 

Así ocurre con el abuso sexual infantil infringido por el padre (o personas a cargo de las y los menores), al interior del idealizado hogar o familia tradicional que afecta en forma determinante la capacidad de construirse una estructura del yo, esa que hace que alguien sienta que es alguien.

 

Esta violencia que no es imaginada. En el 2017, el Instituto de Medicina Legal practicó 17.908 exámenes médico legales por presunto delito sexual a menores de edad. El 84,2 por ciento de las víctimas eran niñas, entre los 10 a 14 años de edad, con 8.278 casos. Luego están las menores de 5 a 9 años.

 

A pesar de los esfuerzos de entidades internacionales y nacionales que buscan enfrentar esta problemática, poco hemos aprendido de las consecuencias que deja para toda la vida en quienes padecen esta vulneración. Como muestra la película realizada en 1997 “Bliss, el amor es extasis” (que puede verse en Netflix), la protagonista es violada a la edad de cinco años por su padre. En su vida adulta y de casada, esta mujer es desdichada y no puede identificar las razones por las cuales tiene una personalidad límite. No encuentra sustento en sí misma, depende de manera enfermiza de la aprobación y apoyo ajeno, y busca inconscientemente, reproducir el abuso sexual infantil vivido.

 

Herminia Hernáiz, Doctora en Psicología Clínica y Psicoanalista1, señala en relación con esta lesión emocional: “La intemporalidad del inconsciente hace que el trauma vivido se repita sin cesar como una forma de intentar resolverlo, sin embargo esa misma función de resolución deja como suspendido el proceso de convertirse en persona o la consolidación del ser”. En palabras simples, es un daño que es casi siempre irreversible y la posibilidad de que quien lo padece encuentre cualquier forma de gratificación, es remota. Las víctimas, mayoritariamente niñas, lo “borran” de la memoria, como una suerte de defensa para vivir con menos dolor y miedo, porque, como dice la protagonista de la película “quien tenía que protegerlas del daño, era el daño”.

 

Lamentablemente, estas y otras vulneraciones sexuales que padecen las mujeres en los distintos momentos de sus vidas, se tratan como si tuvieran fecha de vencimiento. Así que cuando algunas se han atrevido a denunciar a sus acosadores y violadores, pasados los años, cuando por fin tienen fuerza o están a salvo de ellos, son sometidas a toda clase de sospechas, como le ocurrió recientemente a la periodista Claudia Morales (El Espectador, enero 18 de 2018).



Cabe recordar que frente a la denuncia de tantas actrices estadounidenses contra los directores Harvey Weinstein, Bret Ratner, el realizador James Toback y los actores Dustin Hoffman y Kevin Spacey, se produjo un gran movimiento de solidaridad en Estados Unidos y otros lugares del mundo, expresado en las redes sociales como el “#me too” (a mí también) y en Francia el #Times up, (¡levántate!).

 

Mediante un manifiesto, cien actrices e intelectuales francesas destacadas, como Catherine Deneuve, expresaron su desacuerdo con la campaña. Advierten que si bien es cierto la violación es un delito, “defendemos una libertad para importunar, indispensable para la libertad sexual. Ahora estamos suficientemente advertidas para admitir que el impulso sexual es por naturaleza ofensivo y salvaje, pero también somos lo suficientemente clarividentes como para no confundir el coqueteo torpe con el ataque sexual. En síntesis, consideran que “Los incidentes que pueden tener relación con el cuerpo de una mujer no necesariamente comprometen su dignidad y no deben, por muy difíciles que sean, convertirla necesariamente en una víctima perpetua”. Afirman que una mujer no es reductible a su cuerpo, así que lo que allí le ocurra, no puede ser definitivo. Se convierten, con tal afirmación en seguidoras de René Descartes, quien planteaba “pienso, luego existo”. Asimismo, se alinderan con la religión católica, para la cual lo que importa es salvar el alma, un orden abstracto que es mucho más importante que la materialidad del ser.

 

La división cuerpo/mente o cuerpo/alma afecta la integridad y dignidad del ser, que es consciencia incarnada, es decir, corporalidad. Para facilitar la comprensión de este concepto, recordemos que las especies animales si tienen cuerpo, pero no pueden dar cuenta de su biografía y de las experiencias vividas: por eso, solamente la especie humana no tiene un cuerpo, es corporalidad2.

