Un trabajador en la línea de producción de móviles de la fábrica de Huawei en Dongguan, el pasado mes de marzo. WANG ZHAO AFP

Empleados de empresas tecnológicas protestan contra jornadas de nueve a nueve, seis días a la semana, que apoyan empresas como Alibaba22


 Mi novia me lo advirtió: me estaba cambiando el carácter. Ya no me reía con los amigos. Estaba de peor humor, y siempre cansado”. Lenny Zhang, de 24 años y especialista en medios digitales, recuerda con horror su trabajo en una startup de realidad virtual en Pekín. “Al principio no estaba mal porque aún no había mucho que hacer. Pero cuando empezamos a tener clientes, eso cambió. Había que estar siempre en la oficina trabajando hasta tarde, y por supuesto sin más paga. Los fines de semana el jefe podía llamarte, si se daba alguna urgencia, y tú tenías que ir. Si te marchabas pronto, aunque no tuvieras nada que hacer, estaba mal visto: no estabas trabajando lo suficientemente duro”, relata.


Lo que Lenny Zhang (nombre supuesto) describe es lo que en China se conoce como la cultura del “9-9-6”. Trabajar todos los días de nueve a nueve, seis días por semana. Algo que en otros países puede sonar familiar; las críticas a las duras condiciones laborales han llegado incluso a Silicon Valley. Pero en la segunda potencia mundial, la insólita protesta de los trabajadores en empresas tecnológicas surgida en las últimas semanas tiene, como casi todo en este país, especiales “características chinas”.


Es insólita tanto por haber encontrado una vía para expresarse públicamente —la plataforma para desarrolladores de código GitHub— en un país donde impera la censura, como por el debate nacional que ha generado. Un debate que se ha puesto al rojo vivo después de que magnates como Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, hayan salido a defender ese régimen laboral.

El descontento empezó a palparse, según cuentan empleados del sector, el año pasado. No es que hasta entonces las largas jornadas laborales fueran algo raro. Pero a partir de entonces, a la intensísima competitividad de las empresas tecnológicas chinas empezó a sumársele la desaceleración generalizada de la economía. Las compañías empezaban a contratar menos. En enero, la oferta de trabajo en el sector había caído un 15% con respecto a 12 meses antes, según la página de anuncios de empleo Zhaopin. Había que producir más con menos y por el mismo sueldo, y cada uno debía arrimar —aún más— el hombro. O correría el riesgo de quedarse en la calle, por despido o por quiebra de la empresa.
Claro que nunca dicho explícitamente, o en público. La ley china prevé horarios de trabajo de 40 horas semanales. Si se sobrepasan, el empleado debe recibir una compensación, y en todo caso el número de horas extras no debe superar las 36 por mes.


Un proyecto viral


En marzo un grupo de desarrolladores anónimos creó en GitHub, una plataforma para compartir códigos de programación, una página irónica, 996.ICU. El nombre hacía referencia a un dicho entre los trabajadores del sector en China: “si trabajas 9-9-6, acabarás en la unidad de cuidados intensivos (ICU, en sus siglas inglesas)”.


La página incluye recomendaciones —“márchate a casa sin complejos a las seis”— y un listado de más de 150 empresas que aplican ese régimen de trabajo, incluidos gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei, o ByteDance, la empresa madre de la aplicación de vídeos cortos TikTok. La “licencia anti996”, que ya han adoptado más de 90 proyectos en GitHub, obliga a las firmas que quieran usar el software de esos proyectos a respetar las leyes laborales. El golpe de genio de la iniciativa es que la censura, por mucho que lo desee, no puede bloquear GitHub: las tecnológicas chinas necesitan esta plataforma para compartir código.


996.ICU inmediatamente se hizo viral, el proyecto más compartido de toda la plataforma. Claramente, mucha gente se sentía identificada. Pero quizá todo hubiera quedado en una anécdota puntual.


Hasta que la semana pasada hablaron Jack Ma y Richard Liu, el presidente del otro gigante logístico, JD.com. Y levantaron ampollas. En un comentario en redes sociales, Ma, uno de los hombres más ricos de China, opinaba que los trabajadores deben ver como una bendición poder trabajar 9-9-6. Sin ese régimen —que hizo posible que su empresa despegara—, la economía del país “muy probablemente perdería ímpetu y vitalidad”. “Si entras en Alibaba, tienes que estar dispuesto a trabajar 12 horas al día. Si no, ¿para qué vienes? No necesitamos a los que trabajan ocho horas cómodamente”.


Liu, por su parte, consideraba que su empresa se ha llenado de “vagos” por los que no puede sentir ninguna simpatía. Sus opiniones son tanto más hirientes por cuanto la compañía —en situación delicada y que según el digital especializado The Information se plantea despedir a 12.000 personas, el 8% de la plantilla— advertía en un correo interno filtrado que se deshará de los que no “luchen duramente”, con independencia de sus circunstancias personales.


