La furia mundial del 8M reivindicando los derechos de las mujeres 


Colombia, país de contrastes, entre ricos y pobres, gobernantes y gobernados, empleados y desempleados, integrados a la sociedad y excluidos de la misma, llega al 8 de marzo de 2020 con hondos contrastes entre hombres y mujeres, los que desdicen de un país en democracia y justicia real.


No hay duda de ello. La violencia contra la mujer no para, y en el caso de los asesinatos machistas, el Observatorio de feminicidios Colombia dedicado a hacerle seguimiento, en su estudio comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, arrojó la cifra de 571 muertes violentas. El 34 por ciento de las mujeres víctimas de esta violencia estaban en el rango de 0 a 29 años y, el 25 por ciento de los victimarios, en el mismo año, fueron hombres pertenecientes a estructuras armadas (1). ¿Qué medidas efectivas implementa el Estado colombiano para erradicar esta realidad? ¿Existen procesos educativos –escolares– que expliquen a las nuevas generaciones el origen y desarrollo de las prácticas machistas y los mecanismos y acciones sociales por emprender para erradicarlas? Y los victimarios, ¿son aislados y sobrellevan pena alguna por los exabruptos cometidos? Sabemos que la base social de este tipo de violencia radica en causas socio-económicas y que es necesario romper la estructura que la soporta para también transformar sus manifestaciones, ¿cómo hacer para caminar en tal dirección?

En el campo laboral la desigualdad es otro mal que afecta a la mujer, como lo deja ver el Dane a través de la Gran encuesta (2) integrada de hogares, mercado laboral –históricos– del mes de febrero anterior, en la cual queda claro que la desigualdad no sólo está en los salarios que perciben las mujeres (que para 2017 mantenía una brecha del 17 por ciento con respecto a los hombres), sino también en la tasa de desempleo que afrontan. De acuerdo con tal encuesta, la tasa de desempleo de los hombres fue 10,4 por ciento mientras que para las mujeres, en igual periodo de tiempo, ascendió al 16,5 por ciento.


¿Existen políticas efectivas por parte del Estado colombiano para quebrar esta realidad? El paso del tiempo parece señalar en dirección contraria, pues al afectar a las mujeres, cabeza de hogar en 4 de cada 10 hogares existentes en nuestro país, también lo hace sobre su prole y todos aquellos que están bajo su manutención y cuidado.


Es una evidencia que en el diario vivir desconoce el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo que indica que no deben establecerse diferencias en salario por edad o género.


Son realidades, injusticias, a las que se suma la ausencia de garantía al derecho pleno al aborto, sin por ello ser señaladas ni criminalizadas –en las distintas formas que pueden serlo–. Pero también garantía para que accedan a los estudios universitarios, a gozar de políticas que les reconozcan su trabajo en el hogar (trabajo invisible) y con éste a la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, reconocer su labor esencial para la conservación de la sociedad toda, tanto por la gestión y crianza, como por la alimentación de la prole y de todos los miembros de un hogar en particular y más allá del mismo.


Son reivindicaciones extendidas al reclamo justo y perentorio de poder salir por cualquier calle o territorio, abordar un transporte cualquiera, sin temor a ser agredida o violentada, pudiendo vestirse como se sienta cómoda y sin por ello ser acusadas de “provocadoras”, o cómplices de la violencia machista, como una vez más las acusan desde el poder, en esta ocasión por boca del presidente de Chile Sebastián Piñera, quien no se sonrojó al sentenciar: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas”.

 

Fotografía: Sebastián Navarrete Aldana
 

En el mundo

Estas reivindicaciones, similares para multitud de sociedades, también tiene particularidades, y en este 8 de marzo miles de mujeres alzan su voz para dejar testimonio de ello, para recordarle al poder que soportamos un modelo social que debe llegar a su final, ojalá más pronto que tarde.


En España, por ejemplo, reclaman que “La prostitución debe ser reconocida como violencia machista. La industria sexual es hoy una multinacional del crimen. La verdadera “teoría del porno” es la misoginia. El alquiler de mujeres (para gestación) para la compra venta de seres humanos es un atentado a la igualdad y a los derechos de filiación de madres e hijos”, como lo deja en claro el Movimiento Feminista de Madrid en manifiesto que leerá en esta fecha histórica


Manifiesto en el que también asientan: “Todas las violencias machistas son expresiones de una misma ideología de odio. El aumento de las denuncias por violación (en España) en un 49% en el último trienio obliga a dar respuestas. En las 177 agresiones sexuales múltiples registradas desde 2016, se han identificado, al menos, 141 menores entre los agresores. Casi un 40% de las víctimas era menor de edad”, anota su manifiesto.


Por su parte, las Comandantas y Coordinadoras de Mujeres Zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln), se unirán el 9M a un paro nacional de mujeres en México; en su comunicado del 1 de marzo de 2020, escribieron:


“Lo que dicen (machitos y machitas patriarcales) es que para todo hay que pedirle permiso al mal gobierno o al patrón, hasta para sobrevivir. Porque así está de cabrona la cosa, compañera y hermana, que las mujeres en México y en el mundo están sobreviviendo. O sea, viviendo con miedo. Y eso no es vivir, sino apenas es no morirse […] hasta que nos asesinen o nos desaparezcan, y todo con una violencia terrorista”.


Las altísimas cifras de feminicidios en México es sobrecogedora, unas 10 mujeres asesinadas al día, estadística arrojada por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) ha sido otro de los motivos que ha prendido la mecha para el paro nacional de mujeres que tomará forma este 9M.


En relación con esto el comunicado de las mujeres indígenas del Ezln precisa: “La lucha por la vida es esencial a toda la humanidad, y no necesita el permiso de nadie porque lo traemos en la sangre. Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte. Si se enteran de otra asesinada, primero preguntan de qué color es su piel, su partido, su religión: y según si es su contrario pues entonces mal hablan, pero no de los asesinos, sino de la mujer víctima”.

Memoria

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, como se recordará, fue declarado como tal en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas en memoria de los incendios de las fábricas textiles desatados a principios del siglo XX, uno de ellos –fábrica Triangle, en la ciudad de Nueva York– donde murieron más de 140 mujeres trabajadores . Además de costarles la vida, esa tragedia permitió que se vieran muchas de las desigualdades laborales en las que trabajaban aquellas mujeres, en su mayoría inmigrantes. Algo no muy distinto a lo que vive el mundo hoy, cuando el mundo está sacudido por miles de miles, en su mayoría mujeres, que migran en busca de un mejor presente y futuro para ellas y para los suyos, siendo detenidas en las fronteras, separadas de sus hijos, violentadas, y cuando logran cruzar las fronteras obligadas a trabajar de manera ilegal, con sueldo aún más inferiores, sin garantías laborales, sometidas a jornadas de más de 8 horas de labor diaria, intimidades con ser denunciadas a la policía si se quejan o reclaman, sin derecho, por tanto, a sindicalizarse y luchar contra el patrón. Una realidad no superada y, por tanto, otro de los motivos que ondea las banderas feministas por todo el mundo.

Si bien un momento clave de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia fue, como lo anotó Miguel Concha en reciente artículo sobre el 8M, que: “en 1791, cuando Olympe de Gouges cuestionó el triunfo de la "igualdad" de la Revolución Francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. La feminista francesa exigió la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso a la igualdad fiscal, así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico.  Como dijera ella, si somos iguales ante la guillotina –es decir, ante la muerte– ¿por qué no lo somos en los demás temas de la vida?


Las luchas feministas han conquistado muchos de los derechos que llevan peleando desde la época de Olympe de Gouges, pero muchos otros que reclamó la francesa todavía quedan por lograrse en los terrenos políticos, laborales y sexuales. Así como la francesa murió en la guillotina por pelear por sus derechos, otras miles de mujeres valientes, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos también mueren en la actualidad al rebelarse contra la injusticia social, la segregación, la violencia, etcétera. Pero este 8M se convierte en otro día más donde se fortalecen y unen más guerreras para seguir el legado de quienes han brindado su vida por algo que la sociedad patriarcal aún les adeuda: la igualdad en todos los planos y en todos los momentos.

