MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 04 Mayo 2013 06:41

Asegurar la seguridad

En el año 2012 el asesor de guerra sucia electoral J.J. Rendón aconsejó centrar la propaganda en un tema: la inseguridad. Los medios de comunicación opositores se dedicaron obsesivamente a reseñar crímenes horrendos y divulgar cifras de muertes violentas que confundían tendenciosamente homicidios y accidentes de tránsito o laborales. En el cierre de campaña electoral, el candidato opositor clamó: Que cese la violencia. La estrategia rindió dividendos, a pesar de que el estado que el candidato perdedor gobierna presenta los mayores índices de homicidios del país, seguidos por los de otros estados administrados por la oposición.

 

Repetidas veces señalamos que toda la campaña opositora se fundamenta en un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010), el cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la percepción de una muestra de 5 mil 496 hogares o 16 mil 419 personas, cuyas respuestas se extrapolan como válidas para representar 28.946.101 venezolanos ¿Son las encuestas un método confiable para decidir cuestiones trascendentes y puntuales como quién será presidente de la república o el número de homicidios?

 

A juzgar por los resultados electorales, no. Y menos si sus métodos suscitan la sospecha y sus conclusiones el asombro. La página 67 de la encuesta del INE cuenta un total de delitos reportados de 21 mil 132 homicidios en 2009; la página 68 registra 19 mil 113 víctimas de ellos. ¿Cómo 21 mil 132 homicidios causan apenas 19 mil 113 víctimas? Sólo la matemática o la confusa categorización del INE podría explicarlo. La misma página afirma que de esos 19 mil 113 homicidios, 3 mil 151 nunca fueron denunciados ¿En qué cabeza entra que la sexta parte de crímenes tan graves y notorios como asesinatos no sea denunciada? ¿Y por qué sí se efectúa la denuncia ante el encuestador? La misma página 67 nos asigna una tasa de 75 mil 8 homicidios por 100 mil habitantes. ¿Es concebible que casi cuadrupliquemos los 22.7 de México y los 21 de Brasil y que dupliquemos ampliamente los 31.4 de Colombia, que un año antes presentaba el doble, 61 mil 7847 homicidios por cada 100 mil personas? ¿Si los tres miembros encuestados de una familia conocen un mismo homicidio, éste es registrado como un solo delito o como tres? ¿Y por qué la encuesta inquiere obsesivamente si las muertes son causadas por las FARC o por el ELN, o si el entrevistado desconfía de los tribunales venezolanos? ¿Trata de probar la aserción imperial de que Venezuela es la base de los rebeldes colombianos o de que nuestros tribunales deben ser suplantados por la Corte Interamericana de la OEA?

 

¿Esta supuesta percepción es veraz? En la investigación para Latinobarómetro La seguridad ciudadana: el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammert afirman que cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión es un conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador, es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta.

 

Y añaden que hoy día en América Latina las crisis de representación y liderazgo le han entregado a las encuestas de opinión pública un rol y expectativas que no pueden cumplir. Ellas son vistas como sustitutas de liderazgos que nunca podrán cumplir, porque las encuestas de opinión recogen una visión estática y miope de la realidad. En todo caso, dicho estudio de Latinobarómetro, que utiliza datos de 2008, no deja tan mal parada a Venezuela. Inquirió de una muestra de ciudadanos de 20 países que calificaran, en una escala de 10, el nivel de violencia de su país. El promedio fue de 5.6; los países percibidos como más violentos resultaron, respectivamente, Guatemala, con siete; El Salvador, 6.4, Brasil, 6.3, y México, 6.2. Colombia está en el puesto seis. Los menos violentos resultaron Venezuela, Nicaragua y Chile, empatados en un puntaje de 4.8; Paraguay, 4.7; Ecuador, 4.6, y Uruguay, cuatro. El nuestro estaría en el cuarto rango de menos violento de la región.

 

¿Cómo se explican estas diferencias de encuesta a encuesta en la percepción de la inseguridad? Ocurre que no es lo mismo percepción que ocurrencia real de delitos. Eleazar Díaz Rangel señala en Últimas Noticias, del 16/11/2011, que en Venezuela 27 por ciento de los encuestados en 2010 dijo haber sido víctima de delitos, pero que 64 por ciento afirmó que la inseguridad es el primer problema: la percepción de la inseguridad superaba el número de delitos reales en 37 por ciento, y casi lo duplicaba, registrando la diferencia más alta de la región. Opina Díaz Rangel que la alianza de partidos de oposición y medios de comunicación explica esta diferencia. Urge entonces precisar y cuantificar la magnitud real y objetiva, y no la percepción del problema.

 


¿Y las cifras reales de homicidios?, se preguntará el lector. Inútilmente consultará los informes de la fiscalía: presentan sólo cifras totales de delitos, como si fueran lo mismo asesinatos que amenazas o arrebatones. Tampoco los informes de la Defensoría del Pueblo presentan cifras reales y particularizadas de homicidios. Grupo de Investigación Social Siglo XXI apunta que entre 1990 y 2000 la tasa promedio de delitos fue de mil 163.2 por 100 mil habitantes, y entre 2000 y 2008 disminuyó hasta 954.3, pero tampoco distingue entre tipos de delitos. Y en efecto, si nos referimos al número total de éstos y consultamos www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes, encontramos que el país con mayor cantidad es Estados Unidos, con 11.878.218 crímenes, en una lista donde Venezuela apenas ocupa el puesto 34, con 236 mil 165 delitos. En el estudio Violencia interpersonal y percepción de la situación de seguridad ciudadana en Venezuela 2010, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) afirma que 90.2 por ciento de los encuestados señalan la inseguridad como el principal problema a enfrentar en el país, seguido por el desempleo, alto costo de la vida, vialidad y escasez de alimentos, y que 82.9 por ciento de las personas siente que la inseguridad en el país ha aumentado, pero se basa en la citada encuesta de percepción del INE y en investigaciones hemerográficas que principalmente atestiguan la voluntad de los medios de exacerbar el pánico. Las mismas fuentes esgrimen todos los ensayos de la oposición sobre el tema. He consultado a altos funcionarios de los poderes públicos; ninguno me ha proporcionado cifras reales y fácticas de homicidios.

 

No es como para andar dependiendo de percepciones y subjetividades imprecisas en momentos cuando el poder real se gana o se pierde mediante campañas sobre la inseguridad. No podremos enfrentarla mientras el tema se reduzca a encuestas de percepción que alimentan el pánico mediático y a pánicos mediáticos que exacerban la percepción en las encuestas. Percepción no es lo mismo que victimización. Y esa percepción no refleja los consistentes esfuerzos del gobierno bolivariano en pro de la seguridad: abrupta disminución de los niveles de pobreza, creación de la Policía Nacional, instauración de una universidad nacional de la seguridad, incremento de la dotación y del personal de los cuerpos de orden público, campañas de eliminación de armas de fuego. Compilemos las cifras verdaderas, obremos en consecuencia y divulguemos eficazmente las medidas adoptadas para garantizar la paz y la vida. Encuestas certeras no aseguran la elección correcta, pero falsas encuestas pueden favorecer una elección equivocada.

