Pie de foto: médicos del hospital público de Leticia que renunciaron masivamente

La histórica crisis que sobrelleva la salud en Colombia gana nuevos ribetes con la llegada al país del covid-19: precaria dotación de los centros de salud, atraso en el pago de salarios y otras garantias laborales para el personal médico, a lo que hoy se suma la ausencia de dotación adecuada para atender a pacientes afectados por el virus de moda sin por ello poner en riesgo la salud y vida.

Desde hace varias semanas, día tras día, llegan denuncias de los trabajadores de la salud, hombres y mujeres, provenientes desde ciudades como Cartagena, Sogamoso, Zarzal, Leticia, última ciudad donde 27 médicos (6 especialisstas y 21 médicos generales), del único hospital público del departamento, presentaron renuncia el pasado 20 de abaril por falta de garantías para trabajar en medio de la pandemia del covid-19.

En la carta de renuncia masiva presentada el pasado 20 de abril expusieron 8 exigencias, de las cuales el gobierno se comprometió a cumplir 7 para el jueves 23 de abril, solo no podían cumplir con la petición relacionada con el pago de prestación de servicios (vea el documento de renuncia). Los médicos retomaron labores el mismo día de la renuncia masiva.

 

   

 

  

 

¿Un gobierno de palabra y hechos?

Con expectativa, los renunciantes vivieron estos tres días, esperanzados en poder desempeñar su trabajo sin riesgo de contagio y mucho de menos de muerte. Tanto para ellos como para la población del departamento. Y llegó el día 23, y la esperanza se desinfló.

En efecto, desdeabajo conversó con un médico del hospital San Rafael quien confirmó que el trato entre el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino y el alcalde de Leticnia, Jorge Luis Mendoza, no fue cumplido a cabalidad: “Solo nos dieron unos trajes de bioseguridad que tenían guardados. Seguimos con unas máscaras y overoles, que son suministros muy reducidos y, esos elementos los tenemos que reutilizar”, comentó el médico preocupado por su salud y la de los miles de personas que viven en Leticia. Además, amplió, “nos prometieron 20 ventiladores para todo el hospital y seguimos con los mismos 4 ventiladores viejos que hay, de los cuales ahora hay dos en uso; si llegan a venir 3 infectados por el covid–19, tendríamos que tomar una decisión muy difícil: a quién no suministrarle un ventilador”, comentó este trabajadpr de la salud, quien no suministró su nombre porque teme las represalias por parte de las autoridades.

¿Pero por qué dice qué hay represalias contra el personal médico?, preguntamos, y en su respuesta angustiada precisó: “empezaron a indagar por los contratos del personal de la salud que renunciaron, para después ser echados”.

Y prosiguió:“El hospital no tiene unidad de aislamiento para pacientes con covid-19. Ellos se comprometieron a acondicionar un lugar para eso. Y adaptaron unas carpas militares a las afueras del hospital pero esas no son carpas sanitarias. Una persona con covid-19 no va resistir bajo el sol y la humedad en una carpa de esas bajo 38 grados centígrados. Las carpas ya las desinstalaron porque una comisión de diputados verificó que no funcionaron”.

Memoria y territorio

Los médicos del hospital de la capital del Amazonas, ya habían expuesto sus preocupaciones sobre falta de garantías sanitarias para atender la crisis de la pandemia en la zona. “La única manera como nos puso atención el gobierno central fue con la renuncia”, comentó nuestro entrevistado.

La frontera entre Tabatinga, Brasil y Leticia, Colombia, es una avenida que los lugareños comparten. Muchas personas utilizan los pasos irregulares para transitar entre los dos lugares. El cierre de frontera, decretado por el presidente Iván Duque, no funcionó porque hace más de 10 días en Tabatinga, Brasil, se contagiaron 12 personas con el virus y fallecieron 2. El virus se traslado y el primer caso positivo en Leticia fue confirmado el pasado viernes 17 de abril, un médico que atendió una persona proveniente de Tabatinga. La noticia voló rápido en Leticia y la población ya estaba sumida en el terror y el pánico.