Comentarios como estos han disparado aún más la indignación. “En las compañías de software de Shanghái estos días no se habla de otra cosa”, apunta un analista de datos. En opinión de varios empleados de compañías tecnológicas, si el debate ha calado tan hondo es porque, por primera vez, las empresas han defendido en público y a las claras unas prácticas que “hasta ahora nadie decía directamente que había que cumplir. La presión estaba ahí, pero funcionaba por insinuaciones, por sobreentendidos”.


Los medios de comunicación oficiales, que reflejan la opinión del Gobierno chino, han participado también en el debate, ahora centrado en lo adecuado —o no— del equilibrio entre trabajo y vida personal que ofrecen las empresas chinas. El Diario del Pueblo, el periódico del Partido Comunista, aseguraba conciliador en un editorial el domingo pasado que “los trabajadores que critican el 9-9-6 no pueden ser acusados de vagos o pusilánimes. Hay que tener en cuenta sus verdaderas necesidades”.


“El problema es que el mercado chino es realmente intenso y competitivo”, opina Lenny. “A la mayor parte de la gente no se le pasa por la cabeza que no hace falta estar tantas horas. Nos han inculcado que para tener éxito y para ganar dinero hay que trabajar muy, muy duro”.


Al joven desarrollador le parece una buena noticia la movilización, aunque se declara escéptico sobre sus posibilidades de éxito. “Esto había que haberlo hecho hace 10, 20 años, cuando el sector tecnológico empezaba. Ahora es demasiado tarde, ya está todo demasiado consolidado”. Él piensa votar con los pies y marcharse a Europa a ampliar estudios en dos o tres meses. "Si puedo, me quedaré allí. No quiero volver al 9-9-6".


No todos están en contra

M.V.L.


Aunque las críticas han tenido un amplio eco, no todos los trabajadores del sector, ni mucho menos, se consideran explotados o están en contra de echar todas las horas posibles, día tras día. Amber Qi, de “veintipocos años” y empleada en una empresa de robótica en Cantón, es una de ellos. Trabaja cada día de diez a diez, seis días a la semana. A veces, siete. Pero no considera que sea algo exagerado: “Hay casos peores”, asegura.


En el suyo, “no me importa trabajar tantas horas —dice—. Me gusta el equipo que formamos en la empresa. Es útil trabajar todo este tiempo: si estamos cansados, podemos irnos a casa a descansar un rato, no somos de los que estamos en la oficina perdiendo el tiempo sin ser productivos”.


La joven resta importancia a las declaraciones de Ma: “hay que ponerlas en el contexto del típico jefe chino, que pretende adoctrinar a sus empleados. Eso puede funcionar para la gente de 30, 40 años. Pero a los más jóvenes no nos hace falta que nos lo diga el jefe. Si nos motiva el proyecto, le echaremos las horas que haga falta. Si no, nos iremos”. ¿Se ve pudiendo mantener este ritmo siempre? Cuando sea mayor —asegura—, “cambiaré de trabajo, a uno donde se hagan menos horas”.

 

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 20 ABR 2019 - 10:56 COT

 

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El empresario modelo de Macri quiere una jornada laboral de 12 horas

El empresario modelo del presidente Mauricio Macri, el fundador de Alibaba Jack Ma, es también el impulsor de un esquema de trabajo que obliga a sus empleados a trabajar a destajo desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche durante seis días a la semana. El llamado “sistema 996” fue calificado por el empresario como una “bendición”. Pero Ma, el emprendedor con el que Macri compartió más de una vez risas en Olivos y celebró pactos económicos, fue por más: destacó que en su compañía de tecnología “cualquiera debería estar preparado para trabajar 12 horas al día si quiere tener éxito”, en contra de todos los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.


Para sostener su postura, Ma afirmó que el crecimiento económico de China provocó un incremento de "vagos" en el país. En esa línea, intentó instalar su defensa a la extensión de la jornada laboral como si fuera una gran oportunidad para los jóvenes. “Personalmente, creo que ser capaz de trabajar 996 es un gran golpe”, señaló en comentarios publicados en la cuenta de la compañía en WeChat. “Muchas empresas y muchas personas no tienen la oportunidad de trabajar 996. Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo puedes trabajar 996?”, indicó.


Para Ma es “inhumano” obligar a los empleados a trabajar horas agotadoras, aunque indicó que hay otros que quieren hacerlo y resaltó que esos trabajadores son los que él más valora. "Los que pueden seguir un horario 996 son aquellos que han encontrado en la industria tecnológica su pasión más allá de las ganancias monetarias", escribió Ma.


