Jueves, 26 Diciembre 2013 10:19

Izquierda y progresismo: la gran divergencia

Izquierda y progresismo: la gran divergencia

ALAI AMLATINA, 24/12/2013.- Uno de los mayores cambios políticos vividos en América Latina en los últimos veinte años fue el surgimiento y consolidación de los gobiernos de la nueva izquierda. Más allá de la diversidad de esas administraciones y de sus bases de apoyo, comparten atributos que justifican englobarlos bajo la denominación de "progresistas". Son expresiones vitales, propias de América Latina, en cierta manera exitosas, pero ancladas en la idea de progreso. Su empuje, e incluso su éxito, está llevando a que esté en marcha una divergencia entre este progresismo con muchas de las ideas y sueños de la izquierda latinoamericana clásica.


Para analizar estas circunstancias es necesario tener muy presente la magnitud del cambio político que se inició en América Latina en 1999 con la primera presidencia de Hugo Chávez, y que se consolidó en los años siguientes en varios países vecinos. Quedaron atrás los años de las reformas de mercado, y regresó el Estado a desempeñar distintos roles. Se implantaron medidas de urgencia para atacar la pobreza extrema, y su éxito ha sido innegable en casi todos los países. Vastos sectores, desde movimientos indígenas a grupos populares urbanos, que sufrieron la exclusión por mucho tiempo, lograron alcanzar el protagonismo político.


Es también cierto que esta izquierda latinoamericana es muy variada, con diferencias notables entre Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil, o Rafael Correa en Ecuador y el Frente Amplio de Uruguay. Estas distintas expresiones han sido rotuladas como izquierdas socialdemócrata o revolucionaria, vegetariana o carnívora, nacional popular o socialista del siglo XXI, y así sucesivamente. Pero estos gobiernos, y sus bases de apoyo, no sólo comparten los atributos ejemplificados arriba, sino también la idea de progreso como elemento central para organizar el desarrollo, la economía y la apropiación de la Naturaleza.


El progresismo no sólo tiene identidad propia por esas posturas compartidas, sino también por sus crecientes diferencias con los caminos trazados por la izquierda clásica de América Latina de fines del siglo XX. Es como si presenciáramos regímenes políticos que nacieron en el seno del sendero de la izquierda latinoamericana, pero a medida que cobraron una identidad distinta están construyendo caminos que son cada vez más disímiles. Es posible señalar, a manera de ejemplo, algunos puntos destacados en los planos económico, político, social y cultural.


La izquierda latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970 era una de las más profundas críticas del desarrollo convencional. Cuestionaba tanto sus ideas fundamentales, incluso con un talante anti-capitalista, y rechazaba expresiones concretas, en particular el papel de ser meros proveedores de materias primas, considerándolo como una situación de atraso. También discrepaba con instrumentos e indicadores convencionales, tales como el PBI, y se insistía que crecimiento y desarrollo no eran sinónimos.


El progresismo actual, en cambio, no discute las esencias conceptuales del desarrollo. Por el contrario, festeja el crecimiento económico y defiende las exportaciones de materias primas como si fueran avances en el desarrollo. Es cierto que en algunos casos hay una retórica de denuncia al capitalismo, pero en la realidad prevalecen economías insertadas en éste, en muchos casos colocándose la llamada "seriedad macroeconómica" o la caída del "riesgo país" como logros. La izquierda clásica entendía las imposiciones del imperialismo, pero el progresismo actual no usa esas herramientas de análisis frente a las desigualdades geopolíticas actuales, tales como el papel de China en nuestras economías. La discusión progresista apunta a cómo instrumentalizar el desarrollo y en especial el papel del Estado, pero no acepta revisar las ideas que sostienen el mito del progreso. Entretanto, el progresismo retuvo de aquella izquierda clásica una actitud refractaria a las cuestiones ambientales, interpretándolas como trabas al crecimiento económico.


La izquierda latinoamericana de las décadas de 1970 y 1980 incorporó la defensa de los derechos humanos, y muy especialmente en la lucha contra las dictaduras en los países del Cono Sur. Aquel programa político maduró, entendiendo que cualquier ideal de igualdad debía ir de la mano con asegurar los derechos de las personas. Ese aliento se extendió, y explica el aporte decisivo de las izquierdas en ampliar y profundizar el marco de los derechos en varios países. En cambio, el progresismo no expresa la misma actitud, ya que cuando se denuncian derechos violados en sus países, reaccionan defensivamente. Es así que cuestionan a los actores sociales reclamantes, a las instancias jurídicas que los aplican, incluyendo en algunos casos al sistema interamericano de derechos humanos, e incluso a la propia idea de algunos derechos.


Aquella misma izquierda también hizo suya la idea de la democracia, otorgándole prioridad a lo que llamaba su profundización o radicalización. Su objetivo era ir más allá de la simples elecciones nacionales, buscando consultas ciudadanas directas más sencillas y a varios niveles, con mecanismos de participación constantes. Surgieron innovaciones como los presupuestos participativos o los plebiscitos nacionales. El progresismo, en cambio, en varios sitios se está alejando de aquel espíritu para enfocarse en mecanismos electorales clásicos.Entiende que con las elecciones presidenciales basta para asegurar la democracia, festeja el hiperpresidencialismo continuado en lugar de horizontalizar el poder, y sostiene que los ganadores gozan del privilegio de llevar adelante los planes que deseen, sin contrapesos ciudadanos. A su vez, recortan la participación exigiendo a quienes tengan distintos intereses que se organicen en partidos políticos y esperen a la próxima elección para sopesar su poder electoral.


La izquierda clásica de fines del siglo XX era una de las más duras luchadoras contra la corrupción. Ese era una de los flancos más débiles de los gobiernos neoliberales, y la izquierda lo aprovechaba una y otra vez ("nos podremos equivocar, pero no robamos", era uno de los slogans de aquellos tiempos). En cambio, el progresismo actual no logra repetir ese mismo ímpetu, y hay varios ejemplos donde no ha manejado adecuadamente los casos de corrupción de políticos claves dentro de sus gobiernos. Asoma una actitud que muestra una cierta resignación y tolerancia.


Otra divergencia que asoma se debe a que la izquierda latinoamericana luchó denodadamente por asegurar el protagonismo político de grupos subordinados y marginados. El progresismo inicial se ubicó en esa misma línea, y conquistó los gobiernos gracias a indígenas, campesinos, movimientos populares urbanos y muchos otros actores. Dieron no sólo votos, sino dirigentes y profesionales que permitieron renovaron las oficinas estatales. Pero en los últimos años, el progresismo parece alejarse de muchos de estos movimientos populares, ha dejado de comprender sus demandas, y prevalecen posturas defensivas en unos casos, a intentos de división u hostigamiento en otros. El progresismo gasta mucha más energía en calificar, desde el palacio de gobierno, quién es revolucionario y quién no lo es, y se ha distanciado de organizaciones indígenas, ambientalistas, feministas, de los derechos humanos, etc. Se alimenta así la desazón entre muchos en los movimientos sociales, quienes bajo los pasados gobiernos conservadores eran denunciados como izquierda radical, y ahora, bajo el progresismo, son criticados como funcionales al neoliberalismo.


La izquierda clásica concebía a la justicia social bajo un amplio abanico temático, desde la educación a la alimentación, desde la vivienda a los derechos laborales, y así sucesivamente. El progresismo en cambio, se está apartando de esa postura ya que enfatiza a la justicia como una cuestión de redistribución económica, y en especial por medio de la compensación monetaria a los sectores más pobres y el acceso del consumo masivo al resto. Esto no implica desacreditar el papel de ayudas en dinero mensuales para sacar de la pobreza extrema a millones de familias. Pero la justicia es más que eso, y no puede quedar encogida a un economicismo de la compensación.


Finalmente, en un plano que podríamos calificar como cultural, el progresismo elabora diferentes discursos de justificación política pero que cada vez tienen mayores distancias con las prácticas de gobierno. Se proclama al Buen Vivir pero se lo desmonta en la cotidianidad, se llama a industrializar el país pero se liberaliza el extractivismo primario exportador, se critica el consumismo pero se festejan los nuevos centros comerciales, se invocan a los movimientos sociales pero se clausuran ONGs, se felicita a los indígenas pero se invaden sus tierras, y así sucesivamente.


Estos y otros casos muestran que el progresismo actual se está separando más y más de la izquierda clásica. El nuevo rumbo ha sido exitoso en varios sentidos gracias a los altos precios de las materias primas y el consumo interno. Pero allí donde esos estilos de desarrollo generan contradicciones o impactos negativos, estos gobiernos no aceptan cambiar sus posturas y, en cambio, reafirman el mito del progreso perpetuo. A su vez, contribuyen a mercantilizar la política y la sociedad con su obsesión en la compensación económica y su escasa radicalidad democrática.


El progresismo como una expresión política distintiva se hace todavía más evidente en tiempo de elecciones. En esas circunstancias parecería que varios gobiernos abandonan los intentos de explorar alternativas más allá del progreso, y prevalece la obsesión con ganar la próxima elección. Eso los lleva a aceptar alianzas con sectores conservadores, a criticar todavía más a los movimientos sociales independientes, y a asegurar el papel del capital en la producción y el comercio.