Es una lucha que viene desde siglos atrás y que tiene a su haber triunfos pero también muchos objetivos por concretar, transformando por su conducto la cultura patriarcal dominante y, con ello, uno de los soportes del sistema socio-económico hoyimperante. Una lucha en la cual el poder deberá reconocer que la mujer ya no es "fábrica" de hijos, que para ellas el sexo no es procreación, como por tantos años lo impuso la Iglesia católica, y como ahora lo pretende Nicolás Maduro para una sociedad como la venezolana, un presidente que se dice de izquierda y sin embargo asume a la mujer como un instumento del Estado, cosificándola, borrando de un plumaso años de lucha y conquistas, con su espantoso llamado "a procrear", a que cada una tenga "6 hijos para la patria"!

Esta es una realidad que recuerda que el Día Internacional de la Mujer tiene un doble carácter: el enfoque como un problema de género, que involucra a todas las mujeres sin excepción alguna, y como un problema de clase, de las mujeres trabajadoras, que involucra a todas las mujeres asalariadas, oprimidas y explotadas por el capitalismo y sus gobiernos, como lo recuerda Edgar Ospina Duque en su artículo “Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora”.

El encuentro de la mujer trabajadora, doblemente explotada, con el resto de su género, debe ser un reto y meta para ahondar la lucha que hoy sobrecoge al mundo, en especial en América Latina, donde las mujeres están constituidas en cabeza de la lucha contra el Estado capitalista y contra la sociedad patriarcal. Una lucha en la cual buscan y deberán encontrar el brazo solidario de los hombres, sin enajenación de ningún tipo, para entre ambos, como un solo cuerpo, darle paso a la justicia total en la sociedad toda.

 

 

1. Leer informe Observatorio de Feminicidios Colombia: http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/412-571-feminicidios-en-colombia-en-el-ano-2019

2. Leer Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral - Históricos- en el mes de febrero 2020: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_rueda_prensa_ene_20.pdf

 

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Antioquia y el aumento de los feminicidios

Abril 17 de 2018, en tres meses y medio transcurridos de este año los casos de mujeres maltratadas, abusadas y asesinadas por sus parejas son cada día más naturales en Medellín y el resto del departamento de Antioquia. Los hechos dejan en entredicho la gestión y las medidas tomadas por las autoridades responsables de la políitica de género, como la dirigencia del conjunto de la Alcaldía de Medellín, medidas claramente insuficientes y autoridades incompetentes. Los derechos de las mujeres al garete.

 

Cada lunes, medios oficiosos que se lucran del amarillismo como el Q’Hubo, “inmortalizan” en sus primeras planas los rostros de las niñas, jóvenes y mujeres que durante el fin de semana perdieron la vida bajo condiciones adversas –según relatan–; en sus páginas internas, quienes escriben las notas, tratan de justificar las acciones violentas anunciadas. Los titulares y el desarrollo de las noticias se quedan en afirmar que los responsables fueron sus ex o parejas actuales, amantes, familiares y amigos, todos aquellos, hombres que corresponden con el prototipo violento y agresivo de la masculinidad.


De acuerdo con Patricia Luli Fontana, directora de la Corporación Vamos Mujer, “solo para los primeros meses de 2018 estamos hablando de 204 homicidios de mujeres tal como los llama Medicina Legal […], entre estos hay 26 niñas. Antioquia es uno de los departamentos que está presentando un aumento de feminicidios, este año tenemos 40 casos, 9 de ellos en la ciudad de Medellín y los otros 31 se ubican en las zonas nordeste, suroeste y Valle de Aburrá”.

Durante el 2017 solo en Medellín se registraron 61 feminicidios. De acuerdo con el informe “Situación de Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín”, el año anterior se registró un incremento de 22 mujeres asesinadas en comparación con los casos del 2016. Pero la problemática radica en que solo 32 de los 61 asesinatos fueron catalogados por las autoridades como feminicidios. El informe también destacó las comunas que presentaron mayor violencia intrafamiliar en el 2017, correspondiendo a los barrios de más bajos recursos (ver imagen 1).

 

Imagen 1. Comunas con mayor número de casos de violencia intrafamiliar.

 

 

Naturalización del feminicidio

Para Patricia Luli, en el caso puntual de Antioquia, no cree que “sea más o menos machista, evidentemente hay unas construcciones antioqueñas que refuerzan todos estos prototipos y estereotipos de varones machistas, donde hay una exacerbación de la virilidad por el lado de varones fuertes, varones violentos y agresivos, que resuelven la vida de cualquier manera y que muestran su masculinidad a través de la fuerza y de la agresión”.


La naturalización del feminicidio que resalta en el departamento lleva a reforzar la idea de que la mujer es propiedad del hombre, que es la responsable del cuidado del hogar y debe permanecer sumisa. La directora de Vamos Mujer afirma que muchas funcionarias y funcionarios cuando atienden casos de violación al derecho de la mujer hacen recomendaciones para que la víctima no provoque la acción violenta de su victimario.


Mujer= cifras y presupuestos

La naturalización del feminicidio en Antioquia constituye uno de los obstáculos más complejos a los que diariamente se enfrentan las organizaciones feministas presentes en el departamento. La construcción de nuevos imaginarios encaminados a la transformación de la sociedad, desde la igualdad de género, se dificulta cuando se habla de sociedades machistas tan fuertes que más allá de naturalizar las prácticas machistas, las hacen costumbre.


Ante la violación de los derechos de las mujeres en el departamento, las alcaldías, la gobernación y las autoridades crean distintas estrategias para proteger, apoyar y acompañar a las niñas, jóvenes y mujeres víctimas, sin embargo, la tarea les queda grande. De acuerdo con Valeria Molina, funcionaria de la Secretaria de la Mujer, para el 2018 la ciudad de Medellín cuenta con un presupuesto más alto que el obtenido el año anterior, para poner en marcha planes de acción en beneficio de las mujeres, pero lo que no se dice es que desde el mandato de Federico Gutiérrez, los presupuestos son transversales, es decir, la Secretaría de la Mujer cuenta con un presupuesto que también puede ser el de otras secretarías, que en términos cuantitativos solo significa que los recursos son menores.


Desde la experiencia que tiene Vamos Mujer, han evidenciado que el Estado permanentemente informa del número de casos de violencia contra la mujer que atienden en el mes y en el año, para los funcionarios representa un gran logro la atención de más de 8.000 mujeres, pero ¿cuántas de estas logran transformar y salvar sus vidas gracias a la gestión del gobierno? Estos datos no son tenidos en cuenta, ni siquiera una entidad como la Fiscalia lo sabe, y de manera descarada envía citaciones de entrevista para las víctimas, cuando estas ya fueron reportadas como asesinadas.


El error radica en que las mujeres, niñas y jóvenes son solo cifras de casos reportados, pero no hay resultados que demuestren las garantías de derechos que recibieron, lo que hace la tarea feminista más complicada, pues los presupuestos no alcanzan para cumplir con los estándares numéricos que exigen las autoridades y las alcaldías, y mucho menos su labor se agota con tan solo reportar el caso; “por eso nuestro trabajo está todo el tiempo tratando de interrogar esas construcciones sociales que generalmente generan estas brechas de desigualdad y cada vez tener mayores violencias y expresiones de violencia más exacerbadas […]. Nosotras queremos que realmente el Gobierno y el Estado construyan programas que resuelvan y garanticen el derecho de las mujeres, vamos por eso, no vamos por menos”, afirmó Patricia Luli a desdeabajo.