Jack Ma, de 54 años, es una de las figuras más reconocidas del espectro empresarial chino, con una fortuna superior a los 35.000 millones de dólares. El empresario es un asiduo visitante de la Quinta de Olivos. Las redes sociales oficiales de Macri retrataron cada uno de sus encuentros. En el primero de ellos, en 2017, Ma suscribió un Memorando de Entendimiento con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para que los productos argentinos se comercialicen en Alibaba. Luego, en 2018, acordó con la multinacional que Argentina tenga un espacio especial dentro de la oferta de viajes de la plataforma.


Las polémicas declaraciones de Ma llegaron en medio de duras críticas hacia la cultura laboral de los gigantes tecnológicos en el gigante asiático, que se habían desatado luego de que el empresario dijera no tener en cuenta para sus puestos a las personas que esperan un estilo de vida de oficina "típico de ocho horas". Los trabajadores protestaron en las redes con el Hashtag #996.ICU, en referencia a la “Unidad de Cuidados Intensivos” en las que terminan los que trabajan a este ritmo.

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Marx para mí (y ojalá también para otros)

La desigualdad no es un fenómeno individual ('mis ingresos son bajos'), sino un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ('mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas')

Ayer mantuve una conversación acerca de mi trabajo, acerca de cómo y por qué, hace más de 30 años, comencé a estudiar la desigualdad, qué fue lo que me motivó a hacerlo, cómo era ocuparse de la desigualdad de ingresos en una sociedad oficialmente sin clases (y no democrática), si el Banco Mundial se preocupa por la desigualdad etc. De esta forma, el entrevistador y yo tratamos algunas cuestiones metodológicas y la ineludible influencia de Marx en mi trabajo. Me gustaría exponerla de un modo más sistemático en este post.

La influencia más importante de Marx en las personas que trabajan en ciencias sociales es, creo, su interpretación económica de la historia. Esta ha entrado a formar parte de la corriente dominante de tal modo que ya no la asociamos mucho con Marx. Y ciertamente no fue el único y ni siquiera el primero en definirla; sin embargo, fue el que la aplicó de un modo más coherente y creativo.


Incluso cuando creemos que dicha interpretación de la historia es hoy en día un lugar común, no es del todo así. Examinemos la actual controversia sobre las razones que llevaron a Trump al poder. Algunos (principalmente los que creen que todo lo que ocurría previamente estaba bien) culpan a una repentina oleada de xenofobia, odio y misoginia. Otros (como es mi caso) consideran que esos estallidos han sido motivados por un largo período de estancamiento económico de los ingresos de las clases medias y un aumento de la inseguridad (de los empleos, del gasto en atención médica, la imposibilidad de pagar la educación de los hijos). Por lo tanto, este último grupo tiende a dar prioridad a los factores económicos y a explicar cómo estos derivaron en racismo y en todo lo demás. Hay una gran diferencia entre los dos enfoques, no solo en el diagnóstico de las causas, sino, sobre todo, en su opinión de lo que debe hacerse.


El segundo punto de vista de Marx que considero absolutamente indispensable del trabajo en materia de desigualdad de ingresos y riqueza es entender que los poderes económicos ejercen su influencia en los procesos históricos a través de "grandes grupos de personas con diferentes posiciones en el proceso de producción", a saber, a través de las clases sociales. Las clases se pueden definir por la diferencia de acceso a los medios de producción, tal y como Marx insistió, pero no solo por eso. Volviendo a mi trabajo en las economías socialistas, desde la izquierda se vertieron críticas muy influyentes hacia los sistemas socialistas que sostenían que las clases sociales de dicho sistema se formaron sobre la base de un acceso diferente al poder estatal. La burocracia, ciertamente, puede considerarse una clase social. Y no solo bajo el socialismo, sino también en formaciones precapitalistas en las que el papel del Estado como "extractor de la plusvalía" era importante, desde el antiguo Egipto a la Rusia medieval. En la actualidad, muchos países africanos pueden analizarse provechosamente desde esa perspectiva en particular. En mi próximo libro Capitalism, alone utilizo el mismo criterio respecto a los países con capitalismo político, especialmente China.

Para hacer hincapié: el análisis de clase es absolutamente crucial para todos aquellos que estudian la desigualdad precisamente porque la desigualdad, antes de convertirse en un fenómeno individual ("mis ingresos son bajos"), es un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ("mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas" o porque los afroamericanos están discriminados o porque los pobres no tienen acceso a una buena educación, etc.). Un par de ejemplos de lo que tengo en mente: el trabajo de Piketty, especialmente en Los altos ingresos en Francia, y el libro de Rodríguez Weber sobre la distribución de la renta en Chile a muy largo plazo Desarrollo y desigualdad en Chile (1850–2009): historia de su economía política. Por otra parte, creo que el trabajo de Tony Atkinson sobre la distribución de la renta y la riqueza británicas y de varios países más no logró integrar suficientemente el análisis político y de clase.


