Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enColombia
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

Publicado enInternacional
Informe denuncia patrón de violación de derechos humanos por empresas chinas en Latinoamérica

El jueves 11 se presentó en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe que revela un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.


El documento detalla 18 proyectos implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.


El estudio concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados. Revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, así como por la impunidad de estas violaciones.


Muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación.


Indica además, que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en los derechos humanos.


Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).


El informe elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) fue presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de las organizaciones miembros de la coalición.


Pedidos a China


A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC.


La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales.


También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.


Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.


Compromisos y obligaciones de China


China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU).


Ello consta en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero.


En el documento se señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.


El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación.


Asimismo, le pidió implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.


La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal del próximo 6 de noviembre.


En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.
12 octubre 2018

Publicado enMedio Ambiente
No hay justicia para los presidiarios que salvan vidas apagando incendios

SAN FRANCISCO — Las pruebas de la virulencia del cambio climático mundial cubren la Tierra, azotando a las comunidades con todo el arsenal de la furia de la naturaleza: huracanes, tornados, tormentas implacables, inundaciones sin precedentes, sequías históricas y abrasadoras olas de calor. En California, los incendios forestales han aumentado drásticamente en cantidad e intensidad, lo que ha llevado al límite de sus capacidades a los escuadrones de bomberos del estado y ha superado el presupuesto estatal de lucha contra incendios. Mientras se registran nuevos incendios forestales a lo largo del estado, miles de personas se han congregado en San Francisco esta semana para participar de la Cumbre Global de Acción Climática convocada por el gobernador Jerry Brown y otras personas profundamente preocupadas por la crisis del cambio climático y la obstinada negación del fenómeno por parte del presidente Donald Trump. Junto a las brigadas de bomberos profesionales, en la primera línea de estos enormes incendios, se encuentran miles de prisioneros de California, trasladados desde sus cárceles para unirse a este peligroso trabajo, todo por un dólar la hora o aún menos.


Democracy Now! viajó al Delta Conservation Camp, una hora al norte de San Francisco, para conocer a los prisioneros que luchan contra estos devastadores incendios forestales. El nombre no denota que es un campamento de reclusos. Existen 44 de estos centros de detención, entre los que se incluyen tres para mujeres y uno para menores, que luchan contra los incendios forestales que azotan California con cada vez mayor frecuencia y ferocidad.


Cerca del 25% de los bomberos que combaten incendios forestales en California son reclusos.


El sargento Steven Reeder, uno de los oficiales correccionales en Delta, declaró en una entrevista para Democracy Now: “Los reclusos bombero son la columna vertebral del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Se les dan las tareas más difíciles en las peores condiciones, 40 grados bajo el sol, con dos capas de ropa, cargando 20 kilos de equipos. Y tienen que cargar toda su comida y agua para una jornada de 24 horas, y luego manejar una herramienta todo el tiempo”.


El gobernador Brown también ha elogiado a los presos que trabajan como bomberos por sus heroicos esfuerzos en la lucha contra el fuego: “Quiero agradecerles personalmente a todos los bomberos que están en la primera línea, a los integrantes del Departamento de Protección contra Incendios de California, así como a la Guardia Nacional y a los miles de presos que también están en la primera línea luchando para proteger vidas y ayudando a que estos incendios culminen rápido”.


Los prisioneros que combaten incendios, con su lamentable salario de un dólar la hora, le hacen ahorrar al estado de California unos 100 millones de dólares al año según las estimaciones oficiales. Sid Turner, comandante de Delta Camp, declaró para Democracy Now: “Creo que deberían ganar más de un dólar la hora. Reciben ese mismo salario desde hace décadas”. Turner admitió que, si se redujera la población carcelaria, el sistema de bomberos se vería en problemas: “California necesita cuadrillas. Si no tuviéramos reclusos para cumplir ese papel, tendríamos que conseguir esa fuerza de trabajo en otra parte”. Y Cal Fire, la agencia de bomberos estatal, se está quedando sin fondos a pasos agigantados.


Marty Vinson, un preso afroestadounidense de 25 años de edad que estuvo en el campamento Delta durante dos meses, habló con Democracy Now! Cuando le preguntamos sobre cuánto ganaba, respondió: “Cuando estás combatiendo un incendio, un dólar la hora. Cuando estás en un día de trabajo normal, un dólar con 45 centavos por día”. Cuando le preguntamos si, como muchos otros, consideraba esas condiciones como trabajo esclavo, se rió nerviosamente, mientras el guardia nos miraba atento, y expresó: “Realmente no quiero llamarlo ‘trabajo esclavo’, pero de alguna manera lo siento así. Tiene que ver con la mentalidad, en qué pensamos al final del día. Sin importar si estamos encarcelados o libres, nos pagan un dólar la hora”.


Prisioneros y exprisioneros han declarado a Democracy Now! que un incentivo fundamental para participar de este peligroso trabajo es obtener una reducción del tiempo de sus condenas. Pueden obtener una reducción de dos días de la pena penitenciaria por cada día en un campamento de bomberos. Cabe destacar que, después de combatir incendios forestales durante años, estos prisioneros no pueden trabajar como bomberos cuando son liberados porque el departamento no admite exdelincuentes en sus filas.


El fin de semana pasado, decenas de miles de personas marcharon en San Francisco como parte de un día mundial de protesta para exigir medidas contra el cambio climático. Un elemento central de este movimiento contemporáneo es el concepto de justicia ambiental, que aborda el impacto diferencial del cambio climático sobre las distintas comunidades en función de la etnia, el estatus económico y el género. Tal vez el ejemplo más claro de eso sean las cuadrillas de bomberos en California, donde miles de prisioneros, en su mayoría personas pobres de color, reciben salarios de esclavo por arriesgar sus vidas combatiendo los voraces incendios, que el cambio climático ha hecho más frecuentes y más intensos.