 

PD: Según llevo anticipándolo hace años, la oposición demandará la anulación de las elecciones venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que siempre decide en favor de Estados Unidos. Realicé una larga campaña para que nos retiráramos de dicho organismo, hasta que todos los poderes públicos adoptaron dicha iniciativa. Pero gracias a una Gaveta Voraz que retrasó comunicar dicha decisión durante cinco meses, todavía está abierto el lapso de un año para que se introduzcan demandas contra la soberanía de nuestro país. Gracias, Gaveta Voraz, por favor concedido.

 

Luis Britto García, escritor venezolano, ganador del Premio Nacional de Literatura 2002 de ese país.

luisbrittogarcia-fr.blogspot.com

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Domingo, 21 Abril 2013 14:20

Dialéctica de la democracia

Dialéctica de la democracia

 

Edición 2013. Formato: 17 x 24 cm, 352 páginas
P.V.P:$35.000 ISBN:978-958-8093-92-5

 

Reseña:

Antonio García resalta, en "Dialéctica de la democracia", la pluralidad de imágenes de la "democracia": la liberal burguesa de tipo formal, representativa, política; la populista, basada sobre la redistribución de los ingresos y el acceso a nuevas clases y nuevas fuentes de poder, mediante la instauración de un Estado asistencialista, paternalista; y la socialista, que en distintos grados apunta a diversas formas limitadas de democracia económica o social. Frente a este fraccionamiento de la democracia, el Maestro Antonio García Nossa plantea frontalmente que el desarrollo económico es un todo y debe integrarse al desarrollo social, político, como arte y parte de una misma ecuación humana, social e institucional, lo cual encuentra plena vigencia en las discusiones que como sociedad tenemos que afrontar en la actual coyuntura que vive el país.

 

Antonio García Nossa. Nacido en Bogotá el 16 de Abril de 1912.Su obra, amplia y vital, en lo fundamental desconocida en nuestro país, resume la vivencia que tuvo en distintos países del continente, donde fue asesor de diversos gobiernos, en especial de asuntos agrarios, desde la primera presidencia de su amigo boliviano Hernán Siles Zuazo, pasando por el presidente socialista, el militar peruano Juan Velasco Alvarado, hasta el socialista chileno Salvador Allende.Otra faceta de su vida, la docencia, la practicó con dedicación a lo largo de América Latina, desde Argentina hasta México.

 
 
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Miércoles, 10 Abril 2013 07:08

La democracia como verdad y mentira

La democracia como verdad y mentira

En agosto del año pasado celebramos en Centroamérica el 25 aniversario de los acuerdos de Esquipulas, la llave para la solución política de la guerra que envolvió a toda la región a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado. Y este mes se celebra un cuarto de siglo de los acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno sandinista y la Resistencia Nicaragüense, la contra, que abrieron el camino hacia las elecciones pacificadoras de 1990, y que el sandinismo perdió.

El escenario global cambiaba entonces, se deshacía el bloque soviético, se acababa el mundo bipolar, y en esta pequeña esquina del tablero la democracia se convertía por primera vez en décadas en el actor principal, y decisivo. Desde entonces empezamos a elegir gobiernos sin importar más su color ideológico, y los golpes de Estado se volvieron asuntos del oscuro pasado, salvo por el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, que ojalá siga siendo una excepción. Hay dos gobiernos electos provenientes de organizaciones guerrilleras, en El Salvador y Nicaragua. También hay en Guatemala un presidente que procede de los altos rangos militares, pero no a consecuencia de un golpe de Estado, sino de elecciones democráticas. Podemos afirmar que por primera vez estamos viviendo bajo las reglas de la democracia representativa.

 

El promedio de participación electoral en Centroamérica ronda 70 por ciento, contra 40 por ciento o menos en Estados Unidos. ¿Qué hemos ganado, en fin de cuentas, hasta hoy? Que en la gran mayoría de nuestros países podemos votar con confianza, sin temor a los fraudes. Es una cuenta positiva, pero para defenderla hay que ponerla en cuestión. No podemos dar por garantizado que no habrá retrocesos. Que las instituciones no sean manipuladas, ni malversadas, ni sujetas a voluntades autoritarias, ni a la corrupción, ni a las influencias del narcotráfico, o lo que es peor, a una mezcla maligna de todo eso.

 

¿Funciona entonces la democracia en Centroamérica? ¿Son las instituciones suficientemente sólidas? ¿Tenemos garantizada la supervivencia del sistema a largo plazo? ¿Son los jueces independientes del poder político? ¿Existe de verdad la libertad de expresión en todos los países del área? ¿Se puede confiar en la transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Nos hemos librado de la impunidad? ¿Se ha ausentado para siempre el caudillismo? Desgraciadamente no. Las elecciones periódicas no son capaces de responder por sí solas a este conjunto crucial de preguntas. Un sí a todas ellas significa la plena democracia. Pero aún tenemos varios no pendientes.

 

Y entre todas esas preguntas, hay aún otra de trascendental importancia: ¿ha sido capaz en estos años la democracia de generar bienestar? ¿Ha sido capaz de producir cambios estructurales? Reducción en los niveles de extrema pobreza, distribución equitativa de la riqueza, un sistema tributario justo, empleos calificados, la ampliación de la clase media. Cambios profundos en el sistema educativo, para que llegue a ser capaz de producir desarrollo real. Cobertura universal, escolaridad básica de al menos ocho años, tasas efectivas de retención escolar, calidad de la educación. ¿Cuánto más se está invirtiendo en la educación? Las instituciones financieras y la Unesco aseguran que, sin duplicar al menos la inversión en educación, las modestas tasas de crecimiento alcanzadas hasta ahora en Centroamérica seguirán congeladas, y en el futuro seguiremos teniendo, por tanto, un desarrollo mediocre. Marcar el paso no es avanzar. Y para avanzar se necesitan dos bases imprescindibles: educación e institucionalidad democrática.

 


La autocracia sigue siendo una amenaza. Cuando el poder personal debilita a los partidos políticos y debilita a la sociedad civil, la democracia empieza a asfixiarse. Es mala la excesiva fragmentación política, porque perjudica el sistema de partidos y convoca la ingobernabilidad; y es mala la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona porque destruye la participación democrática y a la postre llegará a transformarse también en ingobernabilidad, como la historia nos enseña.

 

Un primer balance razonable nos debería convencer de que, pese a todos sus tropiezos, y a veces retrocesos, la democracia es una obra en marcha, que se sigue por el sistema de prueba y error en el que, al menos eso deseamos, la cantidad de yerros vaya siendo cada vez menor que la de aciertos. Los ciudadanos, mientras más ciudadanos sean, elegirán cada vez mejor. Y mientras más educados sean, elegirán aún mucho mejor. Siempre que no se les impida. Y para que el voto sea confiable y efectivo, los órganos electorales deben ser ejemplarmente transparentes e independientes.

 

La democracia tiene que enfrentar amenazas, y algunas de ellas son mutables. Cambian de rostro y de ropaje. Hoy escuchamos hablar de proyectos políticos de nuevo socialismo, que, precisamente porque en su concepción populista marginan la participación pluralista de la sociedad, se convierten en proyectos antidemocráticos. Éstas son más bien utopías regresivas, porque, por desgracia, la ambición de controlar a la sociedad desde el poder es de vieja data en el continente americano, y no nos dice nada nuevo.

