Matteo Salvini habla durante el Congreso Mundial de las Familias en Verona.

Ya no son un grupo al que se miraba como si se hubiesen bajado de una nave antigua. Las ultraderechas, los grupos radicales defensores de la familia, los católicos fundamentalistas acérrimos enemigos del matrimonio igualitario, del aborto, el divorcio, las uniones civiles, las conquistas de las mujeres y otras formas modernas del reconocimiento de los derechos constituyen hoy una fuerza política y financiera de enorme influencia. Tienen audiencia electoral, poder, lideres políticos en la cima, redes sociales muy bien administradas, un plan de expansión único en la historia, mucho dinero y un objetivo en la mira: Europa. Una impecable investigación llevada a cabo por la asociación norteamericana openDemocracy acaba de poner cifras sobre esa invasión y confirmar así la existencia de un flujo de fondos elevadísimo proporcionado por los grupos fundamentalistas cristianos de Estados Unidos a las extremas derechas europeas. OpenDemocracy cifra en 50 millones de euros los fondos transferidos por estos grupos (varios están ligados a Donald Trump) a una docena de organizaciones de la ultraderecha europea. Opendemocracy revela que dos de estas entidades, Alliance Defending Freedom (ADF) y American Center for Law and Justice transfirieron poco más de 20 millones de euros a Europa desde 2008.

Billy Graham Evangelistic Association, Focus on the Family, Heartbeat International, Human Life International, ADF International, Alliance Defending Freedom o, como infinitos financistas, los hermanos Koch (columna financiera del Tea Party) son algunos de los nombres más citados en esta empresa de reconquista. ADF ha recibido donaciones de Betsy DeVos, Secretaria de educación de Trump, y de Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios Blackwater. La Unión Europea era consiente de esta situación pero, hasta el informe de openDemocracy, carecía de un soporte con datos seguros sobre las transferencias de fondos. Unos 40 diputados del europarlamento se dirigieron al diputado Frans Timmermans para que la intromisión “de estos cristianos fundamentalistas estadounidenses sea analizada con la mayor rapidez”. El tiempo corre tanto más rápido cuanto que, desde la elección de Donald Trump, varios ultras de la derecha norteamericana desplegaron sus alas sobre el cielo europeo con la meta de influenciar las elecciones del Parlamento del próximo 26 de mayo. A su cabeza está Steve Bannon, el ex consejero de Trump. El eje de la “conspiración” se mueve entre Bruselas y Roma, donde se han ido instalando desde hace poco más de un año. El trabajo de openDemocracy fue como un latigazo para los legisladores del Viejo Continente. Todos sabían que algo ocurría pero nadie había anticipado que, detrás, había tal cantidad de dinero en juego. Neil Datta, Secretario del Foro parlamentario Europeo sobre la Población y el desarrollo, reconoce que esta ofensiva de la ultraderecha estadounidenses se produce “mucho más rápido y a una escala que ningún experto fue capaz de imaginar jamás”. Los montos citados por openDemocracy serían apenas “la parte visible del iceberg”, según anota la redactora responsable de este ONG norteamericana, Mary Fitzgerald, quien agrega: “muchas fallas nos han dificultado la tarea de descubrir tanto la totalidad del flujo monetario como las fuentes de donde proviene. (…) Los legisladores, las plataformas sociales y los responsables políticos deben intervenir para impedir la propagación de influencias que no se justifican así como las presiones políticas”.