Publicado enInternacional
Sábado, 07 Julio 2018 07:43

¿Qué diría Marx?

¿Qué diría Marx?

Las luchas de los trabajadores por sus condiciones laborales en 2018 en la República Popular China.

El pasado 4 de mayo el Partido Comunista Chino celebró el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en la plaza de Tian’anmen donde celebran sus multitudinarios congresos cada cinco años. Esto constituye todo un honor, pues rara vez una figura extranjera ha recibido este tipo de elogios, y más aún cuando el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, se refirió a él en los siguientes términos: “maestro de la revolución para el proletariado y los trabajadores de todo el mundo, el principal fundador del marxismo, creador de partidos marxistas, pionero del comunismo internacional y el más grande pensador de los tiempos modernos” . Luego apostilló que solo el socialismo con características chinas puede triunfar en China.

Este acto es uno más dentro de la campaña desarrollada por el PCCh para la revitalización del marxismo como pensamiento oficial, progresivamente abandonado desde los sucesos de Tian’anmen en 1989. El retorno a la retórica y la simbología marxista aumentan la desconfianza de los medios de comunicación internacionales sobre Xi, siempre bajo la sospecha de querer emular a Mao Zedong avanzando hacia una deriva “izquierdista” del país. Pero basta con observar la realidad social para comprobar que hasta el momento estos cambios siguen siendo meramente estéticos.


Un día después del homenaje, el China Labour Bulletin (CLB), observatorio independiente de los derechos laborales en la República Popular China situado en Hong Kong, daba cobertura a una protesta en Wugang, provincia de Hunan, donde miles de profesores realizaron una manifestación nocturna por las calles de la ciudad pidiendo aumentos salariales, seguridad social y una retribución variable anual. Según la página web Weiquanwang, la manifestación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial y acabó frente al edificio de la Oficina Gubernamental de la ciudad, y fueron interpelados megáfono en mano por el propio director de la oficina que pedía a los representantes de la protesta que se identificaran bajo el pretexto de entablar negociaciones.


MAPA DE CONFLICTOS


Estas protestas no son una anomalía. En mayo, el CLB registra en su mapa de conflictos 190 protestas en todo el país. Si bien las cifras no son tan espectaculares como en 2015, con más de 2.774 protestas en todo el año, la movilización activa de los trabajadores se ha convertido en una herramienta habitual como método de presión a la patronal. Los conflictos laborales se producen principalmente dentro de las empresas privadas (88% de los casos) y generalmente en los sectores de la manufactura, transportes y la construcción. “Recomendamos mirar nuestras estadísticas como la punta del iceberg —nos contestan desde el propio observatorio—; por ende, los porcentajes en cuanto a demandas, sectores afectados, son indicadores importantes para todos aquellos que quieran entender mejor la naturaleza de las disputas laborales en China”.


¿Quién protesta? Hay dos perfiles fácilmente identificables: el primero, antiguos trabajadores de las empresas estatales que sufrieron la privatización de sus sectores durante los años 90 —cuando China se preparaba para entrar en la Organización Mundial del Comercio—, y en segundo lugar los nong min gong, población considerada administrativamente rural pero que reside en las áreas metropolitanas de los grandes centros fabriles y que por tanto no puede disfrutar de los privilegios del hukou urbano. Mientras que la primera proviene mayoritariamente del sector industrial pesado situado en el norte del país, tiene una media de edad avanzada y reclama principalmente acceso a la seguridad social y pensiones dignas, la segunda se centra más en aumentos salariales, bonificaciones extra y son la mano de obra de las empresas situadas en la sureña provincia de Guandong. Es aquí donde se registra un mayor número de protestas al tratarse del foco industrial más importante. Otras provincias en el centro y en el norte como Shangdong, Jiangsu y Hebei también son el epicentro de numerosos y multitudinarios conflictos.


En ambos casos se trata de mano de obra cualificada que se ve sometida a duras condiciones laborales no exentas de habituales accidentes mortales. Uno de los ejemplos más graves es el de la minería: se estima que alrededor de seis millones de trabajadores en China contrajeron la neumoconiosis debido a su trabajo en las minas, la construcción y las factorías metalúrgicas, pero solo el 10% de estos casos fue relacionado con el trabajo por las estadísticas oficiales debido a la utilización de obstáculos burocráticos.


Otro ejemplo tristemente conocido por las pésimas condiciones es la compañía de Foxconn y sus diferentes factorías, donde las condiciones laborales y el trato humillante por parte de superiores y supervisores han llevado al suicidio a varios trabajadores, provocado por el estrés, largas jornadas de trabajo, trato humillante de la gerencia, promesas incumplidas en cuanto a mejoras de las condiciones o multas por errores laborales. Esta dramática realidad no puede ser reducida a mera anécdota: Foxconn es el mayor empleador privado en China continental, con 1,3 millones de personas en nómina.


“El grueso de las protestas —declara a una entrevista un portavoz del China Labour Bulletin— sigue siendo por impagos salariales, y muchas veces los trabajadores han esperado varios meses antes de tomar medidas colectivas, abrigando esperanzas de que el empleador sea capaz de saldar su deuda. Creemos que los problemas que aquejan a la clase trabajadora en China no han sido resueltos: incumplimiento de contratos laborales por parte de la patronal, impago de salarios, impago de contribuciones al seguro nacional por parte de la patronal, despidos ilegales, etc. En China, tras 10 años de implementación de la ley de contrato laboral, solo un 35% de trabajadores migratorios (el grueso de la fuerza laboral) tiene contratos con sus empleadores, un porcentaje decreciente, lo que muestra que los beneficios económicos del crecimiento no han sido compartidos de manera satisfactoria con los trabajadores”.


