MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Elecciones en Bolivia: el MAS se fragmenta y los golpistas retendrían lugares claves

A casi una semana de las elecciones subnacionales, la ex presidenta del senado Eva Copa y actual candidata de "Jallalla" desafía a Evo Morales y se transforma en la candidatura más relevante de estas elecciones. Golpistas retienen posiciones estratégicas y amenazan conquistar algunas más. El voto del MAS se fragmenta en medio de una campaña electoral conservadora y conciliadora.

 

El domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales. Se elegirán a representantes de gobernaciones, de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los nueve departamentos y 339 municipios del país. Las disputas más marcadas se expresan en las ciudades capitales del eje central así como en ciudades intermedias como Huanuni, Lllallagua, Achachi, Montero y otras.

Mientras diversos analistas señalan que los votos en estos comicios serán fuertemente influenciados por las interpretaciones que las y los votantes tienen del 2019 y se abren preguntas de hasta qué punto los resultados expresarán (o no) una continuidad de las elecciones generales del 28 de octubre -en las que el MAS logró un nuevo gobierno con el 55% de los votos- lo cierto es que las elecciones subnacionales tenderán a expresar dos fenómenos combinados, de continuidad y discontinuidad, por lo mismo, aparentemente contradictorios.

El factor de continuidad, con respecto a las elecciones nacionales del 18 de octubre, se da en el sentido de que se mantendrá la polarización entre los que votaron al MAS -como una expresión de rechazo a todo el bloque golpista- y, los que votaron a las distintas variantes de derecha y centro derecha del golpismo, como rechazo al MAS. Sin embargo, dentro de esa “continuidad” hay elementos importantes de “discontinuidad” en el sentido que no todo esos votos del MAS se quedarán para este partido ya que se han venido profundizando y visibilizando tensiones y disputas internas y un cierto grado de fragmentación. El fenómeno de Eva Copa, que analizaremos más abajo, muestra, no sin contradicciones, esto último.

Sucede que al tratarse de elecciones departamentales y municipales han surgido y se han hecho visibles una diversidad de agrupaciones ciudadanas que tenderán a fragmentar el voto antigolpista. En este sentido, la discontinuidad se expresa en la perspectiva, según señalan las últimas encuestas, de que el voto del MAS se fragmente, aumentando las posibilidades de que los sectores afines al golpismo puedan retener alcaldías y gobernaciones importantes.

De esta manera, la situación hacia las subnacionales sigue expresando lo que se desnudó y profundizó a partir del golpe de Estado y es un escenario de profunda polarización política y social.

Según encuestas se fragmenta el voto del MAS

La última encuesta de intención de votos es la realizada por la empresa Ciesmori, encargada por la red televisa UNITEL y sus resultados fueron difundidos el viernes 25 de febrero por la noche. La recolección de datos fue vía telefónica y la ficha técnica indica que cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. Se consultó a 2595 personas, del eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con cobertura urbana y rural durante el periodo del 15 a 22 de febrero.

Los resultados arrojados por Ciesmori muestran que a nivel de las 4 alcaldías de las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) el MAS no ganaría en ninguna. Con relación a las gobernaciones, el MAS ganaría en Cochabamba y La Paz, aunque el resultado de esta última puede llegar a depender de una segunda vuelta. La gobernación de Santa Cruz quedaría en manos del ultra derechista Luis Fernando Camacho, un personaje que fue clave en la articulación del golpe de Estado y que expresa el avance de una derecha más militante y que se precia de ser una alternativa a los viejos políticos del país.

Hay que decir que en realidad estos posibles resultados no son tan nuevos. Es decir, el MAS por ejemplo ya desde el 2009 había perdido el control de la gobernación del Departamento de La Paz. En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales de este departamento, desde el 2010 ya había perdido la alcaldía paceña y desde el 2015 la alcaldía de El Alto que quedó en manos de Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN). Así también por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz el MAS no la tuvo nunca.

Desde este punto de vista que el MAS no conquiste las alcaldías del eje central y tampoco la gobernación de La Paz significa que mantendría, de alguna manera, las posiciones en el Estado que retenía hasta antes del golpe del 2019, pero con una diferencia importante: Luis Arce Catacora, aunque llegó el gobierno con el 55% de los votos, no goza de la misma fuerza y autoridad política con la que contaba Evo Morales.