 

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Feminicidio: el castigo a las insumisas

Reexaminar la crisis de las masculinidades patriarcales, en el contexto de una sociedad neoliberal, para entender cómo se pasó en seis décadas, de abusar, manosear y violar a las niñas y jóvenes en el ámbito privado a torturarlas y asesinarlas como una forma de escarmiento.

 

Cuando yo era todavía una niña, entre 1960 y 1970, se nos inculcaba el miedo a los hombres: se nos advertía que tuviéramos cuidado porque podían hacernos daño y que dependía de nosotras, por pequeñitas que estuviésemos, que no nos ocurriera nada malo: el peligro, por supuesto se relacionaba con el sexo y nuestra responsabilidad era ser virtuosas, recatadas, no vestirnos, ni hablar, ni actuar en una forma que desatara ese demonio irrefrenable que ellos tienen entre sus piernas.

 

Compartí, por aquel entonces, juegos con muchas niñas que no hicieron caso de esas advertencias, las más pobres de mi vecindario. Como consecuencia, ellas iniciaron una larga serie de gestaciones a partir de su primera menstruación: se marchitaron antes de haber florecido, ninguna terminó sus estudios primarios, ni el bachillerato y quedaron sometidas a un hombre que las golpeaba y las fue hundiendo en la miseria material y espiritual. Casi en todos los casos, sus hijas y aún sus nietas repitieron esa historia.

 

A pesar de todo, con algunas de ellas seguíamos jugando y correteando durante un buen tiempo de esa niñez trunca. Pero, como una pompa de jabón, su retorno a la irresponsable felicidad de la infancia se desvanecía a las 5 de la tarde cuando se acordaban de sus deberes y corrían a sus miserables viviendas a freír unos patacones, carne o huevo, cocinar de carrera un arroz, porque llegaba “él”, ese ser todopoderoso, dueño de sus corporalidades y sus vidas, a quien ni siquiera se atrevían a llamar por su nombre.

 

A estas chicas, cuando andaban en los retozos amorosos y se metían en los rastrojos con sus compañeros, se las trataba de vagamundas y putas. Pero tan pronto como el resultado de sus “vagamunderías” empezaba a abultar los casi infantiles vientres, en el barrio adquirían una nueva respetabilidad y consideración. Inclusive recolectábamos dinero para ayudarles con ropa y dotación para su hija o hijo por nacer. Estos extraños virajes del sentir colectivo me generaron siempre muchas dudas y cavilaciones.

 

Salí ilesa de esas primeras pruebas. En primer lugar lo atribuyo a mis lecturas: devoraba biografías de Madame Curie, de Juana de Arco y, debió tener mucho peso la más “perniciosa”: la vida de la famosa Catalina la Grande de Rusia con su séquito de amantes, un modelo de feminidad que, por lo prohibido, era sumamente sugestivo, hay que reconocerlo. Una segunda protección era por supuesto, el capital cultural y el apoyo familiar, gracias a los cuales me fui procurando un proyecto de vida en el cual nunca estuvo como prioridad llenarme de hijos e hijas y reproducir el ciclo de la miseria. Un tercer aspecto: gracias a mi mala costumbre de estar metida donde no debía –y recuerden que las niñas y niños pequeños no son tontas ni tontos–, me fui enterando de las muchas desgracias y abusos que padecían aún las señoras “buenas” decentes, trabajadoras, madres abnegadas, casadas por la Iglesia.

 

Y finalmente, la intensa participación comunitaria que empecé a desarrollar con la Junta de Acción Comunal, me introdujo en compromisos y tareas relacionadas con las injusticias sociales y el abandono de nuestra comunidad por parte del Estado. Destaco estos cuatro elementos, porque, quienes nos ocupamos de apoyar las ciudadanías de las niñas pertenecientes a comunidades con menos recursos, hemos concluido que aquellas que incursionan en el liderazgo y ejercicio ciudadano, acceden a un mínimo de capital cultural, tienen como heroínas a mujeres científicas, artistas, pensadoras, leen buena literatura y reconocen las historias de sus ancestras, están más protegidas frente al embarazo adolescente, al matrimonio o unión marital temprana, culminan con éxito sus proyectos educativos y tienen mayor posibilidad de elegir su proyecto de vida con más libertad.

 

Este recuento me permite identificar dos elementos que perviven en la actual cultura cotidiana y se relacionan con los asesinatos brutales de niñas y mujeres: el primero, es que la sociedad descarga sobre las niñas, desde la primera infancia, la responsabilidad de controlar la sexualidad masculina, convirtiéndolos a ellos, que están en las mismas edades (y aún si son mayores que ellas) en potenciales predadores y abusadores sexuales consentidos, tolerados y permitidos por su entorno familiar, el grupo de amistades, el ámbito educativo y el ámbito laboral: el más visible y reciente ejemplo de esta forma de educar a los varones, es el feminicida de Yuliana Samboni, el arquitecto Francisco Noguera Uribe, quien la violó, torturó y asesinó. Luego vendrían Sarita y una lista que por desgracia crece cada día y que incluye también a un varoncito de corta edad. Esas son las muertes visibles. Sin embargo, como denunciaba el periódico El Tiempo el 8 de marzo de 2017, para el año anterior, 6.265 niñas entre 10 y 14 años (el 41,53% de los casos de mujeres víctimas de violencia sexual) y 3.178 niñas entre 5 y 9 años (el 21,07% del total de mujeres víctimas de violencia sexual ) fueron sometidas a este flagelo en el año 2016.

 

El segundo elemento, es la hipervaloración de la maternidad y su imposición como un mecanismo de control y explotación de las mujeres. En la Colombia del siglo XX, como en la del siglo XXI a las niñas, desde su primera infancia, mediante juegos infantiles, se las confina a la función materna y doméstica. La ropa, las palabras, su entorno de crecimiento y desarrollo no las conducen al amor por el deporte, al arte, la política y la ciencia. Al fin de cuentas, para esta sociedad una mujer que no es madre, es una mujer incompleta. De tal manera que las van formando como personas sumisas, subordinadas, pacientes, abnegadas y, sobre todo, dispuestas a despertar el deseo sexual, Se las prepara para ser victimizables.

 

Así, que aunque parezca raro y no precisamente porque a las niñas y jóvenes les haya gustado, desde tiempos inmemoriales muchos tíos, primos, papás y aún hermanos y hermanastros y otros allegados, han manoseado y violado a las niñas y las jóvenes, al abrigo supuestamente protector de la familia patriarcal –enfrente de mamás distraídas o cómplices–. Este siempre fue un secreto entre mujeres, de eso no se hablaba, a algunas les decían que tuvieran paciencia y que no dañaran a su familia. Esta es una realidad. Las que se atrevían a romper el mandato del silencio, sufrían el grave castigo del repudio de sus familias.

 

A pesar de estos maltratos y abusos sexuales, a las niñas y las jóvenes no las asesinaban con la crueldad y sevicia, ni desde tan pequeñas, como ocurre en esta segunda década del siglo en curso.

 

Ante la crisis de las masculinidades patriarcales, se acude al feminicidio

 

Encontrar el factor desencadenante de esta violencia resulta de gran complejidad y de vital importancia. Rita Laura Segato, antropóloga argentina y estudiosa del tema, plantea que las violaciones y agresiones sexuales pretenden castigar a las mujeres por los avances que han conseguido ya que estos ponen en entredicho el control de los varones.

 

En efecto, desde los sesenta, el feminismo, en distintas vertientes y modalidades, ha realizado una lucha contrahegemónica frente a la imposición de una única manera de ser mujer. Las conquistas de los feminismos han obligado al Estado colombiano a comprometerse con la prevención, sanción y eliminación de las violencias contra las mujeres.

