Miércoles, 24 Octubre 2018 17:22

Centros penitenciarios de control social

Centros penitenciarios de control social

Lo que gritan es muy diciente: “cállese marrano hijueputa”; “abajo, marica, ¿es qué no escucha?”; “este hijueputa es el más fastidioso de todos”; “marrano hijueputa”; “ese es el cacique, ese hijueputa es el cacique”; “ahí sí no es hombre ¿no?”; “ahí sí llora como una nena”; “ya no se cree malo ¿no?”; “sea barón, gonorrea”; “esas gonorreas casi matan al man”. Los insultos corresponden a un video que muestra a varios hombres jóvenes semidesnudos tirados en el suelo boca abajo. Uno de ellos, al que llaman Marrano, llora de dolor al ser golpeado con un palo en la retaguardia. Si uno, como espectador, sólo tuviera acceso a los audios, y no a las imágenes, podría pensar que quienes golpean e insultan, a quien por nombre le dicen Marrano, hacen parte de una banda delincuencial que cobra venganza, posiblemente por las heridas propinadas por éste a uno de los suyos. Así se escuchan y así se ven. Pero no, no son ninguna banda enemiga, el video muestra que quien golpea y quienes insultan al joven reducido es la Policía Nacional y quienes están tirados en el piso son algunos de los jóvenes del centro penitenciario El Redentor.

 

El video salió a la luz pública el 11 de octubre y desde entonces se desató un debate sobre el funcionamiento del centro reclusorio. Un debate que, sin embargo, se centró en el comportamiento de los reclusos y no en la represión de los oficiales. Pero ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Para justificar de forma velada el comportamiento de los policías. Así lo insinúa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, entidad encargada de proteger a los adolescentes y jóvenes: “se acude a la policía sólo cuando la situación ya está fuera de control y, pues, desafortunadamente suceden estos excesos, que nada los justifica”, aclara.

 

Pero el “nada lo justifica” ya no sirve, es sólo un accesorio para curarse en salud. Antes ya había dicho que en lo corrido del año los reclusos se han amotinado en más de 20 ocasiones y que constantemente les encuentran armas, que no son adolescentes sino jóvenes entre los 18 y 28 años. Es decir, ya deslegitimó a los reclusos. No es difícil imaginar entonces que los policías implicados compartan su lógica. No es difícil imaginar escucharlos decir “claro, ahora sí arman tremendo escándalo por los reclusos, pero ¿quién habla de los policías que los reclusos hirieron?”. Porque, como se escucha en el video, al parecer uno de los policías dice: “esas gonorreas casi matan al man”, refiriéndose a uno de los uniformados heridos.

 

Es muy posible que el motivo de la conducta de los policías haya sido precisamente esa; que, tras ver a uno de los suyos lastimado, al parecer por el joven a quien llaman Marrano, hayan actuado ciegamente, con rencor. Con esta descripción, tal y como se insinúa en medios de comunicación, es hasta muy posible que la opinión pública simpatice con los oficiales y condene a los reclusos, a pesar de ver las fuertes imágenes de estos en el piso. Sin embargo, la Fuerza Pública no es un grupo de individuos común y corriente, son una entidad, se supone, formada y capacitada para saber cómo actuar en casos de crisis. Son una institución, supuestamente, democrática y que por lo tanto sus funcionarios no deben actuar como la gente común y corriente. Por esto, no es posible justificarlos, ni mucho menos simpatizar con su conducta.

