Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Iraq se fusiona finalmente en un soplo revolucionario. Entrevista

Tácticas inéditas, enfrentamientos internos en el ámbito chiita, debilitamiento del prisma confesional, amplitud de la represión...La investigadora Loulouwa al-Rachid vuelve a las manifestaciones revolucionarias que sacuden Iraq desde hace un mes.

Entre los países que las han conocido este año 2019, Iraq es donde al mismo tiempo la represión ha sido más sangrienta y la protesta más sorprendente: manifestantes chiitas se enfrentan a un poder mayoritariamente chiita, revuelta de adolescentes en vertiente táctica de los juegos de video, papel central de los conductores de triciclos motorizados, sacudida de las visiones confesionales y étnicas normalmente adoptadas cuando se analiza el país…

Para la investigadora Loulouwa al-Rachid, especialista en Iraq y hasta hace poco vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut), la situación inédita, prerrevolucionaria, supone choques múltiples y flagrantes del régimen forjado en 2003 después de la caída de Saddam Hussein y amenaza el statu quo, tanto dentro del país como en sus fronteras, con mayor fuerza de la que se benefician sólo unos pocos.

La entrevista la realizó Joseph Confavreux.

¿Es inédita la actual movilización en Iraq?

Sí y no. Iraq experimenta ciclos constantes de manifestaciones de mayor o menor alcance, más o menos duraderas y se conoce como un país de revueltas. En el imaginario colectivo, es un país en ebullición constante, indomable e ingobernable. Iraq ha conocido manifestaciones en 2011, otras explosiones en 2015, en 2017 y durante el verano de 2018 en Basora. Sobre lo único que están de acuerdo los iraquíes, es que viven en un país de intifada desde al menos 1920 y el levantamiento nacional contra el mandato británico, cuya represión, con los primeros bombardeos aéreos en la historia del país implicó miles de muertos.

Así pues, cada rebelión se inscribe en un continuum revolucionario. La cólera, su rapidez de propagación, la virulencia de los manifestantes, el coraje de luchar, aunque les cueste la vida, la denuncia de la corrupción: todo eso ya estaba presente en los movimientos previos, pero sin duda no con la intensidad que se ha visto desde principios de octubre.

Sin embargo, este levantamiento es inédito; ante todo porque ha estallado donde menos se le esperaba. Normalmente, estalla en el sur, en Basora, ciudad muy afectada en términos sanitarios y socioeconómicos. Pero a partir del levantamiento del verano de 2018, el gobierno mejoró el aprovisionamiento eléctrico en esta segunda gran ciudad del país para “comprar” la paz social. En esta ocasión, el conflicto estalló en Bagdad, más concretamente en el cinturón de pobreza que rodea la capital, precisamente en Sadr City. Este arrabal, edificado a finales de 1950 para alojar a los campesinos venidos a la ciudad, reúne hoy casi la cuarta parte de los habitantes de la capital. A partir de allí la revuelta se extendió a las grandes ciudades del centro (Nadjaf, Kerbala, et.) y sur del país (Nassiriyya y Basora).

Este levantamiento también es inédito porque implica olvidar las visiones confesionales o étnicas que se mencionan siempre al hablar de Iraq. Hoy el conflicto surge con bases estrictamente socio-económicas. La parte de los sunnitas que rechazaban el orden político posterior a 2003 no existe. En su lugar aparecen manifestantes chiitas que se enfrentan a un poder manejado por la mayoría chiita. Los kurdos y los sunnitas quedan como espectadores no sin cierta satisfacción de ver como los chiitas se destruyen entre sí, aunque también tengan quejas contra el poder central.

Además, es la primera vez que las mujeres tienen tanta visibilidad en la plaza Tahrir. Eso muestra que desde 2003 la sociedad iraquí se mueve, pese a la losa de plomo del conservadurismo impuesto por el islamismo chiita en el poder o el salafismo de las regiones sunnitas. Se ven mujeres jóvenes, sin velo y en pantalones, mezclarse en las manifestaciones sin temor al acoso sexual. Lo que muestra a la vez evoluciones ocultas sobre el papel de la mujer, y que vivimos un momento de cambio en los marcos sociales habituales que se tambalean.

Finalmente, otro elemento es la vuelta al escenario de órganos constituidos, de los sindicatos, que estaban en coma. Los médicos, los obreros del sector petrolero, los profesores han llamado a la huelga general, lo que es nuevo. Los trabajadores del puerto de Basora llaman a bloquear lo que supone el pulmón económico del país, decisivo en este caso dado que la mayor parte de los productos de primera necesidad se importan por allí. Es como si toda la sociedad iraquí se fusionara finalmente en un soplo revolucionario.

¿También es inédita la amplitud de la represión?

Sí, sobre todo si la comparamos con Argelia movilizada desde hace meses sin que haya ni un muerto. En Iraq, el balance es terriblemente pesado, con más de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes. Además de la represión directa de las manifestaciones con tiros y gases lacrimógenos, se producen campañas de arrestos; de desapariciones de intelectuales y militantes.

Y sin embargo estamos en un país que teóricamente es democrático. Se han celebrado desde 2005 varias campañas electorales, con cierto grado de pluralismo y de alternancia política, así como libertad de prensa. En Iraq como en Líbano, no nos enfrentamos a un dictador como en Egipto, o a una institución todopoderosa, el ejército, como en Argelia; sin embargo, tanto los manifestantes iraquíes como libaneses quieren “la caída del régimen”.