El eje central: la clave de las disputas

El candidato del MAS para la gobernación de La Paz, Franklin Flores, se ubica en primer lugar con el 23,3 % de la intención de voto, seguido muy de cerca por el candidato de “Jallala” Santos Quispe con 17% y en tercer lugar, soplándole la nuca, se encuentra Rafael Quispe (el Tata Quispe) candidato del frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” (PBC-SP) con 16.7%.

La particularidad de la disputa por la gobernación del Departamento de La Paz radica en que los 3 candidatos con mayor intención de voto son de origen aymara y los 3 están tratando de hacer pesar, en esta elección, su identidad.

Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe Quispe “El Mallku”, intenta capitalizar el espacio político del indianismo radical que había conquistado su padre a lo largo de su vida. Recordemos que la candidatura de Felipe Quispe había logrado entusiasmar a vastos sectores populares y humildes, fundamentalmente de origen aymara, en el Departamento de La Paz, como ya había sucedido en la elección del 2002 donde con la sigla Movimiento Indígena Pachakuti había conquistado 6 diputaciones en el Parlamento. Para las subnacionales se tenía por descontada su victoria, no solo por su ubicación antigolpista sino también por toda su historia como uno de los máximos exponentes del indianismo aymara. Esta aspiración se vio truncada debido a que falleció en enero por un paro cardiaco.

La muerte de Felipe Quispe provocó un vacío no solo para el potencial electorado sino particularmente para su agrupación ciudadana Jallalla que ante la pérdida de su líder determinó nominar a su hijo, Santos Quispe, como candidato a gobernador. Sin embargo, es indudable que las ideas no se transmiten por los genes y Santos Quispe está aún muy lejos de las peleas que dio su padre.

En cuanto al Tata Quispe recordemos que es un ex funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez y su candidatura se encuentra en vilo debido a una reciente sentencia judicial por “calumnias” contra Felipa Huanca, ex funcionaria del Fondo Indígena, del MAS. Esto podría significar que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine su inhabilitación.

Por su lado Franklin Flores, ex diputado y ex concejal del municipio de Sica Sica, apoya su candidatura en haber sido el único que ha debatido la misma con las bases y que logró, gracias a eso, el apoyo de “2000 comunidades”. Es decir, se reivindica como un candidato producto del consenso y no resultado del “dedazo” de Evo Morales. Recordemos que Flores, el 31 de enero, afirmó a medios de prensa que era más difícil ser candidato del MAS que ganar una elección, en referencia a las feroces disputas entre los diversos caudillos de este partido.

Ahora bien hay que señalar que según esta encuesta, para la gobernación de La Paz, los indecisos llegarían a 18,1 %, nulos 1,8% y blancos 8,6% lo que hace pensar que puede haber importantes sorpresas el día de la elección, dejando abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

En Cochabamba, Humberto Sánchez del MAS se ubica en el primer lugar con 34% de intención de voto dejando en segundo lugar, y muy por encima, a Henry Paredes de “Súmate” que alcanzaría una votación de 8,8%. Igualmente llama la atención la cantidad de indecisos que para este departamento superan el 20%. Sin embargo hay que decir que según las estimaciones con votos válidos, éstas ubican a Sánchez con el 59% asegurando la victoria de esta gobernación para el MAS.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se ubica cómodamente en el primer lugar con el 40,1 % y le sigue el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con 24,8 %. La apuesta de Evo Morales y el MAS por Cronenbold, quién lejos de llevar adelante una dura lucha política contra la madriguera del golpismo, se dedicó a hacer una campaña basada en la gestión, las obras y la conciliación con el facho Camacho a tal punto que, en noviembre de 2020, amenazó con renunciar a su candidatura si el Gobierno de Luis Arce Catacora iniciaba proceso penales contra Camacho y los golpistas. Lejos de lo que pensaba el MAS de que con una campaña electoral “amarilla” y conciliadora le iba a dar buenos resultados lo que estamos viendo hoy es que la consolidación con los golpistas se está traduciendo en un importante retroceso electoral.

