Lunes, 03 Junio 2019 10:04

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

Publicado enEdición Nº257
Para la ONU, la tortura de Assange es psicólogica

Pidió a EE.UU. que cese la persecución política del fundador de WikiLeaks

Según la máxima autoridad en tortura del organismo, el ciberactivista australiano estuvo expuesto a una prolongada tortura psicológica.

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, sufre síntomas propios de “tortura psicológica”, dijo ayer el relator especial de la ONU sobre la Tortura, quien pidió el cese la “persecución colectiva” en su contra, sobre todo de Estados Unidos.


Melzer visitó el jueves a Assange en la prisión de Londres donde cumple condena por haber incumplido en 2012 las condiciones de la libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador. De manera paralela, el ciberactivista australiano, de 47 años, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere llevarlo a juicio bajo la acusación de espionaje.


Assange no compareció el jueves a una audiencia de extradición por estar mal de salud, y luego WikiLeaks advirtió que su fundador estaba física y mentalmente deteriorado y que perdió mucho peso desde que fue encarcelado, hace siete semanas. Aunque no está aislado, Melzer expresó su preocupación por los límites a sus encuentros con abogados y la falta de acceso a documentos que serían clave para su defensa. Acompañado por dos médicos, Melzer constató que “es obvio que el contexto extremadamente hostil y arbitrario contra Assange le ha terminado afectando”, informó en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


“Además de los problemas físicos, Assange mostraba todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, entre ellos un estrés extremo, una ansiedad crónica y un intenso trauma psicológico. Las pruebas son abrumadoras y claras”, prosiguió. “Assange estuvo expuesto de forma deliberada y durante varios años a varias formas de trato o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó Melzer, quien acusó a todos los gobiernos implicados en este caso de no adoptar las medidas básicas para que se respeten “los derechos humanos más básicos y la dignidad” del periodista. En este sentido, consideró que “al mantener una actitud de complacencia en el mejor de los casos, y de complicidad en el peor, estos gobiernos han creado una atmósfera de impunidad”.


Assange se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Este mes, Suecia reabrió el caso contra Assange, que había cerrado en 2017 por falta de pruebas. El australiano siempre mantuvo que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. El mes pasado, Assange fue detenido por policías británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, revocara el asilo diplomático.

 

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El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

Publicado enColombia
Domingo, 02 Julio 2017 09:45

¡Nosotros somos la justicia!

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.


A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 15:53

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.
A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

Publicado enEdición Nº236
Policías aprehendieron ayer a miembros de las fuerzas armadas que se encontraban atrincherados en el palacio de justicia de Bakirkoy, Estambul

 

Ankara.

 

Tras el fracasado intento de golpe de Estado, que dejó saldo de 265 muertos, el mandatario Recep Tayyip Erdogan exigió a Estados Unidos, particularmente al presidente Barack Obama, la extradición o detención del clérigo Fethullah Gulen, experto islámico turco que vive en Pensylvania, a quien acusó de estar detrás de la intentona lanzada la noche del viernes en Turquía.

 

"Si Estados Unidos y Turquía realmente son aliados estratégicos, Obama debe actuar y entregar a esa persona", aseveró Erdogan en un discurso ante miles de partidarios en Estambul. El predicador, sin embargo, negó estar relacionado con el golpe, y en un comunicado divulgado la noche del viernes condenó el asalto.

 

El gobierno turco considera que Gulen, ex aliado de Erdogan, encabeza una "organización terrorista".

 

Erdogan dijo que comentó a Obama que Gulen iba a intentar un golpe de Estado y exhortó a los turcos a "seguir siendo dueños de la calle, porque siempre es posible un nuevo estallido".

 

 

Washington ayudará en las investigaciones

 

El secretario de Estado estadunidense, John Kerry, indicó que su país evaluará el pedido de extradición de Gulen, pero pidió a las autoridades turcas entregar las pruebas de las acusaciones. Añadió que ayudará en la investigación para esclarecer quién tramó y respaldó el intento de golpe.

