MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 06 Marzo 2021 05:26

Lucha por el poder

Lucha por el poder

Armenia, república ex soviética que para sobrevivir como Estado necesita la decisiva presencia militar de Rusia, está inmersa en una grave crisis política que no es sino resultado de la lucha por el poder entre el primer ministro, Nikol Pashinian, la cúpula militar y la oposición, que no le perdona la humillante derrota frente a su vecino Azerbaiyán, apoyado por Turquía, en la reciente guerra por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj.

Poco más de una semana después de empezar, sigue sin resolverse el conflicto entre el primer ministro y la cúpula militar, que en un hecho inusitado desde que es país independiente, exigió su dimisión en un comunicado del Estado Mayor del ejército firmado por 40 oficiales de alto rango.

El desafío castrense –que comenzó en respuesta a una desafortunada declaración de Pashinian, quien, pasados unos días, se vio obligado a reconocer su equivocación al afirmar que "estallaron al impactar sólo 10 por ciento de los misiles rusos usados en la guerra"– recibió el respaldo de la oposición, que se volcó a la calle para sumarse a la demanda, mientras el agraviado premier también sacó a sus seguidores, convirtiendo Ereván, la capital armenia, en escenario de manifestaciones simultáneas tanto en favor como en contra del gobernante.

En ese contexto, el presidente armenio, Armen Sarkisian, quiso dejar de ser una figura nominal e intentó mediar entre las partes, negándose en dos ocasiones a firmar el decreto que cesa al líder de los militares, Onik Gasparian, acusado por el primer ministro de encabezar un intento de golpe de Estado, que sigue ocupando el cargo.

Más temprano que tarde este enfrentamiento, que genera cada día más inestabilidad en Armenia, tendrá como desenlace o la renuncia forzada de Pashinian o la convocatoria de elecciones anticipadas. El problema es que el primer ministro no quiere dimitir y sólo acepta someterse al examen de las urnas bajo sus propias reglas, esto es, si antes se somete a referendo el cambio de sistema en el país de parlamentario a presidencialista.

Para Rusia, el único país del espacio postsoviético libre de injerencias foráneas es Armenia y cualquier cambio violento de gobernante ahí es "asunto interno de los armenios", siempre que no afecte sus bases militares en la estratégica región del Cáucaso del Sur.

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Nicaragua: pandemia, violencia política y salida electoral

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros.

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de 2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el gobierno.

Las elecciones como punto de inflexión

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas democráticas a partir de las lecciones de 1990.

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000, un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde 2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en un momento de cambio y apertura democrática.

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son diferentes. Una de las características del contexto actual es que el gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero especialmente a los más vulnerables.

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las últimas tres décadas.

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial de consenso.

Condiciones y puntos críticos

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario, quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en la Presidencia.

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema electoral.

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades proselitistas durante la campaña electoral.

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento, pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre «izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los opositores alimentados por el propio gobierno.

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega.

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga, constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

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Viernes, 05 Marzo 2021 06:02

Las dos sesiones chinas

Las dos sesiones chinas

La multitudinaria cita parlamentaria que reúne en la capital china a la flor y nata de la elite política va cada vez un poco más allá de una puesta en escena considerada a menudo como una insulsa escenificación autocrática. Por el contrario, aun reconociéndose que muchas de sus decisiones están cantadas pues su agenda es reflejo de los amplios consensos trabados previamente, refleja también un cierto pulso de la política china y contribuye a reconocer su rumbo inmediato.

Varias observaciones cabría destacar. En primer lugar, el trazado del nuevo y decisivo tramo de la reforma, con la aprobación no solo del próximo plan quinquenal sino también de los objetivos para 2035, la primera gran zancada del xiísmo que debe sentar las bases del trayecto hacia el primer centenario de la República Popular (2049). El énfasis abarca tres dimensiones: modernidad, prosperidad y confianza política.

Segundo, el  centenario de la fundación del PCCh, que marcará el año político que ahora empieza, tendrá aquí un primer reconocimiento por parte de formaciones y personalidades no militantes de quienes se espera una expresión de absoluta lealtad a su magisterio.