Al día siguiente, los leticianos, recibieron la noticia de que 4 pruebas aleatorias que se hicieron dieron positivo. El domingo en la mañana llegó un paciente al hospital público con todos los síntomas del covid-19, quien falleció en la noche, y ya hay confirmación de que murió por el virus. Una propagación masiva del virus estaba en camino, hasta la fecha, 23 de abril en Leticia hay 14 casos positivos, pero se teme que sean más puesto que los resultados llegan con 6 días de retraso, después de realizadas las pruebas.

Ahora que se cumplió el plazo que acordaron los entes gubernamentales con los médicos, y que no cumplieron a cabalidad el trato es evidente que el llamado de atención no sirvió para dar las garantías del personal de salud y a la población, que teme por su vida y que no podrá ser atendida de forma digna en medio de la pandemia.

 

 

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Viernes, 23 Junio 2017 17:10

Aula abierta

La contundencia del paro magisterial sorprendió a propios y extraños. Por todo el país, día a día, desde el pasado 12 de mayo –un día después de la declaración del cese de actividades–, calles y avenidas de distintas ciudades son ocupadas por miles de quienes tienen por trabajo formar a las nuevas generaciones.

 

En todas y cada una de esas actividades, masivas por demás, resalta el entusiasmo y la disposición de todas las personas allí reunidas: mujeres y hombres, adultos y jóvenes, agitando sus propósitos, denunciando al gobierno, entonando sus consignas con energía, en no pocas ocasiones cantando, brincando, hablando con la gente para explicar las razones de su lucha, cubriendo extensos recorridos para garantizar con sus cuerpos, voz e imagen, un testimonio fiel de su decisión de conmover a todo el país ante un reto que es nacional: garantizar la financiación plena y oportuna de una educación de calidad.

 

La continuidad de sus acciones, la decisión de estar en la calle, resume un mensaje nítido: para enfrentar al gobierno no son suficientes razones –el poder es sordo–, hay que imponerlas.

 

Han salido, entonces, miles a dar lo mejor de sí, a dictar su mejor clase, en una aula abierta a la cual concurre todo el país. Ejemplo y testimonio también para sus educandos, para sus familias: ningún derecho lo conceden y garantizan sin lucha, sin resistencia. O lo que es igual: todo problema público tiene solución siempre y cuando lo enfrentemos como un solo cuerpo.

 

Al tablero

 

Decidirse por un aula abierta no es fácil, como no lo es sostenerla, pero las circunstancias así lo obligan: la crisis financiera del sector, la precariedad del servicio de salud, el estrés y el acoso laboral, la jornada única, la insuficiencia alimentaria ofrecida a quienes estudian, entre otras razones, son parte del conjunto de razones que, acumuladas y sin resolución efectiva por el ente oficial, obligaron al magisterio colombiano a escribir con letra mayúscula: ¡YA NO MÁS!

 

Circunstancias de precariedad laboral y educativa, que para el caso de Bogotá ya habían llevado a la Asociación Distrital de Educadores (ADE) a marcar el 17 de mayo como el día cero para iniciar el cese de labores. Otros sindicatos seccionales, como la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y la Asociación de educadores de Cundinamarca (Adec), también habían tomado la irrevocable decisión de un paro, aunque aún no le habían marcado fecha.

 

En otras seccionales también estaba la inquietud sembrada, circunstancia que llevan a Fecode, la Federación que agrupa al gremio magisterial, a convocar para el 8 de mayo con carácter urgente su Junta Nacional, la misma que reúne las 32 filiales que la integran, y en la cual toman la determinación de un paro indefinido del sector a partir del 11 del mismo mes. Las banderas del mismo, ya enunciadas, tienen sus razones y alternativas de solución:

 

Las materias

 

Financiación de la educación


Como se recordará, a partir del Acto Legislativo 01 de 2001 fue creado el Sistema General de Participaciones (por el cual se giran los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable), reemplazando al Situado Fiscal que era la fuente de recursos para la educación.

 

Esta medida, creada con criterio transitorio, dura hasta este año, dejando en el limbo no solamente la educación, sino también la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Ante ello el magisterio exige, como solución, la aprobación de un nuevo Acto Legislativo que resuelva de manera definitiva la financiación de la educación, con recursos suficientes.