El MAS pierde en las alcaldías del eje central

A nivel de alcaldías la derrota del MAS, según esta encuesta, sería importante. En la ciudad de Santa Cruz se ubica en primer lugar el candidato de centro derecho, Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana (CC) con el 33,7% dejando lejos, en el tercer lugar, a la candidata del MAS, la ex senadora Adriana Salvatierra con un 10,2%. Hay que señalar que Adriana Salvatierra, optó por una campaña casi farandulera y muy al estilo tik tok pero al mismo tiempo tan conservadora, como Cronembold, llegando incluso a hacer suyo el slogan, derechista y anti derechos de las mujeres, de “defender la vida” cuando fue consultada si estaba a favor del aborto.

En Cochabamba, lidera la intención de voto el ex Capitán de las FF.AA, Manfred Reyes Villa con el 50,3%. Recordemos que Reyes Villa es el responsable de las muertes y la violencia ocurrida el 11 de enero de 2007, en la masacre de Cochabamba, cuando ejercía como gobernador. Con el Gobierno de Evo Morales, Reyes Villa salió al exilio y regresó luego del golpe de Estado de noviembre del 2019, recibido por Luis Fernando Camacho y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Sin embargo, mientras escribimos esta nota, el Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar la candidatura de Reyes Villa de “Súmate” debido a una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, más allá de que Reyes Villa continué o no en la carrera electoral, debido a que apelarán esta resolución, lo cierto es que el voto derechista es probable que se mantenga dejando muy lejos, en el segundo lugar, al candidato del MAS, el ex Defensor del Pueblo, Nelson Cox, con el 17,7%.

La candidatura de Cox, apadrinada por Evo Morales, fue el ensayo al igual que en Santa Cruz de hacer una campaña que intente seducir a las clases medias cochabambinas, en este caso, con una figura de clase media y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decir que Cox terminó siendo impuesto como candidato en lugar de Joel Flores, quien fue propuesto por los vecinos de K’ara K’ara que protagonizaron una destacada resistencia al gobierno golpista durante el 2020. Esto explica la deslucida campaña electoral del MAS debido a las fisuras internas que han aflorado luego de la caída de Evo Morales; estas fisuras, como en el caso de Cochabamba, expresan fracturas no solo políticas sino también de clase.

El perfil de un candidato de K’ara K’ara hubiera obligado al MAS a estar más a izquierda pero como estamos viendo no es el caso. La campaña electoral del MAS está basada fundamentalmente en promesas de hacer “gestión” y cada vez más desvinculada de los grandes problemas nacionales donde el golpe de Estado del 2019 ocupa un lugar central.

En la ciudad de La Paz se ubica en primer lugar Iván Arias, ex ministro de Obras Púbicas del gobierno golpista de Áñez, que hoy encabeza el frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” y obtendría una votación de 50,8%. Arias dejaría en segundo lugar, con una diferencia de más del 25%, al candidato del MAS, el ex militar y ex Gerente de la empresas de transportes “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler, que tendría una intención de voto de 24,3%.

En sintonía con la lógica conciliadora del MAS, Dockweiler era un intento de presentar un candidato “potable” para las clases medias paceñas, por su pasado militar y su papel en la gestión de los teleféricos así como por tener un perfil “menos político y más técnico”. Lo cierto es que, según los resultados, no habría logrado seducir a estas clases medias que como señalamos, y ese es un elemento de continuidad: prima el voto contra el MAS. Prefieren a Arias que fue uno de los responsables de la criminal gestión del gabinete de Áñez durante la pandemia y que además expresa muy bien el “transfuguismo político”. Es decir, Arias es parte de la vieja casta política en la que las ideas no valen nada lo que lo llevó a haber recorrido prácticamente todos los partidos desde su juventud.

Un lugar destacado, en estas elecciones subnacionales, lo ocupa el caso de la alcaldía de El Alto. El candidato del MAS, Zacarías Maquera, perdería contundentemente con 6,7% frente a Eva Copa, ex presidenta del senado por el MAS y hoy candidata de “Jallalla”, que ganaría la alcaldía alteña con 74,9% de los votos.