Tercero, la seguridad integral ganará importancia. Esto no se refiere solo a la defensa estricto sensu, donde cabe esperar una relativa modestia en el crecimiento de los gastos militares (8% con una previsión oficiosa de crecimiento del 8,5%), sino abarcando un concepto mucho más amplio. Seguridad es soberanía económica y tecnológica, lo cual invita a un redoblar del compromiso con la autosuficiencia y la innovación; también con la sostenibilidad, apuntando a persistir en la sensibilidad ambiental y social, corrigiendo unos y otros desequilibrios, muy agrandados aun por su descuido en los lustros precedentes y afrontando retos pendientes como la reforma de la edad de jubilación (actualmente, es de 60 años para los hombres, 55 para las mujeres con trabajos administrativos y 50 para las obreras) o el impulso demográfico; seguridad en alusión a la protección de los "intereses de desarrollo", un concepto que ha ganado mucha relevancia en los últimos meses y que afecta no solo a sus capacidades internas sino también externas; por último, seguridad política, con un foco preferente, Hong Kong, y una nueva vuelta de tuerca, la reforma electoral, que complementará la represión policial y judicial con el señalamiento del principio "los patriotas deben gobernar Hong Kong", con primacía sobre la autonomía local o "un país dos sistemas". De esta forma, el camino a las elecciones de septiembre en esta ciudad se dará por despejado. Otra cosa serán sus secuelas e impactos.

Esta China seguirá multiplicando los mensajes a Occidente para establecer las bases del orden internacional post-pandémico. Pero no parece dispuesta a esperar por nadie ni a aminorar el paso. Por el contrario, quiere pisar el acelerador aprovechando las dudas existenciales que suscita su nuevo estatus entre las principales potencias de Asia y del mundo.

El embalaje parlamentario chino puede parecernos un ejercicio ritual del que podemos prácticamente prescindir para interpretar una política que solo depende, a fin de cuentas, del PCCh, o incluso de Xi. Y hay parte de razón en ello. Pero solo parte. La repartidirización en curso impulsada por el xiísmo sin duda afecta también al sistema bicameral chino, alineando más si cabe su actividad con los intereses del PCCh. Por más que se invoquen la Constitución y las leyes, la lealtad al PCCh es un deber que no tiene peros ni fecha de caducidad.

La mingua del hipotético papel político autónomo de las dos instancias se compensará con una mayor actividad legislativa por parte de sus estructuras permanentes que reúnen a una pequeña fracción de sus miles de representantes. La mejora del sistema legal constituye una aspiración de Xi Jinping, que hizo de la gobernación a través de la ley un santo y seña de su política. Para acallar la crisis en Hong Kong no movilizó al ejército, como algunos temían, sino que el verdadero ejército son estos legisladores que adoptan normas y reformas electorales para cercenar cualquier posibilidad de repetición de la crisis vivida en 2019

 

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

05/03/2021

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Con una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia.   ________________________________________ Imagen: AFP

Récord de muertos por coronavirus y más de 10 millones de contagios

 

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.

El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.

"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud. Se trata de un "escenario alarmante" con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80 por ciento de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.

En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola. El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.

El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas. Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.

"La punta del iceberg" 

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. "Esta emergencia no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca. El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos. Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en "alerta crítica" de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual "representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa" del coronavirus.

Autogestión 

La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un "lockdown" en las zonas más críticas.

Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.

El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades "deberán pagar" con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. "Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia", dijo Ballalai.

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Sin Trump, Bolsonaro oscila entre EEUU y China

El diputado bolsonarista Daniel Silveira está preso por exaltar el Acta Institucional 5 de la dictadura militar (1964-1985) que anuló el poder de los jueces, además de amenazar en un vídeo al sistema judicial. En los hechos, se trata de un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y la máxima institución judicial, que muchos consideran un intento para "contener los ataques a la democracia" del actual Gobierno.

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el momento más grave de la pandemia, con unidades de tratamiento intensivo desbordadas y un crecimiento exponencial de contagios y muertes.

Brasil enfrenta una crisis en la estatal Petrobras, ya que nombró a un militar en la presidencia y las acciones cayeron de forma abrupta, y otra con la justicia por el encarcelamiento de un diputado amigo, acusado de amenazar a jueces del Tribunal Supremo Federal.

La crisis en Petrobras se debe a la incertidumbre con que el Gobierno maneja el futuro de la principal empresa del país, comandada ahora por el general Joaquim Silva e Luna, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018). En un año los precios de la gasolina aumentaron un 35% porque la dirección de la petrolera decidió atarlos a los precios internacionales del crudo, lo que implica un fuerte lastre para la economía y un creciente descontento de los camioneros que amenazan con paros.

