Durante el encuentro hubo un homenaje a Joaquín Sabina.

La lengua está en disputa. La controversia sobre cómo nombrarla, a quiénes incluye y excluye si se pronuncia “española”, “castellana”, “castellana americana” o hispanoamericana, por mencionar apenas algunas de las opciones, fue una de los temas que más polémica despertó durante el (CILE), en el que participaron Mario Vargas Llosa, Juan Villoro, Nélida Piñon, Joaquín Sabina y Elvira Sastre, entre otros escritores y artistas. No es un problema “menor”, una especie de obsesión erudita de un puñado de lingüistas, traductores y escritores. Se podría afirmar que todo nombre es político. Pero los 453 millones de hispanoamericanos que hablan la lengua como idioma materno –que serán 570 millones en 2050–, ¿en qué lengua dicen que hablan –o escriben– los usuarios de esta lengua, distribuidos en cuatro continentes y 22 países, el 6,16 por ciento de la población mundial, sin contar los hispanohablantes de Estados Unidos? La respuesta, que parecería “rizar el rizo”, agrega mayor complejidad al asunto. En las constituciones de siete países se afirma que la lengua oficial es el “castellano” (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela); en ocho aparece el “español” (Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico); hay cuatro países que no mencionan tener una lengua oficial (Argentina, Uruguay, Chile y México).

Las escritoras y escritores argentinos, más desobedientes y disidentes respecto de la imposición de normas que aplanan la riqueza y variedad del lenguaje, pusieron el tema sobre la mesa, como Mempo Giardinelli, Claudia Piñeiro, Jorge Fondebrider, Perla Suez y María Teresa Andruetto. Aunque intentaban disimular y mantener la forma de la hermandad en la diversidad del panhispanismo, a más de un escritor y académico español se le atragantaba el castellano y la contrariada gestualidad de sus rostros revelaba cierto malestar. No esperaban el aluvión de objeciones formuladas cara a cara, directo al grano de la lengua. Además de plantar bandera y proponer que se debata para Arequipa –donde se hará el IX Congreso en 2022– cómo se llamará el próximo encuentro, molestó que se desnudara, como nunca antes, el negocio de la lengua, que es casi como decir el negocio de los congresos. Como organizadores, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), no pierden de vista, aunque no lo expresen en voz alta, que el dispositivo “congreso de la lengua” –iniciado en Zacatecas (1997) y que se repite cada tres años: Valladolid (2001), Rosario (2004), Cartagena de Indias (2007), Ciudad de Panamá (2013) y San Juan de Puerto Rico (2016)– sirve para extender acuerdos económicos, comerciales y educativos, con el caballito de batalla de la lengua española en el mundo, que van del cine a la televisión, de la música a los medios de comunicación, del mundo editorial a la traducción y los recursos digitales, además del sector terciario de servicios, como la telefonía, los bancos y las empresas de energía, entre otros.


El negocio de la lengua


El lingüista español José Del Valle –que participó del I Encuentro Internacional: Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos, llamado también “Contracongreso”– no asistió a ninguna de las actividades del CILE. Aunque fue convocado desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), rechazó la invitación por su posición crítica desde hace años con las instituciones que organizan el congreso. “Se puede pensar la lengua como negocio en la medida en que la lengua se vende y se compra, es decir la lengua se materializa en gramática, en diccionarios, en libros de texto para la enseñanza del español a extranjeros, en libros de texto para la enseñanza del castellano como lengua nacional, y en todos esos casos estos objetos son por un lado dispositivos de gestión del idioma y por otro son productos de mercado”, plantea Del Valle a PáginaI12. “Entonces, en la medida en que por ejemplo el español como lengua extranjera se cotiza en alza en los mercados lingüísticos internacionales, es lógico, dentro de la lógica del capitalismo, que se produzca una competencia por controlar las ventas de ese producto. Lo mismo ocurre con la certificación de conocimientos del español: quien controle los mecanismos de certificación de conocimientos del español podrá controlar la distribución de los beneficios económicos que se deriven de la administración de estos exámenes. La lengua es claramente un negocio”, afirma el autor de La batalla del idioma. “Hay un segundo sentido en el que la lengua española puede ser útil para los negocios –agrega el lingüista español–. Todos los países, no solo España, tienen una política cultural exterior que es pensada como una estrategia diplomática, por medio de la cual se instrumentalizan objetos culturales para elevar el valor de la marca país y, consecuentemente, abrirle camino a las empresas de ese país que quieran invertir en el extranjero o que quieran vender productos en el extranjero”.


Todos los nombres, el nombre


La escritora cordobesa Perla Suez, que debatió en una de las mesas del CILE, afirma que “el nombre de la lengua es un terreno de disputa política y social”; por eso cree que hay que renombrar el Congreso. “Yo estoy más cerca de lo que decía Mempo (Giardinelli) en cuanto a que es necesario hablar de la lengua castellana y americana, pero todavía no me conforma, porque me pregunto: ¿cómo entran dentro de esta polémica nuestros pueblos originarios, tan olvidados, que escriben en castellano su propia lengua? Todavía en ese nombre no está el nombre de todos los que queremos incorporar. La Real Academia Española va a tener que escucharnos porque ya está claro que homogeneizar la lengua no es posible, porque no lo vamos a permitir, como ya lo hemos demostrado en la tradición literaria argentina desde la generación del ‘37, con Esteban Echeverría, y después cuando Borges se enfrentó con Américo Castro –recuerda la autora de El país del Diablo–. Hay que pensar muy bien cómo nombrar de otra manera una lengua que es indecisa, indómita y escurridiza, y tal vez yo me esté escurriendo al nombrarla. Entre todos tenemos que buscar una nueva denominación para el próximo Congreso de la Lengua Castellana que se va a hacer en Arequipa, Perú”.


Del Valle escuchó a Mempo Giardinelli, que también estuvo en el “Contracongreso”. “Las palabras castellano y español coexisten desde el siglo XVI; hay contextos geográficos o situaciones en los cuales se prefiere español o contextos en los cuales se prefiere castellano, y esos usos no se mantienen constantes a lo largo de los siglos. Estas dos denominaciones de la lengua, castellano y español, han coexistido con oscilaciones, llamándose en algunos lugares de una manera y en otros lugares de otra. Afirmar prescriptivamente que se le debe llamar castellano o que se le debe llamar castellano latinoamericano o hispanoamericano, me parece una opinión legítima, pero en cualquier caso es una opinión que está emitida a través de la voz de un intelectual argentino, porque el término español lo usan en Puerto Rico para referirse a su lengua, lo usan en Cuba para referirse a su lengua, lo usan en República Dominicana para referirse a su lengua y se usa principalmente en México para referirse a su lengua –enumera el lingüista español–. La justificación histórica que dio Mempo me pareció frágil y está basada en un conocimiento imperfecto de la historia de estos dos términos”.


Aunque entre los temas a debatir durante el octavo CILE no estaba el lenguaje inclusivo, emergió con la potencia de lo que está ausente, de lo que se intenta esconder como se hace con el polvo debajo de la alfombra. Solo que no hay alfombra que detenga la necesidad de revisarlo todo desde los géneros y sexualidades disidentes. “El rechazo al lenguaje inclusivo viene del patriarcado, de los orígenes machista en la construcción de las sociedades, basadas en lo que el hombre propuso y desplazando a las mujeres al anonimato total”, advierte Suez. “Me pregunto por qué habrá tanto temor a que digamos ‘todes’, si tampoco lo vamos a definir ya, si la lengua está en movimiento y es escurridiza, y el uso lo deciden los hablantes, hasta que una nueva generación transforme nuevamente las palabras”, reflexiona la escritora cordobesa. “Tenemos que seguir luchando para transformar la lengua, para hacer que nos escuchen, para que caiga el patriarcado”. A Suez no le llama la atención la escasa participación de mujeres en los comités que organizaron el Congreso de la Lengua. “En la Academia de la lengua la intervención de muchas mujeres ha sido rígidamente masculinizada; parecieran discursos hechos por hombres que no me interesan. Me interesa mucho más la sensibilidad de la mujer, como las que se vieron también en el Congreso, como la de Claudia Piñeiro cuando cantó en qom”.


