Un grupo de trabajadores ayudan a excavar durante una jornada de exhumación en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021, departamento de Antioquia (Colombia). — Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Vecinos de Dabeiba se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en ese cementerio convertido en una enorme fosa común.

Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia

DABEIBA

18/03/2021 19:58

Jeimmy Paola Sierra / EFE

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

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La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque

“Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia” fue la respuesta amenazante del comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times (NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su ‘Plantemiento de Objetivos 2019' [1]. 

El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, se basa en testimonios de altos mandos militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el número de acciones militares y de bajas, con la visión de “no exigir perfección”, lanzar operaciones contando apenas con el “60 o 70 por ciento” de credibilidad o exactitud, y “hacer lo que sea, incluyendo alianzas con grupos criminales armados” [2], evidencia una vez más, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.


Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de “subversivos dados de baja en combate”. Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.


Sigue el margen de error para asesinar civiles


La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las “Cincuenta Órdenes de Comando”, con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para conducir las operaciones militares donde “no exigir la perfección” [5] dejan un margen de error de 40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el manto de ser daños colaterales.


Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.


¿Seguridad y Defensa para quién?


No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” [7], puesto que la visión de seguridad del Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los pobladores y sus comunidades.


Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del incremento de rutas y carteles del narcotráfico.


Régimen de impunidad


La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en temas que son de su competencia como la “Defensa Nacional y la Fuerza Pública” [8], por el contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa Humanidad.


Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].


Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre los que “existen evidencias creíbles” que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados de la década de los 2000 [10].


Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del “Body Count” aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.


¡Sí es posible el cambio!


Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de “hacer lo que sea” para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.


Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.
La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes Comunes y los derechos de los colombianos.

 

Notas
[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf
[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf
[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[6] https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad-%E2%80%93-PDS.pdf
[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976
[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda
[9] https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-con-los-asesinatos-de-civiles/617129
[10] https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

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Un año de la injusta persecución a mi hermana Violeta

“Aquel que en su país defiende el silencio, siempre está protegido por un aparato de represión. Por eso la lucha contra el silencio resulta tan difícil”. (Ryszard Kapuscinski)

 

En Colombia nos debatimos entre la guerra y la paz, a grosso modo, la primera implica la continuación de un régimen de castas, donde los apellidos y las cunas determinan quienes van a decidir por nosotros los de a pie; de otro lado las expectativas de paz implican que el mal gobierno acabe y exista la posibilidad de construir una democracia desde y por los de abajo, De esta forma emerge un conflicto que desata diferentes violencias.

Así el movimiento social y ambientalista de la Colombia profunda sufre amenazas y homicidios que pasan desapercibidos e impunes, por proponer una relación armónica con la naturaleza, lo cual replantea los megaproyectos de hidroeléctricas, minería y explotación de hidrocarburos, además de oponerse a la erradicación forzada de la coca, en fin, por plantear relaciones comunitarias por encima de los negocios de los terratenientes, políticos y empresarios anclados desde la época de la colonia. Se adelanta entonces un genocidio sobre el cual es inútil arrojar cifras, pues estas aumentan con el paso de las semanas y el país guarda un silencio similar a la estupidez.

Al mismo tiempo esta violencia llena de miedo al intelectual independiente, opositor al gobierno, que ve como a su alrededor se resquebraja poco a poco una educación pública cada vez más desfinanciada y respondiendo a intereses particulares; la salud como un producto que se vende a altos costos a unas grandísimas esferas; la policía con un poder extraordinario abusa del que protesta, quema barrios enteros, como en Suba Bilbao en abril de 2017, mata por la espalda, como el reciente caso del estudiante de la Universidad Nacional asesinado, solo por mencionar algunos casos.

Este conflicto se inclina hacía la guerra y se desarrolla en contra del pobre en su conjunto, una de las esferas se encuentra en los montajes judiciales, en donde se encierra y se persigue a personas con un perfil particular, defender ideas de izquierda o progresistas y por ende ser críticos del establecimiento y sus políticas. Allí se pueden identificar los casos de profesores, congresistas señalados de ser guerrilleros, usando como prueba un computador que sobrevivió a un bombardeo, estudiantes que han sido encerrados por diferentes circunstancias y profesionales que construyen patria confinados o perseguidos; se enmarca allí el caso de 13 ciudadanos acusados de pertenecer al MRP, uno de ellos absuelto, que cumplen más de un año encerrados o perseguidos, en esta condición se encuentra mi hermana Violeta Arango Ramírez, quien tiene una orden de captura y una circular azul de Interpol, que la vincula mentirosamente al MRP y al atentado al centro comercial Andina, ha sido sometida a todo tipo de escarnios y nosotros como familia hemos sido objeto de seguimientos, interceptaciones telefónicas, amenazas y extorsiones por parte de la policía.

El 24 de junio de 2017 fue allanada nuestra casa y desde entonces la situación de zozobra en la calle se hizo muy compleja, decidimos cambiar de casa, buscar más llevadera la situación y sin embargo cada día esta se hace más pesada, pues los “tiras” ni siquiera buscan disimular su presencia.

El 19 de enero de este año se hizo la primera audiencia de emplazamiento por ausencia a Violeta, sin embargo, la incapacidad de la policía para redactar un informe decente obligó a la Juez de garantías a negar la solicitud de la Fiscalía; desde entonces, y tras otras dos audiencias negativas para el ente acusador, la cosa se puso peluda para nosotros, ya que la policía ha apelado a los métodos más desdeñados para encontrar a mi hermana.

Desde correos electrónicos instando a entregar información, hasta amenazas en la calle hemos recibido la familia; pero el caso más aberrante se dio el 25 de mayo pasado, cuando agentes de la DIJIN y del GOES realizaron cuatro allanamientos simultáneos, con un factor común, la mentira y la desvergüenza, con argumentos traídos de los cabellos se involucra a personas que nada tenemos que ver con hechos que no han tenido lugar. En nuestras casas buscaban armas, explosivos y caletas que permitieran demostrar un plan para sabotear la primera vuelta presidencial “buscando beneficiar al candidato del pueblo Petro en contra del candidato Duque”, en palabras de la orden de allanamiento.