La estrategia es básica pero efectiva: autoorganización de los trabajadores paralelamente al sindicato oficial negociando bilateralmente con la patronal. Los métodos de presión empleados van desde la denuncia pública, las concentraciones, las sentadas y manifestaciones hasta, aunque en menor medida, las huelgas, el bloqueo de carreteras, la ocupación de las fábricas y la destrucción de maquinaria. La utilización de nuevas tecnologías, como la red social WeChat, ha sido una herramienta muy efectiva para este movimiento a la hora de realizar convocatorias, aunque el cada vez mayor control del Gobierno de las redes supondría un problema para el actual modelo organizativo.


La protesta se hace siempre es sobre una serie de reclamaciones concretas y rara vez hay un planteamiento sistémico que busque mayores culpables que el empleador, por lo que no parece que este movimiento pueda afectar al estado de las cosas en China más allá de un mejor reparto de beneficios entre su población. De hecho, muchas veces estas protestas se enuncian en un tono patriótico; por ejemplo, la de los profesores en Wugang, donde los manifestantes gritaban: “Amamos al país, amamos la educación y amamos a los estudiantes. ¿Y a nosotros, quién nos ama?”. Aunque no siempre el subterfugio del patriotismo funciona y en numerosos casos existe una represión directa por parte del Estado, como el pasado 26 de mayo, cuando tres representantes de los huelguistas en la fábrica de la Wolskwagen en Changchun, provincia de Jilin, fueron detenidos por “convocar una multitud para el disturbio social”.


La actitud del Estado hacia este movimiento es la de la precaución calculando el rédito político de cada una de sus acciones y no interviniendo hasta que no es necesario, tratando de no quedar como la mano ejecutora de la represión empresarial pero buscando siempre ofrecer confianza y perspectivas de estabilidad a la patronal.


PERSPECTIVAS


¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? En un vistazo superficial no parecen esperanzadoras. Este año, la prensa económica publicó varios titulares que parecen querer hacer soplar vientos de calma para Beijing con respecto al problema de la desigualdad económica: caída del coeficiente de Gini, aumento del índice de desarrollo humano, caída del índice de pobreza extrema... Si aplicamos la máxima de “cuanto mejor, peor”, el aumento de las mejora de las condiciones de vida supondría el fin de un souffle. El triunfo del “modelo chino” ya es celebrado tanto por el Partido Comunista como prueba del éxito de sus políticas así como por lobbies defensores de la total desregulación del mercado.


Sin embargo siguen llegando datos preocupantes. Según la OCDE, China es el país con más trabajadores pobres del mundo, con el 25% de los mismos por debajo del umbral de la pobreza, y paralelamente el segundo país, según Forbes, con más multimillonarios del mundo, y esto supone un fuerte viento que extiende las llamas del conflicto. La cada vez mayor y mejor coordinación entre los huelguistas chinos avalan esta tesis. “Este fin de semana —declara el CLB— se registró una huelga de camioneros a nivel nacional, afectando directamente el suministro alimenticio. Estamos en proceso de verificar la envergadura de la acción panprovincial. Pero se trata de un fenómeno recurrente, recientemente se han registrado varios incidentes similares, que potencialmente involucran a decenas de miles de trabajadores”.

Resulta difícil saber qué diría Karl Marx a 200 años de su nacimiento —efigie admirada en el Gran Salón del Pueblo Chino por un día— si pudiera analizar todo esto. En cualquier caso, recordamos al lector una de sus frases que hacen suponer el mantenimiento y consolidación del movimiento de los trabajadores en la República Popular China: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Es decir, en tanto que las desigualdades continúen, la lucha continuará.

PUBLICADO
2018-07-07 06:57:00

 

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Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

Compartimos el libro “Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica”, publicado por Oilwatch en 2018

El término energías extremas se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados.


Como una segunda edición, este libro reúne 13 artículos de autores latinoamericanos, quienes analizan el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado


Extracto:


Las fronteras extremas de América Latina


Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno delshale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección.


Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de camposde tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.


Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal (una formación geológica en la plataforma continental que está debajo de la capa de sal en el lecho marino), hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras.


La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal de Brasil intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.


En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Si bien no se conoce la profundidad final, proyectaba atravesar 3400 metros de “columna de agua” y otros 3000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.


En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

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Dinero y comunidad: fantasía entre teoría e historia

En agosto de 1938, Cordell Hull, secretario de Estado en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, estaba indignado con los mexicanos. El gobierno de Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías petroleras el 18 de marzo de ese año y se había comprometido a pagar la correspondiente indemnización conforme a las leyes mexicanas. Las compañías, sin embargo, se negaban a llegar a un acuerdo y a negociar la valuación y el monto a pagar y pedían la devolución de sus antiguas propiedades.

 

Uno de los puntos del complicado litigio consistía en que, mientras el gobierno mexicano consideraba que el petróleo del subsuelo era propiedad de la nación y no de las compañías, simples concesionarias de su explotación, éstas incluían a los yacimientos entre sus propiedades. El otro era el valor de las instalaciones mismas. Finalmente, las compañías –y en eso las más intransigentes eran las británicas– negaban el derecho mexicano de expropiar.

