MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

A Santos se le acabó la Unidad Nacional y un bombazo lo sacude
Cuando hace más de veinte meses Juan Manuel Santos dio inicio a su gobierno, planteó un modelo político de Unidad Nacional para adelantar su gestión gubernamental. La fórmula se enraíza en el consociacionalismo, utilizado con cierto éxito en la época del Frente Nacional (1960-1974), para sobreponerse de la aguda violencia liberal-conservadora que produjo más de 500 mil muertos durante los años 50 del siglo XX.
 
La ingeniería política oficial se inclinó por incluir en el gabinete ministerial el mayor número de partidos/movimientos, con presencia en los eventos electorales que dieron forma al nuevo ciclo político del Estado colombiano. Sin admitirlo explícitamente, el propósito era corregir la excesiva polarización, interna y externa, propiciada por el caudillismo mesiánico de Uribe Vélez, quien potenció viejas facturas en la nación y acentuó rivalidades regionales/continentales, claramente inconvenientes para la estabilidad de la dominación liberal sobre el Estado y sus frágiles instituciones. El exceso ideológico (derechista, por supuesto) de Uribe, con su irritante discurso, no era sostenible por la perturbación que ocasionaba en los mecanismos de la compleja administración del poder político nacional.
 
En el gabinete ministerial quedaron representados todos los partidos del régimen dominante: la U (uribistas pura sangre y santistas), los conservadores, los liberales oficialistas, y con el paso de los días, se facilitó un cierto pluralismo en municipios y departamentos, complemento de la arquitectura gubernamental central, para que los verdes, progresistas, mira, pin, aico, polo y ais, accedieran a cargos de elección popular en alcaldías y gobernaciones. La oposición fue delegada, en el ámbito nacional, a un alicaído Polo Democrático, empantanado en descomunales escándalos de corrupción con recursos públicos distritales y en rudas luchas intestinas de facciones radicalizadas y desuetas.
 
No obstante, al discurrir el tiempo, cuando fue más notable la diferencia marcada por el "estilo político" de Santos, menos virulento e inclinado a cierta conciliación/consociacional, puesta en evidencia en la normalización de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, particularmente con Venezuela y el Presidente Chávez, la rivalidad entre las facciones se incubó y paulatinamente se escaló, llegando a niveles explosivos con el destape de los focos de corrupción que comprometían claramente a prominentes funcionarios  del régimen de la Seguridad Democrática.
 
Y llegamos al día de hoy en que prácticamente la Unidad Nacional ha saltado hecha añicos por la abierta y activa oposición de Uribe Velez, quien hace un cuestionamiento feroz a cada una de las políticas del actual gobernante de la Casa de Nariño, en especial al supuesto abandono de la estrategia de seguridad contra los grupos guerrilleros y a las estrechas relaciones con Caracas. Santos es tratado de traidor por Uribe y sus más cercanos asesores.
 
Los hechos están mostrando un evidente debilitamiento del gobierno de Santos,reflejado en las encuestas y en su marcada incompetencia para atender situaciones extraordinarias, como los desastres ocasionados por las tres olas invernales ocurridas recientemente y por la degradación extrema de la salud de todos los colombianos, en la que el sistema neoliberal ha provocado una ruina sin antecedentes, por los eventos de corrupción y despojo de millones de pacientes.
 
A lo que se debe agregar las presiones desde el Poder Legislativo, en el que poderosos caciques regionales, aprovecha el río revuelto para diezmar al Ejecutivo.
 
Tenemos, entonces, un escenario de extrema anarquía en el "bloque dominante" de la derecha oligárquica colombiana. El saldo neto de las tensiones, rivalidades y pugnas intestinas dio al traste con la Unidad Nacional de Santos. No exagero si sugiero un "hueco negro" en la actual gobernanza , originado en la "revuelta" delirante del ex presidente Uribe, con su fuerte incidencia en el desempeño político/social de actores institucionales y privados que lo acogen con entusiasmo.
 
Curiosamente es en esas circunstancias en que ocurre hoy, 15 de mayo de 2012, día en que también entra en vigencia un TLC oneroso con los Estados Unidos y en el que se hace un debate legislativo de una estrategia constitucional para negociar la paz, una acción dinamitera que por poco elimina al señor Fernando Londoño Hoyos, un conservador recalcitrante de la entraña de Uribe Velez.
 
A pesar de que algunos destacados oficiales de la policía se han precipitado a señalar a las FARC como la autora del hecho, en una ciudad controlada centímetro a centímetro por los abundantes dispositivos militares estatales, ciertos analistas exploran la hipótesis de un evento derivado de la crisis que se está dando en el Ejercito (por las peleas entre dos de sus más altos comandantes) y  de los bruscos ajustes en la Policía (por la salida de Naranjo de la Dirección general), toda vez que existirían ciertos núcleos de tenebroso recuerdo interesados en provocar cáos para organizarse camino en las cúpulas de dichas instituciones.
 
Es una metodología con antecedentes en la historia reciente de Colombia. Un poco antes del inicio del segundo mandato de Uribe Velez en el 2006, el Ejercito propinó 4 golpes (desactivó un taxi-bomba en un parqueadero, dos carros bombas más en lugares críticos y una casa bomba en Ciudad Bolívar), sobre los que después se supo que eran "falsos positivos", organizados por varios altos oficiales del Ejercito que utilizaban desertores de la guerrilla, para demostrar eficiencia en el momento de zozobra.
 
¿Se estará repitiendo la historia de "falsos positivos", en esta lucha intestina que estamos presenciando, la cual tienen enfrentadas, prácticamente a bala, a la derecha y la extrema derecha por el control del Estado? ¿Propicia el derrumbe de la Unidad Nacional este juego macabro de grupos radicales de la extrema derecha que quieren pescar en río revuelto a punta de bombazos y atentados?. Son cuestiones sobre las cuales no es inútil reflexionar.
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La izquierda roja se transforma en “izquierda marrón”*
La izquierda latinoamericana es cada vez menos roja y cada vez más marrón. La afirmación es del sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas. Según él, está quedando cada vez más claro que los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda se apoyan en la explotación de materias primas para alimentar el crecimiento económico. Nos hemos vuelto proveedores de materias primas para la globalización, acota él. Se rompe así el diálogo con el movimiento verde y la izquierda roja se transforma en marrón, destaca el sociólogo. El rojo, color simbólico de la lucha socialista, se subordina a la lógica del gran capital y, asumiendo el modelo extractivo –primario exportador– provoca grandes impactos negativos en el medio ambiente. Marrón es una referencia a los cráteres a cielo abierto, consecuencia de los megaproyectos que están en curso en todo el continente.
 
El modelo extractivo patrocinado por los gobiernos de izquierda y, también, por los de derecha en América Latina es definido por el escritor Raúl Zibechi como “apropiación de los bienes comunes, directa o indirectamente, para transformarlos en mercancía”. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, comenta que “la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”.
 
Prácticamente en todos los países de la región, desde México hasta Chile, comunidades tradicionales y campesinas se están levantando contra los grandes proyectos de desarrollo y de extracción natural que, embarcados en el boom económico de América Látina y en los altos precios de las materias primas, están promoviendo una nueva fiebre del oro en paisajes tan distintos como el desierto mexicano y la selva amazónica, comenta el escritor Tadeu Breda.
 
La obsesión por el crecimiento, la apuesta por los megaproyectos y la flexibilización del aparato normativo que protege el medio ambiente está en el núcleo de las tensiones sociales a las que asistimos en todo el continente. Marchas, protestas, ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social en América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de las movilizaciones son los conflictos ambientales. Una pequeña muestra de todo eso se puede ver aquí en Brasil: la agenda alrededor del Código forestal, la PEC 125 y la polémica acerca del reporte que envuelve la hidroeléctrica de Belo Monte y que sufrió tentativa de censura por parte de la ministro Maria do Rosário. En todos los conflictos el denominador común es la agenda ambiental.
 
En un breve vistazo por los países vecinos se ve lo mismo. La cuestión ambiental está en el centro de los conflictos entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas. Tomemos como ejemplo lo que está aconteciendo en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también, con un grado diferente, en Argentina, Colombia y Venezuela.
 

Conflictos ambientales estallan en el territorio latinoamericano

 
Los conflictos ambientales permean la coyuntura del continente latinoamericano. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrentó en los últimos días una marcha nacional contra sus políticas extractivas. El escritor Tadeu Breda comenta que desde 2009, después de la aprobación plurinacional, Rafael Correa sancionó una nueva ley de minas que abre camino a la explotación mineral en gran escala y a cielo abierto. A partir de entonces, el movimiento indígena abandonó la coalición política y social que había posibilitado la victoria del presidente y pasó a la oposición.
 
La ira del movimiento indígena se debe al hecho de que Correa firmó recientemente contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital Chino, para la explotación de un yacimiento minero en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú, una de las áreas del país más ricas en biodiversidad.
 
Se trata de uno de los cinco proyectos de mina considerados prioritarios por el gobierno de Correa. Decio Machado –citado en el reportaje de Claudia Fanti– afirma que “es el primer gobierno que convirtió la megamineria en una actividad estratégica que deja una marca sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano”.
 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento indígena ecuatoriano inició una marcha nacional contra las políticas extractivas del gobierno. La marcha salió de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país, recorrió toda la región andina hasta la capital, Quito, en el norte de Ecuador, donde llegó el día 22, Día Mundial del Agua. El presidente Correa, defendiendo el proyecto, dice que su gobierno apalanca una minería responsable social y ambientalmente, repitiendo su frase de que “no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”. Los manifestantes, a su vez, no aceptan “sobrevivir en un país devastado en las garras del miedo o de la indiferencia, un país con realidades paralelas de ríos muertos y de personas enfermas a causa de la contaminación minera y petrolífera, de personas que se consumen en el consumismo y de personas muertas en vida, sin memoria ni identidad, desprovistas de sus selvas y de su condición humana, entre árboles y animales masacrados”.
 
El escritor Tadeu Breda comenta: “Todos quieren el desarrollo del Ecuador, claro: pero no concuerdan con los métodos del gobierno. Avalan que el extractivismo de hoy es el mismo que nortea la economía ecuatoriana desde siempre –y tienen de su lado la verdad histórica de que vender materias primas para los países ricos puede que haya generado riqueza, sin embargo, jamás trajo desarrollo”.
 
En el Perú, otra marcha nacional, esta vez por el derecho al agua. “la movilización popular más importante desde la época de Fujimuri”, señaló Hugo Blanco en el reportaje de Claudia Fanti. En el centro de la marcha, que se llevó a cabo del 1 al 9 de febrero, está la oposición al proyecto Conga, inmenso plan de minería que prevé sacar varias lagunas de Cajamarca, en el norte del país. El proyecto es liderado por el grupo Yanacocha, la primera empresa de extracción de oro en América del Sur y la segunda del mundo.
 
En el currículum de esa empresa se destaca, durante los últimos meses del gobierno de Fujimuri, la devastadora fuga de mercurio en Choropampa, que costó la vida de más de setenta personas y que aún continúa impune.
 
Rechazado por el propio gobierno de Cajamarca, el proyecto Conga, que cuenta con una inversión de casi 5 billones de dólares, amenaza con destruir las reservas de agua dulce de la región produciendo, según los estudios de impacto ambiental del Ministerio del medio Ambiente, daños irreversibles al ecosistema y contaminando la cuenca del río Marañón, un importante afluente del río Amazonas. “Es un proyecto altamente depredador afirmó Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, que entra en conflicto profundamente con el momento que vivimos en el mundo y con el discurso del presidente Ollanta Humala” cuando, después de haber dicho: “¿Qué quieren ustedes, oro o agua?” y haber recibido una respuesta clara del pueblo: “queremos agua”, se comprometió a “defender los recursos hídricos de Cajamarca”.
 
