EFE/ Paolo Aguilar

El régimen político peruano apostó al centroderechista Francisco Sagasti para aplacar el descontento del pueblo

 

Pasadas las 17:00 hora local, luego de tomar lista a los legisladores presentes, juramentó como presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la esperanza del régimen peruano para cerrar la crisis abierta luego de la vacancia (destitución) del presidente Vizcarra el 9 de noviembre.

Sagasti, del Partido Morado, no votó a favor de la vacancia y por eso es visto como uno de los pocos políticos que no están manchados por la corrupción. Asumirá la presidencia hasta el 28 de julio del 2021, cuando le entregará las riendas del ejecutivo al ganador de las elecciones de abril del próximo año. Mirtha Esther Vásquez del neorreformista Frente Amplio quedará como presidenta del Congreso. Con estas designaciones se pretende quedar bien con la juventud que fue la principal participante de las manifestaciones que se desataron la semana pasada.

La sesión fue presidida por Vazquez que comenzó recordando a los muertos por el covid-19 e hizo un homenaje a los dos fallecidos a manos de la policía durante la brutal represión policial el pasado sábado. Una muestra de cinismo por parte de todo el arco político que es responsable de la crisis profunda que vive el país.

Al momento de su juramentación, Sagasti se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución fujimorista de 1993 y a reconocer la “importancia de la iglesia católica en la formación de los peruanos”. Al iniciar su discurso de asunción saludo y agradeció a los dos jóvenes “lamentablemente fallecidos” y sus familias, presentes en la ceremonia, y más adelante hizo un llamado a que los jóvenes mantengan la calma y ecuanimidad. Este guiño a los jóvenes, a los que también llamó “defensores de la democracia” es un claro reconocimiento a la energía de una juventud a la que las décadas de neoliberalismo dejaron en una situación terrible y que hoy tiene poco que perder.

Dedicó varios pasajes de su discurso a describir las crisis de la pandemia y el cambio climático, pintando la realidad del Perú como catastrófica pero no sería responsabilidad de ninguno de los políticos actuales. No dijo ni una palabra de la larga noche del neoliberalismo de la que el país aún no ha salido. En el terreno económico dijo que “garantizarán estabilidad económica y equilibrio fiscal”, lo cual implica más medidas de ajuste para el pueblo trabajador.

Reconoció que los miembros de la clase política “no hemos estado a la altura” y “no hemos sabido escuchar y responder” a las legítimas demandas de peruanos y peruanas. A renglón seguido apeló a esa misma clase política, profundamente deslegitimada, a trabajar unidos en pos de un futuro para el país, sin explicar mucho en qué consiste ni cuándo vendrá ese futuro.

En un claro reproche a quienes impulsaron la vacancia presidencial sin tener un plan de salida dijo que los mecanismos de control democrático no deben desestabilizar al país, parándose claramente como el último defensor del régimen político. En un paso más allá instó al Tribunal Constitucional a que, con la sentencia que deberá emitir el miércoles 18, “permita un mejor uso de los pesos y contrapesos de la constitución”. Concluyó su discurso haciendo un llamado a la confianza y la esperanza en los jóvenes lo cual tiene que ver con oxigenar al régimen de 1993.

Recordemos que el Perú se encontraba desde el mediodía del domingo en medio de un vacío de Gobierno. El presidente ilegítimo que había asumido tras la destitución de Martín Vizcarra, Manuel Merino, cayó tras una semana de movilizaciones. Completamente cuestionado, el mandato de Merino solo duró 5 días.

Luego de frenéticas negociaciones y maniobras, finalmente el lunes se llegó a un acuerdo entre los partidos del régimen para presentar una lista para la presidencia del congreso y así, por linea sucesoria, a la presidencia del país. Toda esta situación mostró la profunda descomposición del régimen político peruano y su deslegitimación ante el pueblo trabajador. Se presentaron y retiraron listas, se realizaron varias votaciones el domingo que no llegaron a ningún lado. El mismo lunes, en el espacio de una hora, se presentó una lista para la mesa directiva del congreso y se retiró 5 minutos antes de la votación.

El nuevo Gobierno encabezado por Sagasti expresa la concertación entre la mayoría de los grupos políticos que representan a las diversas facciones burguesas que desde buen tiempo atrás se enfrentan por el control de los poderes del estado. La principal motivación que ha llevado a estos sectores a unificarse en torno a la figura de Sagasti, es el temor a que las movilizaciones que se iniciaron con el cuestionamiento a Manuel Merino alcancen dimensiones mayores y comprometan la participación de la clase trabajadora que ya anunció una movilización nacional para el miércoles 18 de noviembre.

Redacción LID Perú

Martes 17 de noviembre | 19:59


Perú: el modelo neoliberal en crisis

 

Por Alfredo Zaiat

La crisis política que vive Perú desde hace varios años, y que en estos días adquirió niveles dramáticos, se agudizó con el impacto de la pandemia, exponiendo con mayor nitidez la decadencia de su modelo neoliberal.

En América Latina, en las últimas décadas, las fuerzas conservadoras han puesto como ejemplo el modelo peruano. La actual crisis deja al desnudo su fragilidad en términos de bienestar general y de estabilidad política.


Desde la década del '90 se instaló en la sociedad peruana la ilusión de que muchos problemas serían resueltos sólo con un sostenido crecimiento económico gracias al efecto derrame. No fue así.

Tres de cada cuatro trabajadores siguen en la informalidad, miles de familias continúan viviendo en condiciones de hacinamientos, los niveles de pobreza superan el 30% de la población y muchos sectores del país tienen acceso parcial al agua potable.

La rebelión popular de estas semanas tiene una base material que la explica: desempleo en alza, exclusión social, aumento de la pobreza, falta de perspectivas de mejoras para los jóvenes y desilusión con una clase política que en su mayoría sostiene un modelo económico que concentra riquezas.

Modelo

El denominado modelo peruano se inauguró con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que introdujo reformas económicas neoliberales luego del cierre ilegal del Congreso en 1992, y de elaborar una Constitución que allanó el camino a esas políticas regresivas.

A partir de la primera década de este siglo, la economía peruana empezó a crecer a tasas importantes. Durante los últimos veinte años fue de 4,9% en promedio, un registro por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.

El impulso estuvo en la primera década con el ciclo de elevados precios internacionales de materias primas, en el cual Perú se benefició con las exportaciones mineras.

En 2008, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó un poco por arriba del 9%.

​A partir de 2014, con la caída del impulso minero y el precio de las materias primas que afectó a toda la región, la economía bajó el ritmo de crecimiento, aunque continuó destacándose en relación al resto.