 

Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible. Es lo que ocurre en Nicaragua.

 

Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia, o más bien la destruye. La historia de América Latina puede ser vista también como un museo, donde estos proyectos mesiánicos y mentirosos se apolillan en sus urnas

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Acuerdo de paz con reforma política y electoral a fondo

Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno Santos y las farc, y muy posiblemente el eln, apuntan, según diversos fuentes, a finalizar por el bien de Colombia con excelentes resultados, es decir, en la paz que tanto anhelamos. Pero dicha paz no puede ser lograda a cualquier precio, en especial en lo referente a la participación política de los alzados en armas en futuras contiendas electorales. De ahí que sea indispensable realizar una reforma política y electoral a fondo.

 

La peor apuesta que puede hacer el "sistema", es entregarle unas cuantas curules a los hoy alzados en armas, o disponerles un sistema transitorio de favorabilidad con tal que elijan unos cuantos parlamentarios en las elecciones de marzo de 2014. Nuestro "sistema" es dado a los tiempos rápidos, mientras la guerrilla se caracteriza por lo tiempos pensados. Ni el uno ni lo otro, pero las reformas citadas sí son necesarias.ç

 

Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso "y que después la molemos", es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías.

 

En Colombia, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del "sistema" a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 5.000 millones de pesos, en especial en la costa Atlántica, ya da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.

 

Estas son algunas imágenes de la corrupta cotidianidad que apabulla al régimen político colombiano y a su sistema electoral, pero se pueden citar miles de sus perversos ejemplos: congresistas que se apropian de entidades públicas –como base de su entendimiento con el Gobierno–, como sucedió con los conservadores en el entonces Seguro Social, con Efraín Cepeda a la cabeza, lo cual le permitió pasar en pocos años de ser un inédito congresista en Bogotá a obtener 7.000 votos en el 2010 en la capital de la República, colocando además a su exdirector como concejal capitalino, el flamante Roger Carrillo, investigado por desfalco. Un simple ejemplo de cómo opera, de manera mancomunada, nuestro sistema político y electoral (Ver: Penumbras y demonios en la política colombiana, ediciones Desde Abajo, 2011).

 

Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, más no excluidos, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas "cumbres" sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.

 

En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que "Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría".

 

Por esto, entre los puntos de acuerdo por establecer en La Habana deberá estar el derecho de acceso a la información del Estado, clasificada o no; la presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera. Son todos estos aspectos a tener presente en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años.

 

Pero si el "sistema" aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar a la democracia y a la sociedad, empezando por vencer sus egos, "ismos" y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.

 

Por ALFREDO DE LÉON MONSALVO, magister en ciencia política, Universidad de los Andes.

 

Publicado enEdición 189
“La matanza de Curuguaty fue una conspiración”

Es el candidato del Frente Guasú, la alianza formada para tratar de reconquistar el gobierno del desplazado Fernando Lugo. Aquí, explica cómo se rearma la base política de los sectores progresistas y qué proponen al electorado paraguayo. También da cuenta de la investigación sobre la masacre de campesinos y policías que derivó en el golpe al ex presidente.

 

–La gestión de gobierno de Fernando Lugo, ex obispo y ex presidente, terminó en un juicio político que pareció una abreviada obra teatral. Ahora, ¿cómo se preparan para el inicio de la próxima etapa en la joven democracia paraguaya?

 

–Dos elementos son los fundamentales. Uno tiene que ver con la defensa de un gobierno de cambio que, en su primera etapa, avanzó en muchos frentes en sus casi cuatro años (del período de cinco) de gestión. Nosotros pensamos que los cuatro años de Fernando Lugo trajeron planteos reformistas con los que se inició un período de gestión que se caracterizó por varios aspectos positivos. En primer lugar, desaparecieron las persecuciones a los empleados, que era una práctica habitual cuando se daba un cambio de gobierno, incluso dentro de un mismo partido. Existía una suerte de persecución, una inestabilidad laboral en el sector público. Fue un acto de respeto hacia una enorme masa de trabajadores del Estado. En segundo lugar, se establece una política de derechos, contraria a una política prebendaria. A través de la universalización de la salud, la gratuidad del servicio de salud, se abre al país. Se amplían los servicios. Se establecen concursos para acceder a la función pública, prácticamente el 50 por ciento de la gente que entra a la función pública durante el gobierno de Fernando Lugo lo hace por concursos. Ese fue un hecho absolutamente inédito en el Paraguay. El antecedente era de cero por ciento en los gobiernos del Partido Colorado. Ni siquiera había concursos entre colorados. Se desarrollaron políticas sociales que empezaron a tener impacto en la sociedad. Se atienden las zonas más pobres, se van dotando de servicios de salud básica, se crea un sistema de transferencias condicionadas, entendiendo que son políticas sociales de emergencia en un país marcado por el 45 por ciento de pobreza rural.

 

–Una de las críticas más escuchadas era que los insumos no llegaban a destino, a los pobres que los necesitaban. Las mafias enquistadas en toda burocracia las hacían robar, o las vendían a terceros, o las hacían desaparecer.

 

–En un comienzo puede ser, pero eso era un proceso de perfeccionamiento continuo. Es decir, el pasar de dos millones de consultas anuales a ocho millones de consultas establece un ejemplo y una demanda enorme, nueva.

 

–Es razonable preguntar si los ocho millones de consultas están documentadas...

 

–Por cierto que sí. Hay que suponer que en algunas situaciones especiales un centro puede no haber tenido todos los insumos necesarios, pero no era habitual. Las setecientas unidades de atención a la familia que se abrieron en un período de casi cuatro años contaban con los elementos básicos para la atención primaria. Hay que recordar que esta red fue de cero a setecientos en cuatro años. Eran setecientos en las comunidades más pobres y más alejadas en el país.

 

–Es importante retomar el hilo de la explicación de la base sobre la cual usted y el Frente Guasú se relanzan ahora a intentar volver al poder.

 

–Sí, hay que retomar... Un primer eje es la defensa del gobierno, entendiendo que con sus dificultades y deficiencias había dado pasos iniciales en reformas que tuvieran como objetivo gobernar con un sentido de derechos y para todos los paraguayos, sin exclusión. Por otro lado, el proceso paraguayo tiene una democracia herida, una democracia institucional en la que el respeto a las normas, el respeto a la convivencia, ha sido reemplazado mediante un acto de fuerza que ha destituido al presidente Lugo y que esa democracia herida requiere ser restaurada.

 

–En ese sentido, ¿es razonable programar, cuando han sido derrocados como lo fueron, que puedan llegar a la Presidencia de la Nación?