Toda esta galaxia del catolicismo fundamentalista se reúne este fin de semana en una de las ciudades italianas más permeables a la ultraderecha, Verona. El Congreso Mundial de las Familias (WCF) inauguró en Verona su décimo tercer congreso con la presencia del líder de la ultraderecha italiana y Ministro de interior, Matteo Salvini. Brian Brown, presidente de la Organización Internacional de la Familia, es un antídoto grosero a todo progreso humano. Sin tapujos, no se cansa de repetir: “la homosexualidad degrada a la naturaleza humana. Ser gay destruye el sentido mismo del ser humano”. Cada vez que el Congreso Mundial de la Familia aparece en alguna parte, siempre hay un dirigente político de la extrema derecha vinculado a él. Esta vez es Matteo Salvini, mientras que en la cumbre celebrada en 2017 en Budapest la apertura estuvo a cargo de otro de los ultras emergentes de Europa, el Primer Ministro húngaro Victor Orban. Este fin de semana, en Verona, además de Salvini y Steve Bannon, otra de las “marcas” visibles será el partido neofascista Forza Nuova y un puñado de célebres oligarcas rusos asiduos donantes a las cajas de los soberanistas de Europa, a las asociaciones tradicionalistas católicas, a los grupúsculos que militan contra la homosexualidad o a la extrema derecha. Entre otros medievalistas de los derechos, se trata del arcipreste ortodoxo Dimitri Smirnov, de Alexey Komov y Konstantin Malofeev. Estos dos últimos son la columna vertebral de Rusia Unida mientras que Dimitri Smirnov es uno de las banderas mundiales contra lo que el llama “el homosexualismo” y un adepto radical a la idea de la “inteligencia superior de los hombres” frente a las mujeres. Cabe recordar que estos grupos presentes en Verona han también protagonizado cruzadas radicales en América Latina contra las leyes de legislación del aborto o el matrimonio igualitario. Varias cuentan incluso con oficinas en Estrasburgo, la ciudad donde se encuentran el Europarlamento y las instituciones europeas a las que acuden para hacer lobby.

Detrás de esta pantalla religiosa hay una feroz batalla política por el poder en el Europarlamento. Steve Bannon, cuando se mudó a Europa hace un año, fundó El Movimiento con ese propósito. Hoy es uno de los responsables de Dignitatis Humanae, una suerte de organización ultraconservadora instalada en las afueras de Roma consagrada a fomentar “los guerreros de la cultura” fundamentalista. Dignitatis Humanae recibe capitales del Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, financiado por los hermanos Koch, Charles y David. Ambos son la tercera fortuna de Estados Unidos. En 2004 crearon la fundación Americans for Prosperity que fue el sostén del resurgimiento de la ultraderecha norteamericana a través del Tea Party. Y desde luego, quien dice Europa está, también, hablando del Vaticano y del Papa Francisco. Estos fundamentalistas norteamericanos son los que, desde hace dos años, mueven los hilos del complot ultraconservador contra el Papa. Charles Koch, por ejemplo, financia la Universidad Católica de América junto a Timothy Bush, un ultraconservador fundador del NAPA Institute y uno de los directores del portal EWTN. Este portal, en un momento, entre 2017 y 2018, difundió una incontable lluvia de fakes sobre el papa y hasta promovió la “comunicación” de los ultras de la curia romana. Las ultraderechas salieron hoy a arrebatar todo lo que encuentran en su camino. Las ampara el contexto europeo y, a nivel mundial, la escasa resistencia que encuentran entre los nuevos electores. El siglo XXI se encomendó de nuevo al murmullo hipnotizador de sus ideas. Vuelven a las tierras históricas del cristianismo sólo para sembrar sus semillas más nefastas.

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Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

p12

 

 

La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

p13

 

 

Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº253
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enEdición Nº253
Pese al avance de la tecnología, prefiero las salas de cine: Scorsese

Oviedo. España. El sentimiento de división es muy peligroso y va contra la idea básica de lo que es Estados Unidos, país que creado por inmigrantes, aseguró el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018, Martin Scorsese.

El multipremiado cineasta destacó que en la Estatua de la Libertad de Nueva York puede leerse "Traednos a los que no tienen casa", por lo que confió en que pase la discriminación hacia los migrantes impuesta por el presidente Donald Trump "y podamos trabajar todos juntos para cambiarla".

Incluso, dijo que si esa política hubiera empezado en 1909, "yo no estaría aquí ni tampoco la mayoría de los estadunidenses".

Recordó su película Gangs of New York aborda la reacción contra los inmigrantes irlandeses en Nueva York, a los que se odiaba por su catolicismo, aunque, insistió, a Estados Unidos lo crearon los nacidos en otras tierras.

"La migración es un experimento; todo mundo habla una lengua distinta, hay religiones distintas, todos viven juntos. Estamos intentando convivir, nunca va a ser fácil, pero es muy triste que ahora esté pasando esto, y es trágico en muchos casos", dijo.

Scorsese, director de las célebres películas Taxi driver, Buenos Muchachos y El lobo de Wall Street, entre otras, se refirió a la polémica que se ha generado con la plataforma Netflix, que producirá su próxima cinta The Irishman, con la participación de Robert de Niro, Joe Pesci y Al Pacino.