El modelo peruano seguía mostrando crecimiento, bajo nivel de deuda, inflación reducida y cuentas fiscales ordenadas hasta este año.

Desempeño

En el último informe del FMI sobre la economía de Perú se advierte que el país debía mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo reduciendo las grandes brechas de infraestructura y abordar el gasto social, así como la corrupción.

Las conclusiones principales del reporte son las siguientes:

  • Desempeño económico:Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región, pero en 2019 el crecimiento se debilitó a 2,4% debido a una combinación de factores externos e internos.
  • En el frente externo:la demanda de exportaciones de productos primarios se redujo, en tanto que la minería y las exportaciones de combustible se contrajeron durante el año. En el ámbito interno, la ejecución de proyectos de inversión pública fue menor de lo previsto en el presupuesto, mientras que los factores relacionados con el clima afectaron a la producción pesquera.
  • Brechas de infraestructura:La infraestructura de Perú se compara desfavorablemente con la de sus competidores, y la inversión es particularmente necesaria en materia de transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones y agua.
  • La corrupción:En los últimos tres años, la investigación Lava Jato sobre la corrupción ha tenido un impacto tanto a nivel político como económico.

Pandemia

La crisis del coronavirus dejó al modelo desnudo. El crecimiento económico no se reflejó en beneficio de la mayoría de la población y, para muchos, ese avance fue un espejismo.

El especialista Felipe Gálvez Condori publicó La realidad ficticia: el crecimiento económico del Perú, destacando que los problemas económicos y sociales siguen siendo la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la corrupción y el elevado nivel de informalidad. 

Rescata la opinión del filósofo, sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino: "Contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando derrama, derrama hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla".

Para agregar: "se dice que el país crece, pero, ¿cómo están los pobres? Además el país crece porque la riqueza aumenta en quienes ya tenían muchas posesiones. El mundo de los pobres disminuye poco".

Pobreza

La UNICEF estimó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentará de 26,9% en el 2019 a 39,9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. En el caso de la población en general, el incremento proyectado es de 10 puntos porcentuales, de 20,2% a 30,3%.

El estudio de UNICEF cuantificó en 1.200.000 menores de edad que caerán en pobreza en 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serán los más afectados, pues la pobreza se incrementará de 47,3% en 2019 a 62,3% en 2020.

Pero los que viven en hogares urbanos también tendrán una afectación considerable, con un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Lima Metropolitana y de 13 puntos porcentuales en la costa urbana, donde por lo menos tres de cada diez personas de 0 a 17 años estarán en esta situación en 2020.

La UNICEF también destaca que la desnutrición y la falta de un acceso adecuado a la salud y educación son otras expresiones de esta crisis.

Migrantes venezolanos

Perú ha sido el segundo mayor receptor de migrantes venezolanos (detrás de Colombia). Según las estimaciones de las Naciones Unidas, registró la llegada de 800.000 inmigrantes entre comienzos de 2017 y mediados de junio de 2019, es decir, alrededor de 2,5% de la población de Perú.

Su absorción en la fuerza laboral ha creado algunas fricciones y, según las estimaciones del Banco Central de Perú, la competencia de los migrantes se ha sentido particularmente entre los trabajadores jóvenes y poco calificados en los sectores de servicios y comercio.

Sin embargo, esta absorción también se ha traducido en un mayor crecimiento. Según el Banco Central, alrededor de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB registrado en 2018 pueden atribuirse al aumento del consumo de la población inmigrante.

En el documento se calcula que este impacto puede alcanzar un máximo de alrededor de 0,4 puntos porcentuales en 2021. Sin embargo, a medida que las fricciones para integrar la fuerza laboral migrante se disipen a mediano plazo, se prevé que se materialicen beneficios mayores para el crecimiento.

Desempleo

En el informe de la UNICEF, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, afirma que "millones de niñas, niños y adolescentes peruanos se encuentran en hogares cuyos ingresos han disminuido drásticamente, sin poder acceder a servicios básicos de educación o salud, y en muchos casos sin una adecuada nutrición".

El cese de actividades masivo condujo a una caída generalizada de los ingresos en los hogares peruanos. Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), en el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana tuvo una variación negativa de 59,7%.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada se ha reducido en 55,1%, comparando con el mismo trimestre del año pasado.

Asimismo, la tasa de desempleo entre abril y junio es del 16,3%, 10 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre en el 2019.

Decadencia

Hasta hace poco, era frecuente leer en los medios de comunicación respecto al crecimiento económico sostenido del Perú y su probable ingreso a la OCDE como país de renta media.

Sin embargo, con este cuadro socio laboral, la socióloga Anahí Durand Guevara explica en Pandemia, poder y protesta en el Perú neoliberal, publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que esta crisis ha develado que el crecimiento estuvo lejos de significar bienestar para las mayorías, persistiendo la desigualdad, el abandono del Estado, la desprotección social, la precariedad y la pobreza. 

La investigadora apunta que una estrategia de contención sanitaria exitosa durante la pandemia requería hacer aquello que los grupos de poder político económico y sus tecnocracias gobernantes de turno no hicieron: fortalecer y equipar la salud pública, asegurar sistemas de agua y saneamiento para todos, implementar políticas de viviendas dignas sin hacinamiento.

Durand Guevara menciona que se necesitaban medidas inmediatas como distribuir un ingreso básico universal por algunos meses para las mayorías o regular los precios de clínicas y medicamentos, "cosa que tampoco han hecho".

El estallido de la crisis política se explica entonces por esas carencias. Pero esta crisis que vive Perú viene de arrastre desde el 2018, cuando fue gatillada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, y ahora se ha agudizado con los impactos del coronavirus. Un cuadro general que ha expuesto con mayor nitidez la decadencia del modelo neoliberal

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Un plan de la derecha dura para que Trump contraataque

Echar a Fauci y al director del FBI, ensuciar candidatos, vengarse de Pfizer

 

La derecha dura norteamericana está agitada, en parte movilizada en tratar de demostrar que los demócratas hicieron fraude, y en parte preparando una transición si la andanada de litigios no alcanzan para dar vuelta las votaciones. Tienen fe, porque saben que su líder Donald Trump no tiene escrúpulos, y están planeando una agenda para "tirar bombas" en el camino. La revista digital The Federalist, que se coloca a milímetros de la derecha lunática y miliciana, jugando desde adentro de lo más conservador del partido republicano, acaba de resumir la agenda en Doce Pasos. Son temas que circulan en esos ambientes y que la subdirectora de la revista Joy Pullman resumió en su edición de este martes.