La batalla por la inclusión


A diferencia de otros que rechazan visceralmente el lenguaje inclusivo, Del Valle dice que le interesa el debate porque refleja un caso de variación lingüística que está marcada socialmente y está determinada por posicionamientos políticos relacionados con las reivindicaciones feministas y de sexualidades disidentes de distinta naturaleza. “Me interesa analizar cómo se manifiesta esa variación, quién usa la norma tradicional, quién opta por proponer nuevas normas y quién las usa, las obedece, enfrentándose así a los usos tradicionales. Y me interesa también elaborar un mapa del modo en que propuestas normativas, usos alternativos y posicionamientos políticos nos van explicando el modo en el cual se produce una interacción entre los usos del lenguaje y la realidad social y política”. Sobre el silencio en torno al tema por parte de la RAE, el lingüista español se atreve a especular: “La Real Academia Española, que en general evita los debates, puesto que prefiere proyectar la imagen de una institución abierta y que consensua con los hablantes todas las decisiones, por alguna razón decidió entablar una batalla abierta en la esfera pública con las propuestas normativas que procedían del feminismo y que conocemos como lenguaje inclusivo. Mi visión es que, desde la perspectiva de quienes gestionan la RAE, la batalla pública contra las propuestas feministas les resulta beneficiosa; es decir, deben de pensar que ese es un debate que van a ganar ante la población de manera mayoritaria –explicó Del Valle–. Hay una dimensión que no es visceral sino que es racional. El CILE pretende presentarse como un espacio de confluencia, un espacio de diálogo, y en esta oportunidad les pareció que sacar a la superficie este debate podría dañar esta imagen de armonía y consenso panhispánico que es parte importante de los objetivos del CILE”.

Publicado enSociedad
“El racismo es una ideología muy potente”

 

En 1975 llegó a Francia empujada al exilio por la dictadura militar. Regresó a Chile a fines de 1989, “cuando salieron las listas que autorizaban a entrar al país a las 51 mujeres que habían estado prohibidas”. En Francia estudió Educación Especializada primero, una profesión que la mantuvo muy cerca del mundo de la exclusión, y realizó la Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas, en Universidad Paris XII, y el Doctorado en Sociología, en la Universidad de Paris VIII, más tarde. Trabajó con niños y niñas sin techo y con jóvenes en situaciones de mucha indefensión. Trabajó en cárceles, donde conoció “la mayor de las exclusiones”. En los 90, empezó a observar la llegada de inmigrantes a Chile. Le preocupó el trato de la sociedad hacia ellos. Desde entonces, “más que preguntarles a los inmigrantes cómo están y cómo se sienten, me interesa preguntar a los chilenos por qué los tratan como los tratan, e ir a buscar en nosotros eso que hacemos con los que denominados ‘ellos’, ‘ellas’”, cuenta. María Emilia Tijoux investigó durante décadas la inmigración, la xenofobia, el racismo, la sexualización y racialización de los inmigrantes y los procesos de su deshumanización. Clara en sus conceptos y argumentaciones, parte de su trabajo diario consiste en comprender las raíces del maltrato y las vías para desterrarlo.

 

–¿Qué es el racismo?

–El racismo es muchas cosas a la vez. Por un lado, el racismo es una ideología muy potente; por otro, una práctica que se vincula a la historia. El racismo está incorporado en el cuerpo y en la sociedad. Proviene de la palabra “raza”, una palabra que, lamentablemente, se trata de eludir. En los círculos intelectuales se ha señalado que las razas no existen, que se ha confirmado científicamente que nunca existieron. El término “raza” comenzó a utilizarse en el siglo XVI pero tuvo su auge en el siglo XIX en un sentido de “subespecie”. Hoy no tiene validez taxonómica, sin embargo sigue siendo un marcado de diferencias; y es sobre esta palabra que se constituye el racismo. En el siglo XIX tuvo lugar una antropología potente de estudios racialistas que lograron establecer el hecho de que había jerarquías en las “razas humanas”. En estas jerarquías construidas en Chile, el hombre blanco, occidental, dominante, estaba en lo más alto de la escala social; por debajo estaban en ese momento los africanos y las africanas, que se convierten en el polo opuesto de esta dominación como objeto del trabajo, del objeto de deseo, como objeto de la trata, la explotación, el tráfico, la humillación, la denostación; como objeto de todo aquello que está en el lugar del maltrato más violento que la sociedad tiene sobre los seres humanos. Lo que hoy se despliega hay que ir a buscarlo a esa historia. No podemos pensar en el racismo como un hecho actual. Es indispensable detenerse en los ejes de la Colonia, y entender que africanos y africanas fueron traídos a nuestro continente de la peor manera, que llegaron incluso a Chile como servicio doméstico en un momento reemplazando a los “indígenas” que se suponía no alcanzaban en número para atender, pero que luego fueron traídos como esclavos en las peores condiciones; traídos al fin del mundo para trabajar en el mundo agrícola y reemplazar la mano de obra. Así, la figura, el color, la procedencia, la condición de trabajador no remunerado, y por tanto el lugar de un esclavo, queda plasmado en la historia de una sociedad. El lugar del “negro” o “negra” viene a ser un lugar denostado, hasta que pasa el tiempo y de pronto se dice que “en Chile no hubo negros”.

–¿Quiénes y por qué lo dicen?

–Durante mucho tiempo se dijo eso. Una cantidad de mitos que olvidan que hubo senegaleses en Chile que defendieron al país, que estuvieron en primera línea en la lucha de la guerra. Senegaleses en esa época y senegaleses en Santiago hoy, comercializando en condiciones muy precarias, perseguidos, detenidos, nos invita a buscar esta génesis o estos antecedentes que pueden mostrar qué es lo que ocurre en la actualidad con un inmigrante haitiano o haitiana en Chile. Pero además no solamente se ha racializado a las personas que han llegado de Haití, Colombia o Ecuador, sino que se ha racializado también a nuestros pueblos. La operación muy bien planteada por el Estado y los distintos gobiernos contra nuestros pueblos ha logrado que esa racialización se naturalice, se banalice, incluso se legitime contra el pueblo mapuche, por ejemplo, pero también contra las comunidades aymara o quechuas, que reclaman su lugar en la sociedad. Y no solamente esto, sino que a principios del siglo XX también se dieron distintos procesos de chilenización.

–¿A qué alude el concepto de “chilenización”?

–Fueron procesos que se dieron contra peruanos y bolivianos, entonces los dueños de esta tierra. El término designa un proceso de aculturación de las zonas ocupadas, pero administradas e incorporadas por Chile, tras la Guerra del Pacífico (1879-1883). El gobierno de la época, junto con civiles y militares, hizo un trabajo muy fino. El concepto de “chilenizar” alude a limpiar, higienizar, castigar, expulsar, por la “Pacificación de la Araucanía (1861)”. Al tiempo que chilenizaban por el norte y el sur pensando que había que mejorar la raza, se invitaba a inmigrantes europeos a habitar el territorio. Estas son algunas cuestiones muy generales para que hoy podamos ver al racismo operando en la cotidianeidad del día a día con una cantidad de hechos violentos de norte a sur contra hombres, mujeres, familias, comunidades, que han llegado a Chile con diversos propósitos.

–¿Por qué el ser humano es racista? ¿Hay algún componente de miedo que lo explique?

–El miedo al otro como un otro, es decir, como alguien que nunca podría estar conmigo, lleva a comportamientos racistas porque tiene que ver con el desconocimiento, y por lo tanto, con una distancia que está elaborada a partir de estos procesos de racialización. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Miedo a una historia? ¿Miedo a una cultura? ¿A una forma de hablar, de pensar? Son miedos que han sido construidos históricamente. Un miedo que está colocado en diversos objetos, como los cuentos, que separan entre reinas y princesas, blancas y preciosas, brujas viejas y morenas, o entre estos invasores que son bárbaros. Hay una cantidad de elementos que se enseñan a los niños en canciones, o máximas y premisas, que naturalizan a un otro como un otro en el lugar del peligro. Por ejemplo, la idea de invasión: “nos invaden”, “invaden nuestros países”, “invaden nuestras escuelas”, “invaden nuestros centros de salud”. El concepto de invasión llama inmediatamente al peligro y a la guerra, de ahí que tantos discursos de candidatos y gobernantes digan que hay que declarar la guerra a la inmigración, como si la inmigración fuera el problema. Y no, el problema es el racismo.