El cambio de posición de Humala, que insiste ahora en explotar la minería, se debe al hecho de que el precio del oro subió mucho en el comercio internacional. Cabe destacar que en el mismo Perú, en 2009, el gobierno de Alan García promovió una verdadera matanza de indígenas en la localidad de Bagua, en el Amazonas peruano, a consecuencia de las protestas de los indígenas contra la entrega de sus territorios a empresas extractivas transnacionales para la explotación de hidrocarburos, madera y biocombustibles.
 
En Bolivia, a su vez, se anuncia una nueva movilización en defensa del Tipnis. En esa crisis que envuelve al presidente Evo Morales y al movimiento social, está la carretera de Tipnis –el proyecto de una autopista, de 306 kms. que atravesaría 1,2 millones de hectáreas del territorio indígena y el Parque Nacional Isidro Sécure (Tipnis) donde habitan 13 mil indígenas moxeños, yurakarés y chimanes. Las obras del trecho 1 y 3 ya están andando. El trecho principal, que es el 2, atraviesa 177 Km del Tipnis. La obra es de gran interés geoestratégico para Bolivia y para Brasil, como parte de un corredor para el transporte que conecta el Atlántico con el Pacífico. Los indígenas no aceptan la carretera y acusan al gobierno de no haberlos consultado sobre dicha obra.
 
En septiembre de 2011 fue duramente reprimida una marcha indígena en contra de la construcción de la carretera. La dura represión de la marcha desató una crisis sin precedente en el gobierno de Evo Morales y puso en jaque al gobierno plurinacional y pluriétnico. Para el momento el presidente anunció que estaban suspendidas las obras y al mismo tiempo pidió perdón a los indígenas. Ahora el tema volvió a generar tensión en el país.
 
El senado boliviano, con el apoyo del gobierno, aprobó la realización de una consulta para determinar si la carretera en cuestión podría o no atravesar el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
 
Los indígenas temen el aumento de la presión demográfica y la expansión de la frontera agrícola sobre el territorio. El gobierno argumenta que los indígenas de las tierras altas y valles, grupo mayoritario, apoya el proyecto y apenas los indígenas de las tierras bajas están en contra. Argumenta que esos indígenas estarían siendo manipulados por los grupos que hacen oposición al gobierno.
 
El conflicto está lejos de terminar y, en esencia, se oponen modelos y visiones diferentes. Bolivia, con la insistencia de construir la carretera, da muestras de que también sucumbió al modelo desarrollista. La elaboración de la estrategia económica en Bolivia tiene como uno de los principales mentores al sociólogo Álvaro García Linera que es el vice-presidente del país. Linera, marxista, intelectual respetado, una especie de portavoz autorizado de los objetivos estratégicos de Bolivia ya dice que el gobierno busca “un capitalismo con mayor presencia del Estado”.
 
Según Tadeu Breda la mejor manera de entender las manifestaciones en el Ecuador, y vale también para Bolivia, es tener en mente el contenido de la Constitución Plurinacional de esos países. La carta garantiza una serie de derechos innovadores en América Latina. Tres de los que ganan gran relevancia son: los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y el bien vivir.
 
Tales principios no funcionan independientemente uno de los otros, dice el escritor: “Si la plurinacionalidad otorga a las comunidades indígenas autoridad para ejercer su cultura (lengua, justicia, propiedad, economía) dentro de sus tierras, los Derechos de la Naturaleza garantizan que el medio ambiente bajo ningún aspecto pueda ser degradado más allá de su capacidad natural de regeneración. Eso significa, obviamente, un obstáculo legal para las actividades extractivas, hoy en día responsables por más de la mitad del PIB ecuatoriano. Por último, el bien-vivir es el proyecto de desarrollo que resulta de un sistema que respeta las tradiciones ancestrales y los ciclos naturales de el ecosistema en que se insertan. De ahí que la marcha en curso en el Ecuador se opone prioritariamente a las políticas extractivas patrocinadas por el gobierno”.
 

“El agua es más preciosa que el oro”: grito que hace eco en toda América Latina

 
Volviendo a los conflictos que tienen en su núcleo la problemática ambiental en el continente latinoamericano, también en la Argentina se manifiestan conflictos ligados a las actividades mineras. En Catamarca, una de las provincias más pobres del país, al noroeste de Buenos Aires, la población está en pie de guerra.
 
Hace algunas semanas la mayor parte de las vías están cerradas por centenas de manifestantes contrarios a la explotación a cielo abierto de la mina La alumbrera, por parte de la empresa canadiense Barrik Gold. En la provincia vecina de La Rioja, los habitantes protestan contra otro proyecto de la compañía canadiense Osisko Mining Corporation, en el Nevado del Famatina.
 
También en los gobiernos de derecha los conflictos ambientales abundan. En Colombia, una gran movilización popular llevó al Ministerio del Medio Ambiente a negar a la empresa canadiense Eco Ouro Minerals la autorización para un proyecto de explotación minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, en Santander, un complejo de lagunas que surte de agua a una población de 2,2 millones de personas.
 
En Panamá, luego de la movilización de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé quienes, desde el 31 de enero al 7 de febrero, bloquearon la vía Panamericana recibiendo un fuerte apoyo de la población, el gobierno de Ricardo Martinelli tuvo que ceder a las reivindicaciones indígenas, aceptando iniciar las negociaciones sobre la ley relativa a las actividades de minería y a la construcción de plantas hidroeléctricas.
 
Crítica es la situación en América Central, donde centena de proyectos mineros están a la espera de aprobación. En Honduras, en particular, donde ya habían sido entregadas más de 370 concesiones, fueron presentadas, después del golpe de 2009, otros trescientos pedidos de explotación minera, también a cielo abierto.
 
En Guatemala, 56 municipios se proclamaron libres de la actividad minera después de una fuerte presión popular. Como se puede ver, por los acontecimientos citados anteriormente, en Latinoamérica el boom de la minería genera cada vez más conflictos. El agua es más preciosa que el oro, ese es el grito lanzado en toda la región por comunidades campesinas, ambientalistas y científicas que denuncian el impacto socio ambiental de la explotación de minas a cielo abierto.
 
El caso brasileño, izquierda autoritaria y pérdida en la agenda ambiental PEC 125, Código Forestal y la hidroeléctrica de Belo Monte estuvieron en el centro del debate de la coyuntura brasileña en la semana que cierra. El caso de la PEC 125 es emblemático en esa perspectiva. En una sesión tumultuosa, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara aprobó el parecer del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), favorable a la admisibilidad de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que transfiere de la Unión para el Congreso Nacional la prerrogativa de aprobar y ratificar la demarcación de tierras indígenas. En caso de que sea aprobada definitivamente la PEC, significará una verdadera farra para los intereses de grupos en la explotación aún mayor de los territorios indígenas y quilombos.
 
El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cleber Buzatto, que acompañó la votación de la PEC con delegaciones indígenas de varias regiones del país, dice que la noticia de la aprobación fue recibida con tristeza e indignación por el liderazgo indígena, quienes consideran que dicha propuesta es inconstitucional. “La PEC rasga la Constitución en lo atinente al derecho de los pueblos indígenas y quilombos sobre sus tierras tradicionales”.
 
El Cimi acusa al gobierno de negligencia. Para Buzatto, éste no hizo nada para evitar la votación de la propuesta, pues el líder del gobierno no apareció durante la sesión para intentar una interlocución.
 
“Ni en el momento en que la situación estuvo tensa él apareció para demostrar solidaridad. Estamos entendiendo que, por el contrario, al no actuar directamente, el gobierno optó por la base vinculada al agronegocio y a la bancada evangélica”
 
La aprobación de la PEC 125 fue encabezada por el mismo grupo en el Congreso que está por detrás de la flexibilización del Código Forestal. “Aprobación de la PEC 215- Es el mismo grupo que está presionando para votar el Código Forestal”, twiteo el @CimiNacional.
 
La PEC 125 y el Código Forestal están en la misma lógica. El agronegocio quiere una legislación dócil que atienda a sus intereses económicos. En estos temas el gobierno ha sido omiso. Como destacamos en el último análisis de coyuntura, la agenda ambiental y la agenda indígena no son estratégicas en el gobierno de Dilma Rousseff, no se insertan en el proyecto de nación y, peor aún, están subordinadas a los sectores conservadores.
 
En la misma semana de aprobación de la PEC 125 el gobierno, a través de la ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, María del Rosario, protagonizó un hecho vergonzoso y autoritario contra la libre manifestación de los movimientos sociales. De nuevo, el nucleo del choque tuvo que ver con la agenda ambiental.
 
La ministra no concedió la palabra a los representantes de la sociedad civil convidados a la reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph). En la ocasión fue presentado y votado el informe de impresiones sobre Las violaciones de derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el Pará, redactada por la Comisión Especial designada por el Cddph. Después de apelar al reglamento interno del consejo que dice que los presentes solo pueden manifestar sus observaciones después de la deliberación de los consejeros, la ministro cambió repentinamente de pauta sin ofrecer la posibilidad del derecho de palabra.
 
La ministra quería que Belo Monte fuera retirado del informe.

En su opinión el documento debía abordar específicamente la cuestión de la violencia en el campo, y no denuncias de violaciones de derechos humanos a consecuencia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte.
 
“Es un informe sobre violencia. La cuestión de Belo Monte es un capítulo de ese informe. Sería a una irresponsabilidad de mi parte no colocar eso en el documento considerando que las personas que han sido escuchadas, las comunidades indígenas, las entidades de la sociedad civil y el propio Ministerio Público presentaron relatos de situaciones que pueden configurar violencia actual o futura relacionada con la construcción de la planta”. Dice el periodista Leonardo Sakamoto, de la ONG Repórter Brasil, que integró y fue designado como relator de la comisión especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph) que verificó las violaciones a los derechos humanos en la región conocida como Tierra del medio, en el estado de Pará.
 
No es ninguna novedad que el gobierno no tolera ni acepta crítica acerca de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. El megaproyecto es uno de los más caros del gobierno al lado de la transposición del de S. Francisco que también fue noticia en esos días. A pesar de las reiteradas críticas de la Iglesia, de las comunidades científicas, de ambientalistas y del movimiento social, el gobierno nunca aceptó echar atrás dicho proyecto.
 
El modelo neodesarrollista que tiene en el programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) su síntesis y su traducción en inversiones en infraestructura logística (carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos, aeropuertos); infraestructura energética (combustibles renovables, generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, petróleo y gas natural) e infraestructura social y urbana (metro, saneamiento, habitación) se desarrolla de forma autoritaria. Las voces que cuestionan el modelo son tachadas de estar contra el progreso y la distribución de la renta.
 

Gobiernos de la nueva izquierda atrapados en el mantra del crecimiento

 
Detrás del orden del crecimiento económico, de la atracción de los inversionistas y de la promoción de las exportaciones, los gobiernos de América Latina argumentan, dice Eduardo Gudynas, que “el Estado capta parte de esa riqueza para mantenerse a sí mismo y financiar programas de lucha contra la pobreza”. En esa óptica, continúa el sociólogo, “la izquierda gobernante no sabe qué hacer con los temas ambientales”, acabando por ver en ellos lo contrario, y no pasan de vagas referencias a la cuestión ecológica y hasta de equivocaciones hacia la Pacha Mama, que se convierte en un obstáculo al crecimiento económico y, por tanto, “un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados”. Asistencia que hace a los gobiernos cada vez más dependientes de la exportación de las materias primas.
 