 

Las condiciones en el puesto de trabajo


El trabajo formativo de las nuevas generaciones no es tarea sencilla, es exigente. El trabajo no se reduce a la presencia en el salón de clase, a repetir saberes y propiciar repeticiones como loros. No. La labor formativa implica un esfuerzo preparativo extraclase, pensar qué se construye, cómo y con quién se construye, cómo motivar, etcétera, pero también un esfuerzo posclase, de evaluación, para estimular que los procesos de formación tengan consecuencia lógica con la realidad de la nación.

 

Esto es lo más evidente, pero también están todas las tensiones desprendidas de la convivencia, de las necesidades de todo tipo que portan las personas jóvenes, las que en no pocas ocasiones llevan a contradicciones y tensiones intensas entre quien forma y quien es objeto de este proceso. Tensiones que también se desprenden de las difíciles situaciones económicas (pobreza) en que viven quienes estudian, pues las problemáticas familiares también llegan a los colegios.

 

Entonces, no es raro que quien forma, tras 5, 10 o más años de labor, soportando situaciones extremas, atendiendo día a día 40 y más estudiantes, llegue a situaciones de estrés.

 

De esta dinámica, asociada a los tiempos cambiantes que vivimos, cada vez más complejos y exigentes, se deriva un estrés profesional –laboral–, endémico. Los cuadros depresivos y de angustia cubren a centenares de mujeres y hombres dedicados a la docencia. El cuadro de salud es tal que en medicina laboral les incapacitan hasta por seis meses, y sin planes de rehabilitación ni de recuperación de la salud les decretan su pensión por invalidez. ¿Qué hacer con esta realidad, que no le sirve al país ni a quien padece el problema? La verdad es que el magisterio requiere encontrarle solución a la problemática que origina esta situación.

 

Una vía preventiva para ello, para impedir llegar al extremo, es la aprobación de un modelo de año sabático para quien cumpla cinco o diez años de labor constante, por medio del cual no sólo toma aire quien trabaja en la docencia sino que también se adentra en procesos de formación constante, oxigenación que sin duda redundará en mejores capacidades formativas para sus educandos.

 

Acoso laboral


Esta es una realidad poco denunciada pero real, propiciada en parte por la expedición de normas, lineamientos y de política educativa, que de ninguna manera favorecen la labor educativa.

 

Salud


Este tema resume con toda claridad la precariedad que a todo nivel vive la educación en nuestro país. Lo que debiera concretar un derecho humano fundamental quedó reducido a la suplica permanente ante la entidad contratada para que atienda al paciente.

 

A pesar de que la salud tiene que estar vigilada y garantizada desde el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con dineros aportados por el patrón y el magisterio, administrados a través de un contrato de fiducia, los afanes económicos del gobierno terminan por someter a crisis este derecho al desviar los recursos reunidos para cubrir con ellos otras obligaciones como cesantías y pensiones; de igual manera, el interés de ganancia de quienes son contratados para prestar el servicio, con su afán de lucro, terminan por privilegiar una mayor ganancia a prestar un buen servicio.


Las soluciones se han planteado de muchas formas y el gobierno a través de sus tres representantes en el Consejo Directivo del Fondo, no resuelve. La salida definitiva, es asumir en forma directa el servicio médico asistencial para el magisterio y sus familias, eliminando los contratos. En las regiones son los secretarios y secretarias de educación, quienes deben vigilar que estos servicios se presten con oportunidad y efectividad, para que haya prevención de las enfermedades y se cumpla con lo establecido en salud laboral.

 

Jornada única


Debe aclararse, ante todo, que Fecode no se opone a esta Jornada, mal podría hacerlo pues la misma surge de un acuerdo alcanzado en el año 1993, cuando se firmaron los aspectos centrales de la Ley General de Educación –luego convertida en la Ley 115/94–, en la cual queda consagrada esta Jornada.

