Fuentes: PxP [Foto: Instalaciones de fracking en Vaca Muerta, Argentina. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.]

El fracking (o fractura hidráulica) avanza en América latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en los Estados Unidos.

Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.

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Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas. 

 

Qué no, que sí

 

El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido. 

Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.

La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.

A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó. 

 

Explotación frenada

 

Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.

La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.

“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

 

Caballo de Troya

 

Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.

El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno. 

En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales. Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente. 

Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo.

Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país. Andrés Gómez, CENSAT Agua Viva.

Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.

 

¿La nueva Vaca Muerta?

 

Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.

Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.

A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.

En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado. 

No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

 

De área protegida a…

 

En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.

El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.

No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales. 

Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay y Página Siete.

 

Más y más dicen “no”

 

Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012, respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York, en los Estados Unidos, además de tres condados de California.

Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia, Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia. Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países, como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil, donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques para exploración. 

Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de una ley que se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo vence a fin de año.

 

Paredes rajadas

 

“Hasta los 35 años, nunca había sentido un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León. En la zona se han explotado hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la sismicidad”, recuerda el biólogo.

Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.

Paredes rajadas, producto de los sismos que genera el fracking. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve a las plantas”, describe.

La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó un escrito que alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así, finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el caso. 

 

Más de 130 en un año

 

A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito, sobre el yacimiento Vaca Muerta, en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos no tardaron en percibir que los sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos sólo en 2019.

En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) publicaron un artículo en su sitio Shale en Argentina en el que se preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o extremadamente poco probable”.

Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona. 

¿Sin vecinos?

Vaca Muerta comenzó a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. 

Su explotación le demandó al Estado grandes erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y cinco años, mucho menos que los convencionales.

Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área de influencia, hay casi 40.000 habitantes. 

Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.

Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como benceno, metano y propano. 

Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una inspección de su cartera.

Otro informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868 en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.

 

Basureros en la mira

 

Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta. La primera la presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio Macri. Uno de ellos, Edgardo Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la policía tras ser demorado mientras retrataba la zona. 

Sumado a ello, un informe publicado recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que, por primera vez, la información oficial confirma esta actuación ante la justicia

Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta. 

Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo puede provocar silicosis.

 

La cultura del gas

 

Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más austral, donde hay toda una identidad vinculada a los hidrocarburos”.  

Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En 2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en la zona. 

“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el abogado. Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”.

Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones. Maximiliano Proaño, grupo de trabajo Energía y Equidad.

El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.

Fuente: https://www.periodistasporelplaneta.com/blog/fracking-en-america-latina-entre-las-promesas-de-expansion-y-las-denuncias/

 
Publicado enInternacional
Martes, 13 Noviembre 2018 08:58

La dura pelea contra el fracking en Colombia

La dura pelea contra el fracking en Colombia

Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de las clases medias.

 

En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura” (https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901). Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal (http://laotraopinion.net/recursos-naturales/petroleoygas/el-gran-dano-del-fracking-a-colombia/). Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la inversión extranjera”. No puede una administración hablar de beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán grandes daños medioambientales.

 

El debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2108. Los rumores de la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender las actividades de la agencia petrolera (https://www.dinero.com/pais/articulo/boyaca-debate-la-llegada-del-fracking-a-su-territorio/259594).

 

A pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo permiten– explotar el petróleo y gas mediante el fracking.

 

A esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el departamento de Boyacá (https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/hay-o-no-hay-fracking-en-boyaca-crece-la polemica-articulo-795479). Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de “conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.

 

El conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene explorando petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sogamoso-y-el-proyecto-petrolero-que-incendiaria-a-boyaca/36724). A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia las consecuencias serían catastróficas para una población que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios sísmicos y la deforestación.

 

 

En contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las denuncias de los habitantes de la región.

En primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso (https://www.elcampesino.co/los-mas-afectados-con-la-sismica-y-el-fracking-son-los-campesinos/). La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública.

 

La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas. Pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.

 

Como lo ha manifestado la organización No al fracking en Colombia, esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, evidenciado esto en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita una adecuada distribución del agua en el país (https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente santosfinalconlogos.pdf). Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa, en beneficio de los negocios privados y cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados, y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza.


Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más emblemáticos es la puja entre la comunidad indígena U’wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este resguardo, ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas (https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-uwas-no-quieren-ecopetrol-sus-territorios-ancestral-articulo-644102). Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que progresivamente han recibido atención por parte de los medios de comunicación.

 

El reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político (https://www.elespectador.com/noticias/politica/radican-proyecto-de-ley-para-prohibir-fracking-en-colombia-articulo-803549). La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia.

Publicado enColombia
El nuevo dominio petrolero en América Latina

Para nadie es un secreto que detrás de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se encontraron claramente los intereses económicos de la industria armamentista, los petroleros partidarios de las nuevas técnicas de explotación vía fracking y las grandes empresas promotoras de organismos genéticamente modificados, acaparamiento y especulación con del precio de alimentos.


