Venezuela se muestra preparada ante posibles amenazas

En todo el país se realizaron ejercicios militares que fueron televisados

Pudo verse el despliegue de soldados, del sistema antiaéreo, el disparo de misiles desde buques de guerra, así como una operación para establecer centros de resistencias en Caracas en una hipótesis de ataque.

Los militares se desplegaron en Venezuela. No solamente en Caracas, donde pudieron verse armamento, soldados y milicianos, sino en todo el país. Cada uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue activado: la Guardia Nacional Boliviana, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, y la Milicia Bolivariana.

Se trató del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 con la activación de 2.300.000 combatientes, anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes. La última operación de características similares había tenido lugar en el mes de septiembre, centrada en las zonas de fronteras, bajo el nombre de ejercicios Soberanía y Paz.

“El comando estratégico operacional de la FANB, las ocho regiones estratégicas de defensa integral, las veinte ocho zonas operativas de defensa integral, las noventa y nueve áreas de defensa integral, los agrupamientos y las bases populares de defensa integral, y las unidades populares de defensa integral, están todos desplegados en el territorio nacional”, afirmó el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos.

Los ejercicios fueron televisados y mostraron cómo sería un despliegue militar ante un escenario de agresión. Así pudo verse el despliegue de soldados, del sistema antiaéreo, el disparo de misiles desde buques de guerra, así como una operación para establecer centros de resistencias en Caracas en una hipótesis de ataque de bombardeo y tropas.

Uno de los elementos significativos dentro del Escudo Bolivariano fue la activación de la Milicia. El General en Jefe, Vladimir Padrino López, resaltó la importancia de ese componente: “la incorporación de la Milicia como componente especial de la FANB otorga un valor agregado a la defensa de la Nación (…) ellos son combatientes regulares, no son civiles armados”.

La Milicia Bolivariana ha sido objeto de diferentes ataques por parte de la oposición venezolana, quien ha oscilado entre ridiculizar a quienes forman parte de la Milicia y, por el otro lado, mostrar su preocupación por el incremento del número y formación de milicianos y milicianas.

Se trata de uno de los rasgos más distintivos del proceso político venezolano, que permite e incentiva la participación de la población en el proceso de defensa de la Nación bajo el artículo 130 de la Constitución. La Milicia integra en su mayoría a hombres y mujeres de los sectores populares, barriadas, zonas rurales, trabajadores, identificados con el chavismo y la necesidad de prepararse ante las amenazas actuales.

Esas amenazas están en un momento determinante en Venezuela luego de la gira que Estados Unidos le creó a Juan Guaidó, con las escenas centrales de su presencia en el discurso del estado de la unión, así como la reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump.

No se trata únicamente de fotografías: un sector de la derecha venezolana pide de manera abierta que sean ejecutadas acciones de fuerza contra el gobierno venezolano. El trabajo de esa ala opositora es lograr esa operación a través del lobby que vienen realizando en Estados Unidos donde un sector del partido republicano y del Estado profundo trabaja sobre esa línea.

En ese marco el Escudo Bolivariano 2020 fue una acción de demostración de fuerzas, de apresto militar, y de disuasión tanto hacia Estados Unidos como hacia países vecinos, en particular Colombia y Brasil, con los cuales han existido escenarios de fuerte tensión.

No se trata de la única acción de defensa desarrollada por el gobierno, en particular dentro de las hipótesis de conflicto donde la de una acción militar regular parece la menos probable. El cuadro de posibilidades sugiere que las operaciones posibles se centran en maniobras vía paramilitares, mercenarios, con intentos de disparos quirúrgicos -como asesinatos o extracciones- o atentados que busquen conmociones sociales.

El ejercicio fue también una nueva reafirmación del mando de Nicolás Maduro y de la ficción de la presidencia de Juan Guaidó que, luego de su regreso, no ha dado anuncios concretos ni contundentes.

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Bolsonaro refuerza el perfil militar de su gobierno

El mandatario brasileño designó a tres militares en puestos clave

El presidente aumenta su vínculo con las Fuerzas Armadas mientras acentúa la tensión con el Poder Legislativo. Podrían trabarse reformas fiscales y administrativas este año.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reforzó aún más el nutrido cuadro de militares que ocupan su gabinete. En los últimos días se designaron tres militares en cargos importantes. El caso más relevante fue el cambio del diputado Onyx Lorenzoni por el general Walter Souza Braga Netto en la Casa Civil de la Presidencia, un cargo similar a la jefatura de gabinete. De esta forma, Bolsonaro comienza el año aumentando su vínculo con las Fuerzas Armadas y acentuando las tensiones con el Poder Legislativo. De este  modo, se podría trabar la discusión de reformas fiscales y administrativas en el país.

Días atrás, el excapitán Bolsonaro sorprendió nombrando a un nuevo general en actividad como ministro jefe de la Casa Civil, el actual jefe de Estado Mayor Conjunto y exinterventor federal en Río de Janeiro, Walter Souza Braga Netto. "El general se volvió conocido cuando fue interventor de Rio de Janeiro en seguridad pública haciendo un trabajo excepcional. Bajó la temperatura del delito. Bienvenido Braga Netto, muchas gracias por aceptar la invitación", dijo el presidente.

