Jueves, 25 Junio 2020 10:50

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº269
Miércoles, 24 Junio 2020 18:01

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política
se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber
y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

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Dilan Cruz, nueva víctima de la violencia de Estado

Y el temido desenlace se impuso. Este lunes 25 de noviembre en horas de la noche el cuerpo de Dilan Cruz, joven que apenas estaba empezando a vivir los años felices de la vida, los de la imaginación, la rebeldía, la creación, los del compartir desinteresado con todos los suyos, los de rumba y amores pasajeros y no tanto, los de mirar la vida en azul, no resistió las consecuencias del impacto recibido por un disparo de esas armas de “prevención” con que “contienen” los “agentes del orden” la protesta ciudadana, esa misma que dicen estar protegida por las leyes que resume la Constitución Nacional.

Dylan, quien de manera desprevenida participaba en una acción colectiva el pasado sábado 23 del mes en curso en Bogotá a la altura de la Avenida 19 con Carrera 4, y como todos los videos lo confirman no portaba arma alguna ni estaba amenazando la vida de nadie ni era motivo de inseguridad alguno, fue atacado por un policía del Esmad, los mismos que de manera reiterada son denunciados por la actitud violenta con que se interponen ante los actos de reclamo, de protesta, de exigencia de cambio y de vida digna que en unas ocasiones lideran estudiantes, en otras trabajadores, pero también campesinos o indígenas.

Su actitud violenta, y la forma como están preparados para proteger el “orden” y la “santa propiedad privada”, quedó nuevamente en evidencia cuando uno de ellos propinó el reciente 21 de noviembre una violenta patada, con golpe de karate, en el rostro de una joven que en medio de una acción de protesta reclama en solidaridad con un compañero que estaba siendo atacado por el Esmad. Patada premeditada, con fuerza, potencia que puede dejar lesiones de diverso tipo.

Es una actitud de ataque, no de prevención ni de contención, que desde siempre deja huellas de dolor y sangre en las protestas a donde llegan. La memoria de los estudiantes y activistas en general recuerdan con fuerza el vil asesinato de Nicolás Neira (Bogotá, Primero de Mayo de 2005, Carrera 7 x 18), un joven que como Dilan apenas despuntaba a la vida; registro en la memoria que también se extiende a Óscar Salas (Bogotá, 8 de marzo de 2006) quien cursaba estudios en la Universidad Distrital.

Los indígenas asesinados producto del exceso de fuerza con que actúan los “agentes del orden”, además de la decena de lesionados por disparos de gases lacrimógenos accionadas en línea directa contra sus humanidades, así como de disparos no convencionales (cápsulas recargadas de balines), como por golpes contundentes con fuerza potenciada por el odio que parecen inyectarles en los cursos donde los forman, o en las “motivaciones” de que son objeto momentos antes de entrar en acción, desnudan a todas luces por qué y para qué fueron creados en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana, y la manera como han cumplido con tal propósito.

En todos estos casos de asesinatos y lesionados, unos graves y con secuelas para toda la vida, otros que no dejan impedimento físico, la sociedad demandó justicia y reclamó castigo por un tiempo pero luego parece que la paquidermia de una justicia que cuando queda en manos de las Fuerza Pública poco prospera. Pero ahora todo indica que las cosas serán distintas: la sociedad colombiana, conmocionada por un despertar sin precedentes no aguanta más las injusticias del poder y entre ellas los excesos de sus cuerpos de choque. Esa sociedad hoy llora ante el Hospital Universitario San Ignacio la muerte de un joven que apenas empezaba a gozar la vida y además de reclamar justicia al adelantar juicio imparcial sobre quien recaiga la culpa por lo sucedido (que debería extenderse al mando directo de quien accionó el arma, estableciendo claridad sobre las motivaciones impartidas antes del suceso) también demanda poner punto final a un cuerpo que como el Esmad no protege a la sociedad sino que la ataca y violenta, creando un ambiente de odio que solo extiende bases para el contraataque y hasta para la venganza.

Ante estas evidencias, una voz debe ganar eco en todo el país: ¡Desmonte del Esmad y de todo grupo policial, militar y de choque que atente contra los derechos humanos!