 

De tal forma, que en 1981, durante el gobierno de Turbay Ayala, se formuló Ley 051 de 1981, como la primera norma interna mediante la cual el país suscribió la “Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer” (Cedaw por sus siglas en inglés). En 1991, luego de una gran movilización de las organizaciones de mujeres y de los feminismos, se consiguió la inclusión de cuatro artículos en la nueva Constitución Política con base en los cuales se crearon las primeras políticas públicas nacionales e integrales a favor de las mujeres. En ese proceso, se han producido un conjunto de normativas e instituciones, algunas de ellas dedicadas específicamente a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, como la Ley 1257 de 2008 y más recientemente, una política específica para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Hay que advertir que la mayoría de estas normas han quedado convertidas en pura fantasía, como afirmó recientemente una abogada de la Secretaria Distrital de la Mujer: no se cumplen.

 

Además, a pesar del surgimiento de programas y entidades consagradas a promover los derechos de las niñas liderados por las organizaciones y plataformas de mujeres y por la ONU Mujer (el organismo de Naciones Unidas responsable del tema), y aunque se han conquistado derechos, se ha avanzado en el control de la fecundidad y en nuevas formas de ser mujer, el modelo sociosexual propio del patriarcalismo sigue controlando la sexualidad, la capacidad de sentir placer y de dar vida de las mujeres. Todavía sus ciudadanías están constreñidas por el poco control de su corporalidad como primer territorio de decisión, de disfrute y de libertad, y porque viven amenazadas tanto en la vida de familia y pareja, como en los barrios y veredas, en los campos y en las ciudades.

 

Los violadores, como muestran estudios, en ningún caso buscan obtener placer sexual: desean ejercer poder y someter a la víctima, demostrar que pueden hacer lo que quieran con otra persona –mujer casi siempre–, colocada en estado de indefensión. Esto queda muy claro en el caso de seis violadores que recientemente, en las fiestas de San Fermín en España, sometieron a toda clase de vejaciones sexuales a una joven viajera y luego mostraron la “prueba de su virilidad” a través de las redes sociales. Guarda también mucha similitud con los casos de víctimas de violaciones cometidas por grupos de varones que actúan como “manadas” en la India, en México o en Argentina, porque esta forma de violencia no se limita a las fronteras de un país ni de un continente, se ha convertido en una pandemia machista. En Colombia, sin llegar a la violación y al asesinato, estudiantes de la Universidad de los Andes sometieron a una profesora a matoneo por sus opiniones rebeldes y por ser feminista. Ahora, en algunos medios estudiantiles, como en la Universidad Nacional, se tilda de feminazi a las jóvenes o adultas que expresen opinión propia, o exigen ser respetadas.

 

¿Cómo colocarle un dique definitivo a esta realidad prolongada en el tiempo? ¿Cómo lograrlo si sabemos que el violador no es un enfermo mental, ni un desviado sexual y por lo tanto, elevar las penas no resuelve el problema? Para lograrlo, uno de los primeros retos es el de reconceptualizar la violación y el feminicidio, lograr que la sociedad y el Estado reconozcan que este tipo de comportamiento macho hace parte de los mecanismos de control y disciplinamiento de las mujeres que atenten o se salen de las imposiciones de la masculinidad patriarcal y de la heterosexualidad.

 

Este es un reto inmenso que se enfrenta a una carga cultural de siglos, sostenida y legitimada por un sistema social donde el hombre providente, jefe de hogar, quien tenía asegurado el derecho al mejor plato de comida y a su placer sexual, cuando quisiera, como quisiera y por donde quisiera, está en vía de extinción. Al mismo tiempo y como parte de ese modelo social, la crisis del orden sociosexual global, que es patriarcal, capitalista heterocentrado y racializado, solo reconoce como sujetos válidos a quienes tienen determinados niveles de consumo: usan zapatos de marcas costosas, perfumes y ropa cara, carros de alta gama, casas lujosas y por supuesto, tienen hermosas modelos como esposas o compañeras: es el modelo Trump. El patriarca moderno debe pertenecer o buscar parecerse a la etnia hegemónica, despreciar a la gente pobre, a los desplazados e inmigrantes y sobre todo, debe curar el dolor de identidad /subjetividad lastimada, hiriendo a las más vulnerables: las mujeres, las jóvenes y las niñas.

 

Si no lo logra lo llamarán “perdedor”, necesitado de confirmarse ante los otros patriarcas, no le anima el deseo sexual o la búsqueda de placer, sino la decisión de comprarse unos minutos, unas pocas horas de poder, agrediendo, amenazando, chantajeando, violando y matando a las mujeres. Como señala Segato, buscan castigar a las insumisas, a aquellas que se creen libres, para que todas recuerden que deben obedecer el mandato impuesto a las mujeres por el orden global y por cada varón que siente amenazada su masculinidad patriarcal.

 

* Investigadora, cofundadora de la Colectiva Feministas Emancipatorias.

Publicado enEdición Nº235
Viernes, 24 Marzo 2017 06:30

El diablo en el cuerpo

El diablo en el cuerpo

Si alguien quiere imaginar un lugar remoto de Nicaragua, perdido en la incierta geografía de las selvas de la costa del Caribe, no hay mejor ejemplo que El Cortezal. Para llegar hasta allí, el periodista Carlos Salinas tuvo que hacer un viaje de cuatro horas desde el mineral de Rosita, donde no hay aeropuerto, a bordo de una camioneta que debía capear zanjas y piedras, y luego tres horas más a pie, a veces atravesando ríos, en media montaña. Aquí fue donde literalmente el diablo perdió el poncho.

Me he encontrado con esta historia, que trata precisamente del diablo, al volver al país tras varias semanas de ausencia. Vilma Trujillo, una campesina de 25 años, habitante de aquella comunidad lejana, fue quemada viva el pasado mes de febrero por el pastor de la Iglesia Misión Celestial, Juan Gregorio Rocha, de 23 años, y varios cómplices, entre ellos dos hermanos suyos.

Fueron a sacarla de su casa para someterla a un rito de sanación, ya que la declararon poseída por el demonio: veía visiones, y hablaba incoherencias. La llevaron secuestrada a la casa pastoral, donde la encerraron amarrada de pies y manos, y así la mantuvieron durante seis días. No la liberaban ni para hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que se defecaba y orinaba encima.

Mientras tanto, en el templo de la congregación, calle de por medio, el pastor y los fieles oraban para librarla del dominio de Satanás. Entonces, una de las devotas escuchó una voz con un mandato divino. Nada de aquello era suficiente, y era necesario purificar a la endemoniada en la hoguera. Muy expedito, el pastor mandó a recoger leña. Amarraron a su víctima a un tronco, y antes de que amaneciera la lanzaron desnuda al fuego. La muchacha empezó a arder, entre espantosos alaridos.

El pastor no cabía en sí de alegría: "¡Ya se va a morir y va resucitar! En cuanto se muera la metemos en la iglesia y la vamos a entregar a Dios, y va a estar sana", exclamaba. Luego, moribunda, fueron a botarla a una cañada. Las quemaduras habían abrasado su piel y órganos vitales, y nada se pudo hacer ya por ella.

En El Cortezal, donde no hay ninguna escuela, el pastor Rocha era la autoridad suprema, jefe de policía, juez de instrucción y de apelación, exorcista, brujo, director espiritual, carcelero y verdugo. Todos los vacíos del poder del Estado y del poder social en aquella remotidad los llenaba él solo. Y también fungía como juez moral.

Porque Vilma fue quemada bajo acusación de adulterio. Tenía el diablo en el cuerpo y sólo el fuego podía purificar su carne. Uno de los cómplices lo explica: "el demonio que se había apoderado de la mujer era de adulterio. Ella cometió un error y ante Dios falló porque ella tenía su compañero de vida, y cometió error con otro hombre y se estaba pasando por cristiana sometiéndose a ayuno, y seguro Dios la castigó de esa manera y se endemonió".

Y el marido de Vilma, Reynaldo Peralta Rodríguez, quien se hallaba haciendo trabajos agrícolas lejos de El Cortezal durante todo el tiempo que duró el auto de fe, lo confirma: "para mí, mi mujer no estaba endemoniada; lo que le hicieron fue una brujería, porque ella tomaba un remedio que le dio un hombre, quien ahora la familia de Vilma me contó que la había violado y desde que comenzó a tomar eso cambió un poco conmigo".