El flamante ministro tendrá a su cargo la coordinación de los 22 ministerios del gobierno y responderá directamente a Bolsonaro. Tendrá sus oficinas en el Palacio del Planalto al igual que los generales Augusto Heleno, ministro de Seguridad, y Luiz Eduardo Ramos, ministro de Gobierno. El pasado viernes también se anunció al almirante Flavio Rocha como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

"El nombramiento del general Braga Netto es la profundización de la distancia del gobierno respecto al Congreso. Y una señal clara para las Fuerzas Armadas, porque la Casa Civil es una posición muy importante", dijo el diputado de Demócratas, Pedro Paulo. Braga Netto reemplaza a Onyx Lorenzoni, diputado en uso de licencia que pertenece al derechista partido Demócratas. Lorenzoni fue ahora designado ministro de Ciudadanía, dependencia encargada de gestionar los programas sociales. 

Estos movimientos en el gabinete ocurren una semana después de la caída del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, cuya gestión mereció críticas por la falta de respuestas eficaces ante las inundaciones que afectaron a Minas Gerais y Espíritu Santo. Asumió como su reemplazante  Rogerio Marinho.

A todo esto, el general y vicepresidente, Hamilton Mourao, es el nuevo titular del Consejo de la Amazonia, con jurisdicción sobre los nueve estados que comprenden esta región de 4,5 millones de km2, más del 50 por ciento de la superficie de Brasil. 

Las designaciones elevaron a nueve el número de ministros militares (son 22 en total), sin contar los altos asesores de gobierno.

La "militarización" del Planalto sería la clara demostración de que Bolsonaro le cierra la puerta a la clase política y no tiene intenciones de pedirle nada al Congreso este año. Incluso debilitado, Lorenzoni era un canal de acceso para los parlamentarios. "Con el nuevo juego de fuerzas en el corazón del gobierno, las reformas económicas liberales deseadas por el ministro de Economía Paulo Guedes y el exalcalde Rodrigo Maia (actual presidente de la Cámara de Diputados) dependerán de los esfuerzos de ambos para que puedan encaminarse en el Congreso", destacó la revistaCarta Capital.

"El ministro Guedes quiere una reforma administrativa con una disminución en el número de funcionarios, por ejemplo, y tiene una propuesta para que Bolsonaro envíe al Congreso. Con la negativa del presidente, manifestada principalmente en la militarización del gabinete, Guedes tendrá que luchar solo por la reforma", agregó Carta Capital. El ministro Guedes atraviesa un complejo momento económico ya que la devaluación del real trepó a su nivel histórico el jueves pasado. El Banco Central debió intervenir de urgencia para bajarlo.

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Domingo, 16 Febrero 2020 06:15

Contra el ajuste.

Mary Lou McDonald (en el centro) y militantes del partido Sinn Féin celebran el resultado de las elecciones en Irlanda / Foto: Afp, Ben Stansall

El triunfo de la izquierda en las elecciones irlandesas.

Hartos de las políticas de austeridad, el último fin de semana la mayoría de los irlandeses volcaron en las urnas su apoyo al Sinn Féin y a sus planes de fortalecimiento del sector público y mayores impuestos a los más ricos. Entre las más insistentes de sus promesas hay un ambicioso programa estatal de vivienda, que incluye el congelamiento de los alquileres.

La idea de que Occidente vive una marea conservadora, que obliga a las fuerzas de izquierda a mantenerse a la defensiva, volvió a ser cuestionada por la realidad. En Irlanda se quebró una vieja hegemonía. Los dos partidos de centroderecha que gobernaban el país desde hacía un siglo –Fianna Fáil y Fine Gael– fueron derrotados. En las elecciones parlamentarias del sábado 8 de febrero, sobresalió el Sinn Féin, históricamente ligado al Ejército Republicano Irlandés (Ira, por sus siglas en inglés) y estigmatizado por ello durante décadas.

Liderado por primera vez por una mujer, Mary Lou McDonald, obtuvo el 24,5 por ciento de los votos –casi el doble de lo que obtuvo hace cuatro años– y superó así a sus rivales (Fianna Fáil conquistó el 22,2 por ciento y Fine Gael el 20,9 por ciento). No es seguro que consiga formar un nuevo gobierno. Pero las razones de su victoria son claras. El Sinn Féin capitalizó el desencanto de la población con la vieja política. Defendió, en especial, un paquete de políticas claramente volcadas a reducir las desigualdades y crear instituciones de defensa de lo común –principalmente en materia de salud pública y derecho a la vivienda–. Estas posiciones se volvieron especialmente populares entre los jóvenes. Según las encuestas de boca de urna, tuvo el 32 por ciento de las preferencias en los votantes de entre 18 y 34 años.

LAS MANCHAS DEL TIGRE.

Poblada por los celtas y receptora de una fuerte influencia vikinga en la Edad Media, Irlanda fue formalmente incorporada en el imperio británico en 1800 (tras dos siglos de dominación inglesa) y alcanzó su independencia apenas en 1922. Una parte menor de su territorio, Irlanda del Norte, con capital en Belfast, se separó de inmediato e integra hasta hoy Reino Unido. En los años noventa, la República de Irlanda se volvió la meca de grandes corporaciones (en especial tecnológicas), interesadas en sacar provecho de los bajos impuestos. Con una población reducida –menos de 5 millones de habitantes– y un área de 70 mil quilómetros cuadrados, se la llamó por entonces “el tigre celta”. Hoy su Pbi per cápita (83 mil dólares) es el quinto más grande en el mundo, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (Fmi).