 

Pero la Jornada única no puede decretarse sin garantizar condiciones básicas para que docentes y estudiantes la aprovechen en las mejores condiciones: edificaciones y dotación adecuada, espacios físicos ajustados a la demanda de centenares de estudiantes que requieren alimentación balanceada para lo cual las autoridades correspondientes deben destinar los recursos necesarios para construir y dotar restaurantes dentro de los colegios, y así garantizar desayuno y almuerzo balanceados, además de los refrigerios; áreas amplias, bien dotadas, con acompañamiento permanente, para que no terminen saturados por la extensa permanencia en un solo lugar; pero también salario profesional, para que el magisterio ejerza su labor con pleno reconocimiento del esfuerzo que realiza.

 

Sin así garantizarlo, este reto no es factible de ser concretado. Pero, además, es necesario resaltar que a esta Jornada no puede llegarse por la vía de los estímulos que las Secretarías de Educación ofrecen a las rectorías, bien sea por la valoración de calidad o de eficiencia, u otro tipo de reconocimientos, ni a través de imposiciones procedentes desde el Ministerio de Educación, pues ello no resuelve el problema ya planteado; lo que hacen las autoridades educativas al así actuar es reducir el hecho educativo a una simple concentración de estudiantes en un espacio físico, lo cual no promete como resultado final nada más que desastres.

 

Algunas lecciones

 

  1. 1. Asiste el magisterio colombiano a un cambio generacional que propicia la potenciación energética que ahora se ve. Si bien este cambio no es total, sí es evidente que una generación de docentes está cerrando su ciclo y el relevo ya está tomando sus banderas. Llevar a cabo este proceso de manera armoniosa es condición fundamental para que el gremio gane en fortaleza así como en la concreción de una nueva visión sobre el hecho educativo.
  2. El magisterio se reafirma en la concepción de que si no es luchando, peleando, haciendo un cese de actividades, no se logra conquista alguna.
  3. En el proceso vivido hasta ahora logramos una mayor unidad en el gremio, la cual podrá ahondarse si el acuerdo final está a la altura de las demandas levantadas por la base magisterial.
  4. Un talón de Aquiles. Aún no logra el magisterio reconstruir redes organizativas y solidarias con el conjunto de la comunidad educativa, hacerlo sería la condición para ahondar una labor formativa que supere el salón de clase y toque las condciones de vida de nuestras sociedades.

 

Esta precariedad tiene expresión en el formalismo que hoy comportan los consejos estudiantiles y otras instancias de participación de estudiantes. Hay que estimular su constitución y existencia, pero también hay que garantizar su autonomía, actividad permanente y, con ello, su politización.

 

Al terminar de escribir esta nota, en una fase de la negociación que ha llevado a la delegación de Fecode a concentrarse durante varios días con el Ministerio del ramo, sin que éste ceda en sus política económicas y de otros órdenes; acompañada la delegación magisterial desde las calles por marchas y mítines por todo el país, una realidad brilla por su nitidez: El Magisterio colombiano no se rinde... ¡carajo!

Publicado enEdición Nº236

Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

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Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
Un beneficio pero con estrictas condiciones

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado enEdición Nº234
Creacion de la Comision de Implementacion, seguimiento y verificación

Implementación, verificación y refrendación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, adoptan el siguiente acuerdo de creación de la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General de 26 de agosto de 2012. 6.1 Mecanismos de implementación y verificación a. Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prorroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente y por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa Conversaciones de La Habana. b. Objetivos de la Comisión. Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de implementación. c. La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz.

Plan Marco.


Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.


Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación con enfoque de género y étnico. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar. A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes. Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el acto legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.


Medidas de implementación temprana.


Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana (D+1 hasta D+180) que presentará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.


Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.


Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno: • Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET. • Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET. • Los planes de desarrollo departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.


Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos

 

• Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. • El Gobierno Nacional y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional. • Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregaran a los fondos dispuestos por el gobierno para esos fines. • En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP. • En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución


Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.


Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación


Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.


El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas: • Mapas interactivos de seguimiento: se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos: sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos. • Mecanismos de rendición periódica de cuentas: se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos. • Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia: en concordancia con lo acordado en el punto 2.2.5 se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET. • Herramientas de las nuevas tecnologías de información: asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia. • Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción. • Mecanismo especial para la denuncia ciudadana: en el marco de lo acordado en el punto 2.2.5. se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo. • Fortalecimiento de los mecanismos de control interno: se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado. • Acompañamiento especial de los órganos de control: Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

Funciones de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)

La CSVR tendrá las siguientes funciones:


• Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera. • Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas. • Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V. En particular, la CSVR deberá: o Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final. o Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por Presidente de la República. Para estos efectos se tendrá en cuenta el listado indicativo y no exhaustivo de proyectos incluido como anexo del presente acuerdo. o Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final. o Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana. o Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos. • La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. • Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CVSR en el Acuerdo Final.