 

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, reconocía el derecho del gobierno de México a expropiar dentro de los límites de su soberanía territorial y se separaba, en esto, de la postura de las compañías petroleras. Pero exigía pago inmediato de una justa indemnización. Los mexicanos no se negaban a pagar, pero reclamaban, primero, que las compañías permitieran una evaluación imparcial de sus bienes y, segundo, que se pagara en los plazos en que México estuviera en condiciones de hacerlo.

 

Esta polémica se entrecruzaba con la discusión casi idéntica sobre el pago de la indemnización por la expropiación de tierras mexicanas propiedad de ciudadanos de Estados Unidos en cumplimiento del programa de reforma agraria del gobierno del general Cárdenas. Y sobre estas expropiaciones agrarias se había entablado el litigio entre ambos gobiernos.

 

2

 

¿Por qué estaba especialmente enfurecido Cordell Hull en aquel verano de 1938? Es que el 21 de julio había hecho saber a los mexicanos, en una nota diplomática, que no se valía postergar el pago de las expropiaciones agrarias argumentando la urgencia de los programas sociales del gobierno, pues eso violaba “las normas universalmente reconocidas de derecho y equidad”. Escribía el secretario de Estado:

 

No podemos admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de ciudadanos estadunidenses violando la norma de indemnización conforme al derecho internacional. Tampoco podemos admitir que cualquier gobierno unilateralmente y mediante su legislación interna pueda, como sucede con el presente caso, anular este principio universalmente aceptado del derecho internacional, basado como está en la razón, la equidad y la justicia1.

 

Y se había molestado al extremo porque el gobierno mexicano, a esa comunicación, había respondido el 3 de agosto de 1938 en estos términos:

 

Mi gobierno sostiene, por el contrario, que no hay en derecho internacional ninguna regla universalmente aceptada en la teoría, ni realizada en la práctica, que obligue al pago de una compensación inmediata, ni siquiera diferida, por expropiaciones de carácter general o impersonal, como las que México ha realizado para procurar la redistribución de la tierra.


Las expropiaciones efectuadas en el proceso de nuestra reforma agraria tienen, en efecto, ese doble carácter que debe ser tomado muy en cuenta para entender la posición de México y justipreciar la aparente falta de cumplimiento de sus obligaciones.


Sin pretender refutar el punto de vista del gobierno norteamericano, deseo llamar de manera muy especial, su atención hacia el hecho de que la reforma agraria no es solamente uno de los aspectos de un programa de mejoramiento social intentado por un gobierno o un grupo político para experimentar nuevas doctrinas, sino que constituye el cumplimiento de la más trascendental de las demandas del pueblo mexicano que sacrificó para lograrla, en la lucha revolucionaria, la vida misma de sus hijos. La estabilidad política, social y económica, y la paz de México, dependen de que la tierra sea puesta nuevamente en manos de los campesinos que la trabajan; por lo tanto, su distribución, que venía a implicar la transformación del país, es decir, el futuro de la nación, no podía detenerse ante la imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las propiedades pertenecientes a un reducido número de extranjeros que solamente persiguen un fin lucrativo.


Por una parte, se aprecian las reivindicaciones de justicia y mejoramiento de todo un pueblo y, por otra, los intereses puramente pecuniarios de algunos individuos. La posición de México en desigual dilema no podía ser otra que la asumida y no se afirma esto como un atenuante de su proceder, sino como una verdadera justificación del mismo. […]


Sin embargo, México admite, en obediencia a sus propias leyes, que sí está obligado a indemnizar en forma adecuada, pero la doctrina que sustenta al respecto, que está apoyada en las más autorizadas opiniones de tratadistas de derecho internacional, es que el momento y la forma de hacer dicho pago deben ser determinados por sus propias leyes2.

 

El gobierno mexicano estaba contraponiendo a los reclamos del gobierno de Estados Unidos no una situación de hecho ni una interpretación diferente de una misma norma de derecho, sino una doctrina jurídica diferente.

 

Era un conflicto entre dos derechos: uno, el de una comunidad originada en lazos anteriores al dinero; el otro, el de una comunidad donde el dinero como equivalente universal es medida de razón, equidad y justicia –en otras palabras, una comunidad natural regida por la costumbre y una comunidad mercantil regida por el dinero.

 

3

 

No es imaginable que esta distinción se presentara clara en las mentes de los protagonistas. Cordell Hull postulaba su idea de la justicia y el derecho como universal. Quien opusiera otra no planteaba para él un conflicto de derechos. Simplemente se colocaba fuera de la ley. Era un proscripto. El 22 de agosto, en una nota tajante, respondió al gobierno mexicano:

 

La aceptación universal de esta norma del derecho internacional que, en realidad, es simplemente una declaración de justicia común y trato justo, no admite, en opinión de este gobierno, ninguna divergencia de opinión. […]


La toma de propiedad sin indemnización no es expropiación. Es confiscación. No es menos confiscación porque pueda haber una declaración de intenciones de pagar en algún momento futuro3.


La respuesta del secretario de Estado tenía tonos sinceros de indignación moral. Sin embargo, para beneficio de la comprensión de los mexicanos y para fundamentación de su propia posición, Cordell Hull exponía en su documento una explicación histórica, a su criterio obvia, de los orígenes del derecho universal:
Dije que el gobierno de Estados Unidos no puede admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de los ciudadanos estadunidenses ignorando la norma de indemnización universalmente reconocida por el derecho internacional o admitir que la norma de compensación pueda ser anulada por cualquier país bajo su legislación interna.