Como destaca Tadeu Breda, “con algunas pequeñas características que cambian de país a país, está cada vez más claro que los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ y sus políticas neodesarrollistas no lograrán corregir las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Es más, no ofrecerán alternativas reales de desarrollo y bien-estar. Por eso, los pueblos se están organizando y hablando cada vez más alto. Es necesario escucharlos”.
 
Según la antropóloga Rita Segato, en América Latina se tiene “un bloque más sensible al bien estar, pero que no logra pensar la posibilidad de una transformación, de una mejoría en la situación fuera del proyecto eurocéntrico. No ha habido una ruptura. Quedamos eclipasados porque son gobiernos de izquierda, pero esa novedad no es muy profunda. Entraran para competir, participar de la concurrencia para emerger como bloque dentro de los mismos principios y objetivos del capitalismo global”.
 
Esa izquierda –en el poder en el continente– continúa prisionera de una lectura que se reduce a la lógica productivista, donde lo importante es el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la economía. Esa concepción de matriz marxista se aproxima al liberalismo, que también quiere el desarrollo de las fuerzas productivas. Se distancian apenas en el instrumento de apalancamiento del capital. Para los primeros ese papel cabe al Estado; para los segundos, al mercado. En esa lógica la agenda ambiental no tiene lugar, porque es considerada un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.
 

Una crítica al modelo (neo)desarrollista. Límites del modelo productivista y consumista

 
Hay una creciente percepción, incluso entre economistas de mercado, que los costos ambientales del modelo desarrollista no pueden ser ignorados.
 
Entre ellos, se encuentra Eduardo Gianetti da Fonseca. Al hablar de la economía de mercado, el profesor del Instituto de Enseñanza e Investigación (Insper) de Sao Paulo, alerta sobre los impases del modelo productivista y consumista. Según él, es necesario un cambio en los valores y en la forma de producir y consumir. De no ser así, la factura recaerá sobre el medio ambiente. “Y el ambiente no acepta desafueros”.
 
Gianetti es categórico en sus críticas al “costo ambiental de las opciones elegidas en los modos de producción y consumo”. En un contexto en que economistas y gobernantes conmemoran el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), él afirma que ” la medida del PIB es muy estúpida, porque ella apenas registra lo que pasó por el sistema de precios, sin saber lo que, de facto, está sucediendo con la vida de las personas”.
 
En opinión de Gianetti, “la necesaria transformación de esos patrones de consumo, en la dirección de la sostenibilidad, solo será posible si los costos ambientales fuesen incorporados a un sistema de precios que hoy ignora la destrucción del planeta.” Para él, “los países que están llegando tarde a la fiesta del consumo no van a poder participar. Nos guste o no. Y el dilema es saber cómo compatibilizar las aspiraciones de la nueva clase media que surge en el mundo, con los límites del patrón que nos fue vendido por el proyecto ilustrado del progreso”.
 
Los gobiernos alineados a la izquierda no han conseguido proponer alternativas que desvinculen a la ciudadanía del ejercicio de consumir. El patrón de american way of life continúa siendo la aspiración de la emergente clase media mundial y “el cálculo de la salud económica de los países se volvió ciego a los problemas ambientales que afectan la vida de las sociedades de hoy”.
 
Márcio Pochmann, otro economista reconocido por sus análisis del mercado de trabajo, se suma a aquellos que perciben la necesaria revisión del patrón de crecimiento del consumo material global. Sin eso, dice, el proceso de cambios climáticos continuará, perjudicando principalmente a los más pobres, siempre más vulnerables a los efectos de la crisis ecológica. En opinión de Pochmann, “la perspectiva de las naciones no ricas para enfrentar la crisis ecológica global no puede ser la misma defendida por los ricos”.
 
El periodista y ambientalista Washington Novaes quien hace muchos años viene alertando a los ricos de los riesgos del modelo productivista-consumista destaca que “el consumo global ya está por encima del 30% más allá de las posibilidades de reposición planetaria; en el que ya se perdió también 30% de la biodiversidad total; y todavía es necesario evaluar las consecuencias de una población mundial que transita de los 7 billones de individuos de hoy hacia 9 billones, por lo menos, hasta el 2050”.
 
Pese a todas las implicaciones citadas anteriormente, la lentitud de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los problemas ambientales persiste. Movimientos sociales, investigadores y comunidades indígenas se ven manifestando en contra de los grandes proyectos de hidroeléctricas, de extracción mineral y de la pifia en las políticas ambientales en América del Sur, que insisten en seguir el recetario de los dictados de los países desarrollados.
 

Desarrollo y la izquierda. Una crítica

 
En estos últimos años, la América Latina ha contado con un gran número de gobiernos provenientes de partidos de izquierda o, por lo menos, en oposición a la tradicional derecha. Sin embargo, la dificultad de cambio estratégico en la agenda de esos nuevos líderes políticos ha demostrado la fragilidad en las tomas de decisiones que trasciendan el prisma desarrollista, bastante descoyuntado de las actuales demandas socioambientales.
 
En Brasil, según José Luis Fiori, en los años 1950, tres instituciones tuvieron un papel central para el llamado desarrollo de izquierda. Primero, el Partido Comunista Brasileño (PCB) que apoyó la elección de Juscelino Kubtischek, en 1955, en una perspectiva etapista para llegar a la revolución socialista. La segunda institución fue el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que reunió un número significativo de intelectuales de izquierda para un proyecto nacional-desarrollista. Por fin, las contribuciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que también influyó fuertemente el pensamiento de la izquierda desarrollista, aunque nunca haya sido una institución de izquierda. En los años de 1970, surgió la Escola de Campinas, un centro de estudios económicos que participó activamente en la formación del Plan Cruzado.
 
En este inicio de siglo, en que el gobierno progresista se encuentra en el poder, para Fiori “el desarrollismo de izquierda estrechó tanto su ‘horizonte histórico’ que acabó transformándose en una ideología tecnocrática, sin ninguna capacidad de movilización social”. La agenda neoliberal provocó un dislocamiento del debate para el campo de la macroeconomía. En el análisis de José Luis Fiori, “el `neodesarrollismo´ acaba repitiendo los mismos errores del pasado y proponiendo un conjunto de medidas aún más vagas y gelatinosas de lo que ya había sido la ideología nacional-desarrollista de los años 50”. Por tanto, por lo que parece, la izquierda continúa renuente a abandonar la vieja cartilla, en un momento en que la sociedad global necesita reinventarse para dar cuenta de cómo garantizar el futuro de las generaciones.
 
Analizando la izquierda mundial, en uno de sus artículos, Immanuel Wallerstein destacó que uno de los debates cruciales de hoy, justamente sucede entre la perspectiva del desarrollismo y el de la prioridad del cambio de civilización, ligada a los riesgos ambientales mundiales. Esa cuestión, por ejemplo, “está presente en América Latina, en los debates fervorosos entre los gobiernos de izquierda y los movimientos indígenas –por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.
 
Se impone, por tanto, la siguiente cuestión: ¿cómo superar las seculares enfermedades sufridas por los pueblos latinos, en una perspectiva que trascienda el discurso desarrollista, más allá del crecimiento económico basado en el consumo depredador?
 
En opinión de Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), en el momento actual, “la mayoría de los países latinoamericanos volvió al ejercicio de pensar en sí por sí mismo, de establecer estrategias de desarrollo a partir de sus propias necesidades y de sus intereses reales”. Al partir de una postura positiva por el momento por el cual pasa América Latina, Álvarez defiende que el proyecto de desarrollo para el siglo XXI, en esa región, debe contar con el dominio de la política y de la democracia sobre el mercado, favoreciendo la disminución de la pobreza y de la desigualdad.
 
Tomar decisiones políticas que rompan con el viejo desarrollismo economicista, atendiendo a las demandas históricas de una población excluida de sus derechos sociales, políticos y civiles y, ahora, ambientales, continúa siendo un desafío para los países latinoamericanos.
 

Río+20. La falta de osadía

 
El debate de la sobre-explotación de los recursos naturales y de sus límites se da en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo, Río+20. Se destaca en el documento de contribución brasileña a la Conferencia, que el país no logra escapar de “una verdadera apología a la manera habitual de la conducción de los negocios, el llamado business as usual”. Y hace un cuestionamiento: “¿si el país que va a abrigar la conferencia no osa de apuntalar horizontes innovadores en sus posiciones, cómo esperar que la propia reunión despierte entusiasmo proporcional al que debería ser su importancia?”
 
Según Abramovay, “es preocupante que en vez de preconizar rígidos criterios socioambientales en la explotación de la energía, los productos básicos agrícolas y mineros, el documento brasileño (pero eso aparece también en otros textos de la conferencia) insista en el temor de que estos criterios puedan ser usados, en el comercio internacional, como barreras no tarifarias”. Si el país anfitrión no parece estar muy seguro del papel crucial que podría asumir en este momento, la Conferencia Río+20, la Cumbre de los Pueblos, que ocurrirá en el Aterro do Flamengo, con aproximadamente 10 mil personas, se prepara para ser un espacio bastante propositivo. Delante del marasmo de los debates oficiales, movimientos sociales de todas partes del mundo buscarán respuestas concretas para la resolución de los problemas socioambientales.
 
Como ponderó Fátima Mello, miembro del comité facilitador de la sociedad civil para Río+20, “la ONU solo habla de combatir la pobreza, pero no habla de combatir la riqueza. Lo que nosotros vamos a debatir en la Cumbre es la tesis de la justicia ambiental. Ese concepto significa que existe una inmensa desigualdad en los impactos ambientales del modelo de desarrollo vigente”.
 
* El texto, es un documento anexo del  XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del Centro Gumillas, que comprende el periodo enero-marzo 2012.
Fuente: ADITAL /   http://www.adital.com.br
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Hacia dónde van los gobiernos de izquierda y progresistas?
El auge de los movimientos sociales y la elección de gobiernos de izquierda y progresistas, son dos de los grandes acontecimientos ocurridos en América Latina en las postrimerías del siglo XX y los albores del XXI. Pese a la aún hoy no resuelta tensión entre «lo social» y «lo político», es decir, entre las formas de organización y lucha social, y las formas de organización y lucha política, la relativa convergencia de ambas fue la que contuvo y desaceleró la avalancha reaccionaria que azotó a la región en las décadas de 1980 y 1990, festín de la concentración y transnacionalización de la riqueza y el poder político, con su correlato de agravamiento de la pobreza, la miseria y la exclusión social.

Cuando en el mundo se enseñoreaban el desconcierto y el abatimiento provocados por el colapso de los paradigmas comunista y socialdemócrata europeos, en América Latina, la irrupción de los nuevos movimientos sociales y la determinación de un amplio espectro de fuerzas políticas de izquierda de emprender lo que se conoció como búsqueda de alternativas al capitalismo neoliberal, abrieron nuevos caminos en sustitución de los que cerraban. Por esos caminos hemos avanzado desde entonces, pero al adentrarnos en segunda década del siglo XXI, ya no basta con hablar de «nuevos» movimientos ni de «búsqueda» de alternativas.