 


Recuadro

 

Esmad (1999-2019)

Secuela de muerte

 

Noviembre 8 de 2001. Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD.

Noviembre 20 de 2002. Jaime Acosta, a sus 18 años, de la Universidad Industrial de Santander participaba por primera vez en una protesta estudiantil. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron.

Mayo 1 de 2005. Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.

Septiembre 22 de 2005. Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida.

Marzo 8 de 2006. Óscar Leonardo Salas de 20 años estudiante de cuarto semestre de lingüística de la Universidad Distrital de Bogotá. En medio de una manifestación el estudiante se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro.

Julio del 2010. Jhonny Silva el estudiante de la Universidad del Valle, cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD

2010. Durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven de 20 años llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho.

Noviembre 10 de 2011. Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil.

2013. Durante el paro agrario el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.

Abril 11 de 2015. Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca.

Abril 21 de 2016. Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar.

Mayo 19 de 2016. Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector.

Junio 12 de 2016. Naimen Lara y un mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista.

Junio 2 de 2016. Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca.

Julio 12 de 2016. Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama.


El odio policial

No es solo el Esmad, cuerpo de choque del establecimiento, es el cuerpo policial y militar como conjunto el que está formado con un espíritu antisocial, con la consideración de que todo aquel que exprese ideas contra el gobierno es un subversivo y como tal hay que tratarlo.

Evidencia de ello fue la acción desatada el 19 de agosto de 2011 y por medio de la cual la policía acabó con la vida de Diego Felipe Becerra, joven grafitero que en el momento de los hechos se aprestaba a realizar un mural en Bogotá, en la calle 116 con la Avenida Boyacá.

Como es de memoria pública, luego de los hechos la Policía, con espíritu de cuerpo trató de negar lo sucedido, sindicando al asesinado por porte ilegal de armas.


 

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Liberación de la madre tierra: ¿El capital o la vida?

Una vez más, la falta de garantías, los intereses económicos y productivos, la concentración de la tierra y el autoritarismo del Estado colombiano, cobran la vida de los indígenas liberadores de la madre tierra –en este caso, la de Felipe Castro Basto, joven indígena de escasos 16 años de edad, asesinado el pasado 9 de mayo– en la hacienda Miraflores, Corinto. 

Perder la vida, en plena flor, defendiendo el territorio que les pertenece, es una constante para muchos de los integrantes de las comunidades nasa del norte del Cauca. Una razón más para su lucha, para exigir el respeto a los derechos humanos, entre ellos el más importante de todos: a la vida, y el derecho a vivirla en dignidad, que para los indígenas implica poder contar con tierra suficiente para garantizar su reproducción individual y colectiva, biológica y espiritual.

No dejarlos avanzar sobre tierra plana

El joven indígena asesinado el 9 de mayo del 2017 cuando en comunidad limpiaban de caña de azúcar la tierra que reclaman como propia, ahora en manos de un ingenio azucarero, refleja con claridad una decisión empresarial y oligárquica: no permitir que los indígenas avancen en su plan liberador sobre tierra plana, pues de así suceder podrían acercarse a las vías principales del Valle, además de poner en peligro la estabilidad de los latifundios cañeros.

Decisión presente en el empresariado caleño, claramente expresada al Alto Comisionado de paz en los diálogos de La Habana, cuando le exigieron por su conducto al Gobierno no aprobar ninguna zona campamentaria de la guerrilla en las zonas planas del Valle. Hasta cuando un milímetro de sus intereses está en juego, hasta ahí llega su voluntad de paz.

De esta manera, si el Estado no cumple con los compromisos contraídos con los Nasa, entre ellos entregarles la tierra que les pertenece, tendremos en el futuro cercano y lejano la nefasta realidad de otros asesinados a manos de la mal llamada Fuerza Pública.

¿Y la justicia? El Estado colombiano carga con la totalidad de la responsabilidad por los asesinatos, la persecución y el etnocidio prolongado que durante años ha costado la vida de lideresas, líderes e indígenas que reclaman sus derechos fundamentales. Así lo señala la memoria indígena y popular.