El manto oscuro de la ignorancia lo cubre todo, y bajo la ley del fanatismo religioso, los jueces morales abundan siempre, sean analfabetos o letrados. Los pecados de la carne tienen que ser castigados de manera ejemplar para imponer la recta conducta social. En los Evangelios, el primero que se alza contra la lapidación con que eran castigadas las adúlteras es Jesucristo.

El demonio de la concupiscencia tiene preferencia por el cuerpo de las mujeres "locas de su cuerpo", que pagarán su delito moral en las hogueras en la Edad Media, como Vilma, o llevando la A de adúltera cosida al pecho, como en la sociedad puritana de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Es lo que narra Nathaniel Hawthorne en su espléndida novela La letra escarlata, la historia de Hester Prynne, una casada infiel obligada a proclamar ella misma su pecado exhibiendo aquella señal infamante.

El Cortezal no es más que un escenario primitivo de la represión social que sigue viva en América Latina contra las mujeres transgresoras. Y el demonio continúa siendo el terrible pretexto de la represión contra las mujeres, que son las que abundan en ese imaginario perverso. De hombres quemados vivos por pecados de la carne, entre ellos el adulterio, son pocas las noticias.

Uno de los jerarcas de las Asambleas de Dios, a la que pertenece la Iglesia Misión Celestial, declaró en la televisión que en el aquelarre que culminó con el asesinato de Vilma se dio una "intervención demoníaca" y la situación se salió del control de los inquisidores rurales; el pastor Rocha carecía de "conocimientos teológicos" y su ingenuidad lo privó de buscar asesoramiento de parte de un líder cristiano.

Uno no puede dejar de preguntarse: ¿qué clase de asesoramiento necesitan unos fanáticos, extraviados en la ignorancia, para sacarle el diablo del cuerpo a una pobre mujer indefensa? Para otro de los pastores de la congregación, "lo que ocurrió ahí fue un exabrupto, un manejo inadecuado de la situación". ¡Un exabrupto!

Y el presbítero de las Asambleas de Dios para el Caribe nicaragüense dice que la intención del pastor de la hoguera y sus cómplices de asesinato "era buena". Sin embargo, "al inmiscuirse la extraña voz" que ordenó purificar a la posesa en la hoguera, "el resultado fue la muerte". Un error de interpretación.

La extraña voz. La voz que ordenó quemar viva a Vilma Trujillo. A través de los siglos, la ignorancia de analfabetos y letrados sigue oyendo esa misma voz.

sergioramirez.com

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Miércoles, 07 Diciembre 2016 17:19

Ciudadanía reclama justicia por Yuliana

Ciudadanía reclama justicia por Yuliana

El domingo 4 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el barrio Bosque Calderón de la localidad de Chapinero, Yuliana Andrea Samboní Muñoz, de apenas 7 años, fue raptada por un hombre que conducía una camioneta Nissan de color gris. Ese mismo día, en horas de la noche, fue encontrada por la Sijín, sin vida, con señales de abuso sexual y de haber padecido violencia corporal. La ciudadanía indignada exige un castigo ejemplar para Rafael Uribe Noguera, arquitecto, integrante de una familia adinerada de Bogotá.

 

El día apenas despuntaba y las noticias ya indicaban que no sería uno bueno, ni un buen inicio de semana. No porque el clima fuera a dificultar la movilidad, ni porque los trancones estuvieran en Bogotá por fuera de lo normal. No. Los hechos eran en realidad gravísimos. Ni el día ni la semana serían buenos por algo que en realidad superaba toda aquella violencia e irrespeto de los derechos humanos que día tras días afecta a las niñas y niños de nuestro país: ¡una niña había sido secuestraba, violada y asesinada!

Aunque en nuestro país la violencia contra las mujeres, el feminicidio, es pan de cada día, violencia facilitada por la estructura patriarcal en que está sustentada la sociedad colombiana, y la impunidad en que muchas de las denuncias interpuestas por violencia sexual, violencia física, opresión, sometimiento, terminan sepultadas, la noticia con que despertó el lunes 5 de diciembre rompía todas las razones: una niña de escasos 7 años de edad que había salido con su familia del Cauca, desplazados, en procura de un mejor presente y futuro, había terminado sus días, de manera pronta, bajo el despropósito sexual de un pedofilo que encubierto en su poder económico se creía en posición de poder hacer y deshacer, como si su ascendencia familiar así lo permitiera, como si aún estuvieramos en la Colonia: ¿un reflejo de la extrema división clasista que padece nuestro país?

Trágico domingo

Temprano en la mañana del domingo, Yuliana jugaba con su primo en frente de su casa, ambos desprevenidos, felices e inocentes de la tragedia que aguardaba. Jugaban, compartían, cuando una caminoneta gris se detuvo a un lado de la calle, su conductor habló con los pequeños, con engaños hizo que se acercaran al vehículo y sin titubear apresó del brazo a la pequeña, empujó al niño y subió a Yuliana a la camioneta. De inmediato emprendió la huida.

Mientras el carro salía del barrio Bosque Calderón, el primito de niña raptada, seguía allí, asustado, sin entender lo que ocurría; de su casa de habitación sale Nelly, la madre de Yuliana, con un balde en busca de agua, quien le pregunta por la hija que no ve; el pequeño sólo atinó a decir que se la habían llevado en una camioneta blanca. El shock en que entró doña Nelly fue inmediato, pese al cual avisó a su esposo y a su cuñado, para de inmediato empezar a buscar el vehículo en los alrededores, al no dar con el cual se dirigieron a dar aviso de lo sucedido a la policía.

En respuesta al llamado, el Gaula inició la búsqueda de la niña. Gracias a los testimonios de algunos vecinos que atisbaron la camioneta, revisan las cámaras de seguridad existentes en algunos locales, las que les brindan pistas. El rastreo da resultados, y a las 7:30 de la noche unidades del Gaula llegan al lugar de residencia de quien conducía el vehículo, donde encuentran el cadáver de Yuliana escondido en la pieza de máquinas de un gran yacuzzi. Los rastros de lo padecido por la niña son inocultables, así lo hubieran lavado.

El sindicado no se encontraba en el lugar de los hechos, ya había emprendido su huida para darle forma a la que sería su coartada, no para esconder el crimen, sino para evadir su culpa. El agresor fue llevado la clínica Monserrat, un reclusorio médico para enfermos mentales donde fue rechazado, por lo cual es trasladado e internado en la Clínica Vascular Navarra. El dictamen dice que estaba afectado por una sobredosis de cocaína y aguardiente que le provocaron espasmos en el tórax y le dificultaban la respiración.

Según el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Yuliana fue estrangulada y sofocada por su agresor hasta perder la vida. Cuando su familia fue notitifada del trágico descenlace el impacto fue tal que su madre tuvo que ser hospitalizada y puesta bajo observación médica.

El sindicado por estos crímenes fue capturado el día lunes 5 de diciembre mientras estaba internado en la clínica, el martes 6 fue trasladado a los calabozos de la Sijín y el día 7 terminó en la penitenciaria La Picota

El victimario y la víctima

Las horas pasaban, el día dejaba atrás la lluvia del fin de semana, y sin embargo la salida del sol no animaba el lunes ni el inicio de semana. No era para menos, con el paso de las horas era mucho más claro que estabamos ante “la tapa” de los femenicidios, así apenas unos días atrás Dora Lilia Gálvez hubiera muerto producto de los actos violentos que tuvo que padecer, violada, empalada, torturada. Violencia sexual, machista, criminal, que no logra ocultar ese otro tipo de violencia, negadora de todo tipo de derechos humanos –el hambre, la exclusión– por el cual cientos de niños y niñas mueren en la Guajira, en el Chocó, en la amozonía, pero también en ciudades capitales del llamado “centro” del país. Violencia contra miles de familias empobrecidas y negadas por quienes tienen más, beneficiarios, cercanos o dentro del circulo del poder que ha determinado la Colombia que tenemos y padecemos, familias que siguen acumulando, excluyendo, bajo la creencia de que todo lo pueden.