El progresismo es, a su manera, una nueva expresión de la izquierda, con rasgos típicos de las condiciones culturales latinoamericanas, y que ha sido posible bajo un contexto económico global muy particular. No puede ser calificado como una postura conservadora, menos como un neoliberalismo escondido. Pero no se ubica exactamente en el mismo sendero que la izquierda construía hacia finales del siglo XX. En realidad se está apartando más y más a medida que la propia identidad se solidifica.


Esta gran divergencia está ocurriendo frente a nosotros. En algunos casos es posible que el progresismo rectifique su rumbo, retomando algunos de los valores de la izquierda clásica para buscar otras síntesis alternativas que incorporen de mejor manera temas como el Buen Vivir o la justicia en sentido amplio, lo que en todos los casos pasa por desligarse del mito del progreso. Es dejar de ser progresismo para volver a construir izquierda. En otros casos, tal vez decida reafirmarse como tal, profundizando todavía más sus convicciones en el progreso, cayendo en regímenes hiperpersidenciales, extractivistas, y cada vez más alejados de los movimientos sociales. Este es un camino que lo aleja definitivamente de la izquierda.


Por Eduardo Gudynas, analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo.

Twitter: @EGudynas

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"Si fuera presidente de Colombia, habría un golpe de Estado"

Entre el equipo que ha acompañado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a Washington se ha instalado un moderado optimismo ante la posibilidad de que el regidor logre esquivar, aunque sea temporalmente, el fallo de la Procuraduría General de Colombia que el pasado 9 de diciembre decidió destituirlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años por presuntas irregularidades en el proceso de desprivatización de basuras de la capital colombiana. Las declaraciones del fiscal general colombiano a una radio nacional a primera hora del viernes, asegurando que una sentencia de la Corte Constitucional le faculta para suspender la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, si constata que se excedió en sus funciones o incumplió la ley al adoptar su resolución, se percibe entre los asesores del regidor como una confirmación velada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría otorgar las medidas cautelares para suspender su destitución que Petro le solicitó el pasado miércoles.


El exguerrillero del M19, sin embargo, prefiere mantener la cautela. "No me quiero crear falsas ilusiones y, si algo saqué de mi educación católica, es que prefiero ver los hechos antes de pronunciarme", asegura a EL PAÍS en el último día de su visita a la capital de EE UU, donde entre sus múltiples reuniones, se ha encontrado con el secretario general de la OEA. Petro ha presentado su caso como el detonante para abordar la regeneración democrática que, sostiene, necesita Colombia. En pocos días, el alcalde ha conseguido movilizar a la ciudadanía, tanto a su favor como en contra del polémico procurador, con quien ha entablado un pulso político cuyo último órdago se dirimirá en la CIDH antes del 3 de enero, cuando se hace efectiva la destitución de Petro. Aunque ha apelado a las vías legales, el regidor también invoca a la suerte para que le ayude en el desenlace de su envite, cuyo resultado espera tranquilo.


Pregunta. ¿Le ha pedido usted al fiscal general que inicie el proceso para lograr la suspensión del fallo de la Procuraduría?


Respuesta. Yo no he activado ningún proceso ante la Fiscalía. Se trata de una actuación de oficio, es una posibilidad jurídica que debe valorar el fiscal.


P. En todo caso, esa decisión, de producirse, nunca llegaría antes del 3 de enero


R. Es ése límite cronológico de la aplicación de la decisión del procurador lo que hace que hayamos optado por solicitar las medidas cautelares ante la CIDH para que suspenda provisionalmente mi destitución. Si no se hace antes de que se haga efectivo el fallo de la Procuraduría, no sólo se produciría un daño irreparable a mi propio derecho de acabar mi Gobierno o ser elegido para otro cargo público en el futuro, sino a los derechos políticos de mis electores y para evitar eso es para lo que hemos venido a Washington

P. Sólo existe un antecedente de otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH en un caso de protección de derechos políticos y, de otorgarlas, lo cual evitaría al presidente Juan Manuel Santos la incómoda posición de tener que ejecutar la decisión del procurador, podría provocarse un efecto dominó, empezando por los centenares de cargos públicos destituidos como usted por la Procuraduría, y por otros ciudadanos en países como México o Perú, donde también se contempla la destitución administrativa. ¿Habló de ello con el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza?


R. Planteamos varios de esos temas. Que no existan grandes antecedentes no significa que la CIDH no pueda otorgar medidas cautelares. Pero lo que aquí se ha producido de manera clara es una violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que exclusivamente se puede limitar por ley el derecho a elegir y ser elegido por causas específicas, entre ellas, la condena por un fallo judicial emitido por un juez de lo Penal, no por medidas disciplinarias y, mucho menos, por una autoridad administrativa como el procurador. El procurador contravino un proceso judicial, los hechos de los que se me acusa no son constitutivos de delito. Lo que él está haciendo es sancionar una política pública que no le gusta, que es la desprivatización del servicio de basura.


El pulso político con el procurador


P. Si, como usted sostiene y defienden muchos otros juristas colombianos y extranjeros, es tan evidente que con su decisión el procurador ha infringido la Constitución, ¿por qué cree que él adoptó una medida aparentemente tan drástica y desproporcionada, según coinciden la mayoría de analistas?


R. Creo que en Colombia, en general, no hay claridad jurídica alrededor del peso del derecho convencional, pero, en medio de esa situación de desconocimiento, el procurador está atravesado por varios tipos de presiones. Una proviene de él mismo. Él es un integrista que pertenece a una secta excomulgada por la Iglesia católica, que es el lefebvrismo, que reivindica el concilio de Trento. Yo respeto las creencias del procurador, si no fuera porque en su concepción religiosa del Estado se contempla la lucha contra los impíos y, de todos ellos, yo soy el impío mayor, porque me levanté en armas, fui un insurgente de izquierdas y, después de firmar la paz, redactamos una Constitución que ellos no respetan porque allí se consagran derechos a favor de las personas discriminadas. Al frente de la alcaldía yo he desarrollado políticas inclusivas que han provocado la reacción del procurador. Mirando otros casos de personas que han sido destituidas por él, sí hay una lógica que nos lleva a pensar que ha transformado la Procuraduria en un aparato de policía político-religiosa.


P. ¿Es posible que perder su pulso con el procurador acabe siendo beneficioso para su futuro político? Si no se paralizara el proceso de destitución, usted podría ser restituido en sus derechos dentro de tres o cuatro años -de acuerdo con los plazos que suele tardar en pronunciarse la CIDH y la Corte Interamericana- en condiciones muy ventajosas para aspirar a un alto cargo político, como la presidencia, sin el lastre del desgaste político de la alcaldía de Bogotá y con el apoyo popular de los que ven en la decisión del procurador una maniobra para acabar con su carrera política intacto.

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R. [Risas] Es un cálculo bien hecho pero ingenuo. Porque, si no se cambia la situación estructural de un régimen que permite que se pueda destituir a un alcalde simplemente porque no gustan sus políticas, sin intervención de un juez y violando el derecho al voto, hay que proyectar ese cálculo. Si no se resuelven esas causas estructurales y yo fuera presidente de la República, lo que sobrevendría es un golpe de Estado. No hay una diferencia entre un golpe de Estado clásico y lo que ha pasado aquí. Pero estos mismos sectores que ahora me han destituido, ante un ascenso al Gobierno de la República de un proyecto de izquierdas, harían lo mismo que en Chile, porque no están preparados para eso y lo del alcalde de Bogotá es una demostración. Si no son capaces de resistir el que un proyecto alternativo gobierne en la capital por cuatro años, cómo iban a resistir el que por cuatro años, con opción de reelección, un proyecto de esa misma calidad gobierne el país. Plantearse ese cálculo es lícito, pero yo vivo en un país en el que sé lo que pasa e, independientemente de lo que ocurra conmigo, lo que es necesario es profundizar en las reformas democráticas antes de pensar en otra cosa.


Vinculación de la destitución con el proceso de paz


P. Manteniéndonos en el peor de los escenarios posibles para usted, si no prosperaran las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH, ni la fiscalía instara la suspensión del fallo del procurador, ¿qué tiene planeado hacer?


R. Seguiría por los procesos ordinarios que me darán la recuperación de mis derechos en dos, tres años, quizás más, pero sólo los míos. Nunca se podrán recuperar los derechos conculcados a mis electores, a más de 700.000 ciudadanos, y eso tiene una consecuencia grave en la historia de Colombia y es que, por ese tipo de hechos, llevamos dos siglos de guerra.


P. ¿Augura usted movilizaciones ciudadanas que puedan acabar en brotes de violencia?


R. Hemos provocado una movilización permanente que ha llenado la plaza de Bolívar cinco veces, y aún continúan. La movilización pacífica sin ningún hecho de violencia es un derecho. El problema de fondo es lo que va generándose en la mentalidad de la juventud en el sentido de constatar que los mecanismos pacíficos en la disputa del poder no son posibles. Eso nos daña. Me pasó a mí cuando era joven.


P. ¿Insinúa que podría producirse un nuevo 19 de abril?


R. Esa es una pregunta de la prensa colombiana que trata de demostrar que quiero volver a las armas. Yo hice un compromiso al contrario.
P. Pero acaba de decir que ha sido la frustración ante decisiones políticas como la que le afecta a usted la que ha provocado 200 años de guerra civil en Colombia.