En rigor, los llamados nuevos movimientos sociales surgen en los años sesenta (¡hace ya más de cinco décadas!) en los Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina, con características derivadas de la situación de cada región. En la nuestra, su identificación y reconocimiento generalizado como tales data de los años ochenta (hace ya más de tres décadas) porque hasta entonces habían estado entremezclados con los movimientos clandestinos e insurgentes surgidos bajo el influjo de la Revolución Cubana. Ese es el momento en el cual: 1) el cambio en la situación internacional y regional provoca el declive de la lucha armada, y relega a las organizaciones sociales y políticas tradicionales a planos secundarios y hasta marginales; 2) los nuevos movimientos sociales demuestran ser inmunes al efecto de la crisis terminal del «socialismo real» y el advenimiento del mundo unipolar; y, 3) se evidencia su condición de protagonistas principales de la lucha contra el neoliberalismo y contra las más diversas formas de opresión, explotación y discriminación. En lo referente a los gobiernos de izquierda y progresistas, a más de trece años de la victoria de Hugo Chávez en la elección presidencial venezolana de 1998, ya son diez los existentes en América Latina continental, parte de los cuales está en su tercer período consecutivo, otra en el segundo y el resto en el primero.

Es conocido que los procesos históricos, como el tránsito de una formación económico social a otra, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo, tardan siglos y atraviesan por etapas de avance y retroceso. No está de más recordar los setenta y cuatro años en la fracasada experiencia de la Unión Soviética. Visto desde esta perspectiva, las cinco décadas transcurridas desde el nacimiento de los «nuevos» movimientos sociales, las tres décadas transcurridas desde que se les reconoce como tales en América Latina, y el poco más de una década transcurrido desde el inicio de la elección de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas, son lapsos incomparablemente breves. Pero, desde otra perspectiva, en esos largos procesos históricos se abren y cierran «ventanas de oportunidad», cuyo aprovechamiento los acelera y cuyo desperdicio los derrota o, al menos, los retrasa. Es en esta perspectiva en la que tenemos que ubicarnos.

Marx afirmaba que capital que no crece, muere. En forma análoga podemos decir que proceso de transformación social revolucionaria o de reforma social progresista que no avanza, muere: abre flancos a la desestabilización del imperialismo y la derecha local, y fomenta la desmovilización, el voto de castigo y la abstención de castigo de los sectores populares defraudados. Por eso es que debemos preguntarnos en qué medida los «nuevos» movimientos sociales, que en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa estuvieron a la altura de las circunstancias, se han convertido en movimientos social-políticos, es decir, han logrado desarrollar la vocación y la capacidad de luchar por una transformación social revolucionaria. Y también, por las mismas razones, debemos preguntarnos si los actuales gobiernos de izquierda y progresistas están enrumbados hacia la edificación de sociedades «alternativas» o si serán un paréntesis que, en definitiva, contribuya al reciclaje de la dominación del capital. El objetivo de estas preguntas no es calificar o descalificar a una u otra fuerza política o social-política, o a uno u otro gobierno de izquierda o progresista, sino recordar una sentencia del siglo XX que no pierde vigencia en el XXI: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario.

Como es lógico, entre la izquierda de épocas anteriores y la actual, hay similitudes y diferencias. Una similitud es que, como ocurrió de manera periódica en los siglos XIX y XX, el comienzo de una nueva etapa histórica obliga a la izquierda a formular nuevos objetivos, programas, estrategias y tácticas. Una diferencia es que, tanto las corrientes revolucionarias, como las corrientes reformistas del movimiento obrero y socialista nacido en el siglo XIX, habían elaborado y debatido sus respectivos proyectos políticos mucho tiempo antes de que la Revolución Bolchevique en Rusia (1917) y la elección del primer ministro laborista Ramsey McDonald en Gran Bretaña (1924), llevaran al gobierno, por primera vez, a representantes de una y otra, mientras que la izquierda latinoamericana actual llegó al gobierno sin haber elaborado los suyos. La izquierda latinoamericana llega al gobierno sin descifrar la clave para dar el salto de la reforma social progresista a la transformación social revolucionaria, sin la cual quedará atrapada en el mismo círculo vicioso de reciclaje del capitalismo concentrador y excluyente que la socialdemocracia europea. Este es el problema pendiente: construir la imprescindible sinergia entre teoría y praxis revolucionaria.

Los denominados gobiernos de izquierda y progresistas electos en América Latina desde finales de la década de 1990, son en realidad gobiernos de coalición en los que participan fuerzas políticas de izquierda, centroizquierda, centro e incluso de centroderecha. En algunos, la izquierda es el elemento aglutinador de la coalición y en otros ocupa una posición secundaria. Cada uno tiene características particulares, pero es posible ubicar a los más emblemáticos en dos grupos. Estos son: a) gobiernos electos por el quiebre o debilitamiento extremo de la institucionalidad democrático neoliberal, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y, b) gobiernos electos por acumulación política y adaptación a las reglas de juego de la gobernabilidad democrática, caracterización aplicable a Brasil y Uruguay. Además, están los casos de Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Argentina y Perú, sobre los cuales el espacio no nos permite siquiera unas escuetas palabras de referencia.

¿Cómo se explica la elección de gobiernos de izquierda y progresistas en el mundo unipolar donde imperan la injerencia y la intervención imperialista?

Se explica por cuatro razones fundamentales, tres de ellas positivas y una negativa. Las positivas son:

1) El acumulado de lucha de las fuerzas populares libradas en la etapa abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, en la cual, aunque no alcanzaron los objetivos máximos que se habían planteado, demostraron una voluntad y capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerles los derechos políticos que les estaban negados.

2) La lucha en defensa de los derechos humanos que forzó la suspensión del uso de la violencia más descarnada como mecanismo de dominación.

3) El aumento de la conciencia, la organización y la movilización social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que sienta las bases para la participación política y electoral de los sectores antes marginados.

Como contraparte, la razón negativa es la apuesta del imperialismo norteamericano a que la unipolaridad le permitiría someter a los países latinoamericanos a los nuevos mecanismos transnacionales de dominación, motivo por el cual dejó de oponerse de oficio a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente. A todo lo anterior debe agregarse un factor volátil: el voto de castigo a las fuerzas políticas de derecha por los efectos socioeconómicos de la reestructuración neoliberal, es decir, un voto no ideológico, ni político, y mucho menos cautivo de la izquierda, que ésta puede perder si su ejercicio de gobierno no satisface las expectativas.

¿Por qué fuerzas políticas y social-políticas de la izquierda latinoamericana llegan al gobierno sin siquiera haber esbozado las líneas gruesas de sus proyectos estratégicos o, aún peor, en algunos casos sacrifican sus proyectos estratégicos para llegar al gobierno?

Ello es resultado de cuatro factores que ejercen una influencia determinante en las condiciones y características de las luchas populares en el subcontinente:

1. El salto de la concentración nacional a la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político (la llamada globalización), ocurrido en la década de 1970, tras un proceso de acumulación de premisas finales que se desarrolla durante la segunda posguerra mundial, que cambia la ubicación de América Latina en la división internacional del trabajo y modifica la estructura socioclasista.

2. La avalancha universal del neoliberalismo, de la década de 1980, desarticula las alianzas sociales y políticas construidas durante el período nacional desarrollista y establece las bases de la reestructuración de la sociedad y la refuncionalización del Estado sustentadas en función de la concentración y transnacionalización de la riqueza.

3. El derrumbe de la URSS y el bloque europeo oriental de posguerra, entre 1989 y 1991, que le imprime un impulso extraordinario a la reestructuración neoliberal, provoca el fin de la bipolaridad estratégica, que actuó como muro de contención de la injerencia y la intervención imperialista en el Sur durante la posguerra y tiene un efecto negativo, a corto plazo, para la credibilidad de todo proyecto social ajeno al neoliberalismo, no solo anticapitalista, sino incluso apenas discordante con él, efecto que llega a ser devastador para las ideas de la revolución y el socialismo.

4. La neoliberalización de la socialdemocracia europea, en sus dos grandes vertientes, la Tercera Vía británica y la Comisión Progreso Global de la Internacional Socialista, en la década de 1990, que recicla la doctrina neoliberal cuando su inducida credibilidad se desploma, la encubre con una presentación humanista, «light» y «progre».

Téngase en cuenta que los primeros triunfos de fuerzas de izquierda y progresistas en elecciones presidenciales latinoamericanas, el de Chávez en Venezuela (1998) y el de Lula en Brasil (2002), se producen cuando el efecto acumulado de estos factores está en su apogeo, en particular, es el momento de mayor impacto en América Latina de las ideas de la Tercera Vía y la Comisión Progreso Global. Esos factores combinados ejercen una influencia determinante en los gobiernos de Brasil, Uruguay, Argentina y otros, y una influencia menos evidente, pero también efectiva, en los de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Tras el derrumbe de la URSS, el desaparecido dirigente revolucionario salvadoreño Schafik Hándal empezó a repetir una idea que parece simplona, pero es más profunda que un sinnúmero de doctas reflexiones: «Habrá socialismo –decía Schafik– si la gente quiere que haya socialismo». Las preguntas que se derivan de esta idea son: ¿Quiere que haya socialismo la gente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, los países cuyos procesos políticos se corresponden con la definición de revolución entendida como acumulación de rupturas sucesivas con el orden vigente? ¿Quiere que haya socialismo la gente de Brasil, Uruguay, Nicaragua u otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas de izquierda o progresistas? A estas preguntas tenemos que añadir otras: ¿sabe la gente de esos países qué es socialismo? ¿Comparten los líderes de esos países nuestro concepto de socialismo que, al margen de las diferentes condiciones, características, medios, métodos y vías, implica la abolición de la producción capitalista y del sistema de relaciones sociales que se erige a partir de ellas y en función de ellas? ¿Hay en esos procesos fuerzas políticas capaces de concientizar a la gente para que quiera que haya socialismo? ¿Lo están haciendo? Todas estas preguntas son cruciales, pero las definitorias son las dos últimas.

Planteada en términos teóricos, la idea, en apariencia simplona, de Schafik implica que para avanzar en dirección al socialismo los procesos de reforma o transformación social de signo popular que hoy se desarrollan en América Latina necesitan: teoría revolucionaria; organización revolucionaria; bloque social revolucionario, basado en la unidad dentro de la diversidad; y solución del problema del poder, este último entendido como la concentración de la fuerza imprescindible para producir un cambio efectivo de sistema social. Podemos hablar de protoformas de esos cuatro elementos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y quizás en algunos otros gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas, pero en ninguno se puede hablar de formas acabadas.

Nada de esto es nuevo. De todo ello habla desde hace años y, quizás, hasta de manera sobredimensionada, porque a esos elementos se atribuye el papel determinante en la formación de la identidad del futuro socialismo latinoamericano. Sin dudas, su papel será crucial, pero lo determinante es cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones tendrá lugar el acceso al poder político, sea mediante su conquista o construcción. Sin estas respuestas, no puede hablarse de Socialismo del Siglo xxi, Socialismo en el Siglo xxi, Vivir Bien, Buen Vivir, o cualquier noción similar, más que como una utopía realizable de contornos aún muy difusos.

- Roberto Regalado es Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor-investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana y coordinador de varias colecciones de la editorial Ocean Sur. En este artículo se esbozan algunas ideas contenidas en su libro La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México D.F. 2012 (259 pp.).
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Los partidos fracasan en su último intento de formar Gobierno en Grecia
Para explicar el fracaso sin paliativos de las fuerzas políticas griegas a la hora de formar una coalición de gobierno que evite el abismo, podría aplicarse el refrán del cojo que le echa la culpa al empedrado. Pero el empedrado, esta vez, tiene nombre y apellidos, los de Alexis Tsipras, líder de la Coalición de Izquierda Radical (Syriza, segunda fuerza más votada el domingo), que ha rechazado una forzada oferta de colaboración hecha por tres partidos (socialista, conservador e Izquierda Democrática) que, con sus diputados, podrían haber sacado adelante un Ejecutivo de unidad medianamente estable. La política en Grecia tiene estas cosas, y siempre es más fácil salvar la cara ante el electorado —y ante Europa— dejando que sea otro el que pronuncie el no.