Pullman, que se presenta como "feliz madre de seis hijos" y autora de libros como "32 Juegos clásicos", afirma que las "pruebas de fraude" no paran de crecer, pero que un "líder astuto" sabe "hacer la guerra en varios frentes". El enemigo son los demócratas y "el complejo mediático que lleva cuatro años mintiendo" y quiere imponer a Joe Biden como presidente. Lo que recomienda Pullman es que Trump forme "un grupo de acción directa" que plante explosivos políticos. La lista mezcla alegremente fantasías paranoides y golpes bajos.

Lo primero debería ser publicar los documentos del supuesto Spygate, la interminable acusación de Trump de que el gobierno de Barack Obama espiaba sus mails y comunicaciones durante la campaña. Cuatro años de gobierno no aportaron ni una prueba de que esa fantasía fuera realidad, aunque es una de las fantasías favoritas del presidente. Pullman afirma, sin dar nombres ni evidencia, que "importantes funcionarios de inteligencia ocultan esta información" y que es hora de que el presidente los obligue a revelarla y la publique.

Al mismo tiempo que se revela esta conspiración demócrata, la autora recomienda perdonar a las víctimas de otra, el Rusiagate, que sí terminó con prisiones a diversos mentirosos y operadores políticos. Todos víctimas, afirma Pullman, del "estado profundo" que fue, es y siempre será demócrata. Como ambas "conspiraciones" pasan por el FBI, también hay que echar a su titular, el "desleal" Chris Wray, "que no investiga la corrupción al más alto nivel de esa institución".

En plan revancha y venganza, Pullman recoge una idea fija de su publicación y de la derecha trumpista, que los demócratas están haciendo listas de todos los que apoyaron a Trump para "arruinarlos". En este artículo la subdirectora no repite lo que se afirma en otros artículos, que los setenta millones de votantes republicanos pueden ser perseguidos, pero sí habla de las figuras públicas "que van a perder contratos en los medios" por su apoyo a trump. Su consejo es que los republicanos actualmente en el gobierno comiencen a compilar sus propias listas y a filtrarle información a los "medios afines" sobre "ñoquis, corruptos" y progres que hacen cosas como ir a un seminario contra el racismo.

Más macartista todavía es el llamado a que las listas incluyan a toda persona que sea nombrada como futuro funcionario de Joe Biden. Ahí se recomienda publicar todo, e-mails, papeles privados, cualquier cosa que pueda comprometerlos o sonar mal. "¡Transparencia!", se entusiasma la sudirectora.

Siguiendo con la venganza, hay que echar al eminente inmunólogo Anthony Fauci, "un politiquero cualquiera que destruyó este país al insistir en que lo moral es sacrificar a una nación entera para frenar un virus que tiene una tasa de survabilidad del 99,5 por ciento". Fauci es tanto "un saboteador" como un proveedor de temas para "la histeria de los medios". Para terminar de enterrar a Fauci y otros científicos, afirma Pullman, basta publicar las comunicaciones privadas entre agencias y científicos, lo que mostraría "como se hizo callar a los disidentes". 

También hay que castigar a Pfizer, la compañía que acaba de anunciar que está llegando a una vacuna posible. Según Pullman, la empresa le avisó la buena noticia a Biden al mismo tiempo o antes que a Trump, que le había comprado de antemano dos mil millones de dólares en vacunas. La venganza sería publicar hasta la fórmula.

Dos medidas que Pullman recomienda tomar de inmediato son promesas de campaña de su líder. Una es simplemente ordenar que todas las tropas americanas en zonas de combate "estén en casa para Navidad", sin importar las consecuencias. La autora explica que Trump puede dar la orden y listo, y más ahora que tiene a un leal en el Pentágono. La otra medida es terminar el muro en la frontera con México y "buscar todas las maneras posibles de frenar la invasión que viene". Pullman está convencida de que en algún lugar de Centroamérica ya están saliendo caravanas de inmigrantes ilegales aprovechando que un demócrata puede ser presidente en enero.

Y siguiendo con sus fantasías, la subdirectora del medio aconseja publicar toda la información sobre supuestos fraudes electorales directamente desde la Casa Blanca. Para ilustrar el problema pone varias pantallas de Facebook y Twitter con los mensajes en rojo de que la información "es discutible", "un acto de censura". Y ya que estamos fantaseando, se da el gusto de pedir que el gobierno de su líder publique la información sobre otra fantasía de la derecha norteamericana, que Planned Parenthood, la ONG que ayuda a mujeres de bajos recursos a obtener salud básica y abortos, "trafica con órganos y células de los niños abortados".

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El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra

Acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua

Una mayoría de legisladores votó a favor de la salida del mandatario, cuando le faltaban ocho meses de gestión. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador; una investigación aún en curso.

 

 

Cayó el presidente Martín Vizcarra. Menos de dos meses después de haberse librado de un primer intento de destitución, Vizcarra fue destituido esta noche por el Congreso, que lo ha acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador. Una acusación basada en unos testimonios todavía en proceso de investigación, pero que para un Congreso enfrentado al jefe de Estado ha sido suficiente para sacarlo del cargo. La derrota de Vizcarra fue amplia. Hubo 105 votos, de los 130 miembros del Congreso unicameral, a favor de la destitución del presidente, superando con holgura los 87 que se necesitaban. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones.

Ha sido un resultado inesperado. Había incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos, pero nadie esperaba un resultado tan amplio. Partidos que habían anunciado su voto contra la destitución del mandatario, terminaron haciéndolo a favor. La salida del jefe de Estado se da en medio de la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, y cuando a Vizcarra le quedaban solo ocho meses de gestión y las elecciones ya han sido convocadas para abril. Al momento del cierre de esta edición, el presidente Vizcarra no se había pronunciado.

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 luego que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski renunció por cargos de corrupción, levantó durante su breve gestión las banderas de la lucha contra la corrupción. Ahora ha sido destituido por cargos de corrupción. Se enfrentó al anterior Congreso de mayoría fujimorista, que blindaba la corrupción política, el que disolvió constitucionalmente en septiembre del año pasado y llamó a elecciones legislativas. El nuevo Congreso elegido en ese proceso que convocó es el que ahora lo ha destituido acusándolo de corrupción.

Con la salida de Vizcarra asumirá la presidencia el titular del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido centroderechista Acción Popular, la principal bancada del Congreso, con 24 miembros. Durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra, Merino, político poco conocido hasta que asumió la presidencia del Congreso en marzo pasado y cuestionado por su labor en este cargo, tocó sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. Asumirá la presidencia este martes. 