La razón es que, a pesar de esta fachada democrática, el régimen está en un callejón sin salida y se muestra incapaz de asegurar un mínimo de regulación socio-económica. Por supuesto la explicación es la gran corrupción de las élites dirigentes y las administraciones públicas, pero hay que entender que esta corrupción equivale a un sistema bien engrasado de depredación de los recursos públicos a gran escala; el dinero de la renta petrolera se desvía en provecho de una oligarquía dispuesta a defender sus privilegios al coste de una represión brutal y sanguinaria. Si quiere preservar el statu quo, el régimen apenas tiene otra opción que convertirse en régimen autoritario y represivo, imitando a sus homólogos árabes.

La particularidad de Iraq es que nos encontramos con un Estado que reprime, ¡pero que afirma no conocer a los agentes de su represión! Las fuerzas armadas -policía, ejército, tropas anti-motines y anti-terroristas- afirman que no es en su seno donde se encuentran los francotiradores que disparan sobre los manifestantes. La comisión de investigación sobre la violencia contra los manifestantes fue incapaz de señalar a los culpables. Aún no se sabe a quien obedecen los hombres uniformados, a veces de negro, otras de verde, que se han visto actuando.

Subraya que se trata de un conflicto interno del mundo chiita. ¿A qué se refiere y qué implica esto?

El levantamiento tiene innegablemente rasgos chiitas. A partir de la gran manifestación del 1 de octubre, reprimida sangrientamente, las manifestaciones han continuado, pero no obstante siempre han marcado una tregua para respetar la marcha del Arbain. Esta importante fiesta religiosa chiita señala el final del duelo del martirio del imán Hussein, que implica la marcha a pie a la ciudad santa de Kerbala, donde lo mataron. A lo largo de las carreteras que convergen en Kerbala, los habitantes, las familias acomodadas en particular, abren sus puertas y alimentan a los peregrinos, exactamente como lo han hecho esta vez, llevando ollas enormes de alimentos a los manifestantes de la plaza Tahrir.

Desde luego, en esta revuelta juvenil, hay elementos que se repiten en otros países árabes: el empobrecimiento masivo de la población, infraestructuras lamentables, una tasa de desempleo astronómica...Podríamos aplicar este marco de referencia socio-económica al Líbano, Sudán, Egipto, al Rif marroquí, a Argelia. Pero en cada país, la revuelta se inscribe en un texto distinto; en una trama nacional concreta; por ejemplo, en Argelia, la manifestación del 1 de noviembre inscribe la revuelta popular alineada con la guerra de independencia contra Francia, como la voluntad de liberarse de un régimen militar percibido como extraño a la sociedad.

En Iraq existe esta problemática concreta del chiismo, llegado al poder después de 2003 favorecido por el derrocamiento de Sadam Hussein por los norteamericanos. ¿Qué ha hecho de este poder? Es un fracaso total con todas las letras. La clase política dominante chiita no ha sabido hacer funcionar socio-económicamente el país ni el nuevo régimen político; ni elaborar un proyecto nacional consensuado. Me temo, que si hoy hiciéramos un sondeo, una aplastante mayoría de iraquíes, integrando todas las confesiones, no dejarían de preferir la vuelta del antiguo régimen frente a lo que viven hoy…

Ahora bien, detrás de la movilización popular actual, se leen, entre bastidores, las intensas rivalidades del mundo político chiita que es un mundo plural, ideológica, cultural y económicamente: está atravesado por una violente lucha de clases que se niega en nombre de la unidad y defensa del chiismo.

¿Cuáles son las fuerzas rivales en el seno del mundo chiita iraquí?

Hay, ante todo, los islamistas del poder, vueltos del exilio en 2003, que lo monopolizan desde todos los engranajes políticos. Mayoritariamente han salido de las grandes formaciones políticas como el partido Al-Dawa (La llamada Islámica) consideran que tienen una legitimidad histórica: el precio de la sangre vertida frente a la dictadura de Sadam Hussein. Al-Dawa ha dado al país varios primeros ministros (Nouri al-Malikj y Haider al-Abadi). Son islamistas “moderados” que sobresalen en el pragmatismo y la política, “política”; hoy no pueden pretender ninguna dirección moral, tanto les ha corrompido el poder y la renta petrolera. Forman más bien una élite solo preocupada por el desmembramiento del poder y por sus prebendas.

Al lado de esto, desde 2003 ha emergido otro islamismo chiita en el interior. Es un chiismo populista y miliciano. Su componente más sólido está encarnado por Moqtad al-Sadr, que tiende ampliamente a la demagogia, con escasa experiencia de poder y de escenarios internacionales, pero que puede vanagloriarse de representar a los desheredados.

También hay todas las otras milicias armadas que han proliferado en el país en nombre de la lucha contra el Daesh, hasta el punto de convertirse en instituciones. Es la llamada “movilización popular”. Estas milicias poseen una legitimidad religiosa ya que dicen haber nacido de una fatwa religiosa del ayatolá Sistani, que representa la más alta autoridad religiosa del chiismo iraquí. Hoy reclaman su parte de la tarta, con tanto más vigor al estar coronados con la victoria contra el Estado islámico. Ideológicamente están próximos a Irán y se consideran sobre todo un modelo de los Guardias de la revolución iraníes.