Detrás de la lógica de estos grandes corporativos debemos entender las últimas acciones que Trump ha emprendido en América Latina como el envió de la guardia nacional a cubrir la frontera con Estados Unidos y México y el apoyo incondicional para la ocupación de espacios petroleros estratégicos en el continente. Es relevante también sus decisiones respecto a Irán, cuyo impacto fue inmediato en las cotizaciones de las acciones de las empresas militares y en el precio del petróleo. Este último ya ronda los 80 dólares por barril y puede elevarse aún más, para proporcionar una alta rentabilidad a las empresas dedicadas a la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que necesitan un precio alto.


Es tal la fiesta del dinero que hace tan solo unos meses atrás Estados Unidos producía 145 mil barriles de petróleo shale y ahora esta a punto de lograr un record histórico en Junio de este año de 7.18 millones de barriles de petróleo shale diariamente, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Lo cual es acompañado también por el aumento impresionante de la producción de gas natural estadounidenses que se encontraría por arriba de los 68.100 millones de pies cúbicos por día.
Todo ello junto con la caída de producción de países latinoamericanos ha llevado al mercado financiero a impulsar al alza el precio futuro a 6 meses del crudo Brent, donde las empresas estadounidenses no pierden, mientras a las empresas petroleras del cono sur les imponen condiciones de compra a precios fijos, cuando la tendencia es probablemente que el petróleo alcance nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril a finales de año.


Esta dinámica ha colocado a Estados Unidos en el el tercer lugar como extractor de petróleo del mundo, sólo detrás de Rusia y Arabia Saudita quedando ya muy atrás en este rubro la extracción en Brasil (10º.), Venezuela(11º.) y México (12º.). (OPEP, 2018)


Las grandes empresas corporativas petroleras están viviendo un sueño hecho realidad, los mercados y la producción petrolera latinoamericana en manos de empresas estatales hasta hace unos años, se esta abriendo y proporcionando ganancias extraordinarias para la clase capitalista trasnacional.


Desde Brasil y México hasta Colombia, Argentina y Uruguay los gobiernos están abriendo sus tierras, aguas someras y mares a subastas internacionales. Son más de 500 mil kilómetros cuadrados -el tamaño de España- lo que están ofreciendo en bloques los diferentes países latinoamericanos.


Por ello en las geografías latinoamericanas no hay nada que festejar. Por ejemplo, en México la producción de petróleo viene cayendo drásticamente. A marzo de este año PEMEX –la petrolera estatal mexicana- tuvo una caída anual de 7.6% en su producción generando solamente 1, 864 millones de barriles diarios de crudo, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día. Todo ello en un contexto de apertura energética que inicio en 2013 y que permitió la llegada de inversión privada nacional y extranjera, a las cuales se les han entregado proyectos de exploración y posterior explotación de pozos petroleros terrestres y en aguas someras y profundas. Existiendo ya más de 100 contratos privados que significan una inversión de 160 mil millones de dólares. Ello ha significado la apropiación de espacios estratégicos por parte de empresas extranjeras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore y el nacimiento de otras empresas de políticos mexicanos como Sierra Energy. Más de 100 mil kilómetros cuadrados –similar a todo el territorio griego- se encuentran ya bajo exploración y posible explotación petrolera y sus derivados en México.


A este negro panorama se suma la importación de gasolinas en México aumentándose dramáticamente la dependencia. Ya que mientras el año pasado se importaban 6 de cada 10 litros de gasolina, para el primer trimestre de 2018 se introdujeron del extranjero 7.5 de cada 10 litros, lo cual también ha impactado la vida de los mexicanos al ocasionarse la espiral inflacionaria más alta de las últimas décadas.


Desde 1982 el gobierno mexicano no ha construido una nueva refinería y 3 de las 6 refinerías que tiene México fueron cerradas temporalmente en los dos primeros meses de este año por problemas de operación. A ello se suma la colusión entre la delincuencia y la clase política en el robo de gasolina, de 3 mil tomas clandestinas de robo que existían en 2014, en el 2017 fueron localizados más de 9 mil 500 tomas fundamentalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.


La situación en Venezuela de explotación de petróleo no es diferente. En Agosto del año pasado su producción era de 2.1 millones de barriles de petróleo diarios y según el reporte que presentó la OPEP la semana pasada en Marzo de 2018 solo bombeo una media 1.5 millones de barriles diarios, una caída de la producción del 28%. A ello se suma la creación de dificultades por parte de los grandes corporativos para que la empresa PDVSA cumpla sus compromisos de abastecimientos con empresas de operaciones mixtas.
Todo ello en un momento en el cual las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos alcanzan el menor nivel desde 1982 como parte de la estrategia de dominación-intervención de la producción y los mercados petroleros.