Composición


La CSVR estará compuesta por tres delegados/as del Gobierno Nacional, tres delegados de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y contará el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela. La CSVR contará con una secretaria técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. A las reuniones de la comisión podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.


CSVR Ampliada


Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSVR realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde. La CSVR presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.
Ubicación y Temporalidad


La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSVR sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido en este acuerdo.


Inicio de la implementación del Acuerdo Final


Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 11 de mayo de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2016.

Prioridades para la implementación normativa


Conforme a los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la Mesa de Conversaciones, y en especial los de los días 11 mayo y 19 de agosto de 2016, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto legislativo 1 de 2016: a. Ley de amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la PAZ, la Constitución Política, según acuerdos de 11 de mayo y 19 de agosto de 2016. b. Ley de aprobación del Acuerdo Final, según acuerdo de 11 de mayo de 2016. c. Las tres normas anteriores se tramitarán simultáneamente. d. Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, según acuerdo de 11 de mayo de 2016. e. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dado por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. f. Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo. Incorporación a la constitución de la prohibición, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares. g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos. h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del articulo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política. j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación. k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Pan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

Calendario de implementación normativa.


Durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el acto legislativo 1 de 2016 a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito. b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión. c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz. d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio. e. Reforma del Sistema de alertas tempranas. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 178 de 297 f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas. g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz. h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humano, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social. j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía la sociedad en especial, de las comunidades de las circunscripciones especiales de paz. k. Ley y/ o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción. l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia. n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Implementación prioritaria: Para implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), los siguientes temas: a. Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata. b. Definición de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas c. Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas. d. Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final. e. Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. f. Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía g. Convocatoria de una Conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas. h. Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas de regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC EP a la vida política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo, antes de la fecha de realización del plebiscito de refrendación popular del Acuerdo Final. i. Elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos. j. Zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata.


Consideraciones.


Que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.


Principios.


En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, incluyen los contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y /o tradicionalmente. 6.1.12.3. Salvaguardas y garantías Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final del Conflicto de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos. a. En materia de Reforma Rural Integral En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras. Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos. • Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos. b. En materia de participación. Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios. c. En materia de Garantías de Seguridad del punto 3.4 Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona. d. En materia de solución del problema de drogas ilícitas. • Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello. • En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento. • El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia, los del Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare, el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta, así como en el municipio de Tumaco río Chagüí y el del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca. • Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo EmberaKatío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.
e. En materia de víctimas del conflicto:“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” • El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes. • En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda. • En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas. • Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto. f. En materia de Implementación y Verificación • Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen. • Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.


Componente internacional de verificación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)El punto 6 del Acuerdo General para el fin del conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, señala que a la firma del acuerdo final, se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Sobre esta base, el Gobierno y las FARC-EP, acuerdan la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que a su vez, es parte del mecanismo de implementación de los acuerdos y tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación. En este mecanismo la verificación consistirá en el análisis de la información recolectada durante el proceso de monitoreo, con el fin de constatar el cumplimiento o no de los acuerdos. Establecerá cuáles son los avances en la implementación, cuáles son los temas en desarrollo y cuáles son los puntos de discusión y controversia, para que producto de esa caracterización y elementos de juicio, soportada en la constatación de datos y hechos, se evalúe el cumplimiento de lo acordado y las medidas de solución que tengan como fin último, su debida implementación.