 

Ahora, si el debate estuviera encaminado en esta dirección nos estaríamos preguntando más bien por la formación y funcionamiento de la Policía, no sólo por el centro reclusorio. Aquí ganan pertinencia preguntas como: ¿en realidad los policías están formados para manejar casos como el que tratamos? Y con esto no sólo se puede hacer referencia a las estrategias de reducción y sometimiento de los reclusos, sino a la formación psicológica y emocional (hasta moral) para manejarse cuando las cosas se salen de control. ¿Se discierne con los policías la forma en que entienden a los reclusos? Esto es fundamental que lo hicieran ya que, por la naturaleza de su oficio es muy posible que la imagen que construyen sobre el delincuente en general (y el recluso en particular) esté reducida a sus características negativas, es decir, que tiendan a demonizarlos, a verlos como la escoria de la sociedad y con ello pierdan todo sentido de compasión, comprensión y entendimiento ¿Los policías tendrán, entonces, una reflexión/trabajo continuo con profesionales, por ejemplo del área de la psicología, para evitar que deshumanicen al delincuente? Estas son las preguntas que también deberían estar en el centro del debate, mucho más cuando la Procuraduría advierte que el comportamiento de los oficiales dentro del reclusorio es posiblemente sistemático.

 

Signos de crisis

 

La indignante golpiza propinada a los reclusos por parte de los oficiales, sumado al hecho de que los reclusos constantemente se están amotinando, es una muestra más de la crisis estructural del sistema penitenciario. Este es un fenómeno sobre el cual muchos estudiosos del tema han llamado la atención, pero tal vez también es uno de los más rezagados, olvidados e ignorados. Las variables de la crisis están en todas las dimensiones, comenzando por la infraestructura, como afirma la misma doctora Pungiluppi, para quien El Redentor es inadecuado e insuficiente en términos de espacio. Esta es una realidad no sólo para este reclusorio sino para la gran mayoría de este tipo de centros de reclusión con que cuenta el país. Constantemente se escucha en los noticieros los índices de hacinamiento en las cárceles, los cuales pueden sobrepasar cuatro veces su capacidad.

 

Otra variable tiene que ver con la demora en la formulación de las sentencias. Más del cincuenta por ciento de los presuntos delincuentes pasan años privados de su libertad hasta que se de una sentencia. Esta es, por un lado, una de las causas del hacinamiento, aunque no la determinante.

 

Pero el problema más relevante en términos sociales tiene que ver con los procesos de resocialización. Es bien conocido este fenómeno en la opinión pública. Se sabe que los reclusos aprenden a delinquir en los centros de reclusión tanto como en la misma calle. Una gran contradicción si se cree, como se nos dice a menudo, que la función de dichos centros es la de rehabilitar y resocializar a quienes infringen las leyes. Funciones que en realidad nunca han existido ni han estado dentro del radar de los formuladores de la política pública. En realidad, como afirma Michael Foucault, las cárceles son centros de control social, específicamente de las clases bajas y los movimientos sociales. Su función, contrario a lo propagandeado, es la de someter y destruir al disidente.

 

Sistema penitenciario: la nueva forma de esclavitud

 

La crisis estructural del sistema penitenciario no sólo es un problema de Colombia, es uno de los más importantes del mundo. En el documental Enmienda 13, de la directora Ava DuVernay (Selma, Scandal), autores como Angela Davis, Van Jones, Michelle Alexander, afirman que el sistema penitenciario en Estados Unidos es la forma como se logró perpetuar la esclavitud de la población negra a pesar de la abolición formal de la misma como sistema económico. Dichos autores muestran cómo se han transformado en el tiempo las causas del encarcelamiento. Durante el siglo XIX y parte del XX se apresaba a las personas negras que se consideraban ociosas o vagas. Luego, criminalizaban a los actores de los movimientos sociales antiracistas y a favor de los derechos civiles de las personas negras, por fomentar el caos e ir en contra de la ley. Hasta llegar a la década de los sesenta del siglo XX con el gobierno de Nixón, cuando inició la lucha contra las drogas.

 

A partir de este momento se emprendió una guerra sistemática contra los consumidores, productores y expendedores de drogas. Una política que, se sabe, tiene como objetivo el control social de la población marginal para impedir que se organicen y así fomentar el miedo de unos con otros. Este análisis que enuncia el documental es fundamental como puerta de entrada para entender nuestra propia realidad. El observatorio de niñez, del Icbf, muestra que la causa principal del encarcelamiento en adolescentes y jóvenes es el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Un cambio radical en la política sobre el tema de las drogas, del punitivo a uno con enfoque de salud pública, sacaría a miles de adolescentes y jóvenes de los reclusorios donde se exponen a ambientes de riesgo. Sin embargo, más de diez millones de personas, sumadas a la indiferencia de otros tantos millones, eligió a un presidente que volvió a penalizar la dosis mínima. Lo cual traerá como consecuencia un incremento en el número de reclusos que nunca serán resocializados.