 

En Colombia, por su parte, el columnista de Semana, Antonio Caballero, consideró “que tocar un coño y unas tetas” o robar un beso, no podía asimilarse al abuso sexual, en un intento por desprestigiar la palabra de las mujeres acosadas y abusadas sexualmente.

 

Tales planteamientos contribuyen a la impunidad del acoso y del abuso sexual. Cada mujer vulnerada se pregunta si tiene sentido denunciar, cuando no obtendrá justicia y en cambio, deberá soportar, además del sufrimiento ya vivido, el escarnio social y toda clase de comentarios mal intencionados sobre las razones por las cuáles tardó en denunciar. En algunas sociedades, las víctimas prefieren suicidarse, porque se las estigmatiza y expulsa de su comunidad, como si padeciesen una enfermedad contagiosa.

 

En este orden sociosexual patriarcal, la corporalidad, es decir la vida de ellas está al servicio de ellos. Las víctimas de todas las formas de abuso, acoso y explotación son principalmente quienes disponen de menores recursos de poder sexual, económico, político y cultural; vale decir, la mayoría de las campesinas, afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueras, rom, lesbianas transexuales intersexuales, habitantes de los barrios marginales, desempleadas, desarraigadas o desterritorializadas y mujeres con alguna discapacidad, es decir, las subordinadas y sometidas a las asimetrías del poder socioeconómico. Las más afectadas, dada su escasa capacidad para defenderse, son las niñas y las jóvenes, como lo recuerda sin velo alguno el rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Andrea Samboní por parte de Rafael Uribe Noguera, miembro de una familia acaudalada de la capital del país, suceso que recordó a todos y todas que en Colombia aún se paga el derecho de pernada por el cual no pocos oligarcas, mafiosos y otros personajes llegados a ricos, aún salen de cacería de mujeres de todas las edades como satisfacción del mismo.

 

El estudio publicado en agosto de 2017 que realizaron entre 2010 y 2015 varias Ongs, sobre una muestra de 142 municipios (mucho menos del 10 por ciento de los municipios que tiene Colombia) en los cuales hacen fuerte presencia la fuerza pública, guerrilla y paramilitares o Bacrim, muestra que la prevalencia de violencia sexual contra las mujeres fue del 18,36 por ciento, es decir, 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual (Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015). Es fácil imaginar lo que puede estar ocurriendo en el resto del país…

 

Todos los bandos enfrentados en el conflicto armado utilizaron la violencia sexual como instrumento de guerra. Sin embargo, no hay que confundirse: las violencias contra las niñas, jóvenes y adultas se exacerban en el conflicto y postconflicto, pero no son producidas por estos. Hacen parte del orden sociosexual, es decir, del ordenamiento social que otorga a los varones el control sobre las corporalidades/vidas de las mujeres, sobre sus bienes, sobre su capacidad productiva y reproductiva.

 

Los saberes contribuyen al desconocimiento del trabajo de las mujeres

 

Como ocurre en toda contienda bélica, los distintos ámbitos del conocimiento, contribuyen a legitimar la desigualdad, explotación y dominación.

 

En un campo estratégico, como es el saber económico, se postula una tajante división entre el mundo de la producción mercantil, la que se comercializa, y el ámbito de la producción y reproducción de la vida, que se consume en los hogares y familias.

 

Los enfoques liberal y neoliberal tienden a mostrar a los seres humanos como una especie de hongos, que brotamos de la tierra, convertidos y convertidas en adultas o adultos, sin que nadie nos proporcione cuidados en las enfermedades infantiles, soporte afectivo y alimentario y estímulo para los aprendizajes básicos de sobrevivencia y convivencia social como el control de esfínteres, el auto-aseo, la auto-alimentación, el lenguaje mismo. Por lo tanto, tampoco existen las personas que limpian la ropa, las casas, hacen los alimentos, cuidan a menores, enfermas enfermos y mayores, quienes, en su mayoría, son mujeres.

 

Desde los años 80 del siglo anterior, las organizaciones de mujeres y las feministas luchamos por la valoración del trabajo invisible y no remunerado en la esfera familiar, y actualmente, este se contabiliza, a través de las llamadas Cuentas satelitales del trabajo doméstico no remunerado3. Porque este trabajo es indispensable para que funcione la humanidad, este 8M le dijimos al mundo: “Nosotras movemos el mundo, nosotras podemos pararlo”.