Las últimas elecciones legislativas de 2018, han cambiado las cartas, dado que la corriente sadrista y la de la movilización popular han entrado con fuerza en el parlamento, hasta el punto de constituir respectivamente, el primero y el segundo bloque. Este chiismo armado tiene un pie en el poder y otro fuera. Controla ministerios y núcleos administrativos lucrativos, pero se presenta como virgen de la corrupción del poder y amenaza romper la baraja en cualquier momento, si no obtiene una mayor parte del pastel.

La cuestión central hoy en Iraq radica en la salida de esta relación de fuerzas entre dos chiismos políticos, a veces aliados, a veces enfrentados.

Lo que sorprende, cuando se ven las manifestaciones en Iraq, es la extrema juventud de los manifestantes y el hecho de que, entre los muertos y los heridos solo se ven habitualmente caras de adolescentes...

Esta revolución es una revolución de jóvenes e incluso de muy jóvenes, llegados de los márgenes desheredados de la sociedad. En efecto, entre 15-25 años, a menudo adolescentes, son los actores principales de la revuelta. Buen número de entre ellos han tenido que transformarse en cabezas de familia, con padres muertos, desaparecidos o huidos por la violencia y las sucesivas guerras. Trabajan en la economía informal para alimentar a toda la familia. Según el Banco Mundial, el 60% de los iraquíes son menores de 25 años y su tasa de desempleo supera el 40%.

Pero esta movilización es sorprendente más allá de las condiciones socio-económicas en que están los jóvenes. Así, los héroes de este levantamiento son los conductores de triciclos que transportan diariamente paquetes y trabajadores a jornal, en la construcción y el comercio, venidos de los arrabales. Mientras que, a los ojos de muchos iraquíes, encarnan los bajos fondos y las clases peligrosas, acusados de acosar a sus hijas y de comportarse como delincuentes que embotellan las ciudades, han estructurado la movilización distribuyendo agua a los manifestantes y haciendo servicios de ambulancia.

Otro aspecto sorprendente es la forma en que estos jóvenes contemplan su entrada en el escenario político como un juego de video. Se les denomina la “generación PUBG” por el nombre de un juego de video que tiene millones de adeptos en Iraq, Players Unknown’s Battlegrounds. El jugador es lanzado en paracaídas sobre un campo de batalla desconocido y ha de espabilarse para encontrar víveres y armas. En la forma como se desplazan, como erigen barricadas, los jóvenes manifestantes se inspiran en los que juegan diariamente. En abril 2019, el Parlamento iraquí, que no se corta un pelo en legislar sobre lo que sea, ya había votado una ley prohibiendo estos juegos de video que incitan a la violencia. Pero como el gobierno iraquí no tiene ninguna capacidad de acción, la prohibición se quedó en letra muerta, aunque fue apoyada por los clérigos chiitas.

¿Qué se puede decir del “campo de batalla” de los jóvenes revolucionarios?

Como en el juego PUBG, hay que tomar una fortaleza; a saber, la “zona verde”. Esta se encuentra, respecto a la plaza Tahrir, que constituye el epicentro de la revuelta, al otro lado del Tigris, pasado el puente de la República, Esta zona verde, fuertemente vigilada, concentra los lugares del poder: el Parlamento; los ministerios; la sede del Consejo de Ministros y prácticamente todas las embajadas extranjeras, las de Irán y Francia aparte. Se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad, con hoteles de lujo, clubs de deporte, inmunizada respecto al resto de la sociedad iraquí.

Lo que es interesante, es que a la entrada del puente, un edificio denominado el “restaurante turco”, cuya historia y la forma actual de explotación explican muchas cosas sobre lo que es Iraq. Este edificio de 14 plantas construido en 1983, debía ser un gran centro comercial que nunca nació, aunque se instaló un restaurante panorámico turco en la última planta, con una vista dirigida sobre el Tigris y la plaza Tahrit. Fue duramente bombardeado en 1991, durante la guerra del Golfo, reconstruido después, antes de ser nuevamente bombardeado por los norteamericanos en 2003.

En esta ocasión el edificio fue totalmente abandonado, mientras circulaba el rumor de que había sido contaminado con sustancias radiactivas, Pero en el momento de la primavera árabe de 2011, las fuerzas del orden del gobierno de Maliki ocuparon el edificio y los francotiradores dispararon desde los pisos vacíos sobre los manifestantes contribuyendo a ahogar en su inicio el levantamiento.

Para evitar que la historia se repita, a principios de este mes de octubre, el primer objetivo de los manifestantes fue ocupar este edificio. Los jóvenes fueron allí, escalaron las fachadas y lo han convertido en cuartel general de la revolución ondeando pancartas y banderas iraquíes. La forma en que los revolucionarios se refieren a dicho edificio es muy significativa. Algunos lo denominan “los jardines colgantes de Babilonia”, en referencia a los racimos humanos sentados en los pisos sin barandillas, con las piernas colgando en el vacío. Esta referencia permite acercarse a la historia de Mesopotamia, la de un Iraq cuna de civilizaciones.