Desde aquel día, por la gravedad de lo expresado en la orden de allanamiento, estoy a la espera de un nuevo montaje y aunque siento miedo, también me he llenado de esperanza, veamos el por qué:

Al montar un nuevo caso plagado de mentiras, de testimonios que solamente han tenido lugar en la cabeza de algún “investigador” con pésima redacción, las autoridades demuestran que el “caso Andino” pende de un hilo, necesitando un nuevo “show” judicial. El montaje se está develando, lo cual dejará en vergüenza a diversas figuras públicas y políticas que aseguraron la culpabilidad de los jóvenes acusados de pertenecer al MRP y de perpetuar un acto atroz.

Entonces diremos: Maldito sea el día en que los viejos condenaron a nuestra juventud, la encerraron y la persiguieron solamente por pensar; que venga el día en que la fuerza renovada de un pueblo sometido al malvivir pueda, de la mano de los jóvenes, construir una nación digna, sin niños con hambre, sin más falsos positivos, sin senadores y concejales que compren votos, en fin a una paz real.


A mi hermana y a los amigos que me he cruzado a lo largo de mi vida les extiendo mi cariño, en donde estén los acompaño, de esta situación salimos apelando a la cadena de afectos que nos protege de la muerte, como concluye uno de nuestros textos preferidos quiero concluir yo para ti Violeta, así, sin alias y con todo mi amor:

 

“También esta noche, tierra, permaneciste firme.

Y ahora renaces a mí alrededor

Y alientas otra vez en mí

La aspiración de luchar sin descanso

Por una altísima existencia.”

Goethe

 

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Colombia: “La paz que propone el Estado es la paz para realizar sus negocios”

Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero de 2017. Es considerado por sus defensores como un “falso positivo judicial”.

 Mateo Gutiérrez León, considerado por sus allegados y abogados como “falso positivo judicial”, ha sido acusado por la Fiscalía colombiana por un supuesto caso de terrorismo. El también activista social se pronuncia sobre la estrategia sistemática en la que se enmarca su caso, así como sobre los más de 200 asesinatos de líderes sociales en el contexto del denominado “posconflicto” colombiano.

El término “falsos positivos judiciales” tiene su origen en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que van de 2002 a 2010. En este periodo se acuñó el término “falsos positivos” para definir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército contra civiles inocentes. El objetivo consistía en ofrecer ante la opinión pública resultados en el contexto de la política de “Seguridad Democrática”, es decir, en la lucha contra la insurgencia armada. Lamentablemente, con el paso del tiempo se fue demostrando que una gran cantidad de las víctimas presentadas como bajas en la lucha antiterrorista, no tuvieron nada que ver con grupos armados irregulares, ni con actos subversivos o terroristas. En 2015, la Fiscalía colombiana se encontraba realizando aún 3.430 investigaciones por estos hechos.

El caso de Mateo es de antología, la Fiscalía colombiana lo acusa de ser el responsable de la explosión de uno de los artefactos que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, los medios de comunicación, la policía, la Fiscalía y hasta el presidente José Manuel Santos lo señalaron como el autor de otra explosión que se llevó a cabo el 18 de enero de 2017 y que se saldó con la vida de un policía y 27 heridos. Su captura, encierro y proceso judicial se encuentra plagado de irregularidades y los testimonios y pruebas que lo acusan caen sobre su propio peso. A tal grado, que la Audiencia realizada el pasado 2 de marzo tuvo que ser suspendida, debido a las irregularidades en el manejo de las pruebas por parte del Fiscal.

¿Cuál es el objetivo de la estrategia de los falsos positivos judiciales?

El objetivo de los falsos positivos es presentar resultados en términos de “seguridad” frente a la profunda crisis social y política que vive Colombia, de manera que, para cualquier reclamo de los ciudadanos, movilización social o descontento, el Estado tiene una respuesta policial o judicial. Además, tiene un componente “aleccionador”, busca generar miedo, para que las personas no protesten, ni expresen sus opiniones de forma verdaderamente democrática.

Por último, busca afianzar la idea que ha sostenido en el poder a la clase dominante: la existencia de un “enemigo interno” contra el cual toda arma es legítima. Mira, por ejemplo, la represión a que han sido sometidos los pueblos indígenas. Todavía hoy los Nasa, en el departamento del Cauca, luchan por sus tierras. Los medios los muestran como agresores cuando en verdad son víctimas del Estado, los grandes propietarios y los terratenientes.

Los acuerdos de paz abrieron un periodo de esperanza hacia la transformación social y política de Colombia. Sin embargo, distintas voces como la Fundación para la Paz y la Reconciliación han señalado que este periodo se encuentra en la incertidumbre. ¿En qué situación se encuentran las comunidades y sectores más pobres del país? ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso?

Hay que apoyar incondicionalmente la lucha por la paz de Colombia, sin embargo, hay varias visiones de la paz en juego: la paz que propone el Estado, en cabeza del Gobierno, es la paz para realizar sus negocios. Esa dista mucho de la paz que defienden los movimientos sociales y el pueblo colombiano organizado: una paz con empleo, salud, educación, tierra para los campesinos, derechos humanos universales y democracia política.

Esas distintas visiones generan conflictos hoy en los territorios donde hay una profunda esperanza de paz, pues tras la salida de la insurgencia de muchos lugares, solo se ve la llegada de las fuerzas armadas, el paramilitarismo y las multinacionales, a costa de acabar con comunidades que se oponen al saqueo y despojo en sus territorios.

Además, un discurso muy extendido en medios ha generado la idea de que cualquier expresión de inconformidad o protesta, en este momento de “pos-conflicto”, sea catalogada como “enemiga de la paz”.

Mientras esto ocurre, los territorios históricamente olvidados, que son también los más pobres y sumidos en la miseria, no experimentan ningún cambio hacia una situación mejor, por el contrario, sus problemas se hacen más profundos y entran en crisis, como se observa hoy en la Costa Pacífica.