Caudillismos locales fragmentan el voto del MAS: El fenómeno “Eva Copa” el caso más representativo

El Alto lo que expresa es en última instancia una interna de caudillos del MAS, pero de forma abierta y pública. Desde este punto de vista, todo lo que viene afirmando la prensa hegemónica de que Eva Copa significaría la “sepultura” del MAS es falso. Eva Copa es el MAS.

El que Eva Copa haya dejado el MAS para ser candidata de Jallalla no expresa necesariamente diferencias políticas con el MAS sino que sería el resultado de un ajuste de cuentas con Evo Morales. Eva Copa logró notoriedad luego del golpe de Estado y tras la huida en desbandada de Morales, del ex vicepresidente García Linera y de la ex presidenta de senadores Adriana Salvatierra. Esta situación llevó a que Eva Copa asumiera la presidencia de la cámara de senadores, convirtiéndose de esta manera en el canal obligado de la política del MAS, que contaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y conquistando un espacio político que hoy busca transformar en votos.

Tanto en la legalización de los golpistas del 17 de noviembre del 2019, como en la rebelión antigolpista de agosto del 2020, Copa fue la artífice de la política de conciliación que desplegó Morales desde Argentina y Arce como candidato presidencial en Bolivia.

Recordemos que no solo Copa evitó hablar de golpe de Estado, incluso lo negó, sino que también, el mismo presidente Arce, durante su campaña electoral calificó al gobierno golpista de Áñez de “Constitucional”. Lejos de existir diferencias políticas entre Copa y Morales, lo que hay es una disputa entre caudillos locales, expresadas en las candidaturas y no una orientación divergente frente a cómo actuar ante los golpistas. Ya que en los hechos, desde Eva Copa, pasando por Evo Morales hasta el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, todos apuestan a continuar la política de negociación y pactismo con el bloque golpista.

Con todo esto, no es extraño entonces, que dirigentes de las Bartolinas -“Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa”-, como Segundina Flores, hayan calificado como un error el no haber nominado a Copa como candidata del MAS, deseándole no solo un pronto retorno al partido sino también suerte en la futura gestión de la ya asegurada alcaldía de El Alto.

Dicho en otras palabras, Eva Copa expresa un desafío al caudillismo de Evo Morales quien se dedicó a nominar o alentar a diversos candidatos que no pudieran hacerle “sombra” dentro del partido, desplazando a Copa por un verdadero desconocido: el “Ratuki” (Zacarías Maquera). La jugada, empero, no salió como pensaba Morales, sino que la decisión de dejarla afuera alentó a la ex presidenta del Senado a buscar que sean las urnas quienes diriman la disputa. No por nada los slogans más fuertes de su campaña y que la estarían llevando a arrasar con los votos para la alcaldía alteña enfatizan por un lado el romper con la “tradición” de que los cargos los ocupen los ´amarra huatos´, en referencia a funcionarios que llegaron al extremo de atarle los zapatos a Morales cuando era presidente. Y, por otro lado, el reivindicar que ella en lugar de huir como lo hizo toda la cúpula masista durante el golpe, se quedó “con su gente”. Esto se expresa muy bien en una reciente declaración de Eva, que se difundió ampliamente en la prensa y redes, durante su campaña:

Ahora bien, en las perspectivas se puede prever que tanto Arce desde el gobierno central como Eva Copa desde la alcaldía de El Alto, trabajarán juntos para hacer gestión y “contrarrestar” aunque sea parcialmente, las presiones de un desgastado Evo Morales cuyas maneras de hacer política alejan a las clases medias. En un reciente discurso de campaña en Trinidad, Morales afirmó que de ganar la gobernación del Beni, el MAS, empezará nuevamente las obras para construir la carretea sobre el TIPNIS, levantando con esto el repudio no solo de amplios sectores de clases medias “progres” sino también de sectores indígenas que ven como una amenaza tal carretera y por lo cual enfrentaron al MAS a partir del 2010.

Las declaraciones de Morales, dificultan los esfuerzos de Arce y el MAS de estabilizar su gobierno sobre la base de intentar mostrar un perfil más dialoguista y alejado de los métodos autoritarios de la pasada gestión de Evo. Recientemente incluso emitieron un comunicado en el que rechazaban la instrumentalización de empleados públicos para las campañas a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Morales.