“El rechazo a esta propuesta no es de Syriza, sino del pueblo griego”, ha dicho Tsipras tras reunirse durante una hora con el líder socialista, Evánguelos Venizelos, encargado de formar Gobierno en última instancia. “Venizelos y Samarás [de la conservadora Nueva Democracia] hacen como si no hubieran entendido el mensaje de las urnas” contra los recortes, anunció, para reiterar su rechazo a un “Gobierno del memorándum [sobre el plan de rescate] con una coartada de izquierda”, en referencia a Syriza. “Ha llegado la hora de la verdad para todos”, ha declarado Venizelos, que mañana sábado informará de su fracaso al presidente del país, Karolos Papulias.


El principio de acuerdo que algunos acariciaban desde el jueves quedó pues en agua de borrajas. Tanto Fotis Kuvelis, líder de Izquierda Democrática (19 diputados) —que la víspera había aceptado integrar una coalición de Gobierno—, como Andonis Samarás, con 108 escaños, habían insistido en que en esa hipotética solución debía participar Alexis Tsipras, vencedor moral de los comicios (52 diputados) y el mayor crítico de la política de austeridad impuesta por los planes de rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).


Nueva Democracia e Izquierda Democrática hicieron en cualquier caso un brindis al sol, pues Tsipras ya había manifestado que no iba a traicionar a sus votantes “a cambio de un par de ministerios”. “Grecia necesita un Gobierno duradero, con la participación o el apoyo pasivo de Syriza, que asegure la permanencia del país en el euro y avance hacia una renegociación” del memorándum, instó Samarás. Kuvelis también solicitó la colaboración de Tsipras aunque se contradijo inmediatamente al declarar: “Es obvio que Syriza no está dispuesta a participar en un Gobierno de salvación nacional. Y nosotros no participaremos en uno solo con Pasok y Nueva Democracia. Lo único que quiere Syriza son nuevas elecciones”. Kuvelis, abogado de 61 años, propuso su hoja de ruta para acabar con el marasmo en Grecia: “Un europeísmo progresista y un socialismo democrático”. Las propuestas de unos y de otros sonaban como un diálogo de sordos ajeno a la inminencia del apocalipsis.


Los intereses partidistas han privado pues a Grecia de la única posibilidad que le quedaba para no despeñarse por el abismo —del euro y de la política—, y a los griegos, de una fórmula que la mayoría de ellos defendía: según una encuesta de Marc para el diario Ethnos, el 62,7% de los ciudadanos quiere un Gobierno de coalición (y el 53%, con la participación de Syriza). Solo el 32% de los consultados defiende unas nuevas elecciones.


Con el índice general de la Bolsa de Atenas en rojo —ha caído un 4,52%, frente a una subida similar la víspera— los principales diarios recordaban las provisiones de la Constitución griega en caso de vacío de poder. El jefe del Estado apelará ahora a los líderes de los siete partidos con representación parlamentaria (entre ellos el neonazi Aurora Dorada). Si estos no se ponen de acuerdo en un Gobierno ecuménico —con representación de todos ellos—, Papulias convocará elecciones. La repetición de los comicios puede beneficiar a Tsipras, a juzgar por la primera encuesta publicada desde el domingo: Syriza superaría en votos a ND, con el 27,7% (ND lograría el 20,3% y el Pasok, el 12,6%). El primer partido obtiene un bono de 50 escaños extras, según la ley electoral griega, lo que reforzaría la postura de Syriza.

Por María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid 11 MAY 2012 - 20:43 CET
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Domingo, 06 Mayo 2012 06:14

Contradictorio Evo Morales

Contradictorio Evo Morales
Contradictorio. Ese parece ser el término que, hoy por hoy, refleja mejor la personalidad de Evo Morales, uno de los políticos más sorprendentes y polémicos que gobierna un país en ebullición: Bolivia. Su inigualada e histórica popularidad, -casi un 80% de los bolivianos le apoyaba en 2009-, ha comenzado a menguar con persistencia hasta bordear, según las últimas encuestas, el 38% en las ciudades; sus aliados disienten de sus medidas y ante la intolerancia a sus críticas se alejan de él, pero no discuten su estabilidad.

 
Morales, de 52 años, no deja indiferente a nadie. El pueblo se debate entre la fascinación y el desengaño, justo cuando tiene que remontar su bajada de popularidad para asegurar su reelección el 2014.

 
Estos días atrás, el mandatario boliviano ha sido noticia de primera página porque con una diferencia de pocas horas ha nacionalizado una empresa española y ha asegurado a otra, la petrolera española Repsol, el respeto a sus inversiones.
 

Desde 2006, el Día del Trabajo es propicio para la expropiación y así se mantiene viva la reivindicación de los recursos naturales en manos de los bolivianos. Morales decidió revertir al Estado el 99,4% de las acciones que la española Red Eléctrica Internacional SAU poseía en la Transportadora de Electricidad (TDE), con una innecesaria demostración de fuerza militar en la sede de la entidad, en una tranquila calle del centro de Cochabamba. Atribuye la medida a la insuficiente inversión y ejecución de obras de la firma española, que invierte un promedio anual de cinco millones de dólares.


Más tarde, el mismo Morales aseguró al presidente de Repsol, Antonio Brufau, que el Gobierno boliviano garantiza que sus inversiones serán respetadas como las de un socio. “Bolivia necesita inversiones, necesita socios pero no dueños”, ha aclarado. “Quienes inviertan en Bolivia [pueden estar seguros] de que sus inversiones serán reconocidas, siempre”, agregó.

 
La sorpresiva nacionalización ha sido considerada como un intento gubernamental de aplacar la revuelta de las batas blancas. Miles de médicos, trabajadores sanitarios y universitarios exigen su incorporación a la ley del Trabajo y políticas de atención al precario servicio de salud pública con huelgas y ayunos de 40 días.
 

La novena Marcha Indígena en defensa del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que comenzó la pasada semana, pone en tela de juicio el papel de “Héroe mundial de la Madre Tierra” de Morales. La ONU le otorgó esa distinción en 2009 por su férrea defensa del medio ambiente y sus duras acusaciones hacia el capitalismo por intentar matar a la Pachamama (madre tierra). Ahora, el presidente quiere construir sí o sí una carretera que atraviese el corazón de la reserva. Los habitantes del territorio, de las etnias moxos, chimane y yuracaré se niegan a destruir su hábitat.
 

El líder boliviano suele decir que no puede creer lo que está viviendo cuando se trata de momentos culminantes en su vida e, inevitablemente, mira en retrospectiva.
 

Rememora entonces su niñez en Isallavi, cercana a Orinoca, su pueblo natal. “Mi mamá me ponía una camisa y un pantalón que no me sacaba nunca. Si me los sacaba era para buscar piojos o para remendar el codo de la chompa. Sí, tenía piojos. Ducha, no conocía. Me lavaba la cabeza con Ace (detergente para ropa), porque así vivíamos todos”, recuerda.

 
El ex ministro de Comunicación de Morales, Iván Canelas, confirma la dura vida de Morales: “Nació en una región olvidada y desconocida para todo el país, sin recursos económicos ni elementales servicios básicos; región de campesinos productores de papa y pastores de llamas y ovejas. ¡Quién podría imaginar que de un lugar así, de un páramo, iba a surgir un líder como Evo!”

 
Panadero, ladrillero, platillero en las bandas de música de Oruro, Morales dejó sus llamas por la ciudad, pero pronto encaminó sus pasos a Cochabamba y a Chapare, donde comenzó cultivando arroz. Allí inició una carrera sindical muy próspera en el plano político, pues desde las seis federaciones del Trópico —que agrupa a unos 30.000 productores de coca— Morales se convirtió en defensor de la hoja y paralizó el país entero con sus temidos bloqueos de carreteras contra la erradicación de la planta.
 

Llegó al Parlamento como diputado y, más tarde, en 2006, asumió la presidencia de Bolivia en el comienzo de un proceso de cambio que está dando la vuelta al país, pero con demasiados sinsabores y decepciones para quienes lo han apoyado.

 
El cambio, aparentemente, ha operado modificaciones en el pensamiento de Morales que ha reforzado el control de todos los poderes del Estado, incluidos el Legislativo y el Judicial, además del poder político, el económico y el social, en el convencimiento de que solo así se completará la revolución democrática y cultural, cuyo eje parece ser un indigenismo a ultranza que no concilia con la modernidad.

 
“El presidente quiere marcar una cercanía al momento transformador postulado por los indígenas y quiere ser su representante”, explica el ex canciller Armando Loayza.

 
El exministro Canelas está convencido de que Morales es, de lejos, el presidente que ha trabajado más por el país: “Nunca antes ningún presidente le ha dedicado tantas horas y con tanta pasión para devolver al país sus recursos naturales. Ha cambiado las reglas y ningún inversor se ha ido”. Nadie ha entregado tantas obras como Morales, asegura, y alude a 4.000 proyectos ejecutados con apoyo de Venezuela (hospitales, escuelas, coliseos y campos deportivos en el área rural).

 
Pero, sin desmerecer sus obras y la gobernabilidad de su administración, quienes lo han apoyado están desencantados. Los indígenas, los asalariados y ahora la clase media le están dando la espalda.

 
La Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB), que agrupa a los pueblos originarios de tierras bajas, “está decepcionada”, según el indígena chiquitano Lázaro Tacóo. “La soberbia, el autoritarismo y la terquedad de Evo están poniendo en entredicho a la gente humilde, esa gente que no pisa la escuela pero que es sencilla, educada y pacífica”. Los pueblos indígenas, dice Tacóo, están preocupados ante “la enorme capacidad que tiene para desatar conflictos en los sectores sociales, en lugar de unir a todos los bolivianos”.

 
El ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín cree que Morales ha cambiado de ideología. “Los ideales de alta sensibilidad humana en defensa de los marginados y los excluidos han sido paulatinamente relegados por su carácter autoritario y una ostensible intolerancia a los criterios alternativos. Quien los emite es inmediatamente reprimido; las organizaciones sociales disidentes son destruidas y reemplazadas por otras entidades paralelas promovidas por el Gobierno y con líderes afines”, explica Albarracín.

 
El presidente es famoso por sus ocurrencias. Un librito que recogía cien de sus más picantes frases es un superventas, lo que supone un doble mérito en un país donde apenas se lee una media de un libro al año y los autores costean su impresión.

 
El presidente Morales figura entre las contadas personalidades con más de una distinción académica de doctor honoris causa. Su colección reúne casi veinte títulos de otras tantas Universidades extranjeras y de Bolivia. Con la sinceridad que le caracteriza, acaba de declararse “feliz por no haber ido a la Universidad”.

 
A fuerza de halagos de su entorno, Morales puede que esté convencido de ser el jefazo de un Gobierno popular, aunque no se haya percatado de la lenta dilución de sus bases, como se diluye la esperanza de “vivir bien” en Bolivia.


Por Mabel Azcui 6 MAY 2012 - 03:01 CET

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Ser elegido con la izquierda para gobernar con la derecha
Ollanta Humala en 136 días ha producido una “masacre política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato, le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral.
 