 

Así, su política contra las drogas es una política que alimenta la criminalidad si se entiende de esta manera: al ser un negocio ilegal, sus conflictos inherentes no se pueden resolver por medio de la justicia ¿qué significa esto? Que, si un productor sorprende a uno de sus expendedores robándole la mercancía, no recurre a la justicia para apresarlo, sino a métodos violentos, como el sicariato, propio de una economía ilegal. Legalizar el negocio reduciría el número de jóvenes y adolescentes muertos o encarcelados por asesinar.

 

Retórica oficial

 

Luego de darse a conocer el video que evidencia la brutalidad policial y sin exponer las causas que lleva a los jóvenes allí recluidos a cometer conductas por las caules pierden su libertad, la retórica oficial se ha centrado en decir que desean una gran reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –Srpa–. La directora del Icbf ha dicho, por ejemplo, que su enfoque deseado sería que la última opción para castigar a los jóvenes delincuentes sea la reclusión, que antes buscaría otras estrategias, como la labor social. Una propuesta que suena bonita ante un micrófono de un medio de comunicación, pero que no deja de ser buenas intenciones. Es difícil creer que la gran reforma se haga porque, para lograrla, se tendría primero que reformar, para empezar, la política contra las drogas. Si esto no se hace, a la par de una reforma del sistema penitenciario, los problemas estructurales continuarán. Pero, para que se de un giro de esta importancia, se requiere un tipo de gobierno radicalmente distinto al actual, uno que no utilice las cárceles como sistema de control social y la guerra contra las drogas como excusa para conseguirlo.

 

Publicado enEdición Nº251
Sábado, 21 Julio 2018 09:04

Un equipo de empresarios y uribistas

Un equipo de empresarios y uribistas

Algunos de los nombres resuenan por un pasado de tropiezos con la Justicia y otros por su destacado paso por empresas privadas, a falta de representar los intereses de la clase trabajadora, los indígenas y las víctimas del conflicto.

Mientras los partidos políticos se enfrentaban por la distribución de cargos directivos en el Congreso que se posesiona hoy, el presidente electo Iván Duque avanzó en elegir su gabinete ministerial anunciándolo a cuenta gotas y causando sorpresas por el alto número de mujeres, entre ellas Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior, que se estrenó prematuramente en sus funciones para calmar los ánimos entre los parlamentarios inconformes por resultar relegados en la repartición del poder. El ramillete de ministros, entre tanto, se abrió pasó sin problemas entre uribistas “pura sangre” y representantes de los gremios económicos. Algunos de los nombres anunciados resuenan por un pasado de tropiezos con la justicia, y otros por su destacado paso por empresas privadas, a falta de representar los intereses de la clase trabajadora, los indígenas, las víctimas del conflicto, y los líderes sociales que siguen llevando la peor parte tras el fin de la guerra con las Farc sin lograr que alguno de los nuevos ministros o el mismo Presidente electo les dedique atención.


Se destaca, sin embargo, lo paritario del nuevo gabinete en cumplimiento de las promesas de campaña. “Es un orgullo que el país tenga, por primera vez, una ministra del Interior”, afirmó el ex senador Iván Duque sobre la señora que estuvo investigada por los seguimientos ilegales a la oposición y la prensa desde el ya desaparecido –justamente por ser un ente corrupto– Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, mentor de Duque quien alcanzó la Presidencia en ballotage en junio pasado.”He creído firmemente en una sociedad donde se empodere el liderazgo de la mujer”, dijo el joven político que por vicepresidenta tiene a Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, criticada por los movimientos feministas que la consideran machista y contraria a defensora de los derechos de las mujeres.