Mientras importantes sectores de la población creen ver en Eva Copa un signo de renovación del MAS y a Jallalla como la expresión de la etnicidad aymara lo cierto es que Eva Copa como lo señalamos anteriormente, solo representa un desafío a Evo Morales para llevar adelante las mismas políticas de conciliación sin tener que pedirle permiso al “Jefazo”. Por su parte, Jallalla en los hechos ha devenido en un trampolín para catapultar a representantes de las más diversas políticas en tanto sean de origen aymara. No hay que olvidar que el reciente fallecido líder de Jallalla, Felipe Quispe, calificó de traición la labor de los parlamentarios del MAS –que estaban a la cabeza de Eva Copa- durante la rebelión antigolpista de agosto. Sin embargo parece que primó más la identidad aymara llevando a que meses después se sellara la alianza entre el Mallku y Eva Copa.

En este escenario, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación que impulsa La Izquierda Diario, en los lugares en los que estamos presentes llamaremos a votar nulo o blanco. Esto debido a que el conjunto de las expresiones políticas tanto desde los golpistas como desde el MAS y las diversas agrupaciones ciudadanas que se le desprendieron vienen actuando para preservar y mantener intactos los negocios y privilegios de las castas políticas que lucran administrando el Estado y que, en el caso del MAS, lejos de representar un proyecto socialista solo ofrece –como ya lo ha demostrado- una alternativa malmenorista para “contener” un poquito a los proyectos abiertamente reaccionarios y neolibearales.

Por todo esto, llamamos a las organizaciones sindicales y de trabajadores, del campo y de la ciudad, al movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como al movimiento indígena, campesino y a la juventud precarizada a empezar a discutir cómo construir una herramienta revolucionaria y anticapitalista, que se proponga derrotar a los golpistas y no convivir y conciliar como lo vino haciendo el MAS desde el inicio de su gobierno a costa de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, necesitamos sostener bien alto las demandas de justicia y castigo para las víctimas de las masacres de noviembre y cárcel para los asesinos. Esto sin embargo no es suficiente, necesitamos construir una herramienta política para impulsar la movilización que busque avanzar en afectar la propiedad empresarial, agroindustrial y financiera, que es en última instancia lo que preserva a la derecha y los golpistas.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Viernes 26 de febrero | 19:52

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Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

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Xi Jinping declara la erradicación completa de la pobreza extrema en China

El presidentechino Xi Jinping anunció hoy que China, el país más poblado del mundo, ha obtenido una “victoria completa” en su lucha contra la pobreza.

El mandatario hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en una reunión en Beijing para marcar los logros del país en el alivio de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa.

En los últimos ocho años, 98,99 millones residentes rurales que vivían por debajo de la línea de pobreza actual se han liberado de este flagelo. Los 832 distritos empobrecidos y 128 000 aldeas en condiciones similares también se han retirado de la lista que recoge a las localidades afectadas por la miseria.

Desde la puesta en marcha de la reforma y la apertura a finales de los años setenta, 770 millones de residentes rurales han sido sacados de la pobreza, calculando sobre la base del umbral actual.

Aseguró que China ha aportado más del 70 por ciento de la reducción de pobreza global durante este período. Con tales logros ha creado otro “milagro” que “pasará a la historia”, afirmó Xi.

25 febrero 2021

(Con información de Xinhua)

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Un país en remate: transnacionales y empresarios locales festejan las políticas de Maduro

Se hacen concesiones, se privatizan o directamente se rematan. Maduro sigue en carrera en su curso privatizador y entreguista. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro.

Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley “Antibloqueo”. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa “transparencia” del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.

En medio de una flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo al uso de divisas en el país, el gobierno de Maduro ha entregado a inversionistas privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jacta en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Hace menos de seis días, el viernes 19 de febrero Maduro anunció que el país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera. Recalcando que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo. Un país llevado a la quiebra se pone en venta.

Al mismo tiempo indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de “negocio”. "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó.