Otros lo llaman “Jabal Uhud”, nombre tomado de la hagiografía islámica, dado que el monte Uhud, situado al norte de Medina, fue el lugar donde se reagruparon los primeros musulmanes que libraron batalla a los herejes y con los que se identifican los jóvenes alzados.

Iraq siempre ha oscilado entre estos dos polos de identidad nacional: ¿se insiste en Mesopotamia para superar las divisiones étnicas y confesionales o sobre la religión, con el peligro de atizar las tensiones entre sunnitas y chiitas?

A esto se añade una minoría que se manifiesta mediante la expresión “intifada oktober”. Pero la expresión oktober no existe en el árabe iraquí, en el que el mes de octubre jamás se ha llamado así. La referencia por tanto se ha hecho directamente a la revolución de octubre de 1917, muestra del hecho de que Iraq fue el país que antes tuvo el Partido Comunista más potente del mundo árabe.

Por lo que se refiere a los eslóganes, dos son los dominantes: “Salgo para ejercer mis derechos” y “Quiero una patria”. Más allá de la denuncia de la corrupción y de las injusticias sociales, se vuelve a la identidad de Iraq y sus componentes: el pasado mesopotámico, el islam, el islamismo, el viejo fondo revolucionario marxistizante, las relaciones con el entorno regional, empezando con Irán…

¿En qué condiciones es probable una salida de la crisis? ¿Cuál puede ser ante todo el papel de Moqtada al-Sadr, a la vez encabezando un poder miliciano y del primer bloque parlamentario?

Actualmente hay en Iraq una negación de la profundidad de la crisis, y que tiene tal entidad que resulta difícil mirarla de cara. No basta con anunciar algún desbloqueo de fondos como pueden calmarse las cosas. El sistema político en realidad está huérfano de toda capacidad de actuación. El gobierno no tiene el monopolio de la violencia legítima y ha perdido su palanca financiera, considerando el coste de la guerra contra el Daesh y la caída del precio del petróleo desde 2013-2014.

Cuando Maliki era primer ministro, el precio del barril se situaba por encima de los 100 dólares y el gobierno aun podía tratar de comprar la paz social a golpe de subvenciones y de creación de empleos en la función pública, cuyo tamaño se multiplicó por cuatro desde 2003. Actualmente, está obligado a recurrir al endeudamiento para financiar sus gastos, principalmente militares. La deslegitimación de ese poder es tal que se oye a ciertos manifestantes apelar a una tutela internacional, o cuando menos a elecciones controladas por las Naciones Unidas, que desembocarían en una nueva Constitución.

En ese contexto, un elemento clave será la variable Moqtada al-Sadr, que es el principal aguafiestas del sistema lo que lo dice todo, que es conocido por sus cambios de aliados; un día puede incitar a sus tropas a quemar la bandera iraní y al día siguiente estar en Teherán al lado de los altos dignatarios iraníes. Es el chiquillo turbulento del sistema imposible del Iraq post-baasista. El mismo está dividido entre la matriz del islam político chiita y una iraquidad a la que le cuesta transformar en una fórmula de gobierno. Así, acaba de ordenar a sus partidarios retirarse de la plaza Tahrir, después de haberles impulsado a hacerlo. Ha llamado a dimitir al primer ministro, antes de cambiar de criterio.

Moqtada, cuyo padre fue un dignatario religioso muy popular, asesinado por el régimen de Saddam en 1999, tiene una capacidad de movilización inmensa, que heredó, pero que corre el riesgo de dilapidar, de la forma en que Saad Hariri, en Líbano, malgastó la herencia económica y política de su padre asesinado.

Desde 2003, Moqtada al-Sadr lo ha intentado todo. Al comienzo llamó a tomar las armas contra la ocupación norteamericana, envió tropas contra el gobierno de Maliki, contra el clero encabezado por el ayatolá Sistani...Posteriormente ha terminado por adoptar una posición legalista y reformista, con un bloque parlamentario y ministerios, pero entonces ha vivido lo que les había sucedido a otros partidos de gobierno: corrupción, cambios de alianzas, compromisos...Esto debilitó su credibilidad y la solidez de su organización.

Haga lo que haga Moqtada, en ese contexto de tensiones internas en el mundo chiita, no habrá solución mientras no se aborden las injusticias sociales y las infraestructuras. La sociedad iraquí se halla fuertemente polarizada entre cinturones de pobreza y de pequeñas y grandes burguesías urbanas que se benefician de los empleos en la función pública y los circuitos de redistribución de renta. Por su parte, la clase política dirigente, ha amasado fortunas inmensas y se apoya en los dirigentes religiosos, que se sitúan también en posiciones de ambigüedad, unas veces llamando a la calma y otras sosteniendo a los jóvenes chiitas rebeldes. Los clérigos chiitas, que también son una institución económica y financiera, tienen todo que perder con la tabla rasa de una cólera popular que también los toman como objetivo, por haber sido cómplices del sistema.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

La única capacidad de actuación que todavía tiene el régimen, es bloquear todo cambio auténtico. Y no veo tampoco que incluso un cambio del primer ministro pueda bastar para hacer volver a sus casas a los manifestantes convencidos de hacer tabla rasa. Podemos imaginarnos que la represión vencerá a los entusiastas revolucionarios; podemos imaginar que la situación permanezca equilibrada; incluso que la represión aumente el peligro de una guerra civil entre chiitas en una sociedad donde todo el mundo está armado. Bagdad concentra, como ninguna otra ciudad del país, fuerzas armadas, regulares o no. Si la situación se escapa de control en la capital, habrá que esperar un baño de sangre, de cuyo potencial ha dado muestras las primeras semanas de manifestaciones.