Aquí también es donde el trabajo sobre la desigualdad toma distancia con una de las lacras de la microeconomía y de la macroeconomía moderna: el agente representativo. El papel del agente representativo era eliminar todas las distinciones significativas entre grandes grupos de población con diferentes posiciones sociales, centrándose en la constatación de que todo el mundo es un “agente” que trata de elevar al máximo los ingresos bajo una serie de condicionantes. Esto es, en efecto, trivialmente cierto. Y al ser trivialmente cierto ignora la multitud de características que hacen que estos "agentes" sean verdaderamente diferentes: su riqueza, antecedentes, poder, capacidad para ahorrar, género, raza, propiedad de capital o la necesidad de vender mano de obra, el acceso al Estado, etc. Por consiguiente, diría que cualquier trabajo serio sobre desigualdad debe rechazar el empleo del agente representativo como una forma de abordar la realidad. Soy muy optimista al pensar que esto sucederá porque la figura del agente representativo fue el resultado de dos novedades, ambas actualmente en retroceso: un deseo ideológico, especialmente marcado en los Estados Unidos debido a las presiones similares a las de McCarthy para negar la existencia de clases sociales, y la ausencia de datos heterogéneos. Por ejemplo, era difícil calcular el ingreso medio o ingreso por decil, sin embargo, era fácil obtener el PIB per cápita.


La tercera contribución metodológica fundamental de Marx es la conciencia de que las categorías económicas dependen de las formaciones sociales. Lo que son meros medios de producción (herramientas) en una economía compuesta de pequeños productores de productos básicos se convierte en capital en una economía capitalista. Pero va más allá. El precio del equilibrio (normal) en una economía feudal o en un sistema gremial en el que no se permite que el capital se mueva entre sectores, será diferente de los precios de equilibrio en una economía capitalista con libre movimiento de capital. Para muchos economistas esto sigue sin ser obvio. Emplean las categorías capitalistas actuales para el Imperio Romano, donde el trabajo asalariado era (y cito a Moses Finley) “espasmódico, ocasional y marginal”.


Sin embargo, aunque no lleguen a ser plenamente conscientes, reconocen de facto la importancia del establecimiento institucional de una sociedad que determine los precios no solo de los bienes, sino también de los factores de producción. De nuevo, lo vemos a diario. Supongamos que el mundo produce exactamente el mismo conjunto de mercancías y la demanda es exactamente la misma, pero lo hace dentro de las economías domésticas que no permiten el movimiento de capital y mano de obra, y después lo hace en una economía totalmente globalizada donde no existen las fronteras. Obviamente, los precios del capital y el trabajo (beneficio y salario) serán diferentes en esta última, la distribución entre los dueños del capital y los trabajadores será diferente, los precios cambiarán en función de los cambios de los beneficios y salarios, los ingresos también cambiarán, así como los patrones de consumo y, en última instancia, incluso la estructura de producción se verá alterada. De hecho, esto es lo que hoy en día está haciendo la globalización.


El hecho de que las relaciones patrimoniales determinen los precios y la estructura de producción y consumo es una visión sumamente importante. De este modo, se subraya el carácter histórico de cualquier ordenamiento institucional.


La última contribución de Marx que me gustaría destacar –quizás la más importante y grandiosa– es que la sucesión de formaciones socio-económicas (o más restrictivamente, de los modos de producción) está en sí misma “regulada” por las fuerzas económicas, incluida la lucha por la distribución del excedente económico. El cometido de la economía es nada menos que histórico y global: para explicar el auge y la caída no solo de los países, sino de las diferentes formas de organizar la producción cabe preguntarse por qué los nómadas fueron sustituidos por poblaciones sedentarias, por qué el Imperio Romano de Occidente se dividió en unas pocas heredades grandes y siervos de tipo feudal, mientras que el Imperio Romano de Oriente permaneció poblado por pequeños terratenientes, y cuestiones similares. Quien estudia a Marx nunca olvida la grandiosidad de las preguntas que se plantean. Para un estudiante así, emplear las curvas de la oferta y la demanda para determinar el coste de la pizza en su ciudad será ciertamente admisible, pero jamás será considerado el papel principal o más importante de la economía como ciencia social.

Por BRANKO MILANOVIĆ


9 DE ENERO DE 2019


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Este artículo se publicó en inglés. originalmente en el blog del autor.
Traducción de Paloma Farré.

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“El capital viene al mundo chorreando sangre”

Dice Marx en el capítulo 14 de El capital. Es cierto: no hay lugar del mundo donde el capitalismo no haya surgido así. Lo curioso es que sus actuales defensores, quienes creen que debe permanecer para siempre y que es el fin de la historia, porque corresponde a la naturaleza humana, no sólo olvidan eso: olvidan que a cada nuevo ciclo, vuelve a imponerse “chorreando sangre y lodo”, y que a más de 500 años de depredar las riquezas del orbe, sigue siendo un modelo que excluye a las mayorías y las condena a la pobreza.