La crisis entre poderes se viene agravando y todo indica que se va a profundizar. El último día de febrero el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, realizó su ataque más duro contra la Operación Lava Jato (que llevó a la cárcel a Lula, a la cúpula del PT y de Odebrecht), al comparar sus métodos con el Primer Comando de la Capital, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el Club Militar se despachó con un comunicado de apoyo al diputado encarcelado. Tanto el presidente Bolsonaro como su vice, Hamilton Mourao, son miembros destacados del Club Militar, que acusa al Supremo de arbitrariedad y de ser un aliado de la izquierda. "¿Por qué los amparados por el Poder Judicial siguen siendo los criminales condenados?", dice la carta, en clara alusión a Lula y otros acusados por Lava Jato.

Pekín y Washington tironean a Bolsonaro

El principal problema de Bolsonaro se encuentra en el escenario internacional. La derrota de Donald Trump lo dejó en la orfandad, a la defensiva y sin saber cómo posicionarse, ya que sus críticas e ironías contra China se le vuelven en contra, incluyendo las que lanzó contra la vacuna Sinovac que se fabrica en Brasil y es la que está permitiendo la vacunación masiva.

La académica Karin Costa Vázquez, del Centro de Estudios BRICS de la Universidad de Fudan (Shanghái, China) y directora ejecutiva del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos y del Caribe en Jindal Global University (India), sostiene que a pesar de las coincidencias sobre China, el Gobierno de Biden sigue con "preocupación" el alineamiento de Brasilia con Trump.

Costa Vázquez analiza una carta del senador estadounidense Robert Menéndez a Bolsonaro, sobre las declaraciones del canciller Ernesto Araújo, que cuestionó la limpieza de las elecciones con idénticos argumentos a los de Trump. Menéndez preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pidió a Bolsonaro que se una a EEUU para "condenar la incitación a la violencia", en referencia al ataque del 6 de enero al Capitolio por partidarios de Trump.

Pese a todo, la carta mantiene un tono amistoso, ya que para la Casa Blanca cuenta con Brasil "para contener la creciente influencia tecnológica, económica y comercial de Pekín en Latinoamérica". En efecto, Brasilia y Washington coinciden en dejar fuera a China en el proceso de licitación de las redes 5G así como en la sospecha de que los préstamos para infraestructuras son un modo de China para posicionarse en los países de la región.

Sin embargo, la presión de la Casa Blanca "empuja aún más a Bolsonaro y Araújo contra la pared", estima Costa Vázquez en South China Morning Post. Un Gobierno frágil como el de Biden, acosado internamente por el trumpismo y más aislado en lo internacional que los anteriores Gobiernos demócratas, rechaza el apoyo de Bolsonaro a gobernantes de extrema derecha. A medida que los vientos soplan en otras direcciones, Brasil y Bolsonaro "se encuentran cada vez más aislados".

¿Se sumará Bolsonaro a la ofensiva de Biden?

Sin duda la Administración Biden está dispuesta a negociar con Bolsonaro su apoyo a la ofensiva antichina, pero puede exigirle algún gesto que lo desmarque de las huestes de Trump. La columnista de South China Morning Post estima que Bolsonaro se verá cada vez más presionado para reemplazar al canciller antiglobalista, Ernesto Araújo, por un diplomático más moderado, a expensas de su decisión de convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, en una plataforma para mantener movilizados a sus seguidores más radicales.

En efecto, el canciller parece un fusible adecuado. Se sitúa en el bando más ideologizado y radical del espectro de Bolsonaro, es enemigo de la globalización, de Rusia y de China, esgrimiendo un discurso de la guerra fría muy similar al de Trump.

Según la nota de South China Morning Post, se abren tres escenarios estratégicos ante el Gobierno de Brasil.

El primero consiste en continuar su alineamiento automático con EEUU en detrimento de China, aún suavizando la retórica contra la globalización. La desconfianza con China está instalada y no va a retroceder.

El segundo escenario sería que Brasil optara por una estrategia propia de expansión y diversificación en Asia, estrechando alianzas con la India pero sin alejarse de China. Como señala Costa Vázquez, el ministro de Economía, Paulo Guedes, apuntó en esa dirección para ampliar la presencia de Brasil en la agroindustria global. "Si podemos tener el mismo flujo comercial con la India que tenemos con China, Brasil alimentará a la mitad de la población del planeta".

Un tercer escenario en el que Brasil no aparezca alineado con ninguna de las dos potencias parece poco probable. China necesita a Brasil y Brasil necesita a China. Las relaciones con EEUU no van tanto por el lado económico, financiero y comercial, sino por los viejos lazos diplomáticos y, sobre todo, militares.

Sin embargo, a medida que el escenario global y regional va cambiando, el margen de maniobra de Bolsonaro parece estrecharse. Brasil ya no es la potencia regional capaz de liderar a los países suramericanos y las elecciones se acercan de forma peligrosa para el presidente: el próximo año puede ser el último de su Gobierno, si no consigue acotar las crisis antes mencionadas (internas e internacionales), que pueden ser tan depredadoras como está siendo la pandemia del COVID-19.