 

"Las insinuaciones o afirmaciones públicas sobre cualquier participación de Estados Unidos en el fallido intento de golpe son totalmente falsas y perjudican nuestras relaciones bilaterales", dijo Kerry a su homólogo turco, el ministro del Exterior Mevlut Cavosoglu, según el texto de una conversación telefónica entre ambos difundido por el Departamento de Estado.

 

El intercambio entre las partes ocurrió con un telón de fondo en el que Turquía cerró su espacio aéreo y dejó varados los aviones de guerra de Estados Unidos que estaban atacando a las fuerzas del grupo Estado islámico en las vecinas Siria e Irak.

 

Por lo pronto, el gobierno turco comenzó a limpiar las filas militares, como anunció Erdogan, y procedió también con dureza contra los jueces. El primer ministro, Binali Yildirim, informó del arresto de 2 mil 839 soldados por su "relación directa" con los hechos, entre ellos el comandante del tercer ejército, el general Erdal Ozturk. "Estos cobardes tendrán la pena que se merecen", subrayó.

 

Unos 200 militares atrincherados en la sede del Estado Mayor se rindieron, igual que una unidad del ejército compuesta por casi 60 soldados rebeldes, quienes ocuparon el viernes uno de los puentes sobre el Bósforo, en Estambul. Además, la justicia turca pidió a Grecia la extradición de ocho golpistas que llegaron a bordo de un helicóptero castrense a Alejandrópolis.

 

El ejército de Turquía, que según datos obtenidos por Dpa tiene unos 640 mil miembros, es uno de los más grandes del mundo. Después del de Estados Unidos, el turco es el segundo de mayores dimensiones miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

 

Autoridades judiciales turcas anunciaron que 2 mil 745 jueces de todo el país van a ser relevados de sus funciones, entre ellos uno de la Corte Constitucional, la más alta instancia legal de la nación, acusados de haber apoyado la intentona.

 

El premier aseguró que "la situación se encuentra bajo control", y confirmó que el número de víctimas en los enfrentamientos en Ankara y Estambul es de al menos 265 personas, de las cuales 161 son civiles o miembros de las fuerzas de seguridad fieles al gobierno, y 104 golpistas. Hay unos mil heridos.

 

Debido a la preocupación por la asonada en Turquía, Obama se reunió este sábado con sus consejeros de seguridad, reiteró "el apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno civil y democráticamente electo de Turquía", y exhortó a las autoridades turcas a "respetar el estado de derecho" al tratar con quienes respaldaron el golpe.

 

"El presidente y su equipo lamentan la pérdida de vidas y destacan la necesidad vital para todas las partes en Turquía de actuar dentro del respeto al estado de derecho y evitar toda acción que pueda suscitar nuevos hechos de violencia o de inestabilidad", señala un comunicado de la Casa Blanca.

 

Obama destacó "los desafíos compartidos que requerirán la cooperación continua de Turquía, incluyendo los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo".

 

Estados Unidos realiza parte importante de sus operaciones aéreas contra el movimiento yihadista Estado Islámico (EI) desde la base de Incirlik, sur de Turquía. Unos mil 500 militares y personal civil de defensa estadunidense están en esa base, y unos 2 mil 200 en todo el país.

 

Las misiones aéreas estadunidenses contra el EI desde esa base fueron suspendidas por el cierre del espacio aéreo turco, informó el Pentágono.

 

La canciller alemana, Angela Merkel, condenó el intento de golpe y mostró su apoyo al presidente Erdogan, pero advirtió que se deben respetar los valores democráticos en la persecución de los responsables.

 

En ese sentido, explicó que un cambio en el gobierno de Turquía sólo podrá darse a través de la convocatoria libre a elecciones. "Las modificaciones políticas deben producirse en el marco de instituciones políticas y de conformidad con las reglas democráticas".

 

Rusia estimó que el intento de golpe aumenta la amenaza contra la estabilidad regional e internacional, mientras la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió "respeto a las instituciones democráticas".

 

Desde la llegada al poder de Erdogan, la jerarquía militar ha enfrentado purgas. El ejército dio tres golpes de Estado en el país (1960, 1971, 1980) y forzó la salida del poder de un gobierno islamita en 1997.

 

 

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