El primer proceso de destitución contra Vizcarra fue por la supuesta contratación irregular de un funcionario de tercer nivel. En esta ocasión, los cargos son más graves. Al presidente se lo acusa de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras por 2,3 millones de soles (unos 660 mil dólares) cuando era gobernador de la pequeña región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. Se señala que las coimas se habrían entregado por una obra de irrigación y por la construcción de un hospital.

Tres empresarios de dos constructoras que son procesados en el caso del llamado “club de la construcción”, un cartel de empresas que se repartían obras públicas pagando sobornos, que buscan un acuerdo con la fiscalía para canjear sus testimonios por una reducción de sus eventuales condenas, aseguran haberle pagado sobornos a Vizcarra para hacerse con esas obras. Un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), José Hernández, viejo amigo de Vizcarra desde antes que éste fuera gobernador y con quien compartió gabinete ministerial, ha declarado ante las autoridades haber servido de intermediario para el pago de esas coimas.

“Aquí estoy, no me corro”, comenzó Vizcarra su defensa de 51 minutos ante el Congreso. Puso el énfasis en señalar que en este momento de crisis por la pandemia, una economía severamente golpeada y las elecciones ya convocadas, su destitución generaría una inestabilidad que complicaría la grave crisis sanitaria y económica.

Sobre los cargos que se le imputan, calificó de “falsas” esas acusaciones y las atribuyó a una supuesta venganza de empresarios del “club de la construcción” por haber cortado sus beneficios ilegales cuando llegó al gobierno. “Se trata de hechos no probados. ¿Puede destituirse a un presidente solo por dichos no corroborados?”, argumentó. Los votos le respondieron que eso sí era posible.

Durante el largo debate parlamentario abundaron los ataques contra el mandatario. Incluso quienes votaron contra la destitución del presidente, por evitar un escenario de inestabilidad, según argumentaron, señalaron que había “indicios razonables” que complican al jefe de Estado en el supuesto cobro de sobornos cuando era gobernador y que éste debía ser investigado y eventualmente juzgado cuando termine su gestión.

Junto a preocupaciones sinceras por la corrupción, legisladores con un pasado y un presente, propio o de sus partidos, ligado a la corrupción, se disfrazaron de moralizadores, y con impostada convicción, desafiando la memoria y la inteligencia de quienes los oían, se prodigaron en discursos anticorrupción para exigir la destitución de Vizcarra.

Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que hoy saborearon su venganza contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori. También lo hicieron legisladores del partido ultranacionalista Unión por el Perú, cuyo principales parlamentarios están acusados de corrupción y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004 por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo; de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad y que hace dos días fue detenido acusado de haber sobornado magistrados para lograr la irregular inscripción de su partido; de un partido que responde a una secta evangélica; la mayor parte de los congresistas de Acción Popular, la agrupación del reemplazante de Vizcarra; un sector de la pequeña bancada del izquierdista Frente Amplio, que solo tiene ocho integrantes, y algunos otros parlamentarios.

Entre los pocos que se opusieron a la destitución de Vizcarra estuvieron legisladores del centrista partido Morado y un par de legisladoras del Frente Amplio, entre algunos otros. Ellos rechazaron la destitución por los riesgos de inestabilidad en esta difícil coyuntura, pero exigieron que la fiscalía investigue las acusaciones contra Vizcarra, algo que ya está en curso.

Una encuesta de Ipsos publicada hace unos días revela que el 79 por ciento de la población se oponía a cortar el mandato presidencial en esta coyuntura. Vizcarra tenía una aceptación de entre 54 y 57 por ciento, mientras que su reemplazante tiene una aprobación que apenas está entre 22 y 24 por ciento, según recientes encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respectivamente.

Ahora a Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y probablemente los tribunales. El mismo destino de los últimos presidentes peruanos


El titular del Congreso asumirá el Poder Ejecutivo tras la destitución de Martín Vizcarra

Quién es Manuel Merino, el próximo presidente de Perú

Tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por la ambigua figura de "incapacidad moral permanente", el titular del Congreso unicameral de Perú, Manuel Merino, se convertirá este martes en el próximo mandatario del país sudamericano. 

Y pese a que en pocas horas manejará el Poder Ejecutivo de Perú, Merino no es de las figuritas más conocidas en la arena política local. Es que este ingeniero agrónomo y ganadero, de 59 años, fue un político de segunda línea siempre ligado a Acción Popular (AP), el partido centrista fundado en 1956 por Fernando Belaunde Terry. 

En el currículum de Merino, además de su pasado empresarial, se destaca la banca ocupada en el Congreso durante dos períodos: 2001-2006 y 2011-2016. Ambos cargos fueron en representación del departamento noroccidental de Tumbes, tierra natal de Merino.

Merino volvió al Congreso en enero de este año, cuando se realizaron elecciones para escoger el Parlamento luego de que Vizcarra disolviera el anterior en septiembre de 2019. La victoria de AP -la primera minoría del parlamento- lo proyectó a la Presidencia del cuerpo. Pero los flashes finalmente se posaron sobre él durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra: el titular del Parlamento peruano había tocado sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. 

Luego, Merino pidió disculpas públicas. “Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas”, dijo luego de que dos altos jefes militares informaran al Ministerio de Defensa que Merino los había llamado para procurar el aval de ambos al proceso de vacancia que estaba por debatir el Congreso.

La primera gran incógnita que tendrá que decidir el próximo presidente -prestará juramento el martes a las 17 (hora local)- es resolver si convocará a elecciones de inmediato (tal como indica la Constitución) o esperará hasta el 11 de abril, fecha que había pautado el ahora expresidente Vizcarra para las próxima votación nacional.

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Jalife-Rahme: "Si Biden gana, dirán que no es funcional y ahí va a entrar Hillary Clinton"

En caso de que se concrete el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, este se convertiría en el presidente más viejo en la historia de aquel país; por lo cual, crece la duda sobre cuánto tiempo podría estar al frente del Gobierno estadounidense.

 

Para el analista político Alfredo Jalife-Rahme la llegada de Biden a la Casa Blanca supondría un estado de ingobernabilidad para Estados Unidos, pues este no es apto para gobernar debido a que tiene problemas de salud.

"Biden un día antes de la elección confundió a su, en paz descanse, hijo difunto Bob con su nieta. No solamente confunde las edades, sino confunde en su familia a su hijo y su nieta. Esto habla de que él está en un grado, digo yo soy de formación de psiquiatra y no quiero ser cruel, pero esto no habla de un candidato que esté apto para gobernar", declaró Jalife-Rahme en una entrevista.