R. El mensaje que ha mandado el procurador es un mensaje violento. Cuando tú le dices a una sociedad que no puede disputar el poder pacíficamente, cuando se plantea algo así, generalmente, en la historia no se producen procesos pacíficos. Esa es la historia de la propia España. Yo lo que quiero es sentar unas bases sólidas que, con la excusa del ataque que yo he sufrido, permitan demostrar que el ejercicio de poder en Colombia se puede hacer de manera pacífica y ese es el dilema de fondo.


P. ¿Cómo afectaría una protesta social generalizada a su favor al clima social de Colombia, ahora que está en medio de un proceso para poner fin a uno de los conflictos más sangrientos y divisorios de su país? ¿Cree que podría dañar el proceso de paz con las FARC?


R. No lo va a dañar pero sí le afecta. Es evidente que es un contra mensaje. Si a un hombre que deja las armas y decide el camino del voto y gana en ese camino, se le suspende arbitrariamente, entonces ¿qué va a pasar con los que hoy están en armas? Obviamente, se trata de un mensaje negativo.


P. Se ha empezado a criticar que esté vinculando su caso con el proceso de paz


R. Eso es lo que insinúan varios sectores de la prensa colombiana, que está en manos de los hombres más ricos del país que no comulgan con mi planteamiento. Pero es que es un hecho que mi caso está articulado a las negociaciones con las FARC. Hay pronunciamientos al respecto desde La Habana y el mismo embajador de Colombia en EE UU ha manifestado que mi destitución podría perjudicar a las negociaciones.

P. ¿Estaría usted dispuesto a rebajar o a solicitar que se suspendieran las manifestaciones de apoyo a su causa en aras de beneficiar el desarrollo de los diálogos en La Habana?


R. La prensa que me ataca hoy era la misma que cuando gané decía que mi caso era un ejemplo de paz. Parte de mi esfuerzo y de mi lucha, que es por lo que estoy aquí, es para promover ese ejemplo. El que no se me destituya por delito, como ordenan las normas sino por una política pública que congenia con lo que estaba en mi programa, todo eso da un mensaje profundamente negativo hacia la paz y quienes lo han promovido lo hacen precisamente por eso. No es que desconozcan este tema, no es que yo lo esté manipulando, es que quienes han impulsado mi destitución lo que quieren es que no haya proceso de paz.


P. ¿El procurador, entonces, ha actuado contra usted porque él mismo está en contra de ese diálogo o porque quiere contentar a esa parte política de su país que usted sostiene que está en contra del proceso?


R. Ambas cosas. El procurador tiene la convicción del que el proceso de paz en La Habana no sirve, de hecho, fue a La Haya a quejarse sin consultar al presidente. Y también hace parte de agrupaciones políticas y sociales que no quieren ese proceso a las que pertenece el anterior presidente de la república.


Reforma democrática


P. Volviendo a su reivindicación de una regeneración democrática, ¿cree factible que en plenas negociaciones de paz, un proceso electoral en marcha y la implacable oposición del expresidente Álvaro Uribe, Colombia puede llevar a cabo esa reforma democrática, ese cambio de la Constitución de 1991, que apoyó el M19, que usted demanda?


R. Viéndolo desde lo positivo, que también es un albur, esto que acaba de acontecer da la oportunidad de acometer un profundo proceso de regeneración democrática, que además se conjuga con el actual proceso de paz en marcha. Y la paz es una democratización del país, no es solo que unos señores armados dejen de estarlo. Desde un escenario optimista, ahora se pueden conjugar las condiciones para esa reforma democrática, pero habría que ver si Santos está dispuesto a dar ese paso audaz.


P. ¿Y usted ve en el presidente esa predisposición? Iniciar el proceso de diálogo con las FARC demuestra cierta audacia.

R. El del diálogo fue un paso audaz, pero quienes hagan ese proceso deben tener un respaldo ciudadano muy fuerte. El presidente dio ese paso nada más ser elegido e, inmediatamente, le respondieron sus antiguos compañeros sociales y políticos, y empezó a haber titubeos. El país va polarizándose, pero creo que construir un movimiento ciudadano a favor de la paz y la democracia, como el que se ha generado estos días en las calles de Bogotá, es fundamental para darle la solidez y la contundencia al axioma que es la democratización del país.
Excesiva victimización


P. La Procuradoría lo ha sancionado, la Registraduría ha convocado un referéndum revocatorio y el fiscal general también lo está investigando por el proceso de desprivatización de basuras. ¿Reconoce errores en esa gestión o se equivocan todas las instituciones públicas al centrarse en ese tema?


R. En una política pública siempre habrá fallas, no existe en el mundo una política pública infalible. Toda planificación, toda política pública es atravesada por el conflicto social que se puede tratar de predecir pero nunca al máximo. Errores indudablemente hay, hubo y habrá.


P. ¿Sigue sosteniendo, entonces, que el principal causante de la crisis sanitaria de Bogotá en 2012 lo provocó un boicot de las anteriores empresas privadas concesionarias del servicio de basuras?


R. El sabotaje lo hubo y nosotros lo denunciamos. Antes de la finalización de los contratos reclamamos la devolución de los camiones para garantizar la continuidad del servicio. Lo operadores privados debían completar la entrega paulatina al distrito de la flota para no provocar problemas y eso no sucedió.


P. Muchos se quejan de que está pecando de excesivo victimismo con este caso para tapar ocultar, así, una mala gestión al frente del Ayuntamiento de Bogotá

R. Las estadísticas sociales claves indican que hemos logrado muchos éxitos en la ciudad. La mala gestión es un calificativo que nos dan las clases medias-altas. Hemos hecho una política diferente que fue previamente discutida en las elecciones y que estaba consignada en nuestro programa de Gobierno con el que ganamos las elecciones y del cual nadie se debería extrañar porque simplemente la estamos aplicando.

P. Pero hasta su destitución, sólo el 35% de los bogotanos aprobaban su gestión, de acuerdo con una encuesta de Gallup, y ahora el nivel de respaldo casi roza el 50%

R. Esa es una encuesta. Nosotros hacemos sondeos internos para medir momentos difíciles y son mucho más optimistas y hay otras encuestas públicas similares a las nuestras. Antes de la destitución teníamos el 50% de apoyo y el 39% en contra del Gobierno, que no es un mal guarismo. No he tenido resultados después de entonces, pero todas coinciden en que son mejores.

 

 

 

 

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La conjura de Santos/Uribe contra Petro y la Bogotá humana.

En los términos de Bourdie (2000), el litigio por la destitución del Alcalde Gustavo Petro como consecuencia de un amañado proceso disciplinario planificado por el Procurador Ordoñez, perfiló un campo político específico, el cual debe entenderse, en la visión de Enrique Dussel, como un espacio de interacciones, cooperación, coincidencias y conflictos, que remite a la esfera de las luchas hegemónicas por el poder. Un ámbito atravesado por fuerzas, por sujetos singulares con voluntad y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos, cada sujeto, como actor es agente que se define en relación a los otros.


Para el caso concreto de Petro y su destrucción política, va quedando bastante clara la conjura de dos aparentes enemigos, quienes han tejido una muy sutil pero eficaz interacción, cooperación y coincidencia para validar la hegemonía de la oligarquía dominante, en el escenario bogotano.


Hay una conspiración de Santos y Uribe para aplastar a Petro y están a punto de lograrlo.

No obstante las adversidades encontradas, el Programa progresista por una Bogotá humana fue ganando importantes espacios gracias a sus resultados efectivos en el reconocimiento de los derechos sociales de amplios grupos humanos afectados por la segregación social y la pobreza extrema, en una ciudad que se acerca a los 10 millones de habitantes.


El nuevo modelo de aseo, las medidas en favor del derecho a la movilidad, el destape de la corrupción bipartidista de concejales y senadores, la construcción de los jardines infantiles en barrios marginales, el proyecto del Metro, la defensa de una paz con justicia social, la expedición del POT y la democratización de la información, entre otras medidas, consolidaron la gestión del gobierno Petro ofreciendo una alternativa a la sociedad diferente al modelo neoliberal.


Es lo que explica el bloqueo permanente desplegado durante los últimos 24 meses desde múltiples ámbitos bajo el control del bloque dominante. Los grandes medios de comunicación no han dado un solo minuto de tregua, mintiendo y distorsionando. Los grupos oligopólicos enriquecidos con el despojo del presupuesto, orquestaron procesos de revocatoria en alianza con políticos de la ultraderecha. Y el núcleo uribista de la Procuraduría afinó una acción disciplinaria con pruebas fraudulentas para guillotinar a Petro con una resolución de 500 folios.


Santos simulo indiferencia y cierta neutralidad. En realidad también movía muchas de sus cuerdas para alcanzar el resultado que tenemos hoy a la vista.


Al Jefe de la Casa de Nariño se le ve la cara de satisfacción por el rumbo que han tomado los procesos en Bogotá con su alcalde. Su formula ha sido no estar ni con Petro, ni con Ordoñez, solo con la institucionalidad que quiere decir con el Procurador y su cobarde procedimiento.


A Santos se le cayó la mascara y su conducta es un golpe demoledor a los acuerdos de La Habana en materia de participación política y derechos para la Oposición, incorporados en el punto 2 de la Agenda de conversaciones.


Lo ocurrido con Petro es la evidencia de la paz de los vencidos que quiere la élite dominante.


Algunos se han ilusionado con la "paz santista". Esa "paz" es para normalizar la dominación de las minorías sociales de siempre. Las mismas que desde el siglo XIX monopolizan el Estado y todas sus infraestructuras.