–¿El miedo se construye?

–-Absolutamente, sí. En los imaginarios equívocos se construyen mitos frente al otro; cuestiones que tienen que ver con lo que comen, con cómo hablan, con sus bailes, con lo que sea. Cuestiones muy curiosas que al mismo tiempo atraen, de lo contrario, no se entendería que muchos elijan ir al Caribe o al Machu Picchu de vacaciones, para llenarse de esos exotismos pero lejos de su país. El miedo del racista común y corriente, ese que anda por la calle, hay que ir a buscarlo en el Estado.

–¿Por qué en el Estado?


–En la construcción política que el Estado ha hecho del miedo para poder gobernar. Y luego en la manera en que se funda ese miedo desde los medios de comunicación, a partir de las imágenes que se colocan en primera plana, dando nombres y exhibiendo a las personas. Pienso en lo que hace el actual gobierno de Sebastián Piñera cuando expulsa a los haitianos, de una manera bastante particular, en lo que llama el Plan de Retorno Humanitario. Me preocupa el lenguaje humanitarista que utiliza el gobierno. Es muy complejo el racismo de la amabilidad, que se observa por ejemplo cuando una persona habla por otra, cuando piensa que ese otro no tiene palabra o que en razón de su origen no se va a hacer entender. Muchas veces, estas situaciones tienen un trasfondo de racismo.


–¿Qué manifestaciones cotidianas y silenciosas son muestras de racismo?


–Hay todo un comportamiento a través de la postura corporal: mirar de reojo, mirar por encima del hombro, formas de mirar que humillan, jerarquizan e inferiorizan. Esta cuestión suele estar vinculada con la clase social. No perdamos de vista que un migrante es esencialmente un trabajador. En general, la sociedad chilena habla muy bien de los migrantes haitianos, por ejemplo, para decir que son obedientes, callados, simpáticos, “el buen migrante” para explorar y maltratar. Porque entonces no va a enfrentarse, no va a responder si alguien lo insulta, porque si lo hace corre el riesgo de ser expulsado. Por otra parte, el miedo hay que vincularlo a los sentidos: al olfato, al oído, a la vista, al gusto. Y es en este punto que el miedo se vincula con el cuerpo. El cuerpo habla, actúa; todo está incorporado desde la infancia. Por eso digo que hay que buscar en las prácticas cotidianas. Cuando llega un inmigrante se lo mira con desconfianza. Y cuando se le pregunta a una determinada persona por qué mira de ese modo, esa persona suele responder: “porque nunca se sabe”. Y entonces habría que preguntar, ¿qué es lo que usted no sabe? Es muy interesante eso que llamo “los racistas de lo cotidiano”, porque es muy fácil derrumbar ese racismo. Sin embargo, no es lo mismo derrumbarlo en las políticas públicas ni en el Estado, porque el Estado necesita gobernar dividiendo. No hay Estado que no sea racista; necesita esa disputa por abajo.

–¿Por abajo solamente?


–Sí, principalmente entre la clase trabajadora, para que exista ese trabajador que diga que le vienen a robar el trabajo. El maltrato opera por abajo; no es necesario que opere arriba. ¿Cuántas familias son las dueñas de Chile? ¿Ocho? No es necesario que se dediquen a eso, ni siquiera saben lo que está pasando. Sus vacaciones suceden en otras partes del mundo; no se tocan.


–Recién decía que el cuerpo habla. ¿De qué modo responde el cuerpo del migrante al racismo?


–Claro que el cuerpo del migrante también habla. El migrante trae su forma de ser, de hablar, de vestir, su historia, trae su cultura. Pero al llegar como migrante y al denominársele de ese modo, pierde su nombre, su apellido, porque a ese concepto de inmigrante se le agrega el apellido de la nacionalidad: inmigrante haitiano; inmigrante colombiano. Me detengo en esto porque es importante entender que la inmigración contiene al racismo. En Chile, cuando decimos inmigración nos referimos solamente a siete países específicos: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, y Venezuela. Por ejemplo. La argentina fue la primera comunidad inmigratoria que llegó en los años 90, en el momento de la crisis en Argentina. En la actualidad hay argentinos en Chile, pero no son considerados migrantes sino extranjeros, es decir, no se los compara con un inmigrante peruano en Santiago. Esta separación ideológica entre inmigrantes y extranjeros es una cuestión política que coloca en un lugar negativo a muchos de nuestros vecinos inmediatos. La cuestión del cuerpo también es una cuestión política, y en el caso del racismo se advierte muy fácilmente. Me pregunto qué nos pasa para querernos deshacer de lo latinoamericano. Esto se advierte, por ejemplo, en las políticas del gobierno, que no tiene interés en participar de pactos inmigratorios o de los convenios que hay en este Sur, y en cambio se preocupa por arrimarse a Europa y Estados Unidos. Hace poco, el gobierno chileno dijo que la inmigración no es un derecho humano. Y dijo también que hay derecho a emigrar pero no a inmigrar. La manera en que se está actuando a nivel mundial respecto a pueblos completos nos muestra todo el drama. El año 2016 fue un drama espantoso con el Mediterráneo; recuerdo la imagen del niño sirio muerto en una playa; imagen que dio la vuelta al mundo por el horror que representaba. Eso no ha cesado.


–Lejos de cesar, hay sobrados ejemplos de gobiernos cuyas políticas migratorias exacerban la situación.


–Así es. Por ejemplo, el tema de los muros. No podríamos hablar de muros como una cuestión simbólica, sino que es una realidad que implica seleccionar. “Seleccionar”, una palabra extremadamente complicada; sabemos a qué nos ha llevado la selección en la historia. Algunos tendrán el derecho a la vida, a la ciudadanía, a la frontera que se abre, tendrán el derecho a ser considerados, versus todos aquellos que van a ser seleccionados desde arriba hacia abajo. La selección de personas se está haciendo a nivel mundial. Entonces, ¿a qué estaría destinado todo ese mundo que queda en la parte inferior? Las posturas contra los desplazamientos de personas o sobre la seguridad forman parte de una propaganda mundial. Tanto, que los desplazamientos masivos, la inmigración y la seguridad, son ejes principales de gobiernos y candidatos en distintas partes del mundo. Creo que hay que tener cuidado con muchos de los discursos actuales sobre dar vuelta la página, porque ello impide que se piense el presente a la luz de lo que nos ha sucedido. A esto se adhieren otras cuestiones, como la locura del consumo y el ultraindividualismo. Este deseo infinito de ser alguien por sí mismo y el alejamiento de los movimientos sociales o de las luchas sociales hay que examinarlos muy finamente, porque efectivamente los discursos más fascistas suelen ser los que llaman a la unidad, los que llaman a defender la nación, siempre con la figura de la familia detrás. Por eso creo que el problema no es Bolsonaro, el problema es por qué se instaló y por qué tiene esa cantidad de gente que lo sigue. Hay que examinar el fascismo muy cuidadosamente, porque así comenzó, con un montón de gente queriendo tener una nación pura, limpia, de progreso, superior, una “raza superior”.


–¿Hay racismos diferentes?


–El racismo tiene varias direcciones. Hay racismos, en plural. Pienso en cuestiones de la historia; cuestiones muy antiguas. Muchos textos de historia hablan del interés, por razones económicas, de tener esclavos en lugar de indios. Pero también se buscó mantenerlos separados para evitar que los esclavos se escondieran en los poblados de los indios en un momento en el que se perseguía al cimarronaje. De cualquier modo, y aunque en ese período el vocablo no se usaba, la explotación de los esclavos era extremadamente violenta. Luego, con la constitución del Estado-Nación, es importante ver cómo el “desarrollo” implicaba invitar a inmigrantes europeos, preferentemente alemanes, con el objetivo de “poblar los territorios del sur y mejorar la raza”. Hay una connotación racista en el modo de tratar, y de explotar, a los esclavos, que debe buscarse todavía dado que se ha invisibilizado la presencia de negros en Chile; sin olvidar que la documentación jurídica es la de los blancos.