Mi gobierno tenía presente que la doctrina de justa indemnización por propiedades tomadas tuvo origen mucho antes que el derecho internacional. Fuera de toda la duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de la otra. La sociedad civilizada determinó que la justicia común exigía que se le pagara por eso. Una nación después de otra decidieron que era justo y razonable, equitativo y correcto, acompañar la toma de propiedad con el pago de justa compensación. A su debido tiempo, las naciones del mundo aceptaron esto como una sólida norma básica de juego limpio y trato justo. Hoy, está incorporado a las constituciones de la mayor parte de los países del mundo y de cada república del continente americano y ha sido aplicado como doctrina internacional en el derecho internacional universalmente reconocido. Es nada más que el reconocimiento entre las naciones de las reglas de trato justo y correcto, como funcionan habitualmente entre los individuos y que son esenciales para el intercambio amistoso4.


Todo esto, decía Cordell Hull, era “evidente por sí mismo” y la posición mexicana había sido recibida por su gobierno, “siento necesario decir con toda claridad, no sólo como sorpresa, sino con un profundo sentimiento de pena”:

 

La adopción por las naciones del mundo de una teoría como esa resultaría en la inmediata ruptura de la confianza y la credibilidad entre las naciones y en un de-terioro progresivo de las relaciones económicas y comerciales internacionales tal que pondrían en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna. El progreso humano sería fatalmente hecho retroceder5.

 

4

 

La respuesta del gobierno mexicano fue igualmente severa. Vino el 1 de septiembre en el informe del presidente Cárdenas al Congreso de la Unión:

 

La reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y […] frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado. Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los de-rechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.


En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del poder público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior, y sin embargo su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir6.

 

Dos concepciones del derecho se contraponían y cada una de las partes daba a al propio valor universal.

 

No ignoro la dificultad en dar el salto desde la teoría a la historia. Pero hay veces, cuando los conflictos tocan el fondo rocoso de los principios, que la historia tiene alas y el salto puede, si no eliminar sus riesgos, al menos aminorarlos.

 

5

 

Casi un siglo antes, en sus notas de lectura de 1844 conocidas hoy como los Cuadernos de París, Karl Marx se ocupaba del diferendo que oponía a Cárdenas y Hull. La explicación histórica del estadunidense sobre los orígenes del derecho a ser indemnizado: “fuera de toda duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”, presuponía que el primer atributo de la persona era precisamente la propiedad. Marx, tanto tiempo antes, se detenía en este presupuesto:

 

La economía política concibe a la comunidad de los hombres –es decir, a su esencia humana en acción, a su complementación en la vida genérica, en la verdadera vida humana– bajo la forma del intercambio y el comercio. La sociedad, dice Destutt de Tracy, es una serie de intercambios recíprocos. La sociedad, dice Adam Smith, es una sociedad de actividades comerciales. Cada uno de sus miembros es un comerciante.


Puede verse la manera como la economía política fija la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original, adecuada a la determinación humana.


La economía política, siguiendo el movimiento real, parte de la relación del hombre con el hombre como relación de propietario privado con propietario privado. Si se presupone al hombre como propietario privado, es decir, como poseedor exclusivo que afirma su personalidad, se diferencia de los otros hombres y está en referencia a ellos en virtud de esa posesión exclusiva –la propiedad privada es su existencia personal, distintiva, y por lo tanto esencial–, resulta entonces que la pérdida de la propiedad privada o la renuncia a ella es una enajenación del hombre en tanto que propiedad privada7.

 

La indignación moral con que Cordell Hull recibía doctrinas jurídicas mexicanas era real y sincera. Esas doctrinas estaban atentando contra la esencia humana misma tal como ésta había quedado definida allá en la noche de los tiempos, la primera vez que “una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”. Legitimaban, entonces, una “enajenación del hombre” y, en efecto, su difusión “pondría en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna”.

 

Nada más que el gobierno mexicano estaba hablando de otra civilización o de otros fundamentos de la vida civilizada. Presuponía a la comunidad de los mexicanos y mexicanas como preexistente a la propiedad y al intercambio mediado por el dinero, ese dinero que se le exigía pagar como justa e inmediata reparación por las expropiaciones agrarias. No era éste, por supuesto, el lenguaje de la vida cotidiana en la sociedad mexicana, también regida por la propiedad y mediada por los intercambios y el dinero. Pero lo era cuando su gobierno era llevado a afirmarse en los fundamentos mismos de la comunidad nacional, que era lo que sucedía en los días culminantes del conflicto petrolero:


Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato. […] Esta teoría que parece al gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por Estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del Estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla sin indemnización correspondiente8.

 

Era, entonces, casi sin metáfora, un conflicto de civilizaciones y un conflicto de concepciones sobre el sustrato de la comunidad y sus relaciones con sus individuos. Sería injusto decir que sus protagonistas no tenían ninguna conciencia de ello, dado que el término “civilización” aparece en lugar central en la argumentación de cada uno.

 

6

 

Estas concepciones no provenían de influencias comunistas, como sospechaba y decía Cordell Hull9, sino de las antiguas fuentes del derecho hispánico y de las comunidades indígenas, ambas confluyentes en una idea de comunidad anterior a los individuos, idea perviviente en la herencia cultural y relacional mexicana y todavía no disuelta entonces por el dinamismo de los intercambios mercantiles y dinerarios10.