Así, con la memoria fresca por el horror que debió vivir Dora Lilia, o el dolor que padeció Rosa Elvira Cely quien corrió con la misma suerte. Con la memoria fresca de estos sucesos que también habían “conmocionado al país”, así y todo estabamos ante un suceso que parece superar todo terror y toda posibilidad. Y así lo permitía concluir el paso de las horas, las características del violador, abusador, homicida, y la violada, abusada-asesinada, “vecinos de barrios”, aunque de clases totalmente opuestas.

Él, agresor, y posible homicida, habitaba en la carrera primera con calle 68, barrio Chapinero de Bogotá; ella, la víctima, violada y asesinada, habitaba en el barrio Bosque Calderón. Él, adulto, y según las informaciones que lo inculpan, pedofilo y violador; ella, niña, violada y violentada de diferentes maneras, hasta perder su existencia. Él, hombre adulto, habitante de un barrio rico de la capital del país; ella, niña-mujer, deplazada del departamento del Cauca, habitante de un barrio popular. Él, crecido en familia con todos los derechos; ella, apenas viviendo sus primeros años, luchando con su familia por el respeto a poder gozar de sus derechos.

La noche del lunes llega, la semana trascurre, la luz no brilla; por Colombia, sobre ella, se extiende una densa nube, gris, oscura, que impide gozar de las mieles de la vida. Tal vez, como un leve murmullo, las voces de protesta, la solidaridad espontánea suscitada por estos hechos, alcanzan a entrever una esperanza... ¿Irá esta solidaridad más allá de un hecho puntual? Si así fuera, el sol se sobrepondría.


Recuadro 1

Yuliana: niña indígena del Cauca.

Los padres de la niña son Juvencio Samboní y Nelly Muñoz, provenientes de Bolívar, un pequeño municipio al sur del departamento del Cauca. Llegaron a Bogotá hace cuatro años, los dos solos, pues dejaron a Yuliana mientras conseguían trabajo y se organizaban. Dos años después nació la hermanita, y ahora Nelly tiene cinco meses de embarazo.

Hacía pocas semanas se habían vuelto a reunir. La familia Samboní Muñoz vive con el hermano de Juvencio y su hijo, que tiene la misma edad de Yuliana. Los cuatro dormían en una sola cama, al lado el tío y su hijo, todos en un cuarto, en una pequeña casa por la que pagan 300 mil pesos. Habitaban en el barrio Bosque Calderón, un barrio improvisado, de calles angostas, muchas sin pavimentar e incrustado en la loma, en la zona marginal de uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.


Recuadro 2

Los delitos imputados a Uribe Noguera

En la orden de captura leída a Rafael Uribe Noguera, la noche del 5 de diciembre, le fue comunicado que los delitos por los cuales había sido capturado eran: feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento y tortura. Cuatro delitos por los que será llevado a los estrados para ser imputado y procesado en otro juicio hecho mediático por la gravedad de los hechos cometidos, la capacidad de los familiares del presunto victimario de manipular a la justicia y la atención que despierta el trámite judicial en la ciudadanía.

El primero de los delitos imputados a Uribe Noguera es el de feminicidio agravado* . El Artículo 104A del Código Penal colombiano establece que:

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses”.

A su vez el artículo 104B establece que:

“La pena será de quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de prisión, si el feminicidio se cometiere: [...] b) Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo”.

Para hacerlo acreedor de la pena estipulada por feminicidio la Fiscalía tendrá que probar que Uribe Noguera vulneró a la víctima con cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. ejerció sobre el cuerpo o la vida actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad; 2. cometió el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; 3. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Conociendo los hechos, no será muy difícil para el organismo probar este delito que otorgaría una condena máxima de 50 años al imputado.

El segundo delito imputado a Noguera es el de secuestro simple, que en el artículo 168 del Código Penal aparece tipificado como:

“El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El tercer delito es el acceso carnal violento, tipificado en el artículo 205 del Código Penal como: “El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”, además Uribe Noguera pudo haber incurrido en el agravante especificado en el numeral 7 del artículo 211 del código penal porque cometió al acceso carnal violento con una persona en situación de vulnerabilidad por su edad.

El último de los delitos que será imputado al victimario es el de tortura, tipificado en el artículo 178 del Código Penal como:

“El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior”.

*El feminicio fue adicionado al Cógido Penal colombiano por el artículo 2 de la Ley 1761 del 6 de julio del 2015, Ley Rosa Elvira Cely


Recuadro 3

Las reacciones frente al crímen y femenicidio

Estupor e indignación causó entre la ciudadanía este caso, al que en los últimos días le han dedicado enormes cantidades de tiempo al aire en medios audiovisuales y espacios virtuales asociados. El malestar se ha expandido generando manifestaciones de repudio en todo el país, ha permeado múltiples lugares siendo las redes sociales uno de los más destacados en cuanto a debate y opinión sobre el tema. Y es que este caso trae a la memoria otros crímenes repudiables en contra de mujeres.

Las discusiones versan sobre la pena que Rafael Uribe Noguera debe o debiera recibir por haber cometido el crimen. Proporcional a la indignación de cada persona son las propuestas de castigo a este individuo, capaz de canalizar todo el descontento y la frustración de una sociedad que desconfía abiertamente de la justicia, en un país en que la impunidad supera el 80 por ciento. Los colombianos no creen en la justicia y en la capacidad de ésta para vengar a las víctimas cuando las condiciones frente al victimario son tan asimétricas como en este caso, en que en palabras de Víctor de Currea Lugo la víctima: “Era niña, indígena, desplazada y pobre. Y el acusado es varón, rico y poderoso. [...]”.

Temerarios y violentos los “tratamientos” sugeridos por miles de ciudadanos en la redes sociales para Uribe Noguera. Desde su encierro a perpetuidad, hasta las más sádicas formas de tortura, contienen las propuestas de miles de colombianos que una vez más permiten asomarse a la luz los imaginarios de justicia y de castigo propios de estos redentores que en nombre del “bien” y “la razón”, pretenden igualar lo abyecto del victimario para vengar a la pequeña Yuliana. Se asoma por la esquina una vez más esa parte del YO que en tantos años en Colombia ha sido forjada entre plomo, violencia e infamias, esa porción de espíritu que nos ha permitido justificar grandes crímenes, llegar a regocijarnos con la barbarie cuando hemos creído que se encuentra justificada.

Por la pena de muerte claman muchos. ¿En realidad están interesados en darle la capacidad al Estado colombiano para que quite legítimamente la vida a ciudadanos? –de manera ilegitma lo han hecho a lo largo de muchas décadas–. Por la cárcel a perpetuidad imploran otros, pero ¿cuántos estamos dispuestos a tributar para que miles de ciudadanos encerrados sean alimentados, vestidos, vigilados, etcétera. por largos años? Ninguna de estas dos soluciones llevan consigo un gramo de reparación física o espiritual a las familias, ni a ésta ni a otra víctima martirizada. Un ser humano muerto, o encadenado eternamente, no constituye ninguna restauración ni honra ninguna memoria. Por otro lado, vale la pena preguntar: En las sociedades donde estas penas han sido usadas para castigar delitos, ¿tales delitos han dejado de presentarse?