 

Para hacer posible otro orden civilizatorio el 8M demandamos políticas justas para las mujeres

 

Oxfam informa que 8 varones poseen la misma riqueza que las 3.500 millones de personas más pobres del planeta y que, de mantenerse el ritmo actual, “llevará 170 años para que se emplee a mujeres y hombres en la misma proporción, se les pague el mismo salario por el mismo trabajo, y tengan los mismos niveles de representación en puestos de dirección” (Oxfam, 2017).

 

Esta descomunal desigualdad hace parte de la concentración de poder y control sobre la sexualidad, la afectividad y la capacidad reproductiva de las mujeres por parte del heteropatriarcado y es la condición para mantener la extrema vulnerabilidad de millones de mujeres, niñas y adultas en este planeta. Contra esta desigualdad paramos el 8 de marzo.

 

En estos años finales de la segunda década del siglo XXI, reconociendo las limitaciones de las políticas públicas de género, estamos retomando los ideales emancipatorios del feminismo de los años 70 del siglo pasado que el neoliberalismo intentó cooptar a través del discurso liviano o light de género.

 

En su mejor versión, el enfoque de género conduciría a reformas para el logro de la igualdad legal entre mujeres y hombres, y a una distribución más equilibrada del poder entre ellas y ellos, por medio de políticas públicas, que al estar insertas en Estados patriarcales capitalistas, ni siquiera disminuyen las brechas socioeconómicas. Tengamos en cuenta que pasados casi 25 años de la puesta en marcha del enfoque de género en las políticas públicas para las mujeres, la desigualdad salarial por razón de género en el mundo se mantiene en el 23 por ciento, es decir, las mujeres ganamos el 77 por ciento de lo que ganan los hombres (Fondo de Población de Naciones Unidas, 2017). Igualmente, en la mayor parte del mundo no somos más del 22 por ciento del poder político. Y el feminicidio, se ha convertido en una pandemia universal, que cada vez cobra vidas de mujeres más jóvenes.

 

A diferencia del enfoque de género, las feministas emancipatorias consideramos que hay que transformar el orden económico y la forma como se distribuye la riqueza, la propiedad de la tierra, de los medios de producción y el orden cultural y sexual sobre el cual está establecida esta sociedad.

 

Exigimos que todos los gobiernos del mundo acojan e impulsen tres componentes fundamentales para reducir la desigualdad –CRI: mayor inversión en el gasto social, reformas tributarias a favor de las mujeres y la protección, y avance en materia de derechos de las trabajadoras y trabajadores, según lo propuesto por Oxfam y Development Finance International (DFI).

 

Paramos el 8M para denunciar el femigenocidio, o genocidio de las mujeres el mundo y por qué la justicia para las niñas, las adultas las mayores.

 

El 8M paramos para construir un país y un mundo donde nacer mujer no sea una desgracia, donde no haya ablación del clítoris, como todavía ocurre en algunas comunidades indígenas de Colombia.


Nuestro paro asumió diversas formas: nos salimos de las casas, dejamos de hacer oficio, dejamos de hacer el amor para el disfrute ajeno, con el fin de dedicarnos a conquistar un lugar bajo el sol donde sea posible vivir sin miedo al abuso sexual por parte del padre, el hermano, el padrastro, el tío, el amigo cercano, el profesor, el jefe, el director o realizador de cine, o simplemente, el transeúnte que siente que las mujeres son un objeto para su deleite y control personal.

 

Decidimos que en el 8M nuestra mejor labor era hacer posible un lugar, donde por fin, nacer mujer no signifique tener que sacrificar el proyecto personal a la maternidad o esposidad.

 

Usamos nuestras voces, nuestras canciones y nuestros bailes para invitar a todas y todos a construir un mundo sin explotación ni subordinación, en el cual podamos decidir sobre nuestro placer, nuestro deseo y nuestra capacidad reproductiva, y elijamos con quién, para qué y cuándo tenemos relaciones sexuales.

 

El 8M invitamos, convocamos y movimos el planeta para que entre todas y todos transformemos las sociedades, erradiquemos de la vida humana al patriarcado, al capitalismo, al colonialismo, al extractivismo, al guerrerismo: las generaciones venideras tienen derecho a un mundo viable y con justicia para todas las niñas, las jóvenes y las adultas; durante este 8M, y las jornadas preparatorias se lo recordamos y se lo dijimos con claridad al mundo entero.