Ahora bien, en un caso hipotético en el que Biden sea presidente pero por circunstancias colaterales no pueda estar al frente del cargo, quien tendría que asumir la presidencia tendría que ser la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, el analista apunta que en la vía de los hechos sería Hillary Clinton quien gobernaría Estados Unidos; esto a pesar de que ella no esté directamente en la silla presidencial, por lo que estaría gobernando desde la vicepresidencia.

"Si gana Biden van a lanzar la enmienda 25 donde optan para decir que no es funcional el presidente y ahí va a entrar una vicepresidenta de entrada digo quién va a ser...Hillaty Clinton", comentó.

"Hillary Clinton sería dos veces; sería la verdadera presidenta y sería la vicepresidenta y nunca en la historia de Estados Unidos se había dado un escenario así, no solamente con la primera presidente de su historia, sino con dos mujeres", señaló.

Hillary Clinton: una dama de hierro norteamericana

Hillary Clinton es una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos. Su poder es tal que podría compararse con personajes como la exprimera ministra de Reino Unido, Margaret Tacher, o la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Aunque cabe mencionar que Clinton no se identifica con Tacher, por lo que no la incluyó en su último libro sobre mujeres emblemáticas en la historia: The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience.

Hillary estudió derecho en la Universidad de Yale, de donde se graduó en 1973, y desde entonces comenzó a realizar labores sociales. En 1978 fue designada como presidenta de la Corporación de Servicios Legales, y al año siguiente se convirtió en la primera mujer en ser socia de la firma de abogados Rose Law Firm en Little Rock, en el estado de Arkansas.

Sin embargo, su carrera política comenzó cuando su esposo, el expresidente Bill Clinton, se convirtió en gobernador de Arkansas en 1983 y se consolidó cuando este ganó la presidencia de Estados Unidos en 1993. Como primera dama, Hillary impulsó una serie de reformas enfocadas principalmente en el sistema de salud.

Desde entonces, empezó a participar activamente en la política estadounidense y en el año 2000 se lanzó como candidata al senado por el Partido Demócrata; de esta forma, se convirtió en la primera mujer senadora de Nueva York, cargo que ocupó hasta 2009.

En 2008, Clinton participó en las primarias del Partido Demócrata para conseguir la candidatura a la presidencia, pero perdió contra Barack Obama. Posteriormente, en 2009 se convirtió en secretaria de Estado de la nación estadounidense de la administración Obama, puesto que le dio mayor visibilidad a su carrera política por su papel en temas de política internacional.

En 2016 se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia por uno de los partidos más importantes de Estados Unidos, y aunque no ganó las elecciones fue una de las figuras más votadas en la historia estadounidense.

De este modo, Hillary Clinton se ha convertido en una de las mujeres más relevantes de la política estadounidense con una trayectoria de más de 40 años; además, a principios de 2020 se rumoraba que podría ser ella la elegida para la vicepresidencia demócrata.

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Martes, 31 Diciembre 2019 06:34

2020, 10+1 desafíos

2020, 10+1 desafíos

El inicio de un nuevo año, y más el de una década, es siempre un buen momento para poner sobre la mesa tareas pendiente y desafíos. Me atrevo a contribuir a esa tarea señalando los mayores problemas que yo creo que tiene nuestro mundo y el horizonte al que en mi opinión debería apuntar su solución para poder evitar que sigan produciendo las fracturas tan dramáticas que hasta ahora vienen generando.

  1. Conservar la vida en el planeta.

Acabamos de vivir una cumbre mundial sobre esta cuestión y no creo que sea necesario abundar en las consecuencias terribles que puede tener la emergencia climática en la que nos encontramos. Yo no puedo añadir mucho más a lo mucho que ya se ha dicho al respecto, pero sí quisiera subrayar algo que me parece esencial. No habrá forma de dar respuesta a los problemas medioambientales que amenazan la vida en nuestro planeta si no se parte de un convencimiento común y efectivo: ni la naturaleza en su conjunto ni los recursos que nos provee son mercancías. No han sido creados como tales y eso significa que no pueden utilizarse con el único propósito de hacerlos rentables en los mercados. No hay solución sostenible ni verdadera para el planeta que no pase por asumir un principio básico: lo que por su intrínseca naturaleza es común y perteneciente no sólo a la generación presente sino también a las futuras no puede ser apropiado privadamente por nadie, ni destruirse.

  1. Garantizar el sustento de todos los seres humanos.

Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación) 11 de cada 100 seres humanos pasan hambre actualmente en el mundo y cada día mueren unas 25.000 personas por esa causa. No hay otro fenómeno que provoque más muertes injustificadas y evitables porque, según esa misma organización y otras muchas, en nuestro planeta hay recursos materiales de sobra para poder alimentar suficientemente a toda la población mundial.

Y no se trata sólo evitar que tantas personas mueran de hambre, sino también de proporcionarles recursos que les garanticen una vida mínimamente decente. Algo que está perfectamente a nuestro alcance.

Según el Banco Internacional de Pagos, el volumen total de transacciones financieras que se realizan en el mundo es de unos 11.000 billones de dólares (millones de millones). Eso quiere decir que con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción se podría financiar todo el gasto público mundial ELIMINANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE HAY EN EL PLANETA. Y que con otra de más o menos la misma insignificante proporción se podría conceder una renta básica decente a toda la población mundial.

Eso no sería todo lo que se necesita, pero es la demostración palpable de que estamos ante un desafío perfectamente alcanzable que no se logra porque no se asume como imperativo ético esencial el derecho a la vida que tememos todos los seres humanos.

  1. Ejercicio efectivo de los derechos humanos.

El último informe anual de Human Rights Watch dice que «estos son tiempos oscuros para los derechos humanos», que «a pesar de la creciente resistencia, las fuerzas de la autocracia han experimentado un auge» y que «varios gobiernos importantes (de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, …) flaquearon» en la defensa de los derechos humanos.

Hace 72 años que se suscribió masivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es cierto que se han dado avances importantísimos, pero de ninguna manera suficientes o completos. Un desafío fundamental es el establecimiento definitivo de un sistema de justicia universal que combata los crímenes que lesionan o incluso acaban con esos derechos, y reconocer y perseguir específicamente los crímenes económicos contra la humanidad.