La construcción de un candidato presidencial es un proceso complejo de construcción de imagen, de discurso, de configuración de alianzas y en última instancia de visibilidad real. Construir un candidato cuesta dinero y esfuerzo de mucha gente. El entorno del futuro candidato hace este esfuerzo en un acto de fe política convencido de que éste podrá cambiar el rumbo de la historia. Es lo que el Banco Mundial llamaría un acto de inclusión social. Los/las jóvenes repartidos por el país hacen campañas y rompen el descrédito de la política para que las nuevas generaciones voten por la izquierda y no por la derecha y para que las generaciones mayores retomen su compromiso con la sociedad, perdido ante las frustraciones de décadas de luchas truncas. Haciendo camino al andar, cada grupo de trabajo inventa un imaginario progresista y trata de empatar eso con lo que se ve en el horizonte.
 
 La división derecha/izquierda está delineada por una consciencia ambiental versus políticas extractivistas; democracia participativa versus democracia electoral;  derecho al cuerpo versus la sexualidad reproductiva compulsiva; las mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus concentrar el ingreso y aquietar a los mercados; políticas económicas heterodoxas versus políticas económicas ortodoxas; modelo de crecimiento exportador versus un modelo de crecimiento hacia adentro; más impuestos a los ricos versus exoneraciones tributarias; lucha contra el racismo y toda forma de discriminación versus el status quo.
 
Caído el bipolarismo internacional en 1990,  hay la búsqueda por la construcción de un nuevo regionalismo político multipolar versus la unipolaridad militar con la que Estados Unidos actúa, dada su pérdida de liderazgo global.
 
La lucha de clases hoy día es más compleja que la lucha entre ganancias y salarios únicamente porque lo que está en juego es el planeta. La lucha salarios-ganancia la ganó el sector financiero, que consolidó en el mundo occidental una participación cada vez menor de salarios en el PIB a cambio de una concentración creciente del ingreso. Esta ha sido la razón de ser de las protestas de los Indignados españoles y de Occupy Wall Street así como de los precursores de los cambios en todo el Mediterráneo.
 
Es ya una práctica instalada que los presidentes/alcaldes/gobernadores, con o sin partido de izquierda, una vez electos, patean su tablero e intentan colocarse al centro político, acomodándose con el poder contra el cual estaban corriendo. Esta transición política deja a algunos viejos actores fuera de juego e introduce a unos nuevos actores en el escenario. La razón esgrimida por los electos es que hay que ser elegido con la izquierda para gobernar con la derecha. Los gobiernos progresistas de América del Sur y la social democracia europea están llenos de esto.
 
El más reciente miembro del creciente club de los tránsfugas es el presidente peruano sobre el que algunos cifraron muchas esperanzas. Un gobierno de izquierdas en el Perú podría haber significado la consolidación del proyecto sudamericano. El viraje peruano, al que ya estamos acostumbrados desde la elección de Alberto Fujimori Fujimori (AFF) en 1990, fue más brusco que entonces. En 1990, AFF tardó dos años en sacar a sus compañeros de ruta electorales del gabinete y rompió las alianzas finalmente cerrando el congreso el 5 de abril del 1992 con el autogolpe. Es decir,  tardó 608 días en sacar del gabinete a todos los “progresistas” y un mes más para eliminar a sus asesores de campaña antes de asumir el gobierno.
 
Ollanta Humala (OH) en 136 días ha producido una “masacre política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato; le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral. Las alianzas políticas siguen en la bancada del Congreso dentro de una cancha rayada muy complicada. Si sus compañeros de bancada se van porque los ha defraudado, gobernará con Fujimori y el Apra. Por las dudas,  el presidente del Congreso habla de la necesidad de indultar al reo AFF y boicotea la labor de la comisión contra la corrupción del régimen de Alan García Pérez. De manera insólita el gobierno progresista de OH no puede hacer lo que el gobierno de Toledo de centro derecha logró, enjuiciar la gran corrupción. El Parlamento no ayuda a OH en su labor o el presidente del Congreso hace puentes para el cambio de alianzas final. La “masacre política” del 10 de diciembre ocurrió cuando 11 de 17 ministros fueron defenestrados tras un acto presidencial, donde primero desautorizó públicamente al Premier en unas negociaciones con la población en Cajamarca;  en segundo lugar decretó el estado de emergencia en la zona minera aurífera en debate.  Y finalmente metió a la cárcel a los responsables políticos de la zona que estaban en Lima intentando encontrar una solución pacífica al conflicto originado por las  demandas de una empresa que quiere utilizar cuatro lagunas para sus actividades mineras, contrariando la opinión de la población de la zona que quiere mantener sus lagunas.
 
Fue tanto una “masacre política” como una demostración de estilo político. Ya puede el presidente cerrar el recién abierto Ministerio de la Inclusión Social y ahorrarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos soles. Lo “eficiente” es que sean programas del Ministerio de la Presidencia. Alguien tendría que explicarle al presidente la distancia entre la eficiencia económica y la eficiencia política y que la inclusión social es un tema de política macroeconómica y no ajeno a ésta.
 
En la relación con Estados Unidos hay que enfatizar que éste fue el último país visitado por Humala en el hemisferio tras su elección, luego de su gira por Suramérica.  Visitó al Consejo Nacional de Defensa de dicho país en julio porque hay en el Perú, según Mónica Bruckman de la Universidad Federal de Rio y  Ana Esther Ceceña del Observatorio Geoestratégico de la UNAM, igual o mayor numero de militares estadounidenses en el Perú que en Colombia y porque el Perú está además lleno de bases aéreas estadounidenses.
 
El primer visitante oficial estadounidense al Perú el 29 de noviembre del 2011 fue el General William Brownfield, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos y Policiales. Antes Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Colombia durante los años de Álvaro Uribe, el aliado más fuerte de Washington en América Latina.
 
El 23 de noviembre, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, condecoró a su director en el Perú, Richard Goughnour, con la orden “El Sol del Perú” en el Grado de Gran Cruz.
 
En setiembre, a un mes de asumido el nuevo gobierno, el programa de cooperación de Estados Unidos con el Perú se amplió de 230 millones a 293 millones de dólares para el periodo 2008-2012 que en los hechos quiere decir que le han dado a Humala 60 millones de dólares más para el inicio de su gestión. Con esto se podría sugerir que el Perú está alineado con Washington al igual que Colombia, México y Chile y sigue en el llamado Arco del Pacifico.
 
Es decir que no hay variación sustantiva en la política exterior contrario a lo que se esperaba por sus dos discursos sobre la materia donde enfatizó la importancia del multilateralismo y de Suramérica.
 

Consciencia ambiental versus políticas extractivistas

 
El Perú es y será un país minero. Esta condena al rentismo ambiental es una amenaza no solo para los pobladores de la sierra donde yacen las minas, sino para todo el planeta. Los Andes peruanos se han quedado sin nieve desde hace más de dos décadas mientras se irriga el desierto en la costa, cambiando así el ecosistema. La minería genera divisas y deja pasivos ambientales que se han convertido en un problema mayor en la zona de Cajamarca. En el mes de setiembre había 90 conflictos socioambientales latentes relacionados a la minería y estos comenzaron a estallar en el mes de noviembre cuando la población comenzó a sentir que no pasaba nada con sus demandas anteriores al cambio de gobierno.
 
El discurso electoral de Ollanta Humala estuvo centrado en la conciencia ambiental y nombró al  ministerio del ramo a un mentor político de OH, Ricardo Giesecke. Giesecke, un experto internacional en temas ambientales, fue del grupo pequeño del entorno de Humala desde 2005. En dicho ministerio estaban dos viceministros de izquierda relacionados a temas ambientales lo que era coherente con el discurso de campaña. Estos fueron defenestrados junto con el ministro. Fueron reemplazos -como en 1992- por “técnicos”,  como si Giesecke, Cabieses y de Echave, el trío defenestrado del Ministerio del Ambiente,  no lo hubieran sido. Lo que interesa ahora es que sean técnicos dispuestos a conversar con Washington, digamos.
 

Democracia participativa versus democracia electoral

 
Detrás del Partido Nacionalista hay un grupo político llamado Gana Perú que fue el que finalmente le dio el triunfo a OH. Este se conforma por intelectuales y lideres regionales que armaron la campaña presidencial, sobre todo en la segunda vuelta, cuando Humala podía perder. El objetivo de Gana Perú era hacer del proceso político que Humala iniciaba uno de democracia participativa, donde el diálogo social sería el rasgo y los intereses populares estarían en el centro.
 
La manera cómo se manejaron los conflictos relacionados con la minería de Andahuaylas y Cajamarca mostró lo siguiente. El ministro de energía y minas llegó a Andahauylas a bordo de un avión de la empresa minera Yanacocha, propietaria de la mina Conga, en cuestión. El equipo de ministros y vice ministros que estaban allí para la negociación fue dispar, regresándose a Lima dos ministros por temor. Es decir, un gobierno dispuesto a negociar desde las empresas y con temor al pueblo. Estos ministros desautorizaron en última instancia a los negociadores que estaban trabajando con la población que reaccionó con furia (http://www.forosperu.net/showthread.php?t=256905 ) Esta es la misma figura que la que ocurrió en Cajamarca en noviembre con el tema de la mina Conga. El temor al pueblo y la alianza con los empresarios mineros en nombre de que “el mercado tiembla”.
 
Finalmente,  al darle la espalda a la democracia participativa que la población reclama en todo el país y más en las zonas rurales afectadas por la minería, el presidente acaba de abrir un escenario: la población puede quedarse quieta por miedo a la represión o puede salir a la calle demandando la salida del electo en una figura similar a la ocurrida con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador;   con Carlos Meza Gisbert, y Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, que salieron por presiones sociales. Huelga mencionar  la dinámica del mediterráneo, donde la presión de la calle expulsó  al premier griego, al italiano, al español, al portugués y al tunecino, libio, egipcio, yemení, mientras  hay fuertes protestas en Siria e Israel todas en el año 2011. El otro lado de esto es un endurecimiento de la democracia al estilo de Alan García que es la apuesta de Washington.
 

Demandas de mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus aquietar a los mercados

 
Mejorar el mercado interno mediante una mejora en la distribución del ingreso es una demanda clamorosa de la población peruana. Esta ha sido respondida mediante la introducción de un programa de jubilación a los 65 años y de becas a los estudiantes de 18 años,  anunciados el 28 de julio del 2011 por Ollanta Humala en su  discurso inaugural. Lo que es menos probable es que se formalice más el empleo y se mejoren las remuneraciones, porque el Ejecutivo ha tomado un giro conservador en lo político y neoliberal en lo económico. El nombramiento inicial del ministro Castilla en la cartera del MEF fue una sorpresa para el equipo económico del presidente que creyó que habían ganado las elecciones. Ni Dancourt, ni Félix Jiménez fueron nombrados a la cartera de economía a pesar de ser los responsables del área económica del plan de gobierno. Al revés, se promocionó al vice ministro de economía al cargo de ministro para mantener la estabilidad de las políticas. Fitch Ratings subió al Perú a BBB en noviembre,  en mérito a la continuidad de las políticas.
 
 El Dr Castilla obtuvo su doctorado en economía de la universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos,  y a diferencia de Rafael Correa no ha tenido un cambio de sentimiento, sino que es esencialmente un economista ortodoxo,  cuyo objetivo es mantener la inflación en el punto más bajo posible para permitir el desarrollo de los mercados. El es un creyente en los superávits fiscales y de balanza de pagos, ambos que existen en el país desde hace una década. No es un heterodoxo que esté buscando el desarrollo del mercado interno y la inclusión social.
 