 


 

* Feminista por justicia emancipatoria y corporalizada- Economista, Especialista en Políticas Públicas y Género, Candidata a Magister en Filosofía, Doctora en Procesos Sociales y Políticos de América Latina-Colectiva Feministas Emancipatorias.
1 https://cinepsicoanalisisycultura.wordpress.com/2012/11/23/bliss-el-amor-es-extasis/
2 Corporalidad. Es una categoría que indica que no hay un antagonismo u oposición entre mente y cuerpo, como pretenden algunas iglesias y otros enfoques teóricos. En cada ser humano, está presente una rica y compleja historia y biografía humana: somos una consciencia que está incarnada y se expresa en la diversidad propia de la especie humana: el género, la etnia, la condición social y económica, la orientación/opción sexual, entre otras situaciones y condiciones. No es correcto decir: tengo un cuerpo, como quien posee cualquier objeto del cual puede tomar distancia. Somos corporalidad.
3 Ley 1413 del 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.

Publicado enEdición Nº244
La educación popular  como alternativa de futuro juvenil

La ciudad no está pensada para la juventud, mucho menos para los adolescentes. Ellos, desde el plano cotidiano, están obligados a seguir unas pautas de comportamiento y acción que establece el sistema educativo y el familiar: ir de la casa al colegio y del colegio a la casa... En sus tiempos libres, dedican sus energías a las redes sociales, video juegos o a divertirse con sus amigos. Sin embargo, no hay posibilidades para ellos, de verdad convocantes, más allá de eso.

 

La juventud está permeada por la cultura capitalista y sus cánones consumistas, reflejada en los medios de comunicación: programas basura que elogian al idiota, supuesto popular, al tiempo que promueve el bulling y muestra como “ñoño” al inteligente o al que le gusta el estudio. Apología de las drogas, sexo y narcotráfico, realitys shows dedicados a la competencia despiadada, la sexualización de la infancia y la juventud a partir de la música, la radio, el internet y las redes sociales.

 

La juventud del no futuro

 

Este no futuro es una característica de la sociedad colombiana. No es novedoso encontrar preadolescentes consumiendo pegante en las calles de cualquiera de nuestras grandes ciudaes, incluso dentro del sistema de transporte público. Niños y niñas que no les importa el futuro (no tienen presente, mucho menos porvenir), mientras los demás observan la escena de forma morbosa e indiferente, pero nunca con el ánimo de ayudar.

 

Muchos de ellos/ellas no cuentan con condiciones económicas y sociales favorables, lo que los va excluyendo, sacando del sistema educativo o del mundo laboral bien reconocido y remunerado. Sin opciones que vitalicen su diario vivir, encuentran en las drogas una alternativa –escapismo–; enrolados en combos o galladas para su consumo, terminan en la delincuencia como opción para levantar unos pocos pesos con los cuales sostener el propio vicio, que cada día será más intenso.

 

Un panorama al que no logra darle acertada respuesta las mediocre políticas juvenil proyectada por nuestros malos gobernantes. Es notoria la ausencia de una política juvenil desde la cual se piense y discutan cuestiones que aquejan a esta capa de la sociedad, aspectos como las drogas, el alcohol, la política, el sexo, las fiestas, el barrismo, el futuro productivo, el servicio militar obligatorio, los valores y las costumbres tradicionales de sus propios barrios, su historia en la comunidad etcétera. Todos estos temas y problemáticas son escenarios de discusión que normalmente se dejan de lado hasta dentro de las charlas familiares, lo que ocasiona un vacío, el cual se piensa llenar con la opinión o experiencia –no importa si buena o mala– de otras personas.

 

La educación popular

 

Vacío que en parte llenan los y las educadoras populares que van a los barrios y desde la autonomía abren espacios de participación e intercambio para los jóvenes, niños y niñas alrededor de distintos intereses. Escuelas de fútbol, clases de música, circo, tejido, escuelas de rap, esténcil y grafiti, refuerzos, preicfes gratuitos y populares. Proyectos que se convierten en alternativas y muchas veces puertas de cambio para los jóvenes, al sentirse reconocidos y valorados, concitados ante y para sus propias vidas, al reconocerse dentro de una comunidad, dueños de distintos saberes funcionales y transformadores.

 

En un sistema excluyente como el nuestro, en donde la juventud no tiene cabida en los escenarios de liderazgo; donde su voz, voto u opinión no son tenidos en cuenta en/para la construcción de una Colombia para ellos, sino que se continúan reproduciendo los mismos vacíos reinantes en muchas cuestiones cotidianas, los escenarios de participación e interacción que puede abrir un proceso de educación popular, da la bienvenida a la realidad de la juventud, para acercarse a nuevas formas de entender, cuestionar y transformar sus propias formas de percibir la vida.