"Tenemos que proteger el respeto por el cine como arte, de modo que pueda ser apreciado por los públicos que asisten a las salas todo el tiempo posible; sin embargo, hay un factor muy importante en muchas películas, y es que no están apoyadas ya por los estudios", asentó.

Puntualizó: "Los que ponen el dinero ahora son Netflix o Amazon, y es esencial a tomar en cuenta de dónde va a salir el dinero para financiar las películas, ya que las becas o las fundaciones, no son suficientes".

Habló del mexicano Alfonso Cuarón, cuya película Roma, premiada con el León de Oro en la muestra de cine de Venecia, también es producida por Netflix.

A mí me pasó igual, agregó. "Netflix nos ha apoyado y esta película con De Niro, Pesci, Al Pacino y demás, no tenía financiamiento de otra manera".

No obstante, subrayó que la cuestión clave actual y lo que hay que proteger es la experiencia teatral que se produce al ver una película. "El cine del que yo vengo, o que intento mantener, restaurar y respetar, necesita ser visto con un público; eso no significa que las películas no se puedan ver en casa, con grandes pantallas. Creo que se trata de ambas cosas".

Llamó a trabajar para que, aunque una cinta sea producida por Netflix o cualquier otra plataforma, antes tenga tiempo suficiente en las salas de cine y luego ya se pueda ver en casa.

Scorsese, quien recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes el próximo viernes, de manos del rey Felipe VI, en el Teatro Campoamor, de Oviedo, aseveró que “estamos viviendo una revolución extraordinaria.

"No sabemos hacia dónde se dirige el cine; no sabemos en qué se va a convertir la imagen en movimiento. Han pasado 100 años de su historia y a lo mejor el cine es lo que ha sido hasta ahora y ahora entramos a una nueva fase", anotó.

Scorsese citó a George Lucas y expresó que “tal vez vamos a tener 15 años de un agujero negro; no sabemos a dónde nos vamos a dirigir con toda la tecnología a nuestra disposición.

"Nuestros hijos están teniendo una experiencia de cine completamente distinta y a lo mejor esa experiencia es en casa, pero yo prefiero las salas", apuntó.

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El Eurogrupo y Draghi lanzan duras advertencias a Grecia

Hastío e irritación en grandes dosis. El Eurogrupo —la reunión de ministros de Economía del euro— terminó ayer en Letonia sin ningún tipo de acuerdo sobre Grecia, que vive al borde del alambre pero sin ceder a las pretensiones de sus acreedores. Atenas encajó una ráfaga de advertencias con un grado de hostilidad pocas veces visto: sube la tensión y el miedo a un accidente, aunque paradójicamente eso es a su vez requisito indispensable para cualquier tipo de pacto en Europa, tan pendiente siempre de ese tipo de escenificaciones. El jefe del BCE, Mario Draghi, amenazó en público —por tercera vez en unos días— con cerrarle el grifo de liquidez a Atenas. Y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, subrayó ante la prensa el tono "muy crítico" de los socios con Grecia. Eso fue en público: a puerta cerrada, los ministros y las instituciones antes conocidas como troika arrearon de lo lindo a Grecia ante una situación cada vez más tensa. En medio de un rifirrafe en el que algún ministro llegó a hablar incluso de un plan B (una salida del euro o un impago dentro del euro), el alemán Wolfgang Schäuble dejó hablar a los socios más molestos con el griego Yanis Varoufakis antes de proclamar: "No vamos en la dirección correcta; vamos por el camino equivocado. No me imagino cómo podemos alcanzar un acuerdo".