Sobre estos hechos, compartimos el comunicado oficial de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), donde relatan con detalle lo ocurrido el pasado 9 de mayo en Corinto, Cauca, durante un ejercicio de liberación.

Ver minuto 17:14 del Magazine DATV

Comunicado:

De la sangre de un Nasa, nacerán mil semillas de LIBERACIÓN

El día 9 de mayo de 2017, en el transcurso de la Minga Territorial de Trabajo y Pensamiento, del proceso de liberación de la Madre Tierra, celebrada en el Norte del Cauca por el pueblo ancestral Nasa, DANIEL FELIPE CASTRO BASTO de 16 años de edad fue asesinado por la fuerza pública colombiana.

¡No habrá olvido para las caídas, ni perdón para los asesinos!

Se conoce que hay dos heridos más, uno de ellos un compañero indígena y el otro un periodista independiente del Centro de Comunicación y Educación Popular EnRaizando y corresponsal del colectivo Rebeldía Contrainformativa, quien fue baleado a sangre fría por la espalda. Su estado de salud es crítico y se encuentra en unidad de cuidados intensivos en un hospital de Cali a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Esta situación no es casual, ya que en el momento del ataque la fuerza pública manifestó que él era blanco directo por estar registrando el proceso de liberación, tanto así que desde la camioneta de la policía se escuchó “denle a ese, al de gris, bájense al de gris”, haciendo referencia al buso que llevaba el comunicador popular que iba ser asesinado por su labor de cubrimiento en favor de la liberación; luego hubo una ráfaga de tiros contra su humanidad y por suerte solo fue alcanzado por uno de ellos en el glúteo izquierdo, comprometiendo órganos vitales. Esto constituye a su vez un atentado contra la libertad de prensa y de pensamiento en Colombia.

También se alerta que las personas que continúan dentro de Corinto y los heridos NO TIENEN GARANTÍAS POLÍTICAS NI DE DEREHOS HUMANOS por el momento.

¡La sangre derramada jamás será negociada!

El proceso de Liberación de la Madre Tierra se inicia el 16 de Diciembre de 2014 y se ubica en 9 veredas a lo largo del Norte del Cauca. Plantea realizar una reforma agraria por el hecho, a causa de la irresponsabilidad del Estado frente a los compromisos adquiridos históricamente a nivel Nacional e Internacional con el pueblo Nasa, tras prácticas de exterminio contra dicho Pueblo. El territorio Nasa está actualmente ocupado por los grandes monopolios azucareros para biocombustibles, quedando así desplazadas las comunidades ancestrales. La liberación es un proceso autónomo, de soberanía sobre el territorio desde la acción pacífica y organizada, que consiste en la reapropiación de la tierra desde el corte de la caña del latifundio y el sembrado del alimento propio.

¡Que la tierra no alimente camiones sino personas!

Esto se suma a la presencia de personas encapuchadas en el casco urbano de Corinto, intimidando a la población y a las comunidades indígenas, imponiendo toques de queda y señalamientos que crean un ambiente de zozobra y terror para aislar y cohibir la acción colectiva y los procesos de lucha. Razón por la cual se alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y solidarias a estar en máxima alerta frente a posibles casos de montajes judiciales.

¡Al que anda solo, cualquier perro lo muerde!

Estos hechos que denunciamos no responden a casos aislados, sino que obedecen a las dinámicas de represión por parte del Estado y los mecanismos paraestatales en todo el territorio nacional y específicamente en el Norte del Cauca, en fuerte contradicción a los supuestos escenarios que plantean los acuerdos de paz: amenazas constantes, hostigamientos de diversos grupos armados y persecución judicial y mediática contra el movimiento social y popular.

¡No hay paz sin tierra!

Por las veredas aun camina la palabra de Guillermo Pavi, Gersaín Cerón, Marco Aurelio Díaz, Javier Ascúe, Javier Oteca y Felipe Castro, cuya sangre ha quedado sembrada en los cañaduzales y la vía panamericana, su vuelta a la tierra nos da la fuerza para seguir luchando y organizando la rabia para defender la vida y liberarla.