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Martes, 02 Marzo 2021 06:07

La ruta del sacrificio

La ruta del sacrificio

 

Como cada año, el 21 de febrero nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó convocó a sus amigos a darse cita en los sitios sagrados de memoria de nuestros mártires. Subimos varias cuestas en la Serranía de Abibe para llegar a aquel sitio, junto al río Mulatos, donde los defensores de este Estado criminal le arrancaron la vida cruelmente a nuestros líderes y a nuestros niños. Han pasado 16 años, pero para la justicia colombiana “no ha pasado nada”. Cuando abogados amigos hicieron el gran esfuerzo de llevar el caso a Casación en la Corte Suprema de Justicia y lograron la condena de los primeros 10 militares responsables de la masacre, los militares acudieron a la JEP y la JEP los puso en libertad inmediatamente y los vinculó a su proceso sin exigirles lo mínimo que tenía que exigirles: un mapa de la verdad que irían a confesar.

Pero mientras la “justicia” sigue en su ruta de degradación al servicio de la impunidad más desvergonzada, la memoria del pueblo se va fortaleciendo. Volvimos a escuchar las palabras de Luis Eduardo Guerra, uno de nuestros líderes históricos más claros; desde una grabación que se conservaba, él nos volvió a contar el proceso de surgimiento de la Comunidad de Paz como respuesta al cerco de violencia tan aterrador que vivíamos. Los poemas que el Profeta Isaías escribió hace miles de años para describir la espiritualidad y la pasión del Servidor Sufriente del Señor, nos sirvieron para recordar a Luis Eduardo y para darle gracias a Dios por su vida. En La Resbalosa recordamos la crueldad con que militares y paramilitares descuartizaron a nuestros niños y la canción de José Luis Perales: “que canten los niños”, acompañó nuestra memoria dolorosa de su sacrificio, como también otros poemas y canciones.

A la vez que inauguramos la ermita junto al Río Mulatos, ya terminada con cúpula de color, con mural y con vitrales y rejas, construida en el sitio donde derramaron su sangre Luis Eduardo, Bellanira y el niño Deiner André, nos animamos a avanzar en la construcción de otra ermita en La Resbalosa, sobre las fosas que guardaron durante las primeras horas los restos despedazados de la familia de Alfonso y Sandra y sus niños y Alejandro. En medio de las dos fosas se levanta todavía el palo de cacao que sigue proclamando la resistencia de la vida en medio de la muerte.

Todos salimos fortalecidos con el ejemplo de esa primera generación que sostuvo la vida de nuestra Comunidad de Paz en medio de una persecución a muerte tan despiadada por parte del Estado colombiano. Ellos nos dijeron con sus mismas vidas que el proyecto comunitario en el cual estaban embarcados era más valioso que sus propias vidas.

Sabemos que muchos amigos nos acompañaron en esta peregrinación de memoria desde países y regiones muy remotas. Gracias por esa energía que supieron transmitirnos desde la distancia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 01 de 2021

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Nayib Bukele afianza su poder tras quedarse con la mayoría absoluta en el Parlamento

Los partidos apoyados por el presidente de El Salvador superan el 60 por ciento de los votos

Con el control legislativo, ahora Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, e incluso promover reformas constitucionales.

Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele se convirtieron en los amplios ganadores de las elecciones legislativas y municipales del domingo en El Salvador. El partido Nuevas Ideas (NI), que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional (GANA), que lo llevó al poder en 2019, alcanzan juntos más del 60 por ciento de los votos para el Parlamento, con el 87 por ciento del escrutinio preliminar difundido por el Tribunal Supremo Electoral. Lejos quedaron la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Con estos resultados, Bukele tendrá mucho más poder sobre los distintos poderes salvadoreños.

El mandatario no tardó en celebrar la victoria. "Todos estamos cansados, pero falta poco. Nuestro pueblo esperó 40 años para esto. Pensemos en lo que hemos logrado y verifiquemos que cada acta refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Estamos escribiendo la historia de nuestro país", aseguró este lunes en su cuenta de Twitter.

De 39 años, Bukele es un feroz crítico de los partidos tradicionales y los acusa de no haber hecho nada por el pueblo ni por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), al punto de cuestionar los acuerdos de paz, un hito fundante de la actual democracia para el resto del espectro partidario salvadoreño y la comunidad internacional.