Alemania, gran dominadora del Eurogrupo, será clave en el devenir de Grecia. Schäuble puso así en duda la viabilidad de un acuerdo, como prácticamente nunca había hecho en este tipo de reuniones. La canciller Angela Merkel fue más suave. Merkel explicó en Bremerhaven, en un acto de campaña para las próximas elecciones en Bremen, que Alemania "está preparada para proporcionar ayuda, pero siempre a cambio de reformas". Ese es el sentir general en la eurozona: solo habrá dinero a cambio de ajustes.
La presión no deja de aumentar. Hace unos días, Varoufakis encontró en la cumbre del FMI, en Washington, el mismo ambiente cargado que en Riga. Y el propio FMI fue ayer una de las voces más severas en el Eurogrupo. El representante del Fondo, el danés Poul Thomsen, advirtió a los socios de que Grecia ya puede olvidarse de los superávits fiscales si las cosas no mejoran con rapidez. En ese caso, dijo, también los europeos sufrirán las consecuencias: "El déficit potencial, en la situación actual, es ya del 1,5% del PIB para este año; si eso ocurre tengo que decirles que se preparen para una reestructuración".
Grecia y los socios se van metiendo en una espiral complicada. La economía helena se ha parado en seco, los ingresos públicos han caído y la huida de capitales no se detiene. El Gobierno ha tenido que echar mano de los Ayuntamientos para hacer frente a los vencimientos de deuda y para acometer los gastos en salarios y pensiones. Nadie sabe cuánto dinero le queda a Grecia en caja, aunque todos los vaticinios acerca de cuándo iba a quedarse sin fondos han fallado estrepitosamente. Grecia necesita ayuda europea para hacer efectivos sus próximos pagos (750 millones al FMI en breve; 6.600 millones al BCE en verano). El Eurogrupo repite una y otra vez el mensaje de que solo habrá dinero a cambio de reformas; pero Atenas no termina de llegar a un acuerdo en el número y la intensidad de esas reformas.


Frente al tono pesimista del resto de ministros, Varoufakis volvió a mostrarse confiado. "Hemos acercado posturas a gran velocidad en las últimas semanas", dijo. Dijsselbloem le desmintió minutos antes: "Hay avances, pero el acuerdo está lejos. Se me hace difícil pensar en cuándo puede llegar a la vista de lo que hemos avanzado en los dos últimos meses".


Los socios se quejan de que el proceso de negociación no funciona y aseguran que sería preferible que las instituciones volvieran a Atenas. "Eso no va a suceder: ese método no funcionó antes", dijo. Las diferencias entre Atenas y sus socios se extienden a las reformas de pensiones y laboral y a una subida del IVA —a las que se resiste Grecia—, y a una medida antidesahucios de Atenas que no gusta a los acreedores. "Europa es una familia que sabe resolver sus diferencias", apuntó Varoufakis. Ni siquiera Francia e Italia apoyaron esa visión optimista: Pier Paolo Padoan expresó "frustración" y destacó que "no podemos volver a salir y decir otra vez que estamos perdiendo el tiempo". Los hubo más duros. "Lo que usted nos dice es inverosímil", le espetó el ministro eslovaco Peter Kazimir. "Ya es suficiente: necesitamos un plan B", le dijo el esloveno Franc Krizanic en la reunión. Varoufakis no calló ante esa provocación: "Eso es antieuropeo, y en el fondo perjudica a su propio país", zanjó.

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Jueves, 23 Abril 2015 15:29

Bogotá y sus inquilinos de la ira

Bogotá y sus inquilinos de la ira

La reciente apertura del Hospital San Juan de Dios (HSJD), y su inclusión en lo que será el proyecto Ciudad Salud, reabre el tema de la planificación urbana en Bogotá. ¿Para quiénes se está planeando la ciudad?

"...He sido expulsado de mi casa
junto con los libros de la nutrida
biblioteca que,
libro a libro, levanté a lo largo de la vida.
Alguien debería consignar ese hecho,
como un punto más del programa,
Bogotá capital mundial del libro.
Espero que en el futuro el horror
sea patrimonio de la ficción
y no de la realidad".

Jairo Aníbal Niño, Allí crecieron los hijos

El centro de Bogotá, sus calles, su arquitectura colonial y variada oferta cultural, es la ventana de presentación de la ciudad a los foráneos, uno de los lugares más importantes del Distrito y también el más apetecido por su gran potencial turístico.

Desde el año 2004, este sector empezó a ser parte del nuevo plan de renovación urbana propuesto por la entidad de planeación del Distrito: El Plan Zonal del Centro –PZCB–. Formulado inicialmente con la intención de fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional y regional, y valorizar cuatro de sus localidades: La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, que comprenden un aproximado de 59 barrios. Todo eso teniendo en cuenta que dentro de los planes de innovación debería estar incluida la protección del patrimonio cultural del sector.