Cada nuevo ciclo: la llamada por sus propagandistas “bella época”, construyó un aparente bienestar y una democracia de aparador en Europa y Estados Unidos… montado sobre el saqueo despiadado de los recursos de las colonias y las naciones periféricas, de la misma manera que hoy se intenta poner muros a 70 por ciento de la humanidad que vive en las regiones del mundo sistemáticamente expoliadas.


Pero no se trata sólo de saqueo: de 1870 a 1914 se impuso el capitalismo mediante la sangre. Las masacres que impusieron la “civilización” no son menores que los que siempre recordamos: los de Hitler y Stalin. ¿Por qué se tiende a olvidar o minimizar aquellos? Porque los perpetraron las prístinas democracias occidentales…


Lo recuerdo porque cayó en mis manos un estudio ya clásico sobre el colonialismo: Adam Hochschild, El fantasma del rey Leopoldo, una historia devastadora que detalla el saqueo imperialista de Congo, particularmente entre 1885 y 1908, pero que nos permite una mirada de largo alcance… Afirmo arriba que cada ciclo del capitalismo nace chorreando sangre y lodo. Congo es un ejemplo: a raíz de la primera globalización, traficantes europeos esclavizaron a cientos de miles de congoleños, arrastrados a las plantaciones del continente americano y provocaron la ruina política y económica de la región. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la catástrofe demográfica y social provocada por la irrupción española iniciada en 1519.


El inicio del capitalismo industrial no afectó particularmente a Congo, pero sí el del imperialismo: según los cálculos de Hochschild, de 1890 a 1910 el territorio bajo control personal del rey Leopoldo pasó de 20 a 10 millones de habitantes. Los cálculos más bajos ofrecen la cifra de no menos de 3 millones de personas fallecidas de muerte no natural. ¿Causas de esa mortandad? a) los asesinatos y masacres; b) hambruna, agotamiento y abandono (de niños y ancianos, cuando las comunidades huían y se refugiaban en la selva); c) enfermedades agravadas por desnutrición, agotamiento, desesperanza y falta de atención, y d) el descenso del índice de natalidad por la ausencia de varones y rechazo al embarazo en esas condiciones.


¿La causa? Según los pocos africanos cuyo testimonio pudo recogerse, es una: el caucho. Es decir, la expoliación inmisericorde de los recursos, en beneficio de los oligopolios imperialistas. Y el autor no comete el error de creer que Congo es un caso aislado: muestra también que en las regiones caucheras bajo dominio francés, alemán y portugués, los porcentajes de muertos eran similares a los de Congo. Muestra también el silencio británico an¬te las peculiaridades inhumanas de su imperio. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la esclavitud real y descarnada en las plantaciones y monterías del sureste (documentadas por Armando Bartra en El México bárbaro) y las guerras de exterminio contra los apaches, comanches, mayas y yaquis: el porfiriato.


Tras la Segunda Guerra Mundial, el ca¬pi¬talismo entró en otro periodo y las poten¬cias se vieron obligadas a reconocer la In¬de¬pendencia de sus colonias, tras previo trabajo que garantizara la continuidad de su dependencia económica. Cuando el recién electo primer ministro de Congo Patricio Lumumba amenazó poner límites a esa dependencia casi total, la CIA, con la anuencia (documentada) del presidente Eisenhower, ordenó su asesinato. Luego fue impuesto, con beneplácito y apoyo de Washington y París, Desiré Mobuto, quien gobernó en pro de las trasnacionales. Al dejar el poder (1997), su fortuna y extravagancia eran parecidas a las de Leopoldo. Sus métodos preceden y luego son parte integral de los esquemas neoliberales de saqueo. Hoy día, según datos relativamente fiables, 10 por ciento de la población de Congo busca refugio económico y humano, huyendo de un país devastado. Son parte de la nueva tragedia humanitaria del capitalismo: la de los migrantes.


Pd 1: El libro documenta también la campaña de ocultamiento que hizo de Leopoldo un filántropo y un benefactor; un rey demócrata y liberal.
Pd 2: Leopoldo respaldó cuanto pudo la experiencia imperialista de su hermana y su cuñado Maximiliano, un príncipe “filántropo y benefactor; demócrata y liberal”.


Twitter: @HistoriaPedro
Blog: lacabezadevilla.wordpress.com

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

Publicado enInternacional
Informe denuncia patrón de violación de derechos humanos por empresas chinas en Latinoamérica

El jueves 11 se presentó en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe que revela un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.


El documento detalla 18 proyectos implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.


El estudio concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados. Revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, así como por la impunidad de estas violaciones.


Muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación.


Indica además, que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en los derechos humanos.


Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).


El informe elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) fue presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de las organizaciones miembros de la coalición.


Pedidos a China


A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC.


La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales.


También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.


Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.


Compromisos y obligaciones de China


China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU).


Ello consta en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero.


En el documento se señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.


El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación.


Asimismo, le pidió implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.