Criterios orientadores del mecanismode verificación El Gobierno Nacional y las FARC-EP, acuerdan los siguientes criterios que regirán los procedimientos de verificación: • Verificación: será rigurosa en la comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia. • Objetividad: todo informe o pronunciamiento que rinda el mecanismo de verificación, estará rigurosamente soportado en datos y hechos. • Correspondencia: el esfuerzo de verificación que adelante el mecanismo corresponderá exactamente a las materias y contenidos de que trata el acuerdo que pone fin al conflicto y que fueron pactados en la mesa de diálogo, tomando en cuenta criterios de bilateralidad. • Enfoque diferencial y de género: se verificará el impacto diferencial y de género en cada uno de los acuerdos. • Enfoque intersectorial e integral: el proceso de verificación se apoyará en la información suministrada por el componente internacional de acompañamiento, el componente técnico y la que suministren los representantes del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y los voceros de las organizaciones sociales. • Acceso a la información: para realizar la labor de verificación, el mecanismo de verificación tendrá acceso a la información requerida en materia de implementación de los acuerdos, que se encuentre en las agencias, entidades del estado y mecanismos técnicos de recolección de información. La información de carácter confidencial será tratada de acuerdo con la normatividad vigente. • Transparencia: el componente internacional solicitará al Gobierno Nacional y a las agencias que realizan el acompañamiento internacional, para efectos del proceso de verificación, informes sobre los avances de la implementación de los acuerdos, en lo que corresponde a la destinación e inversión de los recursos públicos para la implementación de los mismos. Así mismo y a efectos de cumplir con sus tareas de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado. • Territorialidad: los mecanismos de verificación y monitoreo tendrán especial énfasis en la aplicación regional, departamental y municipal de los acuerdos.
Composición del mecanismo de verificación y funciones


El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias: • Notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por parte de las FARC-EP, que tendrán las siguientes funciones: a. Realizarán los pronunciamientos públicos, en relación con los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y puntos de discusión y controversia, todo ello en coordinación con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, en adelante la CSVR. b. En relación con los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos, los notables, en coordinación con los representantes de los países que hacen parte del componente internacional de verificación, presentarán recomendaciones de solución. • Componente internacional de verificación: el componente internacional de verificación que hace parte de la CSVR, estará integrado por un representante de cada uno de los países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompañantes han estado presentes a lo largo del proceso de diálogo para poner fin al conflicto. Su participación se desarrollará sin perjuicio de las tareas de acompañamiento que cumplan para la implementación de los acuerdos. El componente funcionará con los siguientes criterios: a. Se ajustará a los protocolos establecidos por la CSVR para la verificación de la implementación de los acuerdos. El protocolo se construirá con los países que integran el componente internacional. b. Coordinará con la CSVR los procesos de verificación. c. Comprobará el cumplimiento de los protocolos de implementación y verificación. d. Podrá consultar a institutos con capacidad en el terreno u otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar a la verificación de la implementación de los acuerdos. e. Coordinará sus actividades con los criterios de funcionamiento y alcance que la CSVR le haya asignado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU. f. Rendirá sus observaciones de cumplimiento a la CSVR durante los primeros 18 meses y posterior a ello, se realizarán semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc. Las observaciones de cumplimiento serán transmitidas a la CSVR y a los notables. • Componente técnico: El Instituto Kroc, con sujeción a los criterios y líneas de acción que defina la comisión de seguimiento, desarrollará entre otras, las siguientes actividades: a. Diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. b. Aportará las buenas prácticas y experiencias para un seguimiento efectivo a la implementación de los acuerdos. c. Brindará el soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento a la implementación de los acuerdos. d. Construirá con rigor metodológico un modelo de evaluación y seguimiento que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz. e. Su esfuerzo de trabajo técnico podrá ser complementado con las buenas prácticas y experiencias de otras instituciones e institutos que sean convenidos por el componente internacional de verificación y aprobados por la CSVR. f. Los informes, matrices y productos generados por el Instituto Kroc, tendrán como destinatario el Componente Internacional de Verificación y la CSVR, de conformidad con los criterios de confidencialidad que allí se establezcan. g. Las actividades de acompañamiento internacional y los informes de los componentes temáticos, serán tenidos en cuenta como un insumo para asegurar el seguimiento objetivo al cumplimiento de la implementación de los acuerdos. 6.2.3. Misión política de verificación de las Naciones Unidas El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo. Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes: Acuerdo 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Reincorporación política b. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. c. Reincorporación económica y social Acuerdo 3.4. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva b. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. c. Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. d. La Misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado y con experiencias en Derechos Humanos.