–¿Cuál es la diferencia entre racismo y xenofobia?


–La xenofobia es el miedo al otro; es el momento anterior a la práctica racista. Claro que podría tener un miedo al otro sin que desde allí partiera una práctica racista.

–Sostiene que el capitalismo y el patriarcado alimentan el racismo. ¿De qué modo?


–Creo que capitalismo y patriarcado van de la mano. Capitalismo y machismo también. Somos testigos de luchas feministas actuales maravillosas, y sin embargo todavía falta mucho por hacer, porque no necesariamente todas las luchas feministas abordan lo que ocurre con las mujeres racializadas, las mujeres de la cárcel, de la calle, con las más pobres, o con las mujeres de los pueblos originarios. Creo que aún no se ha llegado a eso, aunque en algunos grupos hay voluntad de hacerlo. A pesar de todas las luchas que se están dando en el mundo, el femicidio y la discriminación hacia la mujer no cesan. Al 1 de febrero, en Chile se registraron seis femicidios consumados y doce frustrados. Hay que examinar a la luz del Estado y del gobierno de turno qué se está haciendo. Si pensamos en patriarcado y racismo, el lugar que tiene la mujer migrante es el peor que se puede tener. Sus sufrimientos son cotidianos y muchas veces deben callarlos por temor a la deportación, a la vigilancia de las instituciones o a las humillaciones, de ahí que muchas veces repitan que “están bien en Chile”, que “entienden a los chilenos” o que “cuando se emigra hay que vivir como vive la gente del país donde se llegó”.

01 de abril de 2019

Publicado enSociedad
Los verdaderos muros de la democracia estadounidense

Los muros de la democracia estadounidense son de dos géneros: uno es cultural y el otro estructural. Ambos, con un antiguo objetivo: mantener el poder en manos de una minoría que se representa como mayoría.

Veamos el muro cultural, primero, pero empecemos por su lado positivo. Los llamados "Padres fundadores" fueron una elite de intelectuales, reflejo de las nuevas y radicales ideas europeas que, m á s o menos, encontraron un espacio en el nuevo continente que no tenían en el viejo, de la misma forma que lo hizo el cristianismo en Europa y no en la Palestina judía. Es decir, un territorio menos codiciado por los imperios del momento y menos acosado por la tradición milenaria de ideas fosilizadas. Thomas Jefferson se había hecho ciudadano francés antes de ser presidente de Estados Unidos y todos los demás tenían, de alguna forma, una profunda admiración por los filósofos de la ilustración, sino directamente por la cultura francesa. Las ideas de Jefferson, como la de los otros fundadores, no sintonizaban mucho con el resto de la población, al extremo de que sus libros fueron prohibidos en muchas bibliotecas bajo la exagerada acusación de ser ateo. La idea de crear un muro espeso que separase religión de gobierno era demasiado radical.


Sin embargo, esta elite fundacional compartía con el resto la desgracia del racismo y de la doble vara. El genio de Benjamín Franklin no quería una inmigración que no fuese blanca y anglosajona. El sabio de Thomas Jefferson no sólo abusó de una menor a la que hizo madre varias veces, sino que, además, nunca la liberó por ser mulata. La hermosa esclava, Sally Hemings, era la hija ilegítima de su suegro con otra esclava. Por no entrar en la larga y persistente historia de leyes racistas que van desde la idea de la no humanidad de los negros hasta el desprecio de los latinoamericanos por su condición de hibridez, como las mulas, algo que, según los periodistas y congresistas del siglo XIX, no agradaba a Dios. El asco por los chinos, por los irlandeses (antes de convertirse en blancos asimilados), por los indios y por los mexicanos completó el mapa del desprecio y el despojo a todo lo que no era anglosajón y protestante. La hermosa frase “We the people” asumía, de hecho, que con eso de “el pueblo” no se referían ni a los negros, ni a los indios, ni a nadie que no perteneciera a la “raza” de los fundadores.


Pero Jefferson estaba en lo cierto cuando dijo que “la tierra les pertenece a los vivos, no a los muertos”. A los padres Fundadores (y a los líderes que les siguieron) se los suele disculpar porque eran “hombres de su tiempo”; no se puede juzgar a alguien que vivió hace doscientos años con los valores de hoy. Sin embargo, un par de años después que Jefferson dejara el gobierno en Estados Unidos, un militar rebelde llamado José Artigas, quien estaba contra el abuso militar en el gobierno y a favor de una democracia más directa, apenas tomó control de la Unión de los Pueblos Libres (lo que hoy es Uruguay y parte de Argentina) repartió tierras a blancos, indios y negros bajo el lema “los más infelices serán los más privilegiados”. Un principio y una actitud verdaderamente cristiana de un hombre no religioso.


Tampoco es cierto que Estados Unidos nunca tuvo una dictadura. De hecho, sus leyes necesitaron un siglo, hasta después de la Guerra civil, para reconocer que alguien podía ser ciudadano estadounidense independientemente del color se su piel, aunque luego continuó filtrando, también por ley, a inmigrantes que no eran suficientemente blancos.
Actualmente, hasta los blancos más blancos se han convertido en negros. Pero no lo saben y por eso tanto renacido odio a los negros y marrones. Se sienten los nuevos negros, pero no lo reconocen y, por eso, necesitan despreciar al resto para confirmar su antigua condición de blanco, es decir, de privilegiados.


Mientras tanto, la democracia estadounidense continúa secuestrada por el 0,1 por ciento de su población, por los billonarios que financian las campañas políticas, cenan con los ganadores y envían escribas a sentarse en los comités que redactan las leyes que luego aprueban los legisladores, cuya mayoría son millonarios.


Ahora echemos una mirada sobre los muros estructurales de la democracia hegemónica. También estos problemas hunden sus raíces en el racismo y el elitismo social enmascarado en un discurso opuesto.


Veamos esta lógica referida a la obsesión histórica de las burbujas étnicas. La población latina está subrepresentada en extremo porque, al igual que otras minorías como la afroamericana y la asiática, viven en las grandes ciudades y éstas están en los estados más poblados como California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. De estos estados, sólo Texas es un estado con mayoría conservadora sólida. Florida es pivotante y los demás son tradicionales bastiones progresistas (liberals, en el lenguaje estadounidense). Sin embargo, a pesar de que California tiene una población de 40 millones, sólo cuenta con dos senadores. La misma cantidad que Nueva York, otro estado con 20 millones. La misma cantidad de senadores tiene cada uno de los cincuenta estados, como Alaska, un estado cuya población no alcanza los 800 mil habitantes. Una colección de estados centrales como las dos Dakotas, Nebraska, etc. rondan apenas el millón de habitantes (Wyoming apenas llega al medio millón) y cada uno cuenta con dos senadores. Lo que significa que el voto de un granjero en cualquiera de esa docena de estados conservadores y despoblados vale entre 30 y 40 veces más que el voto de cualquier estadounidense que viva en los poblados estados de California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois.


Claro, este sistema de elección de senadores no es único en el mundo, pero en Estados Unidos el desbalance poblacional y político a favor de los conservadores rurales, desde el siglo XIX, es notable y consistente.


Por si fuese poco, hay que considerar que su sistema de elecciones presidenciales no solo le niega a Puerto Rico, con casi cuatro millones de habitantes (más que varios estados centrales juntos), la posibilidad de elegir presidente, sino que, además, el sistema electoral vigente, herencia del sistema esclavista que favorecía a los estados del sur con una escasa población blanca, hace posible que un presidente sea elegido habiendo recibido tres millones de votos menos que el perdedor.


Gracias a este sistema (los electores no solo reproducen el número de representantes sino también de senadores), estados más poblados como California, Texas, Illinois o Nueva York (que subsidian económicamente a estados más pobres) necesitan el doble o más de votos que los despoblados estados del centro para alcanzar un elector. Otra razón para entender por qué las minorías, que sumadas no lo son, no son tratadas con la justicia electoral que una verdadera democracia debe garantizar: un ciudadano, un voto.