Por ejemplo, la empresa Total durante el 2017 dejó de comprar el crudo venezolano, Motiva, Phillips 66, Citgo, Valero u Chevron disminuyeron sus importaciones desde Venezuela el 70%, 56%, 17%, 13% y 6% respectivamente, esta reducción innegable es el preámbulo del embargo petrolero que anunciará Trump próximamente sobre la producción petrolera venezolana, para cerrar su estrategia de dominio del oro negro y buscar la rendición del gobierno nacionalista venezolano.


Frente a ello el gobierno de Venezuela ha colocado el 40% de sus exportaciones de petróleo en el abastecimiento de China e India, los cuales dependen tanto de Venezuela como de Irán para su funcionamiento, lo cual no será fácil de eludir por Trump. Por ello, en la dinámica de dominio estadounidense se ha colocado a la estadounidense ConocoPhillips con el papel de sabotear el abastecimiento petrolero venezolano a los mercados asiáticos, tomando el control de activos de PDVSA en Curazao -donde se reciben los buques petroleros más grandes que envían combustibles por el Pacífico- para exigir el pago de bonos internacionales, lo cual pone bajo amenaza el movimiento del crudo ya que los cargueros pueden salir a aguas internacionales y correr la amenaza de ser incautados. A la estrategia de ConocoPhillips lo más seguro es que se sumen otras empresas mineras y petroleras para intentar la caída de la gigante petrolera venezolana.


Un colapso del gobierno de Venezuela no conviene a China que ha realizado inversiones (prestamos) cuantiosos en ese país ni a Rusia que ha aprovechado el escenario para colocarse en la explotación de yacimientos petroleros, por lo que las perspectivas de tensiones internacionales se mantendrán en la zona con la respectiva tendencia al alza del precio del petróleo que contribuye a la rentabilidad de los corporativos que apoyaron a Trump en su campaña electoral.


En Brasil la otrora fuerte Petrobras mira como espectadora preferencial la llegada de inversiones crecientes de corporativos petroleros. Para junio de este año 16 grandes firmas petroleras como la Royal Dutch se han registrado para participar en la espectacular cuenca de petróleo de Presal de Brasil que posee miles de millones de barriles de petróleo en el fondo de océano. A ella se suma el interés de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil junto con la noruega Statoil y la francesa Total. El alza del precio de petróleo impulsada por Trump les ayuda en sus inversiones, ya que el precio de equilibrio que requieren es de 45 dólares por barril para hacer rentable su actividad, por ello British Petroleum y Exxon Mobil ya han participado en subastas anteriores en esa zona por las grandes perspectivas de ganancias.


Mientras los corporativos están de fiesta, Petrobras se suma a los resultados menores de Pemex y PDVSA con respecto al año pasado. En su informe trimestral de 2018, Petrobras informa que la producción total de petróleo y gas natural en el primer trimestre de 2018 fue de 2 millones 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% inferior al primer trimestre de 2017. A ello se suma la caída de ventas en un 9% y de 7% en la producción de derivados del petróleo. Petrobras paso de controlar en 2010 el 93% de la producción de petróleo de Brasil a sólo el 75% en febrero de este año. Con el expresidente Lula en la cárcel todavía, es el campo petrolero que lleva su nombre el que aporta la mayor cantidad de petróleo y gas a ese país con más de 850 mil barriles de petróleo diarios.


La producción de petróleo argentino también cayo 3.8% en 2016 y 6.3% en 2017. La estatal YPF suma también una caída en la producción de petróleo de 2017 a 2018, al pasar de 3.18 millones de metros cúbicos, a 3.15 millones de metros cúbicos. Mientras eso sucede con la principal empresa petrolera argentina, Pan American Energy tuvo un alza de 3.49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Además Argentina destaca en la entrega impresionante de vastas áreas de exploración para los corporativos internacionales, se espera que en julio de este año ponga más de 225 mil kilómetros cuadrados -2 veces el territorio cubano- bajo exploración corporativa petrolera en alto mar.


Y es en territorio argentino y en especifico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.


Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina esta en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.


Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina: “Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?”.

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La caída del precio del petróleo pone en jaque la estrategia de la OPEP

El crudo vuelve a los niveles de noviembre, cuando los países productores decidieron rebajar la oferta


Cuando los países productores de petróleo se reúnan el próximo 25 de mayo en Viena tendrán que enfrentarse a una situación endemoniada. El pasado noviembre acordaron, por primera vez en ocho años, reducir la oferta de crudo con la esperanza de inflar los precios. La estrategia funcionó a corto plazo, pero factores como el boom del fracking en EE UU y la producción en países como Libia han vuelto a arrastrar los precios por debajo de los 50 dólares por barril brent. La caída es una buena noticia para economías como la española, pero supone un desafío mayúsculo para una industria en serias dificultades.