El Gobierno colombiano debería de haber ejecutado 68 iniciativas legislativas para cumplir con los acuerdos de paz, pero solamente generó 24 y finalmente se aprobaron únicamente 10. Temas como la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida pública y la concesión de tierras y créditos para proyectos productivos han quedado en el aire. ¿A qué piensas que se debe esta falta de voluntad?

Pienso que el incumplimiento del Estado es voluntario y calculado. El esquema de negociación del Estado, en la práctica, ha sido pactar para después incumplir. En este propósito ha sido fundamental el comportamiento de algunos partidos políticos en el Congreso. Se le ha incumplido no solo a la insurgencia sino a los sectores sociales organizados que protestan y se movilizan: los campesinos, los estudiantes, el movimiento indígena, las comunidades afro, las mujeres, las víctimas del conflicto, etc.

Pude compartir mi encarcelamiento con integrantes de las FARC-EP y pude ver cómo, de forma descarada, el Gobierno negaba las amnistías e indultos a los excombatientes, meses después de la dejación de armas, a un año de haber sido sancionada la Ley 1820 de 2016 que iba a dar amnistía total a los miembros de las FARC-EP. Muchos de ellos tuvieron que luchar su libertad desde la cárcel, con ayuda de sus abogados.

Es claro que la vieja clase dirigente no tiene una genuina voluntad de paz.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en diciembre de 2017 estar “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”. En su labor en el terreno comprobó un total de 105 homicidios de defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de miembros líderes y lideresas de diferentes movimientos sociales y políticos. Naciones Unidas asegura que el común denominador en los asesinatos es su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Contrasta la contundencia con que el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación han señalado públicamente tu responsabilidad en el atentado de Bogotá, con la relativización que se les ha dado a las muertes sistemáticas de líderes sociales. ¿A qué se debe esta situación?

Para los representantes del Estado es claro que hay hechos que atentan contra lo que ellos consideran democracia y otros que no. Cuando se realiza una protesta pública que termina en disturbios, se considera un acto terrorista, cuando son asesinados 180 líderes sociales en un año, estos son hechos que “no tienen sistematicidad” o simplemente obedecen a “líos de faldas”. Esto es peor cuando el peso de ese criterio recae sobre un inocente, como en mi caso. En esto tiene mucho que ver el hecho de que soy estudiante de sociología en una universidad pública.

Se celebrarán este año elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. ¿Observas en los contendientes alguna esperanza de cambio ante la situación de asesinatos a líderes sociales y falsos positivos judiciales?

Hay varios candidatos que podrían representar una esperanza para la mayoría de los colombianos de a pie, debido a que sostienen propuestas de cambio. Sin embargo, la opinión de los ciudadanos libres finalmente no importará, el próximo presidente ya está definido hace bastante tiempo, desde las cúpulas del poder: será Vargas Lleras y es una verdad que nadie dice abiertamente en público, pero todos reconocen. Ojalá me equivoque, pero es lo más probable.

Diferentes voces aseguran que los vacíos de poder generados por el desarme de las FARC han ocasionado que grupos paramilitares y de la delincuencia organizada impongan su ley. Si esto es así, ¿qué papel está jugando el gobierno colombiano ante este fenómeno? ¿Apoyas la estrategia de que haya mayor presencia militar en estas zonas?

No apoyo la mayor presencia militar en los territorios porque esta no es la solución. Esto se ha ensayado por años sin lograr detener la violencia política o el conflicto armado. La solución a los conflictos sociales es otra muy distinta. El Estado debe buscar en estos territorios una presencia integral, más civil que militar; pero tan solo se fija en adecuar las condiciones para los negocios y la inversión privada. Las fuerzas armadas han trabajado con los paramilitares y los delincuentes para mantener el control social y el poder político en los territorios.

¿Qué expectativas tienes respecto a tu caso?

Mi expectativa es que se falle en derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión y movilización nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades) y muy rigurosos con la Defensa, aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

El profesor Miguel Ángel Beltrán, también falso positivo judicial, quien tras un largo tiempo en la cárcel fue encontrado inocente, ha señalado los duros golpes emocionales que representa pasar por un proceso como el tuyo. ¿Cómo te encuentras, cómo viven tus amigos y familiares esta situación?

Para ellos ha sido una situación difícil. Han sufrido el acoso y la persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado: seguimientos, amenazas e intimidaciones. Eso es una constante en los casos de falsos positivos ya que no solo es en mi caso, sino también en el de los estudiantes y egresados injustamente acusados del ataque al Centro Comercial Andino en Bogotá y muchos más a nivel nacional en los que el Estado, por falta de pruebas recurre al terror y a la difamación en medios de comunicación, para generar la idea de que hay un enemigo sobre el cual es legítimo cualquier atropello bajo la excusa de la “gravedad” de los delitos imputados.

Sin embargo, en muchos casos, esos ataques de los medios y la policía tienen tan poca veracidad y son tan explícitamente mentirosos que dejan en evidencia las irregularidades procesales y el circo mediático.

Por otra parte, el daño que me ha ocasionado el Estado, incluida la Fiscalía, es muy profundo, no solo en términos económicos, también a nivel personal, el escarnio público, las implicaciones de llevar un año en la cárcel, el retraso en mis estudios.

¿Qué estrategia piensas que deben de promover los movimientos sociales ante los falsos positivos judiciales y los asesinatos de pensadores críticos y líderes sociales?

Denuncia, visibilizarían, movilización. Hay que generar un clima en el que para el Estado sea ilegítimo perpetrar falsos positivos y asesinatos, y además se encuentre con una respuesta activa de toda la sociedad, también de la intelectualidad que genera opiniones y ha sido cómplice cuando calla frente a las tragedias que a diario ocurren en el país.