  1. Libertad real de acceso a la información.

Gracias a internet y a las redes sociales, nunca en la historia de la humanidad ha habido mejores y más asequibles formas de acceso a la información. Pero cada día es más claro que eso no es suficiente porque el uso de las nuevas tecnologías y de las organizaciones que son necesarias para elaborarla, empaquetarla y difundirla está cada más concentrado. Siete empresas controlan casi el 70% de toda la red de comunicación mundial y en españa cuatro consejos de administración hacen lo mismo con el 80% de las audiencias de televisión y radio, por no hablar del poder inmenso de las nuevas megacorporaciones como google o facebook.

Esa concentración tan extraordinaria y la falta de controles efectivos está en la base de la mentira y la manipulación, cuya expansión tampoco tiene precedentes. Sin información libre y plural no hay posibilidad real de ejercer la ciudadanía y de condicionar y presionar al poder. Garantizar la transparencia, perseguir y condenar la mentira, hacer posible el acceso libre y efectivo a la información y a los medios de comunicación y democratizar el acceso a la tecnología y a su uso, son los grandes desafíos en nuestra época del biga data y de las redes.

  1. Gobernanza global.

La mundialización de prácticamente todas nuestras relaciones sociales e incluso personales es ya un proceso que no tiene vuelta atrás, pero que se ha dado sin que al mismo tiempo se diseñen y desarrollen mecanismos e instituciones de regulación y control a la misma escala o nivel. Y sin ellos es prácticamente imposible impedir que sólo quienes disponen de más dinero, información o acceso al poder puedan decidir a su antojo lo que se puede hacer o no en el planeta. Las consecuencias del unilateralismo y de la falta de espacios y foros de debate y decisión cooperativa y plural a escala global están a la vista, y cada día resulta más urgente hacer frente a esta carencia que puede terminar destruyendo la ya de por sí escasa democracia que hay en el planeta.

  1. Reestructuración y jubileo de la deuda.

La deuda se ha convertido en la losa más grande que pesa sobre las familias, las empresas, los gobiernos y la sociedad en general.

Según el Fondo Monetario Internacional, el total de la pública y privada ha crecido un 60% desde 2007 en todo el mundo, unos 70 billones de dólares en la última década, y actualmente representa más de tres veces del producto bruto mundial.

La economía actual tiene la deuda como motor y eso significa que es imposible impedir que se produzcan colapsos periódicos y quizá uno global de magnitud incalculable si no se le pone freno. Y al respecto hay que saber que es mentira que ese incremento de la deuda sea consecuencia de una mala praxis de familias, empresa o gobiernos. No, lo que realmente sucede es que el sector económico más poderoso del planeta, el bancario, tiene el privilegio de crear dinero y, por tanto, beneficio y poder, creando deuda. Y usa su evidente influencia en todo el mundo para imponer políticas económicas que limitan los ingresos para promover su negocio, el crecimiento de la deuda. Prácticamente el 100% de la deuda acumulada en la Unión Europea desde 1995 (más del 60% en España) se debe a intereses, y una gran parte de esa carga es incluso inmoral e injusta.

Hacer frente a este volumen de deuda es materialmente imposible y todas las crisis de deuda que ha habida a lo largo de la historia, sin excepción, se han resuelto con decisiones políticas. Ya es hora de hacer frente al bárbaro endeudamiento que ha provocado el poder inmenso y la avaricia bancaria abriendo negociaciones que lleven a su reestructuración, a quitas ordenadas e incluso a un jubileo global. Sin ello, será imposible garantizar una mínima estabilidad en el mundo a medio y largo plazo.

  1. Justicia fiscal.

Gracias a la enorme influencia política y mediática que han acumulado, los grandes poderes económicos y financieros han conseguido hacer creer que la mejor política para todos es rebajar impuestos. Pero eso sólo se ha traducido en que solamente sean ellos quienes dejen de contribuir a la financiación de los gastos comunes, produciendo así los déficits y el incremento de la deuda que, como acabo de decir, les interesa porque ese es su negocio y lo que esclaviza a los que tienen abajo.

Según los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, las 400 familias más ricas de Estados Unidos pagaron en impuestos en 2018 el 23% de sus ingresos y las clases trabajadoras el 24%. Y los paraísos fiscales y las distintas formas de elusión y fraude fiscal contempladas en las propias leyes fiscales permiten que las multinacionales y grandes fortunas apenas contribuyan a los gastos comunes. Las grandes empresas se llevan alrededor del 40% de sus beneficios (unos 600.000 millones de dólares anuales) a esos territorios opacos. Y eso, a pesar de que son quienes en mayor medida se benefician del gasto público, porque no hay que olvidar que un euro gastado por el Estado se convierte prácticamente de forma instantánea en un ingreso del capital privado (porque va directamente a él o porque se traduce en gasto en consumo que va a las empresas, o en ahorro que rentabiliza el sistema financiero).

El desafío es doble. Por un lado, asumir en la práctica el imperativo ético de que todos hemos de contribuir a la financiación del gasto que es común en proporción a nuestra capacidad. Y, por otro, que si el proceso de mundialización es ineludible hay que hacer que la fiscalidad que responda a ese anterior principio se establezca también a escala internacional.

  1. Socialización del dinero y el crédito.

El crédito que sirve para poder realizar gastos a lo largo del tiempo y el dinero que es lo que utilizamos para saldar las deudas que genera nuestra diferente participación en los procesos productivos, son para las economías como la savia de las plantas o la sangre de los demás seres vivos. Sin ellos, es prácticamente imposible satisfacer las necesidades humanas cuando se ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo. Pero en el capitalismo se ha permitido que el dinero se convierta en una mercancía más que, para colmo y tal y como he dicho, pueden crear de la nada unos agentes especialmente privilegiados. Eso es lo que constantemente produce los cuellos de botella que generan crisis que traen destrucción de empresas, de empleo y de riqueza.

La alternativa no es la broma de hacer creer que todo el mundo debiera tener acceso libre al dinero y al crédito sin más. No, el desafío consiste en establecer sistemas financieros que proporcionen los medios de pago y el crédito necesarios para garantizar la actividad productiva con eficiencia, responsabilidad, solvencia, suficiencia y equilibrio y no sólo buscando el beneficio de quien lo crea, como he dicho, de la nada. Y en particular, consiste en poner un freno radical al uso especulativo de los medios de pago que provoca las burbujas y las innumerables crisis financieras que se vienen dando en las últimas décadas, justamente desde que se liberalizó el sistema financiero, exacerbando la mercantilización del dinero y el crédito.