Un largo listado de petroleras —ExxonMobil, BP, Chevron, Total y las españolas Cepsa y Repsol, entre otras— han presentado en los últimos días unos resultados inusualmente positivos para el primer trimestre del año. Todas ellas adujeron como motivo el alza en los precios del petróleo que siguió a la reunión de la OPEP del 30 de noviembre. Pero el optimismo en una industria necesitada de buenas noticias no termina de cuajar. Tras una temporada a la baja, los precios se desplomaron el jueves hasta tocar mínimos de los últimos cinco meses: el barril Brent —el de referencia en Europa— cayó a los 47 euros; y el West Texas estadounidense tocó los 44. Un día más tarde, la cotización se recuperó ligeramente.


Hay varios motivos que explican la tendencia bajista, como una mayor producción en Libia o Nigeria, unas existencias en EE UU que no caen como se esperaba, o una menor demanda en EE UU o China. Pese a todo, Gonzalo Escribano, experto en energía del Instituto Elcano, no detecta grandes cambios en los fundamentos del mercado. “La fuerte caída del jueves y el rebote del viernes apuntan a un componente técnico, con algunos agentes relevantes cambiando a posiciones menos optimistas”, explica. Sobre la evolución futura, Escribano señala que el consenso de mercado es que el barril no subirá más allá de 55 o 60 dólares.


Ante unos números alarmantes, Arabia Saudí, principal productor y peso pesado en la OPEP, salió el viernes al paso y aseguró que Rusia —que no pertenece a esta organización que engloba a los países responsables de un tercio de la producción mundial— estaba dispuesta a continuar con la política de restricciones a la oferta. El anuncio supuso un respiro, pero la presión continúa. La inmensa mayoría de expertos consultados pronostica que la OPEP decidirá en dos semanas continuar durante al menos seis meses con sus límites a la producción. Aquellos analistas que no creían en la capacidad de la OPEP para dar un empujón al sector sienten ahora que sus tesis se confirman.


“La OPEP pretende reducir el volumen de reservas a su nivel medio de hace cinco años. Para cumplir este objetivo, deberá ampliar seis meses más los límites a la producción y hacerlo de forma efectiva. Las dudas sobre la postura de Rusia habían hecho caer los precios en los últimos días”, explica Harry Tchilinguirian, jefe de analistas de materias primas de BNP Paribas. “El sector está poco a poco llegando a la conclusión de que la operación de recortes impulsada por la OPEP no ha sido efectiva”, añade en un comunicado la consultora energética estadounidense Ritterbusch y Asociados.


La decisión del 30 de noviembre de reducir la producción diaria en 1,8 millones de barriles fue impulsada por Arabia Saudí, en un intento de dar un golpe encima de la mesa para reconducir un sector que había pasado de ingresar 114 dólares por barril en junio de 2014 a los 27 a los que había caído en enero del año pasado. Desde entonces, el valor se ha recuperado, pero no tanto como esperaban los impulsores de esta iniciativa a la que muchos países eran reacios.
Escribano relativiza el efecto que la actual tendencia bajista tendrá en los productores. “Dependerá de su duración y evolución, pero de momento los precios casi doblan los niveles de hace un año. Eso no basta para resolver los problemas económicos de los países productores, pero tienen algo más de margen para ajustar presupuestos de manera menos drástica y costosa políticamente”, asegura. Así lo ha hecho por ejemplo Arabia Saudí, cuyo monarca, el rey Salmán, acaba de dar marcha atrás a algunas medidas de austeridad puestas en marcha hace medio año.

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Lunes, 26 Septiembre 2016 11:59

Agua sí, petróleo no

Agua sí, petróleo no

El pasado 3 de septiembre, un movimiento telúrico de 5,6 grados en la escala richter se sintió en Pawnee Oklahoma. La onda también fue percibida en el norte de Texas y de otras regiones de los Estados Unidos. Las noticias advertían que el evento sísmico podría estar asociado al fracking. Ya en marzo del presente año el estado de Oklahoma había anunciado un plan de medidas para reducir el elevado número de terremotos registrados en los últimos años, y que al parecer estarían asociados al empleo masivo de la técnica de fracturación hidráulica o "fracking", para extraer petróleo y gas de esquisto.

 

Un reporte del Servicio Geológico nacional estadounidense (USGS) de 2015, advirtió que la actividad sísmica inducida ha aumentado notablemente allí desde 2009, especialmente en el centro del país, por el auge de la fracturación hidráulica1.