 

La reflexión sobre esa idea histórica de comunidad, que atraviesa la obra de Marx hasta las cartas a Vera Zasulich, aparece en los Cuadernos de París:

 

El intercambio, tanto de la actividad humana en el propio proceso de producción como de los productos humanos entre sí, equivale a la actividad genérica y al goce genérico, cuyo modo de existencia real, consciente y verdadero es la actividad social y el goce social. Por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza. Por tanto, no es en virtud de la reflexión que aparece esta comunidad verdadera, sino en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo; es decir, es producida de manera inmediata en la realización de la existencia humana. La realidad de esta comunidad no depende de la voluntad humana; pero mientras el hombre no se reconozca como hombre y, por tanto, organice al mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de enajenación. Debido a que su sujeto, el hombre, es un ser enajenado de sí mismo11.

 

Aquella idea de comunidad no está mediada por el dinero, este “mediador ajeno”, como dice Marx en sus apuntes, cuando “el hombre mismo debería ser el mediador para los hombres”. Pero esa idea no existe ya en la realidad aparente. ¿Por qué aparece, entonces, una sombra o un reflejo de ella cuando en 1938 el poder que asume la representación de la comunidad de los mexicanos entra en conflicto, sobre el propio territorio donde ésta existe y se define, con el poder que asume la representación de la comunidad de los estadunidenses?

 

Porque el conflicto, a mi entender, toca las fibras más profundas de definición de la identidad comunitaria nacional en cada una de ellas. Y entonces, borrosa pero inconfundiblemente, toma la forma de dos de-finiciones nacionales diferentes, aquello que es un conflicto entre dos ideas de comunidad que atraviesa a todas las sociedades en tránsitos seculares desde sus formas naturales (comunitarias o precapitalistas, si se quiere) a sus formas capitalistas.

 

7

 

Si en la indignación de Cordell Hull se escuchan resonancias de la misma indignación que en los señores de la Inglaterra de los siglos xvii y xviii, en las razones morales de los mexicanos aparecen, bajo la forma de sentimiento nacional, las motivaciones de la economía moral que, como bien nos lo explicó Edward P. Thompson, inspiraban las rebeldías plebeyas contra aquellos señores en esos siglos12.

 

Se enfrentan dos indignaciones morales paralelas y verdaderas; en el fondo, dos visiones sobre la esencia humana, la comunidad y la propiedad privada. Sólo llevando el análisis a este terreno puede verse la profundidad del choque, entre una comunidad donde aún la economía moral dominaba las conciencias y otra donde se explayaba en toda su fuerza la economía de mercado del siglo xx.

 

No es forzar la analogía afirmar que el aprecio de aquellas motivaciones de los plebeyos anima la indignación moral que aparece aquí y allá en los Cuadernos de París y en la obra entera de Marx:

 

Mi trabajo sería expresión vital libre, por tanto goce de la vida. Bajo las condiciones de la propiedad privada es enajenamiento de la vida, pues yo trabajo para vivir, para conseguir un medio de vida. Mi trabajo no es vida13. […] Al negar […] toda importancia a la vida misma, la abstracción propia de la economía política alcanza el colmo de la infamia14.


Y unas páginas más allá:

 

Considérese la abyección que implica la valoración de un hombre en dinero, tal como tiene lugar en la relación crediticia. [...] El crédito es el juicio en términos económicos sobre la moralidad del hombre. [...] La individualidad humana, la moral humana se ha vuelto, por un lado, un artículo de comercio y, por otro, el material en que existe el dinero. La materia, el cuerpo del espíritu del dinero no es ya el dinero, o sus representantes en papel, sino mi propia existencia personal, mi carne y mi sangre, mi virtud y mi valía sociales15.

 

Tan real y hondo era el conflicto entre dos derechos y dos visiones del mundo que en esos acontecimientos se jugaba, que más allá de la conciencia de sus protagonistas aparecía, como debe ser, en las formas de su lenguaje.

 

8

 

A riesgo de aumentar los peligros de este vuelo entre historia y teoría, quiero agregar que en los Cuadernos de París encontré el hilo para salir del laberinto de un extraño diálogo que había hallado en las discusiones de aquellos días entre los dos gobiernos.

 

En diciembre de 1936, mucho antes de la expropiación petrolera y apenas iniciada la reforma agraria en el Valle del Yaqui, donde estaban siendo afectadas o iban a serlo propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, el embajador de este país, Josephus Daniels, rooseveltiano y viejo populista agrario del estado sureño de North Carolina, tuvo una entrevista con el presidente mexicano. Entre otras cuestiones, le planteó la de las expropiaciones agrarias. Daniels tenía especial simpatía por los planes y la política de Cárdenas y éste lo sabía. Iba sin embargo en la entrevista a plantear las preocupaciones de su gobierno.

 

Después de reiterar que la ley agraria sería aplicada en el Yaqui, no afectando sin embargo a las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos hasta 150 hectáreas según disponía la misma ley, el general Cárdenas hizo al embajador un pedido poco común, singularmente ajeno a los usos, costumbres y lenguajes de la diplomacia. Así lo registra el cronista de la reunión, Pierre Boal, consejero de la embajada:

 

El presidente Cárdenas dijo entonces que quería pedir un favor personal al embajador [subrayado en el original]. Dijo que su pueblo había vivido durante años en una situación de abrumadoras miseria y pobreza. La ambición de la gran masa de trabajadores agrarios pobres había sido poseer la tierra en la cual trabajaban, y él y su gobierno habían tratado fielmente de llevar adelante ese propósito. ¿No sería posible para el embajador lograr el apoyo del presidente Roosevelt y del gobierno de Estados Unidos para convencer a los propietarios estadunidenses en México de que cooperaran con el gobierno mexicano de modo que ese fin pudiera alcanzarse?16.

 

La crónica no dice qué cara puso el embajador –posiblemente, cara diplomática–, pero sí que respondió que transmitiría ese pedido en persona a Roosevelt y a Hull.