Sin embargo, la crisis global de 2008 interrumpió su crecimiento y mostró que, en el capitalismo contemporáneo, incluso los países ricos tienen condiciones de vida en declive. Una crisis bancaria llevó a un rescate del Fmi y el Banco Central Europeo. Como contrapartida, los gobiernos irlandeses aceptaron imponer a la población un paquete de políticas de “austeridad”, que resultó en graves protestas, especialmente estudiantiles (en 2011 el movimiento Occupy Belfast se instaló en el edificio sede del Banco de Irlanda).

A partir de 2015, la economía volvió a crecer rápidamente, pero apenas en beneficio de una pequeña minoría de corporaciones. En 2019, un vasto artículo en The New York Times informaba sobre el aumento de los alquileres, los millares de desalojos de familias que no podían cumplir con el pago y el surgimiento de una población sin techo. Al mismo tiempo, el corte de fondos para la salud desencadenó una crisis en los hospitales públicos.

Esta combinación de factores y la sagacidad del Sinn Féin sacaron al partido de la condición marginal que ocupaba hasta ahora. En la campaña electoral, los dos grupos de centroderecha hegemónicos atacaron al partido, señalando sus lazos con el Ira y afirmando que sus propuestas “socialistas” espantarían a los inversores. Pero el Sinn Féin se mantuvo firme en el ataque a la desigualdad y en la defensa de su plataforma. Allí se incluyen impuestos más altos para los ricos y las corporaciones, la promesa de anular las medidas de “austeridad” que afectaron la salud pública y la respuesta a la crisis habitacional con el congelamiento de los alquileres y la construcción de decenas de millares de casas nuevas. En total contraste con las contrarreformas previsionales ahora en boga, el Sinn Féin quiere reducir la edad mínima para las jubilaciones.

EL DESAFÍO DE LA UNIDAD.

Para formar un nuevo gobierno, el Sinn Féin deberá buscar coaliciones con el Partido Verde (que obtuvo un 7,1 por ciento de los votos), el Partido Laborista (4,4 por ciento), el Partido Socialdemócrata (2,9 por ciento) y el Partido de la Solidaridad (2,6 por ciento), y contar con la división entre los lemas rivales de la hasta ahora hegemónica centroderecha. De cualquier forma, para Mary Lou McDonald, lo más importante es que las propuestas del partido estarán ahora en el centro del debate irlandés.

Hay un efecto colateral importante: defensor de la unión de las dos Irlandas, el Sinn Féin puede tensionar la cohesión de Reino Unido. Una manera de hacerlo, prevista en el programa del partido, es hacer, en poco tiempo y en el propio territorio de la República de Irlanda, un plebiscito sobre la reunificación. La medida, evidentemente, no dependería de la aprobación de Londres o Belfast, pero podría provocar deseos de unificación también en Irlanda del Norte.

Por Carlos Alberto Martins

14 febrero, 2020

(Publicado originalmente en portugués en Outras Palavras, bajo el título “Irlanda: o Comum volta a mostrar força”. Traducción y titulación en español de Brecha.)


 

Abuso inmobiliario

Hay una generación entera que considera la vivienda su primera preocupación, explicaba Eoin Ó Broin, una de las caras más visibles del Sinn Féin. Las medidas estrellas del partido de izquierda para estos comicios fueron la congelación de los precios del alquiler durante tres años y la construcción de 100 mil nuevas viviendas públicas. También incluyó en su programa un mayor control y regulación de las tasas hipotecarias para evitar abusos.

Según el liberal Irish Times (9‑II‑20), este punto “fue un importante factor para el éxito del Sinn Féin en las elecciones generales” y una demostración de la “pérdida de fe” de decenas de miles de jóvenes en las políticas de vivienda de los partidos tradicionales Fine Gael y Fianna Fáil.

De acuerdo con una encuesta publicada poco antes de las elecciones, el 38 por ciento de los votantes del Sinn Féin consideraba la vivienda el factor más importante para decantar su voto. La misma encuesta señala una mayor preocupación por los temas de vivienda entre la población joven, un factor que fue tenido en cuenta en la campaña del Sinn Féin.

“Nos están diciendo que el Estado ha fallado –decía el portavoz de vivienda del Sinn Féin–. En una economía robusta como esta, en la que la gente con buenos salarios no puede pagar el alquiler, ¿qué esperanzas tiene la gente con pocos ingresos?”

La crisis habitacional que sufre Irlanda desde hace años ha llevado a Dublín a convertirse en una de las diez ciudades más caras del mundo para alquilar, por delante de Tokio y Singapur. Según un informe de 2019 del Deutsche Bank, para vivir en un apartamento de dos ambientes de rango medio en la capital irlandesa había que pagar 2.018 dólares al mes, un 23 por ciento más que en 2014. Una crisis que también tiene su reflejo en las personas sin hogar, cuyo número se ha multiplicado por cuatro en el último lustro.

Esta particular crisis que vive Dublín se ha sentido en las recientes elecciones. En el centro de la capital irlandesa, el Sinn Féin obtuvo un 35,7 por ciento más que el Fine Gael del hasta ahora ministro de Finanzas, Paschal Donohoe.