 

No sólo tiembla. Las denuncias sobre los riesgos y daños ambientales y en la salud pública van en aumento en todo el mundo. De hecho esta técnica se ha prohibido en Francia, Bulgaria y el Estado de Nueva York, declarándose su moratoria en Escocia y Holanda, entre otros ejemplos. Recientemente el gobierno laborista de Daniel Andrew, en Victoria –Australia–, anunció una prohibición permanente a la exploración y desarrollo de todas las operaciones en tierra (onshore) de gas no convencional en el Estado de Victoria, incluyendo la fractura hidráulica (Fracking) y gas metano de carbón. Y en Brasil, durante lo corrido de septiembre, dos ciudades prohibieron el fracking para sumar así un total de 72 urbes desde que en 2013 inició la campaña No Fracking Brazil.

 

En Colombia, también existe testimonio. En San Martín Cesar, pobladores locales han realizado dos movilizaciones de rechazo, en el transcurso del año, luego de ser anunciado un proyecto de fractura hidráulica. La preocupación es tan grande que han convocado a una nueva movilización para el próximo 25 de septiembre, en el contexto de la Segunda jornada nacional contra el fracking. Ya antes en Guasca, una organización juvenil, junto con comunidades campesinas, denunciaron y se movilizaron para impedir el uso de esa técnica en su municipio.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo busca mostrar un panorama del fracking en Colombia y explicar la importancia de la Segunda jornada nacional, que contará con un importante respaldo internacional.

 

El fracking en Colombia

 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha promovido una política minero-energética, que según él afirma, será la locomotora que impulse la economía nacional. Lo sustenta así en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: en el período 2010-2013 el sector en mención aportó al Producto Interno Bruto (PIB) del país el 11,2 por ciento, la mayor parte (52,3%) provino de los hidrocarburos2. Esto ha significado una ampliación de las fronteras geográficas y tecnológicas en busca de hidrocarburos: gas y petróleo.

Estas políticas también fueron impulsadas por gobiernos como el de Uribe Vélez y Pastrana Arango, entre otros.

 

En esta lógica no es extraño, por tanto, que este Gobierno ofrezca desde hace varios años bloques que requieren la utilización de la técnica del fracking, en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca o Tolima3. De hecho, el Gobierno ya expidió un marco regulatorio que permite la explotación de hidrocarburos no convencionales en Colombia (Decreto 3004 de 2013 y Resolución 90341 de 2014), el cual fue orientado por asesores foráneos4, contradiciendo el discurso gubernamental que llama a enfrentar el cambio climático y a alcanzar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Aunque el Gobierno y las empresas insisten en negar los proyectos de fracking, para 2015 ya habían suscrito siete contratos de hidrocarburos no convencionales5, que se encuentran en etapa exploratoria6. Uno de los contratos más polémicos se firmó en diciembre de 2015, para explotación de hidrocarburos no convencionales en una zona ubicada entre los departamentos de Cesar y Santander, donde las petroleras Conoco Phillips y Canacol invertirán US$ 85 millones7. Este contrato es una primera adición a un contrato convencional de hidrocarburos8.

 

La conflictividad que provoca el fracking

 

En varias partes del mundo, el fracking es considerada como uno de los monstruos de la modernidad. Esta tecnología que recupera viejas técnicas de la industria petrolera, busca extraer los últimos vestigios fósiles, formados en el planeta hace millones de años, ante el agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos convencionales.

 

Sin embargo, esta técnica tiene serios impactos ambientales y de salud pública. De una parte, requiere usos intensivos de agua y energía mayores que los usados en la extracción petrolera convencional. Y demanda una intensiva ocupación territorial.
En efecto, el fracking requiere grandes consumos de aguas superficiales y subterráneas, genera contaminación del aire, escapes de gas metano a la atmósfera, impactos de cambio climático, sismicidad inducida, entre otros impactos. Igualmente, se ha documentado que las comunidades vecinas a los puntos de fracking han enfrentado perjuicios en su salud pública, consecuencia de la contaminación en sus fuentes de agua y el aire que respiran9.

 

Ante el recrudecimiento en los territorios de los impactos ambientales y de salud pública, consecuencia de actividades extractivas, la Corte Constitucional ha protegido los derechos fundamentales de las comunidades colombianas. De esto da testimonio Sentencias ante explotación de hidrocarburos (T-652 de 2013), por explotación de minería (T-154 de 2013 o T-256 de 2015) o por falta de consulta previa (T-769 de 2009, T-693 de 2011 o C-273 de 2016). Incluso la Corte, mediante Sentencia C-035 de 2016, tuvo que proteger los ecosistemas de páramo, que proveen más del 70 por ciento del agua potable de Colombia. Es decir, con el fracking se desconoce el desarrollo jurisprudencial y las movilizaciones de la ciudadanía que así lo demandaron.

 

De hecho, las características y consecuencias nocivas de los hidrocarburos no convencionales propicia la emergencia de conflictos socio-ambientales en las regiones donde se están impulsando estos proyectos. El caso más reciente es San Martín (Cesar), donde la gente ha decidido organizarse y promover diversas acciones, como por ejemplo las movilizaciones, y una amplia divulgación de la problemática.