No por casualidad la población, pese a la vieja manipulación mediática, suele tener opiniones muy diferentes a sus propios gobiernos. Lo cual apenas importa en esta democracia.

Publicado enInternacional
Lunes, 28 Enero 2019 10:43

Dulce amargura

Dulce amargura

Señorita –le dice a la mujer que atiende la venta de tortas y otros dulces–, sáqueme de estos dolores, sáqueme de estas pesadillas; excúseme señorita, sáqueme de estas pesadillas, deme un poco de azúcar.

 

Quien así clama por un poco de atención y por algo para engañar el hambre y potenciar su ánimo, es un hombre de unos 40 años, que con sus restos de energía, baja con paso presto desde lo alto del barrio Buenos Aires en Medellín. Vestido con ropas maltrechas, carga en su espalda cajas que seguramente va recogiendo, como carga que le procurará unas monedas, esas que tanto le hacen falta bien para comprar algo de alimento para engañar el estómago o para comprar algo que le permita distraer su mente.

 

Lo observo y miro en él los efectos de una vida llena de ausencias, completa de maltratos. Pienso en su edad, y como me ocurre siempre en estos casos pienso si la apariencia de su edad no será mayor como efecto del hambre que carga a cuestas, de las noches soportadas en el frío del pavimento, del efecto del bazuco o del pegante inhalado como cobija para soportar el clima, la soledad y las tristezas. ¿Qué puede saber uno de edades en cuerpos siempre maltrechos por el desprecio social y la ausencia de autoestima? He visto decenas de esas vidas pasar cerca de mí cuando eran jóvenes y estaban con buen aspecto, y las he vuelto a ver meses después con aspecto totalmente cambiado, cuando aparentan una edad muy superior a la que en realidad tienen, y con seguridad que ahora estoy errado, tal vez no completa ni se acerca a los 40 años, pero eso es lo que aparenta. Es la vida, sin dignidad, a la que nos acostumbramos, unos como efecto de las exclusiones sociales, de las negaciones, tal vez de los errores propios o familiares, tal vez como efecto de haber habitado la cárcel una y otra vez, ese espacio donde todo se pierde, y otros como resignación y como efecto del discurso dominante, ese que dice que hay pobres porque “Dios así lo quiere”, o que así es porque siempre tendremos pobres y ricos; lo raro, pienso, cerrando la vista, es que los ricos siempre son los mismos.

 

La mujer a la cual acudió en procura de un poco de dulce acude a su llamado y le extiende ese pequeño sobre que contiene esos gramos que le endulzarán de mala manera, y por unos cuantos minutos, su existencia. Agradece y sigue su camino, con igual paso, rápido, como si fuera a llegar tarde al trabajo solamente él sabe de sus afanes.

 

Pero él, no es el único que en el sector que ahora exterioriza a primera vista su angustia y su miseria. No, más abajo, a cada paso, sentados en muros, parados, moviéndose, el transeúnte se encuentra con decenas de personas cada una de las cuales clama, no por dulce, sino por unas cuantas monedas como ayuda para tomarse una sopa, al decir de alguien, para pagar una pieza donde pasar la noche, dice otra sin que nadie le pida explicación del por qué requiere la ayuda, llevarle leche a sus hijos exclama una más, o simplemente para tomarse un tinto –como justo derecho–, en fin, juntar unas monedas para no morir de inanición, abulia, rabia o desespero.

 

Entre quienes hacen presencia allí, los que aún tienen algo para ofrecer como contraparte al transeúnte, extienden sus manos mostrando una bolsa con dulces de los más baratos, más allá son chicles, en fin, variedad de baratijas ofrecidas con la esperanza de reunir $10.000 o un poco más, así poder pagar una habitación para no pasar la noche a la intemperie, así como para poder degustar una sopa o algún líquido caliente y no permitir que las tripas dañen el sueño.

 

Este mar de miseria que desde hace años se ve por varias partes de Medellín, pero que asimismo en Bogotá, Cali o cualquier otra ciudad del país, le da forma a un paisaje asombroso. Cada dos pasos hay un rostro que te mira con desánimo, con evidente expresión de cansancio o desesperanza; cada dos pasos una vida humana lastrada, tratando de encontrar un bolsillo solidario, un bolsillo con unas monedas de más y que esté dispuesto a comprar lo que no necesita –un dulce, un chicle– o dispuesto a compartir tal vez $200 tal vez $500 pesos. “Unas monedas, por favor”, clama la voz de un joven que sorprende con su insistencia y al mismo tiempo con su resignación. Ahí, arrinconado por la exclusión.

 

Más allá de ellos, el paseante se encuentra con parejas que esta vez cantan u ofrecen algún otro producto de un mayor precio: mangos, bananos y similares. La diferencia entre los primeros y éstos es que los primeros no tienen ningún capital para invertir en alguna mercancía y así buscar una ganancia que le permita comprar, así sea, un poco de alimento, están en la total miseria, mientras que los otros, también excluidos, negados, marginados, tienen algunos pesos para instalar un plante. La esperanza no está del todo arrasada.

 

Entre unos y otros, son docenas de mujeres y hombres los que allí hacen presencia, en ocasiones con hijos a cuestas, con la calle como su sitio de “trabajo”, rebuscando algún alivio para sus cuerpos. Todos ellos son parte de los empobrecidos que por cientos, por miles, llenan las calles de esta ciudad, la “Bella Villa”, pero que también son inconfundibles en otras ciudades de este país de extremos, todos ellos muestra fehaciente de lo producido por una política económica que concentra la riqueza y multiplica la pobreza. Son los empobrecidos que desde siempre han llenado las calles de Colombia, en cada una de sus ciudades, pero ahora, tal vez por ser navidad, son más evidentes, pues las políticas de “seguridad ciudadana” y “espacio público” de la alcaldía optan por dejarlos que se rebusquen, pues tal vez temen que al perseguirlos o tratar de ‘levantarlos’ se opongan y revienten en cólera.

 

Yo regreso mi memoria y atisbo al hombre que en forma amistosa solicitó que lo sacaran de su dolor y de sus pesadillas –las de amargura acumulada cada día y que ahora le demandan azúcar para suavizarlas– y me imagino a esta multitud no solicitando sino exigiendo, no una a uno, cada cual por su lado, sino todos como masa sublevada, demandando justicia esperanza y me pregunto si cambiaría el paisaje de la ciudad.

 

Publicado enEdición Nº253
Racismo en EE.UU.: una historia de dos Kings

Si Martin Luther King Jr. estuviera vivo, el martes pasado habría cumplido 90 años. Lamentablemente, fue abatido por la bala de un asesino en la terrible fecha del 4 de abril de 1968. Tras una prolongada lucha, finalmente en 1986 se estableció el día de su nacimiento como feriado nacional. Muchos estados, como Nuevo Hampshire, Carolina del Sur, Arizona y otros más, retrasaron la implementación del feriado, lo cual expuso la vigencia del problema del racismo institucional.

Esta semana, justo cuando se conmemoraba otro aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., otro King captó la atención pública: Steve King, un congresista republicano racista del estado de Iowa. Este King sumó una nueva declaración a su extensa lista de comentarios racistas, cuando dijo en una entrevista concedida al periódico The New York Times la semana pasada: “Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental. ¿En qué momento esas palabras comenzaron a ser ofensivas?”. Al comentar sobre la diversidad de la composición del nuevo Congreso estadounidense, agregó: “Podrías observar al Partido Demócrata y pensar que en este país no hay lugar para los hombres blancos”. Sus declaraciones provocaron una violenta reacción en su propio partido, que lo despojó de sus funciones en diferentes comités parlamentarios. Algunos miembros republicanos del Congreso, junto con varios integrantes demócratas, están demandando su renuncia, al igual que los consejos editoriales de destacados periódicos de Iowa.


La Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora con mayoría demócrata, aprobó una resolución —en el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr.— que rechaza el uso de los términos “nacionalismo blanco y supremacía blanca por ser expresiones de odio e intolerancia”. Si bien se hace mención a los comentarios de Steve King reflejados en el periódico The New York Times, no se lo condena expresamente, ni tampoco a sus palabras. La resolución fue aprobada por 424 votos a favor y uno en contra. El propio Steve King votó a favor.


Ese solitario voto en contra fue emitido por el demócrata de Illinois Bobby Rush, uno de los miembros más veteranos del Bloque Afroestadounidense del Congreso. Rush participó activamente en el Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante la lucha por los derechos civiles en la década de 1960, y fue cofundador de la sección regional de las Panteras Negras en Illinois, en 1968. Rush declaró: “Esta resolución solo ratifica lo obvio. No aborda el racismo violento, virulento y rabioso de Steve King. Esta resolución demócrata es un insulto al legado de Martin Luther King Jr., en el marco del aniversario de su nacimiento. Debemos llevar adelante un voto de censura… para castigarlo por su intolerancia y su racismo”.
Mientras la carrera política de Steve King se derrumba bajo el peso de su racismo, el silencio del presidente Donald Trump sobre el congresista de Iowa resulta ensordecedor. Cuando se le preguntó sobre el congresista King en el jardín de la Casa Blanca este fin de semana, Trump, un consumidor notoriamente voraz de las noticias por cable, afirmó: “No lo estuve siguiendo. Realmente no lo estuve siguiendo”. La respuesta de Trump evoca su campaña presidencial, cuando negó tener conocimiento acerca de uno de sus más prominentes partidarios, David Duke, el ex “gran mago” del Ku Klux Klan. En una entrevista que le hizo Jake Tapper, de la cadena CNN , Trump manifestó: “Solo para que lo entiendas, no sé nada acerca de David Duke, ¿de acuerdo? No sé nada de David Duke. No sé nada de los supremacistas blancos”.


Trump siempre apoyó a Steve King. En un acto político a favor de King en West Des Moines, en 2014, Trump describió a King como “un tipo especial, una persona inteligente con opiniones correctas sobre casi todo”. En 2013, hablando de los jóvenes inmigrantes conocidos como “soñadores”, King expresó: “Por cada alumno ejemplar, hay otros cien que pesan 60 kilos y tienen pantorrillas del tamaño de melones porque transportan unos 35 kilos de marihuana a través del desierto”. Al respaldar la candidatura de Geert Wilders, un político nacionalista blanco de los Países Bajos, King tuiteó: “No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otra gente”.


Las palabras y acciones racistas de Steve King, como las de uno de sus defensores más poderosos, Donald Trump, están en claro contraste con la visión por la cual Martin Luther King Jr. luchó y murió. El 11 de noviembre de 1959, el reverendo King dio un discurso en la Universidad Estatal de Iowa. Allí afirmó: “El progreso humano no es automático ni inevitable. (…) Incluso una mirada superficial a la historia revela que el avance social no se desliza sobre las ruedas de la inevitabilidad. Cada paso hacia esa meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha; requiere los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de personas dedicadas”.


En este 90º aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., asumamos una vez más el compromiso de erradicar del racismo y la intolerancia; tanto en Iowa como en la Casa Blanca.
________________________________________
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
La economía del bienestar y la política económica colombiana

Corridos dos meses y algunos días del gobierno de Iván Duque, con sus anunciadas reformas nos permite entender sus reales propósitos al frente de la jefatura nacional, a pesar de su conciliadora forma de hablar. Las reformas pensional, en salarios y en impuestos están pensadas para favorecer a los más ricos y embaucar a los más pobres. Lejos de un necesario Estado de Bienestar nos adentramos en uno cada vez más excluyente e injusto.

 

En momentos en que políticas claramente regresivas en lo social y colectivo ganan espacio por todo el mundo, el debate sobre la función del Estado retoma vigencia. En Colombia, como parte de ese todo conocido como planeta Tierra, las regresiones sociales siempre están a la orden del día, y el gobierno de Iván Duque no se aleja de ello, tanto con la anunciada ampliación del IVA a todos los productos, incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales; como con la pretensión de clientelizar aún más la entrega de subsidios a los sectores más requeridos de ellos, así como con una reforma pensional que pretende incrementar los años de edad y trabajo para poder acceder a pensión, a la para que acabar Colpensiones, dejándole libre tal “negocio” al capital nacional e internacional.

 

De esta manera, con un gasto social cada vez más manipulado, ineficiente por sus montos pero también por la canalización que del mismo logra el sistema financiero, el actual gobierno apunta hacia crear mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora.

 

El Estado de Bienestar

 

Estamos ante todo un contrasentido. Como es conocido, el gasto público social es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar y consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores: hacienda, educación, salud, pensional y laboral. El Estado de Bienestar es una herramienta que ayuda a construir sociedades con menor exposición a las fuertes y más frecuentes crisis que han resultado de la aplicación del modelo neoliberal.

 

Los defensores del libre mercado cuestionan el Estado de Bienestar porque ven en el gasto social una carga que desestabiliza las finanzas públicas y no permite alcanzar un mayor crecimiento económico. Desde los años ochenta los ataques en contra de este tipo de Estado han sido más intensos y la presencia de gremios poderosos son más evidentes en la gestión gubernamental. La Gran Recesión de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. No obstante, diez años después las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de extrema derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial liderado por esta ideología.

 

Desde Adam Smith, el padre de la economía, se reconoció que el gobierno está creado para la defensa de los ricos contra los pobres. La consigna más usada por la ultraderecha es que el gasto público no es necesario porque si una economía crece todos se benefician. Según ellos, quienes hacen crecer la economía son los capitalistas que toman las decisiones de producción y trasmiten una buena perspectiva de negocios a la clase trabajadora mediante la generación de mayor empleo. Por esta razón la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a los ricos. La defensa de esta postura no se traduce en un mayor beneficio para todos por igual sino en la posibilidad de que los más ricos continúen acumulando mayor riqueza a expensas de peores condiciones de vida para los pobres y la clase media.

 

Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas si caen en el desempleo, si se deteriora su salud, si no existe acceso a programas para su capacitación y desarrollo de habilidades, si el ahorro para la vejez está en entredicho, etcétera. John Maynard Keynes vio como un aliado para atenuar los efectos de los ciclos económicos además de una política fiscal agresiva, la reducción de la desigualdad porque ésta a través de impuestos progresivos (el que más tiene más paga) mejora el ingreso disponible de la clase trabajadora y les permite que su demanda sea mayor, estimulando así la producción y el crecimiento económico.

 

Es claro entonces que la clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa opción no es la que propone la ultraderecha. Ellos afirman que el apoyo estatal estimula el conformismo y la holgazanería y que esto resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona pobre, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que alcance un nivel deseable de acumulación de riqueza.

 

Sin embargo, la sofisticación ha sido tal que de muchas formas han hecho creer a los pobres que su condición está merecida porque deben trabajar más para llegar a ser ricos. Esta falsa conciencia introducida por los medios, las TICs, los discursos políticos y religiosos, y algunos sectores educativos, explican el respaldo popular que están teniendo las iniciativas de ultraderecha, tales como un estricto ajuste fiscal, mayores impuestos y menor gasto social.

 

En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que la política macroeconómica keynesiana se impuso y muchos países desarrollaron sus Estados de Bienestar, el desempleo también se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles bajos y estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado es un actor importante en el desarrollo de los países.

 

El gasto público social era mayor que lo que es hoy. Para 1950 en Alemania, Holanda y Reino Unido se invertía como proporción del PIB respectivamente 30, 27 y 34 por ciento respectivamente. Para 2016 el mismo gasto para los mismos países pasó a ser respectivamente 25, 22 y 21 por ciento. El cambio de tendencia lo marcó la década de los ochentas debido a la presencia de brotes inflacionarios que llevó a que la política monetaria de Milton Friedman desplazara a la política fiscal de Keynes. Y desde entonces se priorizó la estabilidad de precios como el objetivo supremo de la política económica.