“Las ganancias de los arrendadores y de los fondos de inversión nunca habían sido tan grandes. Y casi no pagan impuestos gracias a los privilegios fiscales que el gobierno les ha dado”, explicaba Eoin Ó Broin, quien suena como ministro de Vivienda en caso de que el Sinn Féin logre formar gobierno. “Así que congelar el precio del alquiler durante tres años no tendría ningún impacto negativo en la oferta. Pero, aunque tuviese un pequeño impacto, nuestra inversión en vivienda asequible para la gente trabajadora resolvería ese problema inmediatamente.”

Martín Cúneo

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EU inundado por sus deudas al consumo: deuda de los hogares rebasa los 14 millones de millones de dólares

Estados Unidos está inundado por sus estratosféricas "deudas al consumo": adeudos hipotecarios, deuda estudiantil (https://bit.ly/2wnyxSZ) y casi un millón de millones de dólares en tarjetas de crédito.

Las “deudas de los hogares (household debt)” representan mayormente "empréstitos para comprar casas o para refinanciar las hipotecas existentes", según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (https://nyfed.org/2St7BK2).

Mientras que la economía china se basa en el ahorro, la de EU exhibe una adicción al consumismo que representa alrededor de 80 por ciento de su PIB.

En forma ominosa, la "deuda de los hogares" alcanzó 14.15 millones de millones de dólares – ¡11.6 veces más que el PIB nominal de México!– al último trimestre de 2019 y es mucho mayor al anterior pico de 12.68 millones de millones de dólares del tercer trimestre del 2008: previo a la debacle financierista de Lehman Brothers.

¿Cuál será el límite de la deuda colosal de EU? El mayor componente de la "deuda del hogar" lo constituyen las hipotecas por 9.56 millones de millones de dólares (67.56 por ciento), y el restante está constituido por una variedad de adeudos: empréstitos de automóviles –que alcanzaron 1.33 millones de millones de dólares–, tarjetas de crédito y adeudos estudiantiles.

Wilbert Van Der Klaauw, vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York comentó que los "orígenes hipotecarios que incluyen los refinanciamientos se incrementaron en forma significativa", así como los empréstitos para adquirir automóviles. Agregó que "desde 2016, notablemente entre los prestatarios más jóvenes", existe un fuerte número de "transacciones morosas" de los tarjetahabientes.

La morosidad –atraso de 90 o más días– de los millennials es casi el doble (9.36 por ciento) que el restante de los prestatarios (5.32 por ciento), lo cual exhibe un problema del sector de las tarjetas de crédito.

Wilbert Van Der Klaauw comentó que "los incrementos en la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito" exhibe una de dos cosas: "a algunas partes de la población no les está yendo tan bien o es sólo el resultado de parámetros más relajados de los empréstitos".

El adeudo en tarjetas de crédito alcanzó 930 mil millones de dólares (https://on.wsj.com/2SKJoO8), mientras la proporción de "morosidad grave" se incrementó entre los millennials.

Los economistas de la FED juzgan que la "reclasificación de adeudos de algunas tarjetas de consumo de los almacenes como deudas de tarjetas de crédito, en lugar de una deuda de consumo sin tarjetas de crédito, explica parcialmente el incremento".

Yuka Hayashi de The Wall Street Journal –gran aliado de Trump– considera que ello se debe a que "los estadunidenses gastaron en forma agresiva (sic) en el contexto de una economía vigorosa y un robusto mercado laboral" cuando "el mes de enero agregó 225 mil empleos y la tasa de desempleo fue de 3.6 por ciento", mientras que los salarios se incrementaron 3.1 por ciento.

Hayashi exulta y exculpa que "el incremento en los balances de las tarjetas de crédito forma parte de la expansión continua del crédito al consumo visto en años recientes, que inició con el crecimiento de la deuda estudiantil y de los automóviles y que luego se trasladó a la deuda de hipotecas y de las tarjetas de crédito" cuando "la economía se encuentra en su onceavo año de expansión y el desempleo se encuentra casi a sus niveles más bajos de hace 50 años".

Sin duda, todo ello abona para un escenario de relección de Trump, de 73 años, quien espera la nominación de su contrincante del Partido Demócrata cuando el establishment ha empezado a mover la carta del multimillonario israelí-estadunidense Mike Bloomberg, de 78 años y con una fortuna de casi 62 mil millones de dólares (https://bit.ly/2SufOgN) quien pudiera ser acompañado por Hillary Clinton como candidata a la vicepresidencia (https://bit.ly/3bHQLhW).

¿Comprará Bloomberg la nominación con el fin de impedir el ascenso irresistible de Bernie Sanders (https://bit.ly/2HshbGB), admirable judío progresista de 78 años al que veneran los millennials y cuyo "socialismo" perturba a la omnipotente triada de Wall Street/Silicon Valley/Pentágono?

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Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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Sábado, 15 Febrero 2020 06:28

En marcha otro montaje judicial

En marcha otro montaje judicial

Comunicado a la opinion pública

 

Nosotros, Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz, docentes adscritos al departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y Renán Vega, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, evidenciamos los hechos que nos hacen denunciar que estaríamos siendo víctimas de un posible montaje judicial, que cuenta con acciones previas de hostigamiento y persecución tanto a nosotros como a nuestras familias.

El pasado 27 de enero de 2020 llegó a la oficina del profesor Rosembert Ariza (ubicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) un paquete sellado, en el que se remitía un escrito de 21 páginas, con el emblema del Movimiento Revolucionario del Pueblo [MRP] y firmado por Remedios La Bella, militante del MRP.