 

En este municipio se encuentra el proyecto más avanzado de fracking en Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó el 2 de diciembre de 2015 contratos con las multinacionales Conocophillips y CNE OIL&GAS (filial de Canacol Energy) para la exploración y explotación del bloque Valle del Magdalena Medio 3. El área comprende los municipios de San Martín y Aguachica en el Cesar, y Rionegro en Santander. La primera empresa tiene una participación del 80 por ciento y la segunda del 20 restante. Posteriormente, la Conocophillips inició el proceso de socialización del proyecto en San Martín, la comunidad respondió con una movilización el pasado 17 de marzo, en la que participaron cerca de cuatro mil personas.

 

De esta manera, se consolidó el Comité en defensa del agua, el territorio y los ecosistemas (Cordatec). Desde la semana del 5 de septiembre, la población ha mantenido una movilización para impedir el ingreso de maquinarias de la empresa Conocophillips en el Pozo Pico Plata 1, límites de los corregimientos Cuatro Bocas y Pitalimon.

 

La situación se ha caracterizado por la intimidación del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la expedición del Decreto No. 0120 de la alcaldía de San Martín, que impuso el toque de queda desde el 9 de septiembre y hasta que se resuelva la situación de orden público en el municipio. No obstante, la comunidad decidió mantener la protesta en contra de cualquier proyecto de fracking y sigue resistiendo el ingreso de la empresa Conocophillips a los pozos de exploración.

 

Cordatec ha estado vigilante, insiste en su demanda, y proyecta una marcha carnaval para el próximo 25 de septiembre. Para fortalecer su exigencia, esperan el acompañamiento de otras organizaciones regionales y nacionales. Cabe aclarar que la marcha carnaval será la actividad cierre de la Segunda jornada nacional contra el fracking.

 

La Segunda jornada nacional contra el fracking

 

Conscientes de esta realidad, para alertar sobre la misma, para denunciar los proyectos en marcha o ya aprobados, y para levantar un dique en defensa del territorio a nivel nacional, diversas organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de derechos humanos, decidimos impulsar, entre el 20-25 de septiembre, la Segunda jornada nacional contra el fracking.

 

Ya entre el 29 de mayo y 6 de junio de 2013, algunas de las organizaciones ambientalistas y comunitarias habíamos convocado la Primera Jornada de este carácter, recorriendo diversos territorios, como Cundinamarca, Boyacá y Meta. Buscabamos visibilizar la amenaza que avizora el impulso de esta destructiva técnica.

 

De alguna manera, seguimos el camino marcado a nivel internacional y en diferentes latitudes por organizaciones ambientalistas y comunitarias. En el caso latinoamericano, se está construyendo un proceso de articulación llamado Alianza Latinoamericana frente al fracking, algunas de cuyas organizaciones impulsoras hacen parte de la preparación de la Jornada que concretaremos este mes.


La II Jornada contempla actividades en diferentes zonas del país. Sin embargo, su énfasis estará centrado en el Magdalena Medio, donde están localizados la mayoría de bloques de hidrocarburos no convencionales, para lo cual se promoverán foros, talleres, actividades culturales y movilizaciones. La Segunda jornada contra el fracking busca constituirse en un espacio formativo y de articulación en defensa de la vida, el agua y los territorios.

 

A modo de reflexión

 

Sin duda, el fracking es una amenaza que se cierne sobre las diferentes formas de vida en los territorios. Aún así, el gobierno colombiano promueve su uso, debido a la dependencia económica de los ingresos petroleros. Sin embargo, las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, ambientalistas y sindicales, están dispuestas a enfrentar diferentes acciones pacíficas por la defensa de sus territorios. Agua sí, petróleo no. Es la consigna que hoy retumba en todos los rincones del país.

 

1 Agencia Efe, 2016
2 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
3 Para información detallada sobre los bloques de hidrocarburos no convencionales ya otorgados puede consultar el portal Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8983-%C2%BFen-qu%C3%A9-va-el-fracking-en-colombia-y-el-mundo.html
4 Para información detallada de este proceso puede consultar La Silla Vacía: http://lasillavacia.com/historia/asi-fue-se-aprobo-la-hoja-de-ruta-para-el-fracking-48615
5 Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de 2015: Derecho de petición 20156240172362. W Radio. Primera perforación de petróleo con fracking en Colombia se haría en 2016. Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/economia/primera-perforacion-de-petroleo-con-fracking-en-colombia-se-haria-en-2016/20150504/nota/2745707.aspx
6 Alianza Latinoamericana frente al fracking, Amigos de la Tierra Europa y Fundación Boll, Fotografía latinoamericana del Fracking, 2016, Buenos Aires, p. 65
7 http://www.elespectador.com/noticias/economia/conoco-phillips-hara-fracking-colombia-articulo-603063
8 Alianza Latinoamericana...op. cit., p. 65.
9 Para una relación detallada de los impactos ambientales y de salud pública del fracking puede consultar el informe: Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking. Disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/publicacion_fracking_aida_boell.pdf