Carlos Soledad
@CarlosSoledadM

publicado
2018-05-30 14:59:00

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Ejemplar condena ratifica que jóvenes de Soacha asesinados no eran delincuentes ni combatientes

 

El juzgado primero penal especializado de Cundinamarca condenó a penas entre los 37 y los 52 años a 21 militares como coautores de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir, que rodearon los asesinatos de los jóvenes de Soacha Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 26 de enero de 2008, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto del mismo año.

El fallo también declaró la prescripción del delito de falsedad ideológica en documento público.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, representa en este caso a la madre del joven Diego Alberto Tamayo Carcerá, Idalí Garcerá, cuyo homicidio y desaparición forzada se produjo junto con el de los dos jóvenes Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio, cuando fueron reclutados en el municipio de Soacha en el mes de agosto de 2008 y conducidos mediante engaños a Ocaña, Norte de Santander donde fueron asesinados y presentados como integrantes de una estructura paramilitar. La misma suerte habían corrido los jóvenes Julio César Mesa Vargas y Johnatan Orlando Soto Bermúdez en enero de ese año.

Aunque en un principio los dos casos, el de enero y el de agosto, se investigaron por aparte, en septiembre de 2011 se acumularon por solicitud de la representación de las víctimas, al establecerse que se trataba de hechos similares y que involucraban a integrantes de la misma unidad militar, esto es, a la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander, a la cual pertenecían los 21 implicados.

Sobre la responsabilidad del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, Jefe de Operaciones de la Brigada Móvil No. 15 y máximo responsable identificado, la jueza estableció que planeó y coordinó todos los aspectos de los crímenes juzgados. Su vinculación se dio a través del Teniente Sandro Pérez, integrante del B2 del Batallón, quien le sugirió recurrir a esta práctica para presentar resultados operacionales, le indicó que el costo era de un millón de pesos por cada persona reclutada y que la unidad militar se debía encargar del armamento. A partir de entonces, Rincón Amado tuvo pleno conocimiento y control de toda la estructura criminal, incluso de los civiles reclutadores.

Durante la lectura del contenido del fallo cuyo sentido se había dado a conocer en noviembre de 2016, la jueza primera ratificó el carácter de crimen de lesa humanidad por tratarse de hechos cometidos en el contexto de un ataque dirigido contra una multiplicidad de personas, es decir generalizado, además de sistemático, es decir como parte de un plan criminal cuidadosamente organizado con el fin de asesinar personas para reportar resultados operacionales positivos.

La jueza añadió en su fallo que en estos crímenes existió un móvil discriminatorio ya que las víctimas eran hombres jóvenes entre los 16 y 25 años de edad, de origen humilde, marginados, con escasos recursos económicos y algunos con problemas de drogadicción, en contextos de vulnerabilidad social que los hacían susceptibles de ser atraídos por ofertas económicas o laborales.

La condena también inhabilita durante 20 años a los militares implicados para ejercer cargos y funciones públicas, y exhorta al Ministerio de Defensa a publicar la Sentencia, realizar un acto público para resarcir el buen nombre de los jóvenes asesinados quienes fueron presentados como integrantes de organizaciones delincuenciales, así como a erigir un monumento en honor a las víctimas para que la sociedad no olvide lo ocurrido. Todas estas medidas, una vez quede en firme la sentencia.

La declaratoria de crimen de lesa humanidad y las medidas de reparación simbólica admitidas dentro de la sentencia, fueron solicitadas por el Cajar y respaldadas por los demás abogados, la Fiscalía y la Procuraduría. La petición de reconocer los hechos como crimen de lesa humanidad se basó en la decisión que tomó en agosto de 2013 el Tribunal Superior de Cundinamarca frente a la desaparición forzada y el homicidio de Fair Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, otra de las madres de Soacha.

El fallo, cuya lectura tomó ocho horas y media, estableció también la existencia del delito de concierto para delinquir, es decir, de un acuerdo de voluntades para cometer delitos, y un aparato organizado de poder dentro de la institución castrense, que en alianza con personas civiles, se repartía las tareas de reclutamiento, traslado, asesinato, alteración de la escena del crimen y construcción de falsos reportes para presentarlos como bajas en combate.

Con los hechos ocurridos en enero y agosto se determinó la existencia de un modus operandi detrás de estas y otras ejecuciones. En este sentido, la jueza recalcó dentro del contexto de la época, la alerta de salubridad emitida por medicina legal ante la aparición de un número inusitado de cadáveres en la inmediaciones de Ocaña que debieron ser enterrados en el cementerio municipal Las Lisas.

La defensa, por su parte, argumentó que las muertes de los jóvenes se produjeron durante combates, que se encontraban en uso de sus funciones legales, que su actuación se basó en documentos de inteligencia que identificaron a las víctimas como delincuentes, y que toda la documentación militar se ajustó a la legalidad.

Sin embargo con el fallo quedó demostrada la irregularidad en la documentación donde, por ejemplo, hay discrepancias entre las coordenadas que están en el informe del supuesto combate y los lugares donde realmente se encontraba la tropa. O en el caso de Diego Tamayo, quien presentaba una herida en una rodilla, debajo de la cual no se encontraron rastros de sangre al momento del levantamiento del cadáver.

Los principales testigos del proceso fueron los reclutadores Alexander Carretero, Pedro Gámez, Edith Palomino y Dairo Palomino Ballesteros quienes se encargaron de todo este proceder tanto en Bogotá como en Norte de Santander, y corroboraron las acusaciones, a partir del conocimiento que tuvieron de todas las circunstancias, responsabilidades, montos pagados y autorías de los crímenes.

La Sentencia estableció también sin lugar a dudas, el arraigo de los cinco jóvenes en el municipio de Soacha, es decir que habitaban en este municipio y que fueron alejados de su ámbito familiar y social para desaparecerlos y asesinarlos. El despacho rescató su lugar de origen, su ámbito familiar e hizo un recorrido por su historia de vida, lo que en sí mismo constituye un acto de dignificación de su memoria. También estableció que no hacían parte de ninguna organización o estructura criminal que operara en el departamento de Norte de Santander donde aparecieron muertos y enterrados como NN, dos días después de haber sido vistos por última vez en Soacha.