 

–Sí, podemos, confiados principalmente en la voluntad ciudadana, entendemos que hay una ciudadanía que crece en sus convicciones democráticas. Mediante esas convicciones se empieza a ver qué actores políticos tienen coherencia democrática. Por otra parte hay amplios sectores de la sociedad paraguaya que reconocen los avances que se lograron durante el gobierno de Fernando Lugo. Avances reales. En tercer lugar, podemos estar confiados porque hoy contamos con un instrumento político mucho más desarrollado que es el Frente Guasú, con el que no contábamos anteriormente, ahora sí. Es una herramienta política que se está construyendo, que se consolida, y que se está proyectando con capacidad para disputar el poder. Hay capacidad de gestión y capacidad de definir objetivos. También hay que recordar, en este tercer lugar, que tenemos un contexto internacional favorable a un gobierno de carácter progresista que logró reintegrar al Paraguay a la comunidad internacional y la integración continental. Confiamos en avanzar con la presentación de una lista única, unida, de parlamentarios encabezada por Fernando Lugo como senador. Yo tengo mucha confianza en que la voluntad ciudadana creciente es por la democracia y por desprenderse del viejo modelo de Estado. Los compatriotas reconocen las enormes falencias que tiene el viejo sistema. Estamos en condiciones de repetir un triunfo electoral de las características de 2008, cuando llegamos al gobierno. Las condiciones ahora son más favorables que cuando llegamos hace cinco años. Tenemos el beneficio de la experiencia de gestión y una mayor conciencia democrática en la ciudadanía.

 

–¿Cómo se puede encarar una reforma agraria en un país que tiene una de las mayores concentraciones de propiedad de la tierra en América y buena parte del resto del mundo?

 

–Una reforma agraria, que tiene entre sus componentes fundamentales la tenencia de la tierra, solamente será posible con una base de una mayoría transformadora y un nuevo consenso social. No es posible encarar una reforma agraria si no se tiene un parlamento que pueda facilitar la elaboración de leyes que permitan llevar adelante la transformación como programa.

 

–¿Cómo ve la exclusión de Paraguay por Unasur y Mercosur? Puede ser visto como ventajoso para el Frente Guasú en una contienda electoral, aun cuando no es bueno para el país.

 

–Las sanciones son políticas, fundamentalmente, y no económicas. Pero el efecto es de exclusiva responsabilidad del gobierno golpista. Nosotros no somos responsables de esta circunstancia. Un segundo concepto es que la solución del problema paraguayo corresponde a la ciudadanía. Nosotros nos oponemos a todo tipo de repercusión económica que surja de las sanciones políticas. Este gobierno sufre el desconocimiento casi mundial (salvo quizás Honduras o Guatemala, que son de la peor reputación democrática). Pero el país tiene que superar este problema. El gobierno (de Federico Franco) está asilado, es de facto.

 

–¿Qué hacen ustedes como grupo y cómo van a proyectarse a futuro?

 

–Quizás primero el diálogo tenga que recorrer un poco del pasado. Participamos primero dentro del gobierno y más recientemente en el campo político en términos de ir asegurando la base política y social que pudiera sostener al gobierno de Fernando Lugo...

 

–Pero fracasaron...

 

–Llegó al gobierno con muchas dificultades, con un congreso adverso, que desde el inicio se convierte en un parlamento obstruccionista con una prensa hostil que, inmediatamente después de la elección de Lugo, empieza un proceso sostenido de hostigamiento, de desgaste, con el objetivo de derribar el gobierno. Por otro lado, también sufríamos una debilidad en el sentido de que habíamos llegado a las elecciones del 2008 con la centro izquierda fragmentada. Nos llevó a tener una muy pequeña presencia parlamentaria. Escasa. Era un gobierno con gran apoyo ciudadano, había un amplio consenso social acerca de la necesidad de una alternancia, de arrancar un proceso de cambio, había mucha confianza en la figura de Fernando Lugo como elemento positivo. El elemento negativo era una gran fragilidad institucional donde el poder legislativo, como el poder judicial, respondían al viejo Estado y el viejo sistema, y, por otro lado, una prensa que formó un cerco mediático inmediatamente después de asumir Fernando Lugo.

 

–¿Cómo se cambia eso en estas próximas elecciones...?

 

–En primer lugar, ya superamos la etapa de gran debilidad debido al desconocimiento de la gestión de gobierno, además de la debilidad parlamentaria...

 

–¿No podía ser que lo que se proponía en materia de cambio para la ciudadanía no estaba suficientemente explicitado en la campaña?

 

–Se llega con una posición bastante clara, se llega con una alianza política que, entre paréntesis, incluía a un partido Liberal Radical que resultó ser otro factor de debilidad. Constituimos una alianza patriótica para el cambio, una alianza que tenía esbozados seis grandes ejes de sus compromisos con la ciudadanía. Era un programa bastante claro que incluía saneamiento del Estado, ampliación del espectro de las políticas sociales, integración latinoamericana, reafirmación democrática, modificaciones de carácter fiscal, es decir había un esbozo claro que planteaba no solamente una alternancia, no sólo un cambio de color en términos de banderas, no sólo un desplazamiento del Partido Colorado del poder, sino que también interpretaba las demandas sociales principales que hay en el Paraguay. Esa es una transformación o más bien una reforma de carácter político y social que era un compromiso asumido ante la gente.

 

–Usted piensa que eso estaba bastante claro...

 

–Sí. El conflicto empieza a darse con el sistema dominante, con el “establishment”, empieza a darse cuando un gobierno va ampliando sus políticas sociales, que busca participar en un proceso de integración latinoamericana que busca el ingreso de Venezuela al Mercosur, que integra a Paraguay al Unasur, que se compromete con intenciones de democratización y avance en términos de integración. Cuando se inicia levemente un esfuerzo por aclarar la tenencia legal de la tierra en Paraguay, que es un capítulo oscuro de la legalidad paraguaya en el sentido en que gran parte de la propiedad de las tierras en el Paraguay tiene un origen oscuro, entonces, cuando se empiezan a tocar los grandes intereses, fundamentalmente en cuanto a la tierra, entonces sí ya tenemos un nivel de conflictividad mucho mayor. Otro elemento de fricción también se da cuando desde el gobierno se empieza a plantear la democracia participativa, entendiendo que, si bien las instituciones constituyen un avance democrático, estas mismas tienen que perfeccionarse; sin embargo, cuando el gobierno habla de democracia participativa genera una reacción de los sectores conservadores que entienden que esto puede llevarlos a situaciones incontrolables para ellos.

 

–Usted mencionó el plan de actuar dentro de lo que es Unasur... Como parte de la campaña electoral de ahora, ¿cómo quedará esa idea luego de una elección bien llevada? Para “afuera”, ¿puede quedar superada la controversia, olvidarse como un incidente en el Congreso? ¿Enterrarse el conflicto político teórico además de práctico? ¿Cómo se transmite, dentro y fuera del Paraguay, el concepto, la idea duradera, de que esto fue un golpe de estado parlamentario? ¿O quedará para muchos la idea de que no fue un golpe, y listo?

 

–En primer lugar, tomemos lo político. Hubo un golpe. En nuestra lectura, y sin lugar a dudas, el golpe resultó producto de una conspiración que se inicia con la matanza de Curuguaty. (En el norte del país, en junio 2012, cuando fueron muertos a balazos seis policías y once campesinos. El 15 de enero se mostró en Asunción por primera vez un video documental de la matanza.) Entre la matanza y el golpe hubo una semana nada más.