Hay que desprenderse de esa ingenua ilusión. La verdadera paz para Colombia será una conquista de las mayorías con su movilización resuelta en las plazas y en la esfera pública, tal como lo hemos presenciado por estos días en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a la que por tres veces han concurrido miles de personas para dar su apoyo a Petro.


Para el 10 de enero se convoca de nuevo a todas las expresiones de la sociedad civil para que se reúnan en la Plaza Mayor de Bogotá en defensa de la paz, la democracia y la justicia social. Esa concentración será una expresión contundente del poder constituyente y de la potencia de la multitud que cada vez exterioriza con mucha claridad sus altos niveles de organización y conciencia.


Ojala la unidad de los grupos de izquierda que han conformado sus listas electorales para las votaciones del 8 de marzo se empeñen a fondo en este magno evento de la democracia participativa y protagónica. Es la manera de demostrar que no son inferiores a las circunstancias que vivimos, que son de una amplia crisis política.

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Martes, 17 Diciembre 2013 07:01

Procurador contra Alcalde

Procurador contra Alcalde

Hay en el triunfador una sustancia molesta, por mucho que nos guste pertenecer a ese estatuto de los que siempre ganan, por mucho que aplaudamos a quien asciende a la palestra aclamado por los vítores de sus seguidores, por mucho que nos emocionemos en el momento de la llegada a la meta; pues por mucho que el triunfador nos seduzca, nos seducirá más cuando la desgracia, la tragedia o el fracaso descienden sobre la cabeza del triunfador. Por esa sencilla razón, estoy de lado de Gustavo Petro, pues si Alejandro Ordoñez nos habla desde la ley, el clamor de Gustavo Petro se hace desde la in-justicia, dos estatutos completamente opuestos. La ley nos ubica en lo obligatorio y en lo normativo, mientras la justicia nos habla desde lo deseado y desde lo verdadero.


Si bien ambos han sido individuos poderosos, acostumbrados durante años a tomar decisiones, a sentir la inquietud y el interés del pueblo y de los periodistas con lo que ellos pronuncian sobre corrupción de funcionarios o de políticos vinculados al paramilitarismo; a pesar de que distan leguas ideológicas el uno del otro, la historia de súbito les encontró y cambió a ambos, aunque fuera el señor Ordoñez, desde su oscura y aburrida función de procurador a quien le correspondiera oficiar como el ángel exterminador de la carrera de Petro.Por eso y como corifeo de esta tragedia política esos millares de estudiantes, de "enmochilados", de indígenas, de recicladores, de clase media, le recordarán siempre a ese hombre que aparenta más años de los que tiene, debido tal vez a su dogmatismo y disciplinas católicas radicales, lo profundamente equivocado de su decisión. La ley está de su lado, ¿pero la justicia?


Un día Gustavo Petro decidió abandonar una admirable y valiente postura en el orbe de lo legislativo para arrojarse a la voraz selva de ser cabeza del ejecutivo de la capital del país.Se ponía en el ojo del huracán, era el actor central de la capital, una ciudad convulsionada por los contratos de su anterior alcalde. Petro enarboló dos campañas centrales: una Bogotá humana y otro donde los gremios de los recicladores se les devolvía junto el acueducto y el trabajo de los desperdicios.


Y de hecho en su alcaldía se ha acentuado la presencia de los "traperos", nombre con el que eran conocidos esos hombres y mujeres que atravesaban la gigantesca capital llevando los desperdicios que ella arroja. Walter Benjamin en un famoso ensayo sobre el París de la segunda mitad del siglo XIX, consideróa ese "lumpen-proletariado" como el nervio vital de la revolución política de la modernidad. Esos recogedores de basura, esos hombres y mujeres que rescatan a la gran ciudad de los desperdicios, son precisamente ellos, los más pobres quienes salen a las calles al lado de quienes en otro momento han sido la vanguardia de la revolución como los estudiantes, o los trabajadores formales.


Sin duda que una medida como la de las basuras atacó directamente uno de los negocios más lucrativos de la modernidad liquida: los intereses de las empresas privadas que por años han aprovechado aquello que la ciudad arroja al olvido. Fue desde allí que sus enemigos numerosos, entraron a generarle una guerra en la que pasó lamentablemente casi todo el tiempo de su administración. Petro mantuvo sus decisiones , fue firme y algunos de sus amigos le pusieron alerta de las tormentas que se avecinaban, para luego de advertirle retirarse, como fue el caso de Navarro. Una de las lecciones importantes es que el príncipe tiene que escuchar, y no solo el canto de los áulicos, sino quienes avisan de los peligros.


En otro punto del centro de la ciudad, está ese hombre donde pareciera converger la más despótica pero precisa maquinaria de la ley burocrática con un espíritu religioso católico que rebasa los limites de la secularización moderna. Ordoñez combate muchas cosas distintas: en su juventud quemó libros malditos, en su vida de funcionarios con pleno poder sobre los entes burocráticos ha castigado corruptos.


La imagen del hombre que quema libros con encono vehemente en el parque Pio X de Bucaramanga anuncia uno de los momentos más tenebrosos de nuestra cultura nacional. Ordoñez es un perseguidor de quienes ofenden el orden jerárquico de Colombia. Y en eso quiero indicar algo: Ordoñez es un representante de un estado que está resguardado en el orden de la catolicidad apostólica y romana. Eso no se debe olvidar, porque tanto a izquierda como a la derecha están los demonios de la teología política de nuestro tiempo: los demonios de la corrupción. Amparado en ese papel de autoridad contra los demonios, Ordoñez se transforma en Bernardo UI, el personaje de "El nombre de la Rosa", la novela de Umberto Eco, un sonado perseguidor de brujas y de demonios durante el siglo XII. La fotografía donde aparece quemando libros en su juventud o las posturas que ha detentado como alto funcionario, expresanpor medio de sus decisiones de odio contra Petro o Piedad Córdoba, a lo que puede llegar una nación que no ha superado los fantasmas de la Colombia regenerada de la segunda mitad del siglo XIX.

Por Alberto Antonio Verón Ospina
Escritor. Profesor Universidad Tecnológica de Pereira

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Martes, 17 Diciembre 2013 06:24

La jefa les marcó la cancha a sus aliados

La jefa les marcó la cancha a sus aliados

En el primer día como presidenta electa de Chile, a Michelle Bachelet le interesó destacar que ella será quien elija a su gabinete y mostró predisposición a lograr acuerdos no sólo al interior de su heterogénea coalición Nueva Mayoría sino también con la derrotada Alianza de derecha. Tranquila y sonriente, con vestido azul, habló con los medios locales y extranjeros en el comando de campaña ubicado en Providencia, tras mantener una serie de reuniones con el mandatario Sebastián Piñera, los presidentes de ambas cámaras, de la Corte Suprema y los líderes de los partidos de la Nueva Mayoría. "Quiero darme el tiempo necesario para elegir los y las mejores, que tengan la camiseta bien puesta con el programa de gobierno. Así que he definido que alrededor de la segunda quincena de enero voy a dar a conocer el futuro gabinete."


El ambicioso programa de gobierno que pondrá en marcha Bachelet a partir del 11 de marzo, día de la investidura, cuenta en sus grandes trazos con el beneplácito de los siete partidos de la Nueva Mayoría, coalición en donde conviven líneas más de izquierda, como el Partido Comunista (PC), y más conservadoras, como la Democracia Cristiana (DC), además de una formación más nueva, como Izquierda Ciudadana. La DC perdió a varias figuras emblemáticas en el Congreso, entre ellas Soledad Alvear, y los sectores del PC ganaron protagonismo duplicando sus bancas, incluyendo a la ex líder estudiantil Camila Vallejo.


A diferencia de su primer mandato (2006-2010), cuando arribó a La Moneda con la lógica de un gabinete con paridad de género, esta vez Bachelet no garantizó que se reitere esa tónica. "Los símbolos también importan, pero no siempre usted encuentra mujeres en algunas áreas o no siempre encuentra hombres en otras áreas. Lo más importante es que estén comprometidos con Chile", aseguró la ganadora del ballottage el domingo.


Bachelet dejó en claro que va a fijar los criterios de selección de su equipo, y su norte es que sean los más adecuados. Evitó así responder a la pregunta de qué le parecían las declaraciones de Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional. Larraín había dicho que estaba dispuesto a sumarse al gabinete para "neutralizar a algunos sectores extremos". Ese fue el tono que usó la candidata Evelyn Matthei durante el segundo tramo de la campaña, pero no pudo remontar la abrumadora ventaja de Bachelet. La derrota de Matthei estuvo cargada de peso simbólico: la más derrotada fue la derecha pinochetista.


Es que los más ultras insistieron hasta el hartazgo con el fantasma que representa la incorporación del Partido Comunista al gobierno y los peligros de instalar una Asamblea Constituyente, como en Venezuela o Bolivia, que vehiculice las grandes promesas. Una campaña esgrimida desde los medios de comunicación hegemónicos. El diario La Tercera publicó ayer una columna de Alvaro Vargas Llosa en la que el hijo del Nobel advertía: "Bajo una presidenta Bachelet decidida a correr dos pasos por delante de esta nueva sociedad exigente, la lista de reformas podría convertirse en el caballo de Troya del populismo latinoamericano".