Frente al intento de la defensa de los militares de volver a dilatar la diligencia invocando la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la jueza primera fue enfática en que dicha jurisdicción no ha sido creada así como tampoco las instancias que deberían dirimir los conflictos de competencias y la naturaleza de estos hechos, si se trata o no, de hechos del conflicto armado. También que suspender el proceso significaría negar el derecho a la pronta administración de justicia a las víctimas y someter a incertidumbre a todas las partes. La jueza explicó que su decisión no impide que cuando se creen las instancias de la Jurisdicción Especial y el Sistema Integral en su conjunto, los condenados puedan interponer los recursos que consideren necesarios ante dichas instancias.

Ya la semana anterior, el Juez noveno de control de garantías, que adelanta el caso de otros tres jóvenes de Soacha asesinados en las mismas circunstancias se había declarado impedido para imputar el mismo Coronel Gabriel Rincón Armando y otros militares, por conflicto de competencias con la JEP. Esta decisión, abiertamente ilegal y contraria a los derechos de las víctimas, causó el rechazo de las organizaciones de derechos humanos y un enérgico comunicado de Human Rights Watch.

 

Militares condenados

 

Homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez el 26 de enero de 2008, y de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional José Orlando González Ceballos - 52 años
• Soldado profesional Kevis Jiménez Escalante - 49 años
• Soldado Profesional Luis Alirio López - 49 años
• Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín 48 años
• Sargento Medardo Ríos Díaz 45 años
• Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas - 48 años

Homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez el 26 de enero de 2008

• Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado - 46 años
• Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa - 46 años
• Cabo Manuel Zorrilla Gámez - 49 años
• Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo - 46 años

Homicidio agravado desaparición forzada y concierto para delinquir de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional Nixon Cubides Cuesta - 48 años
• Mauricio Cuniche Delgadillo - 48 años
• José Adolfo Fernández Ramírez - 48 años

Homicidio Agravado de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional Ferney Gijalba Flor - 37 años
• Soldado Profesional Eider Andrés Guerrero Andrade - 37 años
• SLP Geiner Fuertes Billermo - 37 años
• SLP Pedro Johan Hernández Malagón - 37 años
• SLP Juan Ramón Marín Ramírez - 37 años
• Soldado Profesional Ricardo Eliud González Gómez - 37 años
• Soldado Profesional John Anderson Díaz Ortega - 37 años
• Cabo Ricardo Coronado Martínez - 37 años

 

 

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Detienen por primera vez a un general en Colombia por el caso de los 'falsos positivos'

Otros 16 podrían ser procesados por los más de 6.000 inocentes asesinados y presentados como “guerrilleros” muertos.

 

Durante los últimos años en Colombia, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, distintos sectores de las filas militares asesinaron a sangre fría a campesinos indefensos, jóvenes parados a los que se engañaba con promesas de trabajo e, incluso, a personas con discapacidad, para disfrazarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con objeto de inflar la cifra de “positivos” en la acción militar y obtener recompensas y premios.


A medida que familiares, organizaciones de Derechos Humanos y algunas instancias internacionales empezaron a denunciar esta práctica –negada en principio de forma vehemente por el Presidente Uribe- más de 3.500 militares han sido detenidos y procesados por el asesinato de más de 6.000 inocentes a los que se pretendió presentar falsamente como guerrilleros.
Se empezó encausando a soldados y suboficiales, luego se llegó a más de una docena de coroneles; hasta que, por primera vez, un juzgado de Yopal (región de Casanare) ha detenido y procesado a un general, Henry Torres Escalante, que comandaba la 16 Brigada del Ejército en la región cuando se produjo el asesinato de dos campesinos de 16 y 38 años, con cuyas muertes, según el sumario, se trataba de silenciar a otros campesinos que habían presenciado y denunciado múltiples ejecuciones cometidas por militares en la zona. En total, hasta 85 asesinatos han sido investigados con testimonios e inspecciones.


Uno de los testimonios que han sido claves para apresar al General Torres fue el de su subordinado, el teniente Marco Fabián García, ya condenado a 22 años. Según ha declarado, el General “siempre estuvo al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban...”, lo que ha llevado a la Fiscalía a sostener que no existe duda de que Torres “participó en todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en la fase posterior”.


La detención y proceso del primer General encausado como criminal ha sacado a la luz otros 16 casos de generales que la Fiscalía tiene bajo investigación, de los que el más destacado es el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército durante el Gobierno de Uribe.


La primera línea de defensa del General Henry Torres ha sido que ignoraba lo que hacían sus subordinados, lo que contradice múltiples pruebas y testimonios. En todo caso, ha levantado una polémica que afecta a un buen número de generales, retirados y en activo, y que ha repercutido en la revisión de atrocidades militares en otros lugares de Sudamérica: ¿Hasta dónde deben responder los altos mandos militares por lo que hagan sus subalternos?


La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que sigue de cerca el asunto de los “falsos positivos” colombianos, acaba de recordar que, según el artículo 28 del Estatuto de Roma: “La responsabilidad de mando es un concepto jurídico de gran alcance en virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delito no cometido por él, sino por sus subordinados (...) el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos bajo su mando y control efectivo, o su autoridad, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.

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Los trece esperan el juicio desde La Picota y El Buen Pastor

Trece jóvenes capturados el pasado 8 de julio, y condenados por los medios de comunicación sin esperar proceso legal alguno, esperan desde la prisión que inicie su juicio formal. El proceso judicial hasta ahora afrontado despierta serias dudas sobre la independencia ideológica y administrativa del poder judicial respecto al Ejecutivo. Organizaciones políticas y sociales mantienen el apoyo a los inculpados e intentan desmentir las acusaciones urdidas en su contra. El futuro del proceso judicial se vislumbra lleno de incertidumbres y pocas certezas.

 

La noticia se escapa como agua entre las manos de los medios de comunicación: las detenciones de trece estudiantes y funcionarios del Distrito capitalino, que ocuparon por más de dos semanas los titulares de los grandes medios de comunicación oficiosos del país, ahora pasa al olvido, mientras los inculpados esperan por sus juicios en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor en Bogotá.