Calidades del verificador.


El verificador, entendido para efectos de este acuerdo, como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos, estará fuera de la controversia y opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz. El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU derechos humanos) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Así mismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos.


Temporalidad del componente internacional de verificación.


La CSVR previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor Presidente de la República la finalización de su funcionamiento. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 188 de 297 6.3. Componente de acompañamiento internacional El acompañamiento internacional incluido en el punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna, y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional en los términos como se define en este acuerdo, tendrá conexión con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), en adelante la CSVR. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional: 6.3.1. Criterios generales Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales: • Soberanía: el acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos. • Imparcialidad: se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos, y los valores democráticos, como garantía para que la implementación de los mismos, contribuya a la construcción de la paz. • Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos: el apoyo del acompañamiento internacional, radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


Acompañamiento internacional


Las FARC-EP y el Gobierno Nacional han acordado que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo general para el fin del conflicto: Acuerdo Instancia de acompañamiento internacional 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - Unión Europea - FAO - Vía Campesina 2. Participación política: apertura democrática para construir la paz - Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD. 3.2 Reincorporación - Unión europea - UNESCO - PNUD - OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes) 3.3 El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. - Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3.4 Lucha desmantelamiento de organizaciones - UNODC y Estados Unidos 3.4 Unidad especial de investigación - Estados Unidos - Unión Europea 3.2 Garantías de seguridad y personal - Estados Unidos - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas - UNODC - Comisión Global de Drogas 5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. - CICR - ICTJ - Podrán ser invitadas por la CSVR, otras instituciones que realizan acompañamiento internacional. Unidad de búsqueda de desaparecidos - Suecia - CICR


Enfoque de Género - ONU Mujeres. - Representante del Secretario General para violencia sexual en el conflicto. - Federación Democrática Internacional de Mujeres. A efectos de garantizar la mayor eficacia del componente de acompañamiento internacional a la implementación de los acuerdos, se determinan las siguientes líneas de acción: • Las actividades de acompañamiento internacional atenderán los criterios y requerimientos que establezca la CSVR. • Para el cumplimiento de las actividades específicas de acompañamiento primará la especialización temática y la plena articulación de los acompañantes mediante el establecimiento de una instancia de integración que atenderá los criterios de la CSVR. • Cada componente temático elaborará informes periódicos que serán compartidos a la CSVR, todo ello sin perjuicio de los informes que las distintas organizaciones o entidades, rindan a sus órganos correspondientes. Los informes producidos por los componentes temáticos de acompañamiento alimentarán de manera sistemática al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que el Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado como uno de los componentes de apoyo técnico para desarrollar el modelo de evaluación y seguimiento de la CSVR. El presente acuerdo invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente internacional de acompañamiento a contribuir con la financiación de los aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos. En el tema de Reincorporación, se solicita a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) apoyar el proceso de reincorporación a la vida civil. Igualmente se solicitará al Gobierno de Alemania que forme parte de los países acompañantes que apoyarán los temas referidos a punto 5, en lo relacionado con los temas de Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Publicado enColombia
Lunes, 01 Agosto 2016 07:52

Colombia: las FARC y la paz cercana

Colombia: las FARC y la paz cercana

La Habana. Pese ha haber desescalado el conflicto militar al punto de cero histórico, tanto el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tienen serias razones para no concluir con tanta prisa unas negociaciones que han estado marcadas por la falta de confianza entre las partes. Más allá de múltiples obstáculos, el proceso de diálogo parece haber alcanzado su punto de no retorno, y prueba de ello fue la firma de los Acuerdos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad entre el presidente de Colombia y el comandante Timoleón Jiménez, jefe del estado mayor central de las FARC-EP, en esta capital cubana el pasado 23 de junio.

 

Esos acuerdos, alcanzados gracias al esfuerzo de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedaron plasmados en un documento de generación y valía a la luz del derecho internacional humanitario (que tiene que ver con las reglas de la guerra y no con las leyes ordinarias colombianas), con pleno carácter vinculante para las partes signatarias (el gobierno y la guerrilla). No obstante, faltan aún concretar acuerdos importantes en varios puntos centrales que quedaron relegados para el final, algo que no es menor dado que las negociaciones se han venido llevando a cabo bajo el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".