Por último, hacemos un llamado a las diferentes expresiones nacionales e internacionales de resistencia desde abajo a hacer su pronunciamiento de solidaridad efectiva frente a esta y todas las luchas sociales que gestan los pueblos del mundo en vía a construir autonomía y libertad.

¡Hasta que se apague el sol!

 

Liberación de la Madre Tierra – Territorio Bakatá

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Comunidades de la Emperatriz, en Caloto Cauca son Atacadas por la Fuerza Pública

Hoy 14 de octubre, a las 6 de la mañana, Ejército y Policía ingresaron de manera violenta a la hacienda La Emperatriz, en el municipio de Caloto en el departamento del Cauca. En la hacienda se encuentran ubicadas, desde hace más de un año, las comunidades indígenas del resguardo de Huellas Caloto, quienes realizan acciones de liberación de la Madre Tierra. La arremetida de la fuerza pública dejó un saldo de cuatro comuneros heridos.

Muy temprano en la mañana entraron maquinas y tractores destruyendo los asentamientos y los cultivos que hasta el momento habían construido las comunidades cercanas. De igual manera, la fuerza pública arremetió lanzando de manera indiscriminada, gases lacrimógenos a todas las personas. Debido a las grandes cantidades de gas disparado, las comunidades cercanas a la hacienda tuvieron que desalojar sus viviendas, puesto que la fuerza pública atacó también a las viviendas, sin importarle que en las casas habían bebés, niños y mayores.

En medio de la trifulca la comunidad de Huellas de Caloto retuvo a 12 soldados, en el resguardo de Toez en la vía al Palo, cercanías de Caloto en Cauca. Así respondieron los indígenas, luego de que estos soldados amedrentaran a la comunidad enseñando sus rifles y amenazando con disparar a quienes trabajaban desde hace dos años en la liberación de la Madre Tierra.

La comunidad indígena reportó cuatro comuneros heridos, los cuales no pudieron ser trasladados con prontitud al puesto de salud, porque la fuerza pública obstaculizó la entrada de la ambulancia, para que los comuneros recibieran atención médica.

Este suceso se produce 2 días después de que se conmemoraran más de 500 años de resistencia frente al saqueo y el genocidio que los imperios foráneos vienen perpetrando contra los pueblos originarios de nuestra América. Suceso conmemorado en la región del norte del Cauca, mediante la apertura de un nuevo punto de liberación de la Madre Tierra, ubicado en la finca Vista Hermosa del resguardo de López Adentro.

Según cuentan las comunidades, el 12 de octubre a esta nueva aldea de la liberación, llegó un enviado del dueño de la finca, que sirve a los ingenios azucareros de La Cabaña y Río Paila acompañado del ejército, cuatro camionetas de seguridad, dos helicópteros y una avioneta que sobrevolaron la zona. El mensaje: “No hagan las cosas así, sentémonos a conversar como gente civilizada. Salgan de la finca y conversamos”.

Frente a lo cual la comunidad respondió: “Gente civilizada somos. Por eso liberamos la Madre Tierra. Si lo que quiere decir es que nos sentemos a conversar pues nos sentamos. Aquí mismo en la finca hasta que la liberemos por completo.” El enviado se fue.

Según la memoria del pueblo nasa, en La Emperatriz firmaron un acuerdo en 2005 y salieron, teniendo que volver a entrar en 2015 porque nunca se cumplió. “Al perro no lo capan dos veces.”

El ataque de desalojo que se perpetró el día de hoy no es ajeno a lo ocurrido el año pasado y en días recientes, una vez más siguen violando los derechos humanos, muestra de que la guerra continua contra quienes se atreven a confrontar al sistema de manera directa, al capital transnacional y al monocultivo de la caña en la región del valle del rio Cauca. Estas acciones de ataque y fuerza indiscriminada contra comunidades indefensas -quienes exigen legítimamente sus derechos, cuidan y defienden el territorio, garantía de vida para todas las generaciones, no pueden justificarse desde un gobierno que proclama la paz-, no puede primar el afán de lucro individual por encima de los derechos colectivos.

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