Tras una campaña que tuvo como eje la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas, el domingo Bukele llamó a concretar la "operación remate" contra sus opositores. Con el control legislativo, ahora Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, e incluso promover reformas constitucionales.

En uno de sus habituales roces con el Parlamento, el 9 de febrero de 2020 el mandatario se hizo acompañar por militares y policías fuertemente armados para ingresar a la Asamblea Legislativa, en medio de la negativa de los congresistas para aprobar un préstamo destinado a equipar a las fuerzas de seguridad.

"Nos espera un escenario muy complicado de crisis que no va a poderse abordar con eficacia si no hay acuerdos", declaró la investigadora independiente para organismos de la ONU, Jannet Aguilar. Por su parte, el investigador de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, aseguró que la pandemia ayudó a Bukele "a mantener el prestigio con el que logró llegar al gobierno en 2019".

Para el analista, la entrega de un bono de 300 dólares a familias necesitadas, bolsas de alimentos y el envío a domicilio de insumos para enfrentar a la covid-19 generaron empatía con una población que vio su situación económica agravada por la pandemia, en un país donde la deuda externa alcanza el 90 por ciento del PBI.

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Represión policial en la Universidad Nacional de Honduras en junio de 2019

Numerosas instituciones internacionales han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas.

 

Este artículo surge del enfado, la indignación, las alianzas con compañeras y compañeros de Honduras, la investigación y el análisis fruto del Monitor de Violencia Política y Violaciones de DDHH de Honduras. Este proyecto es una herramienta analítica y política para las personas defensoras de derechos humanos y socioambientales en el territorio, que responde a uno de los mayores desafíos que enfrentan: la falta de datos consolidados y fiables de violaciones de derechos humanos relacionados con la violencia política, que es especialmente invisible y difícil de detectar debido a la participación de actores armados estatales y no estatales, locales y globales.

Antes de indagar en cómo y por qué se manifiesta la violencia política en Honduras, es preciso romper algunos mitos sobre la violencia en el territorio. Detrás del estigma que caracteriza a Honduras como un territorio cuya violencia es fruto exclusiva e inequívocamente de maras o pandillas, reside un silencio social y sociológico que oculta la violencia política. Numerosas instituciones internacionales, como Global Witness, han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas instrumentalizada por los grupos dominantes. Es más, la violencia política es la que crea las condiciones propensas para que se den otros tipos de violencia —como pandillas o doméstica. Por eso, debemos desbordar los discursos dominantes prestando atención a las causas de la violencia, y no sólo a los síntomas (como las migraciones forzosas), para reconocer su multidimensionalidad. Esto nos llevará también a cuestionar una noción de seguridad elitista que promueve la inversión en las fuerzas de seguridad del estado como el remedio para acabar con la violencia.

La violencia política es ya una tendencia global cuya característica definitoria es la represión de personas y movimientos sociales que defienden la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. En Honduras, esta forma de violencia —ocultada— se ejerce cada vez más sobre defensores de la tierra y el medioambiente que articulan una resistencia frente al extractivismo y la mala praxis de proyectos agroindustriales, de minería, turismo y energía, y que la mayoría provienen de o tienen alianzas con el Norte Global. Es decir, la expansión de proyectos a gran escala cuentan con una serie de dispositivos de violencia, que emplean para expulsar a campesinos y comunidades indígenas del territorio y acallar las movilizaciones sociales que denuncian los ataques a la vida humana y ambiental de estas empresas. Los perpetradores de la violencia política son actores estatales y no estatales; guardias de seguridad privada de la empresa, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participan en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios, pandilleros y grupos armados. Estas alianzas al servicio del capital constituyen la violencia paramilitar.

Los grupos paramilitares en Honduras están aún en las primeras etapas de formación, a diferencia de los de Colombia o México que ya están consolidados. La violencia paramilitar está al servicio de corporaciones locales y extranjeras, y tiene lugar en entornos militarizados y con una historia colonial de despojo de tierras y violencia empleada por quienes poseen poder económico y político. Si bien en Honduras la desigualdad de acceso a la tierra es una cuestión histórica que se remonta a la colonización, en esta época se generaron conflictos entre campesinos y terratenientes que han sido y siguen siendo instrumentalizados para impulsar y consolidar un modelo económico capitalista; el gobierno de Estados Unidos, a mediados y finales de la década de los 90, empleó tácticas de contrainsurgencia mediante la alianza criminal de la “seguridad” pública y privada; también a finales del siglo XX y principios del XXI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron a Honduras una reestructuración de su deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales orientadas a la apertura al capital global y la explotación del territorio para la acumulación de capital. Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Más de 40 años de despojo de tierras, asaltos al tejido asociativo político, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes. Por eso, nombramos esta violencia como pro-capitalista (Hristov, 2020) para interpelar a las motivaciones económicas (del modelo neoliberal) e implicaciones estructurales de clase social, raza, etnia y género. El uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y personas LGTB y otros sectores de la sociedad civil tiene el objetivo de criminalizar a los y las que denuncian la reestructuración económica neoliberal y defiende un modelo de socioeconomía que ponga en el centro la vida humana y ambiental.