 

–Pero no vamos a pensar que la conspiración se genera y ejecuta en una semana...

 

–Eso ya lo dijimos. La conspiración estaba instalada desde el comienzo del gobierno de Fernando Lugo. Involucraba con mucha fuerza al Partido Colorado y el Partido Unace (del general Lino Oviedo, muerto en un accidente en Hayes, el 2 de febrero). A comienzos del gobierno de Lugo ya hubo una denuncia de una reunión en donde se habla del juicio político. El gobierno de Lugo fue amenazado en 23 oportunidades con el juicio político. Ocurre en el intento número 24, un primer shock social que conmociona al país porque no había sucedido nunca, culmina en Curuguaty donde una oscura situación recibe una lectura comunicacional que la presente como una suerte de matanza entre campesinos y policías. Los grandes intereses empiezan a hablar de juicio político. Los primeros que hablan así son la unión de gremios de la producción y la asociación rural del Paraguay, las dos entidades más grandes del país. La primera representa a los grandes sojeros –que se han beneficiado en enormes niveles de exportación– y los latifundistas en general, y, por el otro lado, son los ganaderos. El tema lo toma el Partido Colorado en la persona del empresario y dirigente deportivo Horacio (Manuel) Cartes (Jara), que en enero acusó al gobierno de Federico Franco de irregularidades. Cartes es el que arrastra el Partido Colorado y luego el Liberal en el juicio político. Se suma luego a la conspiración un partido de centro conservador, Patria Querida. Nuestra lectura política muestra que Curuguaty no fue un enfrentamiento sino una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar una orden de desalojo de un juez. Había una gran fuerza policial y unos cuarenta campesinos, con sus hijos y sus esposas. El objetivo del gobierno de Lugo en esta situación siempre fue mantener la paz.

 

–¿Han identificado a los atacantes? Usted dice que eran muy buenos tiradores...

 

–Han desaparecido, pero los policías pudieron describir la situación. Es territorio controlado por el narcotráfico, muy marcado por el crimen. Incluso pocos días después de la masacre, a poca distancia del lugar, se encuentran enormes plantaciones de marihuana. Hay pistas de despegue y aterrizaje, una infraestructura de apoyo para este tipo de gente. Eso es nuestra lectura política de la situación que une Curuguaty con el golpe parlamentario. Otro elemento que se ha sumado fue el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, a comienzos de diciembre pasado. Era un importante referente en la investigación de la masacre. Fue asesinado por dos sicarios, en su casa.

 

–Mi pregunta inicial viene a ser puntual ahora, ¿qué van a hacer ustedes, los que han sido desplazados por esta conspiración?

 

–Tenemos que seguir en la legalidad. Sabemos que la Constitución atribuye al parlamento la posibilidad de hacer un juicio político. Este no es cualquier juicio político. El presidente de la república no fue puesto por el parlamento, que si fuera así se le retira el apoyo parlamentario para destituirlo. En esto hablamos de un juicio político con causas bien fundamentadas, donde tiene que haber una acusación con pruebas capaces de respaldar acusaciones específicas. Y, por otro lado, tiene que haber un derecho a la defensa razonable, constitucional, garantizado. Acá las acusaciones están basadas en recortes periodísticos, en vaguedades, sin sustento legal. La defensa ha tenido menos de 24 horas para prepararse, y tuvo dos horas en el recinto. Fue una comedia.

 

–Bueno, ¿qué se hace ahora para superar esta situación?

 

–Hay que esclarecer... Hay que sentar el precedente de una investigación documentada que se constituya en un testimonio histórico. Desde el punto de vista político estamos llevando el mensaje a la ciudadanía. En cuanto a las investigaciones existen varios equipos que están trabajando para ofrecer un testimonio fuerte, el más conocido de los equipos se llama Plataforma de Investigación. Ha atraído técnicos extranjeros y ha aportado importantísimos datos en cuanto a la interpretación de los videos, la característica de las balas y de las vainas que se han encontrado. Hay filmaciones, algunas tomadas en el lugar, otras de la policía... Hubo muchas dificultades para lograr este material por las obstrucciones de la fiscalía. Esta fiscalía paraguaya sostiene la tesis de un enfrentamiento campesino-policial. Es una tesis que cada día se deshace más por la envergadura de las heridas de las personas fallecidas. Hay que imaginar que de ese grupo de treinta campesinos con siete escopetas precarias, sólo dos de ellas presentan evidencia de haber sido usadas, no pudieron herir de muerte a seis policías que estaban con chalecos antibalas y a cada uno muerto con tanta puntería para recibir balas en la cabeza o en el cuello. Además fueron heridos 24 policías. Hay gran desmesura entre la capacidad de fuego denunciada y el daño real causado. Es tan grave la investigación de la fiscalía, y tan tendenciosa y tan irregular y tan falta de garantías para la sociedad, que están sólo imputados los campesinos. No hay investigación oficial y formal. Tampoco hay ninguna información de cómo murieron los campesinos. Parece que hubiesen sido muertos entre ellos o de la nada.

 

Bueno, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista político, difundimos nuestra interpretación. Sigue la investigación a fin de lograr cada vez más claridad. Y desde el punto de vista jurídico, hemos reunido juristas nacionales e internacionales que han hecho diferentes interpretaciones. En enero, presentamos un libro de Emilio Camacho que registra todo lo que se ha hecho. Vinieron juristas chilenos, argentinos, también paraguayos, colorados y liberales, quienes dieron su lectura jurídica del juicio político.

 

–¿Qué efecto puede tener ese documento?

 

–Hay una convicción generalizada en la sociedad paraguaya de que Curuguaty y el golpe estaban vinculados, de que fue una arbitrariedad, un abuso del derecho que tiene y tendrá repercusión internacional y un abuso de la Constitución. El juicio político quedará como una acción sin sustento mínimo al no respetarse derechos básicos, como es el derecho a la defensa.

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Lunes, 18 Marzo 2013 06:34

La alcaldesa de Lima salva su cargo

La alcaldesa de Lima salva su cargo

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, mantendrá su cargo, según los resultados que han difundido dos conteos rápidos de sendas encuestadoras la noche de este domingo (las primeras cifras oficiales se conocerán mañana), que indican que más del 50% de los limeños refrendaron el mandato de la regidora en las urnas, después de que había sido sometido a un referéndum. Así se ha cumplido la hipótesis que hace un par de semanas lanzó el psicólogo social Hernán Chaparro durante una reunión entre encuestadoras y la prensa: comentó que el electorado limeño tiene un sentido de justicia, y que si votaba por la permanencia de la alcaldesa Susana Villarán en el cargo, castigaría a los concejales. Villarán continuará en el cargo y parte de los concejales deberá irse. Ello podría causar una nueva elección de regidores antes de fin de año.


 
Al 50% del conteo rápido de votos en mesa, realizado por la encuestadora Ipsos Apoyo, la opción por el "No" a la revocatoria de la alcaldesa obtuvo un 51,5% y el "Sí" un 48,5%; en tanto que la agencia Datum Internacional, al 100% de su conteo rápido, registró un 51.1% a favor de la permanencia de la alcaldesa y un 48.9% optó por su salida.