El tema del Plan Centro había estado pausado en la agenda pública hasta que el pasado 11 de febrero se realizó la reapertura simbólica del complejo hospitalario San Juan de Dios, que hace parte del centro ampliado de la ciudad y que es uno de los pilares fundamentales del PZCB, al ser la matriz de uno de sus proyectos: Ciudad Salud.
El Plan Ciudad Salud, planteado con una similitud al Plan Zonal del Centro, promete hacer del sector un clúster de servicios de salud con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Éste, tal y como quedó proyectado en el Plan Centro, contará con una inversión tanto pública como privada, que efectivamente traerá una renovación urbana. La pregunta es: ¿a quiénes beneficiará esta renovación?

El centro, ¿para quiénes?

El centro alberga más de 1.707.745 de población flotante y un aproximado de 259.580 de población residente, por lo que ha sido llamado en varias oportunidades como el lugar de nadie, ignorando el apego aún existente de sus residentes al territorio. Entre esos residentes se encuentra Alejandro García Corzo, antropólogo de la Universidad Nacional y habitante del centro de Bogotá desde hace más de diez años, lo que le permite tener una mirada como habitante y académico del sector.

Estar observando diariamente esta zona de gran valor patrimonial para el país ha impulsado a García, desde hace siete años, a estudiar los cambios que vive el sector en materia de planeación y descentralización; tanto así que ha hecho de este tema su tesis de doctorado para la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Para García, el Plan Centro y Ciudad Salud, son planes vitales para la revitalización del centro ampliado de la capital, con grandes retos de financiación por afrontar. "El reto de la administración de ahora y de las futuras es la financiación. Además de los recursos distritales habrá recursos nacionales, sin embargo tal como está planeada Ciudad Salud, al igual que el Plan Centro, la inversión también llegará del capital privado, como sucedió en el proyecto de la Avenida Comuneros que inicialmente buscaba la realización de una avenida, pero luego también aparecieron construcciones inmobiliarias", expone.

El problema para García no es propiamente que exista capital privado, sino que sean las entidades públicas las que encaren proyectos que traerán beneficios particulares. "Siempre se involucran los intereses públicos diciendo que son intereses generales y se aplica de esa forma. Sin embargo no dicen que los intereses privados también operarán allí y son las entidades públicas las que encaran la situación para el beneficio de esos intereses. El caso más claro es Transmilenio", agrega.
Así como el caso del Transmilenio, que aunque es del Distrito funciona a través de concesiones con empresas privadas, está el de la construcción de la Avenida Comuneros o Calle Sexta; la primera intervención hecha para iniciar el plan del renovación urbana en el centro.

Esta construcción tuvo como objetivo inicial, la compra de los predios de la zona para la construcción de la Avenida, pero luego el plan contó con un nuevo proyecto: la construcción de zonas residenciales de estratos 3 y 4, liderado por empresas inmobiliarias. Un proyecto que causaría el desplazamiento de los antiguos residentes de la zona para poder cumplir con el objetivo de una innovación.

Como éste, poco a poco se han ido llevando a cabo diferentes proyectos que encabezan inicialmente un interés público, pero termina siendo apropiado por intereses privados. Este es el caso del plan Fenicia.

El plan Fenicia

Para el 2014, el Distrito da vía libre a un nuevo proyecto de renovación urbana, el Plan Progresa Fenicia, liderado por la Universidad de los Andes, que pretende transformar el barrio Las Aguas del centro histórico de Bogotá y potenciar a su vez el eje turístico de la zona considerada como patrimonial.

En pocas palabras "Progresa Fenicia", pretende convertirse en un parque lineal de piedemonte desde Monserrate hasta el parque de La Independencia. "Una 'Maloka' a cielo abierto donde la ciencia y la tecnología se empoderen del conocimiento", según un artículo realizado por el periódico El Tiempo.

"Maloka" que estaría impactando parte de lo que para el Instituto de Patrimonio del Distrito, es considerado como zona de reserva. Lo que para García resulta preocupante. "Son sectores que deben ser preservados y restaurados, porque originalmente en el Plan Centro están referidos como Zona de Reserva y no se están respetando, principalmente por las universidades", opina.