Es precisamente cuando se procura instaurar o expandir un negocio en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo, el momento y el lugar en los que prolifera la violencia paramilitar. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria; el Valle de Bajo Aguán, en el Departamento de Colón, es una de las regiones más fértiles de América Latina, y también una de las más mortíferas para defensores de la vida humana y ambiental. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva. Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

También se hicieron 57 concesiones de tierra a grandes empresas bananeras extranjeras, incluyendo tierras y exenciones fiscales, entre ellas la transnacional estadounidense Standard Fruit Company. Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

Las corporaciones que a finales del siglo XX se hicieron con tierras en el Aguán, actualmente cuentan con grupos paramilitares que desalojan de manera forzosa a campesinos y comunidades indígenas, intimidan a los pobladores y acosan sexualmente a las mujeres. Sin ir más lejos, en el 2019, la comunidad de Guadalupe Carney fue víctima de la intimidación y el desalojo forzoso llevado a cabo por militares y policías hondureños, militares israelíes y colombianos, una avioneta de Standard Fruit Company y dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Adolfo Cruz, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) publicó en Facebook: “este día sábado 1 de junio se escribe una página negra más para los pobres que reclaman su derecho a una vida diferente, sin embargo, como recompensa el ejército y la policía apoyados por personal israelí, colombianos, y otros han llevado a cabo un desalojo violento ya que solo les interesa el dinero que reciben de Standard Fruit Company, Corporación Dinant, René Morales y Reinaldo Canales”.

No sólo las luchas de los movimientos campesinos se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales, en ocasiones incluso de terrorismo. Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Las personas y movimientos víctimas y supervivientes de esta violencia sin precedentes articulan una crítica sobre el sistema económico capitalista que, priorizando la acumulación del capital sobre la vida humana y ambiental, despoja a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y su forma de vida. Es decir, no son sólo ambientalistas si no también anticapitalistas, aunque desde ciertos lugares de poder del Norte Global se nombran únicamente como lo primero para promover una especie de “greenwashing” o capitalismo verde perverso que impide el cuestionamiento del conjunto de la estructura y la denuncia pública y punidad de los responsables. Reducir la lucha campesina al ambientalismo es inexacto y daña cualquier esfuerzo en identificar y abordar las causas de la violencia política en Honduras, y otros países del Sur Global.

Por todo ello, es urgente que desde el Norte Global hagamos reflexión crítica y articulemos una demanda pública sobre el papel que juegan las inversiones extranjeras en empresas que operan gracias a la violencia política, paramilitar y pro-capitalista y a costa de la vida humana y ambiental. También debemos reconocer y desmantelar la dinámica colonial de extracción de bienes naturales, que ha acompañado al capitalismo desde su origen. Su transformación requiere re-pensar el modelo económico actual, poniendo en el centro la reproducción de la vida humana que, como defienden los grupos y movimientos campesinos, funciona también fuera de los mercados capitalistas.

Por Paula Jiménez Argumosa

Jasmin Hristov

27 feb 2021 13:00

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Lunes, 01 Marzo 2021 05:36

¿Regreso a la normalidad?

Debra Haaland compareció el miércoles pasado en el Senado estadunidense, como parte de la nominación a secretaria del Interior. Haaland podría ser la primera indígena en liderar la dependencia que administra territorios federales y tribales. Foto Ap

“America está de vuelta”, es la consigna de política exterior del nuevo gobierno de Joe Biden con el propósito derecuperar la "autoridad moral" (si es que alguna vez existió) y el "liderazgo mundial" y, con ello, regresar a algo antes llamado "normalidad".

Aparentemente eso incluye cosas como bombardear a Siria. Fue, según la versión oficial, respuesta a un ataque por milicias respaldadas por Irán contra instalaciones estadunidenses en Irak. De hecho, era tan "normal" la acción que algunos comentaron como si era de esperarse ese rito de cada nuevo gobierno mostrando que es "duro", o como escribió con tinte sarcástico Charles Pierce en Esquire, "no eres realmente presidente de Estados Unidos hasta que has hecho que algo estalle en Medio Oriente".