 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportará el 50% del conteo oficial el lunes a las 6.00 (hora de México, 13.00 España peninsular), sin embargo, la alcaldesa Villarán y su principal aliada en la campaña por el "No", la demócrata cristiana y su exrival en las elecciones municipales de 2010, Lourdes Flores Nano, han dado ya por buenos los resultados extraoficiales.


 
"El ‘no’ que han expresado hoy millones de limeños significa apostar por un presente en paz. Hoy ganó Lima. Nadie ha perdido. Mi descanso vendrá al final de mi gestión de cuatro años. Gracias a ustedes terminaré con reformas que he iniciado", afirmó esta tarde la alcaldesa. En 2010, Villarán se presentó a las elecciones bajo el paraguas de una débil coalición de organizaciones de izquierda, llamada Fuerza Social, y también sufrió el rechazo de la mayoría de la prensa durante la campaña municipal, que prefería a la candidata conservadora Lourdes Flores.


 
Villarán asumió el cargo en enero de 2010, con una diferencia de 0,91% de su competidora Flores Nano —cerca de 35 mil votos— y encontró rápidamente la oposición de sectores afines al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, que amenazaron con revocarla. Durante su campaña para llegar al sillón municipal, Villarán había criticado hechos de corrupción de la gestión de Castañeda. En la campaña para su revocatoria, desde enero de este año, Castañeda apareció muy esporádicamente, pero los personajes principales de su partido Solidaridad Nacional, fueron portavoces del "Sí".


 
Flores Nano ha ganado reconocimiento político al respaldar a una ex rival y colaborar con que su partido se comprara un pleito que otros demócrata-cristianos veían como ajeno inicialmente, queriendo solo salvar a los concejales del Partido Popular Cristiano cuya cabeza también peligraba. La exparlamentaria del PPC también ha tomado como propio el resultado del domingo a favor de la continuidad de la alcaldesa Villarán. “Es la primera vez que celebro una victoria”, expresó la líder demócratacristiana, quien ha candidateado anteriormente para la presidencia de la república en 2001 y 2006, sin suerte.


 
Tres regidores del PPC se pronunciaron a favor de la continuidad de la alcaldesa de Lima en los tres últimos meses, luego de que en 2011 habían sido críticos y fiscalizadores de la gestión de la alcaldesa. Tanto Villarán como Flores se han felicitado de que en este periodo de la campaña del "Sí’ y del "No" haya surgido una generación de políticos de orientación ideológica distinta que se han puesto de acuerdo en prioridades sobre la ciudad: la reforma del transporte, la seguridad ciudadana y los programas de mejora de saneamiento e infraestructura en distritos populares de Lima, entre otros aspectos. “Ha surgido una nueva generación política de primer nivel”, declaró Flores.


 
Pero otro factor aseguró también que Villarán pueda llegar al fin de su mandato de cuatro años: el hecho de haber convocado al publicista franco-argentino Luis Favre, sobrenombre de Belisario Wermus, el mismo asesor que tuvo Ollanta Humala en 2011 cuando era candidato a la presidencia. Un asesor enviado por el Partido de los Trabajadores en ese entonces. Favre volvió a traer a Lima a por lo menos tres expertos brasileños que conocieron la dinámica política peruana, para trabajar en redes sociales, análisis de encuestas, y producción de spots. Las encuestas favorables para el "Sí" en enero y febrero, solo remontaron en los últimos 15 días. Villarán dijo la noche del lunes pasado que había acusado recibo del mensaje de la ciudadanía y su malestar y que corregirá de ahora en adelante.


Por Jacqueline Fowks Lima 18 MAR 2013 - 06:35 CET

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Maduro se inscribió como candidato presidencial

Al firmar el acta de inscripción, recordó aquel llamado a votar por él que hiciera el propio Chávez casi tres meses antes de morir de un cáncer. Dijo que bajar la tasa de criminalidad será una de las prioridades de su gobierno.

 

Arropado por una multitud que lo acompañó durante buena parte de la jornada, el presidente encargado Nicolás Maduro inscribió finalmente su candidatura para las elecciones generales. El 14 de abril se enfrentará al opositor Henrique Capriles, en un ambiente caldeado por el cruce de acusaciones en torno de la utilización política de la muerte de Hugo Chávez. Maduro, un ex sindicalista y ex conductor de autobuses de 50 años, llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) manejando una furgoneta blanca, junto a su mujer y parte del equipo que lo acompañará en la campaña presidencial, luciendo una campera con los colores de la bandera venezolana. Allí inscribió su candidatura y entregó el mismo programa que presentara el fallecido mandatario para las elecciones del 7 de octubre, en las que venció holgadamente a Capriles.

 

El delfín y sucesor de Chávez se asomó al balcón del máximo órgano electoral que da sobre la plaza Diego Ibarra de Caracas blandiendo el puño en alto, en señal de fortaleza. Afuera, en la calle, lo esperaban miles de seguidores que se habían desparramado por los alrededores desde temprano. Lo recibieron al grito de “No volverán, no volverán” (al poder), en referencia a la oposición. “Aquí vengo a cumplir su orden. No soy Chávez, pero soy su hijo y todos juntos, el pueblo, somos Chávez”, respondió Maduro, en el esfuerzo de construir un perfil propio como candidato junto a la talla de la imagen del fallecido líder bolivariano. Al firmar el acta de inscripción, recordó aquel llamado a votar por él que hiciera el propio Chávez casi tres meses antes de morir de un cáncer.

 

Entre otras cosas, el presidente encargado prometió que acabaría con la violencia criminal en Venezuela –la tasa de homicidios fue de 55,2 por cada 100 mil habitantes en 2012, casi ocho veces la media mundial–, a la que consideró uno de los problemas más graves del país. “No puede haber armas para matar, para atracar, eso se tiene que acabar”, machacó, al anunciar un plan de desarme en los barrios de Caracas.

 

Miles de seguidores, ataviados con camisas con el rostro de Chávez, gorras rojas y banderas venezolanas, se manifestaron portando grandes fotos con la cara sonriente del líder bolivariano. “Maduro ha dejado claro que es el mejor alumno de Chávez, con un discurso a la altura. Es un líder que despunta como uno de los hombres más preclaros de la revolución. Chávez no se equivocó”, sentenció Nelson Díaz, de 60 años, luego de finalizado el discurso. En una pancarta que aparecía entre la multitud, podía leerse: “Maduro, leal a Chávez, leal a su legado”.

 

Asimismo, Maduro aseguró que había conocido acabadamente al fallecido presidente y arengó al chavismo a lograr el próximo 14 de abril los 10 millones de votos que el líder bolivariano no logró. Prometió luchar contra la corrupción, la inseguridad y mejorar la sanidad. “Puedo decir aquí, con su permiso comandante, que logré descifrar el alma de Hugo Chávez, el hombre, al que logré conocer desde cerca y desde adentro. Yo puedo decirles cómo sentía, cómo pensaba, qué quería para su pueblo, cómo sufría por los humildes”, indicó Maduro ante una plaza abarrotada por la gente.