La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal del próximo 6 de noviembre.


En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.
12 octubre 2018

Publicado enMedio Ambiente
No hay justicia para los presidiarios que salvan vidas apagando incendios

SAN FRANCISCO — Las pruebas de la virulencia del cambio climático mundial cubren la Tierra, azotando a las comunidades con todo el arsenal de la furia de la naturaleza: huracanes, tornados, tormentas implacables, inundaciones sin precedentes, sequías históricas y abrasadoras olas de calor. En California, los incendios forestales han aumentado drásticamente en cantidad e intensidad, lo que ha llevado al límite de sus capacidades a los escuadrones de bomberos del estado y ha superado el presupuesto estatal de lucha contra incendios. Mientras se registran nuevos incendios forestales a lo largo del estado, miles de personas se han congregado en San Francisco esta semana para participar de la Cumbre Global de Acción Climática convocada por el gobernador Jerry Brown y otras personas profundamente preocupadas por la crisis del cambio climático y la obstinada negación del fenómeno por parte del presidente Donald Trump. Junto a las brigadas de bomberos profesionales, en la primera línea de estos enormes incendios, se encuentran miles de prisioneros de California, trasladados desde sus cárceles para unirse a este peligroso trabajo, todo por un dólar la hora o aún menos.


Democracy Now! viajó al Delta Conservation Camp, una hora al norte de San Francisco, para conocer a los prisioneros que luchan contra estos devastadores incendios forestales. El nombre no denota que es un campamento de reclusos. Existen 44 de estos centros de detención, entre los que se incluyen tres para mujeres y uno para menores, que luchan contra los incendios forestales que azotan California con cada vez mayor frecuencia y ferocidad.


Cerca del 25% de los bomberos que combaten incendios forestales en California son reclusos.


El sargento Steven Reeder, uno de los oficiales correccionales en Delta, declaró en una entrevista para Democracy Now: “Los reclusos bombero son la columna vertebral del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Se les dan las tareas más difíciles en las peores condiciones, 40 grados bajo el sol, con dos capas de ropa, cargando 20 kilos de equipos. Y tienen que cargar toda su comida y agua para una jornada de 24 horas, y luego manejar una herramienta todo el tiempo”.


El gobernador Brown también ha elogiado a los presos que trabajan como bomberos por sus heroicos esfuerzos en la lucha contra el fuego: “Quiero agradecerles personalmente a todos los bomberos que están en la primera línea, a los integrantes del Departamento de Protección contra Incendios de California, así como a la Guardia Nacional y a los miles de presos que también están en la primera línea luchando para proteger vidas y ayudando a que estos incendios culminen rápido”.


Los prisioneros que combaten incendios, con su lamentable salario de un dólar la hora, le hacen ahorrar al estado de California unos 100 millones de dólares al año según las estimaciones oficiales. Sid Turner, comandante de Delta Camp, declaró para Democracy Now: “Creo que deberían ganar más de un dólar la hora. Reciben ese mismo salario desde hace décadas”. Turner admitió que, si se redujera la población carcelaria, el sistema de bomberos se vería en problemas: “California necesita cuadrillas. Si no tuviéramos reclusos para cumplir ese papel, tendríamos que conseguir esa fuerza de trabajo en otra parte”. Y Cal Fire, la agencia de bomberos estatal, se está quedando sin fondos a pasos agigantados.


Marty Vinson, un preso afroestadounidense de 25 años de edad que estuvo en el campamento Delta durante dos meses, habló con Democracy Now! Cuando le preguntamos sobre cuánto ganaba, respondió: “Cuando estás combatiendo un incendio, un dólar la hora. Cuando estás en un día de trabajo normal, un dólar con 45 centavos por día”. Cuando le preguntamos si, como muchos otros, consideraba esas condiciones como trabajo esclavo, se rió nerviosamente, mientras el guardia nos miraba atento, y expresó: “Realmente no quiero llamarlo ‘trabajo esclavo’, pero de alguna manera lo siento así. Tiene que ver con la mentalidad, en qué pensamos al final del día. Sin importar si estamos encarcelados o libres, nos pagan un dólar la hora”.


Prisioneros y exprisioneros han declarado a Democracy Now! que un incentivo fundamental para participar de este peligroso trabajo es obtener una reducción del tiempo de sus condenas. Pueden obtener una reducción de dos días de la pena penitenciaria por cada día en un campamento de bomberos. Cabe destacar que, después de combatir incendios forestales durante años, estos prisioneros no pueden trabajar como bomberos cuando son liberados porque el departamento no admite exdelincuentes en sus filas.