Al final del mismo aparecen nuestros nombres y junto a cada uno de estos el correo de contacto remedioslabellamov @ outlookcom. Es obvio que quienes elaboraron ese texto y lo hicieron llegar al profesor Ariza pretenden hacerlo pasar como si nosotros fuéramos sus redactores y, en consecuencia, ideólogos y militantes del citado MRP.

Declaramos en forma enfática que nosotros no hemos escrito tal documento y no formamos parte ni de esa ni de organización clandestina alguna. El hecho que se nos haga figurar como autores de ese panfleto corresponde a un montaje, inscrito en el marco de la persecución al pensamiento crítico contra personas que adelantamos una labor de docencia e investigación independiente en el seno de las universidades públicas, y, al mismo tiempo, somos coparticipes en la movilización social que se adelanta en las universidades y en diversos espacios de la sociedad colombiana.

Como resultado de esa labor de acompañamiento de diversos procesos sociales hemos, participado en grupos de solidaridad con prisioneros políticos (hombres y mujeres), algunos de los cuales han sido nuestros alumnos, y quienes tienen como característica similar la de soportar montajes judiciales. Aún más, uno de nosotros, Miguel Ángel Beltrán Villegas, fue secuestrado y torturado en México, y tras su expulsión ilegal a Colombia, encarcelado y destituido de la Universidad Nacional de Colombia, como resultado de un montaje judicial, que se fraguó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y se prolongó durante varios años.

El documento señalado es resultado de una burda patraña: ¿a quién le cabe en la cabeza que en una plataforma político-militar de una organización clandestina aparezcan los nombres propios de profesores universitarios que tienen una vida pública, de los cuales se sabe dónde trabajan, dónde viven y qué hacen?. Lo lógico es que un documento de esta índole no tenga firmantes o quienes lo firman lo hagan con seudónimo o con nombre propio si estuvieran en la clandestinidad. Pero como en estos casos no importa ni la lógica ni la racionalidad, sino el daño que la mentira y la infamia produzcan, es evidente que aunque no se sepa quién ha elaborado este montaje, lo que sí queda claro es su carácter malintencionado, porque se busca enlodar nuestros nombres, convertirnos en objeto de persecución, silenciarnos, generar cizaña en los espacios en los que se desenvuelve nuestra actividad, desprestigiar nuestra labor docente e investigativa y responsabilizarnos de antemano sobre acontecimientos que se le atribuyan al mencionado grupo clandestino.

Teniendo en cuenta recientes casos de judicializaciones infundadas o “falsos positivos judiciales” en nuestro país, adelantados contra estudiantes y profesores (que han sido privados de su libertad, judicializados y sometidos a una especie de linchamiento mediático), denunciamos lo que acaba de ocurrir, que bien puede ser el eslabón inicial de una tenebrosa cadena de señalamientos e inculpaciones, propias de esta modalidad de persecución política en Colombia.

Hacemos pública esta denuncia, porque el silencio no es la mejor opción para enfrentar este tipo de montajes y porque, teniendo en cuenta la irresponsabilidad de ciertos medios de comunicación, nos queremos anticipar a la presentación pública del montaje como una gran chiva informativa en la que se dé a conocer el documento de marras, se nos endilgue su autoría y, como derivación, lluevan sobre nosotros señalamientos y acusaciones como supuestos militantes e ideólogos de un movimiento armado clandestino. Este tipo de señalamiento genera graves consecuencias personales y familiares y por eso es necesario enfrentarlo con decoro y dignidad.

Bogotá, 14 de febrero de 2020

Firman:

Renán Vega Cantor, Docente Universidad Pedagógica Nacional

Miguel Ángel Beltrán Villegas, Docente Universidad Nacional de Colombia

Rosembert Ariza Santamaría, Docente Universidad Nacional de Colombia

Nubia Ruiz Ruiz, Docente Universidad Nacional de Colombia

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Cancillería de Colombia pide oficialmente a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aída Merlano

Según un comunicado oficial, "el compromiso" del diputado opositor venezolano, que no tiene potestad para efectuar ese procedimiento, es "un respaldo para el buen término de esta solicitud".

 

La Cancillería de Colombia le solicitó formalmente al diputado opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como "presidente interino" de Venezuela, la extradición de la excongresista Aida Merlano, tras recibir el oficio por parte de la Corte Suprema de Justicia.

"El propósito es que el Presidente Guaidó, adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta", señala el comunicado de la cancillería colombiana.

Según el documento, la solicitud de extradición "ya ha sido presentada ante la Embajada de Venezuela en Colombia, que representa al Gobierno legítimo del Presidente Juan Guaidó", y consideran que el compromiso del diputado opositor, que no tiene ninguna facultad para efectuar ese procedimiento, es un "respaldo para el buen término de esta solicitud".

Días atrás, Guaidó aseguró que estaba dispuesto a "brindar toda su colaboración y la de las instituciones legítimas de Venezuela, en la atención a este caso".

Al respecto, la canciller de Colombia, Claudia Blum, afirmó que la solicitud se hace ante Guaidó ya que los mecanismos de cooperación internacional judicial con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro fueron afectados en su funcionamiento normal, "al haber expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia". 