 

El caso ya cumplió su papel mediático, y al igual que otros procesos del estilo, solo será retomado ocasionalmente y de forma marginal cuando las agendas y pretensiones de los medios de comunicación encuentren un breve espacio para reeditarlo. El objetivo político con este caso ya fue cumplido también por el Gobierno: dar al país una muestra importante de su "eficiencia" y "capacidad" al capturar y judicializar a los sindicados.

 

El proceso inició hace poco más de dos meses, el ocho de junio, con la espectacular captura 15 jóvenes en doce allanamientos realizados en la ciudad de Bogotá, y un cubrimiento extenso de la noticia por canales de televisión encargados de juzgar prematuramente a los implicados, reproducir las voces condenatorias de las autoridades policivas, gubernamentales y distritales que los asociaron con el Eln. De nuevo, como ha ocurrido en casos relacionados con otros inconformes, en esta ocasión todo estuvo permitido: juicios difamatorios en redes sociales, el empleo indiscriminado de fotografías personales para exhibir sus rostros a la opinión pública, además de seguimientos y presiones sobre sus familias.

 

Dudas sobre el proceso

 

Las primeras dudas surgieron al día siguiente de la detención, cuando fue nítido que la Fiscalía no tenía el material probatorio suficiente para sustentar las imputaciones por rebelión y terrorismo en contra de todos los implicados. Las sospechas se incrementaron cuando fueron dejados en libertad dos de los quince detenidos –porque no tenían material probatorio para justificar su detención–, sumándose a esto las maniobras en el escenario de las audiencias para justificar su traslado a establecimiento carcelario, todo reforzado con manipulaciones de fuerzas oscuras que, detrás del proceso, maquinaron amenazas en contra del Fiscal General de la Nación, los juzgados de Paloquemao y un vigilante de la Universidad Nacional que testificó en contra de Paola Salgado Piedrahita, motivos suficientes para que las jueza 77 del distrito declarara a los detenidos, tras pocas horas de su detención, como "un peligro para la comunidad", ordenando su reclusión intramural.

 

Maniobras, presiones, vicios procesuales, reforzados por la reunión sostenida el martes 28 de julio por la jueza a cargo del caso con un General de la Policía, pocos minutos antes de dictar la medida de aseguramiento que condujo a los sindicados a La Picota y al Buen Pastor.

 

El mensaje para los movimientos de oposición

 

Ninguno de los argumentos esgrimidos por la defensa, para evitar la medida de aseguramiento carcelario, fue tenido en cuenta por la jueza, un golpe con alto impacto anímico entre los detenidos, familiares y organizaciones político/sociales a la que pertenecen los mismos.

 

El manejo del caso en los medios de comunicación, la voluntad manifiesta de someter a escarnio público a los detenidos, sumado al manejo probatorio, así como el creciente interés del Gobierno y de organismos judiciales por enviarlos a prisión a pagar altas condenas, son algunos de los factores que permiten concluir que el caso lo están usando para enviar un mensaje contundente a quienes ejercen oposición política con vocación de cambio para el país. El mensaje es claro: Están bajo constante monitoreo –confirma el Estado– y podemos fabricar las pruebas con las cuales lograr una efectiva y presta judicialización para eliminarlos políticamente en caso de que así lo requiramos.

 

Varias coincidencias con otros casos, para intimidar e incluso ir más allá, fueron detalladas a desdeabajo por Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, instancia de movilización a la que están inscritos once de los detenidos "Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, en vez de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social". Un terrible modus operandi que ilustra la sistematicidad de la represión gubernamental.

 

La unidad del Estado en torno a la acusación es manifiesta: las actuaciones de la Fiscalía, el proceder de la juez, el comportamiento de la Policía y los discursos de funcionarios en torno al caso, demuestran que no se trata de una simple coincidencia de postura, sino que existe el interés y la voluntad de acción conjunta entre distintos organismos estatales para lograr que sea impuesta la máxima condena a los implicados, una condena que se erige sobre la supresión de la libertad física de los individuos y la estigmatización como mecanismos de eliminación política.

 

Pero el Gobierno no es el único que ha cerrado filas. Alrededor de 250 organizaciones han reivindicado la labor de "los 13" como líderes políticos y estudiantiles, recibiendo el apoyo de sus organizaciones de adscripción a través de plantones, redes sociales, comunicados; un verdadero espaldarazo que les ha permitido mantener el ánimo alto, asumiendo una postura de dignidad, de rebeldía, frente al proceso al que están sometidos.

 

Las pruebas, la pena, el juicio

 

Veinticinco años para diez de los detenidos, entre treinta y treinta y cinco años para los tres restantes, estas son las penas que pedirá la Fiscalía General de Nación para los activistas detenidos. Una pena de elevadas proporciones que demuestra cuanto puede ensañarse el Estado contra quienes osen desafiar sus ordenamientos, sus disposiciones. Pero, para hacerlas efectivas, antes deben probar que los detenidos participaron en disturbios en la Universidad Nacional, violentaron a servidores públicos, fabricaron "armas de uso privativo de las Fuerzas Militares", que tres de ellos tuvieron contacto con estructuras del Eln, además de aportar las pruebas que los inculparían como responsables por los petardos colocados en Bogotá desde mediados del 2014 y hasta julio del año en curso.

 

Algunas de las inquietudes guardadas respecto al proceso aluden al tiempo que las autoridades llevaban efectuando el seguimiento de los jóvenes detenidos: muchos de los registros fílmicos y fotográficos usados por la Fiscalía para imputar cargos fueron obtenidas en fechas anteriores a las autorizaciones de seguimientos. Esto quiere decir que los estudiantes estaban bajo monitoreo mucho antes de que pudieran tener cualquier interés en ellos para procesarlos judicialmente, razón que induce a diversas organizaciones sociales y políticas a cuestionarse sobre cuán difuminadas en el país se encuentran estas prácticas de monitoreo sobre líderes y activistas. A pesar de la intensidad y data de los seguimientos, llama mucho la atención que no hayan podido acumular pruebas suficientes con que imputar a los 13 las explosiones por las que fueron inicialmente sindicados y perseguidos, es decir, las autoridades policivas han reconocido indirectamente que el asunto de las explosiones, además de fortuito al caso, solo fue una simple excusa para justificar públicamente su captura, entonces, ¿dónde están los verdaderos responsables de las explosiones?