 

 

9

 

¿Pero por qué a mí, más de medio siglo después, me parecían tan extraños, y a la vez tan familiares, el pedido y sobre todo el tono del general? ¿Por qué me conmovía la anécdota, por qué veía una recóndita dignidad en donde otros tal vez hayan querido ver deferencia o dependencia?17.

 

Era el lenguaje lejano de la comunidad contra el lenguaje del dinero, el lenguaje humano contra el lenguaje de la propiedad. Era una voz que, en el distante mundo de la diplomacia y del poder, estaba dando al otro argumentos indiferentes a la lógica del “mediador ajeno” pero vivos todavía en la imaginación y en la razón de su comunidad nacional.


Es lo que encontré, con el riesgo que antes digo, en los Cuadernos de París:

 

El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en su relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo: el primero lo usaría como una petición, como un ruego, sabría por tanto que se degrada y se sentiría avergonzado, humillado; el otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento, y lo rechazaría como a un desvarío. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana, que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras el lenguaje enajenado de los valores cosificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y su autorreconocimiento18.

 

Dije al comienzo que esto era una fantasía de historiador dando saltos vedados sobre dominios entre los cuales es peligroso omitir las mediaciones. Fantasía, si bien entiendo, es la forma musical en que suele disolverse la construcción clásica de la sonata. Si esta metáfora me está permitida, quiero cerrar con una última variación sobre el mismo tema.

 

La liquidación del artículo 27 Constitucional, producto de la soberbia del poder y del dinero unida con la ignorancia sobre los sentimientos de esta nación, atentó contra los últimos pero reales vestigios de las razones, los modos y las promesas de una comunidad mexicana que se reconoce, finalmente, en la tierra. Fue, en términos escuetos, sintéticos y precisos, un asalto del dinero contra esa comunidad y contra su historia, su arraigo y su esencia.

 

En ese espacio entre comunidad y dinero, que no ha cesado hasta hoy de alimentar desde el fondo los conflictos de la mayoría de los habitantes de este mundo, se gestó, se jugó y encontró sus ideas y su razón de ser el levantamiento de los indígenas de Chiapas. Si tuvo resonancias y simpatías en todo el territorio nacional y aún más allá es porque ese nervio profundo sigue vivo y fue tocado. El futuro dirá por cuál camino nos iremos.

 

10

 

Hemos entrado en una nueva época del capital. Los regímenes de economía estatal, aquellos donde un estrato social burocrático, dueño del poder y del Estado, dominaba y regulaba la economía estatizada –Rusia, China, Vietnam, Europa del Este–, han dado origen desde los últimos años del siglo xx a poderosas economías y naciones donde una nueva clase poseedora, afirmada en las finanzas –tierra, industria, bancos– es dueña del Estado, la política, los medios de producción, el conocimiento científico y la investigación, la tecnología, la educación y, sobre todo, es dueña de las fuerzas armadas, concentrada síntesis del poder.

 

Este orden fue engendrado en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en la carrera militar, científica y tecnológica entre las potencias en guerra por la energía atómica y la bomba nuclear, como en la paralela carrera por la automatización y la digitalización. De las entrañas de la guerra mundial nació en las potencias ambos bandos –Estados Unidos, Gran Bretaña19, Rusia, Alemania– la revolución tecnológica que desembocó en la digitalización de nuestros días, germen de inmensas posibilidades de conocimiento y de disfrute y, al mismo tiempo, instrumento refinado de dominación, de control y de refinada destrucción de los recursos naturales y las solidaridades y comunidades de la especie humana.

 

En Capital y tecnología20, allá por la segunda mitad del siglo xix, Carlos Marx citaba un aforismo de Andrew Ure21, teórico y defensor del sistema fabril en expansión en Gran Bretaña: “Cuando el capital enrola la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende siempre a ser dócil.” Cada revolución tecnológica en la era del capital: el vapor, la energía eléctrica, la automatización ha confirmado, época tras época, este aforismo.

 

La digitalización, que ha florecido y expandido sin cesar sus territorios en nuestras vidas desde las últimas décadas del siglo xx hasta el presente, es la cuarta revolución tecnológica en la era del capital. Ha sido vehículo e instrumento de la mundialización de la dominación del capital sobre toda la superficie del planeta y toda civilización humana bajo su forma abstracta, las finanzas; es decir, no amarrada a una forma material específica, llámese tierra, industria, comunicaciones o tecnología, pero dueña o dominante de todas ellas como propiedad material.

 

No estamos ante una nueva política –el neoliberalismo o como se le quiera llamar– ni se trata de un “modelo” económico, según una terminología obsoleta que ni en sus lejanos días de auge tuvo validez explicativa sobre la realidad. Estamos ante una nueva época de la civilización humana a la cual es posible denominar la unificación financiera y tecnológica del mundo22.

 

11

 

Los historiadores cuentan historias, no adivinan el porvenir. Su tarea es conocer y dar a conocer, no predecir futuros o diseñar proyectos. Pero en tanto mujeres y hombres cuyo oficio se ocupa de los seres humanos en el tiempo, no pueden evitar pensar en el futuro. Es cuanto Edward P. Thompson, hoy más nuestro que nunca, nos quiso decir en Costumbres en común cuando escribió sobre posibles futuros alternativos23:

 

Nunca regresaremos a la naturaleza humana precapitalista; sin embargo, un recuerdo de sus necesidades, esperanzas y códigos alternativos puede renovar nuestra idea de la amplitud de las posibilidades de nuestra naturaleza. Podría incluso prepararnos para un tiempo en el cual se descompongan tanto las necesidades y expectativas capitalistas como las comunistas estatistas y sea posible rehacer la naturaleza humana bajo nuevas formas. Esto es tal vez silbar en medio de un ciclón. Es invocar el redescubrimiento, en nuevas formas, de un tipo nuevo de “conciencia de costumbres”, en la cual otra vez generaciones sucesivas establezcan entre sí una relación de aprendizaje, en la cual las satisfacciones materiales se mantengan estables (aun estando más igualitariamente distribuidas) y sólo se amplíen las satisfacciones culturales, y en la cual las esperanzas y expectativas se vayan igualando en un estado estable de las costumbres.