El futuro dependerá también de Irán, que trata de arbitrar las cosas para mantener un statu quo concreto forjado por los norteamericanos, pero del que se aprovecha sobremanera. En efecto los iraníes están muy presentes en la economía y la sociedad iraquíes. Irán no puede desinteresarse de Iraq, porque es una palanca de influencia regional, con un suministro de combatientes susceptibles de intervenir en Siria o en otras partes; un país petrolero; una salida para la exportación de sus productos y un sistema bancario que le permite, por su intermediación, zafarse del yugo de las sanciones norteamericanas. Pero Iraq es también para ellos, una cuestión de política interna.

Kerbala y Nadjaf constituyen importantes centros religiosos con clérigos venidos del conjunto del universo chiita. El ayatolá Sistani, él mismo de origen iraní, que encabeza a los clérigos de Nadjaf, representa un chiismo apolítico, más liberal, preparado para jugar el papel de la democracia representativa, que propone otro modelo diferente al de la República Islámica de Irán, donde los clérigos están a la cabeza del Estado. Así pues, Irán se encuentra constreñido a arbitrar entre diferentes facciones chiitas iraquíes, para evitar un vuelco hacia una guerra entre chiitas que sólo podría perjudicarle.

Es usted especialista en Iraq, pero vive actualmente en Beirut. Se oyen eslóganes del tipo: “Bagdad, Beirut, el mismo combate. ¿Es algo más que un eslogan?

Se habían oído eslóganes de este tipo en 2015, cuando los libaneses se movilizaban diciendo: “You Stink”, (Apestáis, NdT) dirigidos a la clase política incapaz de gestionar la crisis de las basuras, y al mismo tiempo había un inicio de movilizaciones en la plaza Tahrir de Bagdad. Siempre es bueno para la moral de los manifestantes, de ambas partes, insertarse en un continuum revolucionario, aunque sea virtual y se circunscriba a las redes sociales.

Pero, por una parte, no existen contactos reales entre los manifestantes de Beirut y los de Bagdad; por otra, hay una territorialización clara y neta de esas dinámicas, en cada país. En Iraq, las manifestaciones se dan en Bagdad y las grandes ciudades chiitas, nada en el Kurdistan o en las provincias sunnitas destruidas y traumatizadas. Si ya es difícil unir Bagdad a Mosul, aún los es menos con Beirut.

Por Loulouwa al-Rachid

15/11/2019

investigadora especializada en Iraq y vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut)

Fuente:

https://www.mediapart.fr/journal/international/101119/l-irak-fusionne-enfin-dans-un-souffle-revolutionnaire

Traducción:

Ramón Sánchez Tabarés

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:47

El eterno retorno de los chalecos amarillos

El eterno retorno de los chalecos amarillos

A un año de su marcha más multitudinaria vuelven a la calle en Francia

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París.

 “¿Pasarán por acá?”, preguntó temeroso el cliente de un bar situado en la esquina del Boulevard de l’Hôpital y el Boulevard Saint Marcel donde la policía había desplegado un montón de unidades represivas. 700 metros más arriba, en la Place d’Italie, unos 3.000 chalecos amarillos preparaban su quincuagésima segunda manifestación de los sábados. Esta tenía un sabor muy especial: hace un año, el 17 de noviembre de 2018, 282 mil personas se habían manifestado en todo el país y ocupado una infinidad de rotondas. Los chalecos querían hacer de esta jornada una suerte de símbolo de su persistencia, pero la violencia que se desató aún  antes  de que los manifestantes iniciaran la marcha condujo al prefecto de París a prohibir la manifestación. Estaba previsto que la protesta comenzara a las dos de la tarde, pero ya a las 11 de la mañana estallaron los primeros incidentes protagonizados por personas vestidas de negro y con máscaras en la cara: los manifestantes destruyeron los locales del banco HSB (uno de las instituciones bancarias más sucias del mundo), quemaron autos, incendiaron basureros y rompieron las vidrieras de centro comercial Italie 2.

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París. Hace un año, Francia asistía, a la vez orgullosa y atónita, al nacimiento de una de las insurrecciones civiles más poderosos y extendidas del último cuarto de Siglo. Con el paso de los meses, con la masiva represión policial, la infiltración del movimiento por radicales de izquierda y de derecha, los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en los barrios ricos de París y las declaraciones desubicadas de varios de sus líderes se aplacaron tanto la capacidad movilizadora de los chalecos amarillos como su legitimidad en las calles. Sin embargo, cada sábado, en pequeños grupos, los chalecos mantuvieron encendida la llama de una insurrección que ha marcado la historia social de Francia. A su manera contradictoria, un año después, los chalecos amarillos obtuvieron una victoria política y otra moral: se instalaron en las rotondas y acudieron a París en protesta por el aumento del precio del gasoil decidido por el Ejecutivo dentro de su programa de “transición ecológica” y consiguieron que el poder anulara esos y otros aumentos, que gastara cerca de 18 mil millones de euros para incremental el poder adquisitivo de los franceses, que organizara un debate nacional para conocer el estado de animo del país y sus demandas y que, desde entonces, el presidente Emmanuel Macron avanzara con paso de antílope y prudencia en la aplicación de su programa de reformas liberales. 