Se trata de todo el curso entreguista y privatizador de Maduro, como lo hemos venido denunciando desde este diario, e incluso impulsando campañas unitarias contra todo este curso de remate del país en medio de la catástrofe económica que se vive durante ya más de siete años.

Además de las transnacionales todos los grupos económicos del país lo celebran. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas del Estado que con el concurso de testaferros participan del festín.

Mientras hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata el país, mientras un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, llevando la buena vida.

Y lo constatan los propios empresarios. El pasado miércoles 27 de enero también hubo otro festejo, esta vez en la sede de la principal cámara empresarial del país. La llamada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la nueva Asamblea Nacional (AN) encabezada por Jorge Rodríguez, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) se reunieron en la propia sede de Fedecámaras. El mismo presidente de Fedecámaras lo decía, “jamás una comisión de tan alto nivel se ha reunido con nosotros, y menos en nuestra casa”.

Es claro, y así lo han hecho resaltar, que el encuentro entre los jerarcas del chavismo y dirigentes empresariales es para darle continuidad a nuevas reprivatizaciones -como las que han ocurrido sobre todo desde el año pasado con compañías que estaban en manos del Estado. Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles, entre otras empresas, han sido transferidas a operadores privados en las así llamadas alianzas estratégicas.

En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Empresarios destacan el giro gubernamental. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, se da el lujo de decir el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo. Este empresario resalta que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y a otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo, puntualiza que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la Ley antibloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero no todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés, tampoco lo fue en los ‘90. Ni tontos que son los capitalistas para hacerse de empresas en las que consideran que no es un negocio rentable.

El gran negocio petrolero [1]

Pero hasta aquí hemos mencionado toda una serie de empresas que no tienen la envergadura de la industria petrolera, del sector hidroeléctrico, telefonía o industrias básicas como las de Guayana. Justamente es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones se ha venido en un avance constante desde hace ya varios años.

El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, para solo mencionar algunas.

Sobre la privatización en la industria petrolera hemos escrito por extensión un artículo titulado “Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela” en el cual hacemos un recorrido de los últimos seis años a todo este proceso de “apertura”, donde además del sector petrolero abordamos el gasífero y petroquímico.

En el mismo indicamos cómo en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Incluso señalamos que, con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso.

Pero se trata de un curso que sigue dando pasos agigantados, ahora amparados por la Ley “antibloqueo” en el mayor secretismo de Estado, que no permite seguirle el paso minucioso con detalle a todo este proceso entreguista. Peor aún, se puede penar con años de cárcel si alguien se atreve a publicar todos estos entramados y negociatas que se llevan a cabo.

Y Maduro vuelve a recalcar en este mes de febrero “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro. Se trata de un gran pillaje que implica un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China, Turquía y diversos pulpos petroleros europeos.

Como concluíamos en el artículo antes señalado, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

 

[1] Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquíaquí y aquí.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 24 de febrero | 20:00

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Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

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 Foto proporcionada por la NASA muestra la primera imagen en color enviada por Perseverance Mars después de su aterrizaje.Foto Ap

Hasta China festejó la hazaña tecnológica del impecable descenso del geólogo/astrobiólogo robot Perseverance ( Percy)(https://bit.ly/3pBGr0D).

Percy tiene el tamaño de un carro y pesa más de una tonelada a un costo de 3 mil millones de dólares.

La hazaña forma parte de una serie de misiones exitosas de EU a Marte y ahora su enfoque es la búsqueda de antecedentes de vida.

Los expertos de China saludaron "el más avanzado, complejo y costoso aterrizaje" de Percy que usó en la tierra marciana su "Sistema de Guía Autónomo": la "entrada, descenso y aterrizaje debieron ser realizadas enteramente en forma autónoma" (https://wapo.st/3sdPiHA).

La hazaña cobra mayor dimensión porque Marte "es un lugar notoriamente difícil para el aterrizaje de una nave espacial".

La misión de Percy es un esfuerzo internacional (sic): "sus instrumentos son operados por científicos en tres países y el programa de Retorno de las Muestras de Marte" está en asociación con la Agencia Espacial Europea.

Las "ondas gravitatorias de Marte la hacen inhospitable para la vida", además de "poderosas tormentas polvorientas que durarían durante meses", lo cual "harían peligrosas las misiones humanas", según investigaciones de la NASA (https://bit.ly/3dwDegL).