El ataque estadunidense no fue autorizado por el Congreso, y su justificación era la necesidad de proteger a las tropas estadunidenses en Irak, también ahí sin autorización. O sea, todo es técnicamente ilegal, pero tan normal que sólo es una más de múltiples "operaciones antiterroristas" por las fuerzas armadas estadunidenses que se han llevado a cabo en 85 países sólo desde 2018 [https://watson.brown.edu/ costsofwar/papers/2021/US CounterterrorismOperations].

Otra guerra, la que dicen que es contra el narco, sigue llenando las prisiones y condenando a generaciones de gente pobre a la violencia en Estados Unidos, como también en Afganistán, Colombia y México, entre otros "frentes". Siguen hablando igual que cuando se inauguró, hace casi medio siglo, o sea, lo normal. Pero Virginia ya se sumó a 15 estados más en Estados Unidos en legalizar la mariguana (el primero en el sur), nutriendo la esquizofrenia entre un gobierno federal que continúa llevando a cabo sus operaciones internacionales manchadas de sangre y corrupción mientras sus ciudadanos –y nuevos empresarios– gozan cada vez más de manera legal esa droga.

En otra guerra interna, los supremacistas blancos y neonazis que siguen siendo soldados de Donald Trump están ahora amenazando "hacer estallar" al Capitolio para matar a decenas de legisladores cuando el presidente Biden se presente para su primer informe del Estado de la Unión, a principios de marzo, reveló el jefe interino de la Policía del Capitolio. Esa guerra interna, parte de la cual tiene raíces con la primera guerra americana, sigue amenazando al país.

Ah, y hablando de guerras e impunidad, resulta que el gobierno de Biden no castigará al autor intelectual, según la conclusión de fuerzas de inteligencia estadunidenses, del delito de secuestrar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Y es que el responsable es el príncipe saudita Mohammed Bin Salman y jefe de ese gran gobierno aliado y líder en democracia, derechos humanos y libertades civiles de Arabia Saudita.

Aun con cambios potencialmente significativos, siguen muy presentes ecos de lo que era "lo normal", incluyendo los más antiguos de la primera guerra americana, la que se libró contra sus pueblos indígenas. Algunos de los descendientes de los conquistadores sometieron a la congresista Deb Haaland a un interrogatorio cuestionando su "entendimiento" del manejo de los recursos naturales y acusando que era una "radical", durante audiencias en el Senado para ratificar su nombramiento como secretaria del Departamento del Interior –la primera indígena nominada para ocupar un puesto en un gabinete presidencial en la historia del país. Si es aprobada, la experta ecologista especializada sobre el impacto de los combustibles fósiles estará encargada de tierras bajo control federal (casi una quinta parte del territorio nacional) incluyendo las reservaciones indígenas.

“Una mujer indígena está por encabezar una secretaría que una vez fue encabezada por un hombre quien declaró que su misión era "civilizar o exterminar" a los pueblos indígenas. Hay gran ironía cuando republicanos ahora están describiendo [a Haaland] como una amenaza existencial a su manera de vida”, comentó Crystal EchoHawk, activista indígena y directora de IlumiNative.

Algunas cosas ya no son, nunca deberían ser, normales.

Angelique Kidjo interpreta Once in a Lifetime . https://open.spotify.com/ track/5nXXJeSf9MeDmUmEoafgOH ?si=PHWskR74Tc-5-ieC4hlLyA

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Domingo, 28 Febrero 2021 05:35

Ecuador: del horror al debate electoral

Ecuador: del horror al debate electoral

Entre denuncias y acusaciones arranca la campaña para el ballotage del 11 de abril

Aunque las miradas se centraron en el trágico saldo de los motines carcelarios, continuó la disputa electoral después de la primera vuelta del 7 de febrero. 

 

Desde Quito.Ecuador pasó del debate electoral a contabilizar muertos y dolor. Sucedió el martes en la noche con réplicas hasta el viernes: varios amotinamientos en cuatro cárceles del país dejaron un saldo de 78 muertos. No solamente fue la violencia, sino la forma: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas. El horror, filmado y difundido en redes sociales.

Junto a las imágenes de una violencia que recuerda a la que se ha hecho costumbre en países como Colombia con el paramilitarismo, las pantallas mostraron día tras día a familiares desesperados, con llantos, rezos, y denuncias hacia la inoperancia estatal. El gobierno, acostumbrado a reaccionar tarde ante las crisis, hizo lo que suele hacer: negar toda responsabilidad y acusar al correismo de estar detrás de los hechos.

“Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional (…) no es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador -a Andrés Arauz-, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país”, afirmó el presidente Lenin Moreno en un mensaje.

Moreno, que señaló que el sobrepoblamiento de las cárceles es obra de su combate contra la delincuencia, no mencionó algo que la mayoría de actores políticos, analistas y especialistas destacaron: la reducción del presupuesto para el sistema carcelario con todas sus consecuencias, la eliminación de ministerios como el de Seguridad, y los antecedentes recientes de masacres en varias cárceles del país.

Los hechos fueron titulares de todos los noticieros de Ecuador, dentro de un sistema de canales de televisión que transmiten poco o nada de lo que sucede en el país. Sin embargo, aunque las miradas se centraron en esos hechos traumáticos para presos, familiares y el país, continuó la disputa dentro del proceso electoral que tuvo su primera vuelta el siete de febrero, y tendrá el ballotage el próximo 11 de abril entre Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, y Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO y Partido Social Cristiano.

El resultado de la primera vuelta siguió siendo imputado por Yaku Pérez, tercero en la contienda, quien llegó el martes a las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, acompañado de una movilización. Allí anunció la presentación ante el poder electoral de irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil. Según Pérez y el partido Pachakutik, el fraude realizado le habría quitado el segundo lugar y, por ende, su pase a la segunda vuelta.

La denuncia de Pérez tuvo un giro el viernes en la noche, cuando el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas, que en realidad no habían sido 16 mil, con presuntas “inconsistencias numéricas y faltas de firmas”, sino 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.

De esta manera el CNE cerró la denuncia de fraude presentada por Pérez. El candidato por Pachakutik ya había anticipado que, en caso de suceder ese resultado, presentaría un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, e insistiría con el pedido de auditoría presentado ante la Fiscalía General para que investigue sobre el fraude denunciado. Junto con eso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que se movilizó con Pérez, y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el viernes en la noche, luego de una represión, el inicio de un paro nacional.

El anuncio de nuevas medidas de lucha estuvo, sin embargo, marcado por la simultaneidad de noticias acerca de la división entre Pérez, respaldado por Pachakutik y Ecuarunari, con dos de los principales dirigentes de la Conaie: Jaime Vargas y Leónidas Iza, ambos protagonistas principales, a diferencia de Pérez, durante el levantamiento de octubre del 2019. Iza, por ejemplo, no respaldó la denuncia de fraude, y atribuyó el hecho de que Pérez no haya llegado al ballottage por “una estrategia mal planteada desde la nacional”.

Las posibilidades de presión callejera de Pérez sin acompañamiento de un sector importante de la Conaie aparecen entonces limitadas, como se evidenció en las calles de Quito y algunos puntos de protesta en el país durante la semana. En cuanto a la Conaie, el movimiento anunció oficialmente que dará a conocer su posición política de cara al ballottage en un consejo ampliado que tendrá lugar el diez de marzo.

Así, las amenazas que aún existen sobre el proceso electoral, y en particular la candidatura de Arauz, se encuentran en la Fiscalía, tanto por el intento de realizar una auditoría, como por la operación internacional montada vía la Fiscalía colombiana y la Revista Semana contra el candidato de revolución ciudadana, para acusarlo de haber sido financiado por el ELN de Colombia. Pérez, marcadamente anti-correista, afirmó sobre esa denuncia que “hace que, si no cae la candidatura de Arauz antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”.

Ante el intento de auditoría de la Fiscalía, Unión por la Esperanza, coalición que lleva la candidatura de Arauz, anunció haber presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales, para la suspensión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía con motivo de la indagación por presunto fraude electoral. En el comunicado de la coalición se señaló que el intento de auditoría amenaza las fechas de la segunda vuelta, además de tratarse de una injerencia de una autoridad ajena a las elecciones.

Así, a tres semanas de haberse dado la primera vuelta electoral, aún existen amenazas sobre el desarrollo del proceso electoral, una situación que ha sido denunciada dentro y fuera del país. Ese peligro quedó de manifiesto, por ejemplo, en la declaración conjunta de los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quienes acordaron "seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que este culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”. Luis Arce, presidente de Bolivia, adhirió luego públicamente a la declaración.

Los próximos días y semanas estarán marcados por posibles nuevos acontecimientos dentro de una elección determinante para el país y la región. Está sobre la mesa la posibilidad de que Ecuador regrese a un proyecto progresista y latinoamericanista con Arauz, o avance en una profundización neoliberal con Lasso. Moreno, quien respalda a Lasso, intenta en ese contexto condicionar el futuro económico con una medida de última hora: la privatización del Banco Central.

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