El Ejecutivo vive con la obsesión de un incendio social tanto más presente cuanto que, ahora, se dispone a una enésima reforma del sistema de pensiones. El profundo impacto social que tuvo la insurrección amarilla no se tradujo en un beneficio político para sus lideres. Varios de ellos se presentaron como candidatos en las elecciones europeas, pero no fueron capaces de atraer votos. En cambio, sí se beneficio el país social y político. Los chalecos han conseguido una de esas victorias que no se miden en votos sino en la huella que dejan y los sentidos que abren. De golpe, de la nada, esa clase trabajadora blanca que residía en las zonas periféricas puso al desnudo la estafa globalizada, la existencia de una desigualdad de raíz ocultada por la ficción de una prosperidad que sólo beneficiaba a las zonas urbanas ultra conectadas mientras, al lado, existía un país invisible, sufrido, olvidado por los apóstoles de la promoción liberal y los servicios públicos. Distribución de las riquezas, reparto de la carga fiscal, justicia social, democracia directa, representatividad, servicios públicos, cada una de estas problemáticas presentes pero no verbalizadas emergieron con los chalecos amarillos. Y lo hicieron fuera de todas las cajas de resonancia que, antaño, eran la correa de transmisión de las protestas. Los sindicatos se quedaron afuera, los partidos políticos buscaban en el mapa de dónde venía toda esa gente, los periodistas no entendían qué pasaba y los analistas profesionales descubrían azorados que estaban ante lo no pensado. Esta insurrección no organizada, sin estructuras ni programa llegó mucho más lejos que todas las luchas planteadas por los sindicatos. Obtuvo del poder lo que las organizaciones sindicales jamás lograron, forzaron la puerta de los medios, modificaron el contenido de las prioridades políticas y obligaron a las castas urbanas (periodistas incluidos) a mirar toda la realidad del país. La revuelta amarilla trastornó el mandato de Emmanuel Macron. Ni él como persona ni el ejercicio del poder fueron los mismos. En una entrevista con The Times, Macron reconoció que “de cierta forma, los chalecos amarillos fueron algo bueno para mi. Me recordaron quién debía ser”.

El Estado doblegó al movimiento aplicando una estrategia represiva extrema. Miles de arrestos preventivos, violencia institucional, policías sin control, uso de armas que dejaron cientos de heridos graves (gente sin ojos, otros mutilados por las granadas), juicios y condenas instantáneas desinflaron también la movilización. La doble acción policial y judicial funcionó como argumento disuasivo. Con todo, menos gente en las calles no significó rendición. La visibilidad perdida de un sujeto social restaurado, la evidencia de que la lucha de clases no era una referencia superada en el Siglo XXI, la denuncia de los incontables sistemas de micro desigualdad que el liberalismo había sembrado en las sociedades y la reactivación de otras luchas (hospitales, servicios públicos, jubilación, ferrocarriles) forman parte del extenso catalogo de éxitos colaterales conseguidos por los chalecos amarillos. Ya nada es igual. Son un referente de la lucha social. Habrá hoy menos chalecos amarillos en las calles y las rotondas, pero ya son millones en las conciencias.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:59

La represión en Bolivia sumó cinco muertos

Represión policial en Huaillani, Cochabamba, contra cocaleros simpatizantes de Morales.  ________________________________________ Imagen: EFE

Las protestas del movimiento indígena son cada día más masivas. La CIDH condenó la masacre y le recordó a la autoproclamada presidenta “la obligación de asegurar el derecho a la vida”. 

Las protestas protagonizadas por seguidores de Evo Morales van volviéndose cada día más masivas. Encabezadas por el movimiento indígena las marchas tomaron las calles para pedir la renuncia de la presidenta autoproclama Jeanine Áñez. Una enorme columna de cocaleros fue duramente reprimida por la policía en Sacaba, Cochabamba. El saldo fue de cinco muertos y varios decenas heridos, según denunciaron dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. A su vez, La Paz sigue tomada por manifestantes que descienden en caravana día tras día desde El Alto. También allí hubo represión durante largas horas de la tarde. Desde el exilio Evo Morales condenó los hechos de violencia.

En Cochabamba se vivieron imágenes dantescas durante la represión al movimiento indígena. Miles de personas huyeron desesperadas para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Se pudo ver a varios heridos en camillas y otros tirados sobre colchones afuera del hospital México de Cochabamba, según videos publicados por La Razón Digital. Dirigentes del MAS informaron que hubo cinco víctimas fatales, en lo que no dudaron en calificar como una masacre. "La marcha ha sido atacada con gases y también con armas de fuego, sin provocación de los cocaleros", aseguró el dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y secretario de comunicación del MAS, Gualberto Ariste a Caras y Caretas de Uruguay. La columna de cocaleros había comenzado a marchar hace más de un día desde el Chapare, la cuna política del presidente derrocado Evo Morales. Deberían llegar a La Paz el domingo para unirse a las decenas de miles de campesinos e indígenas que reclaman en las calles. Desde el gobierno no confirmaron las muertes.