 

Aún no existe claridad si la fase del juicio será llevada a cabo de manera individual o colectiva, pero es seguro que el proceso, por la cantidad de implicados y por la necesidad creciente del Estado de condenarlos, cueste lo que cueste, se tomará varios meses, posiblemente más de un año. La Fiscalía será clave en esta fase del proceso pues, de su capacidad para construir las pruebas y un discurso probatorio capaz de soportar la embestida de los abogados que defienden a los activistas tras las rejas, depende el éxito de su misión. Es probable que el juicio no cuente con una cobertura siquiera similar de los medios de comunicación: es de esperar que se desarrolle en el contexto de estrategias de ocultamiento mediático que impidan a la opinión pública conocer pormenores del proceso y de la defensa de los acusados, pero si permitiendo el escenario para que el Estado pueda borrar cualquier suspicacia social sobre su violencia y la extralimitación en que está cayendo al llevar a cabo vigilancia, registro y control de activistas y opositores al régimen sin estar sindicados de delito alguno.

 

Conclusiones del caso

 

Son pocas las certezas que se tienen respecto a esta nueva fase del proceso judicial. Los 13 esperan desde las cárceles del Buen Pastor y La Picota en Bogotá el inicio de las audiencias de juzgamiento gracias a que la juez consideró que al permanecer libres podrían alterar el material probatorio de la investigación o podrían seguir delinquiendo, poniendo en riesgo con ello a la comunidad. Se trata de un nuevo caso de persecución del Gobierno que pone en entredicho, una vez más, la independencia de las instancias judiciales, subordinadas económica y políticamente al Ejecutivo, dispuestas a ver terroristas y delincuentes donde hay opositores, activistas, líderes políticos y sociales.

 

Los comunicados de las organizaciones, las cartas de las facultades donde están registrados los estudiantes, la voz de congresistas, fueron suficientes para que la juez 77 del circuito se percatara de que no estaba tratando precisamente con delincuentes sino con intelectuales y activistas que desarrollaban una labor abierta, con reconocimiento y respaldo social. De manera paradójica este mismo reconocimiento fue la principal motivación para justificar su detención carcelaria: "como tenían estás cualidades había que ser más severos en la aplicación de la Ley".

 

La situación deja un margen de maniobra reducido a las organizaciones y familias de los jóvenes. Sin embargo las puertas de la movilización, del ejercicio de la presión sobre los actores del proceso, del desarrollo de estrategias comunicativas que permitan a la opinión pública conocer respecto al caso, no deben cerrarse. Son posibilidades que pueden ser explotadas mientras se desarrolla el juicio, contribuyendo para alcanzar un margen superior de negociación del que tuvieran si se deja el proceso exclusivamente en manos de "la justicia". No basta con confiar en la inocencia los jóvenes, es imperante la presión social, así como la información y la movilización.

 

Al mismo tiempo, es necesario que el caso, si hay condena, sea elevado a instancias jurídicas internacionales. De igual manera, es fundamental obtener el apoyo de Ong's y organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales para que se sumen a la cruzada por la libertad de los detenidos, por la defensa del derecho a la protesta y del ejercicio de la oposición.

 

Las organizaciones políticas y sociales, bien pueden desechar el mensaje intimidatorio enviado por el Gobierno con estas detenciones, incrementando la representación, las acciones de movilización y de protesta. El ejercicio de la oposición debe mantenerse incolumne frente a las pretensiones de sileciamiento e intimidación de un Estado que sigue utilizando todo su poder para conservar su monolítica inmutabilidad, impidiendo la ampliación democrática que desde décadas han reclamado con discursos, marchas, piedras, quienes el establecimiento ha osado desaparecer, masacrar, silenciar o exterminar políticamente antes que escuchar.

Publicado enEdición Nº 216
Las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército colombiano que luego presentaban a sus víctimas como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras los llamados "falsos positivos" no eran un crimen aislado y puntual en la Colombia de Álvaro Uribe, sino un "fenómeno generalizado". Así lo admitió ante el embajador estadounidense, William Brownfield, el general designado por el Ministerio de Defensa para investigar dichos crímenes, según revelan los cables de Wikileaks.
 
En un despacho diplomático titulado Iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia en militares, Brownfield comenta lo que le ha contado el general de división Carlos Suárez, nombrado inspector general por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para investigar esos crímenes.
 
De acuerdo con el relato del embajador, Suárez no duda en calificar las ejecuciones extrajudiciales de "fenómeno generalizado" y subraya que el entonces comandante del Ejército, el general Óscar González, se opone a su investigación y ha "tratado de intimidar a testigos para que no declaren".
 
Indigentes y discapacitados
 
El escándalo comenzó cuando 15 jóvenes de Soacha, localidad en la periferia de la capital, Bogotá, desaparecieron tras ser convencidos de que un trabajo les aguardaba en otro departamento del país. Tras meses de angustia, sus cadáveres aparecieron en regiones remotas, vestidos como guerrilleros o con armas en la mano. Poco a poco fueron conociéndose casos similares al de Soacha, con un patrón idéntico: jóvenes en paro, indigentes o discapacitados mentales desaparecían para pasar a engrosar luego las listas de supuestos "guerrilleros" abatidos por el Ejército. Según las organizaciones de derechos humanos, hay más de mil casos de falsos positivos.
 
En el encuentro que relata el cable diplomático, Suárez le dice al embajador de Estados Unidos que Uribe "continúa midiendo el éxito militar en términos de muertos", y cree que la insistencia por parte de algunos mandos militares en usar el número de cadáveres como medida de éxito es la causa de los falsos positivos.
 