De las tres reformas más mencionadas por Bachelet –constitucional, educativa, tributaria–, la primera parece ser la madre de todas las batallas. Aún se desconoce si el mecanismo para generar una nueva Constitución será a través de una Asamblea Constituyente o por la vía legislativa. El sociólogo Tomás Moulian señaló a esta enviada que cree que el futuro del nuevo gobierno se va definir en la elaboración de una a nueva Carta Magna. "El camino más sensato es la Asamblea Constituyente y el menos participativo, la reforma de la Constitución actual. Sería muy importante que el país discutiera el nuevo texto, elaborara el nuevo sistema político, eliminando las claúsulas que proceden de la Constitución de Pinochet. Eso significaría una profundización de la participación política de la ciudadanía y que las personas no hablen sólo en las elecciones."


En su opinión, aún no está claro cómo actuarán las distintas fuerzas que integran la Nueva Mayoría. "Va a existir una tensión entre los sectores que quieren sacar adelante un proyecto progresista, que exigen un cambio del sistema político, y aquellos que se queden a medio camino."
El profesor de la Universidad Arcis puso el foco en dos partidos: la democracia cristiana y los comunistas. "Será interesante ver cómo la democracia cristina se alinea en el bloque, inclusive mostrando un faceta populista. Creo que los comunistas van a ser una fuerza progresista. Aunque podrían mostrar una cara más moderada, algo así como el realismo comunista."


Ante ese interrogante, el presidente del PC, Guillermo Teillier, ensayó una respuesta. "Nuestra cara tiene que ver con el cumplimiento del programa que apunta a hacer reformas profundas. Todos los partidos hemos acordado cumplirlo, aquí no hay espacio para mayor radicalización o derechización. ¿Izquierdización? Tampoco." Además, hizo hincapié en la unidad del bloque. "El éxito del programa dependerá de cómo actuemos en unidad. Empieza la etapa más difícil."


En este contexto, será clave el reparto de ministerios dentro de la coalición, aunque también se prevé la incorporación de algunos perfiles más técnicos. Según trascendidos de prensa, el economista del Partido Socialista Alberto Arenas es señalado como posible ministro de Hacienda; el militante del PPD (Partido por la Democracia) José Goñi podría ocupar la Cancillería, aunque también suena para ese cargo Alvaro Elizalde, vocero socialista. Para los ministerios de Defensa e Interior el más mencionado es el nombre del representante de la DC, Jorge Burgos.


Pero más allá de las lucubraciones, Bachelet aclaró, por si hiciera falta, quién es la piloto. "Las decisiones las voy a tomar yo, no sólo del gabinete. La coalición que me apoya es una cosa, la constitución del gobierno yo la voy a decidir. Estamos todos en plena armonía. Y tenemos mayoría en el Congreso." La líder socialista tenía previsto reunirse con representantes de la Iglesia y las Fuerzas Armadas.


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LA DECISIÓN DE LA PROCURADIA DEVELA MODELOS DIFERENTES DE CIUDAD, DEMOCRACIA Y PAZ

Diferentes organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar la situación generada por la decisión del procurador Ordoñez de destituir al alcalde Gustavo Petro, luego de analizar el marco en el que se toma la misma, nos plantearnos tareas unitarias de cara a la coyuntura en que entra la ciudad y Colombia, siempre con la pretensión de fortalecer las propuestas alternativas de movilización y construcción de nuevo país.

 

Resaltamos los siguientes elementos como factores que explican el contexto de fuerzas en el que se da la destitución del alcalde de Bogotá:

 

1. Enfatizamos que esta destitución no expresa una decisión aislada o legalista del Procurador Ordoñez. No, lo decidido obedece a intereses de una intrincada red de sectores que tienen puesta su mira en la retoma administrativa de la capital del país. Sectores del gran capital privado provenientes de los negocios de la construcción y la renta de la tierra urbana (Camacol), los negociantes de la salud (EPS), los negociantes del rentable negocio de la recolección de basuras (William Vélez, Ciudad Limpia – familia Pastrana, entre otros).

 

Pero también se trata de sectores políticos de la extrema derecha, cuyas concepciones patriarcales y ultraclericales chocan con algunas iniciativas de derechos a la mujer y de las comunidades Lgtbi impulsadas por la actual alcaldía; y grupos políticos tradicionales que aspiran a recuperar para las élites el control de la capital.

 

Estos factores de poder presionaron jurídica, política y mediaticamente la destitución de Gustavo Petro, con el argumento de que se trataba de "una alcaldía improvisada". En nombre de la eficiencia neoliberal el Procurador sostuvo que se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia (¡!)

 

2. En última instancia lo que está en juego detrás de la decisión "legal" pero ilegítima del Procurador, es la disputa por el modelo de ciudad y el ejercicio del derecho a una urbe con prioridad en sus pobladores más excluidos. Sin duda, destella, el gran capital criollo y multinacional exige que las políticas de ordenamiento territorial y la prestación de los servicios públicos no se salga de su orbita, que estén bajo su férula, que engorden sus chequeras, por esto consideran un atentado que un advenedizo pretenda que retroceda el orden neoliberal urbano, el que si bien se mantiene con notoriedad en el Distrito Capital, ha sufrido tropiezos evidentes para su máxima realización.


En este sentido no es extraña la decisión de estos grupos de poder por desconocerle a los ciudadanos de la capital del país su voluntad mayoritaria, la soberanía popular, evidenciando la formalidad de la "expresión máxima de la democracia formal", el voto. Se trata de decirle, de enfatizarle al pueblo que los destinos de la ciudad y del país estarán dictados sin su consentimiento. Se trata, por tanto, de un ataque y de un reto de sectores tradicionales del poder, con el cual confronta a la ciudadanía en general y a la izquierda en particular, retándola a un disputa pública por la ciudad.

 

3. También el Procurador, con la orden de destitución, reitera su posición contra el proceso de paz entre el gobierno y la insurgencia, por cuanto plantea un precedente frente a la participación política, se permitirá el acceso a cargos públicos de elección popular, pero el Estado podrá destituir, apresar, condenar al ostracismo político, si las propuestas agenciadas van en contravía del proyecto dominante.

 

Con este marco de referencia, valorando las consecuencias de lo decidido por el Procurador y los factores de poder que representa, quienes firmamos este comunicado rechazamos contundentemente la arbitraria, sesgada e ilegítima destitución de Gustavo Petro.

 

En consecuencia, llamamos a la ciudadanía a expresar su inconformidad a través de diversas formas de movilización en las que se resalte la defensa del derecho a la ciudad, como territorio incluyente, a la par de la democracia profunda que desprivatice el disfrute de los derechos fundamentales y le garantice al pueblo el respeto de su voluntad electoral, creando de esta manera el ambiente necesario para potenciar y ampliar la realización del sueño de una paz real, que más allá de la desmovilización de los actores armados insurgentes, brinde los medios y garantías que se traduzcan en derechos políticos, sociales, económicos y culturales para el conjunto de los habitantes del país. Una protesta y expresión ciudadana que exija la renuncia y/o destitución del Procurador Ordoñez, concretando así el cansancio de la sociedad con quien transformó su función pública de control en inquisición y persecución de la oposición política.

 

De igual manera, llamamos al conjunto de la izquierda, a los sectores democráticos y al conjunto de la población colombiana a que asumamos la decisión del Procurador como una afrenta que debe responderse con un mayor grado de unidad y oportunidad para diseñar la ciudad y el país que todos pretendemos. Invitamos a conformar y fortalecer un Frente Amplio por la Democracia, la Paz y la Soberanía, a la par de hacerle eco a la realización del Encuentro nacional de líderes rurales, el Encuentro nacional de pequeños cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, el Encuentro nacional de la salud, y la Cumbre social por la paz.

 

Bogotá D.C. 10 de Diciembre de 2013

 

Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas de Colombia, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, COMOSOC, Entre Redes, Desde Abajo, Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, Partido Comunista de Colombia, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –Modep–, Poder y Unidad Popular – PUP.

 

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Diálogos de paz y la destitución de Petro en Colombia

Raúl Zibechi, La Jornada, 13 de diciembre de 2013

La destitución del Alcalde de Bogotá viola el derecho internacional,

El País, 12 de diciembre de 2013

Petro, chivo expiatorio y becerro sacrificado

Carlos Eduardo Maldonado, 10 de diembre de 2013

La Procuraduría juega con candela

Equipo desdeabajo, 9 de diciembre de 2013

 

Sobre basuras

 

Botar el viejo modelo para reciclar la ciudad

Edwin Guzmán. Edición 187, enero de 2013

El capital, la capital y las basuras

Álvaro Sanabria. Edición 187, enero de 2013

Publicado enColombia
Petro: Chivo expiatorio y becerro sacrificado

La destitución de Petro estaba cantada. No solamente por el procurador Ordóñez, sino por la historia política de los últimos años En perspectiva histórica, la izquierda ganó la alcaldía de Bogotá, el segundo puesto más importante del país, después de la presidencia de la República. Desde el 2004, con el paréntesis que significó la alcaldía pro tempore de María Fernanda Campo, la alcaldía de la capital del país ha estado en manos de representantes de la izquierda (democrática), específicamente el Polo Democrático Alternativo (PDA), incluido el escándalo del robo y la corrupción de la alcaldía de Samuel Moreno. Casi diez años en los que los partidos políticos tradicionales y la extrema derecha (= uribismo y compañía) quedaron por fuera de la administración directa de uno de los mayores presupuestos del país. Pues bien, un primer motivo de la destitución de Petro es el afán de políticos y empresarios por arrebatarle el poder a la izquierda, y preparar el camino de cara a las próxima elecciones en marzo del 2014.