  1. Justicia y simetría en el comercio internacional.

Seguramente, no hay una organización o proceso más farisaico e injusto en nuestro mundo que el del comercio internacional. Sus reglas permiten que los poderosos se protejan y tengan plena libertad de acción mientras que obligan a los países más pobres (en realidad, empobrecidos) a desarmarse plenamente y a someterse a las normas que les imponen los ricos. Con una apariencia de igualdad y una retórica que dice defender el liberalismo, lo que en realidad se ha establecido es un régimen de doble moral y de trato discriminatorio en favor de los poderosos. No se trata de reclamar para todos el proteccionismo reaccionario que practican los ricos. El desafío es combinar la apertura con la cooperación y la libertad de actuación con el justo derecho a la protección que tienen todos los países y no sólo los ricos, para poder promover un nuevo tipo de economías que satisfaga las necesidades desde la proximidad, la eficiencia y el respeto a la naturaleza. El régimen actual del comercio internacional genera conflictos políticos, raciona artificialmente la producción que sería necesaria para acabar con el hambre y la insatisfacción, la ubica de forma muy ineficiente y ecológicamente insostenible, crea pobreza y destruye las economías y los lazos sociales. Hay que acabar con este régimen de injusticia comercial impuesto por las grandes compañías multinacionales con el apoyo de los gobiernos de las grandes potencias.

  1. Desmercantilización del trabajo.

Un grupo de relatores independientes elaboró el año pasado un informe para Naciones Unidas en el que señalaban que «hoy vivimos en un mundo más rico, pero también más desigual que nunca». Y que algunos informes sugieren que el 82% de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1% de la población más privilegiada económicamente, mientras que el 50% de los estratos sociales más bajos no vio ningún aumento en absoluto.

Esta desigualdad creciente en las últimas décadas tiene diversas causas bien conocidas: la apropiación privilegiada de los beneficios del aumento de la productividad por el capital, las reformas legales que han acabado con derechos laborales básicos, la discriminación de género, la globalización asimétrica, la inequidad fiscal, la deuda… Pero una de ellas es la que está detrás de todas las demás: la utilización del trabajo humano como si fuera una simple mercancía. Eso lleva a que la inmensa mayoría de las personas sólo puedan disponer de ingresos para vivir si venden su tiempo de trabajo en los mercados. En unos mercados, en donde cada vez tienen menos derechos y poder de negociación.

Por eso, el desafío más básico y necesario de nuestra época es acabar con esa mercantilización del trabajo para hacer posible que las personas puedan disponer de recursos suficientes para tener una vida digna con independencia de lo que ocurra en los mercados laborales. Y eso implica fortalecer las políticas sociales, los servicios de bienestar y, en general, las instituciones que garantizan que todos los seres humanos tengan recursos mínimos para vivir dignamente por el simple hecho de serlo. Y también reducir notablemente la jornada de trabajo para evitar que la revolución digital que se avecina provoque desempleo de masas.

Puede parece un desafío radical, inalcanzable, propio de extremistas… pero lo cierto es que la idea de que «el trabajo no es una mercancía» es el primer principio fundamental de los cuatro establecidos en la Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944 que han firmado, entre otros muchos países, todos los socios de la Unión Europea. El desafío consiste simplemente en cumplir con el compromiso adquirido.

10+1. Una nueva forma de pensar y de contemplar el mundo y a nuestros semejantes.

Los anteriores desafíos se refieren a objetivos, a tareas que habría que emprender pero quizá ninguno de ellos pueda hacerse realmente efectivo y alcanzarse si no se cambia nuestra forma de pensar, asumiendo un conocimiento complejo, omnicomprensivo, cósmico, ecologizante, humanista y crítico. Si no cambiamos nuestra forma de medir y de fijar los objetivos que perseguimos, si no anteponemos la mejora de nuestra vida a la multiplicación del dinero, y la felicidad o la satisfacción auténtica y la responsabilidad a la consecución del lucro privado sin límites. Si nuestra acción personal y colectiva no se vincula a compromisos o incluso a imperativos éticos que condiciones nuestra toma de decisiones. Si no aceptamos someternos a la rendición de cuentas que debe ser parte ineludible de una acción individual y colectiva honesta y respetuosa con nuestros semejantes. Y si no entendemos que la paz y el diálogo no son el fin sino el camino.

Fuente: http://www.juantorreslopez.com/2020-101-desafios/

Publicado enSociedad
Escenas para después de una batalla. A propósito de las elecciones españolas, Vox y el preacuerdo Psoe UP.

Para Álvaro García Linera

en los momentos difíciles.

La historia cuenta, y mucho. Cuando los cambios democráticos se frustran, las sociedades reaccionan de diversos modos y formas. Aparece lo que un genial italiano llamó “los fenómenos morbosos de la política”. Para que el orden reine, se ha tenido que doblegar voluntades, forzar abandonos y propiciar todo tipo de oportunismos. Sí, repito, la frustración de un cambio largamente esperado y justiciero está en el origen de lo que nos pasa. Vox no es una casualidad. Muchos sabíamos que se estaban creando las condiciones para un populismo de derechas puro y duro en España. Quizás nos sorprendió su rapidez y que la forma en que aparece sea una fuerza, hoy por hoy, neofranquista y neoliberal.

No voy a volver a argumentar sobre la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y el Psoe. Ha sido parte de una estrategia que tenía dos objetivos fundamentales: volver a situar al Psoe en el eje de recomposición del régimen, y limitar, reducir y romper Unidas Podemos. Esta ha sido la política de Pedro Sánchez desde el principio: aparecer como garante de un sistema político en crisis y asegurar una hegemonía en los viejos raíles del bipartidismo político. La operación no ha tenido el éxito esperado; de lo que no cabe duda es que esta estrategia, de una u otra forma, va a seguir siendo el fundamento del Psoe en los próximos años.

Es el mapa político español el que ha cambiado de nuevo. En muchos sentidos nos parecemos al resto de Europa. Hay que decirlo desde el principio para no dejarse engañar: el “todos contra Vox” favorecerá al partido de Santiago Abascal. Como otras experiencias europeas muestran una y otra vez, los frentes antifascistas añaden confusión, inauguran una táctica equivocada y terminan por fortalecer lo que quieren combatir. Se trata de responder con mucha precisión por qué un partido como Vox duplica sus resultados y se convierte en la tercera fuerza política del país. A mi juicio, tiene que ver con tres elementos interrelacionados: la crisis de la globalización y las demandas crecientes de protección, seguridad y orden; la llamada “cuestión territorial” y la violencia utilizada, que ha escandalizado a una gran parte de la población que siente que su Estado, su identidad y su futuro está en peligro, y la rabia y la indignación crecientes que una parte sustancial de la ciudadanía siente por una clase política aislada, dependiente de los grandes poderes y sin un proyecto real, capaz de resolver los grandes problemas que la gente normal y corriente sufre, cada vez más, con temor a un futuro peor que el presente.