Para el inspector general militar, ello "no sólo mina la legitimidad del Ejército, sino que crea una falsa ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos han hecho que se desvíen fondos y atención de la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
 
El relator de la ONU Philip Alston estima que fue "la presión por mostrar resultados" la que originó el fenómeno de los falsos positivos, combinada con los incentivos y recompensas por la captura o abatimiento de miembros de grupos al margen de la ley que estableció un decreto ministerial de 2006. El índice de impunidad para estos crímenes es del 98,5%, según el informe final de Alston, publicado el pasado marzo. "Los soldados simplemente sabían que podían librarse, aunque cometieran un asesinato", señala Alston.
 
El apoyo de Santos
 
El general Suárez explicó al embajador que los falsos positivos de Soacha tuvieron su origen en la Brigada 4ª, en Medellín, que estaban bajo el mando del ex comandante del Ejército Mario Montoya y del entonces comandante, Óscar González. La práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos, incluido el Comando Conjunto del Caribe.
 
Suárez dice tener el apoyo del entonces ministro Juan Manuel Santos para sus investigaciones, así como el del comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla, pero no el de otros altos mandos militares. Es más, muchos ponen abiertamente trabas a su trabajo. "El jefe del Ejército, Óscar González, ha tratado de limitar los recursos de su oficina escribe el embajador, ha transferido personal que tenía asignado y ha reducido sus guardaespaldas".
 
Suárez admitió al embajador estadounidense que su familia había recibido amenazas indirectas debido a su trabajo.
 
Como inspector general, Suárez tenía una potestad administrativa, no penal ni disciplinaria, y tan sólo podía hacer recomendaciones al comandante del Ejército o al ministro de Defensa. En el caso de un batallón, el de Popa, que él investigó por presuntos crímenes cometidos en la región del César, Suárez recomendó la expulsión de 28 militares. Sólo 11 fueron destituidos por el comandante González.
 
El inspector descartó que sus investigaciones sobre estas violaciones de derechos humanos tuvieran como efecto "desanimar" a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla de las FARC. Las unidades militares que mayores éxitos han cosechado contra los guerrilleros, recalcó, no estuvieron implicadas en los falsos positivos.

Una sangría de 51.000 personas Sin rastro
La cifra de personas cuyo rastro se ha perdido en Colombia durante las últimas décadas asciende a 51.000, según el estudio ‘Rompiendo el Silencio: en busca de los desaparecidos en Colombia’, efectuado por el Grupo de Trabajo para América Latina y la Oficina para Colombia de EEUU.

Desapariciones forzosas
El informe calcula que, dentro de la cifra total de colombianos cuyo paradero se desconoce, al menos 32.000 han sido víctimas de desapariciones forzosas cometidas por guerrillas, paramilitares o miembros de los cuerpos de seguridad.

Colombia bate el récord
Estas cifras colocan a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en todo el mundo, por delante de las terribles dictaduras chilena y argentina de los años 70 y 80.

Por ISABEL COELLO MADRID 19/12/2010 00:15
Publicado enInternacional
Crece el escándalo en Colombia. Ya son 31 los militares implicados en los llamados falsos positivos que han recuperado la libertad. Un mayor salió el 30 de diciembre; 17 uniformados más, la semana pasada; el martes un juez liberó de culpas a otros seis, y ayer miércoles ocurrió lo mismo con siete más, entre ellos un coronel.

La razón de la libertad para los implicados siempre ha sido la misma: vencimiento de términos. Así lo justificó el juez que adoptó la medida, Fernando Sarmiento, titular del Juzgado Segundo de Control de Garantías de Soacha: la fiscalía permitió que venciera el plazo para llamar a juicio a estos implicados.

Los falsos positivos son un aberrante caso de violación de derechos humanos por parte del Ejército colombiano. Reclutaban con falsas promesas de trabajo a hombres de pocos recursos, algunos menores de edad, otros con discapacidades físicas, y luego los asesinaban y los presentaban como muertos en combate.

Así, los militares conseguían favores para sus carreras: desde permisos dominicales hasta ascensos. Desde hace seis años se han presentado más de 1.200 casos. Y ante las denuncias y pronunciamientos de alarma de ONG nacionales e internacionales todos se pasan la pelota de la responsabilidad.

El presidente del país, Álvaro Uribe, ha criticado duramente las decisiones judiciales. Los jueces implicados acusan a la fiscalía y al Consejo de la Judicatura —criticada por sus actuaciones políticas—por demorar los tiempos de la adjudicación de los casos. La presidenta de este tribunal le echa la culpa al nuevo sistema penal acusatorio que empezó a operar hace poco en Colombia.

Rabia e impotencia

La fiscalía ya apeló los fallos. Guillermo Mendoza, fiscal encargado del caso, reconoce que esta cadena de liberaciones pone en entredicho las instituciones judiciales.

Entre tanto, las madres de los muertos lloran de rabia e impotencia. Muchas de ellas han recibido amenazas de muerte. Pero ya anunciaron que demandarán el caso ante la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad de estos crímenes.

"Ésta es ya una prueba de que no habrá justicia", dice Lilia Solano, directora de la ONG Justicia y Vida. Califica lo que esta ocurriendo de absurdo y perverso. "La defensa se la jugó a manejar triquiñuelas para llegar al vencimiento de términos". Y se hace una pregunta: "La mayoría de los detenidos han sido los autores materiales, ¿los que dieron las órdenes dónde están? La responsabilidad llega al Ministerio de Defensa y de eso nadie habla", le dijo a EL PAÍS.

Tito Gaitán, abogado de la ONG Minga, asegura que por parte del Estado no se ha dado un "esfuerzo concertado ni sostenido en el tiempo" para que ceda la impunidad. "A las investigaciones se les ha dado tratamiento de delito ordinario", asegura. Hasta el momento, 48 militares han sido vinculados formalmente al proceso (tres son oficiales). Treinta y uno ya están libres.

Por PILAR LOZANO - Bogotá -
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