Contradicciones

Blum condenó que después de 17 días de anunciada la captura por parte de las autoridades venezolanas, al mando del presidente Nicolás Maduro, este le haya dado la oportunidad a la excongresista para que "pueda públicamente evadir su responsabilidad y alegar persecuciones del Gobierno colombiano", que supuestamente "no existen". 

No obstante, antes de la comparecencia pública de Merlano en Caracas, el presidente Maduro instó al gobierno colombiano a activar las relaciones consulares para poder ejecutar el procedimiento de extradición, medida que fue rechazada de plano por la administración de Iván Duque, alegando que en Venezuela había "pocas garantías".

Paradójicamente, a pesar de que Bogotá le hizo la solicitud formal a Guaidó, la canciller también llamó a la comunidad internacional a que "exija" al gobierno del presidente Maduro que "permita su devolución al territorio colombiano, conforme a las órdenes judiciales vigentes en su contra". 

La excongresista —condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018—, se fugó en octubre del año pasado durante una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá y fue capturada en Venezuela el pasado 28 de enero.

Caracas rompió relaciones diplomaticas con Bogotá el pasado 23 de febrero del 2019, cuando Duque decidió apoyar la autoproclamación de Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

Publicado: 14 feb 2020 02:33 GMT

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A su regreso, Guaidó fue recibido con gritos de "fuera" y "vendepatria".    ________________________________________ Imagen: AFP

Juan Guaidó regresó a Venezuela luego de su gira por Europa y Estados Unidos (EEUU). Ingresó por el aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, a media hora de Caracas. Su llegada fue anunciada en la mañana y el recibimiento por parte de la oposición fue pequeño.

En el hall del aeropuerto lo esperaron más chavistas para gritarle “fuera” y “vendepatria” que sus propios seguidores. Entre quienes rechazaban su presencia estaban trabajadores de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana sancionada recientemente por el gobierno norteamericano como parte del bloqueo económico.

Guaidó, como se esperaba, no tuvo inconveniente para entrar por el aeropuerto internacional, tal como había sucedido el año pasado, luego de su salida vía Colombia organizado a través del gobierno colombiano y el grupo paramilitar Los Rastrojos. Ingresó nuevamente por los canales regulares migratorios.

El autoproclamado llegó con la narrativa en alto luego de su viaje internacional que abarcó Colombia, varios países de Europa, Canadá y EEUU. Fue en la última escala, en particular en Washington, donde logró las fotografías más esperadas por la oposición golpista: el aplauso bipartidista en el discurso del estado de la unión en el Congreso, y la reunión con el presidente Donald Trump.

Al salir del aeropuerto se dirigió al municipio Chacao, en Caracas, uno de las principales zonas opositoras de la ciudad, para llevar adelante un acto. La asistencia al acto fue pequeña y volvió a evidenciar la distancia entre su construcción mediática y diplomática sostenida por los resortes de poder norteamericano, y la realidad dentro del país.

Guaidó mostró su incapacidad para lograr adhesiones masivas -o medianas- a pesar de su discurso ultimatista y triunfalista: carga con el peso de los errores políticos, los casos de corrupción, las desilusiones y hastíos, que no son patrimonio suyo sino del conjunto de la oposición.

Durante el acto anunció que habrá nuevas medidas de presión, pero sin especificar cuales serán: “hay cosas que tenemos que decir en su momento (…) los mecanismos de presión solo van a aumentar, por polémicos que sean”, afirmó.

También realizó un llamado de unidad a los diferentes sectores de oposición, un pedido central en un escenario donde se han multiplicado las fracturas entre partidos, al interior de los partidos, y, sobre todo, en cuanto a la hoja de ruta a seguir, donde un sector creciente opositor ya no lo reconoce como presidente encargado ni como liderazgo.

Los próximos días serán importantes para la estrategia Guaidó, donde el objetivo será conectar lo internacional con lo nacional, generar un escenario de movilizaciones, algo que no ha logrado desde hace casi un año, y se ha agravado con la perdida de la presidencia de la Asamblea Nacional a principios de enero.

Fue, en gran parte por esa derrota legislativa, que Estados Unidos creó la agenda internacional de Guaidó con el objetivo de relegitimarlo e indicarle a ese sector de la oposición cuáles serán los próximos pasos a dar para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro o, en caso de no lograrlo, cambiar la actual correlación de fuerzas.

Mientras tanto avanzan los debates entre el gobierno, sectores de la oposición cada vez más amplios, con respaldo internacional como el de Rusia, manifestado a través de la visita del canciller Serguei Lavrov, para llevar adelante las elecciones a la Asamblea Nacional que tendrán lugar este año.

Aún no se sabe cuándo será la contienda y, antes de eso, debería tener lugar la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. EEUU ya anunció que no reconocerá esa elección y buscará escalar las presiones para lograr el derrocamiento del gobierno de Maduro.

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Ecuador: dos caminos después del levantamiento

Pasados cuatro meses del magnífico levantamiento indígena y popular, que paralizó el país del 3 al 13 de octubre, puso contra las cuerdas al presidente Lenin Moreno y consiguió echar abajo el paquete de medidas inspiradas y dictadas por el FMI, el panorama político empieza a despejarse. Para bien y para mal.

Por el lado del poder, se están cerrando las chances abiertas en octubre. Buena prueba de ello son las compras masivas de material antidisturbios que está realizando el Ejército ecuatoriano, aunque parezca fuera de lugar. Se trata de cien mil bombas lacrimógenas, setenta mil cartuchos con balas de goma, mil escopetas para disparar esas balas y mil doscientas máscaras antigás.