 

Emocionándose hasta las lágrimas al recordar a Chávez, Maduro repitió, en un sensible discurso, la aspiración electoral que su padre político no pudo conseguir: “¡Diez millones por el buche!”. “¿Podremos cumplir, ahora sí, la meta de los diez millones?”, le preguntó a la multitud que lo acompañó a inscribir su candidatura a unas elecciones presidenciales que se celebrarán un semestre después de que Chávez ganara en octubre para definir quién será el encargado de conducir los destinos del país caribeño hasta 2019.

 

Además prometió luchar “contra la asquerosa corrupción que aún hay en diversos sectores del país, el burocratismo, la indolencia, la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos que se valen de sus cargos para abusar y enriquecerse”. “¡Corrupto traidor, vamos por ti!”, gritó. Por otra parte admitió que hay cosas que están mal todavía y dijo que atacará la mala dotación hospitalaria y la inseguridad ciudadana con mano extendida, y apretando el puño si no es retribuido. Adelantó su intención de visitar sin armas a los delincuentes en los barrios de Caracas para desarmarlos y que cese la matanza.

 

“Tenemos la responsabilidad de proteger al pueblo decente, al que no fue penetrado por la maldad de la violencia”, dijo, y afirmó que piensa redoblar el paso en la construcción de viviendas populares. Delante de una multitud enfervorizada y atenta a un discurso que se extendió más de dos horas, Maduro informó que su comando de campaña se llamaría Hugo Chávez Frías. “Este 14 de abril tienes la oportunidad de darle la victoria al comandante eterno e invicto para garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana y profundizarla”, lanzó. A su vez dijo que abolirá instituciones de la oligarquía, entre las que identificó la figura de la primera dama, que “usan vestidos y copetes”.

 

Con alusiones a su contrincante Henrique Capriles, Maduro desplegó un estilo discursivo con algunos momentos de color. “Me gustan las mujeres”, expresó en un momento y besó a su compañera de toda la vida, Cilia Flores, de quien dijo que dejará la Procuraduría del Estado para pasar a de-sempeñarse en la secretaría ejecutiva de su campaña.

 

En el comando se destaca también la presencia, como jefe de Protección del Voto, del presidente del Legislativo, Diosdado Cabello, a quien se menciona como un supuesto rival interno del presidente-candidato. El jefe de campaña será el alcalde del municipio Libertador, en Caracas, Jorge Rodríguez, nombrado por Chávez al frente del Comando de Campaña Carabobo. Otros funcionarios destacados en el equipo son el vicepresidente interino, Jorge Arreaza, en Programa de Gobierno; el canciller, Elías Jaua, en Planificación, Medición y Evaluación; el ministro de Energía, Rafael Ramírez, en Movilización; Adán Chávez, hermano del líder bolivariano, en Organización y Gestión Electoral; y en Propaganda, Agitación y Contrapropaganda estarán Maripili Hernández y Andrés Izarra.

 

Mientras tanto, ayer continuaba –por sexto día consecutivo– la peregrinación de cientos de miles de venezolanos para despedir los restos de Chávez, cuyo cuerpo continúa en la capilla ardiente en la Academia Militar de Caracas. Ante el féretro, seguidores del mandatario lo miran por un instante y se persignan. Algunos, incluso, hacen un saludo militar.

 

Los restos del mandatario serán trasladados este viernes al Cuartel de la Montaña, el antiguo cuartel general caraqueño desde donde Chávez lanzó el 4 de febrero de 1992 un fallido golpe de Estado que lo catapultó a la presidencia siete años después.

 

Para llevar los restos embalsamados de Chávez al panteón, donde descansan los del libertador Simón Bolívar, Maduro anunció que el gobierno propondrá una enmienda constitucional, que debe ser aprobada mediante un referéndum, pues para que un ciudadano entre allí deben transcurrir 25 años desde su muerte. Aunque no se refirió explícitamente a una consulta popular, el gobierno podría hacer coincidir esa convocatoria con las elecciones presidenciales.

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“Beppe Grillo es un personaje simpático”

Muchos creen que el ex cómico italiano Beppe Grillo logrará curar a Italia de todos sus males. Y así lo demostraron en parte los votos conseguidos por su Movimiento Cinco Estrellas en las recientes elecciones. Por el contrario, otros, progresistas como dice ser también él, lo consideran un tipo conflictivo, difícil de manejar y que podría tener una complicada relación con sus flamantes parlamentarios, con quienes se reunió el lunes por primera vez en Roma. Pero en cambio valoran el movimiento por él fundado.

 

El sociólogo Enrico Pugliese, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad La Sapienza de Roma, hace un análisis particular del “fenómeno Grillo”, que está poniendo en crisis al mundo político italiano y al país entero.

 

–¿Grillo y su gente son una revolución o simplemente un gran desbarajuste?

 

–Las dos cosas, creo. El movimiento es muy complejo. Grillo, desde mi punto de vista, no es un personaje simpático, ya sea por el exhibicionismo que lo caracteriza, ya sea por su agresividad, por afirmaciones fuera de lugar que ha hecho en algunas circunstancias. Pero él es el jefe de un movimiento que en su plataforma programática presenta varios puntos que se pueden condividir. Uno muy importante se refiere al “conflicto de intereses”. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada hasta ahora contra algo que ha permitido el proseguir de Berlusconi?

 

–¿Qué se entiende por “conflicto de intereses”?

 

–Berlusconi es una persona que se ha enriquecido usando la corrupción y que, hasta que se demuestre lo contrario, además, está acusado de abusar de menores, de hacer orgías en su casa. El conflicto de intereses se refiere en particular al hecho de que él controla muchos medios de información (varios canales de TV, diarios y revistas), pero pudo igualmente ser jefe del gobierno. También se refiere a las leyes “a medida” que se hizo votar en el Parlamento. Grillo propone detener a Berlusconi con una ley sobre el conflicto de intereses. Y esto es importante.

 

–¿Pero Grillo es o no progresista?

 

–Mientras Grillo es un personaje poco simpático, exhibicionista, que cambia de idea fácilmente, que ofende, insulta, que es prepotente y si uno tiene diferencias con él, le dice que lo echará a patadas, el Movimiento Cinco Estrellas no es como el personaje. En el programa de los “grillinos” hay muchos elementos democráticos y progresistas, como por ejemplo la defensa de los bienes comunes y de los bienes ambientales. El movimiento tiene elementos negativos, pero también positivos. Las analogías con el fascismo son todas equivocadas. En todo caso podrían tener analogías con el peronismo.

 

–Tal vez hay que entender a quienes integran ese movimiento.

 

–Son jóvenes, están enojados, se sienten poco representados en las instituciones, tienen rabia contra los sindicatos, hay una crisis general, no tienen trabajo. Es una rabia que tiene seguramente elementos revolucionarios, entendiendo como revolucionario la necesidad de transformaciones radicales. No veo por qué un joven no debería votar a Grillo. No veo por qué los jóvenes desocupados no deberían estar enojados, incluso con el Partido Democrático que apoyó al gobierno de Mario Monti. Por lo demás, estos jóvenes dicen las mismas cosas que nosotros decíamos en el ’68. La campaña electoral de la izquierda no ha sido lo suficientemente dura con el gobierno de Monti.