Impedir que se den estos asesinatos, establecer sistemas de tratamiento médico y seguimiento a individuos potencialmente peligrosos debería ser el objetivo, pero esto se encuentra por fuera de toda discusión, hoy seguimos prefiriendo castigar que prevenir, volcar todas las propuestas al incremento de penas y ampliación de los delitos en una lógica típica al populismo punitivo, antes que presionar a los actores del sistema educativo y de salud para estructurar un sistema que hubiera permitido identificar tempranamente a sujetos como Uribe Noguera, y evitar que cometan este tipo de agresiones y asesinatos. Pero no, hoy los barrotes para “corregir” continúan como la alternativa exclusiva con la cuál el imaginario mismo de la sociedad indica que debe ponerse punto final a la más amplia gama de delitos que parecen multiplicarse ante las medidas coactivas orientadas a disuadir a los potenciales disruptores.

En la audiencia de imputación de cargos celebrada el día 6 de diciembre, Rafael Uribe Noguera se declaró inocente por los cuatro delitos que le fueron imputados. Ante lo contundente de la evidencia, se vislumbra que la estrategia de la defensa puede orientarse a argumentar la inimputabilidad del sindicado por enfermedad mental, y de esta manera lograr que la pena sea de menor cuantía o purgado en algún tipo de establecimiento de salud mental. A esto debe enfrentarse la Fiscalía. Mientras tanto la ciudadanía aguardará en ascuas a que opere la justicia, mientras otros esperaremos que el victimario sea obligado a restaurar de manera ejemplar a la familia de la víctima, y a la sociedad, y que este nuevo incidente llame la atención sobre la necesidad de prevenir, antes que lamentar y castigar.


Recuadro 4

Las cifras de la infamia

 

* Durante el año 2015 sufrieron abuso sexual en Colombia 7.648 niñas con edades comprendidas entre los 10 y 14 años, cifra de la que puede sacarse una frecuencia de 21 abusos por día.

* Los hombres también son víctimas de este flagelo, con 3.065 casos contabilizados durante igual año.

* Cada día se registran 18 partos en Colombia de niñas entre 10 y 14 años. Los padres superan a estas niñas en un promedio de 7 años.

* Se estima que en Colombia uno de cada 20 hombres ha tenido fantasías con niños y niñas, el 1 por ciento de la población sufre del trastorno de la pedofilia, por lo que en el país hay alrededor de 480.000 pedófilos que nadie sabe dónde están.

* Las cifras del Instituto Nacional de Salud documentan sesgadamente otro de los abusos en contra de los niños: aquellos a los que les han negado el derecho a alimentarse, y con esto el derecho a vivir. Para el Instituto solo han sido registradas 52 muertes por desnutrición infantil hasta la semana 47 del presente año, cifra ignominiosa pero bastante subvalorada si se tiene en cuenta el posible maquillaje de cifras de la institución (Consultar: “Muertes infantiles por desnutrición: Ocultar las cifras para tapar la infamia” en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29763-muertes-infantiles-por-desnutricion-ocultar-las-cifras-para-tapar-la-infamia.html)

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El día en que una mujer víctima de violación, tortura y empalamiento fue responsable de su propia muerte.

El 24 de mayo se conmemorarán cuatro años del brutal asesinato de Rosa Elvira Cely, sucedido en Bogotá. Su feminicidi adquirió especial relevancia el pasado 15 de mayo por cuenta del concepto emitido por la Secretaría de Gobierno capitalino en el cual la responsabilizaba a ella por su propia muerte. El rechazo a tal concepto no tardó, mítines y protesas tomaron cuerpo en la ciudad. El suceso sirvió para recordar, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, que en los últimos diez años se abrieron 34.571 procesos relacionados con feminicidio y solo han sido ejecutoriadas 3.658 condenas, lo que configura una impunidad del 90 por ciento. Según Martha Ordoñez, Consejera para la Equidad de la Mujer, cuatro feminicidios son cometidos al día en Colombia, 12 por ciento de ellos a cargo de sus parejas o sus exparejas..

 

El jueves 24 de ayo de 2012 a las 10 pm, luego de salir de clase, Rosa Elvira Cely aceptó tomar unos tragos con Javier Velasco y Mauricio Ariza, compañeros en el Colegio Manuela Beltrán, institución en la que cursaban estudios de validación de bachillerato. Horas más tarde Velasco, quien había tenido una relación sentimental con Rosa Elvira, se ofreció para llevarla hasta su casa pero desvió el rumbo y llevó a la mujer a inmediaciones del Parque Nacional, allí la sometió –golpeándola en la cabeza y asfixiándola–, para luego apuñalarla e introducir ramas de árboles en su vagina y su ano. Cinco días duró la agonía de Rosa Elvira Cely quien falleció por complicaciones producto del trauma craneoencefálico, una infección interna y las múltiples laceraciones de su útero e intestinos provocadas por el vil empalamiento a que la sometió su victimario.

Terrible historia la de esta mujer que además de la muerte violenta sufrida, durante su existencia debió soportar múltiples victimizaciones : Victima del sistema educativo y laboral colombiano pues no pudo culminar sus estudios de secundaria, otro ejemplo de las inequidades de género endógenas al sistema educativo nacional; además, ganaba 25.000 pesos diarios vendiendo minutos frente al Hospital Militar de Bogotá en un “empleo” precario; víctima de la violencia sexual y física de Velasco; víctima del sistema de salud, aquella fatídica noche agonizando logró comunicarse con la línea 123 a las 4:37 de la madrugada, la ayuda tardó 2 horas en llegar, luego fue trasladada al hospital más distante a la zona (Santa Clara) donde clasificaron su emergencia como Triage 2, por ello tuvo que aguardar en la sala de espera hasta que sufrió un paro cardíaco y solo entonces recibió la atención médica que necesitaba; víctima del sistema judicial pues su victimario, que había asesinado a machetazos diez años atrás a Dismila Ochoa, tenía un proceso vigente en la fiscalía 254 seccional que inició por una denuncia de Araceli Blanco quien lo acusó ante las autoridades de abusar de su hija de 11 años, tenía, además, orden de captura vigente desde el 2008 por golpear y abusar sexualmente de una prostituta a quien obligó a tener relaciones sexuales sin preservativos. Sin embargo solo recibió un tratamiento intramural psiquiátrico que no estuvo acompañado de ningún seguimiento, nunca fue capturado en cumplimiento de la orden judicial emitida, no fue detenido en su carrera delictiva por las autoridades del Estado, ni por la sociedad.

 

Una nueva victimización

 

Situación infame. Como si hubiera espacio para una nueva afrenta en contra de esta mujer, una nueva victimización vino a mancillar la majestad de su muerte y la dignidad de su memoria. La Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un concepto en donde interpreta que los terribles acontecimientos que desencadenaron en el asesinato de Rosa Elvira, eran “Responsabilidad exclusiva de la víctima”. Según el concepto todos los compañeros del colegio sabían que los implicados en el feminicidio tenían comportamientos raros y los “tildaban de malosos”, no obstante: “[...] lo anterior ROSA ELVIRA CELY salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos (así se registra en la historia clínica cuando se afirma que ingresa con aliento alcohólico), va a departir a un bar, se traslada en la moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos, sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en las noches. Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que JAVIER VELASCO le cercenó su existencia; si ROSA ELVIRA CELY no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la tarde, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

Abyecta causalidad. Resultó entonces que esta mujer era responsable de su propia muerte porque cometió la impertinencia de ir a tomar tragos con sus compañeros de estudio, por no irse desde el lugar de su estudio para su casa como suponen que toda mujer debería hacer, por irse a un lugar solitario, apartado y peligroso para las mujeres (como si hubiera que aceptar este discriminatorio determinante), por poner en riesgo con los anteriores factores de riesgo su vida. Insólita la mixtura entre lógica jurídica trastocada y percepciones machistas de los abogados de la Alcaldía que emitieron este concepto: siguieron la misma lógica de quienes endilgan a las mismas mujeres la responsabilidad de sus violaciones, abusos, vulneraciones verbales, violencias simbólicas, etcétera, por su forma de vestir, actuar, comportarse, de pensar.