El argumento de los uniformados para realizar semejantes adquisiciones, es bien simple: se trata de material para “operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia porque permite disuadir a grupos de manifestantes que pretenden alterar el orden público” (). En síntesis, el poder considera que las manifestaciones populares deben ser tratadas con mano militar.

Para eso se propone formar más de 200 equipos de combate, integrados por 20 soldados cada uno, con un total de 4.000 militares antidisturbios para combatir lo que el ex director de Inteligencia militar denomina “terrorismo urbano y sedición”. Esa es la respuesta del gobierno de Lenin Moreno al levantamiento de octubre.

Por su parte, el movimiento popular sigue en su tarea de tender puentes entre sectores desde que se creó el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, en las postrimerías del levantamiento, más conocido como Parlamento de los Pueblos. Ahora coordina unos 200 movimientos y está sesionando en diversos lugares de la Amazonia recogiendo las opiniones de los habitantes de Loja, Zamora y Morona Santiago.

Uno de los temas centrales es el análisis colectivo del extractivismo, que en esa región se presenta en su vertiente de explotación de hidrocarburos y de minería a cielo abierto. Además se está socializando el programa económico que el parlamento había elaborado colectivamente el año pasado.

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, dijo que no habrá más diálogo con el gobierno de Lenin Moreno, luego de que la organización de los indígenas amazónicos denunciara que la sede de la Federación de Centros Shuar había sido atacada por cerca de 80 desconocidos que la saquearon y dejaron guardias heridos.

A mi modo de ver, la consolidación del Parlamento de los Pueblos sería la principal conquista estratégica de los indígenas y sectores populares del Ecuador, y a ella deberían consagrar sus principales esfuerzos. Es la única instancia que puede cambiar la relación de fuerzas a favor de los de abajo en el largo plazo.

Dentro del campo popular, vale registrar la creación del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas, que lanzó una fuerte crítica a declaraciones misóginas de Lenin Moreno, destacando que “el machismo, es histórico y estructural, no episódico” (https://bit.ly/3891mjM). El parlamento fue convocado por Ecuarunari, organización quichua de la sierra, en el que participan varias colectivas urbanas, movimientos de mujeres populares, afroecuatorianas y estudiantes.

El tercer aspecto a analizar, gira en torno a las dirigencias de los movimientos populares, tanto indígenas como sindicales, que se están volcando masivamente al escenario electoral. En efecto, el 28 de febrero de 2021 habrá elecciones presidenciales y los partidos y movimientos políticos de izquierda como Pachakutik y Unidad Popular, están buscando junto a las organizaciones sociales como la CONAIE y el FUT la creación de candidaturas.

El debate está centrado en los candidatos, mucho más que en las estrategias de largo aliento y en programas concretos. Por la experiencia del pasado inmediato, es muy difícil que consigan consensuar candidatos únicos. Pero lo más graves, es que se pretende llevar al terreno electoral todo el prestigio acumulado en las jornadas de octubre.

El movimiento indígena será el núcleo de cualquier confluencia electoral, pero las divisiones internas son enormes, tanto como los personalismos que se acentúan cuando se habla de candidaturas. Parafraseando una conocida sentencia, puede decirse que todo lo sólido que muestra el movimiento popular, se disuelve en las urnas.

Como señaló estos días una feminista, “esperamos que este proceso de Parlamentos pueda superar las fisuras de las elecciones que históricamente tenemos”.

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La fuerza de choque que asusta a Bolivia. ¿Qué es la Resistencia Juvenil Cochala? 

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo se hicieron más visibles en el contexto del golpe. 

 

Tres puñaladas certeras casi terminan con su vida. El periodista Adair Pinto había decidido salir con amigos, buscando un poco de distracción en una Bolivia literalmente dada vuelta. Sin imaginarlo, fue víctima de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Este grupo de jóvenes que actúa como fuerza de choque tomó gran impulso en los conflictos posteriores a las elecciones del 20 octubre de 2019, primero haciéndose eco de las denuncias de fraude orquestadas por la OEA, y luego exigiendo directamente la renuncia del entonces presidente Evo Morales. 

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo actúan como fuerza de choque frente a cualquier movilización de la militancia del MAS en Bolivia. Ahora, y de cara a las elecciones generales del tres de mayo, se perfilan como una "institución de resistencia" que busca extenderse a nivel nacional. Reniegan de la política pero tienen vínculos innegables con líderes cívicos como Luis Fernando Camacho, y cuentan incluso con el visto bueno del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.

La RJC surgió a partir de la unión de siete jóvenes sin militancia política pero con un claro rechazo a la figura del mandatario depuesto de Bolivia, Evo Morales. Durante los días de mayor conflictividad en las calles, en octubre de 2019, la Resistencia agrupó a 150 personas. Actualmente supera los 5 mil miembros. Cochala es la forma coloquial con que se nombra a los nacidos en Cochabamba.

Los miembros de la Resistencia se mueven siempre en motos y justifican su accionar bajo el paraguas de la "defensa de la democracia". Empezaron a copar las calles, incluso antes de elegir ese nombre, en barrios cochabambinos para apoyar los paros contra Morales, cuando todavía era presidente. Argumentan que siempre lo hicieron de manera pacífica, pero esa supuesta calma se ve empañada por una serie de agresiones registradas contra manifestantes, dirigentes y trabajadores de prensa. Adair Pinto, periodista de la radio FM Potencia Dinámica, fue la última víctima de la RJC.