 

Durante sendos encuentros en el Hotel Nacional con una delegación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, los comandantes de las FARC-EP, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich explicaron algunos pormenores de los acuerdos logrados y dieron cuenta de una serie de "salvedades" o "constancias" interpuestas por la guerrilla sobre 42 temas que no fueron abordados en la mesa de negociación, debido a la rotunda ne­gativa de la delegación gubernamental a discutir los modelos económico y político que están en las raíces de un conflicto armado interno con 52 años de duración.

 

Pese a los avances contenidos en la reforma rural integral centrada en el bienestar y el buen vivir recogida en los acuerdos, parte de las salvedades de la guerrilla tienen que ver con su demanda de erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso y la necesidad de una redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra, así como con poner freno a la extranjerización del territorio colombiano y al extractivismo minero-energético ligado con múltiples conflictos de uso de la tierra.

 

Según el comandante Santrich, el coeficiente Gini para la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia es de 0.87, uno de los más altos del mundo. En 2013, 0.4 por ciento de los propietarios acaparaba 62.6 por ciento de la superficie del país. Además, cerca de 5 millones de hectáreas han sido concesionadas a la minería y existen solicitudes que las extenderían a alrededor de 25 millones de hectáreas, lo que abarcaría un cuarto del total de la extensión geográfica de Colombia, principalmente en las áreas montañosas andinas donde habita 75 por ciento de la población.

 

Tal situación, según Santrich, tiene que ver con un sostenido proceso de contrarreforma agraria, desterritorialización y descampesinización del medio rural que arrancó en los años 80 del siglo XX, mediante una violencia militar y paramilitar (como expresión armada paraestatal) al servicio de los intereses de la oligarquía feudal y la burguesía, que muchas veces actuó como avanzada para la usurpación y despojo de tierras y el establecimiento de actividades no campesinas como la agroindustria de los monocultivos, la ganadería extensiva y megaproyectos extractivistas minero-energéticos. Un proceso de despojo violento de territorios que dejó un saldo de 200 mil muertos, 60 mil desaparecidos y el desplazamiento interno forzoso de 6.5 millones de personas.

 

Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, advirtió que el "salto a la legalidad" en el marco de un Estado terrorista y de una oligarquía y una clase política tramposa y perversa como la colombiana, conlleva el peligro inminente de una nueva guerra sucia contra los guerrilleros que se desmovilicen. Aludió a la rebelión contra un orden social injusto como un derecho universal inalienable y dijo que el Estado colombiano ha sido el responsable directo de la guerra de más de medio siglo, con énfasis en la contrainsurgencia, la doctrina militar del enemigo interno y la seguridad nacional de cuño estadunidense y el paramilitarismo.

 

Aseveró que no habrá desarme de la guerrilla si antes no hay una amnistía amplia e indultos por el delito político de rebelión y conexos. Aclaró que entre los criterios de exclusión acordados no serán objeto de amnistía ni indulto, entre otros, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y las ejecuciones extrajudiciales. Dijo: "No habrá un pacto de impunidades". Se pactó una jurisdicción especial para la paz diseñada según los criterios básicos de la justicia transicional y los tratados internacionales, que se aplicará a guerrilleros, militares, empresarios y a quienes financiaron la guerra. Una justicia restaurativa con eje en la víctima y la verdad, diferente a la justicia retributiva, concepción medieval punitiva y carcelaria basada en la venganza.

 

El comandante del Bloque Sur de las FARC, Joaquín Gómez, jefe de la comisión técnica que negocia con los generales del ejército adscritos a la delegación gubernamental, exhortó al gobierno a cumplir con la hoja de ruta, con base en la integralidad y el paralelismo de parte y parte, y aseguró que el enemigo principal y directo de la guerrilla ha sido Estados Unidos, que se ha valido de tecnología de precisión, con sensores, para matar a líderes rebeldes. Rechazó que se pueda acusar a las FARC de falta de moral o cansancio de guerra y enfatizó que más allá de la posesión o no de las armas, lo más importante es la voluntad de lucha. Y esa voluntad, dijo, sigue intacta.

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