 

Esta dinámica ha continuado hasta nuestros días y los países emblemáticos del Estado de Bienestar como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia no han sido ajenos a ella. Mientras que en 1980 destinaban en promedio 42 por ciento de sus ingresos al gasto social ahora lo hacen a una tasa de 28 por ciento. El desmonte del Estado de Bienestar ha venido acompañado de medidas de reducción del poder sindical, de la flexibilización del mercado laboral y de la eliminación del control de capitales.

 

Aunque en las últimas tres décadas se haya logrado controlar la inflación, el costo es demasiado alto porque se han multiplicado las crisis financieras, que a su vez han minado la calidad de vida de muchas personas debido a mayores niveles de endeudamiento, quiebras y desempleo. De otro lado el efecto de las medidas neoliberales sobre el crecimiento económico no es el deseado. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento mientras que Estados Unidos, defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.



En Colombia, desigualdad creciente

 

En el debate público colombiano la clase dirigente ha señalado a Suecia como referente para las reformas tributarias, pero guarda silencio respecto del nivel de su gasto público en temas sociales. El Ministro Alberto Carrasquilla, que en reciente debate de control político fue acusado de enriquecerse con los Bonos Agua por más de 70 mil millones de pesos, ha propuesto una reforma tributaria de inspiración neoliberal en la que se plantea aplicar el impuesto al valor agregado IVA a todos los productos incluyendo la canasta básica, y reducir la tarifa de renta a las personas jurídicas, pero aumentarla para personas naturales disminuyendo la base gravable hasta ingresos de más de 1.9 millones mensuales.

 

Los defensores de estas propuestas mencionan que Suecia tiene una carga impositiva de 22 por ciento para las empresas, 60 por ciento para las personas naturales y un IVA de 25 por ciento. Mientras que para Colombia las tasas máximas correspondientes para esos mismos impuestos son respectivamente, 34, 35 y 19 por ciento. Pero lo que no mencionan estos análisis es que la estructura tributaria sueca corrige fuertemente la desigualdad que tiende a generar el modelo capitalista. En 2016 la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.

 

La regresividad colombiana es tal que el aumento del IVA en un punto porcentual deteriora la desigualdad en 1.2 puntos porcentuales, aún con esto la reforma tributaria de Santos pasó de un IVA de 16 a uno de 19 por ciento. Frente al impacto negativo del IVA el Ministro Carrasquilla anunció ante al gremio de banqueros en Cartagena, que gravaría con IVA y sin excepción todos los productos y después devolvería el monto subsidiado de la canasta básica al sector de bajos ingresos (que estiman en 11% de sus ingresos) a través de programas como Familias en Acción y exigiendo su bancarización.

 

Es una propuesta deficiente y malintencionada. Deficiente, porque es difícil o imposible individualizar el gasto que los hogares hacen mensualmente por concepto de la canasta básica de alimentos. Malintencionada, porque esta decisión genera lucro para los establecimientos de crédito mediante la cuota de manejo de una mayor población bancarizada, y porque fortalece el programa clientelista creado con la primera administración Uribe –que contaba con 300 mil familias en el 2002 y pasó a reunir 4 millones hoy.



La corrupción es un fenómeno muy costoso para los colombianos, representa cerca de 50 billones de pesos cada año, una cantidad muy similar a la que recauda el país por impuesto de renta. Es decepcionante que exista en el gabinete actual un Ministro de Hacienda con cualidades éticas cuestionables, con espacio político gubernamental para proponer reformas nocivas para la mayoría de los ciudadanos y cuyo partido político obstruye la moción de censura para removerlo de su cargo. Es desconcertante que existan líderes políticos que hayan defendido el “no” a la consulta anticorrupción, y que frente a la impopularidad de las propuestas de Carrasquilla hayan impulsado un proyecto de ley que en apariencia beneficia a la clase trabajadora –mediante la búsqueda de un incremento extraordinario del salario mínimo–, cuando lo que busca es beneficiar a los fondos privados que administran pensiones y cesantías debido a que el incremento no lo puede usar el trabajador en efectivo sino que se abona a sus cesantías. Esto sin contar que con la reforma pensional se está buscando eliminar a Colpensiones con el fin de apartar esta incómoda competencia para los fondos privados.

 

En resumen las reformas del presente gobierno, y de su partido político, apuntan a introducir mayores oportunidades de lucro para los gremios y menor bienestar para la clase trabajadora. Pese a que nuestra Constitución Política podría ser muy similar a la de los países nórdicos –pioneros en la construcción del Estado de Bienestar–, desde su misma creación en 1991 la clase dirigente interpone obstáculos para que estos principios no se materialicen en la práctica. Las propuestas del presidente Duque son al extremo regresivas y su administración se anticipa al inconformismo que van a generar acudiendo a la idea de una “regulación” de la protesta, y a una reforma a la justicia que limita la acción de tutela con la que la ciudadanía, como último recurso legal, reclama ante los jueces (ya que la mayoría de los políticos favorecen con sus acciones a los más ricos), sus derechos fundamentales.

Publicado enEdición Nº251
Lunes, 22 Octubre 2018 06:10

¿Cuál crisis?

¿Cuál crisis?

No hay una crisis migratoria en Estados Unidos.

Tal vez el peor error de políticos en México y América Latina –tanto de derecha como progresistas– es aceptar la narrativa del gobierno estadunidense y responder con promesas de cooperación para buscar soluciones a un problema que no existe. Al aceptar la ficción y participar dentro de ella, se hacen cómplices de un complot político derechista con tintes fascistas aquí.

Veamos: la inmigración indocumentada a Estados Unidos está hoy día en uno de sus puntos más bajos desde 2000, y el año pasado llegó a su nivel más bajo en casi medio siglo. Los cálculos sobre flujos de inmigración indocumentada generalmente se miden con base en el número de detenciones por las autoridades en la frontera con México. En 2000 se registraron aproximadamente un millón 600 mil detenciones, bajaron un poco a mediados de esa década a poco más de un millón, y desde entonces se han desplomado. Durante el gobierno de Obama se registró un promedio de medio millón de detenciones cada año, y en el año fiscal de 2017 fueron sólo 310 mil 531; la cifra más baja desde 1971.

Más aún, en años recientes se ha registrado un influjo neto negativo, es decir, que más mexicanos (aproximadamente un millón) han retornado a su tierra de los que han cruzando al norte de manera indocumentada.

Hoy día, los casi 44 millones de inmigrantes de todas partes que viven en Estados Unidos (una quinta parte de todos los inmigrantes en el mundo) representan 13.5 por ciento de la población nacional, casi el triple del porcentaje de hace medio siglo, pero aún debajo del nivel récord de 14.8 por ciento que representaban en 1890, reporta el Centro Pew. La gran mayoría –76 por ciento– son legales.

El régimen de Trump manipula las estadísticas para generar la idea de una crisis al medir incrementos en estos últimos meses comparados con el punto más bajo en la historia reciente el año pasado o enfocados sobre algún subgrupo (por ejemplo, menores no acompañados), para volverlos dramáticos (como recordaba Mark Twain: hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas).

Ahora, la insistencia de Trump en frenar la embestida de la caravana centroamericana –cuya imagen de una masa humana avanzando hacia Estados Unidos es oro para sus propósitos– tiene mucho que ver con la coyuntura político-electoral en la cual el presidente ha anunciado explícitamente que la retórica antimigrante es clave para la estrategia electoral republicana que busca defender su control de ambas cámaras del Congreso en los comicios intermedios el 6 de noviembre.

La migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos en años recientes es resultado directo de un sistema que margina a millones; uno de los mayores éxitos de este modelo es la exportación de los seres humanos.

Centroamérica y enormes regiones de México son subsidiados –y rescatados– por los inmigrantes. Los mexicanos en Estados Unidos envían entre 24 y 28 mil millones de dólares cada año. En 2017, las remesas a América Latina y el Caribe llegaron a 75 mil millones de dólares. En Honduras y El Salvador, las remesas representan casi 20 por ciento del PIB.