Derechas cada vez más duras, extremas derechas populistas e izquierdas sin nervio político, débiles organizativamente y sin capacidad propositiva. La coalición Unidas Podemos no ha hecho demasiado por revertir una tendencia que la sitúa más en el viejo espacio de Izquierda Unida. Lo grave no es sólo la disminución de votos y escaños, sino también la pérdida real de influencia en la sociedad, la carencia de vínculos sociales fuertes y la progresiva disolución de lo poco que quedaba ya de la militancia activa concretada en los círculos.

CORRELACIÓN EN DEBILIDADES. 

Para sorpresa de todos, 24 horas después de las elecciones, se anunció un preacuerdo entre el Psoe y UP, y la formación de un gobierno de coalición. Asombra la rapidez y la vaguedad de lo firmado. Apenas una declaración de principios. Pablo Iglesias suele emplear una frase de Manolo Vázquez Montalbán para explicar la transición: una “correlación de debilidades”. Creo que estamos ante eso. El Psoe no ha conseguido lo que buscaba desesperadamente: incrementar votos y diputados, y seguir arruinando a UP, que repite los malos resultados y llega al gobierno en condiciones nada favorables. Correlación, pues, de debilidades. Hay un dato que explica muy bien lo que pasa y lo que nos pasa: la falta de entusiasmo en la sociedad y en lo que podríamos llamar los hombres y las mujeres de izquierdas de nuestro país. El dato no es menor, porque se trata de un gobierno que incorpora una gran novedad en la historia reciente de España y en los últimos tiempos de una Europa que gira y gira hacia la derecha. Otro dato debería hacernos reflexionar: el papel que va a jugar en el nuevo mapa político una fuerza como Vox. En esto tampoco deberíamos engañarnos: cada fracaso, cada frustración de expectativas y cada paso en falso serán recogidos por una fuerza política que tiene vocación de mayoría e intentará hegemonizar un bloque social alternativo.

No es fácil suscitar entusiasmo después de dos campañas electorales que han sido percibidas por la población como innecesarias y, lo que es peor, como jugadas de estrategia entre políticos y para políticos. El Psoe y UP van a tener que olvidarse de una parte sustancial de su discurso en estos últimos meses y tienen que ganarse obligatoriamente la credibilidad en la gestión del gobierno. Será complicado. Por lo pronto, hay dos plataformas políticas claramente diferenciadas: de un lado, una propuesta socioliberal y, del otro, una propuesta socialdemócrata. Ambas aceptan el marco de los tratados europeos y la disciplina financiera impuesta por la Comisión y supervisada por el Banco Central Europeo. El gobierno de coalición Psoe‑UP parte del supuesto de que en este marco hay margen suficiente para aplicar políticas sociales fuertes e incrementar la capacidad contractual de las clases trabajadoras, redefiniendo un nuevo papel de los sindicatos y mitigando los aspectos más duros de la precariedad laboral que hoy desestabiliza el mercado de trabajo. La presencia adelantada de Nadia Calviño como vicepresidenta económica es un mensaje claro para la Unión Europea y los grupos de poder económico en España. Es decir, el cambio tiene límites claros y líneas rojas que este gobierno no va a transgredir. El otro asunto no menor es la llamada cuestión territorial, específicamente la cuestión catalana. Pedro Sánchez lo ha repetido una y otra vez, antes, durante y después de las campañas electorales: Cataluña se deja bajo la dirección del jefe del gobierno y, por si fuera poco, es de las pocas cosas que quedan claras en la declaración de principios firmada.

Hay otra cuestión que va a marcar mucho el futuro de este gobierno: la transición geopolítica que vive la economía‑mundo y la grave crisis de la Unión Europea. Parecería que la estrategia que ha definido Pablo Iglesias tiene como objetivo fundamental concentrarse en los temas sociales y laborales, evitando otras contradicciones con la política general del Psoe, para hacer notar en este campo las diferencias. Esto puede ser posible o no: los conflictos militares retornan; aunque Macron diga que la Otan está en “muerte cerebral”, España cumple un papel decisivo en la estrategia militar estadounidense y Oriente Próximo sigue siendo algo más que un quebradero de cabeza para las grandes potencias. La definición de una nueva Unión Europea, cuando llegan señales de crisis, exigirá del nuevo gobierno posiciones precisas, sabiendo, como sabemos, que nuestra “larga marcha” hacia la periferia corre el peligro de acelerarse dramáticamente. Asociar políticas de austeridad con pérdida de soberanía y subalternidad de la Unión Europea puede ser una plataforma ideal para las derechas soberanistas.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO. 

La coalición Unidas Podemos llega casi exhausta a este gobierno. Sus bases de política, organización e ideales se han degradado mucho en estos últimos tiempos, y el peligro más grave que corre es pretender sustituir con la gestión gubernamental sus carencias como mero frente parlamentario‑electoral. “Gobernar o no” nunca ha sido una cuestión de principios, depende –siempre dependió– de la correlación real de fuerza o de la correlación real de debilidad. Se ha optado por el acto de gobernar como elemento fundamental de una estrategia política. El dilema es complejo: gobernar en minoría con un partido político que es su principal adversario electoral y que, hasta el presente, ha estado dedicado a reducir a UP a su menor expresión electoral y política. No basta con gritar: “Sí se puede”: gobernar es gestionar el conflicto por otros medios, y hay que prepararse para ello. Dicho de otra forma: a mayor unidad con el Psoe, mayor necesidad de autonomía para UP, en las instituciones y –sobre todo– en la sociedad civil. Gobernar implicaría no sólo gestionar bien (cosa nada fácil), sino también organizar el partido, profundizar en su unidad y movilizar a una sociedad desconfiada, desilusionada y harta de la política.

La decisión está tomada: guste más o guste menos, lo que haga este gobierno de coalición va a marcar duraderamente la política española. Las derechas no tardarán en disputar la calle y tenderán a aprovechar cada contradicción y cada debilidad para acorralar a un gobierno que ya nace con dificultades. Se asumen muchos riesgos; me gustaría creer que estamos preparados para ellos y que hay un plan B. Lo nuevo es que, en muchos sentidos, nos jugamos no solamente el futuro de una fuerza política, sino también el papel en nuestra sociedad de las clases trabajadoras y de unas mayorías sociales que necesitan creer y esperan algo más que palabras y abrazos. Es el momento de la política… de la política en grande.

Por Manolo Monereo

21 noviembre, 2019

*    Politólogo, ex diputado de Unidas Podemos (2016‑2019)

Publicado enInternacional
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