 

Fuerza continental

 

Esta jornada contará con la presencia de varios líderes latinoamericanos que luchan contra el fracking, o la extracción petrolera, en sus países. Estarán, el argentino Hernán Escandizo, comunicador y especialista en temas petroleros, del Observatorio Petrolero del Sur –OPSur. La experiencia de lucha en su país dio como resultado la prohibición de fracking en 30 municipios, producto del esfuerzo de asambleas ciudadanas. El mexicano Héctor Colio Galindo, miembro de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Bobos-Nautla y fundador de la Alianza Mexicana contra el fracking, quienes han posicionado y denunciado el tema de fracking en la opinión pública. Jorge Aguilar, director de la Región Sur para Food & Water Watch y responsable de las campañas de la región Sureste de EEUU. También estará Claudia Campero de Food & Water Watch (EE.UU) y Alianza Mexicana contra el fracking y Alberto Acosta, Presidente Asamblea Constituyente de Ecuador (Nov 2007–Junio 2008), académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales–Flacso y precursor de la obra de el Buen Vivir Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos.

Publicado enEdición Nº228
Caquetá: Petróleo, “paz” y resistencia social

El mensaje es claro: la paz aún no está en vigencia para los campesinos y menos para los territorios petroleros y mineros. La situación que enfrentan las comunidades campesinas en el departamento de Caquetá, ante la exploración y explotación de petroleras, con fracking a la vista –muestra de lo que será el posacuerdo para las comunidades y territorios–, quedó en segundo plano ante la avalancha de la paz y la supuesta transformación del campo como resultado de la firma de los Acuerdos de La Habana.


Los municipios de El Paujil, Montañita y El Doncello, han sido el nuevo punto de disputa entre los campesinos, las multinacionales petroleras y la fuerza pública. En lo que va del año las comunidades campesinas del Caquetá han obstaculizado el ingreso de la petrolera Petroseismic Services S.A. Desde el 24 de agosto hasta 16 de septiembre, con distintas intensidades, las comunidades enfrentaron a la mal llamada Fuerza Pública, exigiendo una mesa de diálogo que aún el Gobierno no ha concretado y que tiene como objetivo “parar el proceso extractivista, hasta que se realicen los estudios pertinentes que demuestren que la extracción de hidrocarburos no pone en riesgo la vida en los territorios”, tal como lo expresó José Antonio Saldarriaga representante de las comisiones por la Vida del Agua y de la Mesa Departamental por la Defensa del agua y el territorio en el Caquetá.


Radicalización. Durante las últimas semanas de agosto y lo corrido de septiembre los campesinos han expresado con mayor contundencia su rechazo ante el intento empresarial y gubernamental, recibiendo como respuesta el “diálogo” de la “fuerza pública” a través de la militarización del territorio. Intenta así el Gobierno, abrir el espacio para que la petrolera realice los estudios del subsuelo y la extracción de petróleo a través de la onda sísmica 2D.


¿Cómo llega Petroseismic Services S.A a Caquetá?


Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) aprobaron once mil concesiones de tierra en todo el país, que suman un aproximado de siete millones trescientos mil hectáreas, dentro de las cuales la filial Emerald Energy de la empresa china Sinochem obtuvo 113.259 hectáreas en el 2012, sólo en el bloque Cardón, el cual comprende desde el San Vicente del Caguán hasta el Putumayo; territorio que fue concedido para las exploraciones y perforaciones con una inversión de US$ 27 millones (77.370,98 millones de pesos colombianos (1)).


Entra el socio. Para el año 2013 Ecopetrol ingresa al territorio a través de un acuerdo firmado con Emerald Energy en el que convienen explotar un 50-50 del bloque Cardón entre ambas petroleras. Ya para el 4 de abril de 2016, Ecopetrol cede el contrato número 5227282 a la empresa Petroseismic Service S.A, también filial de la petrolera china Sinochem y perteneciente al grupo GIA, uno de los más grandes de nuestro país. Esta filial llegó al bloque Cardón –clasificado como upstream (http://bit.ly/2da3gVb) - con el permiso de realizar su exploración y explotación de petróleo ejecutando el programa sísmico 2D.


En palabras de Miltón Marín Pérez, representante del movimiento Los Guardianes de la Tierra, el Grupo de Campesinos del Caquetá, y de la Mesa en defensa del agua y el territorio, la multinacional llegó cubierta por dos estrategias para garantizar su presencia en los terrenos a explorar: 1) dando dádivas a los campesinos bajo el supuesto de mejorar sus condiciones de trabajo, 2) bajo el discurso del desarrollo y progreso para la región. Sin embargo, la discordia fue evidente cuando los campesinos se negaron a ceder los territorios ambicionados para la extracción de petróleo por parte de Petroseismic Services S.A.