 

(Dicho entre paréntesis, en el más craso realismo político, el dolor de los políticos oficialistas es no haber podido robar ellos de las arcas públicos lo que el carrusel de la contratación sí logró. Pero, claro, esto es hilar demasiado fino).

 

Por consiguiente, en la destitución de Petro confluyen una serie de factores. El tema de fondo no fue el desorden, ciertamente real, de la basura en noviembre del año pasado. Detrás del argumento de la basuras se encuentra un tema más de fondo: la privatización del servicio de aseo, en contra de los esfuerzos de transformación de Petro por la "nacionalización distrital" de tal servicio. La tarea inmediata por investigar consiste en identificar los interesados privados, a quiénes representan, con quiénes están aliados, y a quiénes apoyan de cara a marzo del 2014.

 

Asimismo, se trata de un antiguo participante de la guerrilla –M-19–; un sobreviviente, de hecho. Militante de izquierda, y quizás el principal acusador de los despropósitos de la corrupción y el paramilitarismo mientras fue miembro del Congreso de la república.

 

Así los hechos, con Petro cabe recordar tres principios de la política: 1) en ella no hay amigos; sólo aliados; 2) En política los favores se deben pero casi nunca se cobran; 3) En Colombia no se perdona la militancia de izquierda, y ésta es en la historia del país un anatema. De manera que ni haber votado por el procurador Ordóñez, ni haber abandonado y luego criticado acérrimamente –en el caso de las Farc– a las guerrillas, son motivos suficientes de perdón. Era necesario sacrificar a Petro, a como diera lugar.

 

Y el problema de fondo que subsiste es el de la asimetría entre la interpretación acerca del primado de los tratados, acuerdos y declaraciones internacionales de un lado, y la Constitución, de otra parte. Un tema que recurrentemente asalta, negativamente, a la institucionalidad colombiana. Surge cada tanto: ya sea a raíz de la interpretación de los derechos humanos, o del derecho internacional humanitario; o bien de la elección popular versus las prerrogativas de alguna instancia como, en este caso, la Procuraduría.

 

No es gratuito, en este escenario, el momento elegido para la decisión de Ordóñez: en medio de las negociaciones de La Habana, a las que él se ha opuesto de viva voz; y unos días antes de cumplirse el plazo en el que acaso hubiera sido posible que Petro pudiera presentar una terna de la cual el presidente Santos elegiría a su sucesor. Pues eso para Ordóñez, y a todo lo que él encarna y representa, significa justamente eso: más continuidad de la izquierda. Un pecado mortal en la política colombiana.

 

En medio de este panorama de reacción y cálculos políticos, es notable la reacción positiva, por ejemplo, del Ministro del Interior, expresando su inconformismo por la decisión de Ordóñez, y la necesidad de revisar la Constitución en lo atinente a los poderes de la Procuraduría.

 

Desde luego, no se trata de victimizar a Petro, pero tampoco de convertirlo en héroe. Incluso gente como Peñalosa lo dijo: "Yo no voté por Petro, y puedo no estar de acuerdo con él, pero lo que le ha sucedido es motivo de rechazo, de un lado, y solidaridad de otro"; palabras más, palabras menos.

 

Con una observación final: Bogotá es un auténtico fortín político, y por eso mismo, contradictoriamente, no es una ciudad de nadie (en particular). A diferencia de lo que acontece con Medellín, o con Cali, o con Barranquilla, para mencionar los ejemplos más conspicuos. En estas otras ciudades existen políticas de Estado, digamos, que las convierten en auténticos motores de desarrollo económico, social y cultural. Bogotá es un dínamo a pesar de sí misma.

 

Y lo más sensible de todo: los grandes aportes de las alcaldías de Lucho Garzón hasta la de Petro están, más allá de bolardos y Transmilenio, más allá de seguridad e infraestructura, en la cara invisible de la realidad colombiana: en las exitosas políticas sociales, en toda la línea de la palabra. Comedores comunitarios, educación gratuita y de calidad creciente, bibliotecas amables, alimentación para la infancia, hogares geriátricos, y tantos otros éxitos.

 

Pero claro, lo social ha sufrido histórico desprecio o desplazamiento a lugares secundarios en las políticas públicas del país. Frente a lo cual cabe recordar una cosa: hablar de derechos humanos no consiste en hablar única y principalmente de sangre, sufrimiento y vejaciones. Una interpretación semejante conlleva a victimizar los derechos humanos. Y afirmar algo así como: "menos mal que hay muerte y dolor para que existan los derechos humanos". Un argumento ética ciego y políticamente torpe.

 

Por el contrario, el tema de base de los derechos humanos es la defensa de la vida en términos de calidad y dignidad. Defensa de la vida, y exaltación de la misma; posibilitamiento y gratificación de la vida: de la vida humana, pero con ella y más allá de ella, de la vida en general. Es eso lo que significa una política social; y acaso es eso lo que "aquellos" entienden como una política "de izquierda".

 

De esta manera, podemos asegurar, Petro no es más que un chivo expiatorio en un país altamente segmentado, fraccionado y dividido. Y Petro es también un becerro sacrificado. En fin, literalmente, nos encontramos al final de una historia de guerra y violencia, y al comienzo de una historia de paz y democracia. Ordóñez y los suyos pertenecen al pasado, y se esfuerzan por pervivir. Petro ha sido convertido, por virtud de Ordóñez y los suyos, en el símbolo de una bisagra que puede abrir una nueva puerta. Bogotá, parece ser, es, el símbolo de una batalla política entre las maquinarias y los poderes y cacicazgos de un lado, y la importancia del voto de opinión, el voto independiente y crítico, y las redes sociales, de otro lado.

 

Semióticamente la cosa es clara: Ordóñez se escuda en el último piso de un rascacielos, y detrás de un micrófono, detrás o debajo suyo se avizoran las fuerzas oscuras que lo alimentan y le insuflan fuerza. Petro, aún amarrado por la esperanza del alegato leguleyo, se lanza a la calle, a la plaza pública y a las redes sociales. Una historia en proceso.

 

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La Procuraduría juega con candela

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Martes, 10 Diciembre 2013 06:51

Diez años venciendo el hambre

Diez años venciendo el hambre

Hace unas semanas, Brasil celebró el décimo aniversario de Bolsa Familia, que ha servido de modelo para muchos programas nuevos de distribución de rentas en todo el mundo.

 

Gracias al programa Bolsa Familia ("subsidio familiar"), 14 millones de familias, es decir, 50 millones de personas —la cuarta parte de la población de Brasil— reciben un pequeño estipendio mensual, siempre que cumplan unos requisitos básicos, entre los que figuran que los hijos permanezcan escolarizados y reciban atención médica, incluidas las vacunaciones normales. Más del 90% del dinero que se paga va a manos de las madres. En el decenio transcurrido desde que comenzó el programa, el rendimiento académico de los niños ha mejorado, las tasas de mortalidad infantil han caído y 36 millones de personas han salido de la pobreza extrema.
Las cifras son elocuentes, y, sin embargo, no bastan para transmitir hasta qué punto han mejorado las

vidas de todas esas personas.
No hay una estadística capaz de medir la dignidad, pero eso es lo que se percibe cuando los padres pueden ofrecer a sus hijos tres comidas diarias. No hay una partida del presupuesto que se llame "esperanza", pero eso es lo que brota cuando los padres ven que sus hijos van a la escuela y se esfuerzan para tener un futuro mejor.


Al transformar la vida de las personas, Bolsa Familia está cambiando el curso de la historia en mi país; según Naciones Unidas, es el mayor programa de distribución de rentas del mundo. Otros Gobiernos han adoptado estrategias similares para luchar contra el hambre. Por eso es importante entender el éxito de Brasil y los obstáculos a los que tuvo que hacer frente para poner en marcha el programa.


Como en muchos otros países de Latinoamérica, África y Asia, Brasil estuvo durante demasiado tiempo gobernado en nombre de una pequeña minoría, la clase dirigente. El resto de los brasileños, la gran mayoría, eran prácticamente invisibles y vivían en un no país que ignoraba sus derechos y les negaba todas las oportunidades.

 

Lo primero que hicimos para cambiar la situación fue poner en práctica una serie de políticas sociales que, junto al incremento del salario mínimo y un mayor acceso a los préstamos bancarios, estimularon la economía y permitieron la creación de 20 millones de puestos de trabajo legales en los últimos 10 años. De esa forma, por fin, se logró integrar a la mayoría de la población en la economía y la sociedad de Brasil.


Bolsa Familia ha contribuidoa demostrar que es posible erradicar el hambre cuando los Gobiernos tienen la voluntad política necesaria para convertir a los pobres en el centro de sus iniciativas. Muchos pensaron que era un objetivo utópico. Quizá no comprendieron que era absolutamente necesario para que nuestro país volviera a situarse en la ruta hacia el desarrollo.

 

Algunos dijeron de buena fe que, para combatir el hambre, a las familias había que darles alimentos, y no dinero. Pero tener alimentos no es suficiente para terminar con el hambre. Hace falta un frigorífico para almacenarlos y fuego y gas para cocinarlos. Y la gente además tiene que vestirse, cuidar su higiene personal y limpiar su hogar. Las familias no necesitan que el Gobierno les diga lo que deben hacer con su dinero. Ellas saben cuáles son sus prioridades.