Otra mujer, que hasta la fecha ha recibido elogios por su gestión en el tema, será responsable de la cartera de Educación. María Victoria Angulo fue la secretaria de Educación en la Alcaldía de Bogotá de Enrique Peñalosa, mientras Gloria Alonso será quien dirija al Dirección Nacional de Planeación, una importante institución para la definición y financiación de políticas públicas. Además, Sandra Monroy, aún no confirmada en voz de Duque pero sí por medios como Portafolio.Co sería la nueva ministra de Tecnologías. Como la mayoría en el nuevo gabinete, viene del sector privado y favorecía intereses de empresarios en el gobierno que comienza. Monroy pasó por Claro Colombia, Terpel, Azteca Comunicaciones, y la Comisión Nacional de Regulación de Comunicaciones.


Además, María Fernanda Súarez, de 44 años quien ha trabajado en la empresa pública de petróleos EcoPetrol, fue elegida ministra de Minas y Energías. Según el nuevo primer mandatario “con ella promoveremos una mayor diversificación de la matriz energética, la responsabilidad social y ambiental, la eficiencia y competitividad del sector”.


Lo novedoso del grupo de Duque, además del número de mujeres, fue el nombramiento de Ricardo Lozano como Ministro de Ambiente, quien es declarado integrante de la comunidad lgbti. Sin embargo, sectores sociales le critican que representa los intereses de los privados pues viene de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) como la ministra de Comunicaciones que proviene de Asomovil, la asociación de operadores móviles que en Colombia están en manos de privados, a excepción del operador Tigo de la empresa pública Une de Medellín, que podría estar vendiendo acciones próximamentes para superar el descalabro generado con su la tragedia del proyecto hidroeléctrico Ituango.


Y lo polémico tuvo que ver con el nombre de Alberto Carrasquilla, al frente de la cartera de Hacienda, por haber afirmado años atrás que el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto. Lo hizo mientras ocupó el mismo cargo en el periodo presidencial del cuestionado Uribe Vélez. Por lo que analistas como Héctor Riveros opinan que una el gabinete de Duque refleja una “especie de tecnocracia integrada por una élite social e intelectual que se ha tomado los gobiernos en Colombia desde hace treinta años ha traído cosas positivas, por ejemplo, Colombia es un país moderno y con mucha menos pobreza que antes, pero también ha profundizado los mayores problemas de nuestra sociedad: la desigualdad y la exclusión”.


Para Riveros, los nombres anunciados hasta ahora son mucho más viejos de lo esperado, egresados de las mimas universidades privadas de Bogotá, lo que significaría un centralismo en el gobierno próximo, y critica que la mayoría han nacido o habitado en los barrios de clase alta de la capital.


El nombramiento del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, no ha sido menos polémico pues también proviene de las empresas, y no tiene conocimiento militar ni en derechos humanos en un momento crítico de transición de un país que está dejando atrás las insurgencias y debe enfrentar los retos del narcotráfico y la recién aprobada ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales (neo paramilitares, mafiosos o grupos ilegales al servicio de economías ilegales). Botero ha dicho, generando rechazo en la opinión pública, que reformará las leyes para la protesta social.


Del mundo privado al público también hacen su salto Andrés Valencia Pinzón, que proviene de la Federación Nacional de Avicultores y será el Ministerio de Agricultura, y Jonathan Malagón, uno de los más jóvenes del gabinete, que será el Ministro de Vivienda. Egresado de la Universidad Nacional, la institución educativa pública más importante de Colombia, Malagón generó buenas reacciones entre sectores de centro e incluso en la oposición. Por último, se supo que Juan Manuel Restrepo será el Ministro de Comercio, que Juan Pablo Uribe, médico y experto en sanidad pública, dirigirá Ministerio de Salud, y que Gloria Borrero –quien trabajó con los ex presidentes Samper, Pastrana y Gaviria– será la ministra de Justicia.

Publicado enColombia