Finalmente, lo que puede llevar a una militarización del régimen no es que existan militares dentro del gobierno, sino la fragilidad del régimen político elegido con un sentido y gobernado con el sentido contrario. Para que los perdedores puedan mantenerse en el poder al que llegaron el 10 de diciembre, el espacio de la protesta social debe  ser reducido. La mitad de la población eligió otra cosa y  puede exigir  aquello por lo que votó que se relaciona con sus derechos ciudadanos. Ya no quedan casi iletrados en el país y la conciencia de la postergación ciudadana en los pobres está clara, más aún cuando la riqueza mineral sale de su tierra y a cambio le dan contaminación ambiental.
 
México, 19 de diciembre de 2011
 
Por Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
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Intenciones de la nueva ley de educación superior

Con ocasión de la propuesta de reforma financiera de la Ministra del gobierno anterior, Funcomisiones planteó que, si bien es cierto que el Gobierno había dado pasos de gigante en la estructuración de una educación superior al servicio de sus intereses, ello no quería decir que el proceso fuera homogéneo en todo el sistema educativo. Hoy es claro que una de las intenciones de la Nueva Ley de Educación Superior es precisamente viabilizar en forma más consistente y homogénea el conjunto de su modelo de educación superior. Ello no significa que hayan abandonado la idea de estratificación de las universidades, de acuerdo a los procesos productivos locales y regionales y los intereses políticos de las clases dominantes; implica que dotar de un marco jurídico-político a la educación superior es la mejor manera que tienen para que la educación, el desarrollo de conocimiento, la ciencia y la tecnología estén en función de las locomotoras, la reconversión del sector productivo nacional, y en función además de la vocación productiva de cada región.

Desde hace poco más de 10 años venimos insistiendo en que las clases dominantes quieren mercantilizar la educación y hacer que la Universidad funcione como una empresa, pero nunca en los años precedentes se presentó la posibilidad de que estas ideas estuvieran plasmadas en una ley. Vale la pena recordar que hace dos años decíamos que “en la educación pública superior han implementado reformas académicas administrativas de la mano de la criminalización del Movimiento Estudiantil Universitario, y ahora avanzan en modificar el modelo de asignación de recursos, pues consideramos es la pata que les hace falta”. Hoy le apuntan a sancionar un nuevo marco jurídico-político que les permita avanzar estratégicamente en la aplicación de su modelo de Universidad. Al constituirse la nueva ley, las universidades no podrán hacerles el quite a sus planteamientos políticos fundamentales, pues éstos serán de obligatorio cumplimiento.

Es erróneo plantear que quieren desaparecer las universidades. Lo que quieren es acabar con la esencia de la Universidad. El derecho a la educación, garantizado con recursos del Estado, se supedita a un problema macroeconómico. La educación superior pública quedará suscrita a criterios de rentabilidad, expuesta a las normas del mercado. El carácter público, con la imposición de una nueva Ley de Educación, queda eliminado. Los aspectos misionales de la educación superior transitarán más claramente del desarrollo social a la acumulación privada, del derecho al servicio, de la autonomía al control político, del carácter emancipatorio a la índole dependiente. Lo estatal será apenas una ficción, pues el Estado no garantizará infraestructura, salarios, profesores y personal administrativo, como tampoco la inversión que requiera para su desarrollo. Se dejará en manos de entes privados. Es preciso recalcar que la nueva Ley de Educación Superior dejará expuesta la educación como un servicio negociable, como mercancía reglamentada por las leyes del mercado.

Por supuesto, la autonomía universitaria resulta muy lesionada, y sin ella la esencia de la Universidad como centro académico de debate y lucha de ideas será la mayor pérdida que pueda tener el pueblo colombiano en lo educativo. El papel que deben tener los estamentos en la Universidad, respecto a la definición del rumbo en materia académica, política y administrativa, sencillamente quedará relegada de una vez por todas a los intereses del sector privado, a los intereses macroeconómicos y el papel que juega Colombia en el marco internacional.

La consolidación de este modelo de universidad para las clases dominantes les ha implicado pasar del ensayo a ordenar y sistematizar sus directrices, orientaciones y cambios normativos. Hoy nos encontramos en un nuevo estadio, la configuración de un sistema de educación superior que les garantiza el control político y administrativo, la conformación de un nivel de tecnócratas al servicio de sus intereses, y una masa de jóvenes que alimenten el mercado laboral en niveles técnicos y tecnológicos. En suma, se presenta el avance estratégico en la consolidación de un sistema de educación superior que les permite transitar por la consolidación del “mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.

Es en este orden de ideas que, para el régimen, el análisis de la atrofia de la pirámide ocupacional vs. la educacional es una de sus grandes preocupaciones o cuellos de botella, como lo han denominado. Avanzar en invertir esta relación es una necesidad para seguir en su camino de consolidación un sistema de educación estrechamente ligado con su modelo productivo y de país que han venido consolidando, la hoy llamada ‘prosperidad democrática’.

Universidad para la inserción en el mercado laboral

Debido a la profunda transformación del sector productivo en el marco del avance del proyecto de país de las clases dominantes, hoy existe una gran diferencia entre lo que ofrece el Sistema de Educación Superior y las necesidades del mercado laboral. Algunas de las cosas que implica atender a este cambio son:


Una educación superior que corresponda a la reconversión productiva. Es decir, que resuelva la atrofia entre la pirámide ocupacional y la pirámide educativa, que se gradúen proporcionalmente egresados según la oferta ocupacional del mercado laboral colombiano.
 
Mano de obra calificada y funcional al mercado regional y nacional. De cara a los TLC que se abren paso por gestión de Santos, se busca preparar mano de obra suficiente para atender la demanda de trabajadores calificados para el desarrollo de tareas en Colombia.

Universidades con gobiernos universitarios tomados por el gobierno central y en función de intereses particulares, el proyecto de las clases dominantes. Se quiere profundizar el control del gobierno central en los organismos de gobierno universitario, con el fin de realizar control político y académico y con la perspectiva de crear espacios suprauniversitarios donde el sector productivo defina perfiles profesionales y enfoques curriculares, todo bajo la garantía del Estado colombiano.

Una universidad acallada. Esto pasa necesariamente por el continuo debilitamiento del movimiento universitario mediante su criminalización y mezclado con la descomposición de la universidad. Esta descomposición implica procesos de jibarización, lumpenización de los claustros a través del microtráfico, trata de blancas y prostitución, entre otros.

Educación inmersa en el mercado de servicios

La consecuencia principal de la aprobación de esta propuesta de ley es la inserción de la educación superior en el mercado de servicios o, dicho de otro modo, su mercantilización. Esto conformaría un mercado de la educación superior en Colombia cuyos actores son las instituciones de educación superior públicas o privadas, universitarias o técnicas y tecnológicas. Este mercado obraría por medio de la “libre competencia”, pues sería un mercado desregulado y entraría a jugar las normas aplicadas previamente a esta ley. A continuación, algunos de las consecuencias fundamentales.

Se eliminaría la función pública en la educación y se impondría una nueva función social. Se conformaría un mercado de actores cuyo único diferenciador serían los instrumentos de medición de calidad implementados, como los registros calificados, los resultados de las pruebas “Saber Pro”, la acreditación institucional. Todo ello como expresión de la eliminación de lo público en la educación, pues el sistema lo sería de instituciones diferenciadas por calidad, no por ser públicas o privadas que compiten en “igualdad de condiciones” por recursos y por clientes.

En esta propuesta no se trata de precarizar a la universidad pública con el congelamiento o la reducción real de recursos; se trata de alentarla para que se arroje a las manos del capital privado con el objetivo de conseguir los recursos que permitan su desarrollo u obligarla a relegarse si se queda esperando esos recursos que no provendrán del Estado. En ese sentido, Santos ha sido claro en decir que de fuentes privadas provendrán los recursos para el desarrollo de la universidad pública y que las universidades no se pueden negar a eso.

Insertar la educación en el mercado de servicios y conformar el mercado de educación superior colombiano. Se trataría como cualquier mercancía a la educación, entrándose a regir por la “libre competencia” y la libertad de inversión del sector privado.

Estratificación de las instituciones de educación superior. Se busca perfilar unas universidades de primera línea para la investigación y la innovación con todos los niveles educativos; otras instituciones, en segunda línea, para la educación técnica, tecnológica y de algunos pregrados. Y, finalmente, instituciones que cualifiquen la mano de obra a través de cursos, educación no formal o educación para el trabajo. Diferente calidad, diferente financiación, diferentes perfiles de los estudiantes y diferentes tipos de egresados, con diferentes oportunidades para la inserción al mercado laboral. Este modo de estratificar las instituciones limita la educación como medio de movilidad social, pues profundiza aún más la elitización de los estudiantes universitarios, dejando una educación “rica para ricos” y otra “pobre para pobres”.

Universidades con ánimo de lucro. Se crea la figura de universidades con ánimo de lucro, lo cual de tajo abre la puerta para la entrada de Transnacionales de Educación Superior con su consecuente impacto en la calidad y en la oferta de programas. Pone de manifiesto la intención de abrir el mercado de la educación superior colombiano al capital especulativo transnacional. La entrada de estos actores a países como México han traído consecuencias como la baja en la calidad de los programas ofrecidos para abaratar costos, así como la sobreoferta educativa en programas de baja inversión en infraestructura, así como programas que tienen mucha demanda pero ofreciéndolos con baja calidad.

Instituciones mixtas público-privadas. Se abre la puerta, además, a la conversión de las universidades públicas en instituciones con inversión extranjera. Seguramente las universidades con problemas financieros pensarán en esta opción como algo viable. Además de los ya existentes altos niveles de autofinanciación a través de venta de servicios, se ve en el horizonte la posibilidad de que las universidades pasen por este proceso para evitar irse a ley de quiebras, como sucedió con la Universidad del Atlántico, pero con resultados similares o peores en cuanto a pérdida de la autonomía universitaria. Esto nos lleva al siguiente elemento.

Universidades que hayan perdido su esencia.
Es decir, que siendo el sector privado el ‘inversor’, sea obviamente el que también disponga qué se dicta en los currículos, qué se investiga, qué se publica, qué oferta educativa se requiere. Cercenando la autonomia universitaria, llevando a su fin el papel que ha tenido la universidad en la construcción de la sociedad, su papel crítico, autónomo e independiente de los regímenes de turno, la posibilidad de aportarle al desarrollo nacional estaría tocando a su fin.


Una universidad pragmática en una lógica mercenaria y que se venda al mejor postor.
Esta es probablemente una de las consecuencias más graves de este cambio en la Educación Superior, pues el carácter popular de la educación queda amarrado al subsidio a la demanda. Lo democrático desaparecerá sencillamente, dado que los contenidos impartidos y aprendidos no apuntarán a elevar la conciencia nacional y no estarán en concordancia con la realidad social y las necesidades del pueblo colombiano. Así como las universidades no tendrán más criterio que el de la rentabilidad a la hora de definir políticas de investigación y extensión.

Este es el panorama que se nos presenta con la Nueva Ley de Educación Superior, ante lo cual planteamos que es necesario avanzar en proponer un modelo alternativo de universidad que se pueda contraponer al modelo que vienen imponiendo las clases dominantes en la universidad colombiana.

*    Ministerio de Educación Nacional.Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, abril de 2008, p. 9.

http://www.funcomisionesmodep.org/.
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El viceprimer ministro egipcio, Yehia el Gamal, ha dimitido hoy martes de su cargo, según ha anunciado el jefe del Gobierno, Esam Sharaf, en su página de Facebook, en la que ha explicado que ya ha aceptado la renuncia del "número dos" de su Ejecutivo. La salida de El Gamal del Gabinete era una de las principales reclamaciones de los manifestantes que desde el pasado viernes han vuelto a tomar la plaza Tahrir de El Cairo para reclamar mayor rapidez en las reformas.