Publicado enEdición Nº244
“Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”

Este año, la Fiscalía ha recibido más de cien denuncias por actos discriminatorios


En septiembre de 1954 Gabriel García Márquez escribía sobre el Chocó, en el Pacífico colombiano. Describía sus polvorientas casas de madera y techos de zinc. Hablaba de sus retorcidas calles empedradas, hacía una radiografía de un pueblo que se manifestaba pacíficamente para reclamar atención estatal. Han pasado 63 años y el retrato es el mismo. Chocó es la región más pobre de Colombia y sus necesidades siguen siendo básicas. “Las zonas con población negra tienen las peores condiciones de vida. ¿Estamos condenados a la pobreza y el abandono solo por el color de nuestra piel?”, reflexiona Juan Carabalí, politólogo y una de las voces de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).


Carabalí dice que basta con mirar el mapa del país para darse cuenta de la exclusión. Los diez municipios más pobres están poblados mayoritariamente por negros. Hay lugares como Río Quito (Chocó) donde la miseria alcanza el 98%. “Hay pocas oportunidades y la participación en política es escasa”, reclama. Según el último censo oficial (2005), la población negra llega al 10,6% (más de cuatro millones de personas), pero su visibilidad en cargos públicos apenas roza el 1%. Solo dos ministros en Colombia han pertenecido a esta población. Paula Moreno en el despacho de cultura de 2007 a 2010 y Luis Alberto Murillo, el actual ministro de ambiente. Dos nombramientos empujados por las organizaciones negras del país con el apoyo de la bancada de congresistas afro de Estados Unidos, que en los últimos años, de forma discreta, ha ayudado a impulsar la inclusión de algunos temas étnicos en Colombia. “Gracias a la articulación que hemos tenido con ellos se han dado avances, pero no ha sido suficiente. Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”. Menciona la Ley Antidiscriminación que establece sanciones penales y multas para quienes promuevan cualquier acto de segregación (por raza, nacionalidad, orientación sexual, religión), pero asegura que se trata de una medida poco efectiva si lo que se quiere es reconocer a la población negra.


En la última semana, Vanessa Mendoza, aspirante a ocupar un lugar en el Congreso, denunció racismo. Aseguró que es víctima de discriminación porque a pesar de que existe una orden del ente electoral para que se posesione, desde el parlamento se lo han negado. Dice que la situación es una muestra de exclusión.


A la Fiscalía han llegado en menos de dos años 460 denuncias por actos discriminatorios. No se sabe cuántas correspondían a racismo y en cuántos casos ha habido condena. El Consejo Superior de la Judicatura, la instancia que debería tener la cifra, asegura que no hay un registro. Solo se ha conocido una sentencia contra un Concejal que llamó a las negritudes “el cáncer del gobierno nacional y mundial”. Aunque estuvo a punto de pagar penalmente por lo que dijo, un tribunal lo absolvió bajo el argumento de que sus palabras habían sido sacadas de contexto. La justicia se queda muchas veces en el papel.


“Vemos con escándalo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, pero no nos miramos a nosotros mismos. En Colombia pocas veces te insultan en la cara, pero la cotidianidad de alguien negro en este país es dura”, asegura Carabalí. Cuenta que le han negado la entrada a un bar por su color de piel y confiesa que jamás ve un partido de fútbol en un lugar público. “En todos los insultos a los jugadores incluyen la palabra ‘negro’. Sufrimos racismo estructural, que se naturaliza en la cotidianidad”, dice.


Paola Osorio Colorado, de 31 años, habla de lo difícil de ser mujer y negra en Bogotá. “Sigue pareciendo extraña nuestra presencia acá. Nos miran, nos acosan. Existen muchos estereotipos sexuales sobre la mujer negra y es difícil cargar con eso”, cuenta. Es abogada y publicista y tuvo que salir de su pueblo en el Valle porque no encontró trabajo. La falta de oportunidades y la violencia en las regiones empuja a cientos de afros al centro del país. De los miles de desplazados que hay en Colombia, al menos 500.000 están en Bogotá y un importante porcentaje es comunidad negra. La guerra en regiones como el Chocó no se fue con el proceso de paz con las FARC. Otros grupos armados se pasean y mandan por la zona. Tanto que la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA tuvo que pedir como medida de urgencia el cese las acciones violentas.