 

–Pero, en su opinión, este movimiento recién nacido y con gente joven e inexperta, ¿está en condiciones de gobernar? Porque, al parecer, ellos quisieran presidir el nuevo gobierno.

 

–No sé si están en condiciones de gobernar, pero lo que sí sé es que cualquiera gobernaría mejor que Berlusconi. De esto no hay dudas. Tal vez ellos no están preparados, pero tampoco lo estaban los parlamentarios de Berlusconi o los de la Liga Norte. Pero se aprende...

 

–En definitiva, profesor, esto es una revolución.

 

–Es un gran desbarajuste con elementos positivos revolucionarios.

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Presidente Chávez ha fallecido tras batallar contra el cáncer que lo aquejaba

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en cadena nacional de radio y televisión que el presidente venezolano, Hugo Chávez, falleció luego de batallar contra el cáncer que lo aquejaba desde hace dos años.


Maduro hizo el anuncio en cadena de radio y televisión desde el Hospital Militar "Carlos Arvelo", en Caracas (capital), donde dijo que “a las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías”, expresó Maduro.


El Vicepresidente venezolano anunció que se ha previsto un despliegue especial de toda la FANB, de la PNB quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar a nuestro pueblo y garantizar la paz.`


“El respeto y la paz tienen que ir de la mano (…) Nosotros llamamos a todos los compatriotas a ser los vigilantes de la  paz, del respeto y nosotros asumimos comandante Hugo Chávez, sus rezos, su proyecto”.


También le dio las gracias a todos los gobernantes de países hermanos que manifestaron su solidaridad y recalcó que "sabemos que en esos pueblos radica el amor" para el Gobernante suramericano.


Por último, hizo un llamado a acompañar "hasta su última morada" al mandatario, e instó a hacerlo "juntos como una familia, la familia de esta patria que nos deja por herencia libres e independientes".


"Mucho coraje, mucha entereza (...) Tenemos que unirnos más que nunca (...) Vamos a ser dignos herederos e hijos de un hombre gigante como fue y como siempre será en el recuerdo Hugo Chávez", agregó.


Previamente, en horas del mediodía, hizo anuncios a través de los medios públicos donde fustigó los ataques de la derecha venezolana para adelantar una situación de desestabilización en el país e informó que dos funcionarios de Estados Unidos serán expulsados del territorio nacional por su relación con esas actividades.

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Grillo habla de un nuevo gobierno técnico

La última novedad lanzada por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) –que le está haciendo la vida imposible a Pierluigi Bersani, líder del centroizquierda, teóricamente con derecho a presidir el nuevo gobierno italiano– es que ellos “evaluarán” cualquier propuesta “alternativa a un gobierno de los partidos”. En otras palabras, Grillo y sus seguidores no votarán jamás a favor de un gobierno presidido por el Partido Democrático (PD, centroizquierda) o el Pueblo de la Libertad (PDL, centroderecha). Para que un gobierno italiano pueda nacer se requiere el voto de confianza mayoritario de las dos Cámaras del Parlamento, pero en el Senado, el centroizquierda no lo tiene. ¿Y entonces? ¿A dónde va Italia sin gobierno?

 

En la reunión que los parlamentarios grillinos hicieron ayer por primera vez en Roma, el flamante presidente electo del grupo en el Senado, Vito Crimi, habla de “gobierno técnico” como si ésta fuera una posibilidad ante el “no” de ellos a un gobierno de un partido. “Si se propone un gobierno técnico, lo evaluaremos, pero reiteramos nuestro no a un gobierno de partidos”, dijo. Crimi tiene 40 años y trabajaba hasta ahora como asistente judicial en la Corte de Apelaciones de Brescia.

 

En declaraciones a medios extranjeros, Grillo –que junto al ideólogo del Movimiento, Gianroberto Casaleggio, participó del encuentro de Roma– aseguró que el PD y el PDL “ya se han puesto de acuerdo para gobernar y nos quieren hacer pasar a nosotros como irresponsables. Irresponsables seríamos si nos aliáramos con ellos”, dijo. Y agregó: “¿Cómo se nos puede acusar de destruir algo que ya ha sido destruido? Ellos ya se comieron el país y ahora no están en condiciones de gobernar”.

 

Bersani y el PD están haciendo lo posible para conseguir la simpatía del M5S. Bersani ha dicho que, si le encargan formar gobierno, se presentará al Parlamento con un programa de ocho puntos a realizar en poco tiempo, entre ellos una ley contra la corrupción y otra contra las mafias, pero también una serie de intervenciones a favor de los sectores sociales más perjudicados. Pero eso a Grillo no le basta, aunque el programa de Bersani contenga muchos de los puntos que ellos tienen en el suyo. En realidad no confían en que los partidos cumplan su palabra.

 

En defensa de Bersani salió Massimo D’Alema, ex primer ministro, ex canciller y viejo dirigente del PD. “Un acuerdo con el PD está excluido, A Grillo le pedimos que asuma sus responsabilidades. Quien se presenta en las elecciones y obtiene un resultado así de importante tiene responsabilidades por cumplir”, dijo. “Ninguna solución gubernamental puede prescindir del PD”, que es la primera fuerza con sus aliados del centroizquierda, subrayó D’Alema.

 

El PDL, mientras tanto, insiste en la oportunidad de hacer un “gobernísimo” PD-PDL. “Es un momento complicado ante el cual todas las fuerzas políticas están llamadas a una seria reflexión. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la República cuando dice que es necesario garantizar la estabilidad y la gobernabilidad”, dijo el ex presidente del Senado Renato Schifani (PDL). El máximo líder del centroderecha, Silvio Berlusconi, está un poco borrado últimamente, ocupándose de otros asuntos personales que ahora, sin excusas electorales, debe enfrentar. Ayer, en efecto, en el famoso proceso llamado Ruby, en el que Il Cavaliere está acusado de prostitución de menores y de abuso de poder, el fiscal dijo que los elementos en su poder demuestran la responsabilidad del acusado porque las cenas del bunga bunga que se hacían en la residencia milanesa de Berlusconi eran “la expresión de un afianzado sistema de prostitución organizado para satisfacer el placer sexual de Silvio Berlusconi”.

 

El fiscal dijo además que ese sistema era organizado por Nicole Minetti (ex higienista dental amiga de Berlusconi), Emilio Fede (ex jefe del noticiero de Rete 4, televisión de Berlusconi) y Lele Mora (agente de espectáculos) y que el acusado, de un tiempo a esta parte, comenzó a remunerar con 2500 euros mensuales a los testigos del proceso. El viernes 8 de marzo, el fiscal solicitará la condena para Berlusconi, que después podrá ser confirmada o no por los jueces del proceso en primera instancia.

 

Para el 12 de marzo está previsto que se reúnan oficialmente por primera vez las dos cámaras del Parlamento y que el 18 empiecen las consultas con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien, según la Constitución italiana, dará el encargo de formar un gobierno a quien considere adecuado, generalmente el líder del partido o coalición que tiene la mayoría parlamentaria. Pero, dadas las condiciones, podría manejar otras opciones o llamar de nuevo a elecciones.

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