No todo pudo ocurrir a espaldas de la administración distrital. Han pretendido convencernos que el concepto de un caso tan polémico, delicado y trascendente fue ignorado por el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, y por el alcalde Enrique Peñalosa, quienes al vislumbrar relámpagos en el horizonte se esmeraron en ser unos de los abanderados de la rectificación, en desvincular de la alcaldía a funcionarios de tercer nivel –como Nayive Carrasco– por esta afrenta propiciada, desde el seno mismo de la institución, a todas las mujeres. Vergonzosa equivocación de la Alcaldía bogotana que también ignoró la existencia de la Ley 1761 de 6 de julio de 2015, “Ley Rosa Elvira Cely”, donde se tipifica el feminicidio como delito autónomo, se toman medidas para prevenirlo y erradicarlo, se adoptan estrategias para sensibilizar a la sociedad colombiana y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

 

Se encienden las protestas.

 

Como chispa en polvorín cayó el concepto de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno entre mujeres activistas, segmentos académicos, políticos y la opinión pública en el país. Cundió la indignación y las protestas no se hicieron esperar. Un agitado plantón tuvo lugar la tarde del 16 de mayo en inmediaciones al Palacio Liévano donde un centenar de manifestantes de diversos géneros y procedencias elevaron sus voces, agitaron consignas y exigieron la renuncia del Secretario de Gobierno Distrital ante la infame afrenta cometida contra Rosa Elvira Cely.

Sobre el concepto emitido por la Oficina Jurídica se refirió Javier Omar Ruiz, miembro del Colectivo Hombres y Masculinidades: “La administración distrital tiene una mirada sesgada de género hacia los derechos de las mujeres y también ha hecho una lectura desde el sistema patriarcal que hace parte de la lógica estructural de la administración, la administración no se ha preguntado que tiene que empezar a replantear los paradigmas desde donde piensa políticas públicas, desde donde piensa sus pronunciamientos públicos, desde donde hace administración pública. Lo que pasó con el caso de Rosa Elvira es una muestra clara de como está pensando la administración sobre estos temas”.

Jenny Julio, integrante de Tejido de Mujeres Jóvenes, también se refirió a este concepto que en su opinión violenta a las mujeres: “Es un comunicado bastante machista, que representa una posición machista de la institución y es violento contra todas las mujeres de la ciudad. Es violento en el sentido en que acusa a las mujeres de las situaciones de acoso y las situaciones de violencia que perpetran contra nosotras. Entonces, nosotros tenemos que manifestarnos en contra porque es que somos la mayoría de la población de la ciudad, para nadie es un secreto que las mujeres somos la mayoría, somos más del 50 por ciento de la población. Somos las que más sufrimos violencia, no solo sexual, sino una violencia social acá en Bogotá”.

Ciudadanas independientes, sin pertenencia a ningún colectivo o movimiento político también participaron por iniciativa propia en la protesta y trajeron con ellas sus apreciaciones, tal es el caso de Liliana Olaya Cabrales: “No pertenezco a ninguna organización, soy mujer indignada frente a la decisión y al concepto de que la culpable ahora es la víctima. Siento indignación, me duele el estómago, me duele el alma de que una mujer que sufrió semejante maltrato, semejante tortura, después de cuatro años sea el Estado (quien debe garantizar nuestra protección) el que ahora dice que ella fue culpable. El Secretario de Gobierno dejó claro con lo de ayer que no nos va a proteger, el maneja la seguridad pero estamos más inseguras que nunca”; y Daniela Muñoz: “No pertenezco a ningún grupo, soy estudiante de la Universidad Central [...] Que las mujeres nos vistamos de una forma no quiere decir que nos estemos vistiendo para el pene de los hombres, nos estamos vistiendo como se nos da la gana porque somos mujeres y tenemos los mismos derechos que el hombre. La Constitución está hecha para todos y para nosotras también. Somos mujeres y queremos respeto”.

La actriz Alejandra Borrero también estuvo presente en la manifestación; ella considera que aún no puede decirse que las mujeres en Colombia sean totalmente libres, sin dejar de luchar también siguen necesitando del apoyo estatal: “Ninguna mujer en Colombia es realmente libre, nosotras tenemos siempre que pensar si salimos o no; si tenemos ganas de comer algo a la media noche no podemos salir a comernos un perro caliente porque podemos ser abusadas [...] Las mujeres tenemos en Colombia grandes problemas y si el Gobierno y la administración no hace su parte, como tiene que ser, las mujeres colombianas seguirán siendo todos los días víctimas de violencia. Así que es una gran responsabilidad para un funcionario público salir a decir una cosa como esa, no hay derecho que lo hagan y menos después de todas las cosas que se han hecho”.

La reconocida dirigente política Ayda Avella, pidió en la manifestación la cabeza del Secretario de Gobierno: “Yo creo aquí lo que interesa es que todas las mujeres sean respetadas, pero sobre todo que cuando se presente un acto de agresión hacía las mujeres, ya sea en el ambiente familiar, en la calle, en la ciudad, todas tengamos que salir a decir, basta ya. El índice de feminicidios en Colombia es muy alto, pero lo que sucedió en Bogotá –que generó además una Ley de la República contra el feminicidio–, que lo ignore un Secretario de Gobierno, esto no tiene francamente ninguna explicación. Por eso estamos diciendo que renuncie, que se vaya, porque si no leen ni los periódicos, por favor, esa es una situación en la cual la revictimización para las mujeres se ha hecho presente y por parte de un Secretario de Gobierno y por parte también del Alcalde que se muestra muy compungido de los errores que ha cometido, pero que no es capaz de pedirle la renuncia a su Secretario de Gobierno. Él tiene que irse porque nos ha ofendido a todas las mujeres colombianas, pero también a las mujeres del mundo”.

Patricia Jaramillo, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia ve el asunto como un problema de profundo calado en la administración distrital a la que tildó de feminicida: “Estoy indignada porque considero que se está mostrando la verdadera cara de esta administración que no ha respondido por la política de mujeres que ya en el Plan de Desarrollo evidencia que no dejó ni siquiera el diez por ciento para las mujeres de Bogotá, que somos más del 50 por ciento de la población bogotana, y con esta decisión evidencia que es una administración feminicida. Estoy indignada. Ningún funcionario, con la responsabilidad que tiene el Secretario, va a permitir que salga un concepto de ese orden para el proceso que se está llevando a cabo hace más de cuatro años. Es gravísimo lo que sucedió y las mujeres estamos en la calle porque exigimos coherencia y respeto con nuestros derechos”.

Expresiones de abierta rebeldía y rechazo las protagonizadas en el plantón resumidas en las palabras de Mar Candela “Estoy emputada hermano, no hay otra definición. No estoy indignada, no estoy molesta, no estoy cansada, no estoy triste, no estoy decepcionada, yo estoy emputada, y es hora que Colombia se empute por las mujeres, ni empleadas domésticas, ni putas, ni santas ¡Todas! ¡Y si nos tocan a una, nos tocas a todas!”.



Ley 1761 de 6 de julio de 2015. Ley Rosa Elvira Cely.

 

La Ley 1761 de 2015 fue promulgada en respuesta a la presión social suscitada por el terrible asesinato de quien es recordada con el nombre de esta Ley, acto violento que puso sobre el orden del día legislativo, la desbordada incidencia de este tipo de delito en Colombia.

La Ley tiene por objeto “[...] tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”.

Además, graba con penas de 250 a 500 meses de prisión a quien cause la muerte a una mujer por motivos de ser mujer o por su identidad de género, cuando dicha muerte precede a: 1. haber tenido una relación familiar, intima, de compañerismo o trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia; 2. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad; 3. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; 4. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo; 5. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no; 6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. También adiciona al Ćódigo Penal el artículo 104B que establece circunstancias de agravación punitivas que incrementan la pena por los asesinatos de las mujeres de 500 a 600 meses de prisión, entre otras disposiciones.

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