 

“Silbar en medio de un ciclón”: tal vez este ciclón es aquella tempestad que sopla desde el Paraíso, de la cual nos decía Walter Benjamin, violenta e irresistible, lanzando hacia el futuro al ángel de la historia, esa tormenta cuyo nombre es Progreso. Pero silbar en la tormenta ¿no es acaso lo que Benjamin se proponía en sus tesis Sobre el concepto de historia, su legado desde Port Bou para todos nosotros?24.

 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro […] Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

 

A este cambio de época lo hemos llamado “el tiempo del despojo”. Pero el despojo no es sólo de nuestros bienes terrenales, sino también de la entera naturaleza y de nuestra misma condición humana, que es naturaleza y a ella pertenece. ¿Entonces?

 

Como en aquel entonces también nos dijo Walter Benjamin:

 

Para Marx las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las cosas sean diferentes. Tal vez las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, jala el freno de emergencia.

 


 

* Historiador. Profesor emérito de la Unam. Fuente: La Jornada Semanal, 6 de mayo 2018.
** Una versión inicial de los temas de este escrito fue presentada en el seminario “Karl Marx 1844-1994. A 150 años de los Manuscritos de París”, Facultad de Economía, Unam, 30 de junio de 1994. Un desarrollo extenso de las ideas aquí expuestas, en Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Era, México, 2010, 384 pp. Un antecedente inmediato, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo – Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp. Una inspiración, en Bolívar Echeverría, Ziranda (inédito).
1. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1938, Vol. v, pp. 674-678; Boletín de Información, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, México, 22 de julio de 1938.
2. El Universal, 4 de agosto de 1938; Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 679 -684.
3. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 685-696.
4. Ibíd.
5. Ibíd.
6. Lázaro Cárdenas, Palabras y documentos públicos, México, Siglo xxi Editores, 1978, Vol. 2, ps. 122-147. Es seguro que ambos interlocutores ignoraban que un antecedente lejano de esta divergencia había aparecido en 1842 en la “Rheinische Zeitung” en un escrito de Karl Marx, “En defensa de los ladrones de leña”. Una edición reciente en Karl Marx/Daniel Bensaid, Contra el expolio de nuestras vidas, errata naturae, Madrid, 2015, pp. 11-54. Completa esta edición Daniel Bensaid, “Karl Marx, los ladrones de leña y los derechos de los des-poseídos”, pp. 57-158.
7. Karl Marx, Cuadernos de París [notas de lectura de 1844], México, Ediciones Era, 1974, pp. 138-139.
8. Lázaro Cárdenas, op. cit.
9. El 10 de septiembre, en una conversación con el embajador mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, el secretario de Estado le dijo que “un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indica que el gobierno mexicano se está aproximando al marxismo o a las bases del comunismo, ya sea conciente o inconcientemente”. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 705-707.
10. Sobre esta confluencia en la formación de la conciencia nacional mexicana, ver Jacques Lafaye, Mesías, cruzadas, utopías, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, en especial el capítulo v, “La utopía mexicana – Ensayo de intrahistoria”.
11. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., pp. 136-137.
12. E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii”, pp. 62-134. E. P. Thompson, Customs in Common – Studies in Traditional Popular Culture, The New Press, New York, 1993.
13. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., p. 156.
14. Ibíd., p. 117.
15. Ibíd., pp. 133-134.
16. Adolfo GilIy, El cardenismo - Una utopía mexicana, México, Ediciones Era, 2001, p. 234.
17 Por ejemplo José Vasconcelos, prólogo a Victoriano Anguiano, Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional, México, Editorial Eréndira, 1951, p. 12.
18 Karl Marx, Cuadernos de París, cit., pp. 153-154.
19 Para Estados Unidos, ver David e. Noble, America By Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, New York, Knopf, 2013, 384 pp., y Forces ofProduction – A Social History of Industrial Automation, 2013, 409 pp. Para Gran Bretaña, ver entre otros Teresa Guerrero, “Alan Turing, el hombre que venció a los nazis con la ciencia”, El Mundo, Madrid, 27/6/2012.
20 Karl Marx, Capital y tecnología (Manuscritos inéditos, 1861-1863), México, Terra Nova, 1980, p.66.
21 Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures, London, 1835.
22 “La unificación financiera del mundo”, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp., pp. 7-18. Tomamos la expresión de un ensayo famoso de Emmanuel Le Roy Ladurie, Un concept: l’unification microbienne du monde (xix-xvii siècles), 1973, Socieéé Générale Suisse d’Histoire, 70 pp.)
23 Edward P. Thompson, Customs in Common, The New Press, Nueva York, 1993, p. 14. En este apartado retomo, como conclusión, ideas expuestas en Adolfo Gilly, Historia a contrapelo –Una constelación, México, Era, 2006, 147 pp., iii. “Economía moral y modernidad”, pp. 59-77.
24 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, en Écrits français, Gallimard, París, 1991, pp. 339-56.

 

Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

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Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

Publicado enEdición Nº246
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