Todavía hoy, algunas reacciones a Bolsa Familia prueban que es más difícil vencer los prejuicios que conquistar el hambre. Los más mezquinos acusan al programa de fomentar la indolencia. Es una forma de decir que los pobres son pobres porque no han querido mejorar su situación, no porque nunca han tenido oportunidad de lograrlo. Ese tipo de actitud deposita sobre sus hombros la responsabilidad de un abismo social que no favorece más que a los ricos.

 

Es cierto que más del 70% de los adultos inscritos en Bolsa Familia trabajan con regularidad, y el programa sirve como complemento de sus ingresos. Bolsa Familia se ha convertido en un instrumento que los padres utilizan para empezar a romper la espiral de pobreza en la que se encuentran sus hijos.


Los críticos han comparado los programas de distribución de renta con limosnas, con un mero ejercicio de caridad. Solo pueden decir algo así quienes nunca han visto a un niño malnutrido ni la angustia de su madre delante de un plato vacío. Para la madre que recibe las ayudas del programa, el dinero que le permite alimentar a sus hijos no es una limosna; es su derecho como ciudadana, y no va a renunciar a él.
A largo plazo, Bolsa Familia tiene otra consecuencia más: dota a los pobres de poder. Las personas que tienen garantizada por ley una renta mínima no necesitan pedir favores a nadie. No necesitan dar su voto a cambio de comida o de un par de zapatos, como ocurría con frecuencia en las regiones más pobres de Brasil. Por el contrario, esas personas ahora son libres, y eso no siempre le conviene a todo el mundo.


Asimismo, algunos detractores han criticado el programa por incrementar el gasto público. Son los mismos que suelen decir que bajar los salarios y destruir empleo son cosas positivas para la economía. Pero el dinero público que se dedica a las personas, la sanidad y la educación no es un gasto; es una inversión. La inversión en Bolsa Familia está en la raíz del crecimiento del país.


Por cada real (0,3 euros) invertido en el programa, el PIB ha crecido 1,78 reales, según los cálculos del Gobierno brasileño. Bolsa Familia estimula la actividad económica y la producción de los bienes que compran las familias. Poner mucho dinero en manos de unos pocos no sirve más que para alimentar la especulación financiera y agravar la concentración de rentas y riquezas. Bolsa Familia ha demostrado que un poco de dinero en muchas manos sirve para alimentar a la gente, estimular el comercio, atraer inversiones y crear empleo.


El presupuesto de Bolsa Familia para este año es de 24.000 millones de reales, alrededor de 7.500 millones de euros. Menos del 0,5% del PIB de Brasil. Algunos cálculos indican que Estados Unidos y la Unión Europea, juntos, han gastado desde 2008 alrededor de 10 billones de dólares (7,3 billones de euros) en rescatar a los bancos con problemas. Una pequeña parte de esa cantidad, invertida en programas como Bolsa Familia, podría acabar con el hambre en el mundo y reactivar la economía mundial para iniciar una nueva era de prosperidad.
Por suerte, varios países han escogido la lucha contra la pobreza como ruta hacia el desarrollo. Ya es hora de que las organizaciones multilaterales den aliento a esas iniciativas, promoviendo el intercambio de conocimientos y el estudio de estrategias de distribución de rentas que hayan tenido éxito. Esa sería una buena forma de dar impulso a la derrota del hambre en el mundo.

 

Por LUIZ INACIO LULA DA SILVA 10 DIC 2013 - 00:00 CET

 

Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil y hoy trabaja en iniciativas de alcance mundial con el Instituto Lula. Se le puede seguir en facebook.com/lula.
© 2013, Instituto Luiz Inácio Lula da Silva.
Distribuido por The New York Times Syndicate.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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Lunes, 09 Diciembre 2013 20:26

La Procuraduría juega con candela

La Procuraduría juega con candela

"Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas" (Ver resolución).

 

Así termina el texto resolutorio por medio del cual el Procurador Alejandro Ordoñez imparte su santa y todopoderosa decisión, esperada y comentada desde hace semanas en todos los círculos sociales de Bogotá. Una vez emitida, previendo protestas en toda la ciudad, mandó a desalojar las oficinas del ente de control.

 

Como se sabe, desde distintos flancos los sectores más tradicionales de la ciudad (como sus aliados los constructores, negociantes de la salud, y otros que sienten en riesgo sus negocios), erigieron constantes e inmensas presiones contra el proyecto de gobierno encabezado por el destituido alcalde, bajo su bandera: "Bogotá. Humana".

 

Las presiones de estos sectores no paran de escucharse. Día tras día, los medios de comunicación le dan espacio, y hacen eco a sus comentarios, enfatizando que la actual es "una alcaldía improvisada".

 

El argumento mayor de estos sectores –también retomado en su resolución por el Procurador– es que "[...] se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia [...]". El sacrosanto "derecho" a la propiedad privada, y el privilegio de ésta sobre la propiedad pública es, por tanto, el factor fundamental que desencadenó el alborotó entre los sectores tradicionales de la ciudad y su campaña por, y decisión para, sacar del edificio Liévano a Petro. El peso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), afectada en su pretensión de llevar el crecimiento de Bogotá mucho más allá del río Bogotá, especulando con tierra que deja de ser vendida por hectáreas para cotizarse por metro cuadrado, construyendo por debajo de la cota del río del mismo nombre, no hay duda que influyó en la firma de la Procuraduría (ver recuadro otros factores). No hay que olvidar que esta pugna también fue asumida, con abierto liderazgo, por el actual ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona.

 

La decisión de estos sectores no deja de recordar a quien llegue al gobierno, nacional o municipal (en este caso el capitalino que según el decir público es el segundo puesto del país), que se puede administrar la ciudad -o le país- pero nunca pretender cambiar sus reglamentos fundamentales. Realidad que le recuerda a toda la izquierda que no se puede gobernar con decisión realmente transformadora, que no se puede romper la legislación urdida por los sectores tradicionales del país, sino se marcha codo a codo con las mayorías sociales, es decir, sino se propicia que las mayorías asuman en sus manos su destino. Como dicen los zapatistas: hay que "mandar obedeciendo".

 

Para darle cuerpo a su decisión de cortar el actual gobierno capitalino desataron, en primera instancia, la recolección de firmas en procura de una consulta popular que lo revocara, las cuales fueron reunidas y confirmadas por los entes respectivos, pero la cual –como se ha confirmado en todos las consultas de este tipo realizadas en el país– cuenta con pocas posibilidades de éxito.

 

Quedaba entonces el camino de la Procuraduría, que una y otra vez, bajo la dirección de Ordoñez no ha cejado de tomar decisiones que afectan los derechos de sectores progresistas del país, como las mujeres que luchan por el derecho al aborto, o quienes lo hacen por el matrimonio entre personas del mismo sexo. La persecución de personalidades del país que están por un acuerdo de paz, tampoco ha quedado por fuera de las decisiones tomadas por el todo poderoso Procurador.

 

Es decir, la pugna que está en curso en Colombia, como quedó dicho en un artículo publicado en esta misma página ("¿Por qué es de derechas el Procurador?") "se da entre el país institucional y el país social. Y en esta polarización la última palabra –la última– aún, contra todas las apariencias, no está dicha". Pero el señor Alejandro Ordoñez, al emitir la resolución del 9 de diciembre destituyendo a Petro y quemándolo con los 15 años de sanción como liderazgo alternativo electoral dio otro paso hacia atrás al tratar de golpear de manera frontal a la izquierda, en esta ocasión, midiendo fuerzas con el conjunto de ella, la cual se debe sentir tocada –más allá de sus postulados ante el gobierno de Gustavo Petro– a plenitud.

 

Ahora la palabra siguiente está en la decisión que tome el pueblo de Bogotá: aceptar de manera pasiva el desconocimiento de su voto –por medio del cual eligió a su actual alcalde– o hacer respetar el mismo. Al momento de escribir esta nota la plaza de Bolívar de Bogotá parece indicar que la pasividad se rompe y la última palabra podría atizar la candela con que juega el Procurador.

 


 

{gallery}Petronoseva{/gallery}

 

Otros factores

 

La Procuraduría General de la Nación, no hay quien lo niegue en Colombia, es un baluarte de los sectores más retardatarios de Colombia. Sectores que olvidan que la separación entre Estado e Iglesia fue uno de los logros del liberalismo del siglo XIX y XX, así tal logro tardara décadas en llegar a Colombia. Pero también, olvidan estos sectores que el Estado no puede controlar la vida privada de ningún ciudadano.

 

Esos sectores, añorantes del alcanfor y el incienso, y defensores a ultranza de la desigualdad social, tratan de no perder terreno político ni gabelas económicas, y alistan todas sus baterías para las elecciones al Congreso y a la presidencia por escenificarse en el 2014. Y actúan, al mismo tiempo, para recuperar el bastión Bogotá, perdido para ellos desde hace una década; al tiempo que maniobran para evitar que el proceso de paz tome la forma de un acuerdo entre iguales, sellándose producto del sometimiento de una de las partes. Guerra es lo que desean y auspician.

 

Es decir, detrás de la decisión del señor Ordoñez se siente la mano política, del "señor de los ocho años", y de todos sus aliados, los cuales retoman posiciones ante el propio gobierno Santos, que sin dejar de pescar en río revuelto, también termina afectado por esta decisión.