No voy a caer en la absurda cual ultrareduccionista dicotomía de corte neomaniqueo de que lo "público" en EU –la agencia espacial NASA del gobierno– es mejor que su parte "privada" cuando cunde el trasnacional desastre eléctrico/gasero/eólico en Texas.

Después de la hazaña del satélite soviético Sputnik, el presidente Dwight D. Eisenhower creó un año más tarde la NASA, en cuyo programa misilístico balístico contribuyó en forma notoria el alemán Wernher von Braun –quien fue miembro del régimen nazi y luego se rindió al ejército de EU. Cabe señalar la convergencia con la NASA de la hoy célebre "ARPA (Advanced Research Projects Agency)" que inventó el Internet.

El desastre de Texas eclipsó la hazaña en Marte. Según NYT, la "Crisis de Texas expone la vulnerabilidad del país al cambio climático, paralizando la tercera parte de la producción de petróleo e interrumpiendo la vacunación en 20 Estados" (https://nyti.ms/3brcjjK), lo cual desnuda la miseria de la infraestructura en EU, mientras que Dan Balz comenta que "Texas es el más reciente ejemplo de cómo los gobiernos no están preparados para los desastres" (https://wapo.st/2Ni11q4).

La mayor parte de los apagones en Texas se debió al suministro limitado del gas y del carbón (sic), así como al congelamiento de las turbinas eólicas.

ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), operador eléctrico de 90 por ciento de Texas, es dependiente del gas natural y el carbón en 65 por ciento, pero también de la energía eólica en 13 por ciento que fracasó rotundamente debido al congelamiento de -18 °C.

De acuerdo con The Financial Times, adicto globalista ahora a las "energías renovables", las facturas eléctricas llegaron a niveles estratosféricos y el "precio de la electricidad alcanzó 10 mil por ciento (sic)", cuyas "consecuencias financieras" han reverberado desde los "hogares individuales hasta las gigantescas empresas de energía europeas".

Financial Times (20/02/21) elaboró la lista de perdedores y ganadores. La alemana RWE de energía eólica (sic) quizá pierda 15 por ciento. Otra fuerte perdedora es la canadiense Innergex Renewable Energy con su electricidad eólica. También las acciones de NRG perdieron 7 por ciento, mientras Vistra incrementó 6 por ciento el valor de sus acciones.

Según Vistra, el gas es necesario para "apuntalar la producción intermitente de las granjas eólicas y solares".

Para las empresas, la hora-megawatt se disparó de 25 a 9 mil dólares, mientras que para los "hogares" el costo de una hora/kilowatt de 12 centavos de dólar se incrementó 9 dólares. Todavía no se decantan las cuentas de BP, Royal Dutch Shell, la francesa EDF y la australiana Macquarie.

Ayer fue California y hoy es Texas. No hay que olvidar el desastre "humano" de la gasera texana Enron y su fraudulento "financierismo energético" (https://bit.ly/2OZwgGL) cuando la infraestructura de EU está hecha añicos.

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Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

Publicado enColombia
Otro giro en Ecuador: no habrá recuento de votos 

Lo anunció el Consejo Nacional Electoral casi dos semanas después de las presidenciales

Una vez que se proclamen los resultados oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos podrán interponer impugnaciones ante el poder electoral. Yaku Pérez anunció la movilización de los movimientos indígenas,. 

 

No habrá recuento de votos en Ecuador. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes en la noche en otra sesión que trajo más preguntas que certezas sobre el poder electoral. La decisión de no abrir las actas electorales se dio por la falta de acuerdo: dos integrantes del CNE votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo, y uno abandonó la sala que, cerca de las once de la noche estaba semi-vacía, lo que motivó la suspensión de la sesión.

El anuncio fue un nuevo cambio de escenario en un contexto marcado por sucesivos giros: de un acuerdo el pasado viernes entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez, segundo y tercero respectivamente, para realizar el recuento del 100% de los votos en la provincia de Guayas y 50% en 16 otras provincias, a una disputa por los términos del acuerdo y acusaciones mutuas de intento de fraude, a la decisión del martes en la noche.