Tras las primeras noticias de la represión y las víctimas Morales twitteó: "Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba".La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA,  a su vez condenó el "uso desproporcionado de la fuerza policial y militar" en la masacre de Sacaba, Cochabamba,

En La Paz los manifestantes volvieron a salir a las calles en la protesta más masiva de los últimos días. Los campesinos e indígenas exigieron la renuncia de Áñez. También allí tuvieron que soportar los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Las columnas de federaciones campesinas, docentes rurales y grupos de juntas vecinales avanzaron a veces corriendo, a veces caminando, a lo largo del centro de La Paz. Todo el recorrido estuvieron vigilados por cordones de policías y soldados. El clima fue de máxima tensión, siempre a la espera de la próxima ronda de gases. Al caer la noche la Policía informó que detuvieron a 110 manifestantes al diario El Deber .

En la calles laterales a la plaza céntrica de La Paz un campesino de 65 años describió la situación que vivieron. "Nos quieren gobernar los mismos que nos masacraron en 2003. Los mismos vuelven ahora. Pero ahora puede ser peor porque la gente se despertó. Ya vivimos años en paz con Evo (Morales) y ahora ninguno de nosotros está dispuesto a volver a lo que pasaba antes", aseguró Alberto Zomero de 65 años. En el mercado callejero que bordea una de las calles zigzagueantes que une El Alto con La Paz, aparecieron colas para comprar pan y los alimentos. El gobierno de Áñez tuvo que reconocer que existe temor a un desabastecimiento de combustible en la capital. 

Por su parte, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que no reconocerá a los presidentes del Congreso nombrados el jueves por la mayoría del MAS. Durante esa sesión el Senado había designado como presidenta de la Cámara alta a la masista Eva Copa. Áñez sostiene que no hubo el quórum necesario en el recinto. "Según la información que manejo, en la sesión del jueves a la anoche no se logró el quórum necesario y por lo tanto será impugnada", afirmó Áñez en el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano.

El autoproclamado gobierno también anunció la ruptura de relaciones con Venezuela. Denuncian un intento de Caracas de atentar contra la seguridad interna del país. El gobierno adelantó que abandonará la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), según manifestó el canciller Karen Longaric. Tambíen informó que analizan retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A su vez, anunciaron que al menos 725 cubanos que cumplían en Bolivia misiones de cooperación abandonarían el país a partir del sábado.

Cada día que pasa, más personas llegan a la capital de las zonas rurales y de otras ciudades del país. Para el domingo se espera el arribo de la columna de cocaleros del Chapare en una jornada que se prevee histórica.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:55

El acuerdo político no llevó paz a la calle

Una manifestante es llevada detenida por la policía chilena en Santiago.  ________________________________________ Imagen: EFE

El 20 de abril se vota por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente.  Pero sigue la movilización callejera y la represión.

El gran acuerdo nacional parlamentario anunciado a las 3 de la mañana de ayer para escribir una nueva constitución en Chile es, hasta ahora, la única respuesta de peso en los mas de 28 dias de estallido social. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al principio largó una declaración de guerra, luego un congelamiento de tarifas, después un aumento de pensiones, la anulación del incremento tarifario del subte y hasta un recambio total de su gabinete. Nada de eso detuvo las manifestaciones. 

El anuncio de madrugada tampoco. Ayer seguian llegando de a miles a la Plaza de la Dignidad. Siguen los gases, los camiones hidrantes, las piedras, las barricadas, la pintadas, los cánticos y las comparsas. Antonia es una joven estudiante q lleva un pañuelo verde para protegerse de los gases y una cacerola y una cuchara y dice que ¨la propuesta de una nueva constitución es un buen paso pero que no se habla de la vulneración a los DDHH ni de la necesidad de justicia.¨

La forma en la que se redactará la nueva carta magna encierra dudas y desconfianzas. El partido Comunista fue el único que no firmó el acuerdo. La sociedad también desconfía de una solución elaborada por una clase política duramente cuestionada. Dice Ineés, una mujer de 59 años que movia una bandera mapuche en la enorme marcha de ayer, q la propuesta parlamentaria ¨no tiene nada que ver con las demandas sociales del pueblo, q ellas no están en la constitución y q necesitamos q nos mejoren el sistema de educación y de jubilaciones y pensiones¨.

Al mediodia de ayer el gobierno tapizó el piso de la plaza con sabanas blancas, las estatuas y monumentos también, en señal de ¨la pagina en blanco¨ que proponen para escribir una nueva constitución. Un sospechoso contraste a la arrebatada declaracion de guerra al ¨enemigo poderoso¨. Por eso hay desconfianza. Luego de unas horas quitaron las sabanas blancas por temor a q los manifestantes q llegaban las prendieran fuego. 

Pero, ¿cual es la propuesta? Llamar a un plebiscito para el 20 de abril (no obligatorio) donde se vote por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente. Para ello proponen una integración de 50 por ciento de delegados parlamentarios de todos los partidos políticos y 50 por  ciento de delegados ciudadanos o, la otra opcion, 100 % de delegados ciudadanos constituyentes. Cualquiera sea la formula ganadora (50 y 50 o 100 por ciento) los constituyentes deberán ser votados en la elección ya programada de medio termino en octubre y, a partir de ese mes, tomar 9 meses extensibles a 11 para escribir la nueva constitución que luego será puesta a disposición de lo que llaman Plebiscito de salida, y que será de voto obligatorio. Todo lo que se escriba en la nueva carta magna deberá tener la aprobación de los dos tercios de los constituyentes. La constitución nueva estaría terminada como para el 2021, un extenso tiempo para una sociedad apremiada y dispuesta a encontrarse con soluciones mas veloces.