El fin de semana pasado, decenas de miles de personas marcharon en San Francisco como parte de un día mundial de protesta para exigir medidas contra el cambio climático. Un elemento central de este movimiento contemporáneo es el concepto de justicia ambiental, que aborda el impacto diferencial del cambio climático sobre las distintas comunidades en función de la etnia, el estatus económico y el género. Tal vez el ejemplo más claro de eso sean las cuadrillas de bomberos en California, donde miles de prisioneros, en su mayoría personas pobres de color, reciben salarios de esclavo por arriesgar sus vidas combatiendo los voraces incendios, que el cambio climático ha hecho más frecuentes y más intensos.

Publicado enInternacional
Sábado, 07 Julio 2018 07:43

¿Qué diría Marx?

¿Qué diría Marx?

Las luchas de los trabajadores por sus condiciones laborales en 2018 en la República Popular China.

El pasado 4 de mayo el Partido Comunista Chino celebró el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en la plaza de Tian’anmen donde celebran sus multitudinarios congresos cada cinco años. Esto constituye todo un honor, pues rara vez una figura extranjera ha recibido este tipo de elogios, y más aún cuando el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, se refirió a él en los siguientes términos: “maestro de la revolución para el proletariado y los trabajadores de todo el mundo, el principal fundador del marxismo, creador de partidos marxistas, pionero del comunismo internacional y el más grande pensador de los tiempos modernos” . Luego apostilló que solo el socialismo con características chinas puede triunfar en China.

Este acto es uno más dentro de la campaña desarrollada por el PCCh para la revitalización del marxismo como pensamiento oficial, progresivamente abandonado desde los sucesos de Tian’anmen en 1989. El retorno a la retórica y la simbología marxista aumentan la desconfianza de los medios de comunicación internacionales sobre Xi, siempre bajo la sospecha de querer emular a Mao Zedong avanzando hacia una deriva “izquierdista” del país. Pero basta con observar la realidad social para comprobar que hasta el momento estos cambios siguen siendo meramente estéticos.


Un día después del homenaje, el China Labour Bulletin (CLB), observatorio independiente de los derechos laborales en la República Popular China situado en Hong Kong, daba cobertura a una protesta en Wugang, provincia de Hunan, donde miles de profesores realizaron una manifestación nocturna por las calles de la ciudad pidiendo aumentos salariales, seguridad social y una retribución variable anual. Según la página web Weiquanwang, la manifestación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial y acabó frente al edificio de la Oficina Gubernamental de la ciudad, y fueron interpelados megáfono en mano por el propio director de la oficina que pedía a los representantes de la protesta que se identificaran bajo el pretexto de entablar negociaciones.


MAPA DE CONFLICTOS


Estas protestas no son una anomalía. En mayo, el CLB registra en su mapa de conflictos 190 protestas en todo el país. Si bien las cifras no son tan espectaculares como en 2015, con más de 2.774 protestas en todo el año, la movilización activa de los trabajadores se ha convertido en una herramienta habitual como método de presión a la patronal. Los conflictos laborales se producen principalmente dentro de las empresas privadas (88% de los casos) y generalmente en los sectores de la manufactura, transportes y la construcción. “Recomendamos mirar nuestras estadísticas como la punta del iceberg —nos contestan desde el propio observatorio—; por ende, los porcentajes en cuanto a demandas, sectores afectados, son indicadores importantes para todos aquellos que quieran entender mejor la naturaleza de las disputas laborales en China”.


¿Quién protesta? Hay dos perfiles fácilmente identificables: el primero, antiguos trabajadores de las empresas estatales que sufrieron la privatización de sus sectores durante los años 90 —cuando China se preparaba para entrar en la Organización Mundial del Comercio—, y en segundo lugar los nong min gong, población considerada administrativamente rural pero que reside en las áreas metropolitanas de los grandes centros fabriles y que por tanto no puede disfrutar de los privilegios del hukou urbano. Mientras que la primera proviene mayoritariamente del sector industrial pesado situado en el norte del país, tiene una media de edad avanzada y reclama principalmente acceso a la seguridad social y pensiones dignas, la segunda se centra más en aumentos salariales, bonificaciones extra y son la mano de obra de las empresas situadas en la sureña provincia de Guandong. Es aquí donde se registra un mayor número de protestas al tratarse del foco industrial más importante. Otras provincias en el centro y en el norte como Shangdong, Jiangsu y Hebei también son el epicentro de numerosos y multitudinarios conflictos.


En ambos casos se trata de mano de obra cualificada que se ve sometida a duras condiciones laborales no exentas de habituales accidentes mortales. Uno de los ejemplos más graves es el de la minería: se estima que alrededor de seis millones de trabajadores en China contrajeron la neumoconiosis debido a su trabajo en las minas, la construcción y las factorías metalúrgicas, pero solo el 10% de estos casos fue relacionado con el trabajo por las estadísticas oficiales debido a la utilización de obstáculos burocráticos.