Entre otras cosas, el plan busca una transformación de toda la población que reside alrededor del campus, que son, en su mayoría, familias de estratos 2 y 3, por lo que para la primera etapa proponen "la construcción de 412 viviendas para reubicar a las familias. Viviendas que tendrán un reemplazo metro a metro. Es decir que si un propietario de un inmueble en el barrio Las Aguas tiene una casa de 200 metros, se le entregará un espacio de 200 metros".

¿Qué sucede entonces con los dueños de los predios? Según la Constitución Política de Colombia el habitante del sector, como propietario del predio deberá ceder su interés personal por el interés general, en este caso la construcción del Plan Fenicia y con ella el posicionamiento de nuevas empresas inmobiliarias, que aunque obedecen a un interés privado se promocionan como general.

El habitante tiene entonces tres opciones: optar por un reasentamiento, participar en el proyecto –en el que deberá pagar la suma restante por la nueva valorización del terreno– o ser indemnizado por su predio cuando inicie su expropiación. De no elegir una de esas tres posibilidades la entidad pública puede recurrir al desalojo.

De esta forma, el habitante del centro, acentúa su condición como poblador flotante, ya adquirida por el hecho de vivir en una zona de alto atractivo turístico y patrimonial, transformándose, en palabras de Alejandro García: en un nómada, "que está a la expectativa de que en cualquier momento sea desplazado".

Los inquilinos de la ira

Así tituló el escritor colombiano Jairo Aníbal Niño uno de sus primeros trabajos de dramaturgia, fruto de la investigación social realizada en Puerto Asís, Putumayo. En esta obra, un grupo de desplazados sufre el desplazamiento y un brutal asesinato debido a que ocupaban unos terrenos baldíos. Lo que no sabía Niño es que tiempo después él también se convertiría en un inquilino más, sometido a los intereses particulares con ropaje público.

Fue el 18 de enero del 2006 cuando un funcionario de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) le informó a Niño y a los demás propietarios de los 35 inmuebles ubicados entre las calles 19 y 20, y entre la carrera 3ra y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez de la ciudad de Bogotá, que sus predios serían utilizados para la constricción del Proyecto Manzana 5.

El proyecto de renovación urbana Manzana 5, que prometía apoyar el carácter cultural patrimonial de la zona, proyectó entre sus construcciones la apertura de un Centro Cultural, cuyo dinero sería donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), y un complejo de vivienda que incluía una plataforma comercial.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos se realizó. Para el 2012 el Primer Ministro de España, Mariano Rajoy, comentó con el alcalde Gustavo Petro la decisión de no liberar recursos para el Centro Cultural, desembolsando un año después 381 millones de pesos a Bogotá por motivo de gastos de licencia de construcción de dicho centro.

Todo al parecer volvia a la normalidad, de no ser por los más de 200 habitantes de la zona que fueron desplazados y obligados a recibir un pago irrisorio por sus predios en nombre de la renovación urbana.

Durante todo el proceso, el escritor colombiano Jairo Anibal Niño defendió a los propietarios. "Él incluso estuvo en un debate en el Concejo y le dijo a Renovación hasta de qué se iban a morir, pero con palabras muy diplomáticas por el robo que nos estaban haciendo", dijo en su momento Amelia Sanabria en el Periódico de Bogotá.

En agosto de 2008 el mismo Niño escribió un documento titulado "Allí crecieron los hijos" donde plasmó la impotencia que sintió al tener que ser desalojado del lugar donde había trascurrido gran parte de su vida.

"Centenares de narraciones y novelas se han escrito sobre el despojo al que han sido sometidos propietarios de casas o de predios que son expropiados con innumerables pretextos pero con la constante de la arbitrariedad y la injusticia. La realidad y la ficción comparten fronteras y como autor de historias, recientemente fui protagonista real de una página más del libro de la infamia", decía Niño en su texto.

Dos años después Jairo Aníbal Niño, autor de La alegría de querer, Historia y Nomeolvides, Zoro, entre otras grandes obras de patrimonio literario de la nación, murió viviendo en la casa de su hijo al ser desplazado de su propia casa y no tener los recursos para adquirir un apartamento de condiciones similares al que le fue expropiado.

El proceso de renovación continúa, ¿hasta dónde lo hará la resistencia social de quienes habitan esta parte de la ciudad?

Publicado enEdición Nº 212
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