 Es cierto que sepultar la constitución pinochetista es un gran paso de este proceso pero pareciera q los tiempos propuestos no sintonizan con el hastío y la premura de la sociedad. Matias dice que ¨es una propuesta para el pueblo pero sin el pueblo ¨ y reconoce que ¨puede descomprimir algo pero no soluciona nada ¨ . Mientras tanto ingresa a la plaza un enorme perro de cartón llamado ¨el mata paco¨ , un perro negro que, en las revueltas diarias, ataca a los policias sin temor y se ha vuelto el emblema de la lucha en las calles. Hay hasta un documental sobre el perrito. 

Los musicos se juntan y siguen tocando ¨el derecho de vivir en paz ¨ y los manifestantes saltan y saltan al grito de ¨el que no salta es un paco¨ y ¨Chile despertó ¨. Las distancias entre la clase política y la invasión alienigena que describiera la esposa del presidente Sebastián Piñera en un mensaje de wassap que se filtró hace 25 dias, parecieran no encontrar la sutura que devuelva la paz y la normalidad a las calles. 

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La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla en conferencia de prensa este viernes en Palacio de Gobierno en La Paz. EFE / Martin Alipaz

Jeanine Áñez toma medidas para el país que van más allá de su período de interinidad hasta la convocatoria de nuevas elecciones

La autoproclamada presidenta pone en duda la participación de Evo Morales y su partido en los futuros comicios

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones "cuanto antes". Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición "si no cumplen con su trabajo". "Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana", explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció "una cacería" contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de "transitorio" que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban "atentando contra la seguridad interna de Bolivia". Asimismo, señaló que el actual gobierno será "consecuente" con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un "golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana", acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  "El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no", explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas

Por Diego Aitor San José - La Paz (Bolivia)

16/11/2019 - 06:00h

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Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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Chile: Mutilación en los ojos, estrategia importada de la represión sionista

“En lo que es una estrategia de mutilación importada directamente de Israel, en apenas dos semanas de protestas Carabineros ha dejado parcialmente ciegas a 157 personas debido a disparos intencionales, una brutalidad de número que no tiene precedente a nivel mundial, donde hasta los medios internacionales están denunciando esta masacre” indica la prensa no oficialista de Chile.

Este sábado se cumplieron 15 días desde el estallido social que vive el país. En este contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, informó una nueva cifra de lesionados. De acuerdo al profesional, hasta las 06:00 horas del sábado, 157 personas han sufrido lesiones oculares. Todas producto de perdigones disparados por Carabineros. Asimismo Micco indicó que como organismo han presentado 179 acciones judiciales; 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes. Sobre las lesiones oculares, Micco ya pidió que se realicen los peritajes pertinentes. “Hemos pedido un peritaje para saber la composición de los perdigones; la cantidad de pólvora y la presión que se imprime en su uso. Es un tema que tenemos que estudiar. Es de la mayor gravedad tener a 157 personas con lesiones oculares”, aseveró el director del organismo.

ONU exige el cese del uso de perdigones contra la población

El Sistema de Naciones Unidas en Chile llama a las autoridades a terminar con el uso de proyectiles no letales. A tres semanas del inicio de la crisis social que vive el país, el Sistema de Naciones Unidas en Chile reitera su rechazo a toda forma de violencia y su preocupación por la situación nacional, especialmente por la gran cantidad de muertos y heridos.

En particular, el Sistema de Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, llama también a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del estado se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social.

El caso de los niños palestinos mutilados

HISPANtv en un informe sobre los ataques en contra del pueblo palestino, publica: El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la Palestina en un informe citado este martes por la agencia palestina de noticias Maan, ha informado que en la actualidad 12 residentes de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) se han quedado ciegos tras haber sido blanco de los disparos de las fuerzas israelíes.

Siete de estos casos, agrega, son menores de 6 años que han perdido al menos uno de sus ojos. El organismo en un comunicado ha denunciado el caso al consejero judicial y el inspector general de la policía israelí.

Haciendo referencia a pruebas consistentes han confirmado que los agentes han recurrido ilegalmente a usar este tipo de armas ya que según las leyes está prohibido disparar con balas de goma contra niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Incluso, en las manifestaciones solo se puede utilizar para individuos identificados y apuntar la parte inferior del cuerpo.

Estas restricciones, afirma la entidad palestina, no están bien claras ya que teniendo en cuenta las consecuencias peligrosas de estas balas, no hay una legislación específica en la mayoría de los casos.

De este modo, ha advertido sobre la continuación del uso de esta arma por los militares israelíes y la considera como un signo de la irresponsabilidad de la policía del régimen de Tel Aviv.

Al final, ha urgido a tomar lo antes posible las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de armas disuasivas como las balas de goma.

El pasado 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente en la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI), una membresía que le permitirá llevar a las autoridades del régimen israelí ante este ente, para que sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad.

14 noviembre 2019 

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