Pese a esto, legalizaron su presencia. “La trampa de la filial petrolera fue a través de la recolección de firmas para actividades comunitarias, sociales, deportivas y culturales en las que las comunidades campesinas participaron, firmas que luego fueron usadas para legalizar el ingreso de Petroseismic Services S.A a los territorios” afirmó Miltón Marín Pérez.


No es terquedad, hay razones. Los campesinos se oponen a esta presencia por temor a los impactos y consecuencias que genera el programa sísmico 2D en las reservas de agua y en la tierra, afectando los sembrados, la ganadería y, en general, las condiciones de vida de los campesinos.


Programa sísmico 2D


Inicialmente es un programa exploratorio de la tierra, que por medio de sismos artificiales les permite a los geólogos identificar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo. Previamente, para instalar el cableado, deben deforestar los terrenos y abrir trochas entre 2 y 10 metros de ancho, para así poder realizar el diseño de las mallas sísmicas permitiendo identificar los pozos de petróleo, líneas de flujo, nacimientos de agua, vías de acceso, zonas pobladas.


El diámetro de la excavación está entre unos 5 o 10 centímetros, con una profundidad que va de los 5 a los 20 metros; la distancia entre las perforaciones varían de 15 a 100 metros. En cada hoyo se depositan explosivos que finalmente generan las ondas necesarias.


El programa sísmico 2D tiene 5 fases relacionadas en el siguiente cuadro:

 

 

Más allá de los sismos, están las implicaciones y consecuencias ambientales que genera tal exploración. Posibilidad que amenaza y enfrentan, desde el gobierno de la “Seguroidad Democrática”, los campesinos del departamento de Caquetá, exactamente en los municipios El Paujil, Montañita y El Doncello; territorios comprendidos dentro del bloque Cardón.


 

La Paz y la Reforma Rural Integral... y Zidres

 

“Tenemos sentimientos encontrados con lo que vemos hoy en nuestro Caquetá amazónico. En nuestro contexto y en la realidad nacional que hoy se vive, el pueblo se está polarizando ya que no se comprende la urgencia de hablar de "paz" mientras se vapulea al pueblo cuando se manifiesta. Los acuerdos son un avance, lo mismo que lograr el desarme de uno de los actores del conflicto, pero mientras el pueblo siga siendo avasallado por la Fuerza Pública, y siga poniendo los muertos cuando sale a las calles a reclamar soberanía, será difícil seguir hablando de "paz". En el Caquetá ya es difícil hablar con la gente sobre la defensa del territorio, pues la gente se confunde y se polariza al tener esas dos ideas en la cabeza”, afirmó Carlos Olmedo, un ciudadano del común interesado en su región.


Es evidente. Las comunidades campesinas de Caquetá están percibiendo de manera ambigua la paz y lo acordado entre las Farc y el Gobierno. La disputa del territorio es cada vez más desigual: son las manos campesinas contra la estructura empresarial extractivista, la ley Zidres, los vacíos de la Reforma Rural Integral, la política petrolera y el fortalecimiento del Esmad, que tal como lo dijo Juan Manuel Santos “el papel del Esmad se vuelve especialmente importante para preservar la seguridad en todo el territorio, es otra prioridad” (2).


Sumado a esto, tenemos lo que el Gobierno ha nombrado como el mito No. 6 de la Ley Zidres, donde: “En el proyecto de ley se beneficia más al empresario en detrimento de los intereses del trabajador agrario, en el sentido que se ven forzados a vender su tierra o a cambiar los usos del suelo de sus predios, restringiendo su derecho de acceso a la tierra” (3). Pero que finalmente termina siendo una realidad, cayendo las comunidade en el riesgo de ser expropiadas de sus predios al ser las Zidres de utilidad pública e interés social.


Miltón Marín, José Antonio Saldarriaga y Carlos Olmedo, como líderes y campesinos afectados, ven con preocupación la falta de garantías que tienen quienes habitan y trabajan los territorios, y en consecuencia su calidad de vida y bienestar.


Lo que sigue


Pese a que la petrolera Petroseismic Services S.A logró realizar los estudios del subsuelo, pese a su temporal retirada de los municipios de El Paujil, Montañita y El Doncello; las comunidades campesinas siguen resistiendo y han programado una movilización masiva para el próximo 7 de octubre desde el departamento hasta la ciudad de Bogotá, donde le exigirán al Gobierno que establezca la mesa de diálogo acerca de la problemática, frente a la sísmica, y la proyectada aprobación del proyecto de fracking para el Caquetá en abril de 2017.

 

1  http://www.bnamericas.com/project-profile/es/bloque-cardon-bloque-cardon

2  http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-santos-fortalecera-esmad-para-el-posconflicto/479858

3  https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/loqueocultaproyectodeley223-2.pdf

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