Así, finalmente, deberá ocurrir lo previsto inicialmente, es decir, que el CNE anuncie los resultados de las elecciones del siete de febrero, donde Andrés Arauz ganó con 32.72% de los votos, seguido de Lasso, con 19.74%, y Pérez, con 19.38%. Arauz, candidato por la revolución ciudadana, había expresado acerca del recuento su “defensa en el marco de la ley”, así como su advertencia para que no sea usado “como excusa para modificar el calendario electoral ni para prorrogar el gobierno de Moreno”.

La decisión tomada por el CNE fue rechazada por Pérez, quien reiteró el miércoles la existencia de “un fraude vergonzoso”. En una conferencia ofrecida en la sede del partido Pachakutik denunció la existencia de un “pacto satánico” entre Rafael Correa, Lasso, y Jaime Nebot - ex alcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano aliado a Lasso en las presidenciales- que serían quienes habrían ordenado la decisión que tomó el poder electoral.

Pérez anunció a su vez que habrá una movilización de sectores del movimiento indígenas, como la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik. Según el partido, la movilización debería iniciar este miércoles, para finalizar el día 23 en Quito. ¿Cuán cohesionada estará la dirigencia alrededor de esta convocatoria? ¿Cuánta fuerza logrará desplegar? Son algunas de las preguntas que, por el momento, no tienen respuestas definitivas en el marco de un movimiento indígena heterogéneo y con desacuerdos internos.

Las acciones también abarcarán el orden de lo legal, como, posiblemente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como afirmó Pérez al anunciar que agotarán “todos los caminos legales”. Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó el martes en la noche que “una vez que se proclamen los resultados oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos o las organizaciones políticas tienen posibilidad legal de interponer impugnaciones ante el CNE e incluso apelaciones ante el TCE”.

Las posibilidades de cambiar los resultados electorales parecen, sin embargo, reducirse para Pérez. El candidato de Pachakutik sostuvo, además, que no apoyará a Lasso en una segunda vuelta: “ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que Correa al Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y la corrupción del señor Lasso”.

Esta situación de disputa y resultados confirmados por el CNE significaría un escenario favorable para la candidatura de Arauz en la segunda vuelta, debido a la dificultad para que tome forma una alianza anti-correísta encabezada por Lasso, Pérez y Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, que había propuesta conformar ese acuerdo.

Arauz, con un tercio de los votos obtenidos el pasado siete de febrero, estuvo en los últimos días en Estados Unidos, donde realizó actividades junto a la comunidad migrante ecuatoriana en el país, así como reuniones con diferentes actores políticos, mediáticos y económicos. Guillaume Long, ex canciller, quien lo acompañó, afirmó el miércoles desde Washington:

 “Tenemos algunos canales no oficiales, porque todavía Andrés no es presidente electo, pero ya ven que es el próximo ganador de las elecciones, entonces hay una serie de actores que quieren hablar con él en Washington, afortunadamente la administración Biden está con una muy buena actitud, con respeto mutuo se va a poder avanzar con la administración, es evidentemente más fácil que con la administración Trump que tuvo mucha cercanía con Lenín Moreno”.

Entre los puntos centrales de la agenda en EE.UU. estuvo la reunión en la sede del Fondo Monetario Internacional. Arauz, al respecto, afirmó en una entrevista: “vamos a discutir el programa que está actualmente operando, no pueden continuar esas condiciones leoninas, que están afectando al bolsillo de los ecuatorianos, tiene que haber mucha más flexibilidad para que el país salga adelante (…) no podemos aceptar un aumento del IVA, un recorte tan brutal en el gasto público, no vamos a aceptar que sigan saliendo los dólares de la economía.”

Los próximos días estarán marcados por el anuncio de los resultados por parte del CNE -luego de casi dos semanas de la votación-, los intentos de Pérez por revertir un escenario que parece cerrarse a sus intentos de maniobra de última hora, el regreso de Arauz a Ecuador y las amenazas contra su candidatura siempre latentes, en el marco de una elección que transcurre bajo el intento, vía diferentes caminos, de impedir un nuevo gobierno de la revolución ciudadana.

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