 

En efecto, todo parecía indicar que Santos compartía la destitución del alcalde capitalino pero para inicios del 2014, pues la misma le restaba bríos a la izquierda sin implicar un nuevo ejercicio electoral, simplemente obligaba a la selección de un sucesor –de terna del mismo partido– del alcalde destituido. Pero la destitución decembrina obliga a citar a nuevos comicios en el curso de los próximos 55 días (contados desde el momento que se surta el fallo definido), es decir, el pronunciamiento del Procurador ante la muy segura interposición de alegato de la parte afectada interfiere en las elecciones citadas para marzo del 2014 en toda Colombia, sin dejar de afectar las de mayo.

 

Pero al mismo tiempo tiende un inmenso nubarrón sobre las negociaciones de paz en curso en La Habana, y las por abrirse con el eln; sin duda, los insurgentes valorarán esta decisión como un pésimo antecedente para su proyecta participación política sin armas. ¿Qué seguridad brindan los poderes reales en Colombia para quienes demandan democracia, justicia social, igualdad, y otros factores reales que cimentan la democracia de hecho y no de palabra?

 

La lucha entre movimientos sociales, factores políticos progresistas de distinto orden, la derecha santista y la derecha a ultranza que encabeza el personaje de los "ocho años" se encona, ¿tendrá capacidad la izquierda para no permitir su derrota en el escritorio? ¿Se impondrá la calle al bolígrafo?

 


 

 Fotografías tomadas en la Plaza de Bolívar, 9 de diciembre de 2013

 


 

 

 

Texto de la decisión del procurador General destituyendo al alcalde Petro

 

La evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre del año inmediatamente anterior por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo, suscitó la recepción de más de un centenar de quejas contra el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá; las cuales fueron interpuestas por ciudadanos y funcionarios públicos, entre ellos, concejales de la ciudad, congresistas y el señor defensor del Pueblo.

 

Lo anterior ameritó que la Procuraduría, en ejercicio de la competencia que le atribuyen la Constitución y la Ley vigente colombiana, adelantara actuación disciplinaria en contra del señor alcalde mayor de Bogotá, en donde se garantizaron plenamente sus derechos de defensa y contradicción. Dentro de la investigación, se practicaron pruebas y se escuchó con atención las explicaciones rendidas por el disciplinado en la versión libre, resultado que llevó a que este organismo de control le imputara tres faltas disciplinarias gravísimas relacionadas con la implementación del nuevo esquema de prestación del servicio de aseo decidido por el mandatario distrital.

 

Así las cosas, una vez se rindieron los descargos, se practicaron otras pruebas, se presentaron los alegatos de conclusión y se analizaron nuevamente las razones del disciplinado, la Procuraduría encontró probado en grado de certeza lo siguiente:

 

  1. En cuanto al primer comportamiento, se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. 

Los resultados fueron la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012; la deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos al patrimonio público, y, lo más incomprensible, que el Distrito volvió a contratar a los operadores privados de quienes, según lo dicho por el señor alcalde en su momento, pretendía "descartelizar". 

La determinación intencionada del señor GUSTAVO PETRO URREGO quedó evidenciada en las precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, DIEGO BRAVO BORDA, en los meses de julio y agosto de 2012, así como en sus intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo.
  2. La Procuraduría demostró también en grado de certeza que el señor alcalde mayor, de manera libre, consciente y voluntaria, implementó con el Decreto 564 de 2012 un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera de la ley. Específicamente, se demostró con suficiencia que con los artículos 6, 8 y 9 del mencionado Decreto, se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012.
  3. La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.
  4. Uno de los argumentos principales de defensa fue que el señor alcalde mayor de Bogotá actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional para incluir a la población recicladora. Sin embargo, en el proceso se estableció que lo dispuesto por la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni mucho menos que dicho modelo estuviera por fuera de la ley, como en efecto ocurrió. Dicho de otro modo, no era indispensable que para cumplir con las órdenes de la Corte se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente a entidades del Distrito, y menos aun cuando estas empresas eran absolutamente incapaces de asumirlo.
  5. La Procuraduría igualmente demostró en grado de certeza que el señor alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria gravísima cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, situación que fue antirreglamentaria y que se convirtió en una de las causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital.

 

En ese orden de ideas, la Procuraduría demostró que la determinación del señor alcalde mayor provocó la crisis y caos en el mes de diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de volquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo actual de que los vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse, todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá.

 

Así mismo, se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá.

 

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas.

Publicado enColombia
Lunes, 09 Diciembre 2013 09:04

Maduro pasó el test de las municipales

En los comicios municipales celebrados ayer en Venezuela el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo una mayoría de alcaldías frente a la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). De un total de 335 municipios, el socialismo consiguió 196 y la oposición 53, de acuerdo con el primer cómputo dado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al cierre de esta edición. La participación fue de poco más del 58 por ciento, siendo que el voto no es obligatorio.

 

Tanto el oficialismo como la oposición consideraban estas elecciones como un virtual plebiscito del gobierno de Nicolás Maduro, tras el ajustado triunfo de éste en las últimas presidenciales ante Henrique Capriles Radonski. Si bien el PSUV se impuso en la mayoría de las regiones, la oposición conquistó plazas importantes como Barinas y Valencia. Además, la alcaldía mayor de Caracas, que la disputaban el actual titular, Antonio Ledezma y el ex ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, quedó en manos del primero. Por otra parte, en Libertador (Distrito capital), el más poblado del los cinco municipios caraqueños, fue reelecto Jorge Rodríguez, jefe de campaña del chavismo.


Luego de votar en un colegio de Caracas, Maduro llamó a los candidatos a las elecciones a aceptar los resultados en paz y dijo haber tomado todas las medidas para neutralizar supuestas loqueras (locuras) destinadas a conspirar contra el proceso electoral. Vestido con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela, el mandatario pidió a los venezolanos "dejar la flojera" para ir a votar, en medio de reportes sobre una participación electoral moderada. Ladeado por su vicepresidente, Jorge Arreaza, y tres de los cinco candidatos a alcaldes del chavismo por Caracas, el presidente dijo antes de que se conocieran los resultados electorales: "Salir a votar y luego cuando venga la palabra del CNE será palabra sagrada, yo les pido a los que ganen que ganen con honor y a los que pierdan que con máxima conciencia acepten la derrota y sigan trabajando por su comunidad en paz", agregó.


Al cumplirse un año de la última aparición pública de Hugo Chávez, el presidente mostró el llamado Plan de la Patria, programa de Gobierno con el que el mandatario fallecido ganó las elecciones de octubre del año pasado. "Hoy es el día del amor y de la lealtad a Chávez, quien nos enseñó el valor espiritual y práctico de lo que es la patria", dijo en referencia al decreto promulgado por él, en el que proclama el día de las elecciones como el Día de la Lealtad a Chávez. "Hace un año él dejó con su testamento, nos dejó a sus hijos encargados de esta obra", señaló.


Maduro elogió además a la democracia venezolana al destacar que en los últimos 15 años se celebraron 19 elecciones y salió al paso de quienes afirman que en Venezuela hay una dictadura. "Esta extraña dictadura que hay en Venezuela, muy extraña", ironizó mientras enumeraba algunos de los procesos electorales celebrados en los últimos años. Además, reiteró su llamado a los alcaldes que resulten ganadores a una reunión mañana en el Palacio de Miraflores para "sentarnos a trabajar."


Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, criticó el desarrollo de la campaña para los comicios municipales. "Estamos complacidos a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, de todos los tropiezos, de todos los abusos. Esta ha sido probablemente la campaña más abusiva de parte de quienes tienen el Gobierno", dijo el líder de la MUD tras sufragar en un colegio del este de Caracas. El gobernador del estado de Miranda acusó a Maduro de hacer campaña el mismo día de las elecciones, al aparecer, acompañado de varios de los candidatos oficialistas ante la prensa tras sufragar, lo que, recordó, está prohibido por el CNE. "Eso es un descaro de Maduro, poner candidatos que están en un proceso electoral", afirmó en una tarima habilitada en el colegio del este de Caracas donde votó. Asimismo, recordó que la campaña finalizó oficialmente a las 12 de la noche del jueves y conminó al CNE a "hacer su tarea".
El asesinato de una joven que ejercía como autoridad de mesa en el estado Trujillo y la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en Maracaibo, capital del estado Zulia, empañaron las elecciones municipales. El homicidio fue confirmado por el propio Maduro, luego de votar. No descartó que los autores fueran "restos de grupos desesperados", informó el canal Globovisión. En Maracaibo, segunda ciudad del país, a una cuadra de un colegio en el que se votaba detonó un explosivo lanzado contra una camioneta que sólo causó daños al vehículo y no alteró el proceso electoral, reportó la agencia noticiosa estatal AVN.


Hasta entonces, la jornada se desarrollaba en pleno orden, sin incidentes significativos, excepto por la gran cantidad de votos nulos en Caracas, anunciada tanto por la jefa de gobierno del Distrito Capital, la chavista Jacqueline Faría, como por el candidato opositor a alcalde del municipio


Libertador, Ismael García. La vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, dijo que pudo deberse a confusión derivada del hecho de que tanto en los cinco municipios caraqueños como en los dos de Alto Apure, en el estado Apure, se escogieron alcaldes y concejales municipales y metropolitanos en boletas diferentes.

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