"Se acepta la dimisión del doctor Yehia el Gamal como viceprimer ministro", es el escueto comunicado con el que Sharaf ha anunciado una noticia que los observadores esperaban tras su alocución televisada de anoche, en la que anunció una remodelación ministerial "en el plazo de una semana" con el fin de "preservar la revolución".

La creciente presión de los manifestantes de la plaza Tahrir (Liberación) desbordó hoy los límites del recinto y movilizó a miles de personas, que marcharon hasta la sede del Gobierno en protesta por el papel del Ejército en la transición de poder y para pedir la dimisión de su jefe, el mariscal Husein Tantaui, líder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la junta militar que gobierna Egipto desde la caída del presidente Hosni Mubarak el pasado febrero.

Miles de egipcios en la calle

Con su alocución televisada del lunes, Sharaf pretendió dar respuesta a algunas de las reclamaciones de los manifestantes de Tahrir, a imitación de los cuales miles de egipcios han salido a la calle desde el pasado viernes, sobre todo en El Cairo, Alejandría y Suez. Asimismo, Sharaf prometió susituir a los gobernadores del país antes de finales de julio, y aseguró que ha encargado al Ministerio del Interior apartar en un plazo máximo de 15 días a los policías implicados en crímenes contra los manifestantes en los 18 días de la revolución, que obligó a renunciar a Mubarak el 11 de febrero.

Otra de las promesas del primer ministro ya se había cristalizado hoy con la orden por el Consejo Supremo de Justicia de permitir el acceso al público y de retransmitir por pantallas los procesos contra altos cargos del régimen de Mubarak acusados de corrupción y asesinato de manifestantes.

AGENCIAS - El Cairo - 13/07/2011

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Miércoles, 27 Abril 2011 06:49

Siria, hacia la guerra civil

Cada noche, la televisión estatal siria ofrece un espectáculo de horror. Cuerpos desnudos con múltiples heridas de bala, nucas cercenadas. Todos de soldados sirios que, según insiste la televisora, han sido asesinados por bandas armadas criminales en las cercanías de Deraa.

A uno de los cuerpos –de un oficial de veintitantos años– le sacaron los ojos. El comentarista dice que se utilizaron navajas y objetos afilados. No parece haber duda de que los cadáveres son reales y poca de que en realidad hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad sirias –en estos días la palabra necesita comillas–, y tampoco de que los afligidos padres que aparecen llorando en el trasfondo lo sean de verdad.

Las imágenes muestran los cuerpos, casi lavados para el sepelio, captados en el hospital militar Tishrin, en Damasco. Los nombres se conocen: Mohamed Alí, Ibrahim Hoss, Ahmed Abdalá, Nida al Hoshi, Basil Alí, Hazem Mohamed Alí, Mohamed Alá son llevados a hombros por policías militares en ataúdes decorados con banderas. Son oriundos de Tartous, Banias, Alepo, Damasco. Cuando el cortejo funeral de Al Hoshi pasaba por la costera del Mediterráneo rumbo al norte, fue emboscado por una banda armada.

Es fácil ser cínico ante esas espantosas imágenes y el despliegue que se hace de esas muertes. Disparar en funerales, después de todo, ha sido hasta ahora prerrogativa de los policías del gobierno, más que de las bandas armadas. Y la televisión siria no ha mostrado un solo muerto civil ni el funeral de ninguno de los quizá 320 manifestantes civiles caídos en más de un mes. Este martes se informó de la muerte de otros 20 en los alrededores de Deraa.

Pero esas emisiones son importantes. Porque si los soldados muertos son víctimas de la venganza de familiares indignados, que han perdido a sus seres queridos a manos de la policía secreta, significa que la oposición se prepara a utilizar la fuerza contra sus agresores. Y si en verdad hay bandas armadas activas en Siria, el régimen del presidente baazista Bashar Assad se encamina a la guerra civil.

Hasta ahora los manifestantes –ya sea pro democráticos, opositores a Bashar o ambos– nos han estado dando su versión: sus videos en YouTube, sus descripciones por Internet, las impactantes imágenes de tanques T-72 rugiendo en las calles de Deraa –para no mencionar el patético intento de atacar uno con una botella de vidrio vacía– han dominado nuestra percepción de una poderosa dictadura sofocando a su pueblo a sangre y fuego. Y hay verdad detrás de sus afirmaciones. Luego de la matanza de 1982 en Hama, nadie abriga dudas de que los baazistas de Siria juegan con las reglas de Hama.

Sin embargo, la explicación que los opositores ofrecen sobre la serie cotidiana de imágenes macabras en la televisión estatal también carece de convicción. Según quienes intentan con valentía hacer llegar noticias más allá de Siria vía telefónica –aunque no desde Deraa, donde los teléfonos y la Internet han sido bloqueados por completo–, los cuerpos mutilados pertenecen a soldados que se negaron a disparar a sus compatriotas y por ello fueron ejecutados y mutilados de inmediato por los shabihas, los matones alawitas, y luego mostrados cínicamente en televisión para sustentar falsas aseveraciones del gobierno de que se enfrenta a insurgentes armados y de que los propios pobladores de Deraa han invitado al ejército a su ciudad para que los salve de los terroristas.

Todo eso parece un poco el reverso de la propaganda del gobierno.

Por supuesto, las autoridades sirias son culpables de su falta de credibilidad. Luego de hablar de conjuras extranjeras –la explicación de todos los potentados de Medio Oriente cuando tienen la espalda contra la pared–, las autoridades han prohibido la entrada a Siria de periodistas extranjeros que pudiesen confirmar o desmentir esas afirmaciones. Incluso el ministerio de turismo ha recibido del ministerio del interior una lista de corresponsales extranjeros para asegurarse de que ningún reportero se interne en Siria presa de un súbito deseo de estudiar las ruinas romanas de Palmira.

La historia, por tanto, se escribe en rumores que comienzan, supongo, con las últimas palabras mostradas por el noticiero de la noche en la televisión siria: los mártires nunca mueren. Expiran, claro, pero, ¿de qué mártires hablamos? Un buen relato salido de Deraa –del que hasta ahora no hay una brizna de evidencia– es que, luego de que los tanques de la cuarta brigada del ejército de Maher Assad (hermano menor del presidente) irrumpieron en la ciudad, elementos de la quinta brigada del ejército regular, cerca de Deraa –supuestamente bajo el mando de un oficial llamado Rifai, aunque sobre esto no hay unanimidad–, volvieron sus armas contra los invasores. Pero la quinta, según la versión, carece de tanques y cuenta con pilotos a los que no se permite volar sus aviones.

¿Así que ahora hay civiles armados –un oxímoron que parece escapársele al régimen– respondiendo a los ataques en forma sistemática? En Líbano, cuya capital está más cerca de Damasco que Deraa, existe un miedo creciente de este baño de sangre a apenas dos horas de distancia en automóvil. Los amigos de Siria en Líbano sostienen ahora que los sauditas –aliados del gobierno saliente en Beirut– han estado subvencionando la revolución en Siria.

Un ex ministro presentó en televisión copias de cheques por 300 mil dólares que supuestamente llevaban la firma del príncipe Turki bin Abdul Aziz, ex jefe de la inteligencia saudita –y como tal alguna vez en buenos términos con un tal Osama Bin Laden– y hermano del rey Abdalá, y que se entregaron a figuras políticas libanesas para instigar desórdenes en Siria. Uno de los acusados de involucrarse en Siria es el ex ministro libanés Mohamed Beydoun. Este último ha dicho que sus acusadores son culpables de incitación al homicidio, y el príncipe Turki ha asegurado con indignación que los cheques son falsos. Pero ahora Hezbolá, apoyado por Siria, ha respaldado la acusación y por lo menos un parlamentario libanés, Ahmed Fatfat, ha emitido por fin las palabras fatales. Dijo que por estas acusaciones contra el Movimiento del Futuro –la agrupación más grande del gobierno saliente–, Hezbolá y sus elementos preparan el camino a la guerra civil en Líbano.

Ahora los medios de comunicación sirios señalan con dedo acusador al parlamentario libanés Okab Sadr y afirman que ha sido detenido –junto con oficiales israelíes – en la ciudad siria de Banias. En realidad Sadr está seguro en Líbano, donde ha salido a decir que la única razón por la que iría a Banias sería a donar sangre para sus habitantes en el hospital.

En la ciudad norteña libanesa de Trípoli, partidarios y detractores de Assad planean realizar nuevas y mayores manifestaciones el próximo viernes, luego de la oración matutina. Muchos libaneses del norte temen que, en caso de una guerra civil en Siria, Trípoli se vuelva una capital del norte de Siria, aunque estaría por verse si sería bastión de los rebeldes o de Assad.

Algo que resulta más perturbador por ahora –y mucho más cercano a la verdad– es que Alí Aid, personaje bastante rudo de la zona de Jebel Mohsen, en las montañas alawitas de Siria, ha dejado a su hijo Rifaat a cargo de su movimiento protomiliciano y se ha construido una espléndida villa junto a la frontera sirio-libanesa. El problema es que el mayor Alí Aid vive en su nueva casa… en el lado libanés de la frontera.

Por Robert Fisk

The Independent

Traducción: Jorge Anaya
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Miércoles, 27 Abril 2011 17:50

Acuerdo entre Al Fatah y Hamas

Tras casi cinco años de fractura en el gobierno palestino las facciones enfrentadas de Al Fatah y Hamas firmaron un acuerdo de reconciliación histórico en el que se contemplan los asuntos más controvertidos como fronteras, seguridad y el llamado a elecciones. El acuerdo fue firmado en El Cairo, ya que Egipto actuó como mediador. El el primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, rechazó el acuerdo y amenazó: "Al Fatah debe elegir entre la paz con Israel o la paz con Hamas".

El acuerdo, para el que Hamas y Fatah se han dado cita en Egipto en varias ocasiones a lo largo de estos cinco años, supone la apertura de un nuevo escenario de cara a la celebración de elecciones palestinas para un gobierno de unidad. Según la cadena Al Arabiya, el acuerdo incluye un calendario para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas y, según un portavoz de Hamas en declaraciones a la misma cadena, todos los puntos más controvertidos que han separado a las partes han sido abordados.

La Autoridad Nacional Palestina, del presidente palestino en Cisjordania y líder de Fatah, Mahmud Abbas, extendió de manera indefinida los mandatos obtenidos en las elecciones presidenciales y legislativas en 2005 y 2006, respectivamente, tras la imposibilidad de negociar con Hamas. A principio de año, Abbas con el respaldo de miles de jóvenes había anunciado la celebración de elecciones en septiembre, pero Hamas respondió que boicotearía la convocatoria en los territorios palestinos que están bajo su control.

El jefe de los servicios secretos egipcios, Murad Muwafi, actuó como mediador en la negociación en El Cairo, la primera celebrada desde el fin de las revueltas y la caída del antiguo presidente Hosni Mubarak. Egipto ha ejercido como mediador en las negociaciones interpalestinas desde la separación de las facciones en 2006.

El anuncio del acuerdo despertó una airada reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, que dio a elegir Abbas, entre la paz con Israel o la paz con Hamas. Se trata de una prueba de "debilidad" de Fatah, dijo Netanyahu y agregó: "No puede contar con las dos porque Hamas reconoce abiertamente que quiere destruir el Estado de Israel".

Hamas "lanza misiles contra Israel (...) la idea de la reconciliación muestra la debilidad de la Autoridad Palestina y nos hace preguntarnos si Hamas tomará el control de Cisjordania como lo hizo en Gaza. Espero que la ANP elija bien y elija la paz con Israel. La elección está en sus manos".
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