La madrugada del sábado primero de febrero, Pinto se encontraba en un local bailable con amigos, en la zona norte de Cochabamba. Su agresor, Roger Revuelta, ingresó con un grupo de personas al boliche para amenazarlo de muerte. "Entró este grupo que argumentaba ser de la RJC y empezaron a insultarme por la labor periodística que desempeño", contó Pinto en diálogo con Página/12. Por su programa radial, Pinto dedicó varios programas a investigar y exponer el peligroso funcionamiento de la Resistencia. "En ese momento este miembro de la RJC, Roger Revuelta, me muestra de su celular una foto de mi hermana, me dice que la iba a violar, y que yo me iba a morir ese día", recordó.

El hostigamiento no terminó ahí. Al salir del local bailable, Pinto se preparaba para subir a un taxi. "Al lado del chofer viene el señor que me amenazó de muerte, y de violar a mi hermana, me asesta tres puñaladas en lugares vitales. Si no hubiera reaccionado me hubiera llegado una al corazón, la otra al estómago, la otra cerca a la vena aorta en el muslo derecho", comentó. El agresor Revuelta fue rápidamente detenido. Tras una audiencia que duró más de tres horas, Revuelta fue llevado al penal de San Sebastián para cumplir prisión preventiva por cuatro meses, bajo el cargo de homicidio en grado tentativo. El imputado contaba además con dos antecedentes penales, uno por violencia familiar y otro también por lesiones. Revuelta es uno de los principales cabecillas de la RJC. Pinto al sobrevivió al ataque de milagro. Continúa bajo tratamiento médico y teme nuevas amenazas.

La agresión sobre el joven periodista fue la primera ocasión en que un solo miembro de la Resistencia ataca directamente a otra persona: se caracterizan por amedrentar a sus víctimas en patota. Tal vez el caso más resonante dentro de esa lógica fue el de la alcaldesa de Vinto por el MAS, Patricia Arce. En la edición de Página/12 del pasado ocho de noviembre, el fallecido periodista Sebastián Moro describió los hechos con precisión: "Arce fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos". La alcaldesa fue rescatada por la Policía en el puente Huayculi del municipio de Quillacollo, cuatro horas después. Los jóvenes de la Resistencia fueron los protagonistas estelares de la salvaje agresión.

Muchos bolivianos temen cada vez que alguien pronuncia el nombre de la RJC. Anibal Urquieta, vecino de El Alto, vio como sus miembros se inflitraban en las primeras manifestaciones contra el gobierno de facto. "De repente en las calles aparecieron grupos paramilitares que parecían salidos de un guión cinematográfico hollywoodense: andaban armados con garrotes y púas. Usaban también bates y portaban chalecos. Para las fuerzas de seguridad era necesario matar y herir, ellos parecían cumplir una segunda función, el amedrentamiento".

Los integrantes de la Resistencia siempre están listos para interrumpir cualquier movilización del masismo, o incluso arremeter contra los principales símbolos de la cultura indígena, como la wiphala. El 17 de enero, miembros de la RJC, encapuchados, desalojaron con insultos, gritos y empujones a un grupo de mujeres de pollera de la rotonda de Cala Cala, uno de sus bastiones. Habían cometido el "delito" de juntarse ahí.

Pero luego de alzarse con el preciado botín de la renuncia forzada de Evo Morales, ¿qué funciones cumple la Resistencia? Para el sociólogo del Centro De Estudios Superiores Universitarios de Cochabamba, Chaly Crespo, este grupo de jóvenes ya cumplió el propósito para el que fue creado. "Ahora se deberían desarticular. Imagino que ya tienen otros intereses con los cívicos que están en proceso electoral. En su momento fueron una resistencia, un movimiento espontáneo. Pero actualmente ya no se justifica su existencia. Hoy ya serían un grupo de choque", aseguró Crespo en declaraciones al diario Página Siete.

Los miembros de la Resistencia se manejan con estatutos y una mesa directiva que prohíbe a sus miembros incursionar en el escenario político. "Si alguien quiere pertenecer a algún partido político tiene que salirse”, agregó Molina, en una de sus pocas declaraciones a la prensa. Sin embargo, pese a que descartan vínculos políticos, los miembros de RJC escoltaron y protegieron al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, durante una visita a Cochabamba el pasado 28 de noviembre. Por ese entonces, el dirigente ya tenía firmes intereses de ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales.

La Resistencia cuenta además con el apoyo explicito del gobierno de facto. El ministro Arturo Murillo dijo que la RJC fue "muy útil" durante los días del conflicto. "Los cochabambinos estamos muy agradecidos por todo su labor que realizaron anteriormente. Si quieren ser un grupo de seguridad, pueden presentar sus papeles al ministerio de Gobierno, todo tiene que ser documentado. Necesitamos orden", señaló Murillo en conferencia de prensa. Es decir, una invitación directa a incorporarse al aparato represivo del Estado.

Sin un rumbo definido, la RJC intenta avanzar en Bolivia. Por lo pronto, sus miembros anunciaron que participarán como observadores en las elecciones del próximo tres de mayo. No parece poco premio para un grupo surgido espontáneamente y por amor a los vehículos de dos ruedas.

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