El selvático departamento ha tenido que cargar con la pobreza y el olvido, pero además es una de las zonas donde más se ha recrudecido el conflicto armado tras el desarme de las FARC. Allí continúan operando el Ejército de Liberación (ELN), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la mayor banda criminal de origen paramilitar.
Con el calendario de las elecciones electorales encima, la población afro sabe que los van a utilizar como bandera electoral. “No tendremos una representación política real hasta que nos convirtamos en un movimiento fuerte, mientras tanto las dos curules que por ley nos pertenecen estarán en manos de partidos tradicionales con otros intereses”, dice el politólogo Carabalí. En Colombia hay más de 250 organizaciones de negritudes trabajando para que los reconozcan. “El racismo tiene a millones de colombianos en la miseria”, concluye.


El lamento chocoano, una canción de la que hablaba Gabriel García Márquez en sus textos sobre esta región, suena todavía. El Nobel decía que esos hombres negros que veía haciendo resistencia en 1954 parecían capaces de cantar ese himno hasta el fin de los tiempos. Han pasado más de 60 años y lo siguen haciendo frente a un país que parece no escucharlos.

 

Bogotá 23 AGO 2017 - 12:06 COT

Publicado enColombia
La guerra de Macri contra el pueblo mapuche

"Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación", dijo Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl). Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.

La Campaña o Conquista del Desierto fue un genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y 1885, cuando arrebató grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche. Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por Julio Argentino Roca fueron deportados por la fuerza a campos de concentración, exhibidos en museos o trasladados para servir como mano de obra forzada.

El objetivo de fondo, ese que no se puede expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las acciones, fue la expropiación de sus territorios para incorporar tierras al mercado y expandir la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas como "desierto", porque son espacios poco fértiles para la acumulación de capital.

Los Bullrich (el candidato macrista y su tía Patricia, actual ministra de Seguridad) forman parte de una distinguida familia de la oligarquía argentina, que jugó un papel directo en la Campaña del Desierto.

El historiador Osvaldo Bayer mostró, con base en documentos de la Sociedad Rural, que entre 1876 y 1903 se otorgaron casi 42 millones de hectáreas a mil 800 familiares y empresarios amigos del presidente Roca. Algunas familias, como la del ex ministro de Economía de la última dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis 2.5 millones de hectáreas.

Según un informe de la BBC, una buena parte de esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que posee casi un millón de hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la Patagonia, en conflicto permanente con las comunidades mapuche, ya que la multinacional ocupa parte de sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).

El extractivismo es la continuación de la Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de los 40 proyectos mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22 millones en el mismo periodo. "Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos" (goo.gl/71ckCG).

Los medios hacen un trabajo sucio al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y a ETA, sin prueba alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de Chubut, al servicio del avance de la frontera extractiva. La ministra de Seguridad, Bullrich, dio un paso más al señalar que los mapuches son un problema para la seguridad nacional y acusarlos de "terroristas", a la vez que asegura que enarbolan un proyecto secesionista.

"No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista", dice quien en los setenta militaba en el entorno de la organización armada Montoneros (goo.gl/yp2hfU).

Detrás de todo este cacareo hay una realidad que es la que realmente molesta: en los últimos 15 años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes, asegura Aranda. O sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están ganando.

El conflicto del Estado con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, se intensificó en 2015 a raíz de la represión y criminalización de sus líderes. El lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche de la comunidad, fue detenido el 28 de junio de este año, el mismo día en que se reunieron los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, acusado por los gobiernos de terrorismo, incendios, robos, amenazas e, incluso, haberle "declarado la guerra a Chile y Argentina" (goo.gl/1khbBy).

El primero de agosto efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad. En el marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago Maldonado, cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por los policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su aparición con vida.

Hay tres hechos que desesperan a los de arriba y explican la brutalidad represiva.

Uno, el pueblo mapuche sigue vivo, no se rinde y recupera tierras, que es la base de su reconstrucción como nación.

Dos, la campaña nacional e internacional en su apoyo. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un comunicado titulado La lucha indígena no es delito, donde dicen que "el Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche".

Tres, que los mapuche han construido las más diversas organizaciones, entre ellas la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los mapuche "algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional" (goo.gl/GEqKq9).

¡Marichiweu!

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