Estados Unidos es el principal promotor de este modelo, y el que impone las condiciones. Cuando países intentan otra ruta, como se ha demostrado en tiempos recientes en America Latina, son calificados de amenazas a la democracia y la libertad. Vale recordar que esto es una visión bipartidista. Por ejemplo, fue Hillary Clinton, como secretaria de Estado, quien apoyó el golpe militar en Honduras contra un presidente demasiado bolivariano que llevó a la instalación del régimen actual y, entre otras consecuencias, cobró la vida de luchadoras sociales como Berta Cáceres.

No hay crisis migratoria. En el contexto trumpiano, los inmigrantes son lo que eran los judíos para los nazis. Cooperar con ese régimen sobre este asunto es complicidad con algo parecido. Los nuevos campos de concentración en Estados Unidos ya están llenos de inmigrantes y sus niños, y todos los días hay redadas y detenciones, mientras en mítines masivos el líder nutre la histeria de odio contra los otros.

Que eso esté sucediendo es la crisis.

Publicado enInternacional
Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

Publicado enSociedad
Don José y las vanas políticas de la tercera edad

“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”. Aunque sin tal potencia, lo sucedido con don José en Medellín, despertó y proyectó ondas no solo en esta ciudad sino por todo el país.


Sin duda, don José, un campesino desplazado que se vale de una guitarra y su voz para ganarse la vida, el 7 de mayo ingresó al restaurante el Tarquino –ubicado en el barrio El Poblado de Medellín– para cantar “mamá vieja” de los Visconti. Después de su acto algunos clientes del restaurante decidieron invitarle a almorzar, pero al momento de sentarse la administración del establecimiento le pidió el favor de que comiera afuera, lo que generó la indignación de los asistentes. Valeria Lotero, artista plástica, denunciante del caso y varios comensales más, manifestaron su indignación frente a la administradora, decidiendo retirarse del lugar y denunciar en redes sociales lo sucedido, lo cual generó que las personas se manifestaran contra este caso con el numeral #YoSoyDonJosé. Sin duda, lo que le ocurrió a don José causó uno de los mayores revuelos mediático en la semana comprendida entre el lunes 7 y el domingo 13 de mayo.


En los últimos días don José aseguró que no se sintió discriminado, y señaló que la dueña del restaurante siempre ha sido buena con él: “Esa señora hace 20 años me deja cantar ahí. Yo la estimo porque es muy formal con el compañero y yo. Yo la aprecio porque nos deja trabajar ahí, estoy muy agradecido” . Después de un día en boca de todos, el restaurante Tarquino también divulgó un comunicado sobre el caso de don José en el que aseguran rechazar cualquier forma de discriminación y lamentaron el incidente del 7 de mayo.
Sin embargo el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos, y el martes 8 de mayo un g

rupo de personas se sentó afuera del local en aire de protesta, destapando sus recipientes con el almuerzo, para hacerse sentir en contra del caso; indignación que ya alcanzó dimensiones nacionales. Así mismo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso su atención en el caso y anunció una investigación a través de su Twitter: “He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Tarquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (Art. 3 núm. 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11)”


Más allá de que el caso se haya expandido por justas causas o por una exageración que se deriva de un malentendido, sentido que puede ser atribuido en parte a la solidaridad y en parte a la simple caridad de los más favorecidos que entre sollozos expían las culpas de sus privilegios; da pie para exponer uno de los más grandes problemas de seguridad social en nuestro país: lo referente a la vejación de las políticas pensionales y de la tercera edad.


En Colombia existen dos grandes políticas de Estado que se enfocan en la atención de las personas mayores de 60 años, quienes actualmente representan el 9,5 por ciento del total de la población de Colombia, pero según las proyecciones estadísticas, para el 2050 alcanzarán el 20 por ciento.


La primera política surge de la Ley 1151 de 2007, que determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, luego ratificada por la Ley 1251 de 2008, mediante la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Sus retos plantean la necesidad de superar problemas como las desigualdades sociales de la vejez, la dependencia funcional, la enfermedad, discapacidad y calidad de vida de las personas adultas mayores, erradicar el hambre y la pobreza extrema de este sector de la población, en búsqueda de un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable como derecho de todas y todos los colombianos.


La segunda se centra en los regímenes pensionales, que a través de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, establece dos regímenes de pensión: el régimen público de Prima Media con Prestación Definida (RPM), manejado por Colpensiones, y el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), manejado por el sector financiero. Ambos regímenes están orientados a personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas, ya que del total de la población activa que tiene el país, solo el 32 por ciento logra aportar a pensión, salud y aseguradora de riesgos; y además, hoy por hoy sólo uno de cada 4 adultos mayores tiene pensión.


Pero regresemos con don José, un adulto mayor de 60 años, quién después de ser desplazado ha sobrevivido en Medellín gracias a su guitarra y su voz. Si lo quisiéramos volver una estadística, don José haría parte del 50 por ciento de adultos mayores que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sería también parte del 20 por ciento de adultos mayores que sobrevive exclusivamente gracias a su trabajo, y del 68 por ciento de adultos mayores que no tienen una pensión; y como trabajador, pertenece a los 14,6 millones de hombres y mujeres que se rebuscan en la informalidad, sin tener contrato ni garantías de derechos laborales.


Y es que la indignación que genera lo sucedido, que se transmite por redes sociales y se evidencia en las tendencias de Facebook y Twitter, no se manifiesta en hechos reales o tangibles; don José debe seguir viviendo del rebusque, pues su situación particular no ha cambiado a pesar de haber despertado fuertes reacciones de solidaridad (¿tal vez lástima?) por su repentina fama en diferentes medios de comunicación.
La realidad es que en Colombia los adultos mayores se ven cotidianamente sometidos a situaciones de discriminación que se han normalizado en toda la sociedad. El sistema económico que impera en el país los considera obsoletos, ya que han dejado de ser productivos para las empresas; el sistema de salud los considera una carga, pues requieren 3 veces más cuidados y atención que una persona en edad adulta; el 9,3 por ciento viven solos, a pesar de que en la mayoría de los casos tiene una familia con posibilidad de cuidarlos y acompañarlos; el 40 por ciento sufre de depresión como consecuencia de la sensación de no servir para nada y el 4 por ciento ha sufrido violencia intrafamiliar severa . Todo esto evidencia que las políticas existentes son insuficientes para atender una población que no solo es vulnerable, sino que va creciendo con el tiempo.


Si en Colombia no se da una profunda transformación del modelo económico, laboral y cultural, seguiremos viendo a más hombres y mujeres como don José, que a pesar de tener toda su vida encima, deben buscar en las calles el sustento diario, sin tener claridad de sus derechos como adultos mayores.

 

Más de 20 años

“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”, aseguró don José al ser preguntado por su oficio. Por su parte, una joven que ya no es estudiante de secundaria, entrevistada por un noticiero de televisión afirmó: “cuando yo iba para el colegio siempre lo veía en los buses, cantando”. Otros entrevistados, todos, confirman que don José es un campesino desplazado.


“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”. Sí, don José fue desplazado, pero hace más de 20 años, sin embargó nunca pudo beneficiarse de una política pública que le brindara acogida en la urbe, una política que le facilitara capacitación laboral y lo incluyera en algún plan de empleo, por lo cual tiene que rebuscarse por cuenta propia. Cuando fue desplazado tenía 40 años o un poco menos, ahora está en los 60 o algo más. Don José no solo sufrió el infortunio del desplazamiento, sino el de la exclusión estatal, no solo el de la exclusión en el restaurante-


Hay que recordar que producto de la guerra, del total de personas desplazadas desde el año 1985 hasta el día de hoy, el 8,3 por ciento tenían 60 años o más al momento de su expulsión, es decir, 599.251 adultos mayores tuvieron que abandonar sus terruños debido al conflicto.


Y frente a esto la respuesta del Estado y de las administraciones locales es insuficiente. A pesar de que según la Ley 1448 de 2011 las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, vemos que a la fecha la población desplazada que llegó a las ciudades no ha tenido las garantías para retornar a sus tierras, y tampoco les han garantizado una vida digna en los nuevos lugares que habitan. En su mayoría de los casos estas personas quedaron obligadas a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades y robustecer la cifra de las personas que viven en la informalidad laboral.

 

Publicado enColombia
Página 1 de 6