Otro ejemplo tristemente conocido por las pésimas condiciones es la compañía de Foxconn y sus diferentes factorías, donde las condiciones laborales y el trato humillante por parte de superiores y supervisores han llevado al suicidio a varios trabajadores, provocado por el estrés, largas jornadas de trabajo, trato humillante de la gerencia, promesas incumplidas en cuanto a mejoras de las condiciones o multas por errores laborales. Esta dramática realidad no puede ser reducida a mera anécdota: Foxconn es el mayor empleador privado en China continental, con 1,3 millones de personas en nómina.


“El grueso de las protestas —declara a una entrevista un portavoz del China Labour Bulletin— sigue siendo por impagos salariales, y muchas veces los trabajadores han esperado varios meses antes de tomar medidas colectivas, abrigando esperanzas de que el empleador sea capaz de saldar su deuda. Creemos que los problemas que aquejan a la clase trabajadora en China no han sido resueltos: incumplimiento de contratos laborales por parte de la patronal, impago de salarios, impago de contribuciones al seguro nacional por parte de la patronal, despidos ilegales, etc. En China, tras 10 años de implementación de la ley de contrato laboral, solo un 35% de trabajadores migratorios (el grueso de la fuerza laboral) tiene contratos con sus empleadores, un porcentaje decreciente, lo que muestra que los beneficios económicos del crecimiento no han sido compartidos de manera satisfactoria con los trabajadores”.


La estrategia es básica pero efectiva: autoorganización de los trabajadores paralelamente al sindicato oficial negociando bilateralmente con la patronal. Los métodos de presión empleados van desde la denuncia pública, las concentraciones, las sentadas y manifestaciones hasta, aunque en menor medida, las huelgas, el bloqueo de carreteras, la ocupación de las fábricas y la destrucción de maquinaria. La utilización de nuevas tecnologías, como la red social WeChat, ha sido una herramienta muy efectiva para este movimiento a la hora de realizar convocatorias, aunque el cada vez mayor control del Gobierno de las redes supondría un problema para el actual modelo organizativo.


La protesta se hace siempre es sobre una serie de reclamaciones concretas y rara vez hay un planteamiento sistémico que busque mayores culpables que el empleador, por lo que no parece que este movimiento pueda afectar al estado de las cosas en China más allá de un mejor reparto de beneficios entre su población. De hecho, muchas veces estas protestas se enuncian en un tono patriótico; por ejemplo, la de los profesores en Wugang, donde los manifestantes gritaban: “Amamos al país, amamos la educación y amamos a los estudiantes. ¿Y a nosotros, quién nos ama?”. Aunque no siempre el subterfugio del patriotismo funciona y en numerosos casos existe una represión directa por parte del Estado, como el pasado 26 de mayo, cuando tres representantes de los huelguistas en la fábrica de la Wolskwagen en Changchun, provincia de Jilin, fueron detenidos por “convocar una multitud para el disturbio social”.


La actitud del Estado hacia este movimiento es la de la precaución calculando el rédito político de cada una de sus acciones y no interviniendo hasta que no es necesario, tratando de no quedar como la mano ejecutora de la represión empresarial pero buscando siempre ofrecer confianza y perspectivas de estabilidad a la patronal.


PERSPECTIVAS


¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? En un vistazo superficial no parecen esperanzadoras. Este año, la prensa económica publicó varios titulares que parecen querer hacer soplar vientos de calma para Beijing con respecto al problema de la desigualdad económica: caída del coeficiente de Gini, aumento del índice de desarrollo humano, caída del índice de pobreza extrema... Si aplicamos la máxima de “cuanto mejor, peor”, el aumento de las mejora de las condiciones de vida supondría el fin de un souffle. El triunfo del “modelo chino” ya es celebrado tanto por el Partido Comunista como prueba del éxito de sus políticas así como por lobbies defensores de la total desregulación del mercado.


Sin embargo siguen llegando datos preocupantes. Según la OCDE, China es el país con más trabajadores pobres del mundo, con el 25% de los mismos por debajo del umbral de la pobreza, y paralelamente el segundo país, según Forbes, con más multimillonarios del mundo, y esto supone un fuerte viento que extiende las llamas del conflicto. La cada vez mayor y mejor coordinación entre los huelguistas chinos avalan esta tesis. “Este fin de semana —declara el CLB— se registró una huelga de camioneros a nivel nacional, afectando directamente el suministro alimenticio. Estamos en proceso de verificar la envergadura de la acción panprovincial. Pero se trata de un fenómeno recurrente, recientemente se han registrado varios incidentes similares, que potencialmente involucran a decenas de miles de trabajadores”.

Resulta difícil saber qué diría Karl Marx a 200 años de su nacimiento —efigie admirada en el Gran Salón del Pueblo Chino por un día— si pudiera analizar todo esto. En cualquier caso, recordamos al lector una de sus frases que hacen suponer el mantenimiento y consolidación del movimiento de los trabajadores en la República Popular China: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Es decir, en tanto que las desigualdades continúen, la lucha continuará.

PUBLICADO
2018-07-07 